Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 27 de mayo de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida y al debido proceso, en razón a que, dentro del proceso penal seguido en su contra, la autoridad jurisdiccional demandada ordenó su traslado del Centro Penitenciario La Merced, donde se encontraba cumpliendo detención preventiva, al penal de San Pedro, recinto en el cual su integridad y existencia se encontrarían en riesgo, debido a que, en su condición de Fiscal de Materia, procesó a personas que actualmente se hallan cumpliendo detención preventiva o condena en dicho centro penitenciario; en consecuencia, solicitó se conceda la tutela impetrada y, como efecto, se disponga: i) Dejar sin efecto el Auto de 17 de noviembre de 2022; y, ii) La autoridad demandada resguarde el derecho a la vida, manteniendo lo determinado en la Resolución 672/2022 de 10 de noviembre.
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 60 a 63, pronunciada por Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a William García Ríos, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, bajo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el marco dispositivo dispuesto por el Juez de garantías; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada, en relación a Liz Vanessa Magno Figueredo, Directora del Centro Penitenciario La Merced del departamento de Oruro.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0448/2025-S3 Sucre, 27 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52354-2022-105-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 17/2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 60 a 63, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Ayala Rocabado en representación sin mandato de Edgar Poma Vallejos contra William García Ríos, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital; y, Liz Vanessa Magno Figueredo, Directora del Centro Penitenciario La Merced, ambos del departamento de Oruro.
Por memorial presentado el 29 de noviembre de 2022, cursante de fs. 12 a 16, el accionante, a través de su representante sin mandato expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y negativa o retardo de justicia, la autoridad jurisdiccional hoy demandada dispuso inicialmente su detención preventiva en el Centro Penitenciario “La Merced” de la ciudad de Oruro, con la finalidad de resguardar su integridad física; no obstante, la Directora de dicho recinto penitenciario, mediante comunicación administrativa, solicitó su traslado al penal de San Pedro, bajo el argumento de que dicho establecimiento está destinado a población femenina y a varones por causas de asistencia familiar, soslayando el fondo del proceso y el riesgo al que se expone el imputado. El juez demandado, tomando en cuenta una nota remitida por un tercero ajeno a la causa, emitió la Resolución 700/2022, la cual resulta lesiva a su derecho a la vida, toda vez que en el penal de San Pedro se encuentran recluidas personas que cumplen condena y que fueron previamente procesadas por él en el ejercicio de sus funciones como fiscal de materia, configurándose un peligro cierto e inminente de represalias contra su integridad física y vida. La autoridad señalada no invocó sustento jurídico alguno de orden nacional que contradiga los criterios iniciales de protección adoptados en resguardo de su seguridad personal; además, desnaturalizó la medida cautelar, concebida como un instituto cuya modificación debe sujetarse estrictamente al imperio.
Denunció la vulneración de sus derechos a la vida y al debido proceso, citando al efecto los arts. 14.III, 23.I; y, 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9; y, 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de 17 de noviembre de 2022; y, b) La autoridad demandada resguarde el derecho a la vida, manteniendo lo determinado en la Resolución 672/2022 de 10 de noviembre.
Celebrada la audiencia el 30 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 54 a 59, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus abogados, en audiencia ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: 1) La acción interpuesta es una acción de libertad de carácter instructivo o correctivo, toda vez que el entendimiento asumido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1579/2004-R de 1 de octubre, establece que, para disponer un traslado, debe existir previamente un proceso disciplinario interno; sin embargo, en el caso concreto, mediante una simple nota carente de sustento jurídico, se indicó que existirían representaciones en sentido de que dicho recinto penitenciario está destinado a mujeres, razón por la cual no podría permanecer en ese centro; en tal contexto, la autoridad demandada resolvió de manera extrapetita y sin la debida fundamentación, situación que vulnera el derecho a la vida, más aún cuando el juez referido ya había protegido dicho derecho en la resolución de aplicación de la medida cautelar, la cual no fue objeto de apelación ni existió solicitud alguna de modificación; y, 2) En relación con el principio de subsidiariedad, la primera resolución que dispuso la medida cautelar no fue apelada; mientras que la segunda resolución, respecto de la cual no se precisó si era apelable o no, fue emitida sin respaldo de resolución administrativa alguna que sustente la orden de traslado.
William García Ríos, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, mediante informe presentado el 30 de noviembre, cursante a fs. 24 y vta., solicitó que se deniegue la tutela impetrada, y manifestó lo siguiente: i) En el presente caso no se presentó prueba material que permita establecer que la vida del imputado se encuentre en peligro; asimismo, no se evidenció la existencia de informe alguno emitido por autoridades penitenciarias que determine la procedencia de la acción tutelar; y, ii) A través de la Resolución de 17 de noviembre de 2022, se dio curso a una solicitud planteada por la dirección del penal de La Merced, en base a la Resolución de 9 de julio de 2019 emitida por el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a la cual se dio cumplimiento, por lo cual no existe vulneración a los derechos del imputado. Liz Vanessa Magno Figueredo, Directora del Centro Penitenciario La Merced del departamento de Oruro, en audiencia tutelar, señaló: a) Que, en su calidad de Directora del referido Centro Penitenciario, tiene la obligación de dar cumplimiento a las Resoluciones Administrativas 274/2019 y 175/2019, las cuales disponen que dicho recinto fue creado exclusivamente para mujeres privadas de libertad y, de manera excepcional, para varones por causas de asistencia familiar; y, b) Que, ante el ingreso de un varón procesado por la comisión de un delito, realiza la correspondiente representación y solicitud de traslado al Centro Penitenciario de San Pedro; en tal sentido, solicitó el traslado del accionante, señalando que desconocía los conflictos que éste tendría con la población del penal de San Pedro y el eventual riesgo para su vida, puesto que únicamente se le notificó con el mandamiento de detención preventiva. El asesor jurídico de Centro Penitenciario de La Merced, reiteró lo expresado por la directora demandada, y se allanó al informe y petitorio realizado por el juez demandado.
El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 17/2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 60 a 63, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 700/2022 de 17 de noviembre; se considere que la solicitud de la Gobernadora “debe estar munido de manera objetiva en cumplimiento a la Ley de Ejecución Penal vigente, a fines de traslado” sic; y, mientras no se emita resolución administrativa o jurisdiccional sobre la situación procesal de imputado a condenado, se le aísle con protección necesaria; decisión asumida bajo los siguientes argumentos: 1) En el Auto Interlocutorio 671 se consideró que el accionante ejercía funciones como Fiscal de Materia; que no existía Resolución Administrativa sumarial emitida por la Fiscalía General del Estado; y que, si bien fue imputado por los delitos de incumplimiento de deberes y negativa o retardo de justicia, los mismos deben ser acreditados mediante sentencia condenatoria, presumiéndose su inocencia mientras ello no ocurra; y, 2) Que, en su condición de representante del Ministerio Público en la localidad de Challapata, conoció y tramitó causas con sentencia condenatoria o detención preventiva en el penal de San Pedro, circunstancia que, dada su situación de detenido preventivo, genera un riesgo que debe ser evitado, puesto que cualquier amenaza podría comprometer el derecho a la vida.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En el proceso seguido contra Edgar Poma Vallejos, hoy accionante, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y negativa o retardo de justicia, mediante Auto Interlocutorio 672/2022 de 10 de noviembre, William García Ríos, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, actualmente demandado, dispuso la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario La Merced, por el plazo de seis meses (fs. 3 a 6 vta.). II.2. Mediante nota presentada el 16 de noviembre de 2022, Liz Vanessa Magno Figueredo, Directora del Centro Penitenciario La Merced del departamento de Oruro, formuló representación respecto al mandamiento de detención preventiva del accionante y solicitó a la autoridad jurisdiccional demandada su traslado al penal de San Pedro, argumentando que su ingreso generó observaciones por parte de la población carcelaria de La Merced, al tratarse de un recinto destinado exclusivamente a mujeres y, de manera excepcional, a varones por asistencia familiar (fs. 7 a 8). II.3. Por Auto Interlocutorio 700/2022 de 17 de noviembre, el juez demandado declaró fundada la solicitud señalada en el numeral precedente y dispuso el traslado del accionante al Centro Penitenciario San Pedro (fs. 11 y vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida y al debido proceso, en razón a que, dentro del proceso penal seguido en su contra, la autoridad jurisdiccional demandada ordenó su traslado del Centro Penitenciario La Merced, donde se encontraba cumpliendo detención preventiva, al penal de San Pedro, recinto en el cual su integridad y existencia se encontrarían en riesgo, debido a que, en su condición de Fiscal de Materia, procesó a personas que actualmente se hallan cumpliendo detención preventiva o condena en dicho centro penitenciario; en consecuencia, solicitó se conceda la tutela impetrada y, como efecto, se disponga: i) Dejar sin efecto el Auto de 17 de noviembre de 2022; y, ii) La autoridad demandada resguarde el derecho a la vida, manteniendo lo determinado en la Resolución 672/2022 de 10 de noviembre.
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el tema en particular, la SCP 0239/2021-S1 de 19 de julio, se ha pronunciado, estableciendo lo siguiente:
«La protección reforzada de estos derechos primigenios, ha sido desarrollada por la SCP 0129/2015-S3 de 10 de febrero, estableciendo que:
…La Constitución Política del Estado consagra el derecho a la vida como un derecho fundamental en el art. 15.I. indicando que: “Toda persona tiene derecho a la vida…”, constituyendo así el derecho que tiene toda persona al ser y a la existencia, cuyo valor o bien jurídico protegido es la vida humana que tiene como núcleo fundamental a la dignidad. Por ello, su titularidad corresponde a todos los seres humanos y es en este sentido, que el Estado está obligado no solamente a su respeto, sino a su protección, creando condiciones indispensables para su observación y cumplimiento. El Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0251/2012 de 29 de mayo, reiterando los entendimientos contenidos en las SSCC 0653/2010-R y 1294/2004-R, señaló que: “El derecho a la vida es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos, debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observación y pleno cumplimiento”.
Por otro lado, es importante mencionar el desarrollo jurisprudencial contenido en la SCP 0033/2013 de 4 de enero, que tomando como base lo previsto en nuestra Constitución Política del Estado, así como los instrumentos de protección de Derechos Humanos que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad, estableció como principios esenciales de toda decisión legislativa, judicial y administrativa: “i) el principio de primacía de protección del derecho a la vida; y, ii) El principio de duda favorable de la protección exhaustiva del derecho a la vida”.
En este marco, dicho fallo abordó las diferentes dimensiones de protección del derecho a la vida, que derivan de la obligación de respetar y garantizar los Derechos Humanos que tiene el Estado, vinculándolas con el valor y principio del “vivir bien” previsto en el art. 8 de la CPE, siendo esas dimensiones: 1) El derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria (obligaciones positivas y negativas del Estado); 2) El derecho a vivir con dignidad o vivir bien (suma qamaña) (Obligaciones positivas del Estado); y, 3) el derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad (obligaciones positivas del Estado).
Así en el citado fallo constitucional se señaló:
“1) El derecho a permanecer con vida e interdicción de muerte arbitraria.- Esta primera línea conceptual se refiere a dos obligaciones que tiene el Estado en relación al ser humano, las obligaciones positivas que están enmarcadas en eliminar en lo máximo posible los índices de criminalidad en la sociedad, es decir, realizar todos los esfuerzos necesarios para que los particulares o el propio Estado no quiten arbitrariamente la vida de otras personas; en cuanto a las obligaciones negativas, se tiene que el Estado se encuentra absolutamente impedido de realizar acciones estatales que culminen comprometiendo el derecho a la vida por intermedio de sus operativos y sobre la tradicional justificación de 'la razón de Estado' (persecuciones desproporcionadas, desapariciones forzadas, etc.).
