B.IA.LEGAL

SCP 0445/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 15 de mayo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
15 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
47146-2022-95-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El solicitante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la inamovilidad laboral por ser padre progenitor, a la estabilidad laboral por discapacidad de su esposa, al trabajo, a la salud y seguridad social, así como al derecho de petición, y la garantía de la no discriminación; toda vez que, habiendo sido contratado por más de cinco veces consecutivas en el mismo cargo y en labores ordinarias, no de asesoramiento o de confianza, en todo caso cumpliendo sus funciones de manera ininterrumpida y continua; sin embargo, antes de la fecha de finalización de su último contrato, solicitó a su empleador (GAMLP), se prolongue su contrato; ya que se trataba de padre progenitor al encontrarse su esposa en situación de gravidez, además de ser ésta dependiente por afrontar un grado de discapacidad del 51%, causada por la enfermedad de base (atrofia muscular espinal tipo II, hereditaria, progresiva y degenerativa); sin embargo, no fue escuchado por las autoridades ahora demandadas, y no obstante el reclamo fueron rechazadas sus pretensiones de inamovilidad y estabilidad laboral. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto se analizará los siguientes temas: 1) La excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional respecto a los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de padres progenitores; 2) La garantía de inamovilidad laboral de las trabajadoras de los progenitores en contratos a plazo fijo; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 37/2022 de 24 de febrero, cursante de fs. 217 a 222; pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en relación a la problemática a); toda vez que, corresponde al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, precautelar el interés superior de la madre gestante y del nuevo ser hasta que éste cumpla un año de edad de nacido, por lo que debe asegurarse y/o en su caso indemnizarse las asignaciones familiares que le correspondía a la madre gestante y al nuevo ser hasta que este cumpla un año de edad, para el efecto se deberán realizar los cálculos retroactivos correspondientes. 2° DENEGAR la tutela impetrada en relación a las problemáticas b) y c), ya que el ahora accionante debe acudir ante la instancia ordinaria competente para hacer prevalecer sus derechos que considera conculcados.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional respecto a los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de padres progenitores
  2. III.2. La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados
  3. III.3. La garantía de inamovilidad laboral de las trabajadoras de los progenitores en contratos a plazo fijo
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0445/2023-S1 Sucre, 15 de mayo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 47146-2022-95-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 37/2022 de 24 de febrero, cursante de fs. 217 a 222, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional presentada por Marcio Carlos Cornejo Olivera contra Hernán Iván Arias Durán, Alcalde; María del Pilar Hoyos Mercado, Directora de Comunicación Social; Karem Milenka Vásquez Salazar, Directora de Gestión de Recursos Humanos (RR.HH.), todos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP); y, Bernardo Abath Vargas Rivera, Director General del Servicio Civil dependiente del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales de 6 y 20 de diciembre de 2021, cursantes de fs. 44 a 57 y de fs. 61 a 67, respectivamente, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que suscribió Contrato de Trabajo a Plazo Fijo C-5094 de 1 de julio de 2019 con el GAMLP, para desempeñar sus funciones en la Dirección de Comunicación Social, como Coordinador Técnico (Eventual I), ejerciendo con responsabilidad sus funciones; seguidamente se renovó su contrato el 30 de septiembre de igual año, así como también en cuatro oportunidades (Contrato de Trabajo a Plazo Fijo C-6225, Contrato de Trabajo a Plazo Fijo C-850, Contrato de Trabajo a Plazo Fijo C-5572, Contrato de Trabajo a Plazo Fijo C-8035, Contrato de Trabajo a Plazo Fijo C-9175 y Contrato de Trabajo a Plazo Fijo C-1902 de 4 de enero de 2021).

Ejerció sus funciones de manera ininterrumpida y continua, cumpliendo en todos ellos las mismas labores con las que fue originalmente contratado, empero en ningún momento el trabajo realizado fue de asesoramiento o de confianza, efectuando las funciones como también las realizaban varios técnicos, en igualdad de condiciones, bajo dependencia de la Jefatura de la Unidad de Comunicación Interna y Externa, que conllevaba un trabajo diario sin horario establecido, considerando que frente a una emergencia, inauguración de obras u otras, debía cubrirse todas estas actividades y que por la pandemia del COVID-19 involucró un alto riesgo para su salud. Encontrándose cumpliendo su último contrato vigente (C-1902), a través de la nota dirigida al entonces Director de Gestión de RR.HH. del GAMLP, y amparado en el art. 2 del Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, puso en conocimiento que su esposa se encontraba en estado de embarazo, con veintiún semanas de gestación, solicitando se reconozca la inamovilidad laboral que le correspondería; sin embargo, María del Pilar Hoyos Mercado, Directora de Comunicación Social del GAMLP, en reunión sostenida con su persona, le comunicó que a la finalización de su contrato (30 de junio de 2021), este no sería ampliado, pese a tener conocimiento del estado de gravidez de su señora esposa, además de existir otra causal de inamovilidad, como es la discapacidad físico motriz grave en un porcentaje de 51%, causada por la enfermedad de base (atrofia muscular espinal tipo II, hereditaria, progresiva y degenerativa), que adolece su cónyuge Marcia Andrea Cornejo Vargas. Posteriormente, mediante notas de 4 de junio de 2021, cursantes en Hojas de Ruta respectivas, dirigidas al Alcalde, a la Directora de Comunicación Social y a la Directora de Gestión de RR.HH. todos del GAMLP, a tiempo de reiterar la información acerca del estado de embarazo de su esposa y la discapacidad que cursaba; con el objeto de prever los contagios por COVID-19 y la situación de alto riesgo que corría su persona, solicitó se le autorice la modalidad de teletrabajo, con el fin de evitar cualquier riesgo de contagio que ponga en riesgo la vida y salud de su esposa y el ser en gestación. Ante la falta de contestación, el 14 de junio de 2021, pidió a la Directora de Gestión de RR.HH. del GAMLP, brindar de manera urgente una respuesta a las insistentes solicitudes, tanto de inamovilidad laboral como de teletrabajo, reiterando el pedido de inamovilidad laboral al amparo de lo establecido en la Constitución Política del Estado, Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, el art. 22 del DS 1893 de 12 de febrero de 2014, DS 0012, Ley General para Personas con Discapacidad -Ley 223 de 2 de marzo de 2012-, y Ley Municipal Autonómica. Sostiene que fue objeto de hostigamiento laboral por los pedidos fundados, refiriendo que el 28 de junio de 2021, presentó dos notas ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, denunciando a las autoridades del GAMLP por el acoso laboral y maltrato recibido, solicitando la intervención a fin de lograr la renovación de su contrato y cese el hostigamiento del cual fue objeto en su trabajo, sin haber recibido atención debida de dicha entidad pública y llegando a la culminación de su contrato sin renovación del mismo. Ante dicha ineficacia, presentó denuncia ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz el 3 de agosto de 2021, solicitando se considere la protección reforzada máxime si su hijo para ese entonces ya había nacido, sin la asistencia de un seguro, mucho menos las asignaciones familiares, demorando en emitir un informe, el mismo que nuevamente derivó su asunto a la Dirección General del Servicio Civil, el cual recién el 20 del referido mes y año, emitió el Oficio CITE: MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-UFPRP-FRGR-0480-CAR/21 a través del cual pidió al GAMLP, proceda a la ampliación de su contrato o en su defecto se lo contrate de manera permanente y con ítem; sin embargo, el GAMLP le dio vueltas al asunto, aduciendo que su persona sería un funcionario de libre nombramiento; en resumidas cuentas eludiendo su obligación. Finalmente, a través de la nota de 4 de octubre de 2021, nuevamente solicitó a la Dirección General de Servicio Civil, proceda a la emisión de la conminatoria de reincorporación, reiterando todos sus argumentos de inamovilidad laboral; empero, en esta oportunidad de manera contradictoria, incongruente e inexplicable se le notificó el 27 de octubre de 2021, con el Auto de Rechazo MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-RC-AR 35 de 26 de octubre de 2021, por el que rechazaron su pedido de reincorporación al GAMLP. Hizo referencia a todo el bloque de constitucionalidad de protección al padre progenitor y esposa dependiente de aquel, así como al Instructivo DGRH 001/2020 vigente para la gestión 2021, que rige para todo el personal contratado sin distinción alguna; sin embargo, las autoridades demandadas pretenden dar a entender que su persona se constituiría en personal de libre nombramiento por el monto de sueldo percibido, cuando los contratos suscritos con el GAMLP resultan tener un carácter uniforme y vienen estipulando su condición de personal eventual, así como las funciones cumplida; demostrando que el objeto de su contratación no correspondería a las características de una persona que ocupa un cargo de libre nombramiento, por lo que se vulneraron sus derechos de padre progenitor, de su esposa e hijo hasta que cumpla un año de edad. El Estado Plurinacional de Bolivia, suscribió el 13 de agosto de 2007 la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, ratificado por el Estado Boliviano a través de la Ley 4024 de 15 de abril de 2009; asimismo, hizo referencia a los arts. 70 de la Constitución Política del estado (CPE) y 9.I de la Ley General para Personas con Discapacidad (LGPD), y refirió que habiendo sido ampliada la protección de las personas con discapacidad respecto a la estabilidad laboral en relación a los cónyuges, se tiene que las autoridades municipales lesionaron sus derechos de padre progenitor y esposa con discapacidad dependiente del accionante, además de su hijo recién nacido; más aún cuando afirmó haber acreditado la discapacidad de su esposa mediante certificado único de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud y Deportes, en conformidad al DS 28521 de 16 de diciembre de 2005, en coordinación con el Comité Nacional de las Personas con Discapacidad (CONALPEDIS), que fue de conocimiento del GAMLP. Afirmó que a pesar de haber cumplido funciones en el marco de un contrato de trabajo a plazo fijo como servidor municipal eventual, debido a la suscripción sucesiva de cinco contratos, se produjo la tácita reconducción de la relación laboral y consiguientemente correspondería el reconocimiento de su derecho a la inamovilidad laboral por ser padre progenitor y tener bajo su responsabilidad una persona con discapacidad como es su cónyuge. Señaló que nunca realizó trabajo de asesoramiento a una autoridad electa, sino al contrario siempre estuvo bajo dependencia de una autoridad jerárquica del cuarto nivel operativo (Jefatura de Unidad), no contando su persona con personal bajo su dependencia sino por el contrario realizando un trabajo coordinado con el resto del personal eventual de la Unidad, a ello se suma que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, incumplió retardando en otorgarle la razón de su condición jurídica para luego inexplicablemente contradecirse con su primer pronunciamiento de darle la razón. Refirió que se le vulneró su derecho de petición, toda vez que presentó seis notas ante el GAMLP, dando a conocer el embarazo de su esposa, así como la solicitud para que se le otorgue teletrabajo y respeto a los horarios laborales, considerando que el embarazo de su cónyuge fue calificado de alto riesgo debido al grado de discapacidad, sin que ninguna nota fuere respondida. Finalmente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobado mediante Ley 4024 de 15 de abril de 2009, en su art. 5, referido a la igualdad y no discriminación, dispone que el Estado Boliviano prohibirá toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizará a todas las personas con discapacidad, protección legal, igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo, mucho menos por encontrarse su esposa con discapacidad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela considera como lesionados sus derechos a la inamovilidad laboral por ser padre progenitor, estabilidad laboral por discapacidad de su esposa, al trabajo, a la salud y seguridad social, así como al derecho de petición, y la garantía de la no discriminación; citando al respecto los arts. 18.I y II, 24, 46.I y II, 48.VI; y, 70 numerales 1 y 2; todos de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga lo siguiente: a) Su reincorporación laboral al mismo puesto que se desempeñaba, hasta antes de su arbitraria desvinculación, manteniendo el mismo nivel salarial, respetando su inamovilidad y estabilidad laboral; b) El pago de todas las asignaciones familiares de manera retroactiva en favor de su esposa e hijo recién nacido; y, c) El pago de sus sueldos devengados desde la ilegal desvinculación realizada el 30 de junio de 2021 hasta la fecha de su reincorporación.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 24 de febrero de 2022, según consta en acta cursante de fs. 206 a 216 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante por medio de su abogada ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Hernán Iván Arias Durán, Alcalde; María del Pilar Hoyos Mercado, Directora de Comunicación Social; y, José Luis Boyan Arce, Director a.i. de Gestión de RR.HH. todos del GAMLP, a través de sus abogados presentaron informe escrito de 22 de febrero de 2022, conforme cursa de fs. 103 a 110 vta., expresando los siguientes argumentos: 1) El ahora solicitante de tutela, ocupaba un cargo de libre nombramiento además de no existir conminatoria de reincorporación por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por lo que de acuerdo a lo expresado en el Auto de Rechazo MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-RC-AR 35, emitido por el Director General del Servicio Civil, el cual asumió el criterio en sentido que: 1.i) El peticionante ocupaba un cargo de libre nombramiento hasta la fecha de su finalización de la relación laboral; 1.ii) De acuerdo a los respaldos presentados por el mismo interesado, sus contratos laborales dan cuenta que se trataba de un empleado municipal eventual, razón por la que demuestra que no tenía la calidad de servidor municipal de libre nombramiento; 1.iii) El accionante tenía un vínculo laboral eventual contractual con el GAMLP, a fin de prestar sus servicios en un cargo de libre nombramiento conforme a la Escala Salarial 2021 aprobada por Decreto Municipal 33/2020 de 11 de septiembre; 1.iv) En ejercicio de su autonomía, los gobiernos municipales se encuentran facultados para aprobar su estructura, organizaciones y escala salarial, debiendo para dicho fin clasificar los cargos y puestos en las categorías superior, ejecutiva, operativa conforme a lo dispuesto por el parágrafo I del art. 13 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NBSAP), aprobadas por DS 26115 de 16 de marzo de 2001; 1.v) En dicho contexto normativo el GAMLP, consignó la categoría superior a nivel coordinación (libre nombramiento) al interior del cual figura el cargo de Coordinador VII con nivel salarial 167 B10, que de acuerdo a lo previsto en la Cláusula Cuarta (Remuneración y Descuentos) del contrato de trabajo a plazo fijo C-1902, fue pactado con el ahora impetrante de tutela, quien también dio conformidad al suscribir dicho contrato en su Cláusula Quinta (Normatividad), que estipuló que dicho contrato se rige por las disposiciones del Decreto Municipal 007 de 17 de junio de 2013, Reglamento para la Contratación Personal Eventual en el GAMLP, el art. 6 del Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999- concordante con el art. 60 del DS 26115; 1.vi) Los contratos suscritos con el demandante de tutela, tenían una fecha cierta de vencimiento, ocurriendo tal situación con el último contrato de trabajo a plazo fijo, de 4 de enero de 2021, cuya vigencia fue estipulada del 4 de enero hasta el 30 de junio de igual año, por lo que se tiene que al suscribir el último contrato administrativo de carácter eventual, consintió sobre la prestación de servicios de tiempo definido y que la misma estaba sujeta a normativa específica; 1.vii) La inamovilidad laboral encuentra sus excepciones en el parágrafo II del art. 5 del DS 0012, que no será viable en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo éstas u otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma, en dicho caso correspondería el beneficio; 2) Hizo referencia al Informe DGRH-UBSSO 111/2022 de 21 de febrero de 2022, emitido por la Dirección de Gestión de RR.HH., el cual mencionó que al tratarse de un cargo cuyas funciones eran temporales o provisionales que por las características de confianza y especialidad, no están bajo la protección absoluta de la inamovilidad, máxime si no media conminatoria por el rechazo inminente suscitado, de conformidad a los arts. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006 y 1 del DS 495 de 1 de mayo de 2010, citó al respecto las SSCCPP 0461/2021-S2 y 0695/2021-S2 emitidas el 26 de agosto y 25 de octubre respectivamente, las cuales exigen que si el trabajador ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo, autoridades que deberán imprimir el trámite previsto en el DS 0495, emitiendo si correspondiera la conminatoria de reincorporación; 3) Desde el momento que el accionante suscribió su último contrato por tiempo definido, consintió con las reglas del trabajo, por lo que tuvo una aceptación de su contrato temporal, debiendo entenderse como un acto consentido, expresando argumentos al respecto y mencionando a la SCP 1209/2011-R de 13 de septiembre; 4) Con relación a su cónyuge y el grado de discapacidad, se refirió al Informe DGRH.AL. 0745/2021 de 18 de junio emitido por la Dirección de Gestión de RR.HH., que sobre la base del Informe DGRH-UBSSO 245/2021, señaló: 4.a) Que la beneficiaria no se encontraría afiliada como asegurada beneficiaria del accionante; 4.b) Los extremos mencionados por el peticionante de tutela, referente a que es padre progenitor, y tiene a una esposa con grado de discapacidad, dichos antecedentes no se encontrarían archivados en el file personal del trabajador; a ello se suma, que no presentó certificado médico expedido por la Caja que demuestre el embarazo de su cónyuge, y que conforme al Oficio DGRH.UBSSO. OFC. 110/2022 de 21 de febrero, estableció que el accionante no se encontraría registrado en la Base de Datos de Inamovilidad Funcionaria del GAMLP, debido a que no realizó la solicitud; criterio reforzado por el Informe DGRH-UBSSO 111/2022 de 21 de febrero, por lo que al margen de tratarse de un cargo de libre nombramiento no se tendría registros documentales del estado de embarazo de su esposa y la condición de discapacidad de la misma, que permitieran establecer el vínculo o grado legal de dependencia, incumpliendo “que determina la imposibilidad formal de hacer prevalecer una relación que nunca fue acreditada de manera legal ante las instancias pertinentes del Gobierno Municipal de La Paz” (sic); 5) Afirmó que el cargo ocupado por el solicitante de tutela es de libre nombramiento, conforme a la escala salarial para la gestión 2021, tal cual se tiene establecido por la Dirección General del Servicio Civil, haciendo cita de los arts. 233 de la CPE; 5 del EFP; 10 inc. c) parágrafo II) del Decreto Municipal 35/2014 de 23 de diciembre, modificatorio del Reglamento Interno de Personal y 1 de la Ley 321 de 20 de diciembre de 2012; señalando que conforme a la naturaleza y características del cargo ocupado por el accionante, al tratarse de un cargo de libre nombramiento además de encontrarse sujeto a un contrato a plazo fijo, no estaría dentro del régimen de excepción a la inamovilidad, en estricto cumplimiento de lo previsto en el art. 233 de la CPE y lo dispuesto en el apartado II.5 del Dictamen General 01/2015 de 30 de enero, emitido por la Procuraduría General del Estado, que establece criterios que deben ser tomados en cuenta al momento de aplicar las excepciones a la inamovilidad laboral de determinados funcionarios públicos, en consideración a la naturaleza y finalidad del cargo ocupado; 6) Aseveró que no procedería la inamovilidad laboral para el personal de libre nombramiento, citando al respecto las SSCCPP 1044/2013 de 27 de junio y 0041/2014-S3 de 10 de octubre, y señaló que corresponderá a las nuevas autoridades elegidas en bien y protección de los intereses de la comunidad para la prosecución de la máquina institucional del Estado, elegir inmediatamente a su personal de confianza para no paralizar la administración pública, y en cuanto a la excepción a la regla hizo referencia a las SSCCPP 1044/2013 y 0049/2019-S1 de 3 de abril, afirmando que si bien se encuentra garantizada la inamovilidad funcionaria, no es menos cierto que existen excepciones en cuanto a los cargos de confianza y libre nombramiento; y, 7) Finalmente, en cuanto al pago de sueldos devengados, mencionó a la SCP 0083/2014-S3 de 27 de octubre; razón por la que solicitó se deniegue la presente acción tutelar.

Bernardo Abath Vargas Rivera, Director General del Servicio Civil del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante informe escrito cursante de fs. 198 a 205 vta., expresó los siguientes argumentos: i) Sobre la documentación presentada por el ahora accionante ante esta Dirección, se le hizo saber sobre la nota emitida al Alcalde del GAMLP, en sentido que se le debía ampliar el contrato administrativo o bien una contratación de manera permanente, teniendo en cuenta su situación de cónyuge de persona con discapacidad y padre progenitor; posterior a ello, ante las solicitudes de la emisión de una conminatoria de reincorporación, una vez obtenida la documentación adicional, la Dirección -ahora demandada- emitió el Auto de Rechazo MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-RC-AR 35; ii) Con relación a la inamovilidad y estabilidad laboral reclamada, afirmó que mediante Nota DGRH. AL. Of. 489/2021 de 30 de agosto, el impetrante de tutela hasta la fecha de conclusión del pazo de su contrato, prestó servicios como Coordinador Técnico dependiente de la Dirección de Comunicación Social del GAMLP, cargo que correspondería a la categoría de libre nombramiento, de acuerdo a lo establecido en la Escala Salarial Única Gestión 2021 del GAMLP, aprobada mediante Decreto Municipal 033/2020; iii) El solicitante de tutela presentó sus contratos de trabajo a plazo fijo en respaldo a su condición de empleado municipal eventual, razón por la cual demostró que no tenía la calidad de servidor municipal de libre nombramiento, por lo que de dichos antecedentes se tiene que el accionante se vinculó contractualmente para prestar servicios en la modalidad eventual en un cargo de libre nombramiento, conforme a la Escala Salarial 2021 aprobada por el referido Decreto Municipal 033/2020; iv) En ese ejercicio de su autonomía, los gobiernos municipales están facultados para aprobar su estructura organizacional y su escala salarial, debiendo para dicho fin clasificar los cargos y puestos en las categorías superior, ejecutiva y operativa, conforme a lo dispuesto por el parágrafo I del art.13 de las NBSAP, aprobadas por DS 26115; v) Recategorizado el cargo ocupado por el solicitante de tutela, emitiendo su conformidad se suscribió un contrato de trabajo, en el que en su Cláusula Quinta, estipuló que el mismo se rige por las Disposiciones del Decreto Municipal 007 de 17 de junio de 2013, Reglamento para la Contratación Personal Eventual en el GAMLP, y en el art. 6 del EFP, concordante con el art. 60 del DS 26115; razón por la cual, llegó a afirmar que los contratos suscritos por el accionante con el GAMLP, se encontraban sometidos a una fecha cierta para su vencimiento, por lo que se advirtió que el peticionante de tutela al suscribir el último contrato administrativo de carácter eventual, expresó su consentimiento sobre la prestación de servicios por tiempo definido, conociendo la fecha de inicio y conclusión de la relación laboral, y que dicha prestación estaba sujeta a normativa específica; vi) Afirmó que la inamovilidad laboral encuentra sus excepciones en el parágrafo II del art. 5 del DS 0012, respecto a que la inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra, citando las SSCCPP 0335/2021-S3 de 9 de julio, 0587/2005-R de 31 de mayo y 0109/2006-R de 31 de enero, y aseveró que si bien el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que el derecho a la inamovilidad laboral es universal, toda vez que protege a trabajadores resguardados por la Ley General del Trabajo, y a los funcionarios públicos reconoce también que ese derecho no es absoluto, cuando se trata de servidores públicos de libre nombramiento, ya que al ser reclutados sin procesos previos sino de manera directa por invitación personal del máximo ejecutivo de la entidad pública, a fin de ocupar funciones de confianza o asesoramiento técnico, que justamente por la característica de confianza y especialidad, no están bajo la protección absoluta de la inamovilidad laboral, ya sea esta producto de embarazo o de discapacidad, puesto que la carencia de inamovilidad laboral en servidores públicos de libre nombramiento tendría por finalidad garantizar la eficacia y eficiencia del servicio público, ya que las labores que desempeñan este tipo de funcionarios son de iniciativa, decisión y mando, por ello su duración en el cargo es temporal y su retiro discrecional, cita también la SCP 1068/2011-R de 11 de julio, y afirmó que en el caso de autos, al ser el accionante cónyuge de persona con discapacidad, siendo un funcionario de libre nombramiento, no se encontraría bajo la protección absoluta de la inamovilidad laboral, ya sea por producto de embarazo o de discapacidad, y que las características del cargo en el que prestaba servicios tenía funciones de confianza o asesoramiento técnico, como así lo señala la SCP 0049/2019-S1 de 3 de abril, por lo que correspondió rechazar la solicitud de reincorporación laboral, que si bien en el art. 48 parágrafo VI de la CPE, se establece la garantía de la inamovilidad laboral para mujeres en estado de embarazo y de los progenitores hasta que el hijo cumpla un año de edad, dicha previsión legal encuentra su excepción en el parágrafo II del art. 5 del DS 0012, a la que se adecúa el ahora demandante de tutela, ya que no sería viable el nacimiento o vigencia de derechos y obligaciones emergentes de una relación contractual de personal eventual que ya no existiría; asimismo, señaló que en cuanto a las solicitudes presentadas por el accionante se procedió a brindar respuesta a las mismas; razón por la cual solicitaron se deniegue la presente acción tutelar.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, mediante Resolución 37/2022 de 24 de febrero, cursante de fs. 217 a 222, denegó la tutela impetrada; tal determinación se dio sobre la base de los siguientes fundamentos: a) A fin de entablar una acción de amparo constitucional, es menester que el accionante cumpliera con ciertos presupuestos procesales de procedibilidad; en el presente caso, “entre la postulación, acción propiamente dicha y la pretensión sobre la cual recae la acción existe ausencia de congruencia y esto de inicio, hace denegable la tutela solicitada por el accionante, porque la Acción de Amparo Constitucional va recaer sobre un acto o sobre una omisión muy importante, no sobre cualquier o todos los actos que aparentemente afectan nuestros derechos, ergo, no sobre todas las omisiones o cualquier omisión que en apariencia afecte nuestro derecho, la técnica procesal menciona que generalmente sobre el último acto que afecta los derechos o garantías constitucionales o legales” (sic); b) Tomando en cuenta el último acto que resulta ser la Resolución del Ministerio de la Dirección del Servicio Civil 35 del 26 de octubre de 2021, y que se cuestiona su desvinculación laboral, “puede y que está sujeto a debate, también es traducido como un acto de la administración y la desvinculación producto de todo lo expresado en esta audiencia, no como un acto per se, sino como la resistencia a la recontratación entendemos que esa es la situación postulada, porque el contrato estaba sujeto a un plazo, el plazo venció y lamentablemente, el vencimiento del plazo hace sin lugar a duda la extinción de la relación que hubiese tenido el hoy accionante con el Gobierno Municipal de La Paz” (sic); en el presente caso, el impetrante de tutela pretendería su reincorporación, inamovilidad y estabilidad laboral, además del pago de sueldos devengados; empero sobre la base de qué documento; c) Ante el inminente rechazo, pudo haber sido impugnada a fin de que sea resuelto por la primera autoridad del Ministerio del Trabajo, , por lo que existe subsidiariedad en la presente Acción de Amparo Constitucional, en la que no opera la excepción a la regla de la subsidiariedad, ya que si la tesis fuera vencer la subsidiariedad por la inminencia del daño, la presente acción tutelar hubiera sido postulada antes de acudir a la Administración y dejar que la Administración “se tome su tiempo para resolver, en consecuencia el legitimado pasivo para la definición de la cuestión procesal sería el GAMLP, porque nosotros hubiésemos advertido que si esta acción tan inminente, que existe tanto peligro en la demora es pertinente, es razonable y es legal omitir todas las fases recursivas, sea del Ministerio de Trabajo, sea las mismas fases recursivas en Administración u omitir inclusive la verificación o no del derecho a petición, hubiésemos ingresado por esa tesis a debatir fondos.” (sic); d) No es posible para la presente Sala Constitucional eludir el tema de la subsidiariedad por inminencia del daño, “que es la única base para excepcionar la subsidiariedad, el principio de inmediatez subordina la regla de subsidiariedad, porque en efecto, existe un posible daño que es inminente y que sus consecuencias serán irreparables, pero la inminencia y la irreparabilidad que son dos categorías propias del derecho de daños, se van a verificar por una actividad pronta e inmediata y no haber acudido si es tan pronto e inmediato, primero al Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social y luego escoger displicentemente, como no hay una Resolución favorable, vamos a la jurisdicción constitucional, alegando un principio que nosotros mismos lo hemos desconocido al acudir a la jurisdicción administrativa; e) En el fondo, la pretensión tiene un problema, además de sujetos, porque si el demandado es el Alcalde del GAMLP, también lo es el Director del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, sobre quien debemos hacer recaer la obligación, misma que emergería de la solicitud hecha a esta Sala Constitucional, sobre el mencionado Director del Servicio Civil o sobre el referido Alcalde del GAMLP, cuando el petitorio en el punto quinto, a fs. 65 del expediente, deja entrever que la pretensión se encontraría abierta, siendo lamentable la situación en la que los han puesto, porque esta Sala entiende que esencialmente las partes pretenderían una tutela expectable, pero es responsabilidad sustancialmente de los asesores legales jurídicos esclarecer, clarificar cuáles son las vías posibles, argumentos sólidos, vías que se deben tomar legalmente para el éxito dentro de una acción de amparo constitucional o de cualquier tipo de acción.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Al no existir consenso en la Sala, de conformidad con el art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se convocó al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su Voto el caso en análisis.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Contrato de Trabajo a Plazo Fijo C-1902 de 4 de enero de 2021, a través del cual el GAMLP, representado por Paul Steve Curcuy Iturri, en su condición de Director a.i. de Gestión de RR.HH.

por delegación de la MAE, del GAMLP, y Juan José Espada Sandi, Director de Comunicación Social del GAMLP, en su condición de solicitante y por otra Marcio Claros Cornejo Olivera -ahora accionante-; para que éste último, por necesidad de servicio fue contratado como Coordinador Técnico, de acuerdo a las tareas pre-establecidas por la unidad organizacional solicitante, bajo presupuesto y dependencia del Despacho Dirección de Comunicación Social (Eventual I), cuya vigencia figura desde el 4 de enero hasta el 30 de junio de 2021 (fs. 11). II.2. Mediante nota presentada el 25 mayo de 2021, ante la Dirección de Gestión de RR.HH. del GAMLP, el ahora impetrante de tutela, dio a conocer el estado de embarazo de veintiún semanas de gestación de su pareja, por lo que al amparo del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, solicitó su inamovilidad laboral (fs. 12). II.3. A través de la nota presentada ante el Alcalde del GAMLP, el 4 de junio de 2021, Marcio Carlos Cornejo Olivera, hizo saber el estado de gravidez de su pareja de veintisiete semanas de gestación, y que su cónyuge sufriría una discapacidad del 51%, causada por enfermedad de base consistente en atrofia muscular espinal tipo II hereditaria, progresiva y degenerativa, por lo que en su ausencia por las jornadas laborales, debe contratar los servicios de una enfermera particular; empero, por su economía no justificaría, solicitando se le declare en teletrabajo a fin de evitar cualquier riesgo de contagio por COVID-19 y con el antecedente de estar viviendo con su pareja, quien contaría con enfermedad de base, que afectaría sus neuronas y el embarazo, existiendo un alto riesgo de contagio (fs. 13). II.4. A través de las notas presentadas ante la Dirección de Comunicación y la Dirección de Gestión de RR.HH. del GAMLP el 4 de junio de 2021, el impetrante de tutela, hizo saber que su pareja sufriría una discapacidad del 51%, causada por enfermedad de base consistente en atrofia muscular espinal tipo II hereditaria, progresiva y degenerativa, por lo que en su ausencia por las jornadas laborales, debe contratar los servicios de una enfermera particular; empero por su economía no justifica, solicitando se le declare en teletrabajo a fin de evitar cualquier riesgo de contagio por COVID-19 y con el antecedente de estar viviendo con su pareja, quien contaría con enfermedad de base que afectaría sus neuronas y el embarazo, existiendo un alto riesgo de contagio (fs. 14 y 15). II.5. Consta copia fotostática de carnet prenatal correspondiente a Marcia Cornejo Vargas; asimismo, consta copia de certificado médico a través del cual se acreditó embarazo de treinta semanas de gestación; además cursa copia fotostática simple de certificado de matrimonio de los esposos Marcio Carlos Cornejo Olivera y Marcia Andrea Cornejo Vargas, celebrado el 29 de mayo de 2021; a su vez, corre copia de carnet de discapacitada correspondiente a Marcia Andrea Cornejo Vargas (fs. 16, 17, 151 y 155). II.6. A través de la nota presentada el 14 de junio de 2021, ante el Director de Gestión de RR.HH. del GAMLP, el demandante de tutela, solicitó se le brinde respuestas a las notas presentadas con antelación, referente a su condición jurídica que venía atravesando (fs. 21). II.7. Por nota presentada el 25 de junio de 2021, ante la Dirección de Gestión de RR.HH. del GAMLP, Marcio Carlos Cornejo Olivera reiteró su solicitud y respuesta de inamovilidad laboral en resguardo a sus derechos de padre progenitor, con una pareja con discapacidad del 51% (fs. 22). II.8. Mediante nota presentada el 28 de junio de 2021, ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el impetrante de tutela, solicitó intervención para la ampliación de su contrato laboral en la entidad edil, debido a su situación jurídica que venía atravesando, gozando de inamovilidad laboral (fs. 24). II.9. A través de nota presentada el 28 de junio de 2021, ante el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, Marcio Carlos Cornejo Olivera, denunció al GAMLP, por incumplimiento y falta de resguardo a sus derechos de padre progenitor, cuya pareja y madre presentaría cuadro de discapacidad grave degenerativa del 51% (fs. 26 a 27). II.10. Por nota presentada el 3 de agosto de 2021, ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el pedicionante de tutela, reiteró su denuncia contra el GAMLP, por incumplimiento y falta de resguardo a sus derechos de padre progenitor, cuya pareja y madre presentaría cuadro de discapacidad grave degenerativa del 51%, así como solicitó su reincorporación a su fuente de trabajo por inamovilidad laboral (fs. 28 a 31). II.11. Cursa copia de Nota CITE: MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-UFPRP-FRGR-0480-CAR/21 de 20 de agosto de 2021, presentada el 26 de igual mes y año ante el Alcalde del GAMLP, a través de la cual Bernardo Abath Vargas Rivera, en su condición de Director General de Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, exhortó al cumplimiento de la normativa relativa a la prolongación de contrato de trabajo en favor de Marcio Carlos Cornejo Olivera, por tratarse de padre progenitor, con una pareja bajo su dependencia que adolecería de discapacidad, además de respetar su inamovilidad laboral (fs. 32 y vta.).

II.12. A través de la nota presentada el 8 de octubre de 2021 ante la Dirección General de Servicio Civil dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el accionante solicitó se emita conminatoria de reincorporación laboral (fs. 34 a 37). II.13. Por medio del Auto de Rechazo MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-RC-AR 35 de 26 de octubre de 2021, Bernardo Abath Vargas Rivera, en su condición de Director General de Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, rechazó la solicitud de reincorporación realizada por Marcio Carlos Cornejo Olivera, sin perjuicio de que el afectado pudiera interponer las acciones constitucionales; acto que fue notificado el 27 de octubre de 2021 (fs. 38 y 39 a 43).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El solicitante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la inamovilidad laboral por ser padre progenitor, a la estabilidad laboral por discapacidad de su esposa, al trabajo, a la salud y seguridad social, así como al derecho de petición, y la garantía de la no discriminación; toda vez que, habiendo sido contratado por más de cinco veces consecutivas en el mismo cargo y en labores ordinarias, no de asesoramiento o de confianza, en todo caso cumpliendo sus funciones de manera ininterrumpida y continua; sin embargo, antes de la fecha de finalización de su último contrato, solicitó a su empleador (GAMLP), se prolongue su contrato; ya que se trataba de padre progenitor al encontrarse su esposa en situación de gravidez, además de ser ésta dependiente por afrontar un grado de discapacidad del 51%, causada por la enfermedad de base (atrofia muscular espinal tipo II, hereditaria, progresiva y degenerativa); sin embargo, no fue escuchado por las autoridades ahora demandadas, y no obstante el reclamo fueron rechazadas sus pretensiones de inamovilidad y estabilidad laboral. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto se analizará los siguientes temas: 1) La excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional respecto a los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de padres progenitores; 2) La garantía de inamovilidad laboral de las trabajadoras de los progenitores en contratos a plazo fijo; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. La excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional respecto a los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de padres progenitores

El Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0081/2018-S2 de 23 de marzo -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento:

Con relación a la garantía de inamovilidad laboral, la SC 505/00-R de 24 de mayo de 2000 constituye el antecedente de la línea jurisprudencial sobre la excepción al principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, en los casos de despidos intempestivos de padres progenitores; en la cual, se estableció que la tutela de los derechos del trabajador y del ser en gestación, no pueden estar pendientes de otros recursos o vías administrativas; dicho entendimiento, fue confirmado por la SC 1749/2003-R de 1 de diciembre; y posteriormente, por la SCP 0102/2012 de 23 de abril, reiterando que tratándose de resguardar y/o proteger derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuyo resguardo es urgente e inmediato ante el despido intempestivo de su fuente laboral, la activación de la acción de amparo constitucional no se sujeta al principio de subsidiariedad. Por su parte, la SCP 0735/2013 de 6 de junio, interpretando las normas reglamentarias dispuestas en el Artículo Único del DS 0496 de 1 de mayo de 2010, complementario del art. 6 del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, estableció que dado que el art. 1 del DS 496, es una norma permisiva, si el trabajador así lo decide, puede prescindir del medio administrativo de acudir ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para pedir su reincorporación y acudir directamente a la acción de amparo constitucional. En torno a la jurisprudencia constitucional relativa a la protección del derecho a la estabilidad laboral por vía de la acción de amparo constitucional, la SC 873/01-R de 20 de agosto de 2001 sentó la línea jurisprudencial de denegatoria de tutela de reincorporación laboral por vía constitucional, en caso de despidos, en mérito al principio de 1El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley (…)”. 2El FJ III.3, indica: “…en el momento de producirse la destitución, la agraviada era madre de un menor que aún no había cumplido un año de edad, por lo que de no brindarse la protección solicitada, aquel despido causaría efectos irreparables, no sólo a la recurrente, sino principalmente al mencionado menor, en cuyo mérito es preciso prescindir de la subsidiariedad que caracteriza al amparo; teniendo en cuenta que en situaciones análogas, este Tribunal en invariable jurisprudencia ha concedido la tutela que brinda el amparo constitucional (…)”. 3El FJ III.2, refiere: “…en consecuencia, conforme a la Sentencia Constitucional citada, y teniendo en cuenta que el art. 15 de la CPE, establece que toda persona tiene derecho a la vida, siendo el mismo un derecho fundamental, en este caso de la mujer en gestación así como de la niña nacida, no correspondía denegar la tutela de la presente acción respecto al codemandado Luis Adolfo Flores Roberts, Gobernador del departamento de Pando por el principio de subsidiariedad, sino por el contrario ingresar al análisis del fondo respecto de la presente acción y determinar si la autoridad corecurrida también vulneró el derecho de la accionante”. 4El FJ III.2, manifiesta que: “Lo que significa que vía construcción jurisprudencial este Tribunal Constitución Plurinacional ha establecido que la normativa reglamentaria contenida en Artículo Único del DS 496, es una norma permisiva, debido a que le otorga a la trabajadora o el trabajador sujeto de protección constitucional al tenor de lo dispuesto en el art. 48.VI de la CPE, la posibilidad por un lado de solicitar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruya su reincorporación, o de otro, si así lo decide, prescindir de este medio administrativo y acudir directamente al amparo constitucional, en aplicación correcta de la excepción al principio de subsidiariedad”. 5El Tercer Considerando, establece: “Que los hechos relacionados, deben ser adecuadamente compulsados dentro de la jurisdicción laboral no correspondiendo hacerlo dentro del presente Recurso, una vez que el Amparo Constitucional no sustituye a los medios ordinarios que la Ley reconoce para la defensa de los derechos”.

subsidiariedad; ya en vigencia del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, la SC 0274/2007-R de 17 de abril, refiriéndose a una conminatoria de reincorporación laboral, señaló que el amparo constitucional no era el mecanismo idóneo para exigir la ejecución de las resoluciones definitivas emergentes de los procedimientos administrativos, debiendo acudirse a la misma instancia que emitió la resolución; entendimiento reiterado por la SC 1613/2010–R de 15 de octubre. Posteriormente, la SCP 0138/2012 de 4 de mayo efectuó una mutación implícita, ya que concedió la tutela de reincorporación laboral dispuesta en la conminatoria laboral. Luego, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo moduló el entendimiento sobre la excepción del principio de subsidiariedad, en el caso que el trabajador opte por la reincorporación, estableciendo los siguientes supuestos: a) Deberá denunciar este hecho ante las jefaturas departamentales de trabajo, entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010, emitiendo, si 6El FJ III.3, infiere: “De los fundamentos expuestos, se llega a la firme convicción de que, no siendo el recurso de amparo constitucional la vía idónea para exigir la ejecución de las resoluciones definitivas emergentes de los procedimientos administrativos, en el presente caso no se activa la protección que otorga, pues la recurrente no agotó la vía idónea para solicitar la ejecución de la Resolución de la Jefatura Departamental de Trabajo del Ministerio de Trabajo, dictada por el Jefe Departamental. En consecuencia, los hechos denunciados, no se adecuan a los presupuestos jurídicos previstos por los preceptos del art. 19 de la CPE para otorgar la tutela solicitada”. 7El FJ III.4, refiere: “…conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo, el recurso de amparo constitucional no es la vía idónea para exigir la ejecución de las resoluciones definitivas emergentes de los procedimientos administrativos y judiciales, por lo cual en el presente caso no se activa la protección que otorga esta acción tutelar, pues el accionante no agotó la vía idónea para solicitar la ejecución de la resolución dictada por el Director Departamental de Trabajo”. 8El FJ III.2, dispone: “De lo expuesto, se puede establecer que con la resolución de reincorporación por parte del Ministerio de trabajo se acaba con la vía administrativa, pudiendo acudir el trabajador ante la justicia ordinaria, siendo dicha opción optativa del trabajador antes de acudir a la vía constitucional, toda vez que, conforme la jurisprudencia constitucional, una vez agotada la vía administrativa, no se necesita agotar también la vía ordinaria, para acudir a la jurisdicción constitucional ya que la vía administrativa y la ordinaria son dos vías diferentes. Ahora bien, si en materia laboral, es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495”. 9El FJ III.3, señala: “1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas.

2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada.

3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral”.

corresponde, la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso que el empleador incumpla la referida conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional; b) La conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto, el empleador puede impugnar esta determinación en la justicia ordinaria, interponiendo la acción laboral, instancia en la que en definitiva, se establecerá si el despido fue o no justificado; y, c) En los casos en que el trabajador, fuera sometido a un proceso interno; dentro del cual, se determine su despido por una de las causales establecidas en los arts. 16 de la LGT y 9 de su Decreto Reglamentario, en su caso, por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495 no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral; dicho entendimiento fue modulado implícitamente por la SCP 0735/2013, la que en razón a la protección de los derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral reforzada de los padres, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad, interpretando las normas reglamentarias dispuestas en el Artículo Único del DS 0496 complementario del art. 6 del DS 0012, estableció que dado que el art. 1 del DS 0496 es una norma permisiva, si el trabajador así lo decide, puede prescindir del medio administrativo de acudir ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a pedir su reincorporación e interponer directamente la acción de amparo constitucional. A partir de lo señalado y efectuado el examen de la línea jurisprudencial, en cuanto a la abstracción del principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, en los casos en que se denuncia vulneración a la inamovilidad y estabilidad laboral de madres gestantes y padres progenitores por efecto de despidos intempestivos, resulta aplicable el entendimiento contenido en la SCP 0735/2013, por cuanto permite un acceso directo a la justicia constitucional, para el restablecimiento inmediato de los derechos primarios vulnerados, al establecer que en mérito a la protección reforzada de la garantía de inamovilidad laboral y del derecho a la estabilidad laboral de padres progenitores hasta el año de edad del hijo o hija a través de la acción de amparo constitucional, no se encuentra sujeta al principio de subsidiariedad; por consiguiente, si el trabajador así lo decide, ante un despido intempestivo, puede prescindir de la vía administrativa y acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; razonamiento que será aplicado en el presente fallo.

III.2. La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0862/2019-S2 de 25 de septiembre -entre otras-, precedida del Voto Disidente de la SCP 0496/2019-S2 de 11 de julio, asumió el siguiente razonamiento: El periodo de embarazo y la maternidad son épocas de particular vulnerabilidad para la trabajadora y su familia. La mujer trabajadora embarazada requiere de protección jurídica para brindar al núcleo familiar condiciones de seguridad y los medios de subsistencia necesarios. La Constitución Política del Estado, reconoce y protege a las familias al tenerlas como el núcleo fundamental de la sociedad, que involucra prestaciones de tipo económico a favor de su desarrollo integral; asimismo, reconoce a cada integrante derechos, obligaciones y oportunidades en condiciones de igualdad (art. 62 de la CPE).

Por otro lado, cabe mencionar, que la protección reforzada de la mujer embarazada y gestante, se funda no sólo en el trabajo simple y llano de la trabajadora como un medio de subsistencia para su familia, sino que adicionalmente la mujer embarazada y consecutivamente la madre en período de lactancia, requiere una protección especial y reforzada, con el fin de precautelar y evitar, por un lado, daños a su vida y salud, así como la integridad y el buen desarrollo del concebido, durante la gestación, el nacimiento y la lactancia, aspecto que da lugar a un amparo y trato diferencial justificado a la trabajadora embarazada durante la gestación y en periodos posteriores al parto, de manera que goce de garantías y niveles de salvaguarda mayores para hacer efectivo el derecho a la igualdad. En este sentido, el art. 45.V de la CPE, en general otorga una protección especial a la maternidad estableciendo que: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal”. Entonces, a partir de obligaciones del Estado contenidas en el referido art. 45.V de la CPE, la SCP 0076/2012 de 12 de abril entendió que el Estado está obligado a resguardar que las etapas de gestación, periodo prenatal y posnatal se desarrollen en condiciones adecuadas, de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido. En el mismo sentido, se encuentra la SC 1497/2011-R de 11 de octubre. Lo que implica además la protección del ser en gestación; así en el contexto del art. 15 de la CPE, que reconoce los derechos a la vida y salud, el otrora Tribunal Constitucional en la SC 130/2005-R de 10 de febrero, hace referencia a la protección jurídica otorgada al que está por nacer, la cual se sustenta sobre el principio de que, las personas que no han nacido aún, por la simple calidad de ser humanos, tienen garantizada la protección de sus derechos fundamentales desde el momento mismo de la concepción. En esta línea, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1277/2012 de 19 de septiembre, en el Fundamento III.8, estableció que la garantía de inamovilidad laboral:

… es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de derechos fundamentales, pero el núcleo protectivo esencial es el bienestar de la madre gestante o el progenitor y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad, en miras a que el periodo de gestación hasta que el nuevo ser cumpla un año se desarrolle con los mayores estándares de bienestar y en condiciones de dignidad protegiendo a la futuras generaciones y garantizando la dignidad de las mujeres gestantes y de los progenitores (las negrillas fueron añadidas).

12El F.J. III.4, refirió que: “De esta disposición constitucional, se desprende que la intención del Constituyente no fue únicamente proteger a la mujer en estado de gravidez, sino a la futura madre. Reconocimiento no sólo constitucional sino que se halla en innumerables tratados y convenios internacionales ratificados por Bolivia, que forman parte del bloque de constitucionalidad.

Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), en el art. 25, señala: ‘La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales’. Estableciendo por su parte, el art. 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que: ‘Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto’.

La protección otorgada a este sector de la sociedad, cobra una importancia trascendental en cuanto involucra el derecho a la vida del nasciturus, que recibe amparo jurídico en nuestro ordenamiento. Por lo que, la madre en estado de embarazo recibe protección especial. Debiendo al efecto, brindarle toda la atención y cuidados necesarios que le permitan el desarrollo de un embarazo normal preservando la vida del futuro ser. En secuela, si la madre no recibiera un apoyo específico, su embarazo podría verse gravemente afectado, en inobservancia de la protección integral que la sociedad y el Estado están constreñidos a otorgarle.

Los fundamentos constitucionales de la protección a la mujer embarazada deben materializarse y no ser simples enunciados que desconozcan sus derechos; estando por ende, el Estado a través de sus autoridades y la sociedad, en la obligación de brindar una garantía especial y efectiva de los derechos de la maternidad. En especial cuando su desconocimiento, compromete el mínimo vital de la futura madre, del feto o recién nacido”. 13En el FJ III.1, señala: “En principio, corresponde señalar que en la Constitución Política del Estado, la protección a la vida del no nacido, encuentra sustento en los arts. 7 inc. a) y 193, pues es deber de las autoridades públicas, asegurar el derecho a la vida de “todas las personas”, y obviamente, al estar tutelada la maternidad, dicho amparo comprende la protección de la vida durante su proceso de formación y desarrollo, por ser condición para la viabilidad del nacimiento, que da origen a la existencia legal de las personas”. “En este sentido, cuando la Constitución, consagra el derecho a la vida de toda persona, protege a la mujer embarazada y garantiza la protección de los derechos de la infancia, no hace otra cosa que reiterar el principio de que las personas que no han nacido aún, por la simple calidad de ser humanos, tienen garantizada la protección de sus derechos fundamentales desde el momento mismo de la concepción. Así lo proclaman también diversos tratados internacionales, como en el art. 4 inc. 1) de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica”.

Entonces, la interpretación finalista de la norma constitucional contenida en el art. 48.VI de la CPE, como expresión normativa y axiológica de la igualdad en razón de sexo (art. 14.I de la CPE), que establece que: “Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (énfasis añadido), está en el reconocimiento de la garantía de la inmovilidad laboral tanto de mujeres gestantes o padre progenitor con hijos o hijas menores a un año, en razón a sus finalidades implícitas, cuales son la protección reforzada de los derechos a la seguridad social, a la salud del niño o niña o ser en gestación en el periodo desde su concepción hasta que cumple un año, finalidad que garantiza la Constitución Política del Estado, a través de otorgar inamovilidad del progenitor sin distinción de sexo, en un contexto de alto grado de mortalidad infantil, aspecto que a su vez provoca que toda decisión administrativa o judicial incluyendo a la justicia constitucional deba encontrarse regida y guiada por el interés superior del mismo. Otro elemento que involucra la protección de estos derechos se vincula con la obligación del Estado en resguardo del derecho a la seguridad social y el derecho a la salud. El derecho a la seguridad social consagrado en el art. 45 de la CPE, incluye las contingencias de maternidad, paternidad y asignaciones familiares. Así, dicha norma sostiene que:

I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social.

III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales.

IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.

V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatales y posnatal.

VI. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados (las negrillas son nuestras). En ese orden, referente al régimen de asignaciones familiares inherentes a la contingencia de la maternidad, la SC 0841/2006-R de 29 de agosto, que fue reiterada en numerosas Sentencias como la SCP 1006/2015-S2, entre otras, señala que, de acuerdo al Código de Seguridad Social, debe garantizarse que las y los trabajadores y sus beneficiarios tengan cubiertas las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte, así como de las asignaciones familiares, concluyendo dicha Sentencia en el Fundamento Jurídico III.3 que:

…todo trabajador del sector público o privado tiene derecho a contar con las prestaciones de corto plazo previstas por el Código de Seguridad Social; más aún en el caso de una mujer trabajadora embarazada, que cuenta con protección especial por la Constitución así como por las leyes en vigencia, en cuyo mérito, el empleador está obligado por ley a asegurarla en el ente gestor de salud que corresponda, así como cumplir con el régimen de asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad. Finalmente, en cuanto al alcance de la garantía de inamovilidad laboral, la jurisprudencia constitucional precisó que la protección que brinda la Constitución Política del Estado está orientada a proteger a las madres y padres progenitores, garantizándole su inamovilidad laboral, sea cual fuese la modalidad de trabajo o la calidad de servidora o servidor público hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad. Así efectuó pronunciamiento refiriéndose a las diferentes calidades de servidoras y servidores públicos, entre ellos, los de libre nombramiento, provisorios, así como los cargos electivos. La SCP 1417/2012 de 20 de septiembre en el Fundamento Jurídico III.2, refiriéndose a los padres progenitores que tienen la calidad de servidoras y servidores públicos de libre nombramiento, determina que dicha garantía también les es aplicable señalando que: “se establece que las servidoras públicas de libre nombramiento, que se encuentren en estado de embarazo o en su caso el servidor público de libre nombramiento, que sea progenitor, merecerá la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48.IV de la CPE". Por su parte, la SCP 0227/2013-L de 2 de abril efectúa 14El FJ.III.2 expresa: “…se establece que las servidoras públicas de libre nombramiento, que se encuentren en estado de embarazo o en su caso el servidor público de libre nombramiento, que sea progenitor, merecerá la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48.IV de la CPE; sin embargo, dadas sus características especiales en las que se encuentran, como servidores públicos que no se encuentran en la carrera administrativa, deberá otorgarse la protección -en aplicación de lo dispuesto por el art. 48.IV de la CPE- permitiendo se mantengan desempeñando funciones en la misma institución en la que fueron agradecidas sus labores, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad; empero, tomando en cuenta que al no gozar ya de la confianza de la autoridad que los eligió, deberán permanecer -excepcionalmente- en otro cargo similar o idéntico, con similar o idéntico sueldo y con reconocimiento pleno de sus derechos a la seguridad social, para que de esta manera cuenten con la certidumbre de que no se les retirará del cargo, por razón del embarazo y que se protegerá el derecho a la vida y salud de su hijo; ello en razón, a que al estar aquellos cargos a decisión y disposición de los electos o designados; y se hubiese perdido la confianza prestada en dicho personal, no podrá obligarse a dicha autoridad, a permanecer con aquel personal con el que ya no goza de aquella confianza". 15Cabe precisar que la SCP 1417/2012, cambió el entendimiento contenido en la SCP 1277/2012, que en su oportunidad estableció que la inamovilidad de la mujer embarazada y de la o el progenitor no podía ser aplicada a todos los funcionarios o funcionarias públicas, entre ellas, los funcionarios de libre nombramiento; entendimiento que en el marco de la jurisprudencia desarrollada, contenía un entendimiento restrictivo. 16El FJ.III.5. señala que “(…) al ser la protección que brinda el Estado, una respuesta a los derechos del binomio madre-hijo, su condición de servidora pública provisoria no se encuentra fuera del marco de dicho resguardo; es evidente que conforme al art. 71 del Estatuto del Funcionario Público (EFP), los funcionarios que no se encuentren comprendidos en la carrera pronunciamiento con relación a las servidoras y servidores públicos provisorios, determinando que la condición de servidora o servidor público provisorio no se encuentra fuera del marco de protección constitucional de inamovilidad funcionaria prevista en el art. 48.IV de la CPE, por cuanto si bien dichos funcionarios no gozan de las prerrogativas previstas para los funcionarios de carrera; sin embargo, la inamovilidad laboral que por mandato constitucional les asiste, responde a su condición de padres progenitores. Asimismo, en cuanto a los servidores con cargos electivos, la SCP 1277/2012 entiende que respecto de dichos cargos, no hay inamovilidad funcionaria, pero sí acceso al sistema de seguridad social, porque no resultaría razonable extender el periodo de mandato por el que fueron electos. Consecuentemente, la garantía de inamovilidad funcionaria de madre o padre progenitores, a partir de una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, es una garantía normativo constitucional de carácter general y extensivo que no admite discriminación alguna, sea cual fuese la modalidad de trabajo, naturaleza del contrato o modalidad contractual, condición laboral o calidad de funcionario o trabajador hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, salvo los supuestos de excepción establecidos por las disposiciones normativas y jurisprudenciales desarrolladas para el efecto.

III.3. La garantía de inamovilidad laboral de las trabajadoras de los progenitores en contratos a plazo fijo

El Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0862/2019-S2 de 25 de septiembre -entre otras-, precedida del Voto Disidente de la administrativa, no gozan de los derechos a los que hace referencia el parágrafo II del art. 7 del referido Estatuto; sin embargo, la situación de la accionante, resulta ser diferente, por cuanto la inamovilidad laboral que por mandato constitucional le asiste, responde a su condición de madre en estado de gestación, situación que representa para el Estado de primordial protección. 17El art. 71 del EFP, que refiere: “(CONDICION DE FUNCIONARIO PROVISORIO). Los servidores públicos que actualmente desempeñen sus funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán considerados funcionarios provisorios, que no gozarán de los derechos a los que hace referencia el Numeral II del Artículo 7° de la presente Ley. El Poder Ejecutivo programará, en el ámbito de su competencia, la sustitución gradual de los funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, mediante la implementación de programas de desarrollo institucional”. 18El FJ.III.8, expresa: La inamovilidad laboral es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de derechos fundamentales, pero el núcleo protectivo esencial es el bienestar de la madre gestante o el progenitor y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad, en miras, a que el periodo de gestación hasta que el nuevo ser cumpla un año se desarrolle con los mayores estándares de bienestar y en condiciones de dignidad protegiendo a la futuras generaciones y garantizando la dignidad de las mujeres gestantes y de los progenitores.

Sin embargo, al considerar esa garantía, se tiene que la inamovilidad no puede ser aplicada en todos los casos, ya que como se desarrolló anteriormente no todas las funciones públicas son iguales y algunas contienen ciertas características concretas. Es por ello que en los casos en los que se aplique la garantía de inamovilidad laboral podrían ser desvirtuadas las antedichas funciones públicas; así, a modo de ejemplo, se puede afirmar que no resultaría razonable que un Alcalde o un Ministro de Estado pretendan justificar su permanencia en mérito a la garantía de inamovilidad pretendiendo una extensión de mandato, no obstante de ello el Estado debe evitar dejarlos en desprotección por su condición de progenitores a través de los sistemas de seguridad social, pero no mediante la inamovilidad laboral”.

SCP 0233/2019-S2 de 15 de mayo, asumió el siguiente entendimiento: La jurisprudencia constitucional, con relación a la garantía de inamovilidad laboral de la mujer embarazada y el progenitor hasta que la hija o hijo cumpla un año en relaciones laborales de los contratos a plazo fijo, estableció en la SC 0109/2006-R de 31 de enero, moduladora de la SC 0587/2005-R de 31 de mayo, que tomando en cuenta que el sentido de la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, era la protección de la maternidad por parte del Estado como expresaba el art. 193 de la Constitución Política del Estado abrogada (CPE abrg), entendía que no obstante la existencia de un contrato de trabajo a plazo fijo, antes de cuya conclusión la mujer embarazada comunicaba su estado a la entidad, y si a pesar de ello, era despedida al vencimiento del contrato, merecía tutela considerando su despido un acto ilegal y en desconocimiento de los derechos al trabajo y a la seguridad social; por lo que, modulando este entendimiento, la citada SC 0109/2006-R señaló que:

…se hace necesaria un modulación en cuanto corresponde a los casos de contratos a plazo fijo, en los que tanto el empleador como la trabajadora -sea del sector público o privado-, conocen desde el primer momento de la relación, la fecha cierta y concreta de conclusión de la relación laboral, por lo que más allá de ésta no sería dable el nacimiento o vigencia de derechos u obligaciones emergentes de una relación laboral que ya no existe, no siendo posible obligar a un empleado a continuar con el contrato del personal que ya cumplió el plazo establecido y acordado de antemano, a menos que se presenten las circunstancias que se indicarán más adelante… La misma Sentencia señala estas circunstancias haciendo referencia a las distintas disposiciones legales que regulan el establecimiento de contratos a plazo fijo y los casos en los que opera la tácita reconducción.

Primero, que el art. 12 la Ley General del Trabajo (LGT), establece que el contrato de trabajo puede pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio.

Segundo, los contratos a plazo fijo no implican necesariamente que una vez vencido el término pactado, el trabajador deba indefectiblemente cesar en sus funciones, por cuanto podría suceder alguna de las situaciones que las siguientes disposiciones prevén: a) El art. 21 de la LGT, prevé que en los contratos a plazo fijo se produce reconducción cuando el trabajador continúa sirviendo vencido el término del convenio; b) La RM 283/62 de 13 de junio de 1962, señala que el contrato de trabajo podrá ser limitado en su duración si así lo impone la naturaleza c) Si bien la RM 193/72 de 15 de mayo de 1972, establecía que los contratos de trabajo pactados sucesivamente por un lapso menor al término de prueba o por plazos fijos que sean renovados periódicamente, adquirirán la calidad de contratos a plazo indefinido a partir de la segunda contratación y siempre que se trate de realización de labores propias del giro de la empresa, no es menos cierto que el art. 2 del DL 16187 de 16 de febrero de 1979, establece que no está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo, como tampoco están permitidos contratos a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la empresa, en caso de evidenciarse la infracción de estas disposiciones por parte del empleador, se dispondrá que el contrato se convierta en uno por tiempo indefinido. Cabe advertir que prevalece lo dispuesto por el DL 16187 -que prohíbe más de dos contrataciones a plazo fijo- al tratarse de una norma de superior jerarquía que la RM 193/72, que determinaba que desde la segunda contratación los contratos a plazo fijo adquieren la calidad de indefinidos; empero, subsiste la última parte de dicha Resolución Ministerial, referida a que en todo caso debe tratarse de la realización de labores propias del giro de la empresa.

Consiguientemente, tratándose de contratos a plazo fijo, también podemos hablar de estabilidad laboral, si al vencimiento del término correspondiente persisten las actividades para las que el trabajador fue contratado o éste fue contratado en más de dos oportunidades sucesivas, siempre que se trate de la realización de labores propias al giro de la empresa, por lo que el cumplimiento del término pactado no constituye ipso facto la culminación de la relación laboral...’”. En suma, la referida Sentencia Constitucional 0109/2006-R, estableció que en contratos a plazo fijo se puede hablar de estabilidad laboral de la mujer embarazada, siempre y cuando al vencimiento del mismo persistan las actividades para las cuales fue contratada o vencido el término del contrato la trabajadora sigue prestando sus servicios, o fue contratada en más de dos oportunidades sucesivas, siempre que se trate de la realización de labores propias al giro de la empresa, determinando subreglas, que hacen entrever la improcedencia y procedencia a la vez de la inamovilidad laboral. Y aplicando las normas legales relativas a contratos a plazo fijo, estableció subreglas, que definen los presupuestos en los cuales es aplicable la garantía de inamovilidad de la mujer embarazada y su progenitor en contratos a plazo fijos:

1) Si la mujer fue contratada a plazo fijo, fenecido el término pactado entre partes, se extingue la relación laboral, con la obligación del empleador de cancelar, si corresponde, los beneficios que la ley acuerda para tales casos, sin que pueda exigirse al empleador mantener a la trabajadora en el cargo aunque haya resultado embarazada en el lapso de la prestación de servicios;

2) Si el contrato a plazo fijo se renovó una sola vez, es decir que existirían dos contrataciones a plazo fijo sucesivas, tampoco corresponde la aplicación de lo dispuesto por la Ley 975, por cuanto no se ha operado la conversión del contrato en uno por tiempo indefinido, debiendo actuarse conforme se señaló en el inciso anterior;

3) Si el contrato a plazo fijo fue renovado en más de dos ocasiones, conforme a las disposiciones anotadas precedentemente, se produce la conversión