Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 1 de junio de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, a recurrir y al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; por cuanto, habiendo planteado recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 022/2022 de 20 de enero -que dispuso su detención preventiva-, a la fecha de formulación de esta acción de libertad, no fue resuelta por el Vocal demandado, incumpliéndose así los plazos procesales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 06/2022 de 2 de febrero, cursante de fs. 115 a 118, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al principio de celeridad vinculado con el derecho a la libertad, sin disponerse la misma, debiendo únicamente proceder a la notificación al accionante con el Auto de Vista 49/2022 de 26 de enero, salvo que por el transcurso del tiempo ya se haya efectuado dicha diligencia, determinación que se debe asumir de acuerdo a los fundamentos del presente fallo constitucional; y, 2° DENEGAR la tutela con relación a los derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, a recurrir y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0446/2023-S2 Sucre, 1 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 45645-2022-92-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 06/2022 de 2 de febrero, cursante de fs. 115 a 118, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Laura Luz Crespo Rubín De Celis en representación sin mandato de Franklin Claudio Llanos Guzmán contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 1 de febrero de 2022, cursante de fs. 60 a 68 vta., el accionante a través de su representante expresó que:
El 7 de enero de 2022, personal de la División Manejo y Control de Crisis y Laboratorio se constituyó en el almacén 13 del recinto aduanero de Depósitos Aduaneros Bolivia (DAB) de El Alto, a objeto de realizar el registro y constatación de una denuncia sobre la existencia de mercancía no declarada, tomando contacto con Roberto Carlos Mena Soruco, Jefe de Seguridad de Aduana Nacional Central; y, Wilma Cardozo Tejerina, Administradora de la Aduana Interior La Paz, manifestándole que al promediar las 13:30 horas, se tomó conocimiento de que el personal técnico estaba realizando el aforo físico de la mercancía, consistente en armas, un fusil y dos pistolas, además, de partes de armas de fuego “…al promediar los 20 minutos…” (sic), el nombrado Jefe de Seguridad, acompañado de dos funcionarios policiales, se trasladaron al referido almacén, constatándose que las armas de fuego y accesorios eran reales; por lo que, el aludido dio parte a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para que se aproxime a la Administración a verificar los hechos, habiendo procedido a efectuar el acta de colección de indicios materiales, objetos consistentes en partes de armas de fuego de largo y corto alcance, así como, partes de municiones, vainas de distintos calibres distribuidas en mercadería de línea blanca y equipo de arneses tipo militar, libros relacionados al uso de armas y credencial perteneciente a Hwather Marancenbaum, cuyo origen de la mercancía era Estados Unidos de Norte América (EE.UU.) y el proveedor Kelly Group Enterprises Corp, con dirección en Miami Florida, para nacionalizar en Aduana interior La Paz por su persona como representante legal de la empresa “F.D.J.” Servicios Import Export Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) Santa Cruz Bolivia. Al momento de presentarse a brindar su declaración, ya existía el mandamiento de aprehensión, sin haber sido escuchado ni presentar descargos de los hechos que le atribuían. En audiencia de consideración de medidas cautelares, se emitió el Auto Interlocutorio 022/2022 de 20 de enero, disponiendo su detención preventiva, formulándose en la misma fecha la correspondiente apelación incidental, acompañando como pruebas: testimonio de declaración voluntaria de Lourdes Paredes Vaca -su concubina-, certificados de nacimiento de sus hijos y el certificado de la Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA); el cual acreditó que cuenta con un trabajo lícito, teniendo además la contratación realizada por su empresa importadora para el envío “…del tema en litigio…” (sic). Asimismo, se demostró mediante la presentación de pasaporte que no salió del país con destino a EE.UU., como se demostró con el flujo migratorio obtenido mediante requerimiento fiscal. De conformidad al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy demandado-, debió resolver la apelación hasta el 27 de enero de 2022, sin dilaciones; empero, no se conoció ninguna notificación al respecto; lo que quebrantó el debido proceso, siendo además absoluto el menoscabo a su derecho a la defensa; ya que, el actuar del aludido Vocal transgredió el derecho a recurrir, pues no se pronunció en el término establecido por ley, siendo aplicable a este caso las SSCC 1072/2005-R de 5 de septiembre y 0234/2011-R de 16 de marzo y la SCP 0017/2012 de 16 de marzo, que precautelan el principio de celeridad en los procesos penales. Asimismo, se debe tomar en cuenta el plazo legal en la remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental en medidas cautelares, de veinticuatro horas, citando al efecto las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1975/2013 de 4 de noviembre y 1140/2014 de 10 de junio.
