Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 8 de julio de 2024
Deniega la tutela
Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, interpretación de legalidad y valoración arbitraria de la prueba; a la defensa, al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, a la propiedad; y a los principios de pertinencia, verdad material, legalidad y seguridad jurídica; puesto que, los Magistrados hoy accionados, en la emisión del AS 511/2021 de 10 de junio: i) Con relación al recurso de casación en la forma: a) Omitieron pronunciarse sobre sus denuncias de que el Tribunal de apelación no se pronunció sobre sus agravios referidos a la contradicción interna de la Sentencia 09/2020 de 13 de enero y de que la demanda no debió ser admitida por haberse presentado solo fotocopia simple del contrato de compra venta, siendo falso lo manifestado por los Magistrados ahora accionados de que ese reclamo no hubiese formado parte del recurso de apelación; y, b) Errónea valoración tanto de la prueba pericial como de la prueba de descargo aportada por la parte demandada que refutaba el informe pericial; y, ii) Respecto al recurso de casación en el fondo: 1) Los Magistrados hoy accionados incurrieron en error de hecho al sostener que la prueba pericial era determinante para disponer la nulidad, sin considerar la prueba documental referida al derecho propietario del lote de terreno y las llaves que les entregó el vendedor, lo cual no fue valorado en justa dimensión por el Tribunal de alzada; y, el error de derecho que se encuentra demostrado porque no le dieron el valor previsto por la ley a la p…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 160/2022 de 4 de agosto, cursante de fs. 667 a 671 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0448/2024-S3 Sucre, 8 de julio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 50783-2022-102-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 160/2022 de 4 de agosto, cursante de fs. 667 a 671 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jimena Carola, Claudia Carmelina y Mariangela, todos de apellidos Carreño Cuadrado, contra Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
Las accionantes, por memoriales presentados el 21 de diciembre de 2021 y 11 de enero de 2022, cursantes de fs. 493 a 516; y, 520 a 524 vta., manifestaron lo siguiente:
Marciana Marina Vivado de Kahl -hoy tercera interesada-, a través de su apoderado interpuso demanda ordinaria civil de nulidad de contrato de compra venta de un bien inmueble contra sus personas. Al cabo del trámite, el Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de La Paz, declaró probada la demanda, mediante Sentencia 09/2020 de 13 de enero; la cual fue confirmada en recurso de apelación por los Vocales de la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento a través del Auto de Vista 61/2021 de 21 de igual mes; y posteriormente, el recurso de casación en la forma y en el fondo que interpusieron fue declarado infundado por los Magistrados hoy accionados, mediante el Auto Supremo (AS) 511/2021 de 10 de junio. En la emisión del AS 511/2021, los Magistrados ahora accionados, incurrieron en incongruencia omisiva al no haberse pronunciado sobre la omisión de pronunciamiento en el que incurrió el Tribunal de apelación respecto a la contradicción en la Sentencia 09/2020, al señalar como hecho no probado que no se demostró con prueba idónea la nulidad del Contrato de compra venta de un lote de terreno de 26 de enero de 2018. Tampoco lo hicieron en torno al agravio de que el Juez de primera instancia, a tiempo de admitir la demanda, no observó el incumplimiento de lo dispuesto por el art. 147.II del Código Procesal Civil (CPC); ya que, la misma no debió ser admitida por haberse presentado solo fotocopia simple del contrato de compra venta, siendo falso lo manifestado por los Magistrados hoy accionados de que ese reclamo no hubiese formado parte del recurso de apelación; puesto que, de la revisión del señalado recurso se advierte claramente que se hubiese expuesto ese agravio. No tomaron en cuenta que el dictamen pericial no es una prueba determinante para declarar la nulidad del contrato, en razón a que la demanda no debió ser admitida debido a que se presentó únicamente fotocopia simple de dicho contrato, con lo cual la parte actora incumplió con lo previsto por el art. 147.II del CPC con relación al art. 111.I del citado Código y los arts. 1287, 1297 y 1311 del Código Civil (CC). Por consiguiente, se cumplió con la normativa referida al proceso civil, y en consecuencia no se produjo la prueba pericial. Por el contrario, la documentación referida al antecedente dominial del lote objeto de la venta, que les fue entregado por el vendedor, demuestra que adquirieron de buena fe y sin ningún vicio del consentimiento; lo cual fue corroborado por el silencio que guardó la parte actora sobre la tenencia de la documentación original y la llave de ingreso al bien inmueble que estaba en poder de sus personas, y por la orden de citación del Ministerio Público para que su persona -Jimena Carola Carreno Cuadrado-, declare como testigo en el proceso penal seguido por Enrique Ramírez Delgadillo contra la ahora tercera interesada por el delito de estafa y uso de instrumento falsificado de la venta del lote objeto del proceso. El conjunto de la prueba incluido la confesión que prestó, refutaba el informe pericial, que de haber sido valorados conforme a la sana crítica y la verdad material no se hubiese declarado la nulidad del contrato. Sin embargo, esos fundamentos no fueron considerados por los Magistrados ahora accionados incurriendo en una incongruencia omisiva. Con relación a su recurso de casación en el fondo, resulta falso lo alegado por los Magistrados hoy accionados de que solo su persona -Mariangela Carreño Cuadrado- hubiese contestado a la demanda, ya que conforme se evidencia en el cuaderno procesal, sus personas presentaron contestación; y, dado que tenían solo un legajo de la documentación, la nombrada presentó dicha documentación. Tampoco es cierto que no hubiesen cumplido con la carga impuesta por el art. 136.II del CPC, ya que desde el principio se opusieron a la demanda de la ahora tercera interesada, señalando que no se encontraba respaldada con prueba legal, siendo falso que no ofrecieron prueba; puesto que, presentaron documentos reconocidos y registrados en Oficinas de Derechos Reales (DD.RR.), que se encuentra corroborada por la confesión provocada a la que fueron deferidas. Asimismo, el silencio de la parte actora sobre la tenencia de los documentos del terreno y posesión en la que se encontraban y el proceso penal que tenían en su contra, cuyos antecedentes fueron ofrecidos como prueba, los cuales no fueron negados por la parte demandante; ya que, no pidió la exclusión probatoria de la referida documentación, con mayor razón la pretensión de la hoy tercera interesada ni siquiera debió ser admitida por no ser respaldada con prueba idónea sino tan solo con fotocopias. También es errado el fundamento de que el ejercicio de contradicción ejercida por sus personas hubiese sido inconsistente, lo que dio lugar a la fijación como único objeto del proceso la nulidad del contrato como emergencia de la nulidad de la escritura pública, la cancelación del asiento A-2 y la reposición del Asiento A-1; puesto que, resultaba inviable que el Juez de primera instancia hubiese tenido que fijar otro punto de hecho a probar. Ello demuestra que los Magistrados ahora accionados no dieron una respuesta efectiva, quedando demostrado que incurrieron en error de hecho al sostener que la prueba pericial era determinante para disponer la nulidad, sin considerar la prueba documental referida al derecho propietario del lote de terreno y las llaves que les entregó el vendedor, lo cual no fue valorado en justa dimensión por el Tribunal de alzada; y, el error de derecho que se encuentra demostrado porque no le dieron el valor previsto por la ley a la prueba documental de descargo; y la interpretación errónea de la legalidad ordinaria del art. 147.II con relación al art. 111.I del CPC, referidos a la obligatoriedad que tiene el demandante de sustentar su pretensión con prueba que tenga valor legal, bajo apercibimiento de no ser admitida en caso de incumplimiento. Se vulneró su derecho a la defensa al no haberse considerado y resuelto en su justa dimensión los agravios alegados en el recurso de casación, ya que se limitaron a mencionar que la prueba pericial era determinante para disponer la nulidad del contrato de transferencia del lote de terreno, aduciendo falsamente que no habían indicado en el recurso de apelación el agravio referido a la inobservancia de los arts. 111.I del CPC con relación al art. 147.II del indicado Código. Se vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, congruencia, interpretación de la legalidad y valoración de la prueba al mencionar que era inviable dar curso al recurso de casación en la forma por no haberse reclamado en el recurso de apelación el agravio referido a la inobservancia del art. 111.I del CPC con relación al 147.II del indicado Código; y que tampoco procedía el recurso de casación en el fondo porque solo su persona -Mariangela Carreño Cuadrado- respondió a la demanda y que no habían ofrecido prueba para desvirtuar la pretensión de la ahora tercera interesada. En consecuencia también vulneraron su derecho a la propiedad privada. Asimismo se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva al haber declarado infundado el recurso de casación sin ningún sustento jurídico y con argumentos inmotivados, sin dar una respuesta efectiva a los agravios expuestos en el recurso de casación, impidiendo obtener una respuesta rápida y efectiva respecto al derecho a la propiedad del bien inmueble objeto de proceso. Esa falta de respuesta también vulneró el principio de pertinencia. Al haber omitido analizar los agravios referidos al acatamiento de las normas procesales sobre el cumplimiento obligatorio del memorial de la demanda, respecto a que la prueba documental adjuntada debe tener valor legal y de toda la prueba de descargo que hacía inviable dar curso a la nulidad, se vulneró también el principio de verdad material; asimismo, no cumplieron la ley al no haber respondido a los agravios alegados, y con ello, vulneraron los principios de seguridad jurídica y legalidad.
Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia; interpretación de legalidad y valoración arbitraria de la prueba; a la defensa, al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, a la propiedad; y a los principios de pertinencia, verdad material, legalidad y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 56, 115.II, 117.I y 119, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia se disponga: a) Dejar sin efecto el AS 511/2021 de 10 de junio; y que los Magistrados hoy accionados emitan uno nuevo, conforme a derecho, dando respuesta efectiva a todos los agravios alegados en el recurso de casación, aplicando objetivamente las disposiciones sustantivas y procesales citadas; y, b) Se determine la responsabilidad civil de los Magistrados ahora accionados, disponiendo la reparación, previa calificación en ejecución de sentencia.
Celebrada la audiencia virtual el 4 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 659 a 666, se produjeron los siguientes actuados:
Las accionantes, a través de su abogado en audiencia ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional. Respondiendo a las preguntas de la Sala Constitucional a través de su abogado manifestaron que: 1) El objeto de la pretensión es que los Magistrados hoy accionados emitan un nuevo auto supremo dando respuesta a todos los agravios alegados; se vulneraron sus derechos a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a la propiedad privada; 2) la demanda no debió ser admitida, porque no se presentó los documentos originales; 3) El Juez de primera instancia podía apartarse de la pericia porque el proceso se originó con vicios de nulidad y la parte demandante solicitó que se lleve a cabo la pericia solo con los documentos del bien inmueble que adquirieron; 4) De acuerdo al acta complementaria se advierte que se reclamó la realización de la prueba pericial; 5) Por lealtad procesal indicaron que no se observó los puntos de la pericia; 6) El abogado que llevó el proceso objetó la admisibilidad de la demanda; 7) Se contestó a la demanda y no habiéndose opuesto excepciones se trabó la relación procesal para la continuación del proceso; y, 8) Los agravios fueron expuestos en el memorial; los mismos agravios referidos a la admisibilidad de la demanda, a la mala valoración de la prueba y a la participación que tuvieron.
Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe presentado el 9 de marzo de 2022, cursante de fs. 538 a 543, manifestaron que: i) Las accionantes señalaron que en su recurso de apelación acusaron sobre la admisibilidad de la demanda y la falta de valoración de las pruebas, dicho reclamo está dirigido a lograr la anulación del proceso y la resolución de segunda instancia que resulta incierto; puesto que, en su recurso de apelación solo instaron al “Tribunal” a que se aparte de las pruebas en fotocopias simples presentadas por la demandante, más no una eventual inadmisibilidad de la demanda por esa causa; razón por la cual no correspondía abordar el tema de que la demanda era o no admisible, en razón a que las accionantes no lo reclamaron oportunamente, dejando precluir su derecho; y, en cuanto a la prueba se evidenció que el Tribunal de apelación emitió una decisión clara al manifestar que los originales presentados por las accionantes carecen de valor probatorio frente a la pericia ejercitada en el proceso; y en todo caso, si no están de acuerdo con esa valoración, ese es un aspecto cuyo análisis incumbe al Tribunal en casación en el fondo, como se hizo notar en el AS 511/2021; ii) La pretensión de las accionantes de anular el proceso hasta la admisión de la demanda no se encuentra justificada, ya que pretenden desconocer los actos efectivamente ejecutados en el proceso por cuestiones formales; la nulidad pretendida carece de relevancia dado que se busca la nulidad y se omite considerar que la controversia planteada tuvo como objeto la comprobación, la validez o invalidez del contrato por la falsedad de las firmas en la hoy tercera interesada; iii) En cuanto a la denuncia referida a la interpretación de la legalidad ordinaria de los arts. 111.I al 147.I del CPC y los arts. 1287 y 1311 del CC, en razón a que no debió admitirse la demanda, las accionantes debieron argumentar de qué manera las pruebas presentadas por la demandante o las producidas en el proceso, desvirtúan la falsedad y no así pretender la nulidad de obrados; sin embargo, cabe referir que en ese proceso se produjo un dictamen pericial que acreditó la falsedad en el documento demandado, y que dicho dictamen no fue objetado por ninguna de las partes; y, iv) Teniendo en cuenta el principio dispositivo y que la carga de la prueba corresponde a quien afirma o contradiga una pretensión, las demandadas -accionantes-, a tiempo de contestar a la demanda, solo señalaron que contaban con los documentos originales y que la conducta de la hoy tercera interesada se ajustaba al delito de estafa, y en casación añadieron nuevos argumentos al referir que la nombrada pertenecía a una banda de estafadores y que facilitó los documentos originales y las llaves a terceras personas para efectuar la venta; tales extremos no fueron acreditados por las accionantes y no existía motivos para no tomar en cuenta el dictamen pericial; en consecuencia, considerando que las nombradas basaron su contestación en las interrogantes y la falta de acreditación de que la ahora tercera interesada pertenezca a una banda de estafadores o que haya otorgado documentos y llaves a terceras personas para efectuar la venta, no existe motivos para dejar de considerar la pericia practicada; por lo cual, no es cierto lo acusado por las accionantes, dado que lo resuelto fue en función de los hechos postulados, las pruebas producidas por las partes y la normativa aplicable al caso; no estando acreditada en consecuencia las vulneraciones denunciadas; por lo que, piden se deniegue la tutela solicitada.
