Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 27 de mayo de 2025
Concede en parte la tutela
La accionante por medio de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, psicológica y sexual y al juez natural; toda vez que: 1) El Director General de Régimen Penitenciario demandado y la Directora del Centro Penitenciario Palmasola codemandada, dispusieron su traslado del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz -donde se hallaba cumpliendo dos condenas privativas de libertad y una detención preventiva en un tercer proceso penal- al Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí, sin que exista una orden judicial que así lo determine, dicho traslado se constituye en una doble sanción por los mismos hechos que ya fue sancionada; decisión que fue tomada sin que se explique de qué forma esta poniendo en peligro la vida de las demás internas y sin individualizar a la interna que resultaría afectada; y, finalmente, pone en riesgo su vida, ya que, nunca ha vivido en una ciudad de esa altitud; y, 2) El Fiscal de Materia codemandado pretendió obligarle a aceptar el procedimiento abreviado dentro del proceso penal que se le sigue por el delito de tráfico de sustancias controladas, bajo la amenaza que en caso de negarse lograría su traslado a otro recinto carcelario. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada:
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 17 de 4 de agosto de 2022, cursante de fs. 51 a 54 vta., pronunciada por Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a Juan Carlos Limpias Esprella, Director General de Régimen Penitenciario a.i. del Ministerio de Gobierno; confome a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer:
a) Dejar sin efecto el traslado dispuesto de la accionante por el Director General de Régimen Penitenciario a.i. del Ministerio de Gobierno, mediante la Resolución Administrativa 070/2022 de 28 de julio, y los consiguientes actos judiciales y administrativos que se dictaron. b) Que la accionante sea traslada al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, siempre y cuando continue recluida en Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí, en cumpliento de la Resolución Administrativa 070/2022. 3° DENEGAR la tutela impetrada con relación al María Lourdes Araníbar Montoya, Directora Recinto Mujeres del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; y, Edwin Blanco Marca, Fiscal de Materia; asi como, la vulneración de la prohibición de doble juzgamiento, con base en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 4º Llamar la atención a Armínda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, conforme a las razones descritas en el Fundamento Jurídico III.7 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0446/2025-S3 Sucre, 27 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52281-2022-105-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 17 de 4 de agosto de 2022, cursante de fs. 51 a 54 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Akemi Chávez Sosa en representación sin mandato de Dulaine Sosa Claure contra Juan Carlos Limpias Esprella, Director General de Régimen Penitenciario a.i. del Ministerio de Gobierno; María Lourdes Araníbar Montoya, Directora Recinto Mujeres del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; y, Edwin Blanco Marca, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 4 de agosto de 2022, cursante de fs. 3 a 4 vta., la accionante, a través de su representante, expresó lo siguiente:
Estando recluida en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz -recinto mujeres- el 3 de agosto de 2022, de manera repentina fue trasladada a otro recinto carcelario fuera del departamento de Santa Cruz, sin que exista orden judicial alguna; cuando su abogado patrocinante se apersónó al indicado Centro Penitenciario le informaron que su traslado se produjo por orden del Director General del Régimen Peniteniario, sin que se le otorgue una copia de la correspondiente resolución, alegando que ya le fue proporcionado a su persona; cuando sus familiares fueron al aeropuerto internacional Viru Viru no pudo comunicarse con ellos, solo por comentario de los policias sabe que fue traslada a una cárcel del departamento de Potosí. Dicho traslado se realizó sin que hubiera sido ordenado por alguno de los juzgados que tienen a su cargo el control jurisidicional sobre su persona; puesto que, cuando su abogado se apesonó al Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital -se entiende del departamento de Santa Cruz-, que se halla a cargo del cumplimiento de la pena privativa de libertad de treinta años, le informaron que no emitió la orden de traslado; lo propio le señalaron en el Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del mismo departamento, que esta a cargo del cumplimiento de la pena de privación de libertad de ocho años por el delito de suministro de sustrancias controladas; y, el “Juzgado de Instrucción Cautelar en materia penal de la Capital” (sic), que se halla a cargo de control jurisidicional del proceso penal que se le sigue por el delito de tráfico de sustancias controladas. Po otra parte, el Fiscal de Materia codemandado en reiteradas ocasiones fue hasta el Centro Penitenciario Palmasola, a querer obligarle para que se someta a la salida alternativa de procedimiento abreviado; ante su negativa le amenazó con hacerle trasladar a otro centro carcelario, aduciendo que tenía el poder para hacerlo; dichas amenazas puso en conocimiento del juez de la causa que esta a cargo del control jurisdiccional.
Denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, citando al efecto los arts. 15.I, 23.I y 73 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene: a) Su inmediato traslado al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, recinto de mujeres PC-2; y, b) Al Fiscal de Materia codemandada cesar cualquier tipo de hostigamieto.
Celebrada la audiencia virtual el 4 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 48 a 51, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, manifestó que: 1) Por información de las internas del Centro Penitenciario Palmasola, sus famliares se enteraron que fue trasladada al Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí; 2) Al momento de ejecutarse su traslado, no le permitieron contactarse con sus familiares y su abogado defensor para que les pueda hacer conocer la resolución emitida y la puedan impugnar, ya que, la tuvieron aislada en el citado aeropuerto; 3) Ya se emitió una resolución administrativa de castigo de internamiento en otro lugar más seguro -al llamado bote- por haber cometido falta grave, que fue apelada, siendo corrido en traslado pero no se tramitó hasta su conclusión; no obstante ello, el “Director” le sorprendío canstigándola y mandándola a otro penal, lo cual implicaría que se le esta aplicando doble castigo por el mismo hecho; 4) Se esta vulnerando su derecho al juez natural, ya que existe un proceso que esta en investigación, además su familia reside en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; asimismo, le han llevado a un lugar donde el clima le afectará, porque nunca ha estado en un lugar de altura, como es el departamento de Potosí, con lo cual se está poniendo en riesgo su salud y su vida; 5) El “Director” alega que se le ha trasladado porque su vida estaba en peligro y puso en riesgo a los demás, empero, nunca señaló en que forma, y tampoco mencionó a que interna del señalado Centro Penitenciario habria puesto en peligro su vida o salud; y, 6) Presentó dos memoriales de queja contra el Fiscal codemandado por querer obligarle a someterse al procedimiento abreviado.