2) El derecho a vivir bien (que se desprende del principio del suma qamaña), implica la construcción de una sociedad en la que las personas conviven de buena manera, en términos efectivos una vida digna, colaborativa, sin ninguna forma de violencia ni discriminación para asegurar el desarrollo integral particularmente de las mujeres y armónica entre seres humanos y la naturaleza, la convivencia está dada en el marco de lo mejor posible, para ello el Estado asume la obligación positiva de establecer una serie de políticas públicas progresivas de creación de las mejores condiciones de vida. 3) El derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad, implica la obligación positiva del Estado de actuar cuando se encuentra comprometida la vida de las personas y se encuentra en sus ámbitos decisionales, asumir posturas concretas sin escatimar recursos para impedir que se afecte el derecho a la vida de las personas”. Ya en el ámbito de los instrumentos internacionales, el derecho a la vida también se encuentra protegido, así el Comité de Derechos Humanos lo calificó como: “el derecho supremo respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones que pongan en peligro la vida de la nación” (sic), reconociendo a su vez que el “… derecho a la vida es el derecho esencial de todos los derechos” (sic). …Sobre el derecho a la integridad física, el artículo 15.I de nuestra Norma Suprema establece que: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, y que nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes”. El segundo parágrafo señala que: “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad”, y finalmente el parágrafo tercero: “El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”, delimitando así la Norma Suprema que el derecho a la integridad personal, está compuesto por tres vertientes: física, psicológica y sexual. Estas vertientes fueron desarrolladas por el Tribunal Constitucional en la SC 1891/2011-R del 7 de noviembre, expresando que la integridad personal es un derecho inherente a la persona; implica su preservación física, psíquica y sexual, e incluye el reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano, y, por lo tanto, se traduce en el derecho a no ser víctima de ningún dolor o sufrimiento físico, psicológico o agresión sexual; Así concretamente señalo: “La integridad física hace referencia a la plenitud corporal del individuo, por ello toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan provocar lesiones en su cuerpo, causándole dolor físico o daño a su salud. La integridad psicológica ésta referida al conjunto de facultades intelectuales y emocionales; su inviolabilidad se relaciona con el derecho a no ser obligado o manipulado mentalmente contra su voluntad. Finalmente, la integridad sexual está referida a la protección al derecho de las personas a tener capacidad para expresarse válidamente, a tener un libre y consciente trato sexual o a no tenerlo contra su voluntad…” Es necesario tener presente que este Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0264/2014 de 12 de febrero, estableció que el derecho a la vida guarda íntima relación con otros Derechos Humanos, como son la integridad física y la salud, los cuales gozan de protección por el orden constitucional vigente, señalando que a través de la acción de libertad es posible tutelar tal derecho, aun cuando este no esté relacionado con el derecho a la libertad, indicando concretamente que: “Como se advierte de lo establecido por la jurisprudencia constitucional la vida al ser un derecho primario del ser humano, se encuentra directamente vinculada a otros elementos que la conforman como es la integridad física y la salud que igualmente es un derecho de la persona, por lo que de igual forma goza de protección por el orden constitucional vigente, toda vez que le impele al Estado no solo la proteja sino también la garantice, efectivizándose, entre una de sus manifestaciones, en la asistencia médica que requiere la persona que se ve afectada en su salud”. En virtud a la tutela que brinda la acción de libertad, respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal, esta acción tutelar es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, pudiendo incluso prescindirse del cumplimiento de formalidades procesales. (El resaltado es propio)».
