Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 15 de agosto de 2024
Concede la tutela
La accionante alega la vulneración de los derechos a la educación de su hija y a mantener relaciones personales y contacto directo con su madre; debido a que, su progenitor, aprovechando que la tuvo a su cargo durante la vacación invernal se negó a retornarla a su cuidado, privándola de asistir a la Unidad Educativa en la que se encuentra inscrita e impidiéndole tener relación afectiva con su madre. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 087/2022 de 13 de octubre, cursante de fs. 153 a 158 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo: 1° Se notifique a la Jueza Pública de Familia Segunda del departamento de Cochabamba, para que convoque a NN, a entrevista en la que, consultando su opinión, determine la guarda provisional de la misma en resguardo de su interés superior, agotando todas las medidas coercitivas necesarias, en caso de incumplimiento en la presencia de los progenitores al verificativo oral que será señalado; 2° Restituya el derecho de NN, a la educación debiendo para ello, asistir a la Unidad Educativa en la que se encuentra inscrita; 3° Se restablezca el derecho de NN, a mantener relación personal y contacto directo con su madre y su padre, en la forma que la Jueza del proceso, considere que es más adecuada para la niña; y, 4° Se ordena a ambos progenitores, el fiel cumplimiento de lo dispuesto en el presente fallo constitucional, debiendo conducir a la menor ante la autoridad competente, el día y hora en que la misma sea convocada, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento por incumplimiento de resoluciones constitucionales, y de ordenar la intervención de la fuerza pública.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0446/2024-S4 Sucre, 15 de agosto de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 51092-2022-103-AAC Departamento: Cochabamba En revisión de la Resolución 087/2022 de 13 de octubre, cursante de fs. 153 a 158 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Griselda Heredia Limachi por sí y por su hija menor de edad contra Favio Cano Choque.
Mediante memoriales presentados el 30 de septiembre de 2022, cursante de fs. 25 a 27; y de subsanación el 6 de octubre de igual año (fs. 32 y vta.), la accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
El padre de su hija, demandó en el Juzgado de Familia Segundo del departamento de Cochabamba, la guarda de la niña; y el 1 de julio de 2022, la llevó consigo por la vacación escolar de invierno, por dos semanas supuestamente a la ciudad de Oruro y como el periodo de descanso se extendió pidió pasar más tiempo con ella; empero, al transcurrir la tercera semana de vacación, cortó toda comunicación con la niña hasta que el 19 de julio de citado año, le comunicó que ya no tendría la guarda de NN, y le transmitió el número de celular de su abogada anunciándole, la existencia de una denuncia en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia por violencia psicológica, en la que habrían concedido la guarda a su favor; lo que, resultó mentira, existiendo únicamente la demanda de guarda ante autoridad judicial. Pese a sus súplicas, le prohibieron todo contacto con la niña y lo que es peor, la privaron de asistir a la escuela; pues la misma cursa el primer curso del nivel Primario en la Unidad Educativa T.H. Fátima desde el 1 de agosto hasta la fecha, sin que se sepa su paradero. El demandado, pretendió obtener documentación del centro educativo señalando que cambiaría a su hija de colegio; sin embargo, al no haber presentado ninguna orden judicial, se apersonó a la Unidad Educativa señalando que volverá a pasar clases desde el 26 de septiembre; no obstante, llamó para comunicar que la niña está enferma y que tiene autorización del Juez para que solo él pueda recoger a NN, lo cual ,no es evidente porque como madre no perdió la guarda de su hija; en ese sentido, no solo se vulnera su derecho a la educación y de tener contacto con su familia sino que igualmente, se vulneran sus derechos de madre.
La impetrante de tutela, alegó la lesión del derecho a la educación y a mantener relaciones personales y contacto directo con su madre, citando al efecto el art. 81 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, ordene al demandado la restitución de la menor, a su Unidad Educativa para continuar con sus estudios; así como, el derecho a tener una relación con su madre.
Celebrada la audiencia virtual el 13 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 151 a 152 vta.; presentes la solicitante de tutela y el demandado, ambos asistidos por sus abogados; así como la tercera interesada, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado en audiencia, ratificó su demanda. Añadió que, en forma posterior a los hechos denunciados en la demanda, fue notificada con una demanda de guarda; y que, el 4 de octubre de 2022, la Jueza del proceso, ordenó al demandado, restituir a su hija a la Unidad Educativa y que habiendo sido notificado el 10 del mismo mes y año, cumplió lo dispuesto; empero, cuando se presentó al colegio para ver a su niña, se percató que el demandado estaba grabando. Al presente, la menor, no asiste al colegio, persistiendo la vulneración de su derecho a la educación.
Favio Cano Choque, a través de su abogada, en audiencia señaló: a) Que se remite a la solicitud de tutela, y que no es evidente que su hija no fue a pasar clases porque eso fue impedido por su propia madre, presentando un video como elemento probatorio; del cual se advierte que existió un incidente suscitado por la impetrante de tutela y fue el Director del establecimiento quien negó su acceso hasta que se acredite quién tiene la guarda de la niña para evitar un conflicto en el establecimiento; b) En el proceso de guarda, solicitó a la Jueza, medidas cautelares personales contra la impetrante de tutela, por la actitud agresiva que demuestra y que inclusive fue objeto de denuncia existiendo un certificado médico forense que data de agosto de 2020; c) Aclaró que solicitó a la Jueza del proceso, autorización para el traslado de su hija a otra Unidad Educativa, lo que fue rechazado por la autoridad judicial, solicitando igualmente, medidas cautelares mientras se emitan las valoraciones psicosociales y cuya realización se prevé para el 16 de noviembre del presente año; las cuales, fueron rechazadas igualmente; por lo que, considera no haber vulnerado ningún derecho y menos a la educación de la niña por cuanto la misma, asistió al colegio; empero, al no existir garantías suficientes, nuevamente se la retiró al haber sido agredido no solo por la solicitante de tutela sino por sus familiares y, a pedido del Director de la Unidad Educativa de que se retiren porque se estaría afectando a la niña; y, d) El 13 de octubre, presentó un memorial, solicitando a la Jueza, garantizar los derechos de la niña y; así mismo, se efectivicen clases virtuales; puesto que actualmente, a pedido de la niña, se encuentra con el padre aunque inicialmente la madre tenía la guarda natural, aspecto que debe ser dilucidado por la Jueza del proceso.
Silvia Delia Jiménez Cossío, Jueza Pública de Familia Segunda del departamento de Cochabamba, en audiencia señaló que remitió los antecedentes judiciales a la Sala Constitucional, evidenciándose que se trata de un proceso de guarda, no de modificación de guarda, que fue planteado por el progenitor de la niña, en el que aún no existe ninguna resolución porque se encuentran realizando los informes ordenados.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 087/2022 de 13 de octubre, cursante de fs. 153 a 158 vta., concedió en parte y de manera provisional la tutela impetrada y; en consecuencia, ordenó a la Jueza Pública de Familia Segunda del departamento de Cochabamba convocar a audiencia pública a las partes y al equipo multidisciplinario; para que, con participación de la niña, resuelva sobre su guarda o tenencia conforme a la normativa legal pertinente; y, a efecto de garantizar el derecho a la educación de la menor, retorne de manera inmediata a su Unidad Educativa con las seguridades legales que el caso amerite, exponiendo los siguientes argumentos: 1) Del informe emitido por el Director de la Unidad Educativa Particular “Fátima” en el que se encuentra inscrita la niña, se evidencia que luego de la vacación escolar de invierno no fue restituida a las labores educativas iniciadas el 1 de agosto de 2022; igualmente, del informe de 3 de octubre del mismo año, el Director refiere que está en riesgo su educación porque no concurrió a clases hasta esa fecha, afectando el cumplimiento del año escolar, por otra parte, indica que el conflicto entre los padres está provocando problemas no solo a la menor; sino a la Unidad Educativa por lo que, solicitó a la Jueza, se resuelva el mismo de manera pronta debido a que debe conocerse a quién corresponde recoger a NN del establecimiento educativo, concluyéndose que asistió a clases únicamente cuatro días de los dos meses transcurridos desde la conclusión de la vacación de invierno, persistiendo en consecuencia, la restricción a su derecho fundamental a la educación; 2) De los antecedentes que cursan en el expediente judicial, se evidencia la existencia de un proceso instaurado por el demandado contra la impetrante de tutela, en el que consta un acuerdo transaccional de asistencia familiar de 15 de abril de 2019, de cuyo texto se extrae que los progenitores de la niña, acordaron que el padre pagará una asistencia familiar y que la madre estará al cuidado y protección de la hija de ambos, no advirtiéndose elemento material alguno posterior que contradiga tal documento; sin embargo, en función a la referida demanda judicial de modificación de guarda instaurada por el demandado el 22 de julio de 2022, dicho conflicto debe ser dilucidado por la autoridad judicial; debido a que, la audiencia de conciliación convocada para el 31 de agosto de 2022, no tuvo un buen resultado, de manera que, persiste el conflicto entre los padres, habiendo transcurrido más de dos meses sin que sea resuelto por la Jueza de manera prioritaria, evidenciándose que ambos progenitores son reticentes a cumplir las órdenes judiciales respecto a sus evaluaciones para resolver la causa de una o de otra forma en lo principal; 3) Habiendo retornado la niña a la Unidad Educativa en días previos a la audiencia de la acción de defensa, nuevamente se generó inconcurrencia por los conflictos entre los padres respecto a quién recogerá o llevará a la menor a pasar clases, antecedentes que tienen que ver sin duda con el proceso judicial de guarda que se sustancia ante el Juzgado Público de Familia Segundo, a cargo de la ahora tercera interesada; por cuanto, no obstante el tiempo transcurrido y los reclamos realizados por ambas partes del proceso, no fue emitido pronunciamiento alguno aunque sea provisional para atender de manera prioritaria, los derechos de la niña que tiene seis años de edad y cursa el “primero básico” en una Unidad Educativa, persistiendo la vulneración de sus derechos que no fueron priorizados en resguardo de su integridad; y, 4) La lectura de la Resolución pronunciada permite comprender, que el progenitor denegó la restitución del derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con su madre.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1.1. Favio Cano Choque –demandado en la presente acción de defensa– planteó demanda de modificación de guarda, adjuntando el certificado de nacimiento de su hija NN, nacida el 17 de diciembre de 2015 y el Acuerdo Transaccional de Asistencia Familiar SLIM 84/19 de 15 de abril de 2019, suscrito con Griselda Heredia Limachi –hoy accionante–; por el que, acordaron que la madre estaría al cuidado y protección de la niña y que el padre pagaría una asistencia familiar de Bs500.-(quinientos bolivianos) mensual debiendo compartir ambos progenitores los gastos médicos al 50%, estableciendo igualmente, el régimen de visitas (fs. 3, 5 y 6 a 10 vta.). II.1.2. Cursa también, un certificado de 1 de agosto de 2022, suscrito por el Director General de la Unidad Educativa Particular “Fátima” de la ciudad de Cochabamba, señalando que NN, es estudiante efectiva del establecimiento en el curso 1°A de Primaria Comunitaria Vocacional e igualmente, la nota de 10 del mismo mes y año; en el que, el mismo director del establecimiento educativo, solicita a la impetrante de tutela, informar los motivos de la inasistencia de su hija, a las clases virtuales que se realizaron desde el 1 de agosto por una semana y presenciales hasta esa fecha (fs. 11 a 12). II.1.3. A través de nota de 6 de septiembre de 2022, el Director General de la Unidad Educativa Particular “Fátima”, informó a la Jueza Pública de Familia Segunda del departamento de Cochabamba, que la asistencia de NN, a la Unidad Educativa fue normal hasta que a partir del reinicio de las labores educativas (1 de agosto de 2022) hasta la fecha de la comunicación, dejo de asistir a clases (fs. 13 a 14). II.1.4. Por memorial presentado 26 de septiembre de 2022, la Abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba informó a la Jueza del proceso, que en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, ubicada en la plaza Colón, no existe registro de denuncia alguna presentada el 19 de julio de 2022 por Favio Cano Choque contra Gladys Heredia Limachi, sino únicamente, su apersonamiento para recibir orientación legal; de manera que no se definió la guarda a favor de ninguno de los progenitores (fs. 15 a 16). II.1.5. Finalmente, fotografías de mensajes de WhatsApp emitidos del celular de la solicitante de tutela (fs. 19 a 23).
II.2.1. Videograbación que fue reproducida en la audiencia conforme consta en el acta de fs. 151 a 152 vta., señalando la abogada del demandado que ella tomó el video el 11 de octubre de 2022, en la Unidad Educativa en la que cursa estudios NN, observándose que en la puerta de ingreso una persona de sexo femenino se encuentra con la niña y explica sobre la salud de la niña al director del establecimiento, para posteriormente, ingresar con ella al patio del colegio. En el segundo video, se observa que una persona identificada como la accionante, se acerca corriendo a la reja de la Unidad Educativa e intenta entrar a la misma, en el momento en que la pareja del demandado pretende abandonar el colegio reclamándole la impetrante de tutela sobre su hija; finalmente desistió de ingresar al recinto y se retiró, para esperar en el interior de un vehículo hasta que la niña salga de la Unidad Educativa (fs. 45). II.2.2. Dos memoriales presentados por Favio Cano Choque a la Jueza del proceso (fs. 46 a 50).
II.3.1. Planteado el 22 de julio de 2022, fue admitido como proceso extraordinario, el 3 de agosto de 2022, luego de subsanarse la demanda. La demandada respondió negativamente el 15 de agosto, convocándose a una audiencia de conciliación para el 31 del mismo mes y año (fs. 51 a 83). II.3.2. Consta que la audiencia de conciliación fue fallida (fs. 100). II.3.3. El 4 de octubre de 2022, la Jueza Pública de Familia Segunda del departamento de Cochabamba, mediante providencia, ordenó al progenitor Favio Cano Choque, restituir a la niña a sus labores escolares en la Unidad Educativa en la que se encuentra inscrita, bajo conminatoria de aplicarse las sanciones que correspondan o la remisión de antecedentes al Ministerio Público por desobediencia a órdenes judiciales. Igualmente, ordenó que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; de manera inmediata, se constituya en el domicilio del padre de la menor, para verificar las condiciones en las que se encuentra la misma; si se encuentra en peligro estando al cuidado del padre, si la madre constituye un peligro para la niña, cuál la interrelación con ambos progenitores, y si NN ve a su madre (fs. 143).
La accionante alega la vulneración de los derechos a la educación de su hija y a mantener relaciones personales y contacto directo con su madre; debido a que, su progenitor, aprovechando que la tuvo a su cargo durante la vacación invernal se negó a retornarla a su cuidado, privándola de asistir a la Unidad Educativa en la que se encuentra inscrita e impidiéndole tener relación afectiva con su madre. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Si bien, la Jurisprudencia constitucional reconoce la excepcionalidad del principio subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, es posible sustraerse de dicha regla cuando la vulneración de derechos fundamentales, se encuentre vinculada a un inminente daño irreparable, como son las medidas de hecho, así como en los casos de las personas que requieren de una protección inmediata, casos en los que se abstraen las exigencias procesales debido a que los grupos vulnerables que comprenden a los niños, niñas, discapacitados, minorías étnicas o raciales y personas adultas de la tercera edad, forman parte de lo que la doctrina, instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional ha denominado grupos vulnerables para los cuales, el Estado mediante acciones afirmativas, busca la materialización de la igualdad y la equidad, de manera que es posible brindarles un trato preferencial en el acceso de determinados derechos – generalmente de naturaleza laboral – o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorar su calidad de vida y compensar, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación o la exclusión de las que fueron víctimas en el paso. La aplicación de dicha excepción, exige que el daño irreparable o irremediable invocado debe ser demostrado en forma fehaciente y que no podrá ser reparado por otros medios, recursos ordinarios o administrativos o cualquier vía idónea al efecto o que la protección concedida podría resultar ineficaz por tardía. En el caso de los niños y niñas, la abstracción al principio de subsidiariedad, responde a que el art. 24.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Bolivia refiere que: “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado” (las negrillas son nuestras); comprometiendo al Estado, a crear las condiciones y oportunidades para el ejercicio de derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, debiendo ser la legislación un instrumento de defensa y promoción de los mismos. Así lo señalan las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1010/2022-S4 de 8 de agosto y 0084/2024-S4 de 3 de abril. En ese contexto, la SCP 0033/2015-S1 de 6 de febrero, citando la SCP 1879/2012 de 12 de octubre, al analizar el interés superior del niño reconoció que: “…a partir del interés superior como principio que ampara a los menores de edad, por cuyo motivo este Tribunal en acciones de libertad ya prescindió de la subsidiariedad excepcional que la caracteriza; dada la situación especial de este sector vulnerable de la sociedad que goza de la preeminencia en sus derechos fundamentales, en acciones de amparo constitucional también deberá relegarse el carácter subsidiario que exige la interposición de los medios extraprocesales vigentes en forma previa a su activación, tomando en cuenta que un excesivo celo procesal podría poner a la persona afectada –accionante menor de edad– en situaciones no deseadas por el orden constitucional, materializando la transgresión de sus derechos cuando a lo que se propende con la interposición de las acciones de tutela es a lograr la máxima eficacia y tutela de los derechos consagrados por nuestra Norma Suprema‛. Consiguientemente, en resguardo de ese interés superior, en casos en los que de manera directa o indirecta la afectación de derechos invocada atente los derechos de niñas, niños y adolescentes, contraria al ordenamiento jurídico y violatoria de los mismos; y, en aplicación a la garantía estatal, podrá efectuarse el análisis de fondo de la problemática, haciendo una excepción al principio de subsidiariedad que rige al amparo constitucional” (las negrillas son nuestras).
La Convención sobre los Derechos del Niño, promulgada por la Organización de las Naciones Unidas en noviembre de 1989 y, ratificada por Bolivia, a través de la Ley 1152 de 14 de mayo de 1990, en lo concerniente a la protección integral de los derechos de la niñez: a la subsistencia a través de niveles de vida adecuados y acceso a los servicios básicos; al desarrollo armonioso, con respeto, afecto y dignidad, desenvolviéndose en todos los ámbitos como la educación, el juego, actividades culturales, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; a la protección, que comprende la tutela contra las formas de explotación y crueldad y la separación arbitraria de la familia; y, por último, a la participación, que promueve la libertad de expresar opiniones y manifestarse respecto a cuestiones que afectan su propia vida, lo que significa que ningún proceso pueda desarrollarse sin escuchar la opinión del niño (Sandra de Kolle, Carlos Tiffer, Justicia Juvenil en Bolivia) como fue señalado por la SCP 0038/2018-S4 de 12 de marzo). La indicada Convención sobre los Derechos del Niño, asume varios principios a observarse en la protección de los derechos de la niñez, entre ellos, el de interés superior señalado en el art. 3, como eje transversal de todas las decisiones a adoptarse por instituciones públicas o privadas, en sentido que sus derechos prevalecen sobre los demás, favoreciendo su desarrollo físico, psicológico, moral y social; el de unidad familiar, por el que se reconoce a la familia como el medio ideal para el desarrollo del niño y la niña, de donde surge la obligación del Estado de prestar la asistencia a los padres para que éstos cumplan sus responsabilidades en la educación integral del menor; y, el de autonomía progresiva en el ejercicio de todos sus derechos, consiguiendo superar el criterio dominante referido a que los padres tienen poder sobre sus hijos al carecer éstos de autonomía, para entender que los progenitores sólo tienen la función de orientarlos y dirigirlos en forma apropiada para que ejerzan sus derechos, según indica el art. 5 de la referida Convención (en ese sentido, la SC 0735/2010-R de 26 de julio). Con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados parte iniciaron un proceso de adecuación de su legislación a la luz de la doctrina de la protección integral de los niños, considerándolos como sujetos plenos de derechos y dejando atrás la concepción de sujeto pasivo de medidas de protección. En ese marco normativo internacional, la Constitución Política del Estado vigente, además de reconocer de manera específica los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, consagra en su art. 60, el principio de interés superior del derecho del menor, cuando dispone: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”. De ese modo, la Norma Suprema recoge el criterio de protección integral de la niñez, que igualmente fue asumido por el Código del Niño, Niña y Adolescente -Ley 2026 de 27 de octubre de 1999-, con la ratificación de la ya referida Convención, y que considera a los niños y adolescentes como titulares de todos los derechos que pueden ser ejercidos directamente de acuerdo a su edad y desarrollo. El Código aludido, a su vez, informa su contenido en el reconocimiento de los principios de no discriminación (art. 3), de interés superior (arts. 6 y 7), de unidad familiar (art. 27 y ss.) y de autonomía progresiva, entre otros. La Guía para la Evaluación y Determinación del Interés Superior de los Niños, Niñas y Adolescentes de la UNICEF, establece que es un derecho, un principio y una norma de procedimiento, basados en una evaluación de todos los elementos del interés de unos niños en una situación concreta. El objetivo del concepto de interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención de los Derechos del Niño y el desarrollo holístico del niño. La Guía señalada explica que el interés superior del niño como derecho sustantivo se refiere a una consideración primordial que evalúa y toma en cuenta distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño o grupo de niños. Como principio jurídico interpretativo fundamental, implica que, ante diversas interpretaciones posibles, se elegirá aquella que “satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño”. Como norma de procedimiento se aplica cuando deba tomarse una decisión que afecte a un niño, niña o adolescente, debe incluirse “una estimación de las posibles repercusiones” que esta tenga en él o ella. Dicha evaluación y determinación requiere de garantías procesales, así como de la mención expresa del modo en que dicha consideración se ha realizado. Este elemento es lo que se denomina como el examen o evaluación global del interés superior. En la Observación General 14 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, emitida con el objeto de garantizar que los Estados partes en la Convención den efectos al interés superior del niño y lo respeten, define los requisitos que deben ser considerados en particular en las decisiones judiciales y administrativas, así como en otras medidas que afecten a niños con carácter individual y en todas las etapas del proceso de aprobación de leyes, políticas estrategias, programas, planes, presupuestos, iniciativas legislativas y presupuestarias y directrices (es decir, todas las medidas de aplicación) relativas a los niños en general o a un determinado grupo. Sobre la base de esas consideraciones preliminares, el Comité estima que los elementos que deben tenerse en cuenta al evaluar y determinar el interés superior del niño, en la medida en que sean pertinentes para la situación de que se trate, son los siguientes: a) La opinión del niño conforme al art. 12 de la Convención, que reconoce el derecho del niño a expresar su opinión en todas las decisiones que le afectan. Si la decisión no tiene en cuenta el punto de vista del niño o no concede a su opinión la importancia que merece de acuerdo con su edad y madurez, no respeta la posibilidad de que el niño o los niños participen en la determinación de su interés superior. El hecho de que el niño sea muy pequeño o se encuentre en una situación vulnerable (por ejemplo, los niños con discapacidad, los pertenecientes a grupos minoritarios y los migrantes) no le priva del derecho a expresar su opinión, ni reduce la importancia que debe concederse a sus opiniones al determinar el interés superior. La adopción de medidas concretas para garantizar el ejercicio en pie de igualdad de los derechos de los niños en ese tipo de situaciones debe someterse a una evaluación individual que dé una función a los propios niños en el proceso de toma de decisiones y permitan introducir ajustes razonables y prestar de apoyo, en caso necesario, para garantizar su plena participación en la evaluación de su interés superior. b) La identidad del niño. Los niños no son un grupo homogéneo, por lo que debe tenerse en cuenta la diversidad al evaluar su interés superior. La identidad del niño abarca características como el sexo, la orientación sexual, el origen nacional, la religión y las creencias, la identidad cultural y la personalidad. Aunque los niños y los jóvenes comparten las necesidades universales básicas, la expresión de esas necesidades depende de una amplia gama de aspectos personales, físicos, sociales y culturales, incluida la evolución de sus facultades. El derecho del niño a preservar su identidad está garantizado por la Convención (art. 8) y debe ser respetado y tenido en cuenta al evaluar el interés superior del niño. c) La preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones. El Comité recuerda que es indispensable llevar a cabo una evaluación y determinación del interés superior del niño en el contexto de una posible separación del niño y sus padres (arts. 9, 18 y 20). También subraya que los elementos antes mencionados son derechos concretos y no solo elementos para determinar el interés superior del niño. La familia es la unidad fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y el bienestar de sus miembros, en particular de los niños (preámbulo de la Convención). El derecho del niño a la vida familiar está protegido por la Convención (art. 16). El término "familia" debe interpretarse en un sentido amplio que incluya a los padres biológicos, adoptivos o de acogida o, en su caso, a los miembros de la familia ampliada o la comunidad, según establezca la costumbre local (art. 5). Prevenir la separación familiar y preservar la unidad familiar son elementos importantes del régimen de protección del niño, y se basan en el derecho recogido en el artículo 9, párrafo 1, que exige "que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando [...] tal separación es necesaria en el interés superior del niño". Asimismo, el niño que esté separado de uno o de ambos padres tiene derecho "a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño" (art. 9, párr. 3). Ello también se aplica a cualquier persona que tenga el derecho de custodia, los tutores legales o habituales, los padres adoptivos y las personas con las que el niño tenga una relación personal estrecha. d) Cuidado, protección y seguridad del niño. Al evaluar y determinar el interés superior de un niño o de los niños en general, debe tenerse en cuenta la obligación del Estado de asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar (art. 3, párr. 2). Los términos "protección" y "cuidado" también deben interpretarse en un sentido amplio, ya que su objetivo no se expresa con una fórmula limitada o negativa (por ejemplo, "para proteger al niño de daños"), sino en relación con el ideal amplio de garantizar el "bienestar" y el desarrollo del niño. El bienestar del niño, en un sentido amplio, abarca sus necesidades materiales, físicas, educativas y emocionales básicas, así como su necesidad de afecto y seguridad. El cuidado emocional es una necesidad básica de los niños; si los padres o tutores no satisfacen las necesidades emocionales del niño, se deben tomar medidas para que el niño cree lazos afectivos seguros. La evaluación del interés superior del niño también debe tener en cuenta su seguridad, es decir, el derecho del niño a la protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental (art. 19), el acoso sexual, la presión ejercida por compañeros, la intimidación y los tratos degradantes, así como contra la explotación sexual y económica y otras formas de explotación, los estupefacientes, la explotación laboral, los conflictos armados, etc. (arts. 32 a 39). Aplicar el enfoque del interés superior del niño en el proceso de toma de decisiones entraña evaluar la seguridad y la integridad del niño en ese preciso momento; sin embargo, el principio de precaución exige valorar también la posibilidad de riesgos y daños futuros y otras consecuencias de la decisión en la seguridad del niño. e) Situación de vulnerabilidad. Un elemento importante que debe tenerse en cuenta son las situaciones de vulnerabilidad del niño, como tener alguna discapacidad, pertenecer a un grupo minoritario, ser refugiado o solicitante de asilo, ser víctima de malos tratos, vivir en la calle, etc. El objetivo de la determinación del interés superior de un niño o de los niños en situación de vulnerabilidad no debe referirse solo al pleno disfrute de todos los derechos consagrados en la Convención, sino también en otras normas de derechos humanos relacionadas con esas situaciones específicas, como los contemplados en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, entre otros instrumentos. 76. El interés superior de un niño en una situación concreta de vulnerabilidad no será el mismo que el de todos los niños en la misma situación de vulnerabilidad. Las autoridades y los responsables de la toma de decisiones deben tener en cuenta los diferentes tipos y grados de vulnerabilidad de cada niño, ya que cada niño es único y cada situación debe evaluarse de acuerdo con su condición única. Debe realizarse una evaluación individualizada del historial de cada niño desde su nacimiento, con revisiones periódicas a cargo de un equipo multidisciplinario y los ajustes razonables que se recomienden durante todo el proceso de desarrollo del niño. f) El derecho del niño a la salud. El derecho del niño a la salud (art. 24) y su estado de salud son fundamentales para evaluar su interés superior. Sin embargo, si hay más de una posibilidad para tratar una enfermedad o si el resultado de un tratamiento es incierto, se deben sopesar las ventajas de todos los tratamientos posibles frente a todos los posibles riesgos y efectos secundarios, y también debe tenerse en cuenta debidamente la opinión del niño en función de su edad y madurez. En este sentido, se debe proporcionar al niño información adecuada y apropiada para que entienda la situación y todos los aspectos pertinentes en relación con sus intereses, y permitirle, cuando sea posible, dar su consentimiento fundamentado. g) El derecho del niño a la educación. El acceso a una educación gratuita de calidad, incluida la educación en la primera infancia, la educación no académica o extraacadémica y las actividades conexas, redunda en el interés superior del niño. Todas las decisiones sobre las medidas e iniciativas relacionadas con un niño en particular o un grupo de niños deben respetar su interés.
Cabe destacar que la evaluación básica del interés superior, es una valoración general de todos los elementos que guarden relación con del interés superior del niño, en la que la importancia de cada elemento se pondera en función de los otros. No todos los elementos serán pertinentes en todos los casos, y los diversos elementos pueden utilizarse de diferentes maneras en los distintos casos. El contenido de cada elemento variará necesariamente de un niño a otro y de un caso a otro, dependiendo del tipo de decisión y las circunstancias concretas, al igual que la importancia de cada elemento en la evaluación general.
El art. 57 del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA) establece que la guarda es una institución jurídica que tiene por objeto el cuidado, protección, atención y asistencia integral a la niña, niño o adolescente con carácter provisional; es otorgada mediante resolución judicial a la madre o al padre en casos de divorcio o separación de las uniones conyugales libres, o a terceras personas sin afectar la autoridad materna o paterna, confiere a la guardadora o guardador el deber de precautelar los intereses de la niña, niño o adolescente frente a terceras personas, inclusive a la madre, al padre o ambos, así como también a tramitar la asistencia familiar. El art. 58 de la norma en estudio, prevé las siguientes clases de guarda: a) Por desvinculación familiar, de acuerdo a lo previsto por la normativa en materia de familia; y, b) La guarda otorgada por la Jueza o Juez Publico en materia de Niñez y Adolescencia, a la persona que no tiene tuición legal sobre la niña, niño adolescente, sujeta a lo dispuesto en este Código. Cuando se trata de guarda que debe ser dilucidar por divorcio de los padres o disolución de las uniones libres o de hecho, corresponde su conocimiento a los jueces de materia familiar. En ese sentido, la guarda es una institución destinada a cuidar, proteger, atender y asistir integralmente al menor, se encuentra regida por los principios de interés superior, de autonomía progresiva, de unidad familiar y de respeto a las opiniones del niño; tiene carácter provisional y se otorga mediante resolución judicial, pronunciada ya sea por el Juez de Familia o por el Juez de la Niñez y Adolescencia, dependiendo de la clase de guarda que se trate; de ello, se infiere que la resolución que dispuso la guarda de los hijos puede ser modificada cuando el interés superior del niño así lo requiera, entendiéndose que dicha revisión deberá ser realizada necesariamente por la autoridad judicial pertinente, a través de los mecanismos que tanto el Código del Niño Niña y Adolescente como el Código de las Familias y del proceso familiar establecen, sin que pueda asumirse acciones de hecho invocando el principio de interés superior del niño y la supuesta voluntad de los menores, pues estos aspectos deben ser analizados por el juzgador para determinarla (SC 0165/2010-R de 17 de mayo).
A ello, se debe agregar lo dispuesto por el art. 271.I del Código de las Familias y del Proceso Familiar, el cual dispone lo siguiente: “Las medidas provisionales tienen por finalidad resguardar los derechos de la familia, sus integrantes y en particular los derechos de personas en situación de vulnerabilidad, ante la disputa o controversia familiar, disminuyendo los efectos negativos emergentes. Son de carácter conservatorio y temporal”, pues si bien las decisiones sobre medidas provisionales, no son susceptibles de impugnación; sin embargo, por imperio de lo previsto por el art. 272 del mismo cuerpo legal, quien considere que la medida no esté cumpliendo su finalidad, podrá solicitar su modificación, a lo cual, la autoridad judicial determinará las medidas adecuadas al derecho e interés que se pretende proteger, cuidando que sean indispensables.
Ahora bien, conforme se ha señalado precedentemente, la guarda es una medida provisional y su conocimiento y resolución corresponde al juez de materia familiar cuando sea emergente del divorcio y la desvinculación de las uniones libres o de hecho y, se tramita como emergencia del mismo proceso cuando ha sido instaurado o cuando se solicitan medidas modificatorias de la guarda ya determinada judicialmente, observándose que el Código de las Familias y del Proceso Familiar no regula un procedimiento específico para su trámite, entendiéndose que podría ser admisible el procedimiento extraordinario; en todo caso, cualquiera sea el procedimiento por el que se opte, debe observarse y garantizarse inexcusablemente el interés superior del niño, niña o adolescente, como derecho, un principio y una norma de procedimiento. Al margen de la guarda judicialmente determinada, puede ocurrir que una vez producida la separación de hecho, los progenitores suscriban acuerdos voluntarios en los que, en ejercicio de su autoridad parental convengan la situación de los hijos y su guarda hasta que una de las partes inste el procedimiento judicial de desvinculación correspondiente, pudiendo ocurrir que una de las partes suscribientes del acuerdo, solicite la homologación del mismo por autoridad judicial, como ocurre normalmente. No obstante, puede suceder igualmente que uno de los progenitores decida incumplir el convenio de guarda y asumir medidas de hecho respecto a la situación de los hijos que consecuentemente, se encuentran en una evidente situación de vulnerabilidad por directa afectación de su derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral, que conforme señala el art. 17.I del CNNA, implica el derecho a una alimentación nutritiva y balanceada en calidad y cantidad, la higiene y la salud, vestido apropiado al clima, vivienda digna, segura y salubre, con servicios públicos esenciales dentro de las posibilidades y medios económicos de sus progenitores. Igualmente, a la salud y educación y a la relación igualitaria con su padre y su madre. En dichas lamentables situaciones que pueden ser producidas por conflictos de la pareja y que inciden directamente en los derechos de los niños y niñas, la autoridad jurisdiccional que conozca una causa emergente de la solicitud formal de asignación de guarda emergente de una situación de hecho, tiene el deber de disponer las medidas provisionales que correspondan; es decir, tendrá que disponer la guarda provisional en la forma acordada por los progenitores, asegurándose de escuchar prioritariamente a la niña, niño o adolescente en resguardo de su interés superior, empleando para ello, la Guía de Evaluación y Determinación del Interés Superior de los Niños, Niñas y Adolescentes de la UNICEF, como derecho, principio y norma de procedimiento que garantice el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención de los Derechos del Niño y el desarrollo integral del niño, niña o adolescente.
Para ello, deberá en forma inmediata a recibir la solicitud de asignación de guarda señalar día y hora de entrevista con el niño, niña y adolescente en forma independiente del tipo de proceso que asuma; es decir, si es procedimiento extraordinario u otro, para con su resultado, asumir las medidas provisionales hasta que en resolución y con la participación de su equipo multidisciplinario, asuma la decisión que mejor proteja el interés superior del niño, niña o adolescente.
La impetrante de tutela, alega la vulneración de los derechos a la educación de su hija y a mantener relaciones personales y contacto directo con su madre; debido a que, su progenitor, aprovechando que la tuvo a su cargo durante la vacación invernal se negó a retornarla a su cuidado, privándola de asistir a la unidad educativa en la que se encuentra inscrita e impidiéndole tener relación afectiva con su madre. Conforme se señaló en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, corresponde abstraer el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional en clara preminencia del interés superior del niño, niña o adolescente cuando de manera directa o indirecta, se denuncie la afectación de derechos de las señaladas personas; de manera que, este Tribunal Constitucional Plurinacional efectuará el análisis de fondo de la problemática; toda vez que, la solicitante de tutela denunció la directa afectación de los derechos de su hija NN, de seis años de edad. En ese contexto, de la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente se evidencia que la hoy accionante y el demandado Favio Cano Choque, procrearon una niña nacida el 17 de diciembre de 2015 y, cuando concluyeron su relación, suscribieron un Acuerdo Transaccional de Asistencia Familiar SLIM 84/19, con sello de la abogada de Servicios Legales Integrales Municipales, acordando que la madre estaría al cuidado y protección de la niña y que, el padre pagaría una asistencia familiar de Bs500.- mensual debiendo compartir ambos progenitores los gastos médicos al 50%, estableciendo igualmente, el régimen de visitas. Conforme refiere la solicitante de tutela, aceptó la solicitud del padre de la niña para que pase la vacación invernal en su compañía; empero, antes de concluir el descanso pedagógico, el hoy demandado, le comunicó que no le retornaría a su hija porque iba a quedarse a vivir con él; señalando igualmente que, la menor no asistió a clases desde esa fecha y que el padre impide que tenga contacto alguno con ella, acusando la vulneración de los derechos de NN, de seis años de edad, a la educación y a mantener contacto directo con su madre, adjuntando certificaciones del director de la Unidad Educativa en el que, cursa estudios respecto a la inasistencia a clases desde el 1 de agosto de 2022 y copias de conversaciones de WhatsApp solicitando comunicarse con la niña.
Sobre la base de esa decisión de hecho, el padre de la niña –hoy demandado–, adjuntando el Acuerdo Transaccional de Asistencia Familiar SLIM 84/19 de 15 de abril de 2019, solicitó a la Jueza Pública de Familia de turno, modificación de guarda señalando que su hija sufría maltrato de su madre y que manifestó su deseo de vivir con él, demanda que fue observada en lo formal por la Jueza Pública de Familia Segunda del departamento de Cochabamba – convocada a la acción de amparo como tercera interesada – y que una vez subsanada fue admitida por Auto de 3 de agosto de 2022, ordenando al titular del ex Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), efectuar las valoraciones psicosociales a la niña, con la finalidad de establecer cuál de los progenitores ofrece mejores garantías para su cuidado. Consta también que, el 4 de octubre de 2022, restableció el derecho a la educación de la niña; puesto que, ordenó a su progenitor que la restituya a sus labores escolares en la escuela en la que se encuentra inscrita; disponiendo también que, personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, se constituya en el domicilio del padre para verificar las condiciones en las que se encuentra la niña y si la madre constituye un peligro para la menor. Establecidos los antecedentes que preceden, en relación al demandado Favio Cano Choque, padre de la niña, se tiene que por mutuo propio, asumió la decisión de incumplir el Acuerdo Transaccional de Asistencia Familiar SLIM 84/19, en el que se convino –al concluir su relación de concubinato con la impetrante de tutela– que esta quedaría a cargo, cuidado y protección de la hija de la pareja; no obstante, cuando la tuvo a su cargo durante la vacación escolar de invierno, acudió el 22 de julio de 2022, al Juzgado Público de Familia de turno y planteó demanda de modificación de guarda, que luego de ser observada por la Jueza Pública de Familia Segunda del departamento de Cochabamba, fue admitida el 3 de agosto del mismo año. Consta también que, sin aguardar la resolución del proceso, ignoró el acuerdo suscrito en ejercicio de la autoridad parental de ambos progenitores y, retuvo a la niña porque consideró que existía descuido y negligencia por parte de la madre y, posteriormente, aduciendo conducta violenta de la progenitora imposibilitó que la menor asistiera a clases en la Unidad Educativa en la que estaba inscrita, formulando ante el juzgado varias solicitudes de cambio de colegio que fueron sucesivamente denegadas por la Jueza del proceso, quien señaló reiteradamente que ambas partes debían estar a la audiencia de conciliación que fue señalada para el 31 de agosto de 2022, que finalmente, resultó fallida. Finalmente, a instancia de la madre, como consta en el memorial de 30 de septiembre de 2022, Griselda Heredia Limachi, la Jueza del proceso, por decreto de 4 de octubre de 2022, ordenó al progenitor Favio Cano Choque restituir a la niña a las labores escolares de la escuela en la que se encuentra inscrita, de manera inmediata y, velando por el interés superior de la menor, dispuso que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, elabore los informes correspondientes, empezando por verificar en el domicilio del padre, las condiciones en las que se encontraba la menor. De esa forma, resulta evidente que NN, no asistió a su Unidad Educativa desde el 1 de agosto de 2022 que es la fecha de retorno a clases luego de la vacación de invierno hasta el 11 de octubre del mismo año, afirmación sostenida por la prueba considerada en la audiencia de la acción de amparo constitucional, en la que se dio cuenta que ese día la niña fue llevada a su Unidad Educativa por el padre y una mujer que acompañaba a este, dio explicaciones acerca de un resfrío que hubiera impedido que asista a clases. Consta también que, la madre – hoy solicitante de tutela – se presentó en la Unidad Educativa y solicitó ver a la niña. Establecidos los antecedentes relevantes mencionados, se concluye que el padre, antes de acudir ante la autoridad judicial para solicitar asignación de guarda y someterse al debido proceso, decidió que la madre de su hija era negligente y descuidada y que él era la mejor opción para la protección, educación y cuidado integral de la misma, razón por la cual, en lugar de restituirla a su domicilio –señalado voluntariamente por ambos padres– decidió además, que era necesario cambiarla de unidad educativa porque la madre era problemática, sin permitirle asistir a la escuela en la que estaba inscrita, siempre aduciendo que la madre es violenta y agresiva y negándole el contacto con la misma y su familia cercana; consecuentemente, resulta evidente la vulneración del derecho de NN, a la educación y a mantener relación afectiva con ambos progenitores puesto que de hecho, decidió por su hija, a quien sostiene haber consultado, que esa era la mejor forma de protegerla; motivo por el que, corresponde conceder la tutela solicitada en la presente acción de defensa; debido a que, no aguardó la decisión de la autoridad judicial respecto a si le correspondía la guarda o no. Al existir un proceso de asignación de guarda en trámite, este Tribunal Constitucional Plurinacional, no puede dejar de observarse respecto a los actos cumplidos por la Jueza Pública de Familia Segunda del departamento de Cochabamba que, conforme se señaló en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, al tener conocimiento de la demanda planteada por el padre de la niña, debió resolver sobre la guarda de la misma, en forma provisional y en la forma acordada por los progenitores, asegurándose de escuchar prioritariamente a la niña, niño o adolescente en resguardo de su interés superior, empleando para ello, la Guía de Evaluación y Determinación del Interés Superior de los Niños, Niñas y Adolescentes de la UNICEF, como derecho, principio y norma de procedimiento que garantice el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención de los Derechos del Niño y el desarrollo integral del niño, niña o adolescente; vale decir, que en forma inmediata a recibir la solicitud de asignación de guarda presentada por el padre de la niña, debió señalar día y hora de entrevista con NN para con su resultado, asumir las medidas provisionales más favorables para la seguridad y bienestar de la menor, hasta que en resolución y con la participación de su equipo multidisciplinario, asuma la decisión que mejor proteja su interés superior. A ello se añade que su inactividad, permitió que se mantenga una situación de hecho que incumplía un acuerdo de los propios progenitores, permitiendo que el padre resolviera por su cuenta que él era la mejor opción para la protección de la niña, y que se presumiera que la madre era violenta y descuidada, sin aportar ningún elemento de convicción por el que, por lo menos, se pudiera inferir que lo afirmado era presumiblemente evidente y que podría ser demostrable en el proceso de asignación de guarda, impidiendo la relación materno filial, necesaria para la menor hasta que se demuestre que podría ser nociva para su desarrollo integral, notándose que existen más bien, mutuas acusaciones de ambos progenitores que denotan resentimiento y que basan la negligencia y abandono de su hija, en la vida personal que cada uno asumió cuando se rompió el proyecto de vida en común; consecuentemente, tal presunción resulta discriminatoria para la solicitante de tutela, puesto que, la evaluación de los comportamientos de los padres y su impacto negativo para el bienestar y desarrollo de la niña deben ser concretos y no especulativos o imaginarios ni tampoco ser basados en especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres. Indudablemente, si la autoridad judicial, hubiese privilegiado el interés superior de la menor consultando su opinión, como actuación previa a cualquier otra determinación, hubiese podido resolver provisionalmente a quién se asignaba la guarda; si existía alguna posibilidad de alienación parental o una efectiva y justificada razón para alejarla de la guarda de la madre, restableciendo sus derechos a la educación, a la familia y a mantener relaciones personales y directas con la madre y el padre – supervisadas o no – en suma, velando por su desarrollo integral, hasta que en resolución y con la participación de su equipo multidisciplinario, asuma la decisión que mejor proteja el interés superior del niño, niña o adolescente, en el menor tiempo posible. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber concedido en parte la tutela impetrada, no actuó de forma correcta; puesto que, aunque no expuso en qué aspecto de la pretensión deducida por la accionante fue denegada, la lectura de la Resolución pronunciada permite comprender que denegó la restitución del derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con su madre.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 087/2022 de 13 de octubre, cursante de fs. 153 a 158 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo: 1° Se notifique a la Jueza Pública de Familia Segunda del departamento de Cochabamba, para que convoque a NN, a entrevista en la que, consultando su opinión, determine la guarda provisional de la misma en resguardo de su interés superior, agotando todas las medidas coercitivas necesarias, en caso de incumplimiento en la presencia de los progenitores al verificativo oral que será señalado; 2° Restituya el derecho de NN, a la educación debiendo para ello, asistir a la Unidad Educativa en la que se encuentra inscrita; 3° Se restablezca el derecho de NN, a mantener relación personal y contacto directo con su madre y su padre, en la forma que la Jueza del proceso, considere que es más adecuada para la niña; y, 4° Se ordena a ambos progenitores, el fiel cumplimiento de lo dispuesto en el presente fallo constitucional, debiendo conducir a la menor ante la autoridad competente, el día y hora en que la misma sea convocada, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento por incumplimiento de resoluciones constitucionales, y de ordenar la intervención de la fuerza pública. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0446_2024-S4.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): 75a97d59e6268db02c70271a0278c49e571c099625f2306f1c6efeb04d9ec9d0
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