Denunció la lesión de sus derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, a recurrir y al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 115, 117, 119 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto su detención preventiva, por haber presentado el recurso de apelación incidental en forma oportuna.
Celebrada la audiencia pública virtual el 2 de febrero de 2022, según consta en acta cursante de fs. 113 a 114, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó el contenido de la acción de libertad y ampliándolo señaló que: a) El mismo día de la audiencia de medidas cautelares -20 de enero de 2022-, formuló recurso de apelación en ese acto procesal y de forma escrita, remitiéndose la causa a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; empero, el Vocal demandado no emitió ningún criterio; por lo que, se desconoce si fue o no admitido el recurso y qué sucedió con el mismo, habiendo sido necesario presentar los descargos nuevamente ante el referido Vocal; b) Se acompañaron a la misma Sala pruebas respecto a la aprehensión ilegal, porque si bien se programó audiencia para las 14:00 horas de la citada fecha, a objeto de que preste su declaración, a las 12:52 ya se emitió su notificación con el acta de aprehensión, actuando el Ministerio Público de manera incorrecta, vulnerando sus derechos; pues la citación a declarar fue con base en el art. 224 del CPP y no el 226 de dicho cuerpo normativo, y cuando se presentó a declarar fue aprehendido; d) Fue personalmente a la Sala a averiguar de la apelación incidental para que se valoren todas y cada una de las pruebas adjuntas; e) Se desconocen las razones por las cuales no se señaló audiencia de apelación incidental; y, f) No obstante lo informado por el Vocal demandado, no fue notificado con ningún Auto de Vista.
Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 2 de febrero de 2022, cursante de fs. 110 a 112 vta., solicitó se deniegue la tutela, bajo los siguientes argumentos: 1) Emitió el Auto de Vista 49/2022 de 26 de enero; por el cual, confirmó el Auto Interlocutorio 022/2022, sobre la base de fundamentos de hecho y de derecho, no existiendo ninguna vulneración al debido proceso con relación a su derecho de locomoción; 2) Del contenido de la presente acción de libertad, se pudo evidenciar que el accionante hizo una transcripción de los antecedentes, relación de hechos, de lo resuelto por autoridad a quo, de la apelación interpuesta; y, de una serie de garantías y principios constitucionales; además, copió sentencias constitucionales y otras simplemente las señaló, sin fundamentar por qué las transcribió, no existiendo relación con el caso, en ninguna parte fundamentó algún aspecto de transgresión del debido proceso referente a la libertad; 3) En todo el memorial de esta acción tutelar, el impetrante de tutela realizó fundamentos de apelación contra el Auto Interlocutorio 022/2022, pero en ningún momento hizo referencia al Auto de Vista 49/2022, no siendo evidente que dictó dicho fallo fuera del plazo legal; por el contrario, se vino cumpliendo a cabalidad la celeridad que establece la ley; y, 4) El art. 180 de la CPE reconoce como principio fundamental a la oralidad que debe aplicarse en todos los procesos penales, siendo esa norma constitucional de preferente aplicación, conforme al art. 410 de la Norma Suprema, por eso la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, ha creado el Reglamento “12/2019”, el cual establece que la apelación se interpone verbalmente en el acto una vez dictada la resolución cautelar, bajo el principio fundamental de la oralidad, entonces, el peticionante de tutela debió plantear verbalmente su recurso y no hacer un anuncio de su interposición, ya que, este es a futuro un acto incierto totalmente diferente a la formulación efectiva que exige la norma legal; por ello, debía plantear oralmente su apelación, y no por escrito; por lo que, ese actuar negligente no puede ser suplido por el Tribunal de alzada; puesto que, lo contrario implicaría actuar en vulneración a los principios de oralidad e imparcialidad.
El representante fiscal no remitió escrito alguno ni concurrió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 72.
El Juez de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 06/2022 de 2 de febrero, cursante de fs. 115 a 118, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El informe que emitió el Vocal demandado indicó que el Auto de Vista 49/2022 fue dictado el 26 de enero de ese año; lo que, se demostró con las copias legalizadas que remitió e inclusive presentó un oficio de devolución al Juzgado de origen; ii) El accionante señaló que no fue notificada con dicho Auto de Vista, reconociendo que no se agotaron los mecanismos ordinarios para pedir tutela constitucional y en caso de cuestionar la notificación del Oficial de Diligencias de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, puede recurrir a los mecanismos ordinarios al efecto, con las solicitudes de nulidad respectivas; iii) Los argumentos del demandado con relación al fondo de lo resuelto en el referido Auto de Vista, no corresponde ser tomados en cuenta, porque no fue cuestionado por el peticionante de tutela, sino el cumplimiento de plazos procesales para la emisión del mismo, el cual se cumplió en el presente caso; por ello, no se evidenció dilación alguna en la que haya ingresado el mencionado Vocal; iv) Al constituirse el Auto de Vista 49/2022 en la respuesta a la apelación del impetrante de tutela, no se advirtió ninguna vulneración del derecho a la libertad ni al principio de celeridad; v) El aludido denunció que funcionarios subalternos de la indicada Sala Penal no le habrían explicado la situación exacta de su apelación, ello implica también que puede acudir a las vías disciplinarias respectivas y en caso de ser evidente esa falta de información -que de acuerdo al teletrabajo era obligación del Secretario o Auxiliar de dicha Sala-, se tendrán que imponer las sanciones respectivas; y, vi) Las partes procesales deben ser diligentes y no esperar que sean notificados, debiendo asumir un rol activo y hacer seguimiento de su proceso, sin limitarse a recibir notificaciones en su domicilio, conforme se tiene de las SSCC 0180/2003-R, 1124/2003-R y 0799/2005-R.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 022/2022 de 20 de enero, el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, dispuso la aplicación de la detención preventiva de Franklin Claudio Llanos Guzmán -ahora accionante-, por el plazo de seis meses, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el prenombrado y otros, por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de armas. Seguidamente, la defensa anunció que iban a presentar la correspondiente apelación (fs. 96 a 100). II.2. A través de memorial presentado la misma fecha, ante el referido Juzgado, el impetrante de tutela planteó recurso de apelación incidental contra el supra citado Auto Interlocutorio, pidiendo su anulación (fs. 2 a 3 vta.). II.3. Por Nota Cite Of. 71/22 de 24 de enero de 2022, el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, remitió obrados de la apelación incidental ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, constando el sello de recepción de dicha Sala de 25 de igual mes y año (fs. 4 y 5). II.4. Mediante Auto de Vista 49/2022 de 26 de enero, Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la citada Sala -ahora demandado- declaró inadmisible la referida apelación, por no haber sido interpuesta en el acto oralmente; y en consecuencia, confirmó el Auto Interlocutorio recurrido (fs. 107 a 108). II.5. Por Nota CITE 092/2022 de 28 de enero, la Secretaria de Cámara de la Sala Penal Cuarta del referido Tribunal Departamental devolvió los actuados de apelación al Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz (fs. 109). II.6. De acuerdo al reporte del Sistema Integrado de Registro Judicial, se constata que la presente acción de libertad fue planteada el 1 de febrero de 2022 a horas 13:36 (fs. 1). II.7. Del sello de recepción de dicho Juzgado de origen, se conoce que recibió los antecedentes de la apelación el 1 de febrero de 2022 a horas 16:30 (fs. 109). II.8. Se tiene acta de audiencia de garantías de 2 del indicado mes y año, en la cual se puede verificar que se dio lectura al informe del Vocal demandado, donde señaló que emitió el Auto de Vista 49/2022; es decir, dentro del plazo legal; ante ello, la abogada del accionante aclaró que no fueron notificados con ninguna resolución (fs. 113 a 114).
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, a recurrir y al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; por cuanto, habiendo planteado recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 022/2022 de 20 de enero -que dispuso su detención preventiva-, a la fecha de formulación de esta acción de libertad, no fue resuelta por el Vocal demandado, incumpliéndose así los plazos procesales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 251 del CPP establece que: “…La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”. Al respecto, la SCP 1442/2022-S2 de 8 de noviembre, recogió los entendimientos sentados por la SCP 0281/2012 de 4 de junio, razonando que: “…‘cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación’. Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0062/2014 de 3 de enero y 0017/2016-S1 de 6 de enero. En ese sentido, la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, sostuvo que: ‘La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas…´ Entendimiento reiterado por la SCP 0331/2021-S2 de 20 de julio” (las negrillas corresponden al texto original).
La base de la acción de libertad indicada es el art. 115 de la CPE, que determina: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (énfasis agregado).
Así como, el art. 178.I de la Norma Suprema, que dispone: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos” (las negrillas fueron añadidas). En ese marco, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, entendió: “Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R…)” (las negrillas pertenecen al texto original). Del mismo modo, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial emitida al respecto, sostuvo que: “La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva” (las negrillas corresponden al texto original). Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, concluyó que: “...la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (el énfasis fue añadido).
El accionante a través de su representante -en su calidad de detenido preventivo-, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico ilegal de armas, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, a recurrir y al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; por cuanto, habiendo planteado apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 022/2022 de 20 de enero -que dispuso dicha medida cautelar-, a la fecha de interposición de esta acción de defensa no fue resuelta por el Vocal demandado, incumpliéndose así los plazos procesales. Establecido el planteamiento del problema, se conoce que de acuerdo a lo extractado en la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio 022/2022; por el cual, dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela, por el plazo de seis meses. Ante ello, el prenombrado recurrió la indicada Resolución en la mencionada fecha (Conclusión II.2); la referida impugnación fue remitida por el citado Juez a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante la Nota Cite Of. 71/22 de 24 de enero de 2022; la cual, fue recepcionada el 25 de igual mes y año (Conclusión II.3). Asimismo, se tiene que el Vocal demandado resolvió la apelación formulada mediante Auto de Vista 49/2022 de 26 de enero (Conclusión II.4); igualmente, consta Nota CITE 092/2022 de 28 del mismo mes, de devolución de actuados al Juzgado de origen, con sello de recibido de 1 de febrero de 2022 a horas 16:30 (Conclusiones II.5 y 7), tres horas previas a esta recepción de actuados, el peticionante de tutela planteó la presente acción de libertad a las 13:36 (Conclusión II.6). En ese contexto, se debe tomar en cuenta que el accionante está reclamando que la apelación que planteó contra el Auto Interlocutorio que determinó su detención preventiva no fue resuelta; por ello, denuncia que el Vocal demandado habría incurrido en una demora injustificada al efecto; en ese orden, corresponde considerar lo establecido por el art. 251 del CPP con relación al plazo de resolución de las apelaciones incidentales contra medidas cautelares, como se citó en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; de ello se tiene que, el Tribunal de apelación tiene el plazo de tres días desde el momento en que recibe las actuaciones para resolver dicha apelación. En este caso, los antecedentes del recurso de apelación incidental formulado por el accionante fueron recibidos por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 25 de enero de 2022, a partir de allí, se deben computar los tres días de plazo establecidos por la norma para emitir el Auto de Vista pertinente; el referido término fenecía el 28 de igual mes y año; por lo que, al haber sido emitido el Auto de Vista extrañado el 28 de enero de 2022, se puede entender que el mismo fue dictado dentro de plazo; es decir, que la presente demanda tutelar planteada el 1 de febrero de ese año, habría tenido lugar cuando el Auto de Vista 49/2022 ya había sido emitido. No obstante esa situación, el demandado no acreditó cuándo se notificó con el indicado Auto de Vista al solicitante de tutela, sino que, se limitó a referir que el mismo se emitió dentro de plazo, para lo cual, adjuntó ese fallo y el oficio de devolución de obrados al Juzgado de origen, que se efectivizó el 1 de febrero de 2022 a horas 16:30, mientras que esta acción de defensa -se reitera- fue planteada la citada fecha a horas 13:36, es decir, antes de tener acceso a los actuados en el indicado despacho. De estos datos cabe resaltar que, si bien la actuación del Vocal demandado habría sido oportuna al emitir el Auto de Vista 49/2022 -dentro de plazo legal-, no se tiene acreditado que esa actuación de la referida autoridad haya sido de conocimiento del accionante de manera fehaciente, pues la aludida autoridad no presentó con su informe la notificación realizada al peticionante de tutela con el mismo. Esa falta de acreditación concuerda con lo que lo motivó al accionante a plantear este mecanismo de defensa; es decir, el desconocimiento del emitido fallo de segunda instancia. Sumado a ello, en audiencia de garantías, la abogada del prenombrado, luego de escuchar el informe escrito del citado Vocal, señaló que hasta ese momento el impetrante de tutela no había sido notificado con el señalado Auto de Vista (Conclusión II.8). De todo eso, no solo se puede observar que no se acreditó la notificación extrañada, sino que se puede inferir que la misma no fue practicada. En ese marco, la celeridad con la que debió actuar la autoridad demandada, no únicamente debió contemplar la emisión de la resolución que estaba a su cargo, sino también el hecho de ponerla en conocimiento oportuno del accionante; situación que, no se dio en este caso; conclusión a la que se arriba sobre la base de la defensa del Vocal demandado, pues dicha autoridad tenía el deber de explicar el procedimiento que aplicó a tiempo de resolver el recurso de apelación del impetrante de tutela, implicando todo lo que engloba el pronunciar una decisión a tiempo; es decir, no limitarse solamente a emitirla dentro de plazo legal, sino notificarla oportunamente; evitando con ello, acciones constitucionales de defensa como en este caso, causada por ausencia de dicha diligencia con la citada decisión. Entonces, circunscribiéndose el presente reclamo a un cuestionamiento respecto a la falta de celeridad del Vocal demandado, lo cual no fue desacreditado por este, corresponde conceder la tutela en aplicación de la acción de libertad en su modalidad de pronto despacho, desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuyo mérito se debe conceder la tutela porque dicha autoridad no actuó con la debida celeridad en cuanto a la notificación con el Auto de Vista 49/2022 al accionante; lo que, afectó la libertad del mismo, al estar detenido preventivamente; y pese a ello, no ser atendido con la referida prontitud a tiempo de buscar el restablecimiento de su libertad. En ese orden, la señalada concesión debe ser en protección del principio de celeridad, en vinculación con el derecho a la libertad del accionante; para lo cual, se debe disponer que se proceda con la extrañada notificación sin disponer la libertad pretendida por el aludido, pues lo que se cuestionó fue la ausencia de un actuado; por ello, dicha petición se halla fuera del alcance de su demanda tutelar. Finalmente, el peticionante de tutela también esgrimió la vulneración de sus derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, a recurrir y al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; sin embargo, en relación a estos no se constató su transgresión. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 06/2022 de 2 de febrero, cursante de fs. 115 a 118, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al principio de celeridad vinculado con el derecho a la libertad, sin disponerse la misma, debiendo únicamente proceder a la notificación al accionante con el Auto de Vista 49/2022 de 26 de enero, salvo que por el transcurso del tiempo ya se haya efectuado dicha diligencia, determinación que se debe asumir de acuerdo a los fundamentos del presente fallo constitucional; y, 2° DENEGAR la tutela con relación a los derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, a recurrir y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0446_2023-S2.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): f73e5ea55207deb5a1174f157618966b0a995bf96b4ca5a56832d7bb0783bc38
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