Al respecto, la SCP 0032/2025-S3 de 28 de febrero, estableció lo siguiente:
« La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha referido al carácter preventivo, correctivo y reparador de la acción de libertad, con relación al tema, la SCP 1199/2014 de 10 de junio, señaló: [L]a Constitución Política del Estado, consagra las acciones de defensa, entre ellas, la acción de libertad, expuesta en el art. 125 de la Norma Suprema precisando: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’; por lo que, esta acción tutelar tiene un triple carácter tutelar: a) Preventivo, que responde a frenar una lesión ante una inminente detención indebida o ilegal, impidiendo que se materialice la privación o restricción de libertad; b) Correctivo, que opera a efecto de evitar se agraven las condiciones de una persona detenida, sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena impuesta en su contra; y, c) Reparador, que busca reparar una lesión ya consumada; es decir, que es viable ante la verificación de una detención ilegal o indebida como consecuencia de la inobservancia de formalidades legales. Concretamente, la SCP 1707/2014 de 1 de septiembre, refiriéndose a la acción de libertad correctiva precisó que: [Y]a, el anterior Tribunal Constitucional en base a la actual Constitución Política del Estado, entendió que existen diferentes tipos de hábeas corpus ahora denominadas acciones de libertad, es así que la SC 0044/2010-R de 20 de abril, refirió que: ‘…el Tribunal Constitucional concluyó que el recurso de hábeas corpus: «…puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida». En el contexto de la Constitución vigente y de la Ley del Tribunal Constitucional -que aún continúa vigente- se puede concluir que los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados...’, de este razonamiento jurídico realizado se puede entender que la hoy acción de libertad se divide en tres tipos los cuales son el restringido, el instructivo y el traslativo o de pronto despacho; empero, también de manera posterior se identificó a la hoy acción de libertad correctiva, es así que la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señaló que la misma: ‘…protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos’ (….). Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado. Por tanto, hallan cobijo dentro del ámbito protectivo de esta modalidad de hábeas corpus, la ilegal imposición de sanciones disciplinarias o el traslado también ilegal de una penitenciaría a otra; pues, al agravar arbitrariamente las condiciones de la detención, restringen con mayor intensidad la libertad personal de los detenidos’” (énfasis agregado). Complementando este entendimiento, la SC 0824/2011-R de 3 de junio, estableció que la acción de libertad correctiva, tiene por objeto corregir las condiciones agravantes de la situación de reclusión en la que se encuentran aquellos sujetos restringidos de libertad, buscando la supresión de condiciones de maltrato, así como la optimización de aspectos que mejoren la calidad de vida digna y seguridad de los detenidos, aprehendidos y condenados, tomando en cuenta que el único derecho que se encuentra legalmente suprimido es la libertad personal, encontrándose subsistentes todos los demás derechos inherentes a la persona; de donde se establece que la acción de libertad correctiva no busca la libertad de la persona sino corregir situaciones desfavorables de las personas privadas de libertad; consecuentemente, de acuerdo a la SC 1199/2005-R de 26 de septiembre, se puede determinar que la acción de libertad correctiva procede contra actos lesivos a la integridad personal, integridad que debe entenderse en lo físico, psicológico y moral, en estrecha conexión con la dignidad humana».
Este entendimiento, fue sistematizado a través de la SCP 0078/2018-S2 de 23 de marzo, que estable lo siguiente: «Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/2001-R de 9 de julio, definió la legitimación pasiva señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, la SC 0010/2010-R de 6 de abril estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 18 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, se refuerza el entendimiento antes señalado 2 2El FJ III.1, señala: “`…el hábeas corpus correctivo procede contra los actos lesivos a la integridad personal, integridad que debe entenderse en los planos físico, psicológico y moral, en estrecha conexión con la dignidad humana. Bajo esa perspectiva, no es obtener la libertad de la persona, sino que cesen los maltratos, estado de incomunicación, las condiciones de detención, inclusive de hospitalización que puedan considerarse inhumanas, humillantes y degradantes´” (las negrillas nos corresponden). 3 En su Cuarto Considerando, indica: “Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción, lo que no ocurre en el presente caso…”. 4 El FJ III.5, determina: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 5 El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la y se precisa que para la procedencia de esta acción tutelar es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Asimismo, la SC 1651/2004-R de 11 de octubre estableció que para la procedencia del hábeas corpus -ahora acción de libertad- es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad, ya que la inobservancia de este entendimiento, en aplicación del presupuesto procesal de la legitimación pasiva, impide al control de constitucionalidad ingresar al análisis de fondo de la problemática, entendimiento que fue ratificado en la SC 0330/2013-L de 16 de mayo, que señaló que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos invocados. Como se puede advertir, la jurisprudencia que señala que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos alegados, se mantuvo a lo largo de toda la historia de la jurisprudencia constitucional».
Dentro del proceso penal seguido en su contra, el juez demandado dispuso el traslado del accionante desde el Establecimiento Penitenciario La Merced, donde cumplía detención preventiva, al Centro Penitenciario San Pedro, recinto en el cual su vida se encuentra en riesgo, debido a que, en su condición de Fiscal de Materia, procesó a personas que actualmente cumplen detención preventiva y condena en dicho centro.