Juan Carlos Limpias Esprella, Director General de Régimen Penitenciario a.i. del Ministerio de Gobierno, mediante informe escrito de 4 de agosto del 2022, cursante de fs. 26 a 29, señaló lo siguiente: i) La Dirección General del Régimen Penitenciario, en aplicación del art. 4 de la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal -Ley 007 de 18 de mayo de 2010-, que adiciona la parte final del art. 48 de la Ley de Ejecucíon Penal y Supervisión (LEPS), tiene la atribución legal de disponer el traslado inmediato de un privado de libertad a otro recinto penitenciario cuando exista riesgo inminente de su vida o cuando su conducta ponga en riesgo la vida o seguridad de los otros detenidos; ii) Las razones por las cuales fue trasladada a otro recinto penitenciario, se encuentran establecidas en la Resolución Administrativa (RA) 070/2022 de 28 de julio, habiendose considerado el Informe de Seguridad de 1 de junio del 2022, del Jefe de Seguridad Interior del Recinto de Mujeres PC-2, que da cuenta que durante el desarrollo de la requisa de la misma fecha, a horas 16:40 se encontró en el interior de la celda de la accionante, quien se hallaba en compañía de Delfa Rojas Pedraza, en posesión de sustancia blanquesina con características de cocaina y catorce pastillas psicotrópicas; iii) En el Informe de 9 de igual mes y año, la Directora del Centro Penitenciario codemandada concluyó que la conducta de la solicitante de tutela no se adapta al modelo de tratamiento al interior del referido recinto penitenciario; asimismo, del Informe de Seguridad de 25 de febrero de ese año, emitido por la Jefe de Seguridad Interior del Recinto de Mujeres PC-2, que mencionó el “25 de febrero”, a horas 4:20, en la requisa a la celda de la impetrante de tutela se encontró ciento veinte pastillas blancas de clonazepam, treinta y cuatro sobres tipo boticario con una sustancia blanquecina con características a cocaína, dos bolsitas con yerba verduzca con particularidades a marihuana y dos teléfonos celulares; iv) Se convocó a sesión extraordinaria del Consejo del Centro Penitenciario Palmasola y por RA 070/2022 se dispuso el traslado de recinto penitenciario de la peticionante de tutela, al existir una amenaza real a la vida y a la seguridad de la urbe penitenciaria, estando en peligro latente la pacifica convivencia de la población femenina del citado Centro Penitenciario, decisión que fue puesta a conocimiento del juez de la causa el 3 de agosto de igual año, a horas 13:59;
en este sentido, se cumplido a cabalidad con lo señalado en el art. 4 de la Ley 007; puesto que, tiene la competencia de determinar el traslado administrativo respecto a personas que se encuentren privadas de libertad con mandamiento de detención preventiva o con sentencia condenatoria; y, v) La accionante no demostró que haya agotado la vía ordinaria para acudir a la justicia constitucional, ya que, en la misma fecha, se notificó a la autotidad judicial con la indicada Resolución Administrativa de traslado; ante lo cual, aún se encuentra dentro de plazo para pronunciarse sobre la ratificación o la revocatoria del traslado; por lo que, solicta que se deniegue la tutela. María Lourdes Araníbar Montoya, Directora Recinto Mujeres del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, a través de informe escrito de 4 de agosto de 2022, cursante de fs. 24 a 25, señaló que: a) El traslado de recinto penitenciario se realizó en cumplimiento a la RA 070/2022; y, b) La peticionante de tutela es una persona muy conflictiva que ha infringido en diferentes oportunidades la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. Edwin Blanco Marca, Fiscal de Materia, en audiencia señaló que: 1) El Ministerio Público no emitió ningun requerimiento fiscal a efecto que la solicitante de tutela sea trasladada a otro centro peniteniario, además que, en calidad de Fiscal de Materia no tenía la atribución de ordenar traslados de los privados de libertad; 2) Evidentemente propuso la salidad alternativa; empero, dicha propuesta fue realizada en presencia de la abogada de Defensa Pública, así como, de otros Fiscales y policías, siendo falso que su persona le hubiese amenazado a la impetrante de tutela con cambiarla de recinto penitenciario en caso de no acogerse a sus sugerencias; y, 3) La accionante fue encontrada en flagrancia, por lo cual, se demostró ante la autoridad jurisdiccional que era un peligro efectivo para las internas que se encontraban en rehabilitación.
Mauricio Romero, Director Departamental del Régimen Penitenciario de Santa Cruz, en audiencia, señaló que: i) Realizó todo el trámite administrativo interno para dar cumplimiento a la RA “067/2022” (sic), misma que se halla fudamentada en los informes de inteligencia, seguridad, del área médica y educación, siendo emitida por el Directo General del Régimen Penitenciario, conforme sus facultades otorgadas por el art. 48 de LEPS, modificado por el art. 4 de la Ley 007; ii) La accionante tiene una permanencia de nueve años, dos meses y veinticuatro días en el Centro Penitenciario Palmasola; por tener varias sanciones administrativas tiene un prontuariado disciplinario, que fuero puesto en conocimiento del juez de ejecución penal; iii) No puede cofundirse la citada Resolución Administrativa con el acto administrativo de sanciones y multas, ya que, son pronunciadas por autoridades administrativas diferenteses -Director del Régimen Penitenciario y el Director del Centro Penitenciario-; y, iv) Su persona notificó a la accionante personalmente con la mencionada Resolución Administrativa, explicándole la situación, quien entendió de manera muy clara; le acompañó hasta el aeropuerto internacional Viru Viru y le proveyó de los alimentos del almuerzo; ante ello, no es verdad que hubiera existido trato inhumano en su contra y ninguno de sus familiares se encontraban en el aeropuerto.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 17 de 4 de agosto de 2022, cursante de fs. 51 a 54 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: a) La Ley Orgánica del Ministerio Público entre sus principios estipula la objetividad, la celeridad y legalidad, por lo que, los fiscales de materia deben cumplir los mismos y desplegar un comportamiento que demuestre su imparcialidad y objetividad, debiendo dar credibilidad a las partes procesales, a los internos y los abogados, y no generar ningún tipo de susceptibilidad o efectuar algún acto de hostigamiento; por ello, recomienda que para evitar estas situaciones, los fiscales de materia no se acerquen a los internos mientras no estén en presencia de sus abogados, debiendo levantar un acta con relación a su presencia en ese lugar; empero, considera que no se demostró la situación de hostigamiento, ante lo cual, se deniega la tutela con relación al Fiscal de Materia codemandado; b) La Resolución 38 de 14 de marzo del 2022, fue dictada por la Directora del Centro Penitenciario codemandada, haciendo referencia al informe de seguridad de la funcionaria policial, que da cuenta de la requisa efectuada “el 25 de febrero a hrs. 04:00” (sic), que refiere se le encontró a la accionante en posesión de ciento veinte pastillas blancas de clonazepan, ochenta y cuatro pastillas rosadas de clonazepam, treinta y cuatro sobres tipo boticario con una sustancia blanquecina con características de cocaina, dos bolsas de nylon de hierva verduzca con particularidades de marihuna y dos teléfonos celulares; por lo que, dispuso la sanción disciplinaria por conducta muy grave, conforme lo previsto en el “art. 133.5” (sic), determinando sancionarla con veinte días de encierro en una sección más rigurosa, decisión que fue apelada; c) La RA 070/2022 en sus argumentos hace referencia al acta de sesión extraordinaria de 14 de junio de 2022 del pleno del Consejo “plenipotenciario”, en la que se decidió el traslado de la impetrante de tutela a un recinto de máxima seguridad, por ser catalogada altamente peligrosa y generar zosobra en la población penitenciaria del PC-2; asimismo, al Informe de Seguridad de 1 de junio de 2022 de la Jefe de Seguridad Interior del Recinto de Mujeres, mencionando que, cumpliendo sus funciones, durante la requisa del cuarto pabellón, en la celda de la accionante, quien se hallaba en compañía de Delfa Rojas Pedraza, se le sorprendió en posesión de una bolsa grande, dos pequeños amarros de nylon con característica de cocaína, catorce pastillas psicotrópicas; y sobre su cama se halló también treinta y tres pastillas psicotrópicas, amarros pequeños de nylon con sustancias blanquecinas con carcteristicas de cocaína; el Informe de Seguridad de 9 de junio de igual año, de la Directora codemandada que concluyó que la impetrante de tutela, no se adapta al modelo de tratamiento del recinto penintenciario, ya que estaría incurriendo en una conducta calificada como falta grave, sancionada por la Ley de Ejecución Penal y Supervición; del mismo modo se adjuntó los informes social, del área psicológica, médica y educativa, por todo lo expuesto, se ordenó el traslado por tiempo indefinido de la prenombrada del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz al Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí; d) La accionante asume una conducta peligrosa poniendo en riesgo la conviencia pacífica de las privadas de libertad del Centro Penitenciario Palmasola, generando zozobra, conmoción, atendando contra el orden, la seguridad y la normas del trato social al interior del penal; asimismo, se señala que sea trasladada con la finalidad de evidar hechos que afecten a los programas de tratamiento penitenciarios que se implementan, ya que, por los antecedentes se evidencia que evade la seguridad para ingresar y vender sustancias prohibidas, acciones que evidencian que no se adecuan al régimen abierto que se basa en la responsabilidad y el auto control, por ello, se debe asumir una medida preventiva de seguridad para evitar que estas conductas sean replicadas por otras internas, en beneficio de la pacifica convivencia de las mujeres; e) De acuerdo a esos antecedentes, se advierte que por diferentes hechos el proceso penal se encuentra radicado en el Juzgado de “Ejecución” “4to” y “12avo”, ya que, se trata de un comportamiento delictivo; puesto que, se le ha encontrado con sustancias controladas; f) Su autoridad considera que así como se le esta investigando a la accionante deberia también averiguarse quienes son los que permiten el ingreso de esas sustancias controladas, ya que seria la única forma de evitar que entren al penal y sea comercializada y perturbar la tranquilidad de los internos e internas; y, g) Exiten informes sociales que corroboran la necesiad de que la interna sea trasladada, por lo tanto se trata de una resolución fundamentada y motivada, y conforme señala el Director del Régimen Penitenciario demandodo tiene cuarenta y ocho horas para impugnar la RA 070/2022, por lo que se debe denegar la tutela.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de sesión extraordinaria del Consejo Penitenciario de 14 de junio del 2022, para tratar el traslado de Dulaine Sosa Claure -accionante- en el que se consideró el Informe de Seguridad de 1 del mismo mes y año, la constancia de permanencia, los informes del área jurídica, médica, educación, social, psicológica y legal; a cuya conclusión, dicho Consejo, sugirió el traslado de la impetrante de tutela, a un recinto penitenciario de máxima seguridad por ser catalogada altamente peligrosa, generando constantes problemas en la urbe penitenciaria, perturbando la pacífica convivencia e infringir permanentemente el régimen disciplinario, causando daño a la salud de las demás privadas de libertad; el informe del área médica señala: “Paciente femenino de 46 años de edad al momento de la valoración médica establece, afebril, ventilando espontáneamente. Paciente refiere antecedentes de cesareas anteriores. Signos vitales dentro de parametros normales aparentemente sano” (fs. 37 a 42). II.2. Consta RA 070/2022 de 28 de julio, emitida por Juan Carlos Limpias Estrella, Director General de Régimen Penitenciario a.i. del Ministerio de Gobierno -demandado-, que dispuso el traslado administrativo excepcional por tiempo indefinido de la peticionante de tutela, del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, al Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí; con la finalidad de evitar conductas peligrosas que afectan los programas de tratamiento penitenciario, y además, ponen en riesgo la pacífica convivencia, generando zozobra, conmoción, intranquilidad en las privadas de libertad (fs. 31 a 36). II.3. Cursa Nota MG-DGRP-ALC 2080/2022 “de julio del 2022”, dirigida al Juzgado de Instrucción Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante la cual el Director General de Régimen Penitenciario demandado, remitió la RA 070/2022 y sus antecedentes, respecto al traslado administrativo excepcional por tiempo indefinido de la solicitante de tutela, pidiendo sea ratificada (fs 30).
La accionante por medio de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, psicológica y sexual y al juez natural; toda vez que: 1) El Director General de Régimen Penitenciario demandado y la Directora del Centro Penitenciario Palmasola codemandada, dispusieron su traslado del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz -donde se hallaba cumpliendo dos condenas privativas de libertad y una detención preventiva en un tercer proceso penal- al Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí, sin que exista una orden judicial que así lo determine, dicho traslado se constituye en una doble sanción por los mismos hechos que ya fue sancionada; decisión que fue tomada sin que se explique de qué forma esta poniendo en peligro la vida de las demás internas y sin individualizar a la interna que resultaría afectada; y, finalmente, pone en riesgo su vida, ya que, nunca ha vivido en una ciudad de esa altitud; y, 2) El Fiscal de Materia codemandado pretendió obligarle a aceptar el procedimiento abreviado dentro del proceso penal que se le sigue por el delito de tráfico de sustancias controladas, bajo la amenaza que en caso de negarse lograría su traslado a otro recinto carcelario. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada:
Conforme a la SCP 1848/2013 de 29 de octubre, la jurisprudencia constitucional establece que esta acción tiene un triple carácter tutelar, preventivo, correctivo y reparador; es así, que la acción de libertad correctiva se interpone para evitar que se agraven las condiciones de una persona detenida, ya sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena impuesta en su contra, agravamiento que torna indebida la privación de libertad personal y que se constituye en otra de las causales de procedencia previstas en los arts. 125 de la CPE y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo).
Complementando este entendimiento, la SC 0824/2011-R de 3 de junio, estableció que la acción de libertad correctiva, tiene por objeto corregir las condiciones agravantes de la situación de reclusión en la que se encuentran aquellos sujetos restringidos de libertad, buscando la supresión de condiciones de maltrato, así como la optimización de aspectos que mejoren la calidad de vida digna y seguridad de los detenidos, aprehendidos y condenados, tomando en cuenta que el único derecho que se encuentra legalmente suprimido es el de libertad 1El FJ III.1, refiere: “La acción de libertad, bajo los principios y valores del Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, despliega toda su fuerza como un instrumento a favor de las personas para la defensa de sus derechos. Así, el nuevo ámbito de protección de la acción de libertad, que antes se centraba en el derecho a la libertad física o personal, le otorga a esta acción de defensa nuevas dimensiones y posibilita al juez constitucional ejercer un control tutelar más amplio e integral y, de esta manera, resguardar los derechos a la vida e integridad física, restablecer las formalidades legales, ordenar el cese de la persecución indebida o la restitución del derecho a la libertad física o el derecho a la libertad de locomoción.
Es en ese contexto que la acción de libertad tiene un triple carácter tutelar, preventivo, correctivo y reparador, conforme lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional contenida en las SSCCPP 0015/2012 y 0129/2012, entre otras. Preventivo porque puede formularse ante una inminente lesión a los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección, impidiendo que se consume su lesión, de ahí que entre los supuestos de procedencia de esta acción de libertad, previstos tanto por el art. 125 de la CPE, como por el art. 47 del CPCo, se encuentre el peligro al derecho a la vida y la persecución ilegal; supuestos que la doctrina los cataloga dentro del hábeas corpus instructivo (tratándose del derecho a la vida), hábeas corpus preventivo y hábeas corpus restringido, conforme lo ha entendido; además, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0044/2010-R de 20 de abril, entre otras.
Correctivo, porque puede interponerse para evitar que se agraven las condiciones de una persona detenida, ya sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena impuesta en su contra, agravamiento que torna indebida la privación de libertad personal, y que se constituye en otra de las causales de procedencia previstas en los arts. 125 de la CPE y 47 del CPCo., que en la doctrina se conoce con el nombre de hábeas corpus correctivo; debiendo entenderse a partir de la instauración del nuevo orden constitucional como acción de libertad correctivo” (las negrillas nos corresponden). 2El JF III.2, expresa: “…buscando la supresión de condiciones de maltrato, así como la optimización de aspectos que mejoren la calidad de vida digna y seguridad de los detenidos, aprehendidos, acusados y condenados, tomando en cuenta que el único derecho que se encuentra legalmente suprimido es el derecho de la libertad personal y de locomoción, encontrándose subsistentes todos los demás derechos inherentes a la persona, de donde se establece que la acción de libertad en su carácter correctivo no busca la libertad de la persona -a diferencia del reparador-, sino corregir situaciones desfavorables de los privados de libertad.
En ese sentido, este Tribunal respecto al cumplimiento de la detención preventiva, ha establecido jurisprudencia, la misma que no es contraria al nuevo orden constitucional, mas al contrario es compatible con el mismo, así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, dejó establecido que: 'El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras «violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…». Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado. Por tanto, hallan cobijo dentro del ámbito protectivo de esta modalidad de hábeas corpus, la ilegal imposición de sanciones disciplinarias o el traslado también ilegal de una penitenciaría a otra; pues, al agravar arbitrariamente las condiciones de la detención, restringen con mayor intensidad la libertad personal de los detenidos'” (las negrillas son añadidas).
personal, encontrándose subsistentes todos los demás derechos inherentes a la persona; de donde se establece que la acción de libertad correctiva no busca la libertad de la persona sino corregir situaciones desfavorables de las personas privadas de libertad; consecuentemente, de acuerdo a la SC 1199/2005-R de 26 de septiembre, se puede determinar que la acción de libertad correctiva procede contra actos lesivos a la integridad personal, integridad que debe entenderse en lo físico, psicológico y moral, en estrecha conexión con la dignidad humana.
Asimismo, la SCP 2102/2013 de 18 de noviembre, respecto al traslado de recinto penitenciario de internos que estén cumpliendo sentencia condenatoria, señala que conforme a los arts. 48.13 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) y 4 de la Ley 007 de 18 de mayo de 2010 -Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal-, el Director General de Régimen Penitenciario, tiene la atribución de solicitar el traslado de internos de un Distrito a otro por razones de seguridad o de hacinamiento; cuando exista riesgo inminente de su vida o su conducta ponga en riesgo la vida y seguridad de los otros privados de libertad; debiendo poner en conocimiento del juez de la causa y del juez de ejecución penal, según corresponda, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, adjuntando un informe fundamentado que sustente la decisión, para que la misma sea confirmada o revocada por la autoridad competente.
Finalmente, en un caso similar, el accionante impugnó irregularidades en el trámite procesal para su traslado a otro recinto penitenciario y la emisión de la Resolución Administrativa que lo hizo efectivo; sin embargo, se denegó la acción de libertad correctiva a través de la SCP 3El FJ III.1, señala: “`…el hábeas corpus correctivo procede contra los actos lesivos a la integridad personal, integridad que debe entenderse en los planos físico, psicológico y moral, en estrecha conexión con la dignidad humana. Bajo esa perspectiva, no es obtener la libertad de la persona, sino que cesen los maltratos, estado de incomunicación, las condiciones de detención, inclusive de hospitalización que puedan considerarse inhumanas, humillantes y degradantes´” (las negrillas nos corresponden). 4El FJ III.2, indica: “Con relación al traslado de internos de un recinto penitenciario a otro para el cumplimento de sentencias condenatorias, es necesario referirnos a la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, que en su art. 48.13 indica: `El Director General tiene las siguientes atribuciones: (…) 13) Solicitar al Juez de Ejecución Penal, el traslado de internos de un Distrito a otro, por razones de seguridad o de hacinamiento´.
Por su parte, la Ley 007, en su art. 4, señala que: Se adiciona a la parte final del Artículo 48 de la Ley Nº 2298 de 20 de diciembre de 2001, de Ejecución Penal y Supervisión el siguiente texto:`El Director General de Régimen Penitenciario, excepcionalmente, podrá disponer el traslado inmediato de una privada o privado de libertad a otro recinto penitenciario, cuando exista riesgo inminente de su vida o cuando su conducta ponga en riesgo la vida y seguridad de los otros privados de libertad.
El Director General de Régimen Penitenciario, en caso de disponer el traslado de un privado de libertad a otro recinto, ya sea detenido preventivo o de ejecución penal o sentenciado, deberá poner en conocimiento del juez de la causa y del juez de ejecución penal según corresponda en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo adjuntar un informe fundamentado que sustente la decisión.
El juez de Ejecución Penal o en su caso, el juez de la causa, previa valoración de los antecedentes enviados por el Director General de Régimen Penitenciario, se pronunciará en el plazo máximo de cinco (5) días ratificando o revocando el traslado.
En caso de ratificarse el traslado, se deberá enviar el cuaderno de investigaciones o los actuados radicados en el Juzgado de Ejecución Penal, con la finalidad de garantizar el derecho a la defensa del privado de libertad´”.
0785/2015-S1 de 18 de agosto, por cuanto el Director General de Régimen Penitenciario emitió Resolución Administrativa cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos en el art. 4 de la Ley 007, para el traslado del imputado a otro recinto penitenciario, en resguardo de su vida y derechos.
Este endimiento fue asuido en la SCP 0009/2018-S2 de 28 de febrero.
El contenido del derecho a la vida consagrado en innumerables artículos de la Constitución Política del Estado y de las normas del bloque de constitucionalidad, se extiende no solo a representar la interdicción de la muerte arbitraria, sino que implica la creación de condiciones de vida digna, que involucra, en lo conducente a la acción de libertad, a otros derechos conexos e interdependientes que no se encuentran en el ámbito de su protección, como por ejemplo: 1) El derecho a la salud y la integridad personal de los privados de libertad; 2) El derecho a la salud en problemas jurídicos vinculados con el derecho a la libertad de locomoción y arraigos; 3) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en cualesquiera de sus formas; incluso 4) Cambiando la tradición jurídica civilista de considerar persona solo a las existentes físicamente; es decir, la consideración de sujeto de derecho y derechos a la persona fallecida y a su dignidad, en una visión plural del derecho a la vida digna en contextos de retenciones de cuerpos de pacientes en 5El FJ III.4, refiere “…lo expresado en audiencia de acción de libertad, se tiene que por la señalada RA 32/2014 de 28 de noviembre, el Director General de Régimen Penitenciario, dispuso el traslado del accionante al Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, razón por la que éste fue enviado al mismo, para recién se pusiera a conocimiento de la Jueza de Ejecución Penal, autoridad que mediante Auto de 3 de diciembre de 2014, dispuso ratificar la referida Resolución Administrativa, dicho accionar es acorde al procedimiento y a la normativa descrita en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aplicable al presente caso, ya que si bien, el Director del Recinto Penitenciario de El Abra, dispuso de manera directa el traslado del interno, fue por razones de carácter excepcional al existir reportes de existencia de riesgo para la vida de éste y de la población del Penal; haciendo conocer posteriormente de tal situación a la Jueza Segunda de Ejecución Penal del departamento de Cochabamba; este acto es plenamente válido, puesto que, es posible disponer el traslado en resguardo de los derechos del imputado para luego recién comunicar a la autoridad jurisdiccional en el plazo de cuarenta y ocho horas a efectos de que la misma, previa valoración de los antecedentes enviados, se pronuncie en el término de cinco días, ya sea ratificando o revocando dicha medida; aspectos que, conforme a los antecedentes remitidos fueron cumplidos; más aún cuando en el presente caso la referida Jueza, confirmó el traslado dispuesto, como consta del Auto de 3 de diciembre de 2014”. 6La SCP 0033/2013 de 4 de enero, en el FJ III.1, dentro de una acción de amparo constitucional, refiere: “…el derecho a la vida más allá de representar la interdicción de la muerte arbitraria, implica la creación de condiciones de vida por parte del Estado; el cual no debe escatimar esfuerzos en todos sus niveles para garantizar en la medida de lo posible, la subsistencia con dignidad de todas las personas, aspirando a consolidar el vivir bien, utilizando todos los mecanismos de los que dispone”. 7Tribunal Constitucional Plurinacional. SCP 1977/2013 de 4 de noviembre. 8La SCP 0618/2012 de 23 de julio, en su FJ III.4, manifiesta que a través de la acción de libertad, es posible tutelar el derecho a la salud e integridad personal de privados de libertad, cuando se encuentra en directa conexión con el derecho a la vida. 9La SC 0023/2010-R de 13 de abril, prevé la protección de los derechos a la salud y a la vida en vinculación con el derecho a la libertad de locomoción, en problemas jurídicos vinculados a arraigos. 10Tribunal Constitucional Plurinacional. SCP 0033/2013, FJ III.2.
centros hospitalarios, entre otros supuestos; razón por la cual, el Estado asume un doble rol; primero, garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida en condiciones acordes a su dignidad; resumiéndose estas obligaciones en dos sentidos; vale decir, su respeto y su protección, respectivamente.
El alcance amplio que se otorgó al derecho a la vida, su concepción como derecho autónomo, empero también interdependiente con otros derechos en virtud del art. 13.I de la CPE, dio lugar a que este Tribunal emita numerosas Sentencias favoreciendo el acceso a la justicia constitucional a través de la acción de libertad, cuando se invoca este derecho como lesionado, señalando que: i) La protección del derecho a la vida a través de la acción de libertad es posible, aun no exista vinculación directa ni indirecta con el derecho a la libertad física, personal o de locomoción -por todas, la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre-, superando una tradición jurisprudencial que persistía en la necesidad de su vinculación; ii) Tratándose del derecho a la vida, la parte accionante es la que debe asumir la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional, así refiere la SCP 1278/2013 de 2 de agosto; y, iii) Respecto al derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, con ningún argumento puede aplicarse la subsidiariedad excepcional -por las demás, las SSCC 0008/2010-R, 0080/2010-R y 0589/2011-R-. Los señalados precedentes constitucionales son vinculantes conforme lo dispuesto por el art. 203 de la CPE y dan concreción al principio de informalismo que rige la acción de libertad, con contenidos favorables y progresivos que protegen de mejor forma el derecho de acceso a la justicia constitucional; es decir, son lineamientos jurisprudenciales 11Tribunal Constitucional Plurinacional. SCP 2007/2013 de 13 de noviembre. 12Tribunal Constitucional Plurinacional. SC 0687/2000-R de 14 de julio y SCP 033/2013. 13La SCP 0044/2010-R de 20 de abril, en el FJ III.5, establece que la protección del derecho a la vida vía acción de libertad, está íntimamente relacionada con el derecho a la libertad personal; que fue confirmada, entre otras, por la SCP 0813/2012 de 20 de agosto, precisando que la acción de libertad tutela el derecho a la vida siempre y cuando se encuentre vinculado con la libertad física o de locomoción. 14El FJ III.2, sobre la abstracción de la excepción del principio de subsidieriedad, al hallarse involucrado el derecho a la vida, señala: "El art. 18 de la CPEabrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intraprocesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional” (las negrillas son añadidas). 15La SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, en el FJ III.3 sostiene: “Nos referimos, con la expresión estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, para resaltar aquélla o aquéllas decisiones del Tribunal Constitucional que hubieran resuelto un problema jurídico recurrente y uniforme, pero de manera progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. El método de identificación del estándar más alto en la jurisprudencia constitucional, es a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, de tal forma que el precedente constitucional en vigor se constituirá en mínimos para los jueces y tribunales de garantías, a partir de los cuales, en el marco de los principios de favorabilidad contenido en los arts. 13.IV y 256 de la CPE; y, de progresividad de los derechos y prohibición de regresividad de los mismos, resguardados en el art. 13.I de la CPE, pueden ser reforzados y ampliados, máxime si la obligación de vinculatoriedad a los lineamientos jurisprudenciales mínimos, tanto respecto del derecho de acceso a la justicia como los emitidos en protección de los derechos individuales y colectivos, forman parte también del cumplimiento de las obligaciones generales del Estado, previstas en el art. 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Entendimiento establecido en la SCP 0363/2018-S2 de 24 de julio.
En cuanto al ejercicio de los derechos de las personas privadas de libertad, se establece que estos gozan de la protección del Estado respecto a sus derechos fundamentales, pese a su privación de libertad, en ese contexto, la SCP 0618/2012 de 23 de julio, en el Fundamento Jurídico III.2, estableció:
El art. 74.I de la CPE, determina que es responsabilidad del Estado velar por el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad; de donde se infiere que, la privación de libertad por causas legales, no necesariamente lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como a la vida, a la salud y otros que establece la Norma Suprema, mismos que si bien, por la esencia misma de la privación de libertad, pueden verse disminuidos en su ejercicio, no pueden por ningún motivo ser suprimidos, del razonamiento que se vislumbra del entendido de que no obstante que el privado de libertad, por esta misma calidad, se encuentra en situación de desventaja y en desigualdad de condiciones frente a aquellos sujetos que gozan de su libertad, no involucra el hecho de que esta disminución en el ejercicio pleno de algunos derechos, signifique, de ninguna manera, que los otros derechos fundamentales que le son reconocidos constitucionalmente, no sean, en su caso, pasibles de defensa por parte del interesado y por supuesto de tutela por parte del Estado.
En este contexto, es imprescindible dejar establecido que los derechos fundamentales, le son reconocidos a las personas en virtud a esa calidad de seres humanos, concepto dentro del cual no puede efectuarse discriminación alguna respecto a su situación esporádica de privados de libertad, esto como consecuencia de que aun cuando se trate de personas privadas de libertad, conservan su esencia de seres humanos y en consecuencia su calidad de ciudadanos a quienes se les reconoce los derechos contenidos en la Constitución Política del Estado y que, aún encontrándose en calidad de sujetos pasivos respecto al ejercicio de su derecho a la libertad y libre locomoción, no dejan de formar parte de la sociedad y por ende del Estado, gozando, por tanto, de la protección del aparato estatal con referencia a sus derechos y garantías, los cuales, en caso de ser lesionados, suprimidos o amenazados, son susceptibles de tutela (las negrillas son nuestras). Por lo que, si bien el privado de libertad sufre temporalmente las limitaciones impuesta por ley a este derecho, no se convierte en un ser sin derechos; al contrario, se le reconoce aquellos atribuidos por su condición de ser humano. Aspecto concordante con lo establecido en el art. 73.I de la CPE, que refiere: “Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana”; y en coherencia con ello, lo prescrito en el art. 9 de le LEPS, establece que: “La persona privada de libertad es un sujeto de derechos que no se halla excluido de la sociedad. Puede ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por esta Ley y, debe cumplir con todos los deberes que su situación legalmente le imponga.”
Entendimiento establecido en la SCP 0363/2018-S2 de 24 de julio.
El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; ya en el marco de la Constitución Política del Estado vigente a partir de 2009, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, 16El FJ III.1.2., señal: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 17El FJ III.4, menciona: “Bajo la premisa expuesta, los medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos:
Primer supuesto:
Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. Posteriormente, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo señaló que cuando quien recurre de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aun en el supuesto que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad; puesto de lo contrario, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Más adelante en la SC 0687/2011-R de 16 de mayo se denegó la tutela en razón a que el accionante activo paralelamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional, luego la SCP 0160/2014-S2 de 20 de noviembre, también denegó la tutela por activación paralela de las jurisdicciones ordinaria y constitucional.
Conforme a lo anotado, se evidencia que la jurisprudencia constitucional mantuvo uniforme el entendimiento de la no procedencia de la acción de libertad cuando el impetrante de tutela activa simultánea las jurisdicciones ordinaria y constitucional, en mérito a la subsidiariedad excepcional.
Dicho entendimiento fue asumido enla SCP 0241/2018-S2 de 12 de junio.
soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.
Segundo Supuesto:
Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.
Tercer supuesto:
Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. 18El FJ III.3, indica: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.
Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/2001-R de 9 de julio, definió la legitimación pasiva señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, la SC 0010/2010-R de 6 de abril estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 18 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, se refuerza el entendimiento antes señalado y se precisa que para la procedencia de esta acción tutelar es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Asimismo, la SC 1651/2004-R de 11 de octubre estableció que para la procedencia del hábeas corpus -ahora acción de libertad- es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad, ya que la inobservancia de este entendimiento, en aplicación del presupuesto procesal de la legitimación pasiva, impide al control de constitucionalidad ingresar al análisis de fondo de la problemática, entendimiento que fue ratificado en 19En su Cuarto Considerando, indica: “Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción, lo que no ocurre en el presente caso…”. 20El FJ III.5, determina: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 21El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.
En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 22El FJ III.1, menciona: “La uniforme jurisprudencia constitucional dictada por este Tribunal ha establecido el principio general según el cual, para la procedencia del hábeas corpus es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 691/2001-R, de 9 de julio reiterada en las SSCC 817/2001-R, 139/2002-R, 1279/2002-R y otras, se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción. En ese sentido se tienen, entre otras, las SSCC 233/2003-R y 396/2004-R, 807/2004-R”.
la SC 0330/2013-L de 16 de mayo, que señaló que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos invocados. Como se puede advertir, la jurisprudencia que señala que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos alegados, se mantuvo a lo largo de toda la historia de la jurisprudencia constitucional.
Este entendimiento ha sido establecido en la SCP 0078/2018-S2 de 23 de marzo.
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, psicológica y sexual, y al juez natural; toda vez que: i) El Director General de Régimen Penitenciario demandado y la Directora del Centro Penitenciario Palmasola codemandada, dispusieron su traslado del referido Centro Penitenciario -donde se hallaba cumpliendo dos condenas privativas de libertad y una detención preventiva en un tercer proceso penal- al Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí, sin que exista una orden judicial que así lo determine, dicho traslado constituye una doble sanción por hechos que ya fue sancionada; decisión que no explicó de qué forma esta poniendo en peligro la vida de las demás internas y sin individualizar quíen resultaría afectada; y, finalmente, se pone en riesgo su vida, ya que nunca ha vivido en una ciudad de esa altitud; y, ii) El Fiscal de Materia codemandado, pretendió obligarle a aceptar el procedimiento abreviado dentro del proceso penal que se le sigue por el delito de tráfico de sustancias controladas, bajo amenaza que en caso de negarse lograría su traslado a otro recinto carcelario. Con relación al Director General de Régimen Penitenciario a.i. del Ministerio de Gobierno Previamente cabe hacer referencia a una cuestion de orden procesal como es la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; puesto que, si bien, la parte demandada hace alusión a la misma; sin embargo, en el caso examinado, la accionante en la audiencia de consideración de la acción de libertad mencionó que la orden de su traslado del Centro Penitenciario Palmasola al Centro Penitenciaro Cantumarca Santo Domingo de Potosí, pone en riesgo su derecho a la vida, puesto que, nunca vivió en una ciudad de altitud, aspecto que eventualmente afectaría su salud; por lo indicado, corresponde ingresar al examen de fondo, puesto que conforme lo establece el entendimiento citado en el Fundmamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la protección del derecho al vida, a través de la via constitucional, no se halla condicionada al agotamiento de mecanismos de defensa intraprocesales. En dicho cometido, cabe señalar que de acuerdo a los antecedentes del proceso, se evidencia el acta de sesión extraordinaria del Consejo Penitenciario de 14 de junio de 2022, en el que, se trató el traslado de penitenciaría de la accionante y otra interna, analizándose los informes de seguridad interna, de permanencia, de las áreas médica, educación, social, psicológica, y legal, concluyéndose en el traslado de la penticionante de tutela a un recinto penitenciario de máxima seguridad (Conclusión II.1). Posteriormente, el Director General de Régimen Penitenciario demandado por RA 070/2022 dispuso el traslado administrativo excepcional por tiempo indefinido de la prenombrada del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz al Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí; con la finalidad de evitar conductas peligrosas que afectan los programas de tratamiento penitenciario, y pone en riesgo la pacífica convivencia, generando zozobra, conmoción, intranquilidad en las privadas de libertad (Conclusión II.2). Finalmente, mediante nota MG-DGRP-ALC 2080/2022, el Director General de Régimen Penitenciario demandado, el 3 de agosto de igual año, puso en conocimiento del Juez de Instrucción Penal “12vo” de la Capital del departamento de Santa Cruz, la RA 070/2022 pidiendo que dicha determinación sea ratificada (Conclusión II.3) Ahora bien, el informe del área médica, señala que la impetrante de tutela es una “Paciente femenino de 46 años de edad al momento de la valoración médica establece, afebril, ventilando espontáneamente. Paciente refiere antecedentes de cesareas anteriores. Signos vitales dentro de parametros normales aparentemente sano” (Conclusión II.1); de dicho informe se advierte que no se efectuó ninguna valoración en torno a los riesgos médicos previsibibles derivados de la altitud; lo que evidencia, que el Director del Régimen Penitenciario demandado, no cumplió debidamente con su posición de garante respecto a la salud de la accionante, puesto que, su traslado de un centro de reclusión que se encuentra a una baja altura sobre el nivel del mar como es el Centro Penitenciario Palsoma de Santa Cruz hacia otro reciento carcelario que se halla a una altitud superior a los 4 000 m sobre el nivel del mar, de una persona que antes no ha vivido en ese lugar, implicaba un cambio extremo en las condiciones de su habitad, requería la adopción de medidas preventivas de salud, que implicaba cuando menos un estudio exhaustivo del estado de salud de la privada de libertad en torno a los riesgos de salud previsibles de ese cambio, a objeto de valor en su caso la adaptación progresiva, si ello era posible, y la verificación de la capacidad especializada del centro de reclusión receptor para afrontar las contingencias de salud emergentes de los riesgos previsibles derivados de la altitud. Consecuentemente, el Director General del Régimen Penitenciario demandado al tomar la decisión administrativa del traslado sin que previamente la solicitante de tutela haya sido sometida a una valoracion médica exhasutiva sobre los riesgos previsibles de su salud derivados de la altiud extrema del lugar al que fue trasladada -departamento de Potosí- evidentemente se puso en riesgo sus derechos a la salud e integridad física; y por ende, a la vida, razón por la cual corresponde conceder la tutela solicitada. Con relación a la falta de orden judicial para el traslado, conforme se desarrolla en el Fudamento jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Director General del Régimen Peniteniario, por disposición del art. 4 de la Ley 007, que adiciona la parte final del art. 48 de la LEPS, excepcionalmente, podrá disponer el traslado inmediato de una privada o privado de libertad a otro recinto penitenciario, cuando exista riesgo inminente de su vida o cuando su conducta ponga en riesgo la vida y seguridad de los otros privados de libertad; es así que, la mencionada autoridad administrativa, ya sea que se trate de un detenido preventivo o que se halle cumpliendo condena, esta obligada a comunicar el traslado del privado de libertad ante el juez de la causa o al juez de ejecución penal, según corresponda, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, adjuntando un informe fundamentado que sustente la decisión; con base en lo cual, la autoridad judicial debe ratificar o revocar el traslado en el plazo máximo de cinco días; por ello, la artribución que tiene el prenombrado Director General para disponer el tarslado inmediato de penitenciaria de un privado de libertad, es de carcter excepcional y solo puede ser asumida en la circunstancia prevista en la ley; contrario sensu, cuando dicha determinación ha sido adoptada en otras circunstancais o con finalidades diferentes a la estipulada por el art. 48 de la ley LEPS, vulnera el derecho al juez natural en su elmento de competencia. En el caso examinando, el Director del Régimen Penitenciario demandado, dispuso el traslado administartivo de la accionante, del Centro Penitenciario Palmosola de Santa Cruz al Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí, mediante RA 070/ 2022, en la que se señala que la finalidad de dicho traslado es evitar hechos que afecten los programas de tratamiento penitenciario que se implementan en el mismo, y por los antecedentes descritos, se evidencia que la prenombrada evade la seguridad para ingresar y vender sustancias prohibidas, acciones que demuestran que no se adecua a un régimen abierto, que se basa en la responsabilidad y autocontrol, por ello, se debe asumir medidas preventivas y de seguridad para evitar que estas conductas sean replicadas por otras internas, sea en beneficio de la pacífica y ordenada convivencia de la población penitenciaria. Conforme a lo indicado, la argumentación esgrimida en la RA 070/2022, pone en evidencia que la decisión adoptada por el Director del Régimen Penitenciario demandado, no constituye una medida excepcional que se halle motivada en la circunstancia legal que le permite disponer el traslado administrativo inmediato de penitenciaria, siendo entre ellos el riesgo inminente de la vida del privado o privadada de libertad trasladada o cuando su conducta ponga en riesgo la vida y seguridad de los otros detenidos; es decir, no se trata de una medida preventiva de urgencia adoptada para evitar un riesgo inmiente al derecho a la vida y la seguridad personal de ésta o de otros internos a causa de algún problema suscitando entre internos o internas del recinto carcelario. Por el contrario, la decisión adoptada en la indicada Resolución Administrativa se halla motivada en la conducta reiterada de la peticionante de tutela de introducir y comercializar al interior del recinto penitenciario sustancias controladas; es decir, el traslado ha sido adoptado con una connotación disciplinaria y de administración ante el fracaso del control ejercido por las propias autoridades carcelarias respecto al ingreso de sustancias controladas; consiguientemente, resulta evidente que el Director General del Régimen Penitenciario demandado se ha excedido en su determianción, puesto que, la misma fue asumida al margen de las circunstancias excepcionales en la que le permite el art. 48 de la LEPS, por lo cual, vulneró el derecho al juez natural en su elemento de competencia, afectando las facultades de la autoridad judicial que se halla a cargo del control de la etapa preparatoria del proceso por sustancias controladas que se encuentra en curso. Finalmente, en lo que atañe a la prohibición de doble juzgamiento y sanción, no es posible el pronunciameinto de fondo, toda vez que, no cursa en el expediente constitucional la resolución que habría impuesto una sanción disciplinaria, por parte de la Directora del Centro Penitenciario codemandada, razón por la cual, corresponde denegar la tutela sobre esta denuncia. Respecto a la Directora Recinto Mujeres del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz Como se señala en el Fundamento Jurídico III.5 de la presente Sentecnia Constitucional Plurinacional, la legitimación pasiva es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.
En el caso en examen no se presenta dicha coincidencia respecto a la indicada Directora codemandada, puesto que, como se tiene señado supra, la decisión del traslado de recinto carcelario de la accionante, fue asumida por Director General de Régimen Penitenciario demandado, a través de la RA 070/2022, de cuya decisión no participó, y por lo mismo no es responsable, razón por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada. Con relación al Fiscal de Materia codemandado Conforme establece la jurisprudencia constitucional no procede la acción de libertad cuando el accionante ha activado de forma paralela las jurisdicciones ordinaria y constitucional; es así que, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo, señaló que al plantearse un recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, y en forma paralela un medio de defensa previsto en la normativa legal, aun en el supuesto que el mismo no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad; puesto de lo contrario, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Dicho entendimiento corresponde ser aplicado al Fiscal de Materia codemandado, puesto que, el acto lesivo que se le atribuye, fuese la coaccion ejercida bajo amenaza sobre la impetrante de tutela, para que acepte la aplicación del procedimiento abreviado, situación que fue puesta en conocimiento de la autoridad judicial competente, mediante dos memoriales, mismos que no merecieron pronuncimiento judicial hasta la presentación de este mecanismo constitucional; consiguientemente, al ser evidente que la peticionante de tutela ha activado paralelamenrte las vias ordinaria y constitucional, no procede esta acción de defensa contra el Fiscal de Materia codemandado, ocasionando en consecuencia la denegatoria de tutela.
Conforme lo previsto en el art. 202.6 de la CPE, que establece entre las atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, la revisión de las acciones de caracter tutelar, en cumplimiento a ese precepto, este Tribunal advirte que, el presente mecanismo de defensa fue puesto en conocimiento de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, misma que se encuentra conformada por dos Vocales; sin embargo, del encabezado el acta de cosideración de esta acción de libertad de 4 de agosto de 2022, se advierte que fue instaurada y celebrada por la Vocal Arminda Méndez Terrazas; igualmente, en la Resolución 17 de igual data, se observa que solamente fue firmada por la prenombrada, sin que se evidencia la participación del segundo Vocal que compone la referida Sala Penal (fs. 55 vta.).
La jurisprudencia constitucional en la SCP 0785/2022-S2 de 11 de julio, señala que: “…En relación a la competencia de las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, para conocer y resolver acciones de libertad, se debe precisar que, la competencia recae en los Vocales que la conforman y la decisión que se asuma debe ser por la mayoría absoluta de sus miembros; contrario sensu, no es posible que la misma sea resuelta unilateralmente por uno de los vocales que la compone…”; es así que, que la actuación desplegada por la citada Vocal, no se ajusta al criterio jurisprudencial descrito, puesto que, las partes procesales del mecanismo tutelar requieren que la decisión que se vaya a dictar cuente con la legalidad y legitimidad correspondiente de los miembros que compenen ese Tribunal colegiado, que precisamente al tener esa cualidad, es preciso que las autoridades judiciales que lo integran viertan sus concernientes pronunciamientos; caso contrario podría generar una eventual nulidad de obrados; empero, la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional, indica que: “…cuando dicha circunstancia se presenta, el Tribunal Constitucional Plurinacional por las características de sumariedad que rige en los mecanismos de defensa y especialmente en la acción de libertad, no dispondrá la nulidad de obrados, sino que resolverá el fondo de la controversia planteada previo un análisis sobre la suficiencia de la documentación para tal cometido”; por ello, de los datos que contiene el expediente del caso concreto, fueron suficientes para ingresar y resolver en el fondo los actos lesivos denunciados por la accionante, además por la fecha de su presentación, este Tribunal considera que no es pertinente declarar la nulidad de obrados, puesto que, solo se ocasionaría un perjuicio a la misma al no pronunciarse una decisión constitucional; no obstante, es necesario llamar la atención a la Vocal Armínda Méndez Terrazas, para que en futuras acciones tutelares que tenga conocimiento, éstas sean conocidas y resueltas por todos los miembros que formen parte de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, como Tribunal Colegiado y no de manera unilateral, en respeto a la naturaleza del juez natural como elemento del derecho al debido proceso de los procesos constitucionales. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 17 de 4 de agosto de 2022, cursante de fs. 51 a 54 vta., pronunciada por Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a Juan Carlos Limpias Esprella, Director General de Régimen Penitenciario a.i. del Ministerio de Gobierno; confome a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer:
a) Dejar sin efecto el traslado dispuesto de la accionante por el Director General de Régimen Penitenciario a.i. del Ministerio de Gobierno, mediante la Resolución Administrativa 070/2022 de 28 de julio, y los consiguientes actos judiciales y administrativos que se dictaron. b) Que la accionante sea traslada al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, siempre y cuando continue recluida en Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí, en cumpliento de la Resolución Administrativa 070/2022. 3° DENEGAR la tutela impetrada con relación al María Lourdes Araníbar Montoya, Directora Recinto Mujeres del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; y, Edwin Blanco Marca, Fiscal de Materia; asi como, la vulneración de la prohibición de doble juzgamiento, con base en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 4º Llamar la atención a Armínda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, conforme a las razones descritas en el Fundamento Jurídico III.7 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
aquél que resulte de dicha comparación” (la negrillas son nuestras). Luego, la SCP 0087/2014-S3 de 27 de octubre, siguiendo tal entendimiento, enfatizó que la: “…forma de identificación del precedente constitucional en vigor a través de la lectura contextualizada de la línea jurisprudencial que requería como única condición el criterio temporal del precedente, resultando el último en términos de fecha de emisión por el Tribunal Constitucional (que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento) tuvo una evolución significativa, por cuanto a partir de la SCP 2233/2013-de 16 de diciembre, la justicia constitucional entendió que el precedente constitucional en vigor, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocado, provocando con ello, que la invocación y aplicación de un precedente sea escogido dentro del contexto de la línea jurisprudencial ya no solamente fijándose el criterio temporal del mismo, sino sobre todo aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho”.
23 El FJ III.5, refiere: “…sobre el particular, se advierte, de los hechos que motivaron la acción, que éste último no tuvo participación en la vulneración de los derechos invocados; toda vez que, no hace mención a la forma en que hubiera esta autoridad restringido su derecho a la libertad y locomoción; por lo que, carece de legitimación pasiva…”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0446_2025-S3.pdf · páginas 1 a 23.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1dd65f04fe899b36b511d9e2107aa1d2674b982795d97d71bb1de3d68fe58935
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