Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 15 de mayo de 2025
Deniega la tutela
La accionante denuncia como vulnerados sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral y a la seguridad social; puesto que, a pesar de que el 14 de noviembre de 2023, puso en conocimiento a la Jefa hoy accionada sobre su estado de gestación de dos a tres semanas, el 15 de ese mismo mes y año, se le notificó con la Nota con Cite: RRHH 3756/2023 de igual fecha; por la que se dio a conocer que tiene un contrato laboral hasta esa fecha y que la inamovilidad laboral no se aplica para trabajadores sujetos a contratos a plazo fijo; por lo que, ratificó la conclusión de su contrato por Memorando RH-1558/2023 de 25 de octubre. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Los contratos a plazo fijo y su relación con la protección a la mujer embarazada y al padre progenitor hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad; ii) Régimen de asignaciones familiares; y, iii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución S-23 de 6 de marzo de 2024, cursante de fs. 110 vta. a 115 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, -con la aclaración que se convocó al Vocal de su similar Segunda-; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0447/2025-S1 Sucre, 15 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 63901-2024-128-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución S-23 de 6 de marzo de 2024, cursante de fs. 110 vta. a 115 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mary Carmen Reyes Guzmán contra Fabiola Mariela Pérez Núñez, Jefa de Recursos Humanos (RR.HH.) a.i. de la Caja Nacional de Salud (CNS) Regional Santa Cruz.
La accionante por memoriales presentados el 18 de diciembre de 2023 y 31 de enero de 2024, cursantes de fs. 13 a 25; y, 29 a 36 vta., manifestó lo siguiente:
En su condición de profesional en Nutrición y Dietética, venía desempeñando tareas propias y permanentes en la CNS en el Hospital Materno Infantil. El 12 de noviembre de 2023, se realizó un examen de sangre que dio positivo a su prueba de embarazo, ratificada por la prueba de ultrasonido ginecológico, lo que fue puesto en conocimiento de la Jefa hoy accionada el 14 de ese mes y año, informando de su estado de gravidez y gestación, adjuntando los citados análisis, para que se considere su estabilidad laboral en ejercicio de su derecho a la inamovilidad laboral. Sin embargo, el 15 de noviembre de 2023, se le notificó con Nota con Cite: RRHH 3756/2023, en el que la Jefa ahora accionada dio a conocer que su persona tenía contrato laboral con la CNS desde el 16 de mayo al 15 de noviembre de 2023, y que la inamovilidad laboral no se aplica para trabajadores sujetos a contratos a plazo fijo de acuerdo a lo previsto por el Decreto Supremo (DS) 012/2009 de 19 de febrero, reiterando y ratificando la conclusión de su contrato por Memorando 1558/2023 de 25 de octubre. La emisión de la Nota con Cite: RRHH 3756/2023, llegó a desconocer no solo su inamovilidad laboral, sino afectó los derechos fundamentales establecidos por el art. 13.1 de la Constitución Política del Estado (CPE), lo que provocó a que se quede sin una fuente laboral con la que garantice a su hijo en gestación un desarrollo y formación saludable, generando a su vez una afectación a su estado de salud ante la preocupación de no conseguir una fuente laboral con la que pueda solventar sus necesidades básicas; además, de que se le privó al reconocimiento de las asignaciones familiares que tiene derecho el nuevo ser en gestación como parte de la seguridad a corto plazo. Su derecho al trabajo fue vulnerado debido al desconocimiento de su inamovilidad laboral; y por consiguiente, su estabilidad laboral; puesto que, las labores de nutrición que desempeñaba en la CNS se constituían en tareas propias y permanentes; asimismo, la CNS reconoce su protección laboral a través de la Ley General del Trabajo mediante Nota con Cite: RRHH 3756/2023 con su inclusión a los alcances de la Ley General del Trabajo de lo que se infiere que bajo los principios de verdad material y primacía de la realidad su relación laboral fue de carácter indefinido; por lo que el contrato a plazo fijo que se usa como pretexto para el desconocimiento dé su inamovilidad laboral, resulta un contrato simulado que busca materializar un fraude laboral, ya que la citada entidad de salud tiene como actividad principal la prestación de servicios de salud en favor de todos los asegurados, siendo el área de nutrición un servicio continuo y permanente, es absurdo considerar que sus labores eran transitorias.
La accionante denuncia como vulnerados sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral y a la seguridad social; citando al efecto los arts. 9, 13, 15, 18, 45, 46 y 48.VI de la CPE.
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Su inmediata reincorporación laboral con el mismo nivel salarial y al cargo de nutricionista-dietista en el Servicio Nutrición del Hospital Materno Infantil y Nefrología dependiente de la CNS, porque suscribió contratos en tareas propias y permanentes en la entidad empleadora, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, sea con el reconocimiento de todos los derechos de seguridad social, subsidios y otros; y, b) Se conmine a la Jefa hoy accionada a que una vez reincorporada a su fuente laboral se ordene el pago de salarios no percibidos por el tiempo que duró su ilegal desvinculación hasta su efectiva reincorporación.
Celebrada la audiencia virtual el 6 de marzo de 2024, cursante de fs. 107 a 115 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: 1) Si bien se le hizo conocer el Memorando 1558/2023, justamente de que en “esa fecha” iba a concluir su relación laboral, se ratifica y reitera que la Nota con Cite: RRHH 3756/2023 es la de cierre que vulneró sus derechos fundamentales; 2) Uno de los problemas traídos para su consideración es poder determinar si al nasciturus le corresponden las asignaciones familiares y las coberturas de salud de corto plazo, y el segundo problema es si corresponde la inamovilidad laboral de una trabajadora que suscribió contratos a plazo fijo, debiéndose asumir un razonamiento progresivo con relación a la aplicación e interpretación que se tiene que dar al ordenamiento jurídico; 3) Con relación a la inamovilidad laboral por embarazo en contratos a plazo fijo se tiene la Ley 0975 de 2 de marzo de 1988, que no establece ningún tema de distinción o discriminación si es que la inamovilidad laboral corresponde a un trabajador a contrato a plazo fijo o que tiene una relación indefinida; y, 4) El 14 de noviembre de 2023, un día antes de la conclusión de su relación laboral comunicó de su estado de gestación.
Fabiola Mariela Pérez Núñez, Jefa de RR.HH. a.i. de la CNS Regional Santa Cruz, a través de su representante legal, en audiencia señaló que: i) El 10 de noviembre -se entiende de 2023- presentó el Memorando 1558/2023, y el 14 de ese mes y año hizo llegar una nota en la que desde el 12 de igual mes y año, estaría embarazada; sin embargo, esperó hasta el último día que le quedaba del contrato para poder explicar el motivo; ii) El 12 del mismo mes y año; se realizó la prueba de embarazo de forma particular y no en la CNS y fue presentada a la unidad de RR.HH. siendo remitida inmediatamente a Asesoría Legal, que por Informe Legal “AJR234” recomendó que conforme al art. 5 del DS 012 de 19 de febrero, la relación laboral no se aplica para los trabajadores a contrato a plazo fijo, ya que la persona contratada conocía la fecha exacta en que concluiría su relación laboral, encontrándose “a la fecha” fenecida su relación laboral, siendo que toda la documentación fue remitida a última hora; iii) Para presentar cualquier carta o denuncia se pide que el certificado médico de embarazo sea extendido por el ente gestor de salud o por establecimiento público de salud; iv) La accionante aceptó firmando el citado Memorando; v) Al no presentar algún certificado emitido por el ente gestor no se conoce la procedencia en el tiempo de embarazo exacto porque el certificado no fue emitido por la misma institución; además, que la accionante no cumplió con requisitos institucionales de contratación; vi) El contrato de la nombrada no fue visado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, como sí lo fueron las dos planillas de “estos dos” contratos; y, vii) La contratación de Nutricionista es de carácter temporal y se encuentra establecida en la Cláusula 3 del contrato que firmó; por lo que, no tiene una relación directa y se la requirió bajo las necesidades institucionales.
Cesar Figueroa Administrador de la CNS Regional Santa Cruz, por informe presentado el 6 de marzo de 2024, así como en audiencia a través de su abogado, señaló que: a) La accionante suscribió dos contratos laborales a plazo fijo, el primero con vigencia del 13 de febrero al 9 de mayo de 2023, y el segundo, de 16 de ese mes al 15 noviembre del mismo año; por lo que “A la fecha” no le corresponde ningún derecho laboral, más aun cuando no se sometió a ningún concurso de méritos y examen de competencia; b) Los citados contratos fueron de pleno conocimiento de la accionante quien los firmó; y, c) En los contratos a plazo fijo no alcanza la inamovilidad laboral, prueba de ello se tiene señalado en la Cláusula segunda de los contratos laborales que firmó la accionante, que tiene como objeto la prestación de servicios por necesidad extraordinaria de manera temporal. Por lo cual solicita se deniegue la tutela. Basilio Muruchi Ramos, ex Jefe Médico a.i. de la CNS Regional Santa Cruz en audiencia, manifestó que se adhiere a lo expresado por el Administrador ahora tercero interesado, y agregó que cualquier persona que quiera acceder a “este beneficio” debe cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, que el certificado de embarazo sea emitido por el ente gestor de la seguridad social, lo que en el caso concreto adolece.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, -con la aclaración que se convocó al Vocal de su similar Segunda-, mediante Resolución S-23 de 6 de marzo de 2024, cursante de fs. 110 vta. a 115 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) La SCP 0092/2021-S3 de 20 de abril, no crea jurisprudencia ni precedente, cita la SCP 0789/2012 de 13 de agosto, que establece tres supuestos en los que los contratos a plazo fijo gozan de inamovilidad laboral; 2) En ese sentido se analizó la aplicabilidad de esos tres supuestos en el caso concreto, el primero, cuando el trabajador continuó ejerciendo las funciones para las cuales fue designado de manera ininterrumpida con conocimiento del empleador. En este caso, la accionante y la parte hoy accionada coincidieron de que se tiene un contrato a plazo fijo, así la CNS hizo conocer de que mantiene la desvinculación laboral conforme al contrato suscrito con la accionante; es decir, que la nombrada ya no continuó trabajando posterior al 15 de noviembre de 2023, no siendo aplicable el primer supuesto; 3) En cuanto al segundo presupuesto, de que el trabajador suscribió más de dos contratos a plazo fijo, operando la tacita reconducción; en el caso concreto se suscribieron dos contratos; por cuanto, se cumplió el límite permitido por la norma; por lo que, tampoco es aplicable ese presupuesto; 4) Respecto al tercer presupuesto, relativo a que si el contrato a plazo fijo suscrito fue para trabajos propios y permanentes de una empresa; se tiene que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social es el competente para verificar si el contrato tiene relación directa con los trabajos propios y permanentes con la entidad o empresa; en el caso concreto se señaló que los contratos no fueron visados por el citado Ministerio como si lo fueron las planillas de sueldos, ante tal ausencia era una obligación del empleador y no del trabajador; empero, la accionante de manera escrita o en audiencia debió establecer la certeza porqué consideraba que el cargo de Nutricionista tenía relación directa con las funciones propias de la CNS, lo que no fue efectuado; y, 5) La Cláusula Cuarta del último contrato suscrito con la accionante se entiende que fue por causa de fuerza mayor, cuestiones circunstanciales que en ese momento la entidad requería la prestación del servicio de Nutricionista, lo cual no fue desvirtuado por la accionante. En vía de aclaración, enmienda y complementación, la accionante a través de su abogado solicitó aclaración sobre los siguientes puntos: i) En la parte resolutiva se establezca con claridad respecto a las asignaciones familiares del nasciturus; y, ii) Se refirió de que no se precisó el tema de nexo de causalidad entre la actividad principal de la CNS y las labores que desarrolló; empero, en el memorial de la acción de amparo constitucional se señaló que el servicio de nutrición se constituye en una actividad permanente y propia de la CNS siendo ese servicio de nutrición en el que trabajaba su persona; ya que, se debe aclarar por qué no se aplicaron los principios de razonabilidad logicidad, sana crítica y experiencia. En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional, declaró no ha lugar, manifestando que: a) En cuanto al nasciturus, se resolvió denegar la tutela en su totalidad, y se establecieron los fundamentos en los que sí es aplicable la inamovilidad laboral; b) En cuanto a la razonabilidad, logicidad, se debió establecer el nexo de causalidad entre la causa petendi el petitium, siendo obligación de la accionante que de forma escrita u oral pueda complementarla, lo que fue establecido por la jurisprudencia constitucional; y, c) No se señaló la relación directa entre la contratación y su relación directa con la función principal o acto propio en la entidad, que la contrató, y esa Sala Constitucional desconoce cuál es la función principal de Nutricionista y su relación con la actividad principal de la CNS, debiendo ser demostrado ese aspecto por la accionante.
Por memorial presentado el 16 de mayo de 2024, cursante de fs. 118 a 119 vta., Mary Carmen Reyes Guzmán solicitó adelanto de sorteo por encontrase en estado de gestación; ante lo cual, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional mediante el Auto Constitucional (AC) 109/2024-CA/S de 24 de mayo, cursante de fs. 120 a 122, dispuso no ha lugar al adelanto de sorteo del expediente.
Posteriormente, por memorial presentado el 3 de junio de 2024, cursante de fs. 129 a 130 vta., la accionante, reiteró su solicitud de adelanto de sorteo por encontrase en estado de gestación adjuntando prueba documental; ante lo cual, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional por AC 140/2024-CA/S de 11 de junio, cursante de fs. 131 a 134, dispuso ha lugar al adelanto de sorteo del expediente.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Constan Contratos de Trabajo a Plazo Fijo: 1) 30-1163/2023, con vigencia de duración de 13 de febrero a 9 de mayo de 2023; y, 2) 30-1658/2023, con vigencia de duración de 16 de igual mes y año a 15 de noviembre de ese año, suscritos entre Mary Carmen Reyes Guzmán -hoy accionante- y la CNS Regional Santa Cruz, siendo el objeto de los contratos la necesidad de servicios como Nutricionista, y su naturaleza, se constituye en un contrato a plazo fijo en el que el contratado al momento de suscripción declara conocer la temporalidad y carácter eventual de su contratación sin obligación de la CNS de reconducción y sin lugar a posteriores reclamos una vez concluida la relación laboral (fs. 66 a 67 vta.). II.2. Cursa Memorando RH-1558/2023 de 25 de octubre, emitido por Fabiola Mariela Pérez Núñez, Jefa de RR.HH. a.i. -hoy accionada-, Basilio Muruchi Ramos, Jefe Médico Regional a.i. -ahora tercero interesado-; y, Cesar Figueroa, Administrador Regional a.i. -hoy tercero interesado-, todos de la CNS Regional Santa Cruz, dirigido a la accionante, Nutricionista; por el que, conforme a la Cláusula Tercera del Contrato de Trabajo suscrito entre la nombrada y la CNS es que la unidad de RR.HH. Regional Santa Cruz le notificó que su contrato Laboral con la CNS concluiría el 15 de noviembre de 2023, haciendo llegar el agradecimiento por los servicios que desempeñó. Memorando que fue recepcionado por la accionante el 10 de ese mes y año (fs. 5). II.3. Consta examen de Ultrasonido Ginecológico Transvaginal de 13 de noviembre de 2023, emitido por Juan Carlos Beltrán Vásquez, Ultrasonografía, de “ecoMater”, efectuado a la accionante en el que se concluyó que cuenta con un embarazo iniciado de dos a tres semanas por parámetros ecográficos y tiene amenaza de aborto (fs. 11). II.4. Por Nota presentada el 14 de noviembre de 2023, ante la Jefa hoy accionada, la accionante dio a conocer su estado de gestación de dos a tres semanas según los análisis realizados (ecografía, análisis de sangre) efectuados de manera privada (fs. 4).
II.5. Mediante Nota con Cite: RRHH-3756/2023 de 15 de noviembre, dirigida a la accionante; la Jefa hoy accionada respondió que el término acordado de relación laboral con la CNS Regional Santa Cruz, fue desde el 16 de mayo hasta el 15 de noviembre de 2023; en apego al art. 5 del Decreto Supremo (DS) 012 de 19 de febrero de 2009, con relación a lo laboral no se aplica para las trabajadoras que se encuentran en una relación laboral sujeta a contratos a plazo fijo, ya que la accionante conoce la fecha en la que concluirá su relación laboral sujeta a plazo fijo (fs. 6).
La accionante denuncia como vulnerados sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral y a la seguridad social; puesto que, a pesar de que el 14 de noviembre de 2023, puso en conocimiento a la Jefa hoy accionada sobre su estado de gestación de dos a tres semanas, el 15 de ese mismo mes y año, se le notificó con la Nota con Cite: RRHH 3756/2023 de igual fecha; por la que se dio a conocer que tiene un contrato laboral hasta esa fecha y que la inamovilidad laboral no se aplica para trabajadores sujetos a contratos a plazo fijo; por lo que, ratificó la conclusión de su contrato por Memorando RH-1558/2023 de 25 de octubre. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Los contratos a plazo fijo y su relación con la protección a la mujer embarazada y al padre progenitor hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad; ii) Régimen de asignaciones familiares; y, iii) Análisis del caso concreto.
La SCP 0647/2016-S3 de 7 de junio, establece que: “El art. 48.VI de la CPE, refiere que: ‘Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad’. Por su parte, el art. 2 del Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, respecto a la inamovilidad laboral, preceptúa que: ‘La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo’.
Asimismo, esta disposición legal reglamenta las condiciones de inamovilidad laboral de la madre y padre progenitores; empero, advierte una salvedad en su art. 5.II cuando señala que ‘La inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo estas u otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma…’ (…), marco normativo que fue desarrollado por la SCP 0789/2012 de 13 de agosto. Asimismo, con relación a las modalidades o tipos de contratos de trabajo, el art. 12 de la Ley General del Trabajo (LGT), regula que: ‘El contrato de trabajo podrá pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio’. Al respecto, se tiene que un contrato a plazo fijo, es aquel caracterizado por una duración determinada o el establecimiento de un tiempo acordado de permanencia de la relación laboral” (las negrillas nos corresponden). Por consiguiente, la SCP 0789/2012 de 13 de agosto, señala que: “…si bien por los argumentos expuestos, en los contratos a plazo fijo, no es aplicable la inamovilidad laboral del padre o madre progenitor, ya que ha fenecido el término acordado entre partes y se extingue la relación laboral, empleador, está obligado a cancelar, si corresponde, los beneficios que la ley acuerda para tales casos, por lo que, es razonable en no poder exigirse al empleador mantener a la trabajador (a) en el cargo aunque haya resultado en el caso de la trabajadora embarazada en el lapso de la prestación de servicios empero, debe considerarse su aplicabilidad en los siguientes supuestos: a) Cuando el trabajador o trabajadora ha continuado ejerciendo las funciones para las cuales fue designado de manera ininterrumpida, con conocimiento del empleador, lo que implicaría consentimiento, y sin haberse firmado ningún documento de prórroga, se entendería que se ha producido tácita reconducción, conforme establece el art. 21 de la LGT:
b) Cuando el trabajador o trabajadora, contratada a plazo fijo, ha suscrito el mismo en más de dos oportunidades, operando la tacita reconducción, es aplicable la estabilidad laboral conforme lo establece la Ley 975 y el DS. 0012 de 19 de febrero de 2009; y c) Cuando se ha celebrado este tipo de contrato para trabajos propios y permanentes de una empresa, siendo que el mismo es una prohibición expresa establecida por ley e implica tacita reconducción, también es aplicable la estabilidad laboral; empero, a este efecto es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de la Dirección General del Trabajo, Jefaturas Departamentales y Regionales, es el competente para la verificación del tipo de contrato antes del visado correspondiente, en cumplimiento a la RA 650/007 de 27 de Abril de 2007…” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 1102/2022-S4 de 26 de agosto, establece que: “el art. 45 de la CPE, en su parágrafo I, dispone que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social; así también en el parágrafo III del mismo artículo, reconoce que el régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas, maternidad y paternidad, riegos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales, desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalides, viudez, vejez y muerte, vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. Asimismo, el art. 48 de la Norma Suprema, prevé en su parágrafo I, que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio; el parágrafo IV, establece que los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegios y preferencia sobre cualquier otra acreencia y son inembargables e imprescriptibles, entre ellos los subsidios prenatal y de lactancia. El Decreto Supremo (DS) 21637 de 25 de junio de 1987, que Reglamenta el art. 3 de la Ley 924 de 15 de abril de 1987, reconoce las siguientes prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado: a) Subsidio prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaría, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los cinco últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad, b) el subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo un pago mínimo nacional; y, c) Subsidio de lactancia consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida. El DS 3546 de 1 de noviembre de 2018, que modifica el art. 25 del Decreto Supremo 21637, establece en su art. 25, que se reconocen las prestaciones del Régimen de las Asignaciones Familiares, que serán pagadas a su cargo y costo directamente por los empleadores de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras: ‘a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaría, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2 000.- durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad; b) el subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo un pago mínimo nacional; y, c) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.-(DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida’. [ahora equivalente a Bs2 000.-conforme la modificación efectuada por el DS 3546 de 1 de mayo de 2018]. En relación al pago retroactivo de las asignaciones familiares, el art. 19 de la Resolución Ministerial (RM) 1676 de 22 de noviembre de 2011, prevé que se efectuará en los siguientes casos: ‘1. La compensación del subsidio en especie y en dinero se realizará con carácter retroactivo, a los meses correspondientes, en caso que el empleador hubiese incumplido la otorgación de las asignaciones familiares de manera oportuna. 2. El retroactivo del subsidio en especie es otorgado al primer mes de cada año de acuerdo al incremento del Salario Mínimo Nacional’ ” (las negrillas son nuestras).
La accionante denuncia como vulnerados sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral y a la seguridad social; puesto que, a pesar de que el 14 de noviembre de 2023, puso en conocimiento de la Jefa hoy accionada sobre su estado de gestación de dos a tres semanas, el 15 de ese mismo mes y año, se le notificó la Nota con Cite: RRHH 3756/2023 de igual fecha; por la que se dio a conocer que tiene un contrato laboral hasta esa fecha y que la inamovilidad laboral no se aplica para trabajadores sujetos a contratos a plazo fijo; por lo que ratificó la conclusión de su contrato por Memorando RH-1558/2023 de 25 de octubre. Ahora bien de la revisión de antecedentes se tienen dos Contratos de Trabajo a Plazo Fijo: a) 30-1163/2023, con vigencia de duración del 13 de febrero al 9 de mayo de 2023; y, b) 30-1658/2023, con vigencia de duración del 16 de igual mes al 15 de noviembre de ese año, suscritos entre la accionante y la CNS Regional Santa Cruz, siendo el objeto de los contratos la necesidad de servicios como Nutricionista, y su naturaleza, se constituye en un contrato a plazo fijo en el que el contratado al momento de suscripción declara conocer la temporalidad y carácter eventual de su contratación sin obligación de la CNS de reconducción y sin lugar a posteriores reclamos una vez concluida la relación laboral (Conclusión II.1.). Por Memorando RH-1558/2023, emitido por la Jefa hoy accionada; el Jefe Médico Regional y el Administrador Regional hoy terceros interesados, dirigido a la accionante, Nutricionista; por el que conforme a la Cláusula Tercera del Contrato de Trabajo suscrito entre la nombrada y la CNS es que la unidad de RR.HH. Regional Santa Cruz le notificó que su contrato Laboral con la CNS concluiría el 15 de noviembre de 2023, haciendo llegar el agradecimiento por los servicios que desempeñó. Memorando que fue recepcionado por la accionante el 10 de ese mes y año (Conclusión II.2.). Así también se tiene, el examen de Ultrasonido Ginecológico Transvaginal de 13 de noviembre de 2023, efectuado a la accionante en el que se concluyó que cuenta con un embarazo inicial de 2 a 3 semanas por parámetros ecográficos y tiene amenaza de aborto (Conclusión II.3.), lo que por Nota presentada el 14 de igual mes y año, ante la Jefa hoy accionada; la accionante dio a conocer su estado de gestación de dos a tres semanas según los análisis realizados (ecografía, análisis de sangre) efectuados de manera privada (Conclusión II.4.); y, a través de la Nota con Cite: RRHH-3756/2023, dirigida a la accionante; la Jefa hoy accionada respondió que el termino acordado de relación laboral con la CNS Regional Santa Cruz fue desde el 16 de mayo al 15 de noviembre de 2023; en apego al art. 5 del DS 012 con relación a lo laboral no se aplica para las trabajadoras que se encuentran en una relación laboral sujeta a contratos a plazo fijo, ya que la accionante conoce la fecha de en la que concluirá su relación laboral sujeta a plazo fijo (Conclusión II.5.). El art. 48.VI de la CPE, establece la garantía de inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, así como de los progenitores hasta que su hija o hijo cumpla un año de edad, la cual en el marco del art. 13 de la Norma Suprema es universal -además inviolable, interdependiente, indivisible y progresivo-; sin embargo, la jurisdicción constitucional estableció que los derechos constitucionales -y por extensión las garantías constitucionales- no son absolutas conforme lo determinado en la SCP 0912/2013 de 20 de junio, siendo posible su restricción siempre y cuando se cumplan los presupuestos establecidos por la propia jurisprudencia. En ese sentido, el art. 5.II del DS 0012 estableció que “La inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo éstas u otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma…”; es decir, que en los contratos a plazo fijo no es aplicable la inamovilidad laboral de la madre y padre progenitores; puesto que, feneció el término acordado entre partes, extinguiéndose la relación laboral; debiendo el empleador cancelar los beneficios que la ley acuerda para esos casos; no obstante lo anterior, el referido art. 5.II determina una salvedad en cuanto a la inaplicabilidad de la inamovilidad laboral en contratos de trabajo temporales, eventuales o de obra al señalar “…que las relaciones laborales en las que bajo éstas u otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma…” (las negrillas nos corresponden). En el presente caso, conforme a lo señalado por la Jefa ahora accionada, la desvinculación laboral de la accionante tuvo lugar por el cumplimiento del plazo de prestación de sus servicios que feneció el 15 de noviembre de 2023; por lo que, al ser un contrato de plazo fijo la persona contratada conocía la fecha exacta de la conclusión de su relación laboral, esperando la accionante el último día para hacer conocer su estado de embarazo. Sin embargo, la nombrada refirió que a pesar de hacer conocer a la CNS Regional Santa Cruz su situación de embarazo, la citada entidad de salud a través de la Nota con Cite: RRHH 3756/2023 procedió a desvincularla de su fuente laboral sin solventar sus necesidades básicas, así como el reconocimiento de sus asignaciones familiares; además, por la inmediatez que merece la protección de los derechos de la mujer embarazada y del ser en gestación, es que acudió a la jurisdicción constitucional denunciando la vulneración de sus derechos fundamentales. Es así que, de acuerdo a los antecedentes, la accionante únicamente suscribió dos contratos a plazo fijo: 30-1163/2023 y 30-1658/2023, en los que se determinó un plazo de duración y la prohibición del contratado de continuar la prestación de servicios una vez concluida la fecha de vigencia prevista, salvo en los casos que se posea autorización expresa de autoridad competente, aspecto señalado en la Cláusula Tercera del último contrato -30-1658/2023-; además, -a manera de reiteración- a través del Memorando RH-1558/2023 recibido por la accionante el 10 de noviembre de 2023, se le notificó con la conclusión de su contrato, señalando que conforme a la citada Cláusula Tercera, el referido Contrato concluía el 15 de ese mes y año, haciéndole llegar el agradecimiento por sus servicios, y que antes de pasar esa fecha debía entregar bajo inventario todo el material y activos que se encontraban a su cargo. En ese sentido, de conformidad a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la aplicabilidad de la inamovilidad en contratos a plazo fijo se otorga en los siguientes supuestos, cuando: “…trabajadora ha continuado ejerciendo las funciones para las cuales fue designado de manera ininterrumpida, con conocimiento del empleador (…) o trabajadora, contratada a plazo fijo, ha suscrito el mismo en más de dos oportunidades, operando la tacita reconducción [y] Cuando se ha celebrado este tipo de contrato para trabajos propios y permanentes de una empresa” (las negrillas nos pertenecen); ahora bien, respecto al primer supuesto, no se advierte que la accionante una vez concluida su relación laboral con la CNS hubiese continuado ejerciendo sus funciones laborales y éstas sean de conocimiento de su empleador, menos que existió un acto consensuado entre éste y la accionante para la continuación en la prestación de sus servicios. Así también, con relación al segundo presupuesto no se evidencia la suscripción de un tercer contrato, y así pueda operar una tácita reconducción después de su segundo contrato, más aún cuando a través del Memorando RH-1558/2023, comunicado cinco días antes de la conclusión del segundo contrato de la accionante, se reiteró claramente la fecha de conclusión de su relación laboral establecida en la Cláusula Tercera del Contrato 30-1658/2023, aspecto que permite concluir que la CNS no tenía la intención de continuar la relación laboral con la accionante, ni de elaborar un nuevo contrato temporal, lo que además fue comunicado con anticipación, no cumpliéndose con este segundo presupuesto. En cuanto al tercer presupuesto, la Cláusula Segunda del Contrato 30-1658/2023 determinó como objeto contractual “POR NECESIDAD DE SERVICIO”, y su naturaleza, determinada en la Cláusula Cuarta “por razón de fuerza mayor” ante la necesidad extraordinaria de prestación de servicios, aspectos que la accionante conocía plenamente al momento de firmar los dos contratos, y que no puede ser atribuido a que realizó funciones en tareas propias y permanentes; además, que no se tiene certeza de que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social hubiese establecido si se trataba de esa clase de tareas; por lo que, no se tiene convencimiento de que las labores efectuadas por la accionante fueron en tareas propias y permanentes de la CNS. Por todo lo expuesto, no es evidenciable que se encuentre dentro de los supuestos establecidos en la SCP 0789/2012 y el art. 5 del DS 0012, que hagan que goce de una estabilidad e inamovilidad laboral; por lo que, no le corresponde la reincorporación laboral ni la restitución de sus salarios no percibidos; en consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada. En el marco de lo descrito, inicialmente corresponde establecer que de conformidad a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1. de éste fallo constitucional, el contrato a plazo fijo se caracteriza porque la relación laboral se pacta por un cierto tiempo, cuyo plazo de duración se encuentra específicamente determinada en el documento; de ahí que, en este tipo de relaciones laborales, una vez concluida ésta, o lo que es lo mismo, cumplido el término convenido entre partes, es inviable el nacimiento de derechos en favor del trabajador así como tampoco pueden ser gravadas obligaciones al empleador, siendo en todo caso que, aquellos derechos que hubiesen nacido durante la relación laboral, se darán por terminadas juntamente con ella; empero, con relación a las asignaciones familiares, en el marco del Reglamento de Asignaciones Familiares aprobado mediante Resolución Ministerial (RM) 1676 de 22 de noviembre de 2011, éstas deberán ser cubiertas hasta los dos meses posteriores a la conclusión del contrato. Ahora bien, resulta cierto que la accionante se encontraría en periodo de embarazo de dos a tres semanas conforme al examen de Ultrasonido Ginecológico Transvaginal de 13 de noviembre de 2023, realizado en un consultorio particular, lo que fue comunicado a la CNS el 14 de igual mes y año, un día antes del cumplimiento de su contrato -15 de ese mes y año-; por lo que la decisión de la CNS no fue por eludir el estado de embarazo de la accionante, ya que recién fue puesta en conocimiento de manera posterior al Memorando RH-1558/2023 recibido por la accionante el 10 de noviembre de 2023, por el que se le hizo conocer sobre la notificación de su conclusión de contrato. En ese orden, la accionante solicitó el reconocimiento de todos los derechos de seguridad social, subsidios y otros, por el estado de embarazo que estaba llevando, lo que en primera instancia hizo conocer ante la Jefa hoy accionada mediante Nota presentada el 14 de noviembre de 2023, mereciendo en respuesta por Nota con Cite: RRHH-3756/2023 refiriendo que su contrato concluía el 15 de noviembre del mismo año y que “con relación a lo laboral” no se aplicaba para las trabajadoras que se encuentran en una relación laboral sujeta a contratos a plazo fijo. En ese entendido, es que se dio de baja su seguro de salud, entre tanto, se cumplió con la atención médica a la accionante y de sus beneficiarios del 16 de mayo al 15 de noviembre de 2023; es decir, que en ese tiempo la accionante podía solicitar a la citada entidad de salud la atención o el estudio que requería.
En armonía con lo referido, en aplicación del Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, si bien en el contexto de las disposiciones normativas contenidas en el Decreto Supremo (DS) 21637 de 25 de junio de 1987, que Reglamenta el art. 3 de la Ley 924 de 15 de abril de 1987, las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares a ser pagadas a cargo y costo directamente por los empleadores de los sectores público y privado, comprenden los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia equivalentes a Bs2 000.- (dos mil bolivianos) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida, conforme dispone el DS 3546 de 1 de noviembre de 2018, que modifica el art. 25 del DS 21637; empero, el pago de dichas asignaciones familiares, de acuerdo a las disposiciones legales previamente citadas, corre a efectos de su dotación o en su defecto cancelación en dinero, a partir de los cinco últimos meses de embarazo; vale decir, que las prestaciones antes señaladas, únicamente se materializan a partir del quinto mes de gestación, lo que conlleva a la indiscutible conclusión de que con anterioridad a ello; es decir, antes de que se cumplieran los cinco meses de embarazo, el derecho de acceso a las asignaciones familiares resulta inexistente. Consecuentemente, en aplicación de los entendimientos antes expuestos, en el presente caso, resultan no ser evidentes las vulneraciones denunciadas por la accionante, ya que su embarazo se produjo dos o tres semanas antes de que concluya su último Contrato 30-1658/2023; es decir, un mes antes de la finalización del término pactado de vigencia de la relación laboral, el 15 de noviembre de igual año, siendo evidente que la accionante a la fecha de finalización del vínculo contractual, no contaba con los cinco meses de gestación establecidos en las disposiciones legales que regulan el Régimen de Asignaciones Familiares y por consiguiente, no le corresponde percibir las mismas, cuando éstos beneficios únicamente hubiesen sido cubiertos hasta la finalización del contrato de trabajo. Por lo que no se vulneraron los derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral y a la seguridad social de la accionante, correspondiendo por consiguiente, denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución S-23 de 6 de marzo de 2024, cursante de fs. 110 vta. a 115 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, -con la aclaración que se convocó al Vocal de su similar Segunda-; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0447_2025-S1.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): fd233c1204c26bf46da09cbd05adb475cb1caff70a6bb9e863bd08518278ea3a
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