B.IA.LEGAL

SCP 0448/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 16 de mayo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
16 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc.Georgina Amusquivar Moller
Expediente
44970-2022-90-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; toda vez que, la Vocal ahora demandada al emitir el Auto de Vista 741/2021 de 20 de diciembre, incurrió en las siguientes vulneraciones: a) Señaló que no existiría un plazo de su detención preventiva; motivo por el cual solicitó que el Juez a quo realice la imposición de un plazo para la mencionada detención; sin tomar en cuenta que existen dos plazos señalados con anterioridad, el primero de cuatro meses y el segundo de tres meses de detención preventiva, mismos que fueron cumplidos superabundantemente, derivando esta actuación en contraria a la normativa procesal penal vigente, para que se encuentre ilegalmente procesado y privado de su libertad, cumpliendo detención preventiva sin plazo; es decir, convirtiendo a dicha acción en una pena anticipada; y, b) Devolvió obrados al juez de turno para que complete sus fundamentos; en total transgresión a lo que establece la jurisprudencia constitucional, la cual señala, que en segunda instancia de medidas cautelares, no pueden devolverse obrados a los jueces de instrucción para que complementen sus fundamentos; sino más al contrario deben resolver directamente la situación jurídica del procesado, explicando las razones por las cuales persisten o desaparecen los motivos que fundaron la privación de libertad. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 55/2021 de 24 de diciembre, cursante de fs. 33 a 36, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en cuanto a los derechos a la libertad y debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 741/2021 de 20 de diciembre; debiendo dictarse una nueva resolución siempre que no se haya modificado la situación jurídica del accionante, conforme los antecedentes descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar a Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a evitar incurrir en lo ulterior en actuaciones que lesionen derechos fundamentales y garantías constitucionales; es decir, disponer la remisión de casos sin resolver el fondo de las apelaciones (debiendo en su caso revocarse o confirmarse la decisión impugnada); de persistir dichas actuaciones se remitirán antecedentes a la instancia administrativa pertinente para su investigación y sanción conforme el ordenamiento jurídico vigente.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento
  2. III.2. La prohibición de anular obrados por parte de la autoridad de segunda instancia, que resuelva apelaciones contra resoluciones que dispongan medidas cautelares
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0448/2023-S1 Sucre, 16 de mayo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc.Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 44970-2022-90-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 55/2021 de 24 de diciembre, cursante de fs. 33 a 36, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edman Saavedra Velásquez en representación sin mandato de Notker Dario Lazarte Castro contra Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de diciembre de 2021, cursante de fs. 6 a 11 vta., el accionante, expresó los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 20 de diciembre de “2020”, en audiencia de consideración de su recurso de apelación incidental contra la determinación asumida respecto a su cesación de la detención preventiva, la Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –ahora demandada–, “negó” la solicitud de la cesación de su detención preventiva, indicando que no se habría cumplido el plazo de la misma; empero, no se tomó en cuenta lo determinado por el art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) sobre el tiempo de la detención preventiva que es solicitado por el Ministerio Público. Además, la Vocal ahora demandada, en la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental planteado, dispuso la devolución de obrados al juzgado de turno, para que complete sus fundamentos; en total transgresión a lo que establece la jurisprudencia constitucional, la cual señala que en apelación de medidas cautelares, no pueden devolverse obrados a los jueces de instrucción para que complementen sus fundamentos; sino más al contrario, deben resolver directamente la situación jurídica del procesado, explicando las razones por las cuales persisten o desaparecen los motivos que fundaron la extrema medida de privación de libertad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; citando al efecto los arts. 13.I y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga se deje sin efecto el Auto de Vista 741/2021 de 20 de diciembre, y se conceda la cesación de su detención preventiva, aplicando una medida menos gravosa, restituyendo su derecho a la libertad inmediatamente.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 24 de diciembre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 30 a 32 vta.; produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos expuestos en su memorial de acción de libertad y ampliando los mismos, manifestó que: a) Al negarse su solicitud de cesación de la detención preventiva, interpuso recurso de apelación incidental, que fue de conocimiento de la Vocal ahora demandada; b) La autoridad judicial ahora demandada debe resolver la situación jurídica de la persona procesada, independientemente de la ausencia de fundamentos en los que hubiese incurrido el juez de primera instancia; es decir, debe responder a todos y cada uno de los planteamientos de las partes; c) En segunda instancia, tratándose de una impugnación vinculada a medidas cautelares, no se puede devolver obrados a los jueces de instrucción para que complementen sus fundamentos; sino más al contrario, deben resolver directamente la situación jurídica del procesado, ingresando a analizar los dos requisitos, previos a la detención preventiva; d) la primera infracción en la que incurrió la Vocal ahora demandada es la devolución de obrados al juez de turno para que complete sus fundamentos; en total transgresión a lo que establece la jurisprudencia constitucional; y, e) Como segunda infracción, se tiene que, la autoridad judicial ahora demandada refirió que no existiría un plazo de detención preventiva; pese a que, en la exposición de los motivos de su recurso de apelación mencionó que hay un plazo establecido por el a quo que era de tres y cuatro meses, plazo que se cumplió de manera sobre superabundantemente.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en audiencia, manifestó que: 1) Emitió el Auto de Vista 741/2021 en torno a las facultades que le otorga los arts. 396.III y 398 del CPP; es decir que, el límite de su competencia deviene de los agravios fundamentados, así “…en audiencia sostenida la parte accionante ha observado la emisión de una sentencia constitucional que revocaba una medida sustitutiva, hemos de saber todos los entendidos en derecho, que la materia extraordinaria constitucional se rige en la ley 254 emergente de aplicabilidad del 125 constitucional, en ese entendido la suscrita en calidad de vocal de sala ordinaria no tendría tuición para modificar una resolución constitucional que se encuentra en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, es esa acción de libertad motivada por la víctima la que ha ordenado se devuelva a detención preventiva al sindicado (…) como podrá advertir su autoridad significaría emitir una resolución alegada de la norma…” (sic); 2) Se dispuso la devolución de obrados al juez a quo, porque no se dio cumplimiento a la parte transitoria de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, respecto a la conminatoria fiscal, a efecto de pronunciarse sobre la pertinencia de la detención preventiva impuesta, con el fin de que la temporalidad invocada se cumpla, motivo por el cual considera que no existe fundamento alguno que sugiera que hubiese vulnerado derecho alguno de la parte accionante; y, 3) Existe una acción de libertad sobre la misma causa, bajo los iguales términos, que se encontraría en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional; y que tendría que utilizar el mecanismo de la queja constitucional de acuerdo al art. 17 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de Garantías, a través de la Resolución 55/2021 de 24 de diciembre, cursante de fs. 33 a 36, denegó la tutela solicitada; sobre la base de los siguientes fundamentos: i) En cuanto a la falta de pronunciamiento respecto al plazo de la detención preventiva, la Vocal ahora demandada “…emite su criterio y razonamiento en el entendido de que la misma no encuentra entre las actuaciones la existencia de un plazo otorgado al detenido preventivo para que cumpla esta medida, eso extrae precisamente a través de los fundamentos expresados en la Resolución 741/2021 que este tribunal ha dado lectura y no lo va a reiterar en estos fundamentos, considerando de que es también de conocimiento de los sujetos procesales por lo que no existe que en la misma haya omitido dar un pronunciamiento al respecto, entendiendo la misma bajo la sana critica que es la autoridad ad quem quien debe pronunciarse en relación a la existencia de un plazo para su consideración por la autoridad de apelación” (sic); y, ii) Con relación al peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, la Vocal ahora demandada observó la inexistencia de un pronunciamiento en la “Resolución 69/2021” por parte del juez a quo, por lo que, dispuso devolver obrados a efectos de que sea la autoridad judicial de primera instancia quien deba emitir pronunciamiento; consecuentemente “… estos aspectos han sido cumplidos por esta autoridad a efectos de poder emitir la determinación correspondiente, encontrándose la fundamentación y motivación de las decisiones bajo los criterios de la sana crítica de dicha autoridad y que a criterio de este tribunal no merecen ser reparada al no encontrarse agravios con relevancia constitucional por lo que bajo esos fundamentos el tribunal considera no ser viable la presente acción constitucional” (sic.).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece: II.1. Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Notker Dario Lazarte Castro –accionante– por la presunta comisión del delito de abuso sexual, María Melina Lima Nina, Jueza Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, emite Auto Interlocutorio 26/2021 de 14 de enero, disponiendo la detención preventiva del prenombrado –impetrante de tutela– manifestando que:

“…aplicando protección reforzada a sectores vulnerables, asimismo sentencia constitucional 273/2018-S4, 394/2018-S3, 23/2018.S2, aplicando principio de favor debilis se DISPONE UNA MEDIDA EXTREMA consistente en una DETENCIÓN PREVENTIVA EN EL RECINTO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ para el hoy IMPUTADO NOTKER DARIO LAZARTE CASTRO sea por el plazo de 4 meses…” (sic) Asimismo, bajo esos argumentos se aplica medidas de protección especial para la víctima. (fs. 16 a 18 vta.) II.2. A través de Resolución 69/2021 de 22 de noviembre, la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva en cuanto al art. 239.2 del CPP, indicando que:

“…es evidente que la presente causa ya se halla una fase de juicio al encontrarse en la misma parada en esta instancia procesal de juzgado de sentencia lo cual significa e implica que los actos investigativos han concluido por lo tanto ya no es necesario establecer o ampliar mayor cómputo de plazos para que el Ministerio Público prosiga con una investigación en contra del hoy acusado lo que significa que este plazo ha sido fenecido en tal consecuencia no se pretende solicitar una solicitud de cesación a la detención preventiva por este numeral cuando la investigación ya culminado y la causa se halla en una etapa de juzgado de sentencia por lo tanto no se puede otorgar mayor plazo al ministerio público.” (sic. [fs. 24 a 26]). II.3. En mérito al recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 69/2021, Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emite Auto de Vista 741/2021 de 20 de diciembre, determinando en su parte resolutiva que:

“…en aplicación del Art. 251 de la Ley 1173, acorde al Art. 396 núm. 3) y Art. 398 de la Ley 1970, determina ADMITIR el recurso de apelación motivado por el señor Notker Darío Lazarte Castro, al haber sido planteado en tiempo hábil y oportuno, y por los fundamentos expuestos DECLARA LA PROCEDENCIA EN PARTE de las cuestiones de agravios planteados con relación especifico a la ausencia de una fundamentada y congruente consideración del Art. 325 núm. 2) de la Ley 1173, esto en concordancia del Art. 124 de la Ley 1970 y asimismo de la Sentencia Constitucional N° 277/2018, por cuyo mérito REVOCA EN PARTE la Resolución N° 69/2021 de fecha 22 de noviembre de 2021, en lo que significaría –reiteramos- la adecuada consideración del Art. 235 núm. 2) de la Ley 1173. Por cuyo mérito, SE DISPONE DEVOLUCION DE OBRADOS ANTE LA JUEZ A QUO, A EFECTO DE UN PRONUNCIAMIENTO ESPECIFICO RESPECTO A LA CONCURRENCIA NO DE ESTE RIESGO, el cual, deberá realizar en un plazo no mayor de 48 horas a partir de su legal notificación, asimismo, se mantiene firme y subsistente en cuanto al fundamento expresado respecto al RECHAZO DE SOLICITUD DE CESACION A LA DETENCION PREVENTIVA del interlocutorio recurrido” (sic).

Ahora bien, la decisión asumida en el Auto de Vista 741/2021 se basó en:

“CONCLUSIONES …al respecto es importante tomar en referencia que la parte recurrente ha tenido a bien manifestar que habría solicitado la Cesación a la Detención Preventiva, suscitada ante el Juez Primero Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, al amparo del Art. 239 núm. 1) y 2) ambos de la Ley 1173 y por cuyo efecto se tiene que en el Considerando I del Interlocutorio referido efectivamente se hace referencia a la existencia únicamente de dos riesgos, es decir el Art. 234 en el numeral 7) y el Art. 235 núm. 2) evidenciando de acuerdo al contenido de este Considerando I, que durante el desarrollo de dicho actuado jurisdiccional se hubiera motivado que el Ministerio Público de manera objetiva no demuestra (…) con relación a este primer agravio es importante puntualizar, que el mismo habría sostenido que efectivamente en torno a la subsistencia del Art. 234 núm. 7), como peligro efectivo para la víctima (…) es importante puntualizar que este documento de garantía unilateral no ha sido debidamente motivado y objetivamente demostrado ante este Tribunal de Segunda Instancia a efecto de poder verificar un aspecto que resulta ser fundamental (…) por cuanto al extender esta garantía en presencia de una víctima de presunto agresión (…) respecto a un sector vulnerable que se encontraría sujeto además al Art. 60 Constitucional, bajo ese referente se tiene advertir que no únicamente la Juez A quo ha tenido un fundamento bajo las perspectivas de género, sino que también ha tenido a bien dar observancia a lo que significaría la prelación en la tutela de los derechos de un sector vulnerable sostenido en la Ley 548 Código Niña Niño y Adolescente, bajo este referente se tendría efectivamente un fundamento congruente respecto a la concurrencia del Art. 234 núm. 7) del Código de Procedimiento Penal, como peligro efectivo para la victima únicamente. 2. Con relación al segundo agravio sustentado en torno al Art. 235 núm. 2) del Código de Procedimiento Penal (…) sino tomamos en presente y de manera fundamental a la víctima, la cual efectivamente, se tiene que tomar dentro de un ámbito prelatorio incluso en Etapa del Juicio aun cuando se hubiera podido realizar como anticipo de prueba la declaración en cámara Gessell, hemos de acudir siempre a este principio protectivo a la víctima, no solamente entorno al género, sino a la condición que tiene de acuerdo a la Ley 548 Código Niña Niño y Adolescente y se ampara también en el Art. 60 Constitucional, bajo este referente se tiene que la Juez A quo, de manera parcial realiza una motivación con relación a la subsistencia del Art. 235 núm. 2) como riesgo de obstaculización y efectivamente, -reiteramos- si bien existe un Requerimiento Acusatorio y se hubieran invocado testigos inexistentes presuntamente; empero la Juez A quo no realiza un pronunciamiento especifico, con relación a este segundo aspecto, incurriendo efectivamente en una omisión a tiempo de emitir el interlocutorio recurrido, sin embargo de ello, este Tribunal de Alzada considera subsistente el Art. 235 núm. 2) de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal. 3. Asimismo, con relación al tercer agravio sustentado respecto al cumplimiento del plazo que establece el art. 239 núm. 2) de la Ley 1173, se tiene a bien advertir que efectivamente la norma de manera clara ha tenido a bien introducir esta modificación que se encuentra correctamente acorde al art. 233 ultima parte, en el cual, se puede advertir que si bien se cumple el término de la detención preventiva, de forma previa correspondería considerar si ameritare una ampliación; empero la ampliación debe ser fundamentada, motivada y requerida por el Ministerio Publico o en su defecto solicitada por la parte querellante o víctima, en el presente caso de autos no se ha podido advertir que hubiere efectivamente un requerimiento motivado por el Ministerio Publico previo al sustento de la Audiencia de Cesación a la Detención Preventiva, por cuyo efecto, existiría una ausencia en torno a este extremo, una ausencia, en torno a la aplicabilidad de la norma que la misma, hubiera sido generada de manera errónea, entendemos, mediante la Resolución Constitucional N° 155/2021 de fecha 01 de mayo de 2021, respecto a una Acción de Libertad sostenida en el Juzgado de Instrucción Penal N° 2 de la Ciudad de El Alto, donde efectivamente el Juez constituido en controlador de garantías constitucionales dispone la nulidad del Interlocutorio N° 123/2021 y el Auto de Vista N° 101/2021, invocando procedimiento en perspectiva de género en defensa del niño, niña adolescente y por cuyo mérito determina que el Señor Notker Dario Lazarte Castro, cumpla una detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro, si bien se tiene a invocar de manera reiterada el cumplimiento del plazo de la detención preventiva que efectivamente se encuentra regido en norma; empero este pronunciamiento emitido por un Juez controlador de garantías constitucionales ingresa en una jurisdicción extraordinaria, en la cual, se impone esta medida extrema sin prevenir la instrumentalidad o el periodo que contiene el Art. 239 en el numeral 2) y el Art. 233 en el numeral 3), empero de ello este pronunciamiento de ámbito extraordinario, es decir, Constitucional amerita para su modificación o reconducción, en torno a que la parte recurrente acuda precisamente al procedimiento que establece la Ley 254 – Código Procesal Constitucional, en lo que significaría la queja Constitucional u otros recursos que ameriten respecto a esta ausencia de fundamentación debidamente motivada y congruente bajo el principio de legalidad que si bien el Juez constituido en garante constitucional ha tenido a bien dar prelación a los derechos del niño niña adolescente, empero dentro de esta apelación y fundamentación ha omitido la observancia de la normativa vigente en torno a la Ley 1173, aspectos que recurrente debe acudir en torno al Art. 16 y 17 de la Ley 254 que le faculta, con el fin de poder introducir el plazo especifico a tiempo de cumplir la detención preventiva, -reiteramos omisión que efectivamente se puede advertir en torno a los actuados que cursan en el legajo de apelación, empero y sin embargo este Tribunal de Alzada no constituye en subsidiario o en segunda instancia en lo que significaría una Resolución de ámbito Constitucional, por lo cual, no correspondería en su modulación a este Tribunal” (sic [fs. 27 a 28 vta.]). Posteriormente, la parte víctima solicita complementación y enmienda, manifestando:

“…pedimos la complementación de su Resolución por lo siguiente, su autoridad ha dispuesto que se remita ante la Jueza de Grado, la Juez de grado se encuentra en vacaciones ¿quién va a emitir la nueva resolución? (…) distinguida Vocal de que no puede haber en apelación de Medida Cautelar reenvíos a los jueces cautelares, sino es el Vocal quien debe emitir una nueva Resolución, no hay reenvíos (…) en ese sentido le pido pueda complementar esos aspectos en esta Resolución tiene que resolverse todo, y están prohibidos los reenvíos…” (sic [fs. 28 vta.]).

Al respecto, la Vocal ahora demandada manifestó:

“En mérito a la complementación invocada por la defensa de la recurrente primero, con relación a la autoridad que resolverá la determinación emitida, considerando que nos encontramos frente a un caso con detenido a efectivizar la misma el juzgado que hubiera tenido en cuanto a la remisión del cuaderno del Juzgado de Origen, aquel Juzgado se encontraba de turno en Sentencia Penal, asimismo con relación a la jurisprudencia invocada es importante puntualizar que también se ha generado jurisprudencia en el caso denominado Ministerio Público ANAPOL por esta misma Sala Cuarta Penal a través de la Dra. Lovera y así también el Dr. Iván Córdova, en los cuales se ha determinado ante la ausencia de una objetiva y correcta fundamentación del art. 235 en sus núm. 1) y 2) que el juez a quo, emita nuevo criterio debido a que el Tribunal de Alzada no puede pronunciar dentro del límite de competencia en torno a un fundamento –reiteramos- de primera instancia que no hubiera considerado en su oportunidad, por cuyo mérito se tiene a bien sostener subsistente la determinación emitida, ordenando que en un plazo de 48 horas el juzgado de Sentencia de Turno pronuncie respecto al art. 235 núm. 2) como riesgo de obstaculización considerada en la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal.” (sic [fs. 29]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; toda vez que, la Vocal ahora demandada al emitir el Auto de Vista 741/2021 de 20 de diciembre, incurrió en las siguientes vulneraciones: a) Señaló que no existiría un plazo de su detención preventiva; motivo por el cual solicitó que el Juez a quo realice la imposición de un plazo para la mencionada detención; sin tomar en cuenta que existen dos plazos señalados con anterioridad, el primero de cuatro meses y el segundo de tres meses de detención preventiva, mismos que fueron cumplidos superabundantemente, derivando esta actuación en contraria a la normativa procesal penal vigente, para que se encuentre ilegalmente procesado y privado de su libertad, cumpliendo detención preventiva sin plazo; es decir, convirtiendo a dicha acción en una pena anticipada; y, b) Devolvió obrados al juez de turno para que complete sus fundamentos; en total transgresión a lo que establece la jurisprudencia constitucional, la cual señala, que en segunda instancia de medidas cautelares, no pueden devolverse obrados a los jueces de instrucción para que complementen sus fundamentos; sino más al contrario deben resolver directamente la situación jurídica del procesado, explicando las razones por las cuales persisten o desaparecen los motivos que fundaron la privación de libertad. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se analizará: 1) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; 2) La prohibición de anular obrados por parte de la autoridad de segunda instancia, que resuelva apelaciones contra resoluciones que dispongan medidas cautelares; 3) Análisis del caso concreto; y, 4) Otras consideraciones.

III.1. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento

Penal

Inicialmente, corresponde señalar que, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan; empero, son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: La premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese sentido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que:

Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva (el resaltado es ilustrativo).

Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe “Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada”, estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como “La motivación de las resoluciones como obligación del juez”, acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que:

…cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión (el resaltado es añadido).

Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada Sentencia Constitucional, extrayendo las razones de la SC 1356/2005-R de 31 de octubre, precisó que:

…cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas (el resaltado es nuestro).

De igual forma, la SC 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado “De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva”, refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al “fumus boni iuris” y el “periculum in mora”, previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 del mismo cuerpo adjetivo penal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que:

En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado en su SC 0089/2010-R- de 4 de mayo, “En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva” (el resaltado es ilustrativo).

Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP, la jurisprudencia de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado “El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva”, señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que: al tratarse de la aplicación de medidas cautelares:

Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: “Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad” (negrillas adicionadas).

En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 –ahora– art. 236.4 del CPP, agregó que:

En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP (el resaltado es ilustrativo).

Jurisprudencia constitucional que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0303/2013 de 13 de marzo de 2013, 0329/2016-S2 de 8 abril de 2016; y, 1158/2017-S2 15 de noviembre de 2017. Finalmente, siguiendo dichos razonamientos, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que:

…el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. (el resaltado nos corresponde).

Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que, las autoridades jurisdiccionales están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y, el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto al marco fáctico y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, máxime cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones. Ahora bien, en el caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del mismo cuerpo legal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 de la ley adjetiva penal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado.

III.2. La prohibición de anular obrados por parte de la autoridad de segunda instancia, que resuelva apelaciones contra resoluciones que dispongan medidas cautelares

La SC 1554/2004 de 27 de septiembre, prohibió que las autoridades de segunda instancia, a tiempo de resolver apelaciones contra resoluciones de primera instancia que dispusieran medidas cautelares, determinen la nulidad de dichas resoluciones impugnadas –con la finalidad de ser emitidas nuevamente–, no obstante considerar que las mismas carecieran de motivación, fundamentación o de valoración probatoria, disponiendo dicha Sentencia Constitucional, que en esos casos, las apelaciones deben ser resueltas, ya sea ratificando o revocando la decisión apelada, es decir, definiendo, en el fondo, la situación jurídica procesal de los imputados. Por su parte, también fue emitida la SCP 1569/2004-R de 27 de septiembre, que asumió el mismo entendimiento referido, pues en su Fundamento Jurídico III.2 explicó el trámite de la apelación incidental contra resoluciones de medidas cautelares, indicando que la entonces Corte Superior de Justicia debía resolver dichas apelaciones declarando la admisibilidad y la procedencia de la cuestión planteada; asimismo, estableció que el Tribunal ad quem del caso concreto analizado debió ingresar al fondo de la cuestión planteada, aprobando o revocando la resolución, pero de ninguna manera anular obrados por defectos absolutos, ya que tenía plena competencia para revisar y modificar dicha fallo, comprendiendo que ese era el objeto de dicho recurso, y, en aplicación del art. 168 del CPP, siempre que sea posible, el juez o tribunal deberá subsanar los defectos advertidos. La SC 1824/2004-R de 23 de noviembre, se basó expresamente en las entonces, no podían dejar de pronunciarse sobre el objeto de la alzada, por cuanto ello importa denegación de justicia, que ligada a la libertad, importa a su vez la privación indebida de ese derecho, debiendo tomarse en cuenta que las vocales debieron resolver la apelación aprobando o revocando la Resolución -si es que existían elementos probatorios que determinaban que no le era aplicable al representado del recurrente la detención preventiva- pero en ningún momento podían anular obrados por defectos absolutos pues las autoridades demandadas tienen plena competencia para revisar y modificar la resolución revisada, ya que ése es justamente el objeto del recurso.

Por consiguiente, las vocales recurridas incurrieron en un acto ilegal y una omisión indebida que afecta los derechos del defendido del recurrente a la seguridad jurídica, entendida como la garantía de la aplicación objetiva de la Ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de las autoridades pueda causarles perjuicio ( SSCC 287/1999-R, 1812/2003-R, 0216/2004-R, 698/2004-R, 1057/2004-R, entre otras); a la libertad de locomoción y la garantía del debido proceso, infringiendo el mandato del art. 9 de la CPE que establece que nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión, sino en los casos y según las formas establecida por ley, requiriéndose para la ejecución del respectivo mandamiento, que éste emane de autoridad competente y sea intimado por escrito”. (el énfasis es añadido). 5En su FJ III.1 y 2 estableció: “El art. 406 del CPP en cuanto al trámite del recurso de apelación incidental, que entre otras resoluciones, procede en contra de las que resuelven medidas cautelares o su sustitución (art. 403.3) señala que recibidas las actuaciones, la Corte Superior de Justicia decidirá, en una sola resolución, la admisibilidad del recurso y la procedencia de la cuestión planteada, dentro los diez días siguientes, salvo lo dispuesto por el art. 399 de ese Código…

III.2. En la problemática que se analiza, correspondía a las vocales recurridas resolver la apelación en la forma señalada por la disposición legal precedentemente citada, ingresando al fondo de la cuestión planteada, esto es aprobando o revocando la Resolución si consideraban que no existían los elementos probatorios que determinen la aplicación de la detención preventiva a los recurrentes, pero en ningún caso anular obrados por defectos absolutos, por cuanto tenían plena competencia para revisar y modificar dicha Resolución, ya que ése era el objeto del recurso, teniendo presente además que el art. 168 del CPP, refiriéndose a la actividad procesal defectuosa, señala que siempre que sea posible, el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, advertido del defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido, máxime tratándose del derecho a la libertad de los actores, en cuyo caso les correspondía subsanar inmediatamente los defectos” (las negrillas son añadidas). 6En su FJ III.2 dispuso: “De lo que se infiere que el Tribunal de alzada al momento de recibir las actuaciones pertinentes, debe ingresar al análisis del fondo de la cuestión planteada a efecto de resolver la misma, ya sea aprobando o revocando la resolución impugnada, de acuerdo a los antecedentes que informan del proceso, definiendo de esta manera la situación jurídica del o de la imputada, como lo ha establecido al jurisprudencia de este Tribunal. Así se ha establecido en la SC 1569/2004-R, de 27 de septiembre que señala “Las Vocales recurridas, al no haberse sujetado estrictamente su actuación en el trámite del recurso de apelación a lo señalado por el art. 406 del CPP, no realizaron una aplicación objetiva de la ley, vulnerando así la seguridad jurídica y la garantía del debido proceso, que por estar como en el caso directamente vinculada con el derecho a la libertad, abre inexcusablemente el ámbito de protección que brinda Sentencias Constitucionales citadas precedentemente, y aplicó su entendimiento, reiterando lo que las mismas establecieron, en el sentido que, el tribunal de apelación debía resolver el fondo de la impugnación para revocar o confirmar la decisión cuestionada, empero no correspondía disponer que la autoridad de primera instancia vuelva a emitir una nueva resolución. Posteriormente, el referido razonamiento fue utilizado también por la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre (aunque resolviendo una acción de amparo constitucional), que dispuso conceder la tutela ante la anulación de obrados por parte de los Vocales entonces demandados, quienes sostuvieron que el Juez a quo hubo emitido una decisión carente de fundamentación; bajo ese comprendido, la línea jurisprudencial advertida fue ratificada, continuando la vigencia de dicho razonamiento. Asimismo, se advierte la emisión de la SCP 0242/2018-S2 de 12 de junio, que identificó el razonamiento señalado previamente, bajo el título “Atribuciones específicas del tribunal de alzada a tiempo de tratar las apelaciones incidentales de medidas cautelares”, recogiendo el lineamiento jurisprudencial advertido supra, ratificándolo y manteniéndolo vigente, señalando que los tribunales de alzada que tienen que resolver apelaciones de medidas cautelares deben resolver el fondo de las mismas, revocando o confirmando la decisión impugnada. Posteriormente, se puede verificar que ese entendimiento no cambió, pues de forma más reciente, se utilizó dicho razonamiento en la SCP 0051/2020-S2 de 17 de marzo. el hábeas corpus, a los efectos de que se guarden las formalidades legales”; como en la SC 1554/2004-R, de 27 de septiembre.

Dentro de este marco (…) los vocales recurridos que conocieron el recurso de apelación incidental (…) no revocaron dicho fallo, tampoco lo aprobaron, es decir, no resolvieron ni definieron la cuestión planteada en la impugnación, puesto que se limitaron a disponer que la a quo proceda a dictar una nueva resolución en forma correcta y congruente de conformidad a la prueba presentada con la solicitud de cesación de la detención preventiva, disponiendo además, que se mantenga vigente esta detención, sin considerar que en ese momento la recurrente gozaba de libertad en virtud a la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, consiguientemente se infiere que no hicieron uso de la competencia que tienen para revisar y modificar la resolución impugnada …” (las negrillas fueron agregadas). 7El FJ III.5 dispone: “En resumen, al tribunal de apelación no le está permitido anular obrados cuando verifique que el juez de instrucción omitió explicar los motivos que le llevaron a determinar, rechazar o modificar una medida cautelar, o que lo hizo, pero de manera insuficiente; puesto, que como se señaló, tratándose de la disputa del derecho a la libertad, en cumplimiento de los principios constitucionales señalados anteriormente, deberá resolver directamente el caso remitido en apelación, precisando las razones y los elementos de convicción que sustentaron su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva, o viceversa”. 8 En su FJ III.1 estableció: “Sobre las atribuciones específicas del tribunal de alzada, que conoce los recursos de apelación de las resoluciones de medidas cautelares; la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar, que dicho tribunal de apelación debe ingresar al análisis de fondo del recurso, a efectos de resolverlo, ya sea aprobando o revocando la resolución impugnada, de acuerdo a los antecedentes del proceso; en ese sentido, no corresponde que anule obrados, sino resolver directamente el caso remitido en apelación. Entendimiento que se encuentra plasmado en las SSCC 1569/2004-R de 27 de septiembre, 1824/2004-R de 23 de noviembre[1] y reiterado por la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre[2], que en resumen establece en el F. J. III.5…” (las negrillas son añadidas). 9 El FJ III.2 dispone: “Ahora bien, de acuerdo a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Tribunal de alzada al momento de conocer el recurso de apelación incidental de las medidas cautelares tiene la atribución y obligación de resolver el mismo pronunciándose sobre el objeto de los agravios denunciados, el cual deberá ser de manera fundada y motivada aprobando o revocando la resolución cuestionada, no correspondiendo de ninguna forma anular obrados al advertir omisión o falta de explicación en la decisión del a quo, entendiendo que el superior en grado tiene plena competencia para revisar y modificar el fallo venido en revisión.

Consiguientemente, la jurisprudencia constitucional establece la prohibición de anulación de obrados por parte del tribunal ad quem, ante apelaciones incidentales contra medidas cautelares, cuando éste utiliza el justificativo que la resolución apelada carece de fundamentos, motivación o valoración probatoria. Ahora bien, se debe tomar en cuenta que esa prohibición de disposición de nulidad de obrados –según la jurisprudencia citada– obedece a que dicha nulidad, además de generar mayor dilación en el tratamiento de medidas cautelares, implica también denegación de justicia al no pronunciarse en el fondo, porque las autoridades de segunda instancia tienen plena competencia para revisar y modificar la resolución confutada. En síntesis, la línea jurisprudencial constitucional ha establecido la regla o el principio de que la autoridad jurisdiccional de segunda instancia no debe resolver las apelaciones de medidas cautelares anulando o devolviendo obrados, con el fundamento de haber advertido falta de fundamentación, motivación o de valoración probatoria en la resolución apelada, sino que debe resolver el fondo de la apelación, es decir, dar atención a los argumentos de la impugnación.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; toda vez que, la Vocal ahora demandada al emitir el Auto de Vista 741/2021, incurrió en las siguientes vulneraciones: i) Señaló que no existiría un plazo de su detención preventiva; motivo por el cual solicitó que el Juez a quo realice la imposición de un plazo para la mencionada detención; sin tomar en cuenta que existen dos plazos señalados con anterioridad, el primero de cuatro meses y el segundo de tres meses de detención preventiva, mismos que fueron cumplidos superabundantemente, derivando esta actuación en contraria a la normativa procesal penal vigente, para que se encuentre ilegalmente procesado y privado de su libertad, cumpliendo detención preventiva sin plazo; es decir, convirtiendo a dicha acción en una pena anticipada; y, ii) Devolvió obrados al juez de turno para que complete sus fundamentos; en total transgresión a lo que establece la jurisprudencia constitucional, la cual señala, que en segunda instancia de medidas cautelares, no pueden devolverse obrados a los jueces de instrucción para que complementen sus fundamentos; sino más al contrario deben resolver directamente la situación jurídica del procesado, explicando las razones por las cuales persisten o desaparecen los motivos que fundaron la privación de libertad. De los antecedentes descritos en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de abuso sexual, mediante Auto Interlocutorio 26/2021 de 14 de enero, el Juez de control jurisdiccional dispuso la detención preventiva del mismo (Conclusión II.1); posteriormente, el Juez de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero del departamento de La Paz, mediante Resolución 69/2021 de 22 de noviembre, rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva en cuanto al art. 239.2 del CPP, señalando que al encontrarse en fase de juicio, los actos investigativos concluyeron y no es necesario establecer o ampliar mayor cómputo de plazos de la detención preventiva (Conclusión II.2); a cuyo efecto, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación, que al ser de conocimiento de la Vocal ahora demandada mereció el Auto de Vista 741/2021, determinando REVOCAR EN PARTE la Resolución 69/2021, disponiendo la devolución de obrados ante el Juez a quo, con el objeto que el mismo emita un pronunciamiento específico respecto a la concurrencia de los riesgos procesales denunciados (Conclusión II.3). Bajo el contexto señalado, corresponde a continuación verificar si los extremos denunciados son evidentes y si en efecto la Vocal ahora demandada actuó apartándose de la normativa vigente, lesionando los derechos de la parte impetrante de tutela; en tal sentido, se tiene que:

III.3.1. Respecto a la primera problemática

El accionante denuncia que al emitir el Auto de Vista 741/2021 la Vocal ahora demandada señaló que no existiría un plazo de su detención preventiva; motivo por el cual solicitó que el Juez a quo realice la imposición de un plazo para la mencionada detención; sin tomar en cuenta que existen dos plazos señalados con anterioridad, el primero de cuatro meses y el segundo de tres meses de detención preventiva, mismos que fueron cumplidos superabundantemente, derivando esta actuación en contraria a la normativa procesal penal vigente, para que se encuentre ilegalmente procesado y privado de su libertad, cumpliendo detención preventiva sin plazo; es decir, convirtiendo a dicha acción en una pena anticipada

Al respecto, es necesario indicar que en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se estableció un alcance especial de la previsión contenida en el art. 398 del CPP, indicando que, si bien la labor del tribunal de alzada debe ceñirse a los puntos apelados, subyace la obligación de siempre fundamentar y motivar de manera integral las circunstancias que eventualmente justificarían la imposición de la medida cautelar extrema de la detención preventiva. Bajo ese marco, en mérito al recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la Resolución 69/2021, se tiene que, la Vocal ahora demandada a través de Auto de Vista 741/2021, manifestó:

“3. Asimismo, con relación al tercer agravio sustentado respecto al cumplimiento del plazo que establece el art. 239 núm. 2) de la Ley 1173, se tiene a bien advertir que efectivamente la norma de manera clara ha tenido a bien introducir esta modificación que se encuentra correctamente acorde al art. 233 ultima parte, en el cual, se puede advertir que si bien se cumple el término de la detención preventiva, de forma previa correspondería considerar si ameritare una ampliación; empero la ampliación debe ser fundamentada, motivada y requerida por el Ministerio Publico o en su defecto solicitada por la parte querellante o víctima, en el presente caso de autos no se ha podido advertir que hubiere efectivamente un requerimiento motivado por el Ministerio Publico previo al sustento de la Audiencia de Cesación a la Detención Preventiva, por cuyo efecto, existiría una ausencia en torno a este extremo, una ausencia, en torno a la aplicabilidad de la norma que la misma, hubiera sido generada de manera errónea, entendemos, mediante la Resolución Constitucional N° 155/2021 de fecha 01 de mayo de 2021, respecto a una Acción de Libertad sostenida en el Juzgado de Instrucción Penal N° 2 de la Ciudad de El Alto, donde efectivamente el Juez constituido en controlador de garantías constitucionales dispone la nulidad del Interlocutorio N° 123/2021 y el Auto de Vista N° 101/2021, invocando procedimiento en perspectiva de género en defensa del niño, niña adolescente y por cuyo mérito determina que el Señor Notker Dario Lazarte Castro, cumpla una detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro, si bien se tiene a invocar de manera reiterada el cumplimiento del plazo de la detención preventiva que efectivamente se encuentra regido en norma; empero este pronunciamiento emitido por un Juez controlador de garantías constitucionales ingresa en una jurisdicción extraordinaria, en la cual, se impone esta medida extrema sin prevenir la instrumentalidad o el periodo que contiene el Art. 239 en el numeral 2) y el Art. 233 en el numeral 3), empero de ello este pronunciamiento de ámbito extraordinario, es decir, Constitucional amerita para su modificación o reconducción, en torno a que la parte recurrente acuda precisamente al procedimiento que establece la Ley 254 – Código Procesal Constitucional, en lo que significaría la queja Constitucional u otros recursos que ameriten respecto a esta ausencia de fundamentación debidamente motivada y congruente bajo el principio de legalidad que si bien el Juez constituido en garante constitucional ha tenido a bien dar prelación a los derechos del niño niña adolescente, empero dentro de esta apelación y fundamentación ha omitido la observancia de la normativa vigente en torno a la Ley 1173, aspectos que recurrente debe acudir en torno al Art. 16 y 17 de la Ley 254 que le faculta, con el fin de poder introducir el plazo especifico a tiempo de cumplir la detención preventiva, -reiteramos omisión que efectivamente se puede advertir en torno a los actuados que cursan en el legajo de apelación, empero y sin embargo este Tribunal de Alzada no constituye en subsidiario o en segunda instancia en lo que significaría una Resolución de ámbito Constitucional, por lo cual, no correspondería en su modulación a este Tribunal” (sic).

Ahora bien, respecto a que la Vocal ahora demandada hubiese señalado que no existiría un plazo de detención preventiva para el accionante; y por ello, habría expresado que el Juez a quo realice la imposición de un plazo para su detención preventiva, soslayando que ya cumplió los dos plazos señalados con anterioridad; al respecto, del contenido del Auto de Vista 741/2021 se tiene que la Vocal ahora demandada advirtió como tercer agravio lo relacionado al cumplimiento del plazo previsto por el art. 239.2 del CPP y manifestó que en el presente caso no se advierte un pronunciamiento motivado del Ministerio Público previo a la audiencia de cesación a la detención preventiva, por ello, habría ausencia de aplicabilidad de la norma; además, señaló que dicha situación fue generada por la “Resolución 155/2021” del Juez de garantías dentro una acción de libertad, que dispuso la nulidad del “Auto Interlocutorio 123/2021” y el “Auto de Vista 101/2021”, que compulsando con perspectiva de género en defensa de la niñez y adolescencia determinó que el ahora accionante cumpla una detención preventiva sin prevenir la instrumentalidad o plazo “…que contiene el Art. 239 en el numeral 2) y el Art. 233 en el numeral 3)…”; en tal circunstancia, la Vocal ahora demandada precisó que dicha resolución constitucional debe ser modificada o reconducida, y para tal finalidad, el accionante debía acudir mediante queja u otros mecanismos previstos en el Código Procesal Constitucional, por ello, finalizó que dicha modificación no correspondía a “este Tribunal”. De dicha argumentación se extrae que no resulta evidente lo denunciado por el ahora accionante, quien señaló que la Vocal ahora demandada habría expresado que, el juez a quo realice la imposición de un plazo para su detención soslayando los dos plazos de privación ya cumplidos; cuando, contrariamente como se vio, la dicha autoridad judicial refirió que, por efecto de una resolución emitida en una anterior acción de libertad se dispuso la detención preventiva sin considerar el plazo de su privación, y que el impetrante de tutela debería acudir ante el mismo Juez de garantías conforme prevé el Código Procesal Constitucional reclamando tal omisión. No obstante lo señalado, esta instancia constitucional advierte que la argumentación desplegada por la Vocal ahora demandada, no tiene una justificación normativa relacionada a tratar el agravio del accionante; es decir, dicha autoridad judicial debió resolver lo argüido en cuanto al plazo de su privación sustentando en la normativa procesal penal, y no escudarse en la decisión emergente de un juez de garantías orientado al accionante a tramitar una queja u otro mecanismo; en ese entender, la Vocal ahora demandada debe tener presente que, las decisiones que resuelven medidas cautelares están sustentados en los principios de instrumentalidad y temporalidad, dando lugar a que no causen estado y pueden ser modificados en el tiempo. Consecuentemente, es evidente la falta de fundamentación y motivación incurrida, lo que conlleva conceder la tutela al respecto.

III.3.2. Respecto a la segunda problemática

El accionante denuncia que al emitirse el Auto de Vista 741/2021 la Vocal ahora demandada devolvió obrados al juez de turno para que complete sus fundamentos; en total transgresión a lo que establece la jurisprudencia constitucional, la cual señala, que en segunda instancia de medidas cautelares, no pueden devolverse obrados a los jueces de instrucción para que complementen sus fundamentos; sino más al contrario deben resolver directamente la situación jurídica del procesado, explicando las razones por las cuales persisten o desaparecen los motivos que fundaron la privación de libertad.

En cuanto a este punto, de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, se advierte que la misma, de manera reiterada y uniforme dispuso que las apelaciones contra resoluciones que dispongan medidas cautelares, no pueden ser resueltas por la autoridad de segunda instancia, limitándose a determinar la nulidad o devolución de obrados, con el fundamento de advertir falta de fundamentación, motivación o valoración probatoria en la resolución apelada, sino que debe resolverse el fondo de la apelación, atendiendo los motivos de la misma. Razonamiento que responde a que la situación jurídica del afectado en su libertad con medidas cautelares, debe ser resuelta sin dilaciones y decidiendo sobre su situación jurídica. Ahora bien, considerando que, en el presente caso, precisamente denuncia dicha dilación a través de la determinación de anular o devolver obrados, debe señalarse que, lo alegado ciertamente es evidente, ya que la Vocal ahora demandada claramente se retrasó la resolución de apelación del impetrante de tutela, dejando en incertidumbre su situación jurídico- procesal cuando dispuso que:

“…en aplicación del Art. 251 de la Ley 1173, acorde al Art. 396 núm. 3) y Art. 398 de la Ley 1970, determina ADMITIR el recurso de apelación motivado por el señor Notker Darío Lazarte Castro, al haber sido planteado en tiempo hábil y oportuno, y por los fundamentos expuestos DECLARA LA PROCEDENCIA EN PARTE de las cuestiones de agravios planteados con relación especifico a la ausencia de una fundamentada y congruente consideración del Art. 325 núm. 2) de la Ley 1173, esto en concordancia del Art. 124 de la Ley 1970 y asimismo de la Sentencia Constitucional N° 277/2018, por cuyo mérito REVOCA EN PARTE la Resolución N° 69/2021 de fecha 22 de noviembre de 2021, en lo que significaría –reiteramos- la adecuada consideración del Art. 235 núm. 2) de la Ley 1173. Por cuyo mérito, SE DISPONE DEVOLUCION DE OBRADOS ANTE LA JUEZ A QUO, A EFECTO DE UN PRONUNCIAMIENTO ESPECIFICO RESPECTO A LA CONCURRENCIA NO DE ESTE RIESGO, el cual, deberá realizar en un plazo no mayor de 48 horas a partir de su legal notificación, asimismo, se mantiene firme y subsistente en cuanto al fundamento expresado respecto al RECHAZO DE SOLICITUD DE CESACION A LA DETENCION PREVENTIVA del interlocutorio recurrido” (sic). Bajo ese contexto, se advierte que, la Vocal ahora demandada omitiendo realizar un análisis integral, dispuso la devolución de obrados ante la juez a quo, con el objeto que se emita un pronunciamiento específico respecto a la concurrencia o no del riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del CPP; señalando que:

“…la Juez A quo no realiza un pronunciamiento especifico, con relación a este segundo aspecto, incurriendo efectivamente en una omisión a tiempo de emitir el interlocutorio recurrido, sin embargo de ello, este Tribunal de Alzada considera subsistente el Art. 235 núm. 2) de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal. 3. Asimismo, con relación al tercer agravio sustentado respecto al cumplimiento del plazo que establece el art. 239 núm. 2) de la Ley 1173, se tiene a bien advertir que efectivamente la norma de manera clara ha tenido a bien introducir esta modificación que se encuentra correctamente acorde al art. 233 ultima parte, en el cual, se puede advertir que si bien se cumple el término de la detención preventiva, de forma previa correspondería considerar si ameritare una ampliación…” (sic). Ahora bien, pese a lo referido, debe considerarse que la exigencia de dicha revisión obedece al deber de revisión integral prevista por la jurisprudencia constitucional cuando estableció el alcance del art. 398 del CPP, que en este caso pudo haber sido el medio a través del cual la referida Vocal hubiese podido entender los errores advertidos, según su real alcance y no limitarse a la letra muerta de dichos errores, de manera tal que superados esos percances debió revisar los puntos de impugnación y resolverlos; respetando la esencia de la finalidad de la apelación, en base a los antecedentes de lo resuelto; y no obstante de ello, lo asumido en la parte dispositiva, se refleja una inconsistencia o incoherencia respecto del análisis realizado en la parte considerativa. En ese marco, se tiene que si bien la línea jurisprudencial claramente prohíbe que el tribunal de apelación anule o devuelva obrados, cuando advierta que hubo una resolución de primera instancia sin fundamentación, motivación ni valoración probatoria, esa prohibición también se hace extensible cuando se esté frente a errores de transcripción en las actas o autos de primera instancia, estando claro que solo se trate de ese tipo de errores y que, por ende, no constituyen el fiel reflejo de lo sucedido ni la verdadera finalidad de lo resuelto, siendo en esas circunstancias, posible superar dichos errores e ingresar a ratificar o revocar la decisión apelada, relativas a medidas cautelares; empero, como se vio en el caso concreto, la Vocal ahora demandada actuó contrariamente y pese a que las partes solicitaron se aclare las razones del por qué estaba reenviando el caso, y no resolverlo con un razonamiento distante a la jurisprudencia constitucional, ratifico su decisión, correspondiendo en consecuencia, conceder la tutela solicitada, pero además, incumbe exhortar a Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; que de advertirse nuevamente dicha actuación vulneratoria, se remitirá antecedentes a la instancia administrativa pertinente para su investigación y sanción conforme el ordenamiento jurídico vigente.

III.4. Otras consideraciones

Teniendo en cuenta que el presente caso, tiene como antecedentes un proceso penal por abuso sexual, donde la víctima es una menor de edad; incumbe a las autoridades jurisdiccionales, fiscales, y otros, aplicar el criterio de juzgamiento con perspectiva de género, que actualmente se constituyen en directrices imprescindibles a ser consideradas en todos los niveles del sistema de administración de justicia; por lo que, debe instarse a toda autoridad que ejerce jurisdicción –en el presente caso a la autoridad jurisdiccional que dirige el proceso penal seguido contra el accionante– que en el ejercicio de sus funciones, potestades y deberes, no se aparten y apliquen las referidas directrices, sin que ello signifique comprometer su imparcialidad y sometimiento a la Constitución Política del Estado y la Ley. De todo lo manifestado, el Tribunal de garantías al denegar la tutela solicitada, efectuó una inadecuada compulsa de los antecedentes.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 55/2021 de 24 de diciembre, cursante de fs. 33 a 36, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en cuanto a los derechos a la libertad y debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 741/2021 de 20 de diciembre; debiendo dictarse una nueva resolución siempre que no se haya modificado la situación jurídica del accionante, conforme los antecedentes descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar a Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a evitar incurrir en lo ulterior en actuaciones que lesionen derechos fundamentales y garantías constitucionales; es decir, disponer la remisión de casos sin resolver el fondo de las apelaciones (debiendo en su caso revocarse o confirmarse la decisión impugnada); de persistir dichas actuaciones se remitirán antecedentes a la instancia administrativa pertinente para su investigación y sanción conforme el ordenamiento jurídico vigente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (el resaltado nos corresponde).

2 El art. 398 del CPP señala que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”

3 El art. 236 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, vigente desde el 4 de noviembre del mismo año, señala: “El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal, será dictado por la jueza, el juez o tribunal del proceso y deberá contener: 1. Los datos personales del imputado o su individualización más precisa; 2. El número único de causa asignada por el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional correspondiente; 3. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen; 4. La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la medida, con las normas legales aplicables; 5. El lugar de su cumplimiento; 6. El plazo de duración de la medida”.

4 El FJ III.3.2 dispone: “Las Vocales recurridas, en el Auto de Vista impugnado, analizando la apelación, determinaron que el Juez Cautelar actuó en forma indebida, puesto que a más de no valorar la prueba, no fundamentó su determinación de disponer la detención preventiva de los imputados, ni examinó en forma individualizada las circunstancias de cada uno de ellos, declarando por ello la existencia de defectos absolutos para lo que invocaron el art. 169.3 del CPP que dispone que no serán susceptibles de convalidación los defectos que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en ese Código; sin embargo, las autoridades recurridas no consideraron que el objeto del recurso de apelación contra la Resolución de medidas cautelares, es precisamente la aplicación de tales medidas,

(…) Es decir, correspondía que los demandados resuelvan el fondo del agravio denunciado -art. 235.2 del CPP- en la apelación interpuesta por el Ministerio Público, explicando las razones y motivos de manera fundada del fallo emitido para luego confirmar o revocar el Auto Interlocutorio 28/19; al no haber obrado en dicho sentido, soslayando su deber de pronunciarse sobre la esencia de la impugnación, al anular la citada decisión dictada por el Juez a quo, lesionaron el derecho al debido proceso de los accionantes, en sus elementos de fundamentación y motivación, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela solicitada”.

10 Todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto sienta reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, en las situaciones dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de estos grupos altamente vulnerables es por demás ponderable; extremo, que conlleva a que aquellos razonamiento deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a mujeres, niñas, niños y adolescentes; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a las que se obligó nuestro Estado, respecto del deber de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, niñas. Niños y adolescentes guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0448_2023-S1.pdf · páginas 1 a 24.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9c1a647b50a281972064ebe42e8aa70b87b7aeee6334c2778aa6e5d0e7c7fa0a

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →