Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 16 de mayo de 2023
Concede la tutela
El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la celeridad y a la vida; toda vez que, habiéndose rechazado su solicitud de cesación a la detención preventiva a través de la Resolución 290/2021 de 21 de diciembre, presentó recurso de apelación incidental; empero, a la fecha de presentación de esta acción tutelar dicha apelación no fue remitida a la Sala Penal de turno, para que sea resuelta; por lo que, solicita a través de esta acción de defensa que se conceda la tutela conforme al art. 39 del CPCo y se disponga lo que en derecho corresponda. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para remitir el recurso de apelación incidental ante el tribunal de alzada; y, ii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/2021 de 30 de diciembre, cursante de fs. 26 a 27 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0449/2023-S1 Sucre, 16 de mayo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 45011-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 22/2021 de 30 de diciembre, cursante de fs. 26 a 27 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Franklin Marcelo Valdez Alarcón en representación sin mandato de Eulogio Mamani Guarachi contra Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 30 de diciembre de 2021, cursante de fs. 13 a 18, el accionante a través de su representante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, se encuentra detenido y a la fecha está siendo perjudicado por la retardación de justicia del Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, ante quien presentó solicitud de cesación a la detención preventiva, misma que fue rechazada mediante la Resolución 290/2021 de 21 de diciembre; por lo que, presentó recurso de apelación incidental en tiempo hábil y oportuno, sin embargo, a la fecha de presentación de esta acción tutelar, dicha apelación no fue remitida a la Sala Penal de turno para que sea resuelta.
El peticionante de tutela alega la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la vida, citando al efecto los arts. 115, 116 y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela conforme al art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo) y se disponga lo que en derecho corresponda.
Efectuada la audiencia pública el 30 de diciembre de 2021, según acta cursante de fs. 24 a 25, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus abogados ratificó de forma íntegra el contenido del memorial de la acción de libertad, y precisó que se encuentra con detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro.
Marco Antonio Amaru Flores, Juez Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, mediante informe cursante de fs. 22 a 23, señaló lo siguiente: a) Que si bien es cierto que se tiene la emisión de un auto interlocutorio de consideración de cesación a la detención preventiva 290/2021 de 21 de diciembre, ese despacho no cuenta con los recursos necesarios para poder solventar las copias correspondientes de ley, siendo uno de los motivos por los cuales se habría realizado la demora en cuanto a la remisión correspondiente; b) Desde el 16 de diciembre de 2021, el sistema de Pandora no se encuentra habilitado, siendo ese el principal problema de la remisión del cuaderno de control jurisdiccional, toda vez que se encuentra como Juzgado de Turno en vacaciones judiciales, encargado de diez juzgados de diferentes provincias así como tres juzgados de la ciudad de El Alto, y lamentablemente todos los recursos materiales se acabaron, como ser toner, y demás herramientas necesarias que permiten el desarrollo efectivo para las diferentes diligencias que realiza su despacho; c) Hasta la fecha no se les ha dotado de material, inclusive se ha procedido con la compra de materiales con sus propios recursos, empero no así del toner por el excesivo costo, por lo que para cumplir con los diferentes actuados de más de cien cuadernos de control jurisdiccional de los diferentes juzgados, están imprimiendo en un internet de afuera del Juzgado, asumiendo los gastos con sus recursos en aras de cumplir con su responsabilidad en aplicación del principio de celeridad; y, d) Del informe verbal de la auxiliar del Juzgado debe poner a conocimiento que las diligencias de notificación con el memorial de apelación recién han sido devueltas el día de hoy a horas 12:21, por lo que sin las diligencias completas no se pudo enviar la apelación en original; y, e) En todo momento se aplicó el principio de celeridad procesal, puesto que ya se ha procedido con la remisión de dicho cuaderno de control jurisdiccional en apelación a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de Garantías, mediante Resolución 22/2021 de 30 de diciembre, cursante de fs. 26 a 27 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que en el término de 24 horas desde su notificación con la presente resolución, dicha autoridad cumpla con el art. 251 del CPP y remita al Tribunal superior en grado la apelación interpuesta por el impetrante de tutela, bajo los siguientes argumentos: 1) El argumento esgrimido por la autoridad demandada respecto a la carga procesal, falta de material y que no se encontraría en funcionamiento el sistema pandora, no es válido, por no contar con sustento legal que justifique la tardanza e inactividad en el trámite de apelación, máxime si dicho trámite es uno de los más usuales y sencillos, que normalmente día a día se realizan en los juzgados de instrucción, de sentencia y tribunales; 2) Todo servidor público judicial, está en la obligación de realizar los esfuerzos necesarios para cumplir los plazos y términos, más cuando un trámite de apelación no resulta complicado, ya que consiste en emitir el decreto dentro de las 24 horas, efectuar las notificaciones pertinentes por toda la gama de medios tecnológicos y remitirlo juntamente con todos los antecedentes, estando en la obligación de recibir dicha apelación en el despacho de la autoridad superior en grado; 3) El art. 251 del CPP es claro y taxativo, siendo ineludible para la autoridad judicial el cumplimiento de ese plazo; y, 4) Por todos los fundamentos se advierte que la autoridad demandada, omitió observar no solo el principio de celeridad, “sino simplemente el cumplimiento de los plazos fatales en la tramitación del recurso de apelación en contra de la Resolución 290/2021 de 21 de diciembre, vulnerando así el debido proceso en su vertiente a una justicia pronta y oportuna, en vinculación directa con el derecho a la libertad del impetrante” (sic).
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. El 23 de diciembre de 2021, Eulogio Mamani Guarachi, presentó memorial dirigido al Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, planteando el recurso de apelación incidental a la Resolución 290/2021 de 21 de diciembre (fs. 11 y vta.). II.2. Por decreto de 24 de diciembre de 2021, Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, corrió traslado de la apelación presentada por Eulogio Mamani Guarachi a la parte contraria y señaló “remítase previo sorteo a la Sala Penal de Turno” (sic. [fs. 12]).
El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la celeridad y a la vida; toda vez que, habiéndose rechazado su solicitud de cesación a la detención preventiva a través de la Resolución 290/2021 de 21 de diciembre, presentó recurso de apelación incidental; empero, a la fecha de presentación de esta acción tutelar dicha apelación no fue remitida a la Sala Penal de turno, para que sea resuelta; por lo que, solicita a través de esta acción de defensa que se conceda la tutela conforme al art. 39 del CPCo y se disponga lo que en derecho corresponda. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para remitir el recurso de apelación incidental ante el tribunal de alzada; y, ii) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0138/2021-S1 de 7 de junio, entre otras, asumió el siguiente razonamiento: El art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), norma modificada por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que en el art. 11, detalla las modificaciones e incorporaciones efectuadas; entre los que se encuentra el art. 251 del CPP, que establece:
La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.
Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.
El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.
El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.
A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, c) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo 1 El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.
b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/201 de 4 de junio2 señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación. Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del Código de Procedimiento Penal (CPP); decreto a partir del cual, se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en el Fundamento Jurídico III.3:
i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte (…).
En el caso en análisis, el peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la celeridad y a la vida; toda vez que, habiéndose rechazado su solicitud de cesación a la detención preventiva a través de la Resolución 290/2021 de 21 de diciembre, presentó recurso de apelación incidental; empero, a la fecha de presentación de esta acción tutelar, dicha apelación no fue remitida a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para que sea resuelta. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que el 23 de diciembre de 2021, Eulogio Mamani Guarachi -ahora solicitante-, presentó memorial dirigido al Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, planteando el recurso de apelación incidental a la Resolución 290/2021 de 21 de diciembre (Conclusión II.1); posteriormente, por decreto de 24 de diciembre de 2021, Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, corrió traslado de la apelación presentada por Eulogio Mamani Guarachi a la parte contraria y señaló “remítase previo sorteo a la Sala Penal de Turno” (sic [Conclusión II.2]). Ahora bien, conforme se tiene expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. Por lo indicado, y considerando que el Juez demandado emitió el decreto de traslado de apelación y remisión el 24 de diciembre de 2021, dicha fecha inició el cómputo de las veinticuatro horas para la remisión de la apelación, conforme establece el art. 251 del CPP, que dispone que: “…Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad”, plazo que viene a garantizar el principio de celeridad y que en el caso fue incumplido; toda vez que, desde la emisión del decreto de 24 de diciembre del referido año, hasta la presentación de la acción de libertad que fue el 29 de diciembre del mencionado año, no se había remitido el recurso de apelación. Consecuentemente, al haberse constatado dilación en la remisión de los antecedentes necesarios para resolver el recurso de apelación, por aproximadamente cuatro días, se tiene que la autoridad demandada incumplió el plazo previsto de las veinticuatro horas para la remisión, por ende lesionó el derecho al debido proceso por la falta de celeridad, además de haberse vulnerado el derecho a la libertad del impetrante; no siendo justificativo para la dilación, la falta del sistema pandora, la carga laboral o la falta de insumos en su Juzgado; pues tanto el sistema de pandora y la falta de insumos, son temas administrativos que debieron ser resueltos por gestiones de la misma autoridad jurisdiccional de forma inmediata. Por otro lado, si bien el demandado en su informe señaló que ya había procedido con la remisión de dicho cuaderno de control jurisdiccional en apelación a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; no obstante, no presentó ningún elemento probatorio que respalde lo referido, lo que permite establecer que no se remitió el recurso de apelación incidental planteada por el impetrante de tutela, dentro el plazo establecido, por lo que corresponde conceder la tutela solicitada. Por último, en cuanto a la lesión del derecho a la vida y la presunción de inocencia, no serán abordados, por cuanto tan solo fueron nombrados sin realizar la mínima explicación de cómo hubieran sido lesionados. Consecuentemente, el Tribunal de garantías al conceder la tutela solicitada, obró correctamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/2021 de 30 de diciembre, cursante de fs. 26 a 27 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
2 El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.
3 El FJ III.4, indica: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0449_2023-S1.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): b7a312e4efdbededf4ba8595ca6e26a1cdc035ea9fe8ccca2ad8b83617fa30cc
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