De los antecedentes y actuados cursantes en el expediente, se constata que, en el proceso penal referido, mediante Auto Interlocutorio 672/2022 de 10 de noviembre, el juez hoy demandado determinó la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario La Merced, por el plazo de seis meses.
La Directora demandada representó el mandamiento de detención preventiva del accionante y solicitó a la autoridad jurisdiccional su traslado al penal de San Pedro, argumentando que su ingreso generó observaciones por parte de la población carcelaria de La Merced, al tratarse de un recinto destinado exclusivamente a mujeres y, de manera excepcional, a varones por asistencia familiar.
Posteriormente, por Auto Interlocutorio 700/2022 de 17 de noviembre, el juez demandado declaró fundada la solicitud de traslado antes referida y dispuso el traslado del accionante al Centro Penitenciario San Pedro.
En ese marco, tomando en cuenta que, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que, en virtud a la tutela que brinda la acción de libertad, respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal, la misma es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, pudiendo incluso prescindirse del cumplimiento de formalidades procesales. En ese sentido, la denuncia formulada por el accionante se sustenta en la existencia de un riesgo inminente para su vida, derivado de su traslado al penal de San Pedro, donde se encuentran personas privadas de libertad a quienes procesó en el ejercicio de sus funciones como Fiscal de Materia; el peligro de sufrir agresiones por parte de dicha población carcelaria configura una amenaza que exige tutela inmediata, no siendo exigible el agotamiento de recursos ordinarios que podrían resultar ineficaces frente a un daño irreparable; en consecuencia, corresponde ingresar al análisis de fondo del problema jurídico planteado, aun cuando no se hubieran agotado los mecanismos intraprocesales para cuestionar la decisión jurisdiccional.
En principio, corresponde analizar la actuación de la Directora demandada, conforme al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, el cual establece que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos invocados. En ese marco, se advierte que dicha autoridad carece de legitimación pasiva, toda vez que la representación del mandamiento de detención preventiva del accionante y la solicitud de su traslado al penal de San Pedro constituyen el ejercicio de sus atribuciones y el cumplimiento de la Resolución Administrativa 175/2019 de 1 de julio, emitida por el Director General de Régimen Penitenciario a.i., así como del Proveído de 9 del mismo mes y año, dictado por el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; tal actuación, por sí sola, no constituye una orden ni disposición de traslado, siendo el acto lesivo denunciado la emisión de la Resolución 700/2022 por parte del juez demandado, autoridad que ejerce el control jurisdiccional del detenido y que emitió el acto que materializa el riesgo alegado; por lo cual no vulneró los derechos alegados del accionante; por consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada.
En cuanto a la actuación del juez demandado; por una parte, cabe señalar que, el Auto Interlocutorio 700/2022 de 17 de noviembre, mediante el cual declaró fundada la solicitud de traslado y ordenó el traslado del accionante al Centro Penitenciario San Pedro, carece de la debida fundamentación y motivación, puesto que el único argumento expuesto fue que el Decreto de 9 de julio de 2019, emitido por el entonces Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, establecía que los varones debían cumplir detención preventiva en el penal de San Pedro y las mujeres en La Merced; razonamiento que constituye una afirmación genérica, cuando correspondía explicar por qué la solicitud de traslado debía prevalecer sobre el criterio de protección de la integridad física del imputado, considerado previamente en el Auto Interlocutorio 672/2022, que dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario La Merced.
Por otra parte, el juez demandado omitió valorar que el accionante, conforme se estableció en la resolución de aplicación de medidas cautelares 672/2022, ostentaba la condición de Fiscal de Materia, circunstancia en la cual las personas contra quienes ejerció la persecución penal pública y que se encontraban recluidas en el penal de San Pedro podían atentar contra su integridad e incluso contra su vida; este aspecto se corrobora en el referido Auto, en el que se consigna que el Ministerio Público solicitó que la detención preventiva del accionante, dada su condición de Fiscal de Materia, se cumpla en el Centro Penitenciario La Merced, a fin de resguardar su integridad física, petición que fue acogida por el juez de la causa.
Al efecto, el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, relativo al ámbito de protección de la acción de libertad correctiva, establece que entre las vulneraciones vinculadas a la libertad personal se encuentra el agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado, como ocurre con el traslado indebido de un centro penitenciario a otro; pues, al agravar arbitrariamente las condiciones de la detención, se restringe con mayor severidad la libertad personal de los detenidos; tal situación se presenta en el caso de autos, en el que el accionante no persigue su libertad irrestricta, sino que denuncia un agravamiento ilegítimo de las condiciones de su detención, dado que el traslado a un recinto donde existen personas con animadversión fundada (detenidos procesados por el accionante) constituye un agravamiento que pone en riesgo su integridad y vida.
De ello, resulta que la modificación del lugar de detención dispuesta por el juez demandado, como aspecto integrante de la decisión de aplicación de la medida cautelar prevista en el art. 236.5 del Código de Procedimiento Penal, resulta arbitraria, toda vez que, si bien el penal La Merced cuenta con una clasificación por razón de género, la solución no podía consistir en el traslado automático del detenido al penal de San Pedro sin adoptar las previsiones de seguridad necesarias ni observar el procedimiento establecido.
De ahí que, la pretensión de la directora demandada debió ser resuelta en audiencia, con la participación del imputado, a fin de evaluar si la decisión afectaría sus derechos; y no adoptarse de manera unilateral, sin escuchar al accionante y limitándose a invocaciones generales carentes de sustento. Dicha actuación evidencia que el juez demandado procedió de forma mecánica al atender la solicitud de traslado, sin ponderar el riesgo especial que enfrenta un Fiscal de Materia al ser incorporado a la población penitenciaria común conformada por personas a quienes procesó; omisión que vulnera, además, el deber de garante del Estado, en tanto las decisiones de traslado no pueden adoptarse poniendo en peligro la vida y la integridad de las personas privadas de libertad.
En este caso, la autoridad jurisdiccional debió ponderar los derechos en conflicto; es decir, el traslado administrativo por su ubicación en un establecimiento femenino y con varones privados de libertad por asuntos no penales, y el derecho fundamental a la vida, tensión donde prevalece este último; así, al ordenar el traslado a San Pedro bajo condiciones generales, sin ofrecer garantías de seguridad respecto a la población penal común, asegurando que el accionante no tenga contacto con personas que haya procesado anteriormente, precautelando así su derecho a la vida e integridad física, emitió una decisión que agrava arbitrariamente las condiciones de su detención al ser latente una lesión a su vida integridad; situación que la justicia constitucional no puede inobservar, al contrario, compele impedir y evitar se agraven las condiciones del detenido.
Por consecuencia, el juez demandado al ordenar el traslado del accionante, de forma arbitraria, lesionó los derechos a la vida y al debido proceso, correspondiendo conceder la tutela impetrada.
En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 60 a 63, pronunciada por Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a William García Ríos, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, bajo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el marco dispositivo dispuesto por el Juez de garantías; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada, en relación a Liz Vanessa Magno Figueredo, Directora del Centro Penitenciario La Merced del departamento de Oruro. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”.
coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”.
6 El FJ III.1, menciona: “La uniforme jurisprudencia constitucional dictada por este Tribunal ha establecido el principio general según el cual, para la procedencia del hábeas corpus es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 691/2001-R, de 9 de julio reiterada en las SSCC 817/2001-R, 139/2002-R, 1279/2002-R y otras, se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción. En ese sentido se tienen, entre otras, las SSCC 233/2003-R y 396/2004-R, 807/2004-R”.
7 El FJ III.5, refiere: “…sobre el particular, se advierte, de los hechos que motivaron la acción, que éste último no tuvo participación en la vulneración de los derechos invocados; toda vez que, no hace mención a la forma en que hubiera esta autoridad restringido su derecho a la libertad y locomoción; por lo que, carece de legitimación pasiva…”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0448_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 74f5a87fa9f31a9c01f0b368a88af921af8d80b3aaa46e81e8a8460c5e554b7c
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →