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SCP 0446/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
25 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
53972-2023-108-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción y principio de interés superior de la niña, niño y adolescente de sus hijos menores de edad; debido a que, la entonces Vocal hoy demandada, mediante Auto de Vista de 1 de diciembre de 2022, ratificó de forma ilegal su detención preventiva sin analizar que: a) No se podía aceptar una modificación al requerimiento de medidas cautelares de forma oral en plena audiencia, dado que su situación procesal debió ser considerada sobre la base de la imputación formal que fue presentada de forma escrita y notificada a su persona con previa anticipación, en la que se solicitó medidas menos gravosas a la detención preventiva, no pudiendo dicha medida ser determinada de oficio, sino solo a petición fundamentado del Fiscal de Materia o querellante -víctima-; b) La motivación de la imputación formal no cumplía con los presupuestos del art. 233 CPP, referido al plazo máximo de la detención preventiva y qué actos investigativos justifican el plazo; y, c) La detención preventiva afectó el interés superior de sus hijos menores de edad, quienes deberían estar bajo su cuidado y protección. Con relación a las denuncias efectuadas, Mirtha Mabel Montaño Torrico, entonces Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, no fue citada con esta acción de defensa. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 004/2023 de 10 de febrero, cursante de fs. 40 a 41 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos desarrollados precedentemente; y,

2° Exhortar a María Zulma Montaño y David Clavijo Zurita, Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, de acuerdo a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0446/2026-S2 Sucre, 25 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53972-2023-108-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 004/2023 de 10 de febrero, cursante de fs. 40 a 41 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rando Luciano Chambi Mamani en representación sin mandato de David Yapiticona Mamani contra Mirtha Mabel Montaño Torrico, ex Vocal; y, Gonzalo Flores Céspedes y Zullma Raiza García Basualdo, Vocales, todos de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de febrero de 2023, cursante a fs. 1 y 19 a 22 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se le imputó formalmente por la presunta comisión del delito de homicidio-suicidio, previsto y sancionado por el art. 256 del Código Penal (CP), siendo el presupuesto material que, su difunta esposa y su hija hubieran “discutido”, que tenía una supuesta amante y, por tal motivo, decidió suicidarse. Asimismo, en la imputación formal el Ministerio Público pidió medidas menos gravosas a la detención preventiva, en el marco del art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP). No obstante, Kely Tania Alcázar Alcocer, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Tapacari del departamento de Cochabamba, determinó su detención preventiva por el lapso de cuatro meses, debido a que, el Ministerio Público modificó de forma oral y sorpresiva el requerimiento de medidas cautelares según consta en el acta de audiencia. Por lo que, habiendo sido sorprendido en dicho acto procesal con esta ilegalidad, planteó recurso de apelación incidental, mismo que fue resuelto por Mirtha Mabel Montaño Torrico, entonces Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal de Justicia del citado departamento -ahora demandada-, quien declaró parcialmente procedente su impugnación, teniéndose por acreditado el elemento domicilio del riesgo procesal previsto en el art. 234.1 del CPP, pero de forma ilegal, ratificó su detención preventiva. Se incurrió en ilegalidad, toda vez que la jurisprudencia constitucional en concordancia con el art. 233 del CPP, estableció que la detención preventiva se aplica con base en una imputación formal y requerimiento de medidas cautelares notificados previamente, con un tiempo anticipado y siempre que exista un pedido fundamentado del Fiscal de Materia o querellante -víctima-, aclarando que no puede existir detención preventiva de oficio. Asimismo, el art. 302 del mismo Código establece que, el requerimiento de aplicación de medidas cautelares es parte accesoria de la imputación formal. Por último, el art. 8.2 incs. b) y c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) es contundente en señalar que el imputado debe tener una comunicación previa y detallada de la acusación formulada en su contra. Asimismo, tener el tiempo suficiente para preparar su defensa, lo que en el caso no ocurrió. De modo que, la Vocal demandada -mediante Auto de Vista de 1 de diciembre de 2022- ratificó ilegalmente su detención preventiva, cuando debía realizar un análisis integral con control lógico de los actos, considerando que no se podía aceptar una modificación al requerimiento de medidas cautelares de forma oral en plena audiencia, debiendo su situación procesal ser considerada sobre la base de la imputación formal que fue presentada de forma escrita y notificada a su persona con previa anticipación, y en la que incluso se solicitó medidas menos gravosas que la detención preventiva. En consecuencia, al no existir un pedido escrito anticipado de detención, lo procedente era revocar el Auto Interlocutorio apelado y disponer su libertad provisional. Resaltó que, en la imputación formal no existía mención ni fundamento alguno sobre el art. 233.3 del CPP, concerniente al plazo de la detención preventiva ni respecto a los actos investigativos que se deben realizar en dicho plazo. Por lo que, al no cumplirse este requisito, no podía ratificarse su detención preventiva. De igual manera, el hecho fue tergiversado, debido a que, su difunta esposa tomó la decisión de suicidarse por voluntad propia, sin su participación en el hecho, dejando en orfandad a seis niños menores de edad, que deberían estar bajo su cuidado y protección, por lo que, con dicha determinación también se afecta el interés superior de los mismos.

I.1.2. Derecho y principio supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad de locomoción y principio de interés superior de la niña, niño y adolescente de sus hijos menores de edad, citando al efecto los arts. 60 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3.1 y 2; 7 incs. b) y c); 8.2 incs. b) y c); y, 19.II de la CADH.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista de 1 de diciembre de 2022, pronunciado por la Vocal demandada; y, b) Se determine que, en el plazo de veinticuatro horas, se emita un nuevo fallo, disponiendo las medidas solicitadas por el Ministerio Público en la Resolución de imputación formal.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 10 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 37 a 39 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, por intermedio de sus abogados, ratificó y reiteró los argumentos de su memorial de acción tutelar.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Gonzalo Flores Céspedes y Zullma Raiza García Basualdo, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito, cursante a fs. 33 a 36 vta., solicitaron se deniegue la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El accionante se limitó a realizar una descripción de los antecedentes del proceso penal, refiriendo una ilegal detención preventiva con argumentos subjetivos que no reflejaban lo expuesto en el Auto de Vista de 1 de diciembre de 2022; por cuanto, la entonces Vocal de la Sala Penal Primera del mencionado Tribunal, después de escuchar los argumentos orales de las partes procesales, sobre todo la intervención en audiencia del abogado de la parte imputada, resolvió el recurso de apelación incidental, a partir de una correcta valoración de los antecedentes remitidos en grado de apelación, con fundamentos claros y precisos, suficientemente motivados y de acuerdo a lo previsto en el art. 124 del CPP, así como la correcta interpretación de la jurisprudencia constitucional pertinente al caso. En consecuencia, el Auto de Vista cuestionado no fue lesivo al debido proceso; 2) La presunta aceptación de una modificación al requerimiento de medidas cautelares, en plena audiencia y de forma oral debió ser reclamada ante la autoridad correspondiente activando los medios de defensa que le asiste; pues, su competencia solo se circunscribe a responder los agravios planteados, en el marco de lo previsto en el art. 398 del indicado Código y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0909/2014 de 14 de junio y “0077/2012” respetando las reglas de competencia para el conocimiento de las impugnaciones en medidas cautelares personales; 3) Con referencia a lo previsto en el art. 233.3 del citado Código, dicho aspecto no fue objeto del recurso de apelación incidental, por lo que, la defensa técnica no hizo mención al mismo, por tanto, no correspondía pronunciarse al respecto; 4) En cuanto a la tergiversación de los hechos, ello para determinar la concurrencia de probabilidad de autoría o participación en el hecho ilícito previsto en el art. 233.1 del referido Código; debido a que, la determinación de su pareja de quitarse la vida, no puede ser de su responsabilidad y que la ilegal ratificación de su detención preventiva afectaría los derechos de sus seis hijos menores de edad; tal alegato es de índole personal, pero se omitió señalar cómo la “construcción” de ese presupuesto hubiese quebrantado alguna disposición procesal, derecho o garantía del accionante, aspecto que no puede ser suplido por la autoridad judicial; 5) El Auto de Vista cuestionado determinó la responsabilidad del accionante en el hecho ilícito en términos de posibilidad, además hizo referencia a todos los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público que acreditaban el fallecimiento de una persona de sexo femenino y la negativa para el traslado del cuerpo para la realización de la autopsia, tanto por parte del nombrado como de un entorno familiar, e inclusive de personas que asumen funciones dirigenciales de la zona, entre ellos, el informe del funcionario policial, corroborado con el acta de levantamiento de cadáver, muestrario fotográfico, informe médico “de fojas 5 a 6”, acta de registro del lugar del hecho, el protocolo de necropsia legal, así como las actas suscritas por los dirigentes del lugar, referentes a un acta de buen acuerdo y acta de declaración en el que se dio a entender que el entorno familiar y los dirigentes de la comunidad hubieran acordado no poner en conocimiento de las instancias correspondientes el deceso de la víctima; acervo probatorio que permitió en instancia de alzada asumir la factibilidad de responsabilidad del imputado -hoy accionante- de la comisión del hecho ilícito, asegurando el debido proceso y fundamentación, además, respetando las normas penales y la jurisprudencia constitucional vinculante aplicable al caso. Razón por la cual, se declaró parcialmente procedente el recurso de impugnación, debido a que, el peticionante de tutela cuenta con un domicilio establecido en el departamento; y, por otro lado, confirmando la probabilidad de autoría o su participación en la comisión del hecho ilícito; así como la concurrencia del riesgo de fuga previsto en el art. 234.1 del CPP, por no estar establecida la existencia de actividad laboral favorable del nombrado; 6) No se cuestionó la construcción de otros riesgos procesales previstos en los arts. 234.4 y 7; y, 235.2 de igual Código, los cuales quedarían incólumes; y, 7) Las medidas cautelares personales son revisables y modificables, por lo que, pueden ser dejadas sin efecto o revocadas, conforme el art. 239 del señalado Código. Mirtha Mabel Montaño Torrico, entonces Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, no fue citada con esta acción de defensa, aspecto que será objeto de consideración y análisis posterior.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 004/2023 de 10 de febrero, cursante de fs. 40 a 41 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes argumentos: i) Llamó la atención que la presente acción de libertad hubiese sido activada a casi dos meses y medio de haberse producido la vulneración del debido proceso vinculado con la libertad; ii) No se advirtió la lesión de derechos, puesto que, el Auto de Vista de 1 de diciembre de 2022, contiene una debida fundamentación y motivación para confirmar el fallo que dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela, máxime cuando la misma fue parcialmente concedida. Pues, del análisis del acta de audiencia que resuelve el recurso de apelación incidental se puede advertir que la Vocal demandada identificó de manera clara y precisa el agravio que sufrió la parte accionante, en cuanto a la modificación por parte del Ministerio Público de solicitar en audiencia la detención preventiva del accionante y dentro de sus argumentos, efectuó una “…correcta aplicación con relación al agravio que ha sido señalado por la parte hoy accionante…” (sic). Además, la parte impetrante de tutela tampoco señaló de qué manera la autoridad judicial demandada habría o no interpretado de manera “correcta” la legalidad ordinaria con relación a la observación que efectúa, puesto que la “imputación formal” puede ser modificable en cualquier momento, incluso antes de la audiencia de juicio oral en función a la acusación formal que podría efectuarse; y, iii) Las medidas cautelares -personales- no generan estado, sino que pueden ser modificables aún de oficio, por lo que, todavía tiene la posibilidad de solicitar su modificación.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa (fs. 47 a 49).

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia pública de aplicación de medidas cautelares de carácter personal y Auto Interlocutorio de 18 de noviembre de 2022 pronunciado por Kely Tania Alcázar Alcocer, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Tapacarí del departamento de Cochabamba en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra David Yapiticona Mamani -hoy impetrante de tutela- por la presunta comisión del delito de homicidio-suicidio, previsto y sancionado en el art. 256 del CP, que dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Quillacollo del citado departamento, por el lapso de cuatro meses. Asimismo, consta en el acta de audiencia que la defensa técnica del accionante planteó de manera oral recurso de apelación incidental (fs. 4 a 10). II.2. Se tiene Acta de audiencia pública de consideración del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante y Auto de Vista de 1 de diciembre de 2022, por el que, Mirtha Mabel Montaño Torrico, entonces Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -hoy demandada- declaró parcialmente procedente el citado recurso, en lo concerniente al elemento domicilio del riesgo procesal previsto en el art. 234.1 del CPP; de igual manera, confirmó el Auto Interlocutorio de 18 de noviembre del citado año, fundado en la concurrencia de probabilidad de autoría o participación del imputado en la comisión del hecho ilícito; la concurrencia de los riesgos procesales previstos en el art. 234.1 del citado Código, en lo referente a la inexistencia de actividad laboral favorable al imputado; y, los previstos en los arts. 234.4 y 7; y, 235.2 del señalado Código, al no haber sido cuestionados (fs. 11 a 13).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción y principio de interés superior de la niña, niño y adolescente de sus hijos menores de edad; debido a que, la entonces Vocal hoy demandada, mediante Auto de Vista de 1 de diciembre de 2022, ratificó de forma ilegal su detención preventiva sin analizar que: a) No se podía aceptar una modificación al requerimiento de medidas cautelares de forma oral en plena audiencia, dado que su situación procesal debió ser considerada sobre la base de la imputación formal que fue presentada de forma escrita y notificada a su persona con previa anticipación, en la que se solicitó medidas menos gravosas a la detención preventiva, no pudiendo dicha medida ser determinada de oficio, sino solo a petición fundamentado del Fiscal de Materia o querellante -víctima-; b) La motivación de la imputación formal no cumplía con los presupuestos del art. 233 CPP, referido al plazo máximo de la detención preventiva y qué actos investigativos justifican el plazo; y, c) La detención preventiva afectó el interés superior de sus hijos menores de edad, quienes deberían estar bajo su cuidado y protección. Con relación a las denuncias efectuadas, Mirtha Mabel Montaño Torrico, entonces Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, no fue citada con esta acción de defensa. No obstante, los actuales Vocales de la referida Sala Penal, argumentaron que la presunta aceptación de una modificación al requerimiento de medidas cautelares, en plena audiencia y de forma oral, debió ser reclamada ante la autoridad correspondiente activando los medios de defensa que le asiste, y que lo referido a la falta de consideración dentro de la imputación formal del art. 233.3 del CPP, no fue objeto del recurso de apelación incidental. En relación a que la detención preventiva del accionante afectaría los derechos de sus seis hijos menores de edad, tal alegato es de índole personal, omitiéndose sustentar cómo ese presupuesto hubiese quebrantado alguna disposición procesal, derecho o garantía del nombrado.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

La SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: “El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

Conforme a los antecedentes concernientes a la presente causa, se tiene que, contra el accionante se instauró un proceso penal por la presunta comisión del delito de homicidio-suicidio, tipificado y sancionado en el art. 256 del CP, emitiéndose el Auto Interlocutorio de 18 de noviembre de 2022, mediante el cual la Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Tapacarí del departamento de Cochabamba, ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Quillacollo de dicho departamento, por un plazo de cuatro meses (Conclusión II.1). Posteriormente, en audiencia, la defensa técnica del accionante interpuso oralmente recurso de apelación incidental, siendo resuelto mediante Auto de Vista de 1 de diciembre de 2022, emitido por Mirtha Mabel Montaño Torrico, entonces Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-, quien declaró parcialmente procedente tal recurso, con relación al elemento domicilio -art. 234.1 del CPP-, confirmando en lo demás el Auto Interlocutorio de 18 de noviembre del mismo año, en atención a la probabilidad de autoría o participación del nombrado en el hecho ilícito; la concurrencia de riesgos procesales, conforme al art. 234.1 del indicado Código, por la ausencia de actividad laboral favorable al peticionante de tutela; y, los supuestos de los arts. 234.4 y 7; y, 235.2 del Adjetivo Penal, al no haber sido los mismos objetados (Conclusiones II.1 y II.2). En función del objeto procesal -identificado en el Fundamento Jurídico III de este fallo constitucional- cabe precisar que pese a que el derecho al debido proceso, específicamente en sus elementos de fundamentación y motivación, no fue expresamente invocado en la identificación de derechos vulnerados, el núcleo del acto lesivo se centra en cuestionar el análisis realizado por la entonces Vocal hoy demandada al ratificar el Auto Interlocutorio impugnado, así como el control aplicado al razonamiento de la autoridad a quo. Por lo que, en esencia, se relaciona sustancialmente con la actividad argumentativa de la entonces Vocal ahora demandada, constituyendo este el eje del análisis a realizarse subsiguientemente. Al respecto, resulta incuestionable que el Tribunal de apelación tiene la obligación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga la vigencia o validez de medidas cautelares personales, expresando de manera motivada sus presupuestos jurídicos sustantivos -probabilidad de autoría y riesgo procesal-; sin embargo, para determinar si existió tal obligación en el caso concreto, el control constitucional exige examinar los alegatos planteados en la audiencia de apelación incidental. En esa línea, en el referido acto procesal, la parte accionante expuso como alegatos de agravio en alzada lo siguiente:

“Que existe duda razonable en el hecho en el que la víctima determinó acabar con su vida ante el fallecimiento de una mujer se pretende vincular a su pareja, llevando a una persona inocente a la cárcel, cuando la occisa tomo la decisión de acabar con su vida, ingreso en una psicosis, porque su defendido no cometió delito alguno. Referente al artículo 234 numeral 1) en cuanto hace el elemento domicilio señala que se ha aplicado erróneamente la norma sustantiva, en razón a que no se ha dado correcta aplicación y entendimiento, en el sentido que la carga probatoria la asume el Ministerio Público y quién debe demostrar que se carece de algún arraigo, menciona que en su declaración informativa el imputado señalo contar con un domicilio específico y era obligación del brazo operativo del Ministerio Público cómo es la policía verificar, cuando su defendido tiene un domicilio conocido en Confital de la Provincia de Tapacari, de ahí también puede precisar a través del Google Maps y reflejarse sobre un informe, trabajo que no se hizo, estos extremos no han sido considerados por el Juez Aquo, similar situación debe acontecer con referencia al elemento trabajo, que en su declaración informativa señala ser sereno pero de la impresión del Segip su ocupación dice sastre, en este caso el investigador no verifica lo manifestado por el imputado de ser sereno, no hay ese informe y la autoridad Aquo no tomo en cuenta esa situación, por todo lo manifestado solicita que se revoque la resolución impugnada y se apliquen las medidas cautelares menos gravosas” (sic). Este desglose demuestra que, la defensa técnica del impetrante de tutela en instancia de alzada en jurisdicción ordinaria penal, objetó la ausencia de nexo causal entre la conducta del imputado y el suicidio de la víctima, destacando que ese acto respondió a una psicosis autónoma que no le es atribuible; la aplicación defectuosa del art. 234.1 del CPP, al no acreditarse la carencia de arraigo, pues el Ministerio Público omitió verificar el domicilio en Confital de la provincia Tapacarí del departamento de Cochabamba, pese a su exigibilidad probatoria; y, la presunta incongruencia no dilucidada sobre la ocupación laboral del peticionante de tutela, debido a que, el investigador asignado al caso no verificó lo declarado por el prenombrado respecto a desempeñarse como sereno; por lo que, solicitó en tal actuación, la revocatoria de la medida cautelar por arbitrariedad en la valoración probatoria y se le imponga medidas cautelares menos gravosas.

De la descripción realizada precedentemente, así como del objeto procesal identificado en la presente acción tutelar, es evidente percibir que los aspectos cuestionados en la presente acción tutelar concernientes a: la modificación en audiencia del requerimiento de medidas cautelares; el incumplimiento de la imputación formal respecto al presupuesto establecido en el art. 233.3 del CPP; y, la afectación de la detención preventiva en relación al interés superior de sus hijos menores de edad, no formaron parte del reclamo recursivo efectuado, pues conforme se tiene advertido, los alegatos de agravio que respaldaron la interposición del recurso de apelación incidental, se circunscribieron en su esfera reclamativa a debatir los presupuestos materiales de la medida cautelar personal que le fue impuesta, cuando lo que correspondía era que el accionante plantee durante su impugnación los tres agravios que esgrime dentro de esta acción de libertad; considerándose a la sede de alzada como el ámbito jurisdiccional idóneo para su cuestionamiento al encontrarse interrelacionado con la génesis y efecto consecuencial de la medida cautelar personal de la detención preventiva impuesta. En este sentido, el pretendido análisis posterior a través de esta acción de defensa no resulta posible por la subsidiariedad excepcional que debe ser observada, conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, razones que conlleva a denegar la tutela solicitada. Finalmente, en cuanto a la invocada afectación indirecta al principio de interés superior de los hijos del impetrante de tutela, debe precisarse que pretender extender la protección de esta acción de defensa invocando una afectación colateral derivada de la conducta judicial cuestionada, per se carece de sustento; ello, en atención al ámbito de tutela que brinda; de modo que, el resguardo al principio de interés superior no resulta viable de forma autónoma, sino únicamente cuando se vincula con la vulneración y/o riesgo de lesión del derecho a la vida que sí constituye uno de los presupuestos de activación de esta acción de defensa. No obstante, respecto a este bien jurídico, en ningún momento se acreditó una afectación concreta e inminente, pues en la exposición el prenombrado se limitó a alegar una presunta lesión al interés superior basado en la alegada dependencia en el cuidado de los hijos, sin aportar elementos probatorios que acrediten la condición personal de los hijos; la existencia de dicha afectación; ni una lesión acreditada objetivamente; por lo que, tampoco corresponde acoger favorablemente el resguardo tutelar pretendido sobre esta denuncia; considerando que tal acreditación es exigible; toda vez que, una eventual afectación al referido derecho primordial -vida- debe demostrarse objetivamente, conforme lo establecido en la jurisprudencia constitucional -SCP 0059/2020-S3 del 16 de marzo-.

III.3. Otras consideraciones

Resuelta la problemática jurídica planteada en el marco de las atribuciones del art. 202.6 de la CPE, este Tribunal realiza la siguiente precisión de carácter aclarativo y accesorio, tras la denegatoria de la tutela solicitada ante el incumplimiento de la carga procesal de agotar instancias ordinarias. Así, la legitimación pasiva en la acción de libertad corresponde, por regla general, a las personas o servidores públicos presuntamente responsables de vulnerar derechos y garantías constitucionales; no obstante, en atención al principio de informalismo que rige en la referida acción tutelar, la misma fue flexibilizada estableciéndose que incluso es posible conceder la tutela de evidenciarse la lesión al derecho de la libertad personal, contra la autoridad diferente a la que causó la lesión, con la condición que esta sea de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones (SCP 0066/2012 de 12 de abril). En el caso concreto, Gonzalo Flores Céspedes y Zullma Raiza García Basualdo, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, informaron que la autoridad originariamente demandada, Mirtha Mabel Montaño Torrico, entonces Vocal de dicha Sala, ya no ejercía el cargo. Por ello, se admitió la legitimación pasiva de los actuales Vocales ante una eventual responsabilidad institucional; empero, si bien esa actuación de la Sala Constitucional es válida, no resultaba posible desconocer que la presente acción tutelar fue interpuesta identificando a la entonces Vocal de la referida Sala Penal, a quien se debió considerar al momento del señalamiento de audiencia de garantías con el consecuente cumplimiento de su debida citación, a los fines de una eventual responsabilidad personal, como emisora del Auto de Vista impugnado. Por tal razón corresponde exhortar a los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a fin de que en futuras actuaciones observen a cabalidad el alcance de la condición procesal de la legitimación pasiva. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 004/2023 de 10 de febrero, cursante de fs. 40 a 41 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos desarrollados precedentemente; y,

2° Exhortar a María Zulma Montaño y David Clavijo Zurita, Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, de acuerdo a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0446_2026-S2.pdf · páginas 1 a 12.

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