B.IA.LEGAL

SCP 0445/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 8 de julio de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
8 de julio de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
50775-2022-102-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, a la valoración de la prueba, a la igualdad y “contradicción de la audiencia”; a la “…APLICACIÓN OBJETIVA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO…” (sic); así como, a los principios de legalidad y de seguridad jurídica; puesto que, el Vocal hoy accionado emitió el Auto de Vista 40/2022 de 23 de febrero, sin la debida fundamentación, motivación y congruencia; y, la consideración de las pruebas no notificadas adecuadamente -declaraciones de testigos que se presentaron en audiencia- con relación al incidente de ampliación e incremento de riesgos procesales que fue resuelto por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del departamento de Beni. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 102/2022 de 22 de septiembre, cursante de fs. 238 a 252 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a los derechos al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, a la valoración de la prueba; a la igualdad, a la “contradicción de la audiencia”; y a la “…APLICACIÓN OBJETIVA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO…” (sic) y al principio de legalidad, disponiendo:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 40/2022 de 23 de febrero, emitido por Haider Echalar Justiniano, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, debiendo dictarse uno nuevo, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

2° Denegar la tutela solicitada, respecto al principio de seguridad jurídica; así como, a las costas y costos, de acuerdo con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación como elementos del derecho al debido proceso
  2. III.2. El principio de congruencia como elemento del debido proceso
  3. III.3. De la valoración de la prueba
  4. III.4. Con relación a la interpretación de la legalidad ordinaria
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0445/2024-S3 Sucre, 8 de julio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 50775-2022-102-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 102/2022 de 22 de septiembre, cursante de fs. 238 a 252 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elizardo Nina Apaza contra Haider Echalar Justiniano, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memoriales presentados el 19 y 23 de agosto de 2022; cursantes de fs. 100 a 114; y, 118 y vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Daniela Miranda Vásquez contra su persona, por la presunta comisión de los delitos de violación con agravante de pornografía, previstos y sancionados por los arts. 308, 310 inc. d) y 323 bis I y II. 3 y 4 del Código Penal (CP), los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del departamento de Beni, emitieron el Auto Interlocutorio 01/2022 de 21 de enero; declarando fundado el incidente de ampliación e incremento de riesgos procesales, disponiendo su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Mocoví (varones) de Beni; por consiguiente, en la “misma audiencia” -de ampliación de riesgos procesales-su abogado formuló de manera oral el recurso de apelación incidental con los siguientes motivos: a) La falta de fundamentación respecto al incremento de riesgos procesales, específicamente el riesgo de fuga, al valorarse un aspecto que no incide en un acto preparatorio de fuga, medida que menos aún incide de manera objetiva; ya que, su persona no contaba con ningún permiso de trabajo para asistir a su fuente laboral, lo cual tampoco afectaba directamente; y, b) La revocatoria de las medidas sustitutivas -art. 247 del Código de Procedimiento Penal (CPP)- por falta de fundamentación respecto al contenido de la norma, el citado Tribunal debió realizar una ponderación de riesgos procesales, tanto de autoría inicialmente; así como, de riesgos procesales para sustentar su decisión de revocar dichas medidas sustitutivas, sobre todo si se considera el trabajo y los escoltas policiales, que nada es atribuible a su persona. Se consideraron dos declaraciones de dos personas que no fueron introducidas como prueba “…hasta el día de la audiencia…” (sic) -audiencia de ampliación de riesgos procesales-; por esa razón, no tuvo conocimiento de la declaración de los testigos y con este suceso se vulneró los principios de igualdad y de contradicción en esa audiencia. En ese sentido, el Vocal ahora accionado emitió el Auto de Vista 40/2022 de 23 de febrero, confirmando de manera íntegra el Auto Interlocutorio 01/2022, emitido de forma ilegal e indebida, señalando que: 1) Se fundamentó dos agravios, el primero concerniente al incremento de los riesgos procesales que dio lugar a la detención preventiva en el Centro Penitenciario de Mocoví (varones) de Beni, el cual fue fundamentado por el art. 233 del “penúltimo párrafo” del CPP; y, el segundo respecto a la revocatoria de las medidas sustitutivas que también dio lugar a la detención preventiva en el referido Centro Penitenciario, sustentado por el art. 247 del CPP. Sin embargo, de la verificación realizada del ampuloso Auto de Vista 40/2022, se evidenció que carece de fundamentación y motivación; ya que, inicialmente se limitó a describir el aporte de la documentación presentada por el Ministerio Público y la víctima, además de afirmar que lo resuelto por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del departamento de Beni, es correcto en el marco de la debida fundamentación y motivación, concluyendo en señalar una serie de citas en un 50% aproximadamente, omitiendo realizar una explicación del por qué se llegó a esa conclusión y el valor que otorga a aspectos que pudieron incidir en el Auto Interlocutorio 01/2022. En el primer caso no correspondía valorarse el que su persona no cuenta con trabajo, porque ese punto ya fue considerado al momento de obtener la cesación de su detención preventiva, lo cual no tenía incidencia directa con algún riesgo procesal de fuga, en razón que se encontraba cumpliendo su detención domiciliaria sin contar con acceso al trabajo; por lo que, la misma se tornó irrelevante. De igual manera, tampoco se pronunció respecto a los demás puntos expuestos por su abogado; 2) El Auto de Vista 40/2022 se sustentó en la omisión valorativa de la prueba inexistente, señalando la existencia de formular los argumentos valorativos que constan en el citado Auto de Vista; puesto que, su persona desconocía de las dos declaraciones testificales -quienes declararon que observaron a su persona transitando por las calles y en instituciones bancarias de San Joaquín sin escolta policial-, lo cual se consideró para resolver su detención preventiva -a pesar de que no fueron obtenidas por conducto regular-; sin embargo, ese hecho fue reclamado por su abogado; no obtante, nunca se puso en conocimiento de las partes procesales antes de la audiencia de ampliación de riesgos procesales, vulnerando con ello sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos de igualdad y contradicción de la audiencia; es decir, que el Vocal ahora accionado reiteró argumentos que son inciertos para sustentar su determinación, que carece de fundamentación, motivación y congruencia; así como, la valoración de la prueba; y, 3) El citado Auto de Vista, tampoco se refirió a los agravios que fueron reclamados por su persona, ingresando en una incongruencia omisiva y al debido proceso en su elemento “…DERECHO A LA APLICACIÓN OBJETIVA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO…” (sic), a los principios de legalidad y de seguridad jurídica vulnerando lo dispuesto por el art. 398 del CPP, que obliga a los Tribunales de alzada al circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados en la resolución inferior -Auto Interlocutorio 01/2022-; empero, no se pronunció ante la falta de fundamentación con relación al incremento de los riesgos procesales de fuga, a la no valoración de aspectos valorados con anticipación para obtener la medida sustitutiva ante la revocatoria de las mismas, lo cual requería una ponderación fundamentada del art. 233 del CPP, a la no incidencia del trabajo con la situación en la que se encontraba, al no contar con escoltas policiales y la incorporación de dos testigos introducidos en el desarrollo de la audiencia de ampliación de riesgos procesales.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, a la valoración de la prueba, a la igualdad y “contradicción de la audiencia”; a la “…APLICACIÓN OBJETIVA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO…” (sic); así como, a los principios de legalidad y de seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE), 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: i) La restitución de sus derechos alegados que se encuentran vulnerados y se anule el Auto de Vista 40/2022 de 23 de febrero dictándose uno nuevo, conforme con los alcances de la Resolución de la presente acción de defensa en resguardo de sus derechos constitucionales; ii) Que se determine la responsabilidad civil y penal, por la vulneración de sus derechos constitucionales; y, iii) La imposición de las costas y costos.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 22 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 221 a 237, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Haider Echalar Justiniano, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 124.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Rolando Marcelo Sarmiento Sánchez, en su calidad de representante del Ministerio de Justicia y Transparencia institucional a través de su abogado, en audiencia, manifestó que: a) Como terceros interesados en esta acción de defensa y como víctimas representando a Daniela Miranda Vásquez -ahora tercera interesada-, alegó que no se explica una relación de los hechos y tampoco se realizó oportunamente el recurso de explicación, complementación y enmienda, conforme con el Código de Procedimiento Penal; b) El accionante señaló que no existió una debida valoración de la prueba, sin considerar que el Ministerio Público presentó un Informe de 6 de diciembre de 2021 el cual fue redactado por el investigador asignado al caso, quien indicó que el accionante se encontraba sin custodio policial, documentación que motivó al Fiscal de Materia presentar ante los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del departamento de Beni, su solicitud que originó la cesación de la detención domiciliaria y su revocatoria respectiva; por lo que, el accionante se encuentra con detención preventiva; y, c) El señalado Informe fue a requerimiento del Fiscal de Materia, refiriendo que el 3 de igual mes y año se constituyó en la localidad de San Joaquín del departamento de Beni en el domicilio ubicado en la calle Mónica Añez Toro, zona San Pedro, con la finalidad de supervisar y recabar el cumplimiento de las medidas sustitutivas personales, de la detención domiciliaria con escolta policial; sin embargo, en el lugar se constató que el accionante se encontraba en el mencionado domicilio sin escolta policial, adjuntando muestrario fotográfico; por lo que, no es evidente que son dos declaraciones testificales que motivaron a los Jueces del citado Tribunal y al Vocal hoy accionado poder confirmar la determinación del referido Tribunal; ya que, son pruebas claras y objetivas; motivo por el cual, pide se deniegue la tutela solicitada. Luciana Gonzáles Mendoza en representación del Servicio Legal Integral Municipal de Trinidad (SLIM), en audiencia virtual, manifestó su adhesión a lo mencionado por el Fiscal de Materia. Daniela Miranda Vásquez, en su condición de víctima en el proceso penal, se presentó en audiencia virtual; empero, no participó ni efectuó ninguna exposición. Sonia Silvia Ibañez Fernandez y Lolita del Mar Reinaldo López, ex Directora y representante del SLIM de Santa Ana del Yacuma de Trinidad, no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional ni remitieron informe alguno, pese a sus citaciones cursantes a fs. 218.

I.2.4. Intervención del Ministerio Público

Percy Soruco Flores, Fiscal de Materia en audiencia, señaló que: 1) Se presentaron pruebas mediante informes que fueron apreciados “…por la juez de control jurisdiccional como también los vocales del tribunal departamental de Justicia del Beni…” (sic), quienes hicieron una buena apreciación ante la solicitud de la revocatoria de las medidas sustitutivas impuestas al accionante, en la que se revocó y se dispuso su detención preventiva, ante la cual el nombrado no solicitó una enmienda, haciendo notar que una de las autoridades mencionadas, hubiese omitido el pronunciamiento sobre alguna situación; y, 2) Tampoco existe vulneración a los derechos del accionante, al contrario, se actuó de manera clara y se realizó una buena valoración en el Auto de Vista 40/2022 emitido por el Vocal ahora accionado; por lo que pidió se deniegue la tutela solicitada. Gema Calle Flores en representación del Ministerio Público, en audiencia, manifestó que no cursa en esta acción amparo constitucional, solicitud de explicación, complementación y enmienda, contra el Auto Interlocutorio 01/2022, ni el Auto de Vista 40/2022, conforme lo previsto por el art. 125 del CPP.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -con la aclaración de que se convocó al Vocal de su similar Segunda-, mediante Resolución 102/2022 de 22 de septiembre, cursante de fs. 238 a 252 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) Respecto a la falta de un trabajo por el acusado -accionante-, cuando se encontraba con detención domiciliaria sin derecho al trabajo, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del departamento de Beni, indicaron que: “…la defensa del acusado, sostiene que no gozaba del permiso o derecho al trabajo, pero sin embargo en la valoración del Juez A quo, se tiene este elemento trabajo como bien habido prueba de aquello es que fue beneficiado con la cesación a la detención preventiva, es decir se le otorga la detención domiciliaria, pues en su debido momento formo parte del arraigo natural el elemento trabajo, ahora bien se tiene que no se han constituido los elemento de convicción idóneas para acreditar la existencia de obligaciones de arraigo natural, lo que se quiere decir que queda latente el peligro de fuga…” (sic); ii) En virtud al recurso de apelación que presentó el accionante, se analizó el Auto de Vista 40/2022 emitido por el Vocal hoy accionado, considerando que el citado Auto de Vista se encuentra debidamente motivado, fundamentado y es congruente en su determinación; iii) Respecto a la introducción de dos declaraciones de personas que hubiesen atestiguado contra el accionante, en el entendido de que fue visto por la calle y en instituciones bancarias de San Joaquín del departamento de Beni, se evidenció que en el Auto Interlocutorio 01/2022; así como, en el Auto de Vista 040/2022 se refieren a las pruebas hoy alegadas como inexistentes por el accionante, debiendo tomarse en cuenta que el mismo en su propia acción de amparo constitucional, manifestó de manera clara y precisa lo siguiente: ‘“…y también considera dos declaraciones de dos personas que no fueron introducidos esos elementos de pruebas hasta el día de la audiencia misma, por lo que no se tenía conocimiento de estas declaraciones, vulnerándose el principio de igualdad y contradicción en la audiencia…”’ (sic); motivo por el cual, no se tomó en cuenta que esas pruebas fueran inexistentes, cuando la parte acusada -accionante- tuvo conocimiento de las pruebas ahora cuestionadas como inexistentes -declaraciones de testigos-, y que pudieron ser objetadas por las partes procesales en la audiencia de ampliación de riesgos procesales. Si bien es cierto que dichas declaraciones no se pusieron en conocimiento del acusado -accionante- antes de la audiencia; empero, tampoco se puede ignorar que fueron de conocimiento del nombrado en dicha audiencia, en la cual son aplicables los principios de oralidad y celeridad que caracteriza ese tipo de audiencia cautelar, por esa razón no se puede hablar de prueba inexistente; iv) El accionante a tiempo de referirse a las pruebas, debió indicar de qué manera no fueron observados o mal valorados, y su omisión no se puede tomar por falta de valoración, omisión o errónea valoración de la prueba a la simple mención de la no valoración o de inexistencia; es decir, que con aquello se encuentran frente a valoraciones subjetivas del accionante, debiendo tomarse en cuenta que la jurisdicción constitucional realiza una valoración extraordinaria, cuando se establecen cuáles fueron las infracciones a las reglas de la sana crítica, que contravienen a la normativa y desmerecen el valor de una prueba, extremo que no se cumplió en el caso, por lo cual, tampoco se evidencia la falta de valoración de la prueba; y, v) No concurre la falta de fundamentación, motivación y congruencia de dicho Auto de Vista; por lo que no existe la vulneración de derechos y garantías constitucionales.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 01/2022 de 21 de enero, emitido por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del departamento de Beni; a través del cual, declararon fundado el incidente de ampliación e incremento de riesgos procesales, disponiendo la aplicación de lo establecido por los arts. 231 Bis y 10 del CPP, ordenando la detención preventiva de Elizardo Nina Apaza -hoy accionante- en el Centro Penitenciario de Mocoví (varones) de Beni (fs. 57 a 61). II.2. Consta Acta de Audiencia Virtual de Apelación Incidental Cautelar de 23 de febrero de 2022 (fs. 90 a 91) y Auto de Vista 40/2022 de la misma fecha, emitido por Haider Echalar Justiniano, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -ahora accionado-; quien confirmó de manera íntegra el Auto Interlocutorio 01/2022 (fs. 92 a 96 vta).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, a la valoración de la prueba, a la igualdad y “contradicción de la audiencia”; a la “…APLICACIÓN OBJETIVA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO…” (sic); así como, a los principios de legalidad y de seguridad jurídica; puesto que, el Vocal hoy accionado emitió el Auto de Vista 40/2022 de 23 de febrero, sin la debida fundamentación, motivación y congruencia; y, la consideración de las pruebas no notificadas adecuadamente -declaraciones de testigos que se presentaron en audiencia- con relación al incidente de ampliación e incremento de riesgos procesales que fue resuelto por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del departamento de Beni. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación como elementos del derecho al debido proceso

La SCP 0652/2015-S1 de 22 de junio, señala que: ‘‘‘…La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio). De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo’. De lo expresado concluimos que la fundamentación y la motivación en una resolución judicial o administrativa, constituye un deber ineludible de toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, en tal razón estos fallos a más de estar debidamente motivadas tienen que tener un sustento jurídico; es decir que, deben estar fundamentadas en elementos de hecho y de derecho’’ (la negrillas nos pertenecen).

III.2. El principio de congruencia como elemento del debido proceso

La SC 2016/2010-R de 9 de noviembre, cuyo entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0632/2012 de 23 de julio y 0394/2018-S1 de 13 de agosto, entre otras, establece que: “…uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa. En el orden de ideas antes señalado y concretamente en lo referente a la incongruencia omisiva, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, establece y concatena el debido proceso con el principio de congruencia señalando lo siguiente: De esta esencia (es decir de la naturaleza jurídica del debido proceso), deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes” (las negrillas son nuestras).

III.3. De la valoración de la prueba

La SCP 1916/2012 de 12 de octubre, señala que: ‘‘En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: 1) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.

Para que el Tribunal pueda ingresar al análisis de la valoración de la prueba, la ya citada SC 0965/2006-R estableció que la parte procesal que se considere agraviada con los resultados de la apreciación efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, debe invocar la lesión a sus derechos fundamentales y expresar: ’Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (...).

Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada...’’’ (las negrillas nos corresponde).

III.4. Con relación a la interpretación de la legalidad ordinaria

La SCP 0345/2020-S3 de 23 de julio, establece que: ‘‘Al respecto, la línea jurisprudencial emitida desde sus inicios y confirmada por posteriores fallos de este Tribunal, fue clara y uniforme al establecer que en particular la interpretación de la legalidad ordinaria entendida esta como la facultad de interpretar y/o aplicar la ley en términos generales a un caso concreto, es una labor únicamente otorgada a la jurisdicción ordinaria; a partir del cual, se estableció que no le compete al Tribunal Constitucional ingresar a juzgar el criterio jurídico empleado por las autoridades judiciales ni administrativas a tiempo de la definición de un caso; a menos claro, que en esa actividad se evidencie la vulneración de derechos y garantías constitucionales; así la SC 1031/00-R de 6 de noviembre de 2000, como una de las primeras líneas que planteó tal entendimiento, estableció que: ‘…no corresponde a este Tribunal juzgar el criterio jurídico con el que el Tribunal de Apelación interpretó el art. 184 del Código de Procedimiento Civil para fundar su resolución, de hacerlo estaría saliendo del marco de su competencia para invadir otra jurisdicción, pues conforme al objeto del Recurso de Amparo corresponde verificar si los hechos ilegales denunciados restringen, suprimen o amenazan suprimir los derecho y garantías de los recurridos reconocidos en la Constitución y las leyes…’; posteriormente, a través de la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, se señaló que: ‘Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad, jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; principios a los que se hallan vinculados todo los operadores jurídicos de la nación; dado que compete a la jurisdicción constitucional otorgar la protección requerida, a través de las acciones de tutela establecidas…’. Bajo igual criterio, distintos Tribunales Constitucionales reconociendo que esta actividad interpretativa es propia de la jurisdicción ordinaria, manifestaron que no obstante ello es posible revisar tal actuación cuando se advierta que la misma repercute en la vulneración de los derechos fundamentales, tal es el caso de la Corte Constitucional de Colombia, que en la Sentencia T-121/99 de 26 de febrero de 1999, al respecto estableció: ‘…cuando una actuación judicial contiene una decisión arbitraria, con evidente repercusión en el proceso, en perjuicio de los derechos fundamentales de una de las partes, pueden ser susceptibles de controversia en sede de tutela. Sin embargo, cuando la decisión está sustentada en un determinado criterio jurídico, que puede ser admisible a la luz del ordenamiento, o de la interpretación de las normas aplicables, no podría ser discutido vía de la acción de tutela, toda vez que atentaría contra al principio de la autonomía judicial en virtud del cual, cuando el juez aplica una ley, debe fijar el alcance de la misma, es decir, debe darle un sentido frente al caso concreto -función interpretativa propia de la actividad judicial-, a menos que la disposición tenga un único y exclusivo entendimiento ’. Por su parte, el Tribunal Constitucional Peruano en el expediente 04004-2012-PA/TC de 22 de mayo de 2013, refirió que: ‘…a juicio del Tribunal Constitucional, la presente demanda debe desestimarse, pues vía de amparo se pretende que el juez constitucional se pronuncie respecto a materias ajenas a la tutela de derechos fundamentales como son las relativas a la aplicación de normas administrativas en materia laboral, siendo pertinente señalar que tanto la valoración y/o la determinación de la suficiencia de los medios probatorios, así como la interpretación de la normas legales y/o administrativas para cada caso concreto es un asunto que corresponde ser dilucidado únicamente por el juez ordinario a momento de expedir la sentencia, y que, por tanto, escapa del control y competencia del juez constitucional, a menos que pueda constatarse una arbitrariedad manifiesta por parte de la autoridad emplazada que ponga en evidencia la violación de derechos de naturaleza constitucional, lo que no ha ocurrido en el presente caso…’. En ese marco, se tiene claramente establecido que la interpretación y/o aplicación de las normas ordinarias es de exclusiva competencia de los jueces comunes y autoridades administrativas, sin que ello implique que este Tribunal no pueda abrir su competencia a fin de verificar si en esa labor interpretativa no se vulneraron derechos fundamentales, esto justamente con el objeto de velar por la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, entendida esta como el fin primordial de la justicia constitucional en el marco del control tutelar que ejerce. En ese sentido, la SCP 1737/2014 de 5 de septiembre, luego de realizar una deconstrucción de lo desarrollado jurisprudencialmente respecto a la temática que ahora se aborda, finalmente concluyó refiriéndose a la labor que ejerce el Tribunal Constitucional Plurinacional, con el siguiente criterio: ‘…esta jurisdicción no se constituye en un mecanismo de impugnación de la labor que efectúan los jueces y tribunales ordinarios; el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede inmiscuirse en esta labor particular al estar compelido al cumplimiento de funciones diferentes (art. 196.I de la CPE), menos puede convertirse en un supra tribunal con facultades de revisar lo obrado por autoridades de otras jurisdicciones, a menos que la accionante hubiera manifestado de manera precisa una errónea valoración de la prueba (individualizando la prueba y el alejamiento de los marcos de razonabilidad y equidad), una errónea interpretación del Derecho (precisando qué normas legales fueron erróneamente interpretadas y cómo estas interpretaciones vulneran derechos fundamentales de manera puntual y concreta); o, cómo los elementos de congruencia y fundamentación han sido vulnerados al emitirse una resolución judicial ’ (reiterada en las Sentencias Constitucional Plurinacionales 0416/2019-S1; 0892/2014-S4; 0705/2019-S3, entre otras). Del cual finalmente puede concluirse que no obstante de estar claramente delimitado que la facultad de interpretar y/o aplicar las normas del ordenamiento jurídico ordinario en sus diferentes materias y ámbitos corresponde a las autoridades judiciales y administrativas, y no propiamente a la justicia constitucional; sin embargo, ello es posible cuando en esa labor se haya advertido la vulneración de derechos y garantías previstas en la Constitución Política del Estado, para lo cual corresponde que el peticionante de tutela explique de manera clara y concreta cómo la labor de la autoridad judicial o administrativa, ya sea en la interpretación de la norma o en la valoración de la prueba, o por afectación a los elementos de fundamentación y congruencia de la resolución, vulneró los derechos fundamentales y garantías constitucionales que invoca’’ (las negrillas nos corresponden).

III.5. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, a la valoración de la prueba, a la igualdad y “contradicción de la audiencia”; a la “…APLICACIÓN OBJETIVA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO…” (sic); así como, a los principios de legalidad y de seguridad jurídica; puesto que, el Vocal hoy accionado emitió el Auto de Vista 40/2022 de 23 de febrero, sin la debida fundamentación, motivación y congruencia; tampoco la consideración de las pruebas no notificadas adecuadamente -declaraciones de testigos que se presentaron en audiencia- con relación al incidente de ampliación e incremento de riesgos procesales que fue resuelto por el Juez del Tribunal.

Ahora bien de la revisión de antecedentes, se tiene que el Auto Interlocutorio 01/2022, emitido por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del departamento de Beni; a través del cual, declararon fundado el incidente de ampliación e incremento de riesgos procesales, disponiendo la aplicación de lo establecido por los art. 231 Bis y 10 del CPP, ordenando la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario de Mocoví (varones) de Beni (Conclusión II.1.).

En consecuencia, posteriormente de la presentación del recurso de apelación, mediante Acta de Audiencia Virtual de Apelación Incidental Cautelar de 23 de febrero de 2022 y el Auto de Vista 40/2022, emitido por el Vocal hoy accionado, se confirmó el Auto Interlocutorio 01/2022 (Conclusión II.2.).

En ese contexto, con relación a la supuesta vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, conforme la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, se tiene que toda decisión emitida dentro de un proceso judicial o administrativo debe contar con la debida fundamentación, motivación y congruencia, expresando los motivos de hecho y de derecho en los que basa su decisión y el valor otorgado a los medios de prueba; dejando pleno convencimiento en los sujetos procesales de que no existía otra manera de resolver los hechos puestos a su conocimiento, sino en la forma como se decidió; asegurando además la estricta correspondencia entre lo peticionado, lo probado por las partes procesales y lo resuelto -congruencia externa-; así como, la coherencia y la concordancia entre su parte considerativa y dispositiva, efectuando un razonamiento integral y armonizado en todo su contenido -congruencia interna-.

Bajo ese marco, corresponde a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional verificar si los hechos denunciados por el accionante en la acción de defensa son tutelables o no.

En ese sentido, se evidencia que no cursa en antecedentes el recurso de apelación incidental presentado por el accionante; sin embargo, de la fundamentación de dicho recurso realizado por su abogado se extracta del Acta de Audiencia Virtual de Apelación Incidental de 23 de febrero de 2022, de aplicación de medidas cautelares e incidentes (fs. 90 vta.) y de la parte final del acta de audiencia virtual de presentación de ampliación de riesgos procesales (fs. 62 vta.), que señala dos aspectos: a) Falta de fundamentación en el incremento de medidas de riesgos procesales, específicamente el riesgo de fuga, debido a que se valoró un aspecto que no incide directamente en un acto preparatorio de fuga; asimismo, esa medida tampoco afecta de manera objetiva, en la situación del accionante, quien ni contaba con permiso de trabajo para asistir a su fuente laboral, por lo cual no existía ninguna incidencia directa;

b) Del mismo modo se le impuso las medidas de revocatoria para derivarlo con detención preventiva -art.247 del CPP-; sin embargo, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del departamento de Beni con la falta de fundamentación, no realizaron la ponderación de riesgos procesales que exige la última parte de la citada norma, tanto de autoría inicial; así como, los riesgos procesales para determinar; más aún, si al momento de revocar las medidas sustitutivas se valoró el tema de trabajo y el escolta policial, siendo que no era atribución del mencionado Tribunal. Fue observado sobre la incorporación de dos declaraciones testificales, que no fueron introducidas como elementos de prueba hasta el día de la audiencia virtual de ampliación de riesgos procesales; por lo que, no tenían conocimiento de las mismas, vulnerándose el derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación y los principios de igualdad y de contradicción en la audiencia.

En atención al recurso de apelación incidental planteado por el accionante, el Vocal hoy accionado emitió el Auto de Vista 040/2022, que confirmó el Auto Interlocutorio 01/2022, bajo los siguientes fundamentos:

1) Que el accionante por el carácter del fallo militar que tuvo, quedó sin trabajo, situación que viabiliza el peligro procesal previsto por el art. 234.1 del CPP en su componente trabajo; ya que, al no encontrarse con una fuente laboral, se debe determinar que esa relación laboral debe ser de carácter permanente; es decir, que el accionante trabaje todos los días laborales de la semana, solo en esa situación se podrá desvirtuar el peligro de fuga, si el imputado no cuenta con otro negocio o trabajo que demuestre la concurrencia diaria, tampoco es posible viabilizar el hecho que demuestre una fuente laboral o un negocio para demostrar los recursos económicos de estabilidad laboral que sustenta a su persona y a su familia.

2) Respecto a las declaraciones de los testigos, por memorial de 7 de enero de 2022, Daniela Miranda Vásquez -victima- dio a conocer al Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del departamento de Beni, y con la notificación al acusado -accionante- con las pruebas documentales, pusieron en conocimiento de la revocatoria de las medidas cautelares impuestas. En ese sentido, se observa que el referido Tribunal de acuerdo al Auto Interlocutorio 01/2022 realizó una identificación de dos puntos vertidos tanto por el Fiscal de Materia y la víctima -tercera interesada- en cuanto a las causales de revocatoria; la cual cuenta con la fundamentación y motivación prevista por el art. 124 del CPP, considerando que se observaron las normas del debido proceso y todos los elementos probatorios que fueron legalmente incorporados, y los argumentos de las partes procesales. El mencionado Tribunal de Sentencia realizó una descripción objetiva de los elementos probatorios, y la fundamentación por los arts. “233” y 231 bis del CPP; 308, 310 inc. d), 323 bis I y II numerales 3 y 5 del CP; describiendo la SC 01/2019-S2 15 de enero, y los arts. 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo); 250, párrafo segundo 203 del CPP; 89 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la nación (LOFA).

3) Que el Fiscal de Materia, mediante memorial de 10 de enero de 2022, adjuntó elementos probatorios con los respectivos informes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Resolución del Tribunal de Personal del Ejercito 069/2021 de 20 de septiembre, ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del departamento de Beni. Asimismo, la víctima adjuntó los elementos probatorios que describió los dos puntos vertidos con relación a las causales de la revocatoria de las medidas sustitutivas de la detención preventiva, el art. 234.1 del CPP en su elemento trabajo y el art. 234.8 del CPP, aplicándose la lógica en sentido formal y de acuerdo a su sana interpretación y al orden crítico que se desprende del resto de las circunstancias; por lo que, se considera que se justificó y fundamentó adecuadamente las razones por los cuales se le otorgó el determinado valor a las pruebas. Por consiguiente, se evidencia que el Vocal ahora accionado emitió el Auto de Vista 040/2022, sin la debida fundamentación y motivación; ya que, no respondió de manera clara, concreta y precisa a los agravios expuestos por el accionante; puesto que, en el recurso de apelación incidental se señalaron como agravios dos aspectos: i) La falta de fundamentación en el riesgo de fuga, porque el accionante argumentó que el incremento de medidas de riesgo procesal, especialmente al riesgo de fuga, no se fundamentó de manera adecuada, destacando que se valoró un extremo que ni tenía relación directa con un posible acto de fuga; ya que, no contaba con permiso de trabajo; y, ii) En cuanto a las medidas de revocatoria y ponderación de riesgos, se le impuso medidas de revocatoria sin una adecuada ponderación de los riesgos procesales establecidos por el Código de Procedimiento Penal. Asimismo, se observó que el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del departamento de Beni, consideró aspectos ajenos a su competencia, lo que podría evidenciar en una falta de respeto al derecho al debido proceso. En ese contexto, se evidencia que el Vocal hoy accionado mediante Auto de Vista 40/2022 confirmó el Auto Interlocutorio 01/2022, bajo los siguientes fundamentos: a) Respecto a la situación laboral y el peligro procesal, señaló que la falta de trabajo del accionante justificó el peligro procesal, refiriéndose a la necesidad de demostrar una relación laboral permanente; sin embargo, ese argumento puede ser sujeto a cuestionamiento; puesto que, la ausencia de trabajo formal no implica necesariamente un riesgo de fuga, sobre todo, si basa su determinación en un análisis que no se encuentra acorde a la situación jurídica del accionante; ya que, se encontraba con la medida sustitutiva de detención domiciliaria con escolta policial, vulnerando con ello los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada; b) En cuanto a las consideraciones de las declaraciones de testigos, se indicó que esas declaraciones fueron notificadas y presentadas adecuadamente, alegando que existía fundamentación y motivación en el Auto Interlocutorio 01/2022; empero, la defensa del accionante sostuvo que no se le permitió conocer esas pruebas con anticipación a la celebración de la audiencia virtual del recurso de apelación incidental cautelar de 23 de febrero de 2022, de presentación de ampliación de riesgos procesales, vulnerando los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, que corresponde conceder la tutela solicitada; y, 3) Con relación a la incorporación de elementos probatorios, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Santa Ana de Yacuma del departamento de Beni, afirmó que se consideraron los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público y la víctima, sosteniendo que las decisiones estaban debidamente fundamentadas en el Código de Procedimiento Penal; sin embargo, esas pruebas tampoco fueron introducidas hasta el momento de la mencionada audiencia, situación que debió tomarse en cuenta a objeto de no vulnerar los derechos a la defensa, a la igualdad, a la “contradicción de la audiencia” y a la “…APLICACIÓN OBJETIVA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO…” (sic); por lo que, el Auto de Vista 40/2022, carece de fundamentación suficiente y adecuada; ya que, el Vocal hoy accionado no analizó con claridad y precisión, ni abordó los agravios expuestos por el accionante, generando la vulneración de derechos. Asimismo, con relación al principio de congruencia alegado en la acción de defensa, se evidencia que el Vocal ahora accionado no respondió a todas las peticiones del accionante, constituyéndose en una incongruencia omisiva; por lo que, no se abordó si el hecho de no contar con un empleo formal afecta su situación procesal, ni respondió al hecho de que el nombrado alegó con relación a las pruebas presentadas -declaraciones de los testigos- que fueron incorporadas en un momento inadecuado, lo que impidió al accionante ejercer su derecho a la contradicción, dejando con ello dudas sobre la regularidad del procedimiento. Además, el accionante expuso que el referido Vocal hoy accionado no realizó una ponderación adecuada de los riesgos procesales, en especial respecto a la revocatoria de medidas cautelares; ya que, esa falta de análisis revierte un impacto en la proporcionalidad de las medidas cautelares. Por consiguiente, se evidencia que el citado Vocal ahora accionado al emitir el Auto de Vista 40/2022, no aclaró por qué se les dio valor a algunas pruebas presentadas por la parte contraria, que no eran pertinentes para justificar la revocatoria de medidas cautelares, incurriendo en una omisión de respuesta a la irrelevancia de ciertas pruebas, motivo por el que el Vocal hoy accionado vulneró el principio de congruencia e incidió en omisiones importantes para analizar la situación jurídica del accionante; puesto que, no abordó adecuadamente los agravios expuestos por la defensa del nombrado, con relación a la fundamentación de la decisión, la valoración de pruebas y la consideración de los derechos de la defensa del mismo, lo que compromete el principio de congruencia y afecta a la percepción de la justicia en el proceso; por lo cual, corresponde conceder la tutela solicitada. De igual manera, con relación a la valoración de la prueba, se advierte en el presente caso, que la falta de conocimiento previo de las declaraciones de los testigos y la consideración de pruebas extrañamente presentadas, vulnera los derechos a la defensa y a la igualdad del accionante; ya que, el Vocal ahora accionado al momento de emitir el Auto de Vista 40/2022 debió prestar mayor atención a esa situación y analizarla con detenimiento a efectos de no vulnerar ningún derecho de las partes procesales intervinientes en el proceso penal, razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada. En ese entendido, respecto a la legalidad ordinaria que alega el accionante en esta acción tutelar, se evidencia que el Vocal hoy accionado no cumplió con los procedimientos establecidos por el Código de Procedimiento Penal y otras normativas aplicables al caso concreto, aplicando la ley de manera arbitraria, sin seguir criterios razonables y fundamentos; por esa razón, se infringe el principio de legalidad, es más la imposición de medidas cautelares que debe ser proporcional a los riesgos procesales presentados, y si la indicada autoridad no justificó adecuadamente la necesidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas, se puede argumentar que existió vulneración al principio de legalidad; ya que, las medidas deben contener el respaldo de un análisis razonable, tomando en cuenta su derecho de contradecir las pruebas presentadas en su contra. En ese contexto, se evidencia que las determinaciones asumidas por el Vocal ahora accionado no se encuentran debidamente fundamentadas, ni motivadas; puesto que, la ley exige que todas las resoluciones se sustenten en hechos y normas claras, situación que no ocurrió en el presente caso, por lo cual corresponde conceder la tutela solicitada. En ese marco, con relación a la supuesta vulneración del principio de seguridad jurídica alegada por el accionante, no se desarrolló argumentación jurídica alguna, por cuanto no corresponde mayor pronunciamiento; además, de no constituirse como un derecho sino como un principio, que no puede ser tutelado de manera independiente mediante esta acción de defensa, excepto cuando se encuentre vinculado con algún derecho fundamental y/o garantía constitucional, situación que no ocurre en el presente caso, correspondiendo denegar la tutela solicitada. Finalmente, ante la solicitud de condenación de costas y costos, esta no puede ser acogida con relación al alcance de la tutela concedida y la regulación potestativa establecida por el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 102/2022 de 22 de septiembre, cursante de fs. 238 a 252 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a los derechos al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, a la valoración de la prueba; a la igualdad, a la “contradicción de la audiencia”; y a la “…APLICACIÓN OBJETIVA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO…” (sic) y al principio de legalidad, disponiendo:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 40/2022 de 23 de febrero, emitido por Haider Echalar Justiniano, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, debiendo dictarse uno nuevo, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

2° Denegar la tutela solicitada, respecto al principio de seguridad jurídica; así como, a las costas y costos, de acuerdo con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0445_2024-S3.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8e1f55de74e8c7721e8af9eefb9859c5406f17e9623d8adda88e1cc026f4387b

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