Marciana Marina Vivado de Kahl, mediante informe presentado en audiencia a través de su abogado, manifestó que: a) En el proceso civil, la única demandada que respondió dentro de plazo y presentó la documentación fue Mariangela Carreño Cuadrado -accionante-; y si bien es cierto que Claudia Carmelina y Jimena Carola ambas de apellidos Carreño Cuadrado -accionantes-presentaron su contestación; empero, lo hicieron fuera de plazo; b) Los documentos originales que presentaron son los que fueron fraguados, adulterados, falsificados, constando en el acta de la audiencia preliminar el reclamo que efectuaron; por su parte, la parte demandada -accionantes-, solicitaron el desglose de los mismos, lo cual fue rechazado por “la autoridad judicial”; y una vez que el cuaderno procesal fue devuelto de la ciudad de Sucre ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y finalmente al Juzgado de origen, las accionantes pidieron nuevamente dicho desglose, lo que hace que se pregunte “…¿cuál era la finalidad de ocultarlos?...” (sic); y resulta que por informe del Consejo de la Magistratura, el folio real no fue expedido; por lo que, contrastados los documentos en el trámite de fusión puede identificarse claramente la existencia de esa falsedad; y en cuanto al catastro a nombre de Jhon Kahl Montes de Oca, se demostró que esa persona no existe; c) Quienes portan esos documentos falsificados son las accionantes, haciendo uso de los mismos; lo cual hizo conocer en el proceso civil pero no mereció respuesta alguna de parte de las nombradas; por cuanto, entiende que existió un consentimiento tácito; d) Respecto al incumplimiento de los arts. 147 y 111 del CPC, al adjuntar fotocopias a la demanda, respecto al debate sobre los requisitos de admisibilidad de la demanda, se debatió en Tribunal de casación y no en el Tribunal de apelación, y se encuentran contenidos por el art. 110 -se entiende del CPC- entre los que no se consigna que se debe adjuntar la prueba; por cuanto, la admisibilidad es una cosa y la valoración y demostración de los hechos en el fondo es otra, que se verá en sentencia; el art. 111.I del CPC, establece que si la parte demandante no dispusiera de los documentos al momento de presentar la demanda debe señalar cuál es su contenido y el lugar donde se encuentra para solicitar su incorporación; asimismo, el art. 147.I del citado Código hace referencia al requerimiento que puede hacer una autoridad y una norma importante es el art. 151.II -se entiende del CPC- referido a los documentos que se encuentran en poder del adversario; tal es así que en el “Otrosí 4to” de la demanda, solicitó que las accionantes, presenten la escritura 53/2018 de 29 de febrero, más el documento privado o minuta que la hubiese originado, y si bien de principio la autoridad judicial lo rechazó y pidió que se aclare; hecha dicha aclaración, mediante decreto de 19 de igual mes de 2019, se dio curso a su pedido concediendo un plazo de diez días- se entiende a la parte demandada -accionante-, lo que evidencia que cumplieron con el procedimiento; en todo caso las accionantes tenían la posibilidad de oponerse conforme lo dispone el art. 125 -se entiende del CPC-, es más el art. 153 del señalado Código establece la oportunidad para desconocer los documentos hasta seis días después de la notificación y existe también la facultad de la autoridad judicial de rechazarlo conforme a lo establecido por el art. 142 del referido Código; empero, la fotocopia del contrato no fue objetada oportunamente; e) Como señalan los Magistrados hoy accionados, en el cuarto agravio del recurso de apelación se denunció que no debió haberse valorado las fotocopias simples y en cambio en el recurso de casación como segundo agravio se acusó que no debería haberse admitido la demanda con fotocopias simples, siendo dos cuestiones diferentes; en todo caso se entiende que, en mérito al principio de unidad y comunidad de la prueba, el Juez de la causa debe valorar toda la prueba; f) Se demostró que la firma y huella no le correspondían a su persona, lo mismo que la cédula de identidad que dejó en la Notaría de Fe Pública, habiéndose demostrado que las firmas y las huellas le corresponden a Mirian Camacho Portillo, así como su fotografía suplantada en la cédula de identidad; en consecuencia, respecto a la prueba pericial el procedimiento establece las vías para oponerse a ese medio de prueba; sin embargo, la parte contraria guardó silencio, dando lugar al acto consentido; y, g) No se acreditó ni fundamentó sobre la relevancia constitucional que permita abrir la competencia del tribunal, ya que en el proceso civil se cumplió con los principios de proporcionalidad y de reserva legal; asimismo, debe recordarse que las autorestricciones establecidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, no permiten valorar la prueba e interpretar la legalidad ordinaria como lo establece la SCP 0577/2013 -de 21 de mayo-; y, por otra parte cabe recordar que está -se entiende la vía constitucional- no es una instancia casacional; y, finalmente se permite adjuntar la SC 718/2005-R -de 28 de junio-que constituye una sentencia “hito” en cuanto a las autorestricciones; por lo que, pide que se declare la “improcedencia” de la tutela solicitada.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 160/2022 de 4 de agosto, cursante de fs. 667 a 671 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) Se advierte que quien omitió activar oportunamente la cuestión planteada por el “demandante” fue el “demandado”, ya que en su contestación se limitó a negar lo señalado por el “demandante”, sin cuestionar el fondo ni plantear excepciones; 2) la prueba pericial documental fue propuesta por la parte demandante, la cual fue aceptada por la autoridad judicial; 3) La etapa para impugnar los puntos de la pericia precluyó; puesto que, la parte demandante no la objetó en su momento, dejando precluir su derecho, asimismo no se objetó la pericia, que en su caso hubiese dado lugar a la realización de otra pericia; y, 4) La ausencia de la valoración de un medio de prueba no siempre acarrea la consecuencia de la nulidad; ya que, del análisis puede resultar que aun con su valoración el resultado sería el mismo, en cuyo caso no puede ordenarse una nueva valoración; dado que en cada proceso existe una prueba “reina”, en el caso de la demanda de nulidad de contrato en el que la parte demandante alegó que la firma y huella no le pertenece, la prueba esencial es la pericial documental, la cual nunca fue objetada en el fondo; por lo que, se entiende que no existe trascendencia para la concesión de la tutela y que los argumentos expuestos por los Magistrados ahora accionados son coherentes y razonables.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia 09/2020 de 13 de enero, emitida en el proceso civil ordinario de nulidad de contrato seguido por Marciana Marina Vivado de Kahl -ahora tercera interesada- contra Claudia Carmelina, Jimena Carola, Mariangela todos de apellidos Carreño Cuadrado -hoy accionantes- y Jhonn Kahl Montes de Oca; mediante el cual Alfredo Rojas Limachi, Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de La Paz, declaró probada la demanda y en consecuencia dispuso la nulidad del Contrato de 26 de enero de 2018 y la Escritura Pública 53/2018 de 29 de igual mes, otorgada ante Notario de Fe Pública 4 de La Paz; la cancelación del Asiento A-2 de la matrícula computarizada 2.01.0.99.0218669, ante la Dirección de DD.RR. de La Paz; y, la rehabilitación del Asiento A-1 de la matrícula computarizada 2.01.0.99.0218669, con costas y costos (fs. 379 a 382 vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 28 de enero de 2020, ante el Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de La Paz, las accionantes, plantearon recurso de apelación en el que expusieron los siguientes agravios: i) Entre los hechos no probados, el Juez de la causa señaló que no se demostró con prueba idónea la nulidad del Contrato de compra venta de un lote de terreno de 26 de enero de 2018 por las causales del art. 549 inc. 1) y 2) del CC, siendo el único hecho demandado; sin embargo, hubo contradicción al declarar probada la demanda; ii) El Juez de primera instancia incurrió en una clara contradicción en la justificación de su Sentencia -09/2020-; ya que, como la parte actora puede demostrar fehacientemente y a la vez afirmar que no se demostró con prueba idónea la nulidad del contrato; por cuanto, si no se demostró la base de su demanda, el juzgador no podría declararla probada; por lo que, dicha contradicción que define derechos le causa un irreparable daño a sus personas que adquirieron de buena fe el bien inmueble objeto de la venta en el Contrato de compra venta de un lote de terreno de 26 de enero de 2018; iii) Asimismo, el Juez de a causa no le dio valor a la prueba documental que presentaron en originales -testimonio original 58/89 de 12 de abril de 1989 referente al Contrato de compra venta del bien inmueble, suscrita entre Lidia Salinas de Novillo y Rosa María Salinas de Bedregal a favor de Marciana Marina Vivado de Kahl, testimonio 0047/2017 de 18 de enero, original y folios reales originales- a tiempo de contestar a la demanda, no tomaron en cuenta que los demandantes presentaron documentos en fotocopias simples, que no reúne los requisitos previstos por el art. 147.II del CPC, concordante con el art. 1287 del CC; lo que hace que se pregunten como es que las compradoras de buena fe están el en poder de los documentos originales de los títulos de propiedad, y no así los demandados, quienes solo presentaron fotocopias simples sin haber denunciado su sustracción ante las autoridades correspondientes; asimismo, hicieron notar que presentaron la citación efectuada a Jimena Carola Carreño Cuadrado -accionante- para declarar en calidad de testigo dentro de la investigación a denuncia de Enrique Ramírez Delgadillo contra Marciana Marina Vivado de Kahl por el delito de estafa y uso de instrumento falsificado, ya que vendió el mismo bien inmueble que les vendió a ellas, de lo cual surge la interrogante de que la propietaria junto a su abogado apoderado de forma dolosa facilitaron los documentos originales a terceras personas para luego recuperar dicho bien inmueble aduciendo su falsedad sin devolver el dinero de la compra; iv) Respecto a los hechos probados. “Numeral 1”, el Juez de la causa validó la prueba presentada en fotocopias simples, sin tomar en cuenta que en la contestación efectuada por Mariangela Carreño Cuadrado -accionante-, la observaron, haciendo notar que no se debía aceptar dicha prueba, lo cual también fue recalcado en la audiencia preliminar de 25 de septiembre de 2019, donde pidieron que el Juez de primera instancia se aleje de esas pruebas presentadas en fotocopias simples; sin embargo, dicho Juez validó esos documentos; y, v) La afirmación que la prueba presentada por Mariangela Carreño Cuadrado -accionante- no refuta la falsificación de la rúbrica de la hoy tercera interesada o desvirtúan la falsedad de la nulidad, menoscaba su teoría de que las únicas personas estafadas fueron sus personas; puesto que, la verdadera propietaria, su hermano y las personas que participaron en la venta son una banda de estafadores, quienes debieron facilitar los documentos originales a terceras personas para su venta y luego recuperar dicho bien inmueble para seguir engañando a la gente en su buena fe (fs. 385 a 387). II.3. A través de Auto de Vista 61/2021 de 21 de enero, emitido por Fanny Coaquira Rodríguez e Iván Edgar Ordoñez Quijarro, Vocales de la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se confirmó la Sentencia 09/2020 (fs. 418 a 420).
II.4. Cursa recurso de casación en la forma y en el fondo presentado por las accionantes, bajo los siguientes fundamentos: a) Omisión de pronunciamiento sobre su denuncia de incongruencia de la Sentencia 09/2020 al afirmar en los hechos no probados que no se había demostrado con prueba idónea la nulidad del contrato de compra venta y que de forma contradictoria en la misma Sentencia se afirmó que dicho contrato y por ende la Escritura Pública 53/2018 no tenían valor, porque la hoy tercera interesada no intervino en su elaboración; b) falta de respuesta efectiva al agravio expuesto en el recurso de casación referido al error manifiesto del Juez de primera instancia de haber aceptado la demanda ordinaria de nulidad de contrato debido a que la parte actora no había demostrado, con documentos originales, su derecho propietario sobre el lote de terreno, tanto mas si a tiempo de contestar a la demanda observaron de forma oportuna ese incumplimiento por la hoy tercera interesada; tampoco tomaron en cuenta que el Juez de la causa no valoró la prueba documental de descargo, tampoco dio respuesta respecto a que existían serias dudas de que la ahora tercera interesada no hubiese tenido conocimiento de la venta del lote de terreno a su favor, porque guardó silencio sobre la tenencia de la documentación original del bien inmueble y las llaves de ingreso que se encontraban en su poder, asimismo no se consideró la orden de citación a declarar como testigo en el proceso penal seguido por Enrique Ramírez Delgadillo contra la demandante por el delito de estafa y uso de instrumento falsificado por la venta del mismo lote de terreno; esos hechos y documentos refutaban el valor de la prueba pericial; c) Se dio valor absoluto al examen pericial, el cual si bien estableció que la hoy tercera interesada no intervino en la transferencia, no era razón suficiente para determinar la nulidad del contrato, en razón al silencio respecto a que sus personas contaban con la documentación original del bien inmueble y que estaban en posesión del mismo porque contaban con las llaves de ingreso; y, en consideración a que existía un proceso penal aperturado por los delitos de estafa y uso de instrumento falsificado, cuyo proceso en su contra no fue negado, porque ni siquiera se solicitó la exclusión probatoria de su prueba documental. referida a la citación emitida por el Ministerio Público a Jimena Carola Carreño Cuadrado para que declare como testigo en el proceso penal iniciado por Enrique Ramírez Delgadillo contra la demandante por la venta fraudulenta del lote de terreno objeto de proceso, esa prueba junto al resto de la prueba documental y la confesión provocada demostraba que la prueba pericial por sí misma no tenía el valor legal para determinar la nulidad del contrato de transferencia efectuado a su favor, los cuales no fueron considerados; asimismo, la prueba pericial no tenía pleno valor legal, en razón a que la parte demandante no cumplió con la carga procesal de presentar documentos originales y/o fotocopias legalizadas o señalar que dicha documentación fue extraviada o sustraída; es decir, al no estar sustentada con prueba con el valor legal previsto por los arts. 1289, 1297 o 1311 del CC, la demanda ni siquiera debió ser admitida; por lo que, correspondía anular el proceso hasta el vicio más antiguo y/o revocar la Sentencia 09/2020, porque por su parte cumplieron con la carga de la prueba; por consiguiente, al señalar que los documentos originales presentados por sus personas carecían de valor probatorio que se oponga a la conclusión alcanzada en el informe pericial, constituye un fundamento errado, por no haber efectuado una valoración integral de todos los medios de prueba de cargo y de descargo, para luego expresar de forma motivada y congruente los motivos por los cuales toda la prueba de descargo no tenía eficacia jurídica; al haber omitido ese examen y fundamentación la resolución es citra petita, ya que omitieron pronunciarse sobre la falta de valoración de todos los medios probatorios, de forma individualizada; y, d) En el fondo, está demostrado que incumplieron con su deber de dar respuesta efectiva a todos los agravios del recurso de apelación; ya que, se limitaron a confirmar la Sentencia 09/2020, sin tomar en cuenta que demostraron de manera fehaciente que el Juez de primera instancia incumplió su deber de valorar en su conjunto toda la prueba de cargo y la documental de descargo referida al derecho propietario del lote de terreno, que les fue entregada por los vendedores a tiempo de suscribir el contrato de transferencia, así como las llaves de ingreso al bien inmueble; asimismo, no valoraron la orden de citación emitida por el Ministerio Público para que Jimena Carola Carreño Cuadrado declare como testigo en el proceso penal instaurado por Enrique Ramírez Delgadillo contra la ahora tercera interesada, por la comisión de los delitos de Estafa y uso de instrumento falsificado, por la venta fraudulenta del mismo lote de terreno; el conjunto de esas pruebas de descargo demostraban que el informe pericial no tenía valor absoluto; por otra parte, la parte demandante tampoco refutó los argumentos de la transferencia licita en la que habían participado, ni señaló que los documentos originales los había extraviado o que fueron objeto de sustracción; silencio que refutaba el valor del informe pericial, al que se le dio valor absoluto en la Sentencia 09/2020 y en el Auto de Vista 61/2021, lo que evidencia la existencia de error de hecho y de derecho en la apreciación de la valoración de la prueba pericial y omisión manifiesta de la valoración de las demás pruebas de descargo, lo que demuestra que incurrieron en la vulneración, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley (fs. 425 a 431 vta.). II.5. Mediante AS 511/2021 de 10 de junio, emitido por Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -ahora accionados-, se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por las accionantes, bajo los siguientes fundamentos: 1) Con relación a la incongruencia de la Sentencia 09/2020 al señalar el Juez de la causa como hechos no probados la demostración con prueba idónea la nulidad del contrato; asimismo, de forma contradictoria señaló que el contrato cuestionado no tenía valor legal, lo acusado por las accionantes carece de razón, debido a que el Tribunal de segunda instancia sostuvo que el dictamen pericial se encuentra entre los hechos probados en la Sentencia 09/2020 y fue determinante en el decisorio; además, si las accionantes consideraban que la sentencia era “inteligible”, nada impedía que soliciten la aclaración, de modo que esa omisión no puede acarrear la nulidad de obrados, más aun si de la lectura integral de la referida Sentencia se entiende que se declaró probada la nulidad del Contrato de compra venta de un lote de terreno de 26 de enero de 2018 en razón al criterio jurisprudencial establecido en el AS 808/2015-L de 10 de septiembre, la SCP 0919/2014 de 15 de mayo y la falsedad de la rúbrica de la ahora tercera interesada acreditada por el dictamen pericial; por lo que, lo acusado carece de fundamento; 2) Respecto a que en el Auto de Vista 61/2021 no se respondió al agravio del error manifiesto del Juez de primera instancia de haber admitido la demanda pese haberse acompañado la prueba documental en fotocopias simples, incumpliendo con lo dispuesto por los arts. 147.II del CPC y 1297 del CC; dicho reclamo no forma parte del contenido del recurso de apelación de las demandadas -accionantes-; es decir, no fueron planteados ante la autoridad judicial de segunda instancia, lo que imposibilita que el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie sobre ese extremo, ya que no es posible resolver en per saltum -salto de instancia-; 3) En cuanto a la falta de valoración de los documentos originales de descargo; del contenido del Auto de Vista 61/2021, se advierte que efectuaron una sucinta evocación de los documentos originales presentados por Mariangela Carreno Cuadrado -accionante-; empero, sostuvieron que tales documentos no desacreditan la falsedad en la rúbrica del Contrato de compra venta de un lote de terreno de 26 de enero de 2018, conforme al cotejo con el dictamen pericial; las razones expuestas por el Tribunal son comprensibles y claras, puesto que el hecho de considerar al dictamen pericial como una prueba determinante y concluyente frente a los documentos originales no quiere decir que exista omisión de la valoración de la prueba de descargo sino que a través de tales pruebas no fue posible desacreditar que la firma y huella estampada en el contrato pertenecían a la hoy tercera interesada; en todo caso esa denuncia correspondería ser analizada en el marco del recurso de casación en el fondo, para lo cual debe observarse lo establecido por el art. 271.I del CPC, dado que dicho recurso procede también por error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba, pero no así con la finalidad de pretender una nulidad de obrados injustificada; 4) En cuanto al recurso de casación en el fondo, solo hubo contestación negativa a la demanda por parte de la demandada Mariangela Carreño Cuadrado -accionante-, aparejando las matrículas computarizadas, la Escritura Pública 58/89, información rápida y matrícula computarizada sobre el bien inmueble en disputa, la Escritura Pública 53/2018 de 29 de febrero la cual lleva inserto el Contrato de compra venta de un lote de terreno de 26 de enero de 2018, certificado catastral del bien inmueble litigado, duplicado de la Escritura Pública 0047/2017, consistente en la fusión de las partidas del bien inmueble objeto de proceso, pago de servicios básicos y una orden de citación dirigida a Jimena Carola Carreño Cuadrado -accionante-; en ese acto de oposición a la demanda, la nombrada solo contradijo alegando que tendría en su poder documentos originales y que la conducta de la hoy tercera interesada se ajustaba al delito de estafa; por cuanto, si pretendía demostrar que la venta era válida o una eventual restitución de dinero, debió sustentar su oposición, ya sea mediante reconvención o el diligenciamiento de producción de pruebas en el momento procesal oportuno, y no solo ceñirse en el planteamiento de una pregunta o una duda como la manifestada en la contestación al señalar ‘“¿Cómo esta documentación en nuestras manos sino hubiera sido entregada por la misma propietaria?”’ (sic); esa interrogante no puede entenderse si reviste el carácter de una negación de los hechos afirmados en la demanda o si encierra la alegación de hechos que merezcan ser objeto del contradictorio; de lo que se advierte que la contradicción de las demandadas -accionantes- fue inconsistente, lo cual generó que el Juez de primera instancia fije como único objeto del proceso ‘“La nulidad del contrato de 26 de enero de 2018 y como emergencia de este nulidad de la E.P. N° 53/2018 de 29 de enero, la cancelación del asiento A-2 y reposición del asiento A-1 del Folio Real 2.01.099.0218669”’ (sic) y en sentencia enfatizó que la parte demandada no desvirtuó la pretensión principal de la ahora tercera interesada; en consecuencia, la falta de alegación de hechos concretos en la contestación generó su falta de consideración como objeto de proceso, lo cual trajo consigo que las demandadas -accionantes- no hayan diligenciado prueba alguna para desvirtuar la pretensión de nulidad por falsificación de firmas y menos aún haber objetado el dictamen pericial; y, 5) Las accionantes, tanto en el recurso de apelación como en el recurso de casación, platearon como agravios que adquirieron el bien inmueble de buena fe y sin ningún vicio de consentimiento; que la ahora tercera interesada, su hermano y las personas que participaron de la venta, serían una banda de estafadores; que con la orden de citación se demostraría que la hoy tercera interesada y su hermano apoderado conocían de la transferencia a favor de las accionantes, y por ello hubiese facilitado voluntariamente la documentación y las llaves de ingreso al bien inmueble a terceras personas para luego recuperarlos, aduciendo una supuesta falsedad, sin recibir el dinero de la venta; dichos agravios no fueron alegados como hechos constitutivos de la contestación; por lo que, no forman parte del objeto del proceso; por lo cual, el solo hecho de alegar haber adjuntado los documentos originales no puede suponer ni presumir que la ahora tercera interesada pertenezca a una banda de estafadores ni que haya facilitado las llaves y/o documentos originales a terceras personas para efectuar la venta; a pesar de ello si las accionantes pretendían acreditar que la hoy tercera interesada y su apoderado conocían de la venta realizada, o que hubiesen entregado documentos y llaves a terceras personas, estaban impelidas a sustentar esos hechos en la contestación a la demanda; por lo cual, esa omisión y la falta de diligenciamiento de la prueba tuvo como consecuencia que se tenga como hecho probado la falsificación de rúbrica de la nombrada en el Contrato de compra venta de un lote de terreno de 26 de enero de 2018, así como la falta de correspondencia de la huella dactilar de la ahora tercera interesada con el documento protocolar de 29 del citado mes y año, conforme al informe pericial; el cual, no fue objetado por las partes; asimismo, con relación a la orden de citación referida a una denuncia interpuesta por Enrique Ramírez Delgadillo contra la ahora tercera interesada y otro, por la presunta comisión del delito de estafa y uso de instrumento falsificado, no tiene ninguna vinculación con el Contrato de compra venta de un lote de terreno de 26 de enero de 2018 (fs. 453 a 458).
Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, interpretación de legalidad y valoración arbitraria de la prueba; a la defensa, al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, a la propiedad; y a los principios de pertinencia, verdad material, legalidad y seguridad jurídica; puesto que, los Magistrados hoy accionados, en la emisión del AS 511/2021 de 10 de junio: i) Con relación al recurso de casación en la forma: a) Omitieron pronunciarse sobre sus denuncias de que el Tribunal de apelación no se pronunció sobre sus agravios referidos a la contradicción interna de la Sentencia 09/2020 de 13 de enero y de que la demanda no debió ser admitida por haberse presentado solo fotocopia simple del contrato de compra venta, siendo falso lo manifestado por los Magistrados ahora accionados de que ese reclamo no hubiese formado parte del recurso de apelación; y, b) Errónea valoración tanto de la prueba pericial como de la prueba de descargo aportada por la parte demandada que refutaba el informe pericial; y, ii) Respecto al recurso de casación en el fondo: 1) Los Magistrados hoy accionados incurrieron en error de hecho al sostener que la prueba pericial era determinante para disponer la nulidad, sin considerar la prueba documental referida al derecho propietario del lote de terreno y las llaves que les entregó el vendedor, lo cual no fue valorado en justa dimensión por el Tribunal de alzada; y, el error de derecho que se encuentra demostrado porque no le dieron el valor previsto por la ley a la prueba documental de descargo; y, 2) La interpretación errónea de la legalidad ordinaria del art. 147.II del CPC con relación al art. 111.I del citado Código, referidos a la obligatoriedad que tiene el demandante de sustentar su pretensión con prueba con valor legal, bajo apercibimiento de no ser admitida en caso de incumplimiento. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0470/2020-S3 de 2 de septiembre, citando a su vez las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0097/2013 de 17 de enero y 0373/2014 de 21 de febrero, señaló que: [«“En observancia del principio de subsidiariedad que configura la naturaleza de la acción de amparo constitucional, es necesario recordar que mediante la SC 1273/2005-R de 14 de octubre, se ha establecido la necesaria invocación del derecho considerado lesionado, en las diferentes vías y mecanismos ordinarios previstos por el legislador a efectos de entender el agotamiento previo de los recursos ordinarios que deben realizarse antes de activar la acción de amparo constitucional. Así la citada sentencia expresó lo siguiente: ‘…la persona que se considere agraviada, antes de acudir a esta acción extraordinaria, debe agotar todos los recursos ordinarios que le franquea la ley; dado que no le corresponde a la justicia constitucional pronunciarse sobre aspectos que deben ser reparados en las vías ordinarias, judiciales o administrativas, previstas en el ordenamiento jurídico, ya que el ámbito de protección que brinda la jurisdicción constitucional está referido a los casos en que agotadas esas instancias, no se ha logrado la reparación de las garantías y derechos lesionados”’.
Por su parte, la SC 1086/2005-R de 12 de septiembre, ha establecido que: “…el carácter subsidiario del amparo constitucional, no sólo se agota en el aspecto formal, es decir en la obligación de que la persona utilice todos los recursos establecidos por el ordenamiento jurídico, sino que es preciso que a través de esos medios la persona reclame todos los actos ilegales que supuestamente le causan agravio; dado que si la persona no efectuó el reclamo pertinente, pese a haber utilizado el medio de defensa previsto por ley, se entiende que consintió con todos aquellos presuntos actos ilegales u omisiones indebidas que no impugnó oportunamente, impidiendo con ello que las autoridades judiciales o administrativas se pronuncien sobre el particular (SC 1337/2003-R, de 15 de septiembre).
De lo dicho se concluye que la jurisdicción constitucional sólo podrá analizar aquellos actos u omisiones demandados de ilegales que fueron reclamados oportunamente ante la vía judicial o administrativa pertinente; esto es en el momento hábil de producido el agravio el cual debe ser invocado necesariamente en las subsiguientes instancias sino es reparado en la primera, a través de los medios o recursos que franquea la ley. En consecuencia, aquellas lesiones no acusadas ante la vía ordinaria, oportunamente en cada instancia, no pueden ser analizadas a través del recurso de amparo constitucional; dado que, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional glosada precedentemente, de manera general, son los jueces o tribunales ordinarios los llamados a reparar los derechos y garantías constitucionales presuntamente lesionados en el mismo proceso (judicial o administrativo), y sólo excepcionalmente, y en defecto de aquéllos, la jurisdicción constitucional podrá hacerlo; en cambio, si el reclamo se efectúa en forma directa a través del recurso de amparo constitucional, no se activa la jurisdicción constitucional, dada la naturaleza subsidiaria del amparo; pues, como quedó precisado, en esos casos, las autoridades judiciales o administrativas no tuvieron oportunidad de conocer los agravios formulados por el recurrente y, en su caso, repararlos. Esto implica que para cumplir la exigencia de subsidiariedad, los hechos que se relacionan como lesivos a los derechos o garantías en sede judicial o administrativa, no pueden ser distintos de los hechos que se expresan en sede constitucional; pues al haber omitido impugnarlos allí oportunamente, no es posible que se active la tutela que brinda el art. 19 Constitucional, por ser subsidiaria” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). Entendimiento que ha sido asumido por las SC 1273/2005-R, y las SCP 0097/2013, 0798/2013 entre otras»] (las negrillas son nuestras).
La SCP 0061/2018-S2 de 15 de marzo, estableció que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, como son: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que basa la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas-normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional a partir de la SC 0995/2004-R de 29 de junio, estableció que los errores o defectos de procedimiento -entre los que se encuentra el caso de la resolución arbitraria- para ser corregida por vía de amparo, debe tener relevancia constitucional; es decir, que siendo el error o defecto la causa de la lesión de los derechos y garantías denunciados, de no haberse incurrido en ellos, la resolución impugnada tendría una decisión de fondo diferente. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional” (las negrillas son nuestras).
Asimismo, cabe acotar que, con relación al principio de congruencia, en su dimensión externa, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo y la SCP 0007/2021-S2 de 23 de febrero, establecieron que la obligación del tribunal de alzada es el de pronunciarse no solo respecto a los agravios formulados por el apelante sino también con relación a la contestación del recurso de apelación. Entendimiento que también es aplicable al pronunciamiento del “Tribunal de casación”; puesto que, la garantía del debido proceso, en sus elementos de congruencia opera en todas las fases del proceso con relación a los actos constitutivos de cada instancia.
La SC 0486/2010-R de 5 de julio, señaló que: «…respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia ‘ultra petita’ en la que se incurre si el Tribunal concede ‘extra petita’ para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; ‘citra petita’, conocido como por ‘omisión’ en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438)».
La SCP 0030/2018-S2 6 de marzo, efectuó la siguiente sistematización de la jurisprudencia constitucional: “El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedentes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia: …se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor, el garantizar un real acceso a la justicia constitucional.
A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.”
La SC 0600/2003-R de 6 de mayo, señaló que: “…entre los derechos fundamentales y garantías constitucionales consagrados por la Constitución, así como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, se tiene el debido proceso, el mismo que ha sido entendido como ‘el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (..) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos’ (SC Nº 418/2000-R y Nº 1276/2001-R). Que, de otro lado corresponde señalar que según la norma prevista por el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, ‘toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecidas con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter’, como podrá advertirse la norma transcrita consagra dos derechos humanos de la persona: 1) el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso, entendiéndose por aquélla la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como 'derecho a la jurisdicción' (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley. Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso y la igualdad procesal”.
La SCP 1729/2014 de 5 de septiembre, citando a su vez a la SCP 1164/2014 de 10 de junio, señaló que: […la SCP 2222/2012 de 8 de noviembre, señaló que es: «…considerado como un elemento del debido proceso (…). “En el orden constitucional, no obstante que el derecho a la defensa es un instituto integrante de las garantías del debido proceso, ha sido consagrado en forma autónoma, precisando de manera expresa en el art. 16.II de la CPEabrg que: ‘El derecho a la defensa en juicio es inviolable’ y en el art. 115.II de la CPE, que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’. Preceptos que resaltan esta garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre conforme al principio de la favorabilidad, antes que restrictivamente”».
La jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, enuncia dos connotaciones del derecho a la defensa, siendo la segunda vinculada al ejercicio de los medios de impugnación, en este entendido señala: “La primera, es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda, es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones…”.
De igual forma con respecto a esta vinculación del derecho a la defensa y los medios de impugnación la SCP 0140/2012 de 9 de mayo, ha establecido que los medios de impugnación aseguran la eficacia del derecho de recurrir y del derecho a la defensa (…); «…existe una vinculación o relación entre los medios de impugnación y el derecho a la defensa, considerando que este derecho precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados y puedan impugnar los mismos en igualdad de condiciones…».
La SCP 0140/2012 de 9 de mayo, ha establecido también con relación al derecho de recurrir que: «La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (Sentencia de 2 de julio de 2004, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) precisando el alcance del 'derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior», estableció, en lo que en el caso interesa, las siguientes afirmaciones…:
1. El derecho de recurrir el fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica (párrafo 158). 2. El derecho de recurrir «…busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona (párrafo 158). 3. Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida (párrafo 165)».
LA SCP 0275/2012 de 4 de junio, menciona al respecto: «El derecho a la defensa irrestricta es uno de los mínimos procesales que debe concurrir dentro de un proceso sancionatorio en el que se encuentre presente el debido proceso, constituyendo de esta manera un bloque de garantías procesales dentro del procedimiento sancionador, siempre en procura de efectivizar un proceso justo. El derecho a la defensa, es un elemento adjetivo del debido proceso, que halla uno de sus resguardos en la garantía de la doble instancia, que a su vez tiene su consagración en las normas de derecho internacional, más propiamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), normas en las cuales se le asigna el carácter de garantía judicial, asumiéndola como un mecanismo de protección, dirigido a esta impronta característica de la doble instancia…»] (las negrillas nos corresponden).
Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, interpretación de legalidad y valoración arbitraria de la prueba; a la defensa, al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, a la propiedad; y a los principios de pertinencia, verdad material, legalidad y seguridad jurídica; puesto que, los Magistrados hoy accionados, en la emisión del AS 511/2021 de 10 de junio: i) Con relación al recurso de casación en la forma: a) Omitieron pronunciarse sobre sus denuncias de que el Tribunal de apelación no se pronunció sobre sus agravios referidos a la contradicción interna de la Sentencia 09/2020 de 13 de enero y de que la demanda no debió ser admitida por haberse presentado solo fotocopia simple del contrato de compra venta, siendo falso lo manifestado por los Magistrados ahora accionados de que ese reclamo no hubiese formado parte del recurso de apelación; y, b) Errónea valoración tanto de la prueba pericial como de la prueba de descargo aportada por la parte demandada que refutaba el informe pericial; y, ii) Respecto al recurso de casación en el fondo: 1) Los Magistrados hoy accionados incurrieron en error de hecho al sostener que la prueba pericial era determinante para disponer la nulidad, sin considerar la prueba documental referida al derecho propietario del lote de terreno y las llaves que les entregó el vendedor, lo cual no fue valorado en justa dimensión por el Tribunal de alzada; y, el error de derecho que se encuentra demostrado porque no le dieron el valor previsto por la ley a la prueba documental de descargo; y, 2) La interpretación errónea de la legalidad ordinaria del establecida por el art. 147.II del CPC con relación al art. 111.I del citado Código, referidos a la obligatoriedad que tiene el demandante de sustentar su pretensión con prueba con valor legal, bajo apercibimiento de no ser admitida en caso de incumplimiento. Con relación a la omisión de pronunciamiento Por una parte, las accionantes denuncian que los Magistrados ahora accionados no se hubiesen pronunciado con relación a su reclamo sobre la contradicción en la que incurrió el Tribunal de apelación al consignar entre los hechos no probados que no se demostró con prueba idónea la nulidad del Contrato de compra venta de un lote de terreno de 26 de enero de 2018. De la revisión de la documentación que cursa en obrados, se advierte, que las accionantes, en su recurso de casación denunciaron que la omisión de pronunciamiento por parte del Tribunal de apelación sobre su agravio de incongruencia de la Sentencia 09/2020, al afirmar en los hechos no probados que no se había demostrado con prueba idónea la nulidad del Contrato de compra venta de un lote de terreno y que de forma contradictoria en la misma sentencia se afirmó que dicho contrato y por ello la Escritura Pública 53/2018 no tenían valor, porque la hoy tercera interesada no intervino en su elaboración (Conclusión II.4.). En respuesta a esa acusación los Magistrados hoy accionados argumentaron que el Tribunal de segunda instancia sostuvo que el dictamen pericial se encuentra entre los hechos probados de la sentencia y fue determinante en el decisorio; acotando que más aún si de la lectura integral de la Sentencia 09/2020 se entiende que se declaró probada la nulidad del Contrato de compra venta de un lote de terreno de 26 de enero de 2018 en razón al criterio jurisprudencial establecido en el AS 808/2015-L de 10 de septiembre y la SCP 0919/2014 y la falsedad de la rúbrica de la ahora tercera interesada acreditada por el dictamen pericial (Conclusión II.5.). Como se advierte, no es evidente la omisión de pronunciamiento que se denuncia, ya que, si bien es cierto que lo hicieron de forma escueta; empero, no es menos evidente que si existe pronunciamiento sobre el referido reclamo; por lo que, no se advierte la incongruencia omisiva que se denuncia. Por otra parte, en cuanto a la denuncia de omisión de pronunciamiento en el que hubiesen incurrido los Magistrados ahora accionados, respecto a que en el Auto de Vista 61/2021 no respondió al agravio del error manifestó del Juez de primera instancia de haber admitido la demanda pese haberse acompañado la prueba documental en fotocopias simples incumpliendo con lo dispuesto por los arts. 147.II del CPC y 1297 del CC, cabe precisar lo siguiente: Conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en mérito al principio de congruencia que rige en el proceso, en ese caso contencioso administrativo, la autoridad judicial esta compelida a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones formuladas en la demanda y lo fundamentado en la contestación; de tal manera que la vulneración de dicho principio, en su dimensión externa, se presenta cuando el fallo emitido no guarda esa correspondencia. En el caso en análisis, del contraste del contenido del recurso de casación en la forma y en el fondo (Conclusión II.1.) interpuesta por las accionantes, con los fundamentos del AS 511/2021 (Conclusión II.2.); se advierte que efectivamente entre las acusaciones formuladas en su recurso de casación en la forma y en el fondo las nombradas denunciaron la omisión de pronunciamiento en el que hubiese incurrido el Tribunal de apelación en la emisión del Auto de Vista 61/2021, respecto al agravio referido al error manifiesto del Juez de primera instancia de haber admitido la demanda pese haberse acompañado la prueba documental en fotocopias simples incumpliendo con lo dispuesto por los arts. 147.II del CPC y 1297 del CC. Con relación a dicha acusación, el Tribunal de casación efectivamente decidió no examinar el fondo de la misma, justificando su decisión de no hacerlo por el hecho de que las accionantes no consignaron la misma en el recurso de apelación; y que no era posible el salto de instancia. Ahora bien, a objeto de establecer si la decisión del Tribunal casacional de no examinar el fondo de esa denuncia está o no justificada, un primer aspecto que corresponde dilucidar es que si las accionantes denunciaron ese defecto a tiempo de presentar recurso de apelación contra la Sentencia 09/2020. En ese cometido, de la revisión del memorial del recurso de apelación, presentado el 28 de enero de 2020, por las accionantes, se advierte claramente, que las nombradas, cuestionaron la valoración probatoria de los documentos presentados con la demanda, al señalar que los Vocales “…no toma en cuenta que la prueba documental presentada por los demandantes son en fotocopia simple y no cumplen con los requisitos exigidos por el Art. 47 parágrafo segundo del Código Procesal Civil concordante con el Art. 1287 del Código Civil…” (sic); reiterando argumentos sobre la valides de dicha prueba al aseverar que “En el sub título de hechos probados en el numeral 1) prueba documental, el juez valida la prueba documental presentada por la parte demandante en fotocopias SIMPLES, sin tomar en cuenta que en el numeral 5. de la respuesta a la demanda presentada por Mariangela Carreño Cuadrado en tiempo oportuno realizamos la correspondiente observación a la prueba documental presentada en la demanda en fotocopias simples al amparo del Art. 111 parágrafo I. del Código Procesal Civil (…) haciendo otra que el juez de primera instancia no debe aceptar y tomar en cuenta toda la documentación arrimada en fotocopia, hecho que también fue recalcado en la audiencia preliminar de 25 de septiembre del 2019 (…) solicitando al juez se aleje del conocimiento de las pruebas documentales presentadas en fotocopia simples por los demandantes, pese a que se cumplió en tiempo oportuno con dicho acto de observación de la prueba documental, el Juez en plena parcialización con los demandantes…” (sic). Por consiguiente, no es verdad que las accionantes hubiesen formulado el agravio referido al error en el que hubiese incurrido el Juez de primera instancia al haber admitido una demanda a la que se adjuntó fotocopias simples. Entonces, resulta cierto lo argumentado por los Magistrados hoy accionados, en sentido de que las accionantes, no apelaron materialmente sobre ese supuesto defecto procesal en la admisión de la demanda; en consecuencia, su decisión de no examinar el fondo tiene su fundamento en el art. 265.I del CPC, alegado en el AS 511/2021 hoy impugnado, que se refiere a la congruencia del fallo de segunda instancia, en cuyo mérito se limita el pronunciamiento del Tribunal de apelación a los puntos resueltos por el inferior que hubiese sido objeto de recurso de apelación y fundamentación. Ya que ello no ocurrió en ese caso, es evidente de que el Tribunal de casación estaba impedido de pronunciarse sobre ese reclamo, en razón a que la normativa civil boliviana en cuanto a los recursos de impugnación no permite el salto de instancia; es decir, que el justiciable en lugar de formular sobre la actuación del Juez inferior su reclamo ante el tribunal de apelación, lo haga directamente ante el Tribunal de casación; lo cual no se encuentra permitido en mérito a la estructura del proceso civil ordinario constituido por una primera instancia, el recurso de apelación; y el recurso extraordinario de casación; y al principio de preclusión que rige el proceso civil. En consecuencia, al estar debidamente fundada y justificada la decisión de los Magistrados ahora accionados de no examinar el fondo de ese reclamo, no hay vulneración al derecho al debido proceso en su elemento de congruencia externa, ni al principio de pertinencia; puesto que, la falta de correspondencia no se presenta cuando la denegatoria del examen de fondo se encuentra debidamente justificada; como ocurre en el presente caso. Asimismo, por lo argumentado tampoco existe vulneración al derecho a la defensa, como alegan las accionantes, ya que, si bien es cierto que el derecho a recurrir forma parte del derecho a la defensa, conforme se desarrolla en el Fundamento Jurídico III.5. del presente fallo constitucional; las accionantes, no apelaron y por consiguiente no hicieron uso de su derecho a la impugnación oportunamente; lo cual impidió que el Tribunal de casación se pronuncie sobre el fondo respecto a su reclamo formulado de forma tardía e incorrecta sobre el supuesto defecto de la admisión de la demanda. Por esa misma razón tampoco se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. En efecto uno de los elementos constitutivos de dicho derecho consiste en: “Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma”, conforme lo señaló la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre. En ese caso, como se tiene dicho, las accionantes no observaron el supuesto error de haber admitido la demanda en la que solo se acompañó fotocopias simples del documento acusado de falso en el recurso de apelación; por consiguiente, no cumplieron con el requisito legal de haberlo denunciado como agravio en el referido recurso de apelación; con lo cual, como se tiene dicho, en mérito al principio de preclusión, precluyó su derecho y ya no era posible que lo hagan mediante recurso de casación, omitiendo la segunda la instancia, siendo esa la razón por la cual el Tribunal de casación decidió no pronunciarse sobre el fondo; reiterándose que con tal decisión no se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva.
En consecuencia, tampoco se vulneró el derecho a la propiedad privada, como alegan las accionantes, dado que no hubo pronunciamiento sobre el fondo de ese supuesto. Con relación a las denuncias de errónea valoración tanto de la prueba pericial; así como de la prueba de descargo aportada por la parte demandada -accionante-; y el error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba Conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisprudencia estableció autorestricciones en cuanto a la revisión de la actividad de las autoridades de las otras jurisdicciones en cuanto a la valoración probatoria; con relación a ese tema, la SCP 0030/2018-S2 sistematizó las siguientes sub reglas: “i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material…”. En el caso que se examina, las accionantes, pretenden que el Tribunal Constitucional Plurinacional efectué una nueva valoración probatoria del dictamen pericial y de la prueba de descargo que en su criterio la desvirtúa; lo que claramente no corresponde; puesto que, la valoración probatoria es una actividad propia de los jueces de las diferentes jurisdicciones, en ese caso de la ordinaria. En el marco de las sub reglas precedentemente citadas, cabe precisar que la prueba pericial a la que aluden las accionantes, fue admitida y producida en el momento procesal oportuno, razón por la cual no existía óbice alguno para su valoración. Menos aún, puede constituir un motivo razonable para impedir su valoración y desconocer su eficacia probatoria el supuesto defecto de admisión de la demanda; en consecuencia, no se advierte que los Magistrados ahora accionados hubiesen validado decisiones de los jueces de instancia que se hubiesen basado en una prueba inexistente.
Asimismo, resulta evidente, que el Tribunal de casación, se refirió a la valoración de las pruebas efectuada por el Tribunal de apelación, validando el valor que le otorgó el Juez de primera instancia; sin que se advierta que hubiesen incurrido en valoración irrazonable de la prueba de cargo y de descargo. En efecto, no se evidencia de la manera en la cual la documentación referida al antecedente dominial del lote objeto de la venta presentada por las demandadas -accionantes-; el silencio que guardó la parte actora sobre la tenencia de la documentación original, la llave de ingreso al bien inmueble que estaba en poder de las accionantes; y, la orden de citación del Ministerio Público para que Jimena Carola Carreño Cuadrado -accionante-, declare como testigo en el proceso penal seguido por un tercero; pueden desvirtuar las conclusiones de la prueba pericial referida a que la firma y rúbrica en el Contrato de compra venta de un lote de terreno de 26 de enero de 2018, en el protocolo notarial de la Escritura Pública 54/2018 y la fotocopia de la cédula de identidad de la hoy tercera interesada no le corresponde; lo mismo que las impresiones del pulgar de la mano derecha y la fotografía en la fotocopia de la cédula de identidad. Asimismo, no se advierte que el Tribunal casacional se hubiese apartado de los marcos legales respecto a la eficacia probatoria de la documentación original presentada por las accionantes; puesto que, siendo la pretensión de la demandante la nulidad del contrato de venta en razón de la falsificación de la firma de la vendedora, habiéndose demostrado con prueba científica que la firma y huella constantes en el documento de venta, no le pertenecían a la propietaria del bien inmueble que aparece como vendedora, la presunción de autenticidad mientras no se demuestre lo contrario a la que se refiere el art. 149 del CPC deja de tener eficacia y por consiguiente el documento falso carece de valor probatorio, precisamente en mérito a lo que dispone la citada norma legal y sobre todo al principio de verdad material. En mérito a lo precedentemente señalado, se concluye que no es evidente que los Magistrados ahora accionados en la valoración de la prueba hubiesen vulnerado el derecho al debido proceso, en su elemento de motivación, ni el principio de verdad material. Con relación a la denuncia de la interpretación errónea de la legalidad ordinaria del art. 147.II del CPC con relación al 111.I del citado Código, referidos a la obligatoriedad que tiene el demandante de sustentar su pretensión con prueba con valor legal bajo apercibimiento de no ser admitida en caso de incumplimiento Conforme lo tiene establecido la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, en mérito al principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional, los accionantes deben denunciar las vulneraciones de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales en las que hubiesen incurrido las autoridades judiciales o administrativas en todas las instancias, de manera tal que en caso de que persista dichas vulneraciones, recién pueden acudir ante la jurisdicción constitucional a objeto de que en esa instancia se conceda la tutela que corresponda. En el presente caso, resulta evidente que las accionantes, no observaron la admisibilidad de la demanda, en el momento procesal oportuno; puesto que, como lo admiten en la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, no platearon excepción previa; aun cuando ya en ese momento hubiese precluido su derecho a cuestionar la admisibilidad de la demanda, tampoco lo denunciaron a tiempo de formular su recurso de apelación contra la Sentencia 09/2020; puesto que, recién a tiempo de plantear el recurso de casación acusaron ese supuesto defecto procesal; es decir, no denunciaron esa supuesta vulneración en todas las instancias del proceso ordinario; por cuanto, no es posible examinar el fondo de dicha denuncia, precisamente por el incumplimiento del principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional. Finalmente, con relación a la supuesta vulneración de los principios de legalidad y seguridad jurídica, no corresponde pronunciamiento de fondo, ya que, las accionantes ni siquiera precisaron con relación a que derecho fundamental formulan esa denuncia, lo que resulta necesario, puesto que la tutela de los principios solo es posible cuando se encuentran vinculados a algún derecho fundamental o garantía constitucional. En mérito de lo precedentemente señalado, corresponde denegar la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 160/2022 de 4 de agosto, cursante de fs. 667 a 671 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0448_2024-S3.pdf · páginas 1 a 30.
Huella digital del PDF (SHA-256): 638a5f540a29122d728c645ed9101024313e280a275e1121411e40a9641cc6e8
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