Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 25 de marzo de 2026
Deniega la tutela
Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, se encuentran detenidos preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, dentro del proceso penal que les sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de explotación ilegal de recursos minerales; por lo que, presentaron memoriales y requerimientos para la obtención de requisitos para la presentación de la cesación de la detención preventiva, mismos que hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad no merecieron pronunciamiento alguno. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad respecto de vulneraciones al debido proceso atribuidas al Ministerio Público y la Policía; y, 2) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 171/2023 de 7 de septiembre, cursante de fs. 45 a 49, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0445/2026-S1 Sucre, 25 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 58683-2023-118-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 171/2023 de 7 de septiembre, cursante de fs. 45 a 49, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcelo Mauricio Gutiérrez Quisbert en representación sin mandato de Zhanxin Lu y Jianming Yi contra Victor Hugo Porcel Barahona, Fiscal de Materia.
Los accionantes a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 6 de septiembre de 2026, cursante de fs. 25 a 27, manifestaron lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Zhanxin Lu y Jianming Yi -accionantes- y otros por la presunta comisión del delito de explotación ilegal de recursos minerales, previsto y sancionado por el art. 232 ter del Código Penal (CP) el 25 de agosto de 2023, en audiencia de medidas cautelares el Juez Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Rurrenabaque del departamento de Beni, dispuso la detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el lapso de tres meses, estableciendo como concurrentes los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.1, 2 y 7; y, 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Por lo antecedido, presentaron memoriales y requerimientos ante el Fiscal de Materia hoy accionado, mismos que se encuentran vinculados con su derecho a la libertad, para desvirtuar los riesgos procesales concurrentes considerados por el Juez de la causa; por lo que, realizando el seguimiento de los escritos, se evidenció que, el “5” de septiembre de 2023, se remitió el cuaderno de investigación a la Fiscalía Departamental de Beni, sin autorizar el acceso al Sistema Justicia Libre 2 (JL2) del caso con Código Único de Denuncia (CUD) 803402062300215, menos decretar y/o autorizar todas las diligencias investigativas que se solicitaron para promover la cesación de la detención preventiva ante el citado Juez, paralizándose la investigación, extremo que se cataloga como un procesamiento indebido, vinculado de manera directa con el derecho a la libertad.
Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de su derecho a la libertad; sin citar norma constitucional alguna.
Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) El acceso al Sistema JL2 del caso con CUD 803402062300215 a sus abogados; b) La emisión de decreto y los requerimientos solicitados en los memoriales presentados el 4 de septiembre de 2023, en virtud a que los mismos están vinculados al derecho a la libertad; y, c) Se remitan antecedentes ante la Dirección Nacional de Régimen Disciplinario de la Fiscalía General del Estado.
Celebrada la audiencia virtual el 7 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 43 a 44 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su representante sin mandato, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de la acción de libertad, y ampliándolo, manifestaron que: 1) Los memoriales presentados el 4 de septiembre de 2023, deberían estar decretados a la fecha; así como, los requerimientos por el Ministerio Público debiendo actuar con rapidez; ya que, se trata de ciudadanos extranjeros; y, 2) Al no dar respuesta a sus peticiones se vulneraría el derecho a la libertad vinculado al debido proceso y se actuaría fuera del marco de la ley.
Víctor Hugo Porcel Barahona, Fiscal de Materia, mediante informe presentado vía WhatsApp -el 7 de septiembre de 2023-, manifestó que: i) Mediante Oficio de 30 de agosto del referido año, se remitió el cuaderno de investigación ante el Fiscal Departamental de Beni, conforme al Manual Vinculante de las Unidades y Fiscalías Especializadas del Ministerio Público; ya que, el tipo penal investigado se constituye en un delito estatal; puesto que, el bien jurídico tutelado es la economía nacional; por lo que, se solicitó la reasignación de la causa; ii) El nombrado Fiscal Departamental el “4” de septiembre del citado año, en atención a esa solicitud, puso en conocimiento de la Unidad de Análisis y Distribución de causas, mismo que asignó a la Fiscalía Especializada y/o Unidad que corresponda conforme al referido Manual; y, iii) Debido a la remisión del cuaderno de investigación no se puede dar curso a la solicitud de habilitación del Sistema JL2 y la emisión de los requerimientos.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 171/2023 de 7 de septiembre, cursante de fs. 45 a 49, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) La habilitación o no del Sistema JL2 es meramente administrativo; ya que, no beneficia ni perjudica en la detención preventiva de los accionantes; por lo que, se pueden realizar actuados para logar la cesación de la detención preventiva; b) El art. 306 del CPP en su segunda parte señala que cuando el fiscal rechace la proposición de diligencias las partes podrán objetar el rechazo ante el superior jerárquico quien resolverá lo que corresponda en el plazo máximo de setenta y dos horas; y, c) El art. 279 del referido Código establece que la Fiscalía y la Policía Boliviana actuaran siempre bajo el control jurisdiccional; ya que, la solicitud de los accionantes son propias del Ministerio Público y de un juez ordinario.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursan memoriales presentados el 31 de agosto de 2023, ante Víctor Hugo Porcel Barahona, Fiscal de Materia -ahora accionado-; dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Zhanxin Lu y Jianming Yi -hoy accionantes- y otros por la presunta comisión del delito de explotación ilegal de recursos minerales, previsto y sancionado por el art. 232 ter del CP; por el cual, los nombrados solicitaron el acceso a la carpeta digital y requerimientos fiscales; mereciendo respuesta en la misma fecha, señalando que no es posible considerar la presente solicitud (fs. 2 a 10).
II.1. Constan memoriales presentados el 4 de septiembre de 2023, ante el Fiscal de Materia hoy accionado; por el cual, los accionantes solicitaron nuevamente el acceso a la carpeta digital y requerimientos fiscales (fs. 11 a 15).
Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, se encuentran detenidos preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, dentro del proceso penal que les sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de explotación ilegal de recursos minerales; por lo que, presentaron memoriales y requerimientos para la obtención de requisitos para la presentación de la cesación de la detención preventiva, mismos que hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad no merecieron pronunciamiento alguno. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad respecto de vulneraciones al debido proceso atribuidas al Ministerio Público y la Policía; y, 2) Análisis del caso concreto.
La SCP 0118/2025-S1 de 20 de marzo, señala que: “El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre el principio de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el Juez de Instrucción Penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Dicho entendimiento fue ratificado en el marco de la Constitución Política del Estado vigente; así, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, ratificó el entendimiento anotado, señalando que en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso penal, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional, entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo. Por su parte, la SC 0636/2010-R de 19 de julio que fue pronunciada dentro de una acción de amparo constitucional, señaló que las resoluciones pronunciadas en incidentes de actividad procesal defectuosa pueden ser apeladas incidentalmente durante la etapa preparatoria y/o a través de la apelación restringida en el juicio oral; y, la SC 1107/2011-R de 16 de agosto , pronunciada en una acción de libertad, exigió el requisito de la apelación incidental contra incidentes por actividad procesal defectuosa, como condición previa para activar ese mecanismo de defensa, siendo la SCP 0001/2012 de 13 de marzo, la primera que confirmó el precedente plasmado en la SC 1107/2011-R. Siguiendo esa línea jurisprudencial la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, señaló que cuando la denuncia sea efectuada incidentalmente o suscitada mediante un incidente de actividad procesal defectuosa, el Juez de Instrucción Penal tiene la obligación de pronunciarse de forma fundamentada; resolución que puede ser objeto de apelación incidental. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril, puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el Juez de Instrucción Penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematiza tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Posteriormente, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, mutó el entendimiento contenido en la SC 0080/2010-R y sostuvo que si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponde a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una indebida privación de libertad; dicho entendimiento fue modulado por la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, señalado que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, 2) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al Juez de Instrucción Penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber trascurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal. Conforme a la sistematización de la línea jurisprudencial, los actos ilegales u omisiones indebidas que impliquen actividad procesal defectuosa en la que pudieran incurrir los órganos de persecución penal -fiscales y policías- lesivos a derechos y garantías fundamentales durante la etapa preparatoria, deben ser previamente denunciados ante el Juez de Instrucción Penal, a través de los incidentes de actividad procesal defectuosa, que se constituyen en mecanismos de defensa expresos, efectivos, idóneos y oportunos, no procediendo, por tanto, la activación directa de la acción de libertad” (las negrillas nos corresponden).
Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, se encuentran detenidos preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, dentro del proceso penal que les sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de explotación ilegal de recursos minerales; por lo que, presentaron memoriales y requerimientos para la obtención de requisitos para la presentación de la cesación de la detención preventiva, mismos que hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad no merecieron pronunciamiento alguno.
En ese sentido, de los antecedentes se tiene, los memoriales presentados el 31 de agosto de 2023, ante el Fiscal de Marteria hoy accionado; por el cual, los accionantes solicitaron el acceso a la carpeta digital y requerimientos fiscales, mereciendo respuesta en la misma fecha, señalando que no es posible considerar la presente solicitud (Conclusión II.1.); asimismo, constan memoriales presentados el 4 de septiembre del citado año, ante el referido Fiscal de Materia; por el cual, los accionantes solicitaron nuevamente el acceso a la carpeta digital y requerimientos fiscales (Conclusión II.2.).
De acuerdo al Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los órganos de persecución penal -Fiscales y Policías-que constituyan actividad procesal defectuosa que afecten derechos y garantías fundamentales durante la etapa preparatoria, deben ser denunciados previamente ante el Juez de Instrucción Penal, a través de los mecanismos de defensa expresos, efectivos, idóneos y oportunos, como son los incidentes de actividad procesal defectuosa.
De la revisión de antecedentes y conclusiones, se tiene la existencia de un proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los accionantes y otros, por la presunta comisión del delito de explotación ilegal de recursos minerales, mismo que se encuentra en etapa preparatoria, caso con CUD 803402062300215; radicado en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Rurrenabaque del departamento de Beni; es decir, la causa se encuentra bajo control jurisdiccional.
El art. 54.1 del CPP, establece que el juez de instrucción penal es el encargado de controlar la investigación; por lo tanto, cualquier denuncia sobre la presunta vulneración de derechos constitucionales como emergencia del proceso de investigación debe efectuarse ante dicha autoridad judicial; en consecuencia, la denuncia interpuesta contra el Fiscal de Materia ahora accionado, debió ser presentada previamente ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Rurrenabaque del departamento de Beni, a objeto de que se pronuncie acerca de las supuestas vulneraciones a sus derechos fundamentales; ya que, el citado Juez es el que tiene atribuciones para ejercer el control jurisdiccional del proceso; lo que implica verificar si es efectivamente cierto lo mencionado por los accionantes respecto a que manifiesta que la falta de respuesta a los memoriales presentado por los accionantes solicitando el acceso a la carpeta digital y requerimientos fiscales vulneró su derecho fundamental a la libertad. Por ello, resulta que al no haber agotado la vía ordinaria a través de los mecanismos intraprocesales que tenía a su alcance, no es posible que los accionantes acudan directamente a la jurisdicción constitucional; razón por la cual, la presente acción de libertad resulta improcedente por subsidiariedad excepcional, en cuyo mérito corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 171/2023 de 7 de septiembre, cursante de fs. 45 a 49, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0445_2026-S1.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7bbb4b651ababcf8cc0a4dad8f180b3d4b0629c5036b85c634bc545ed840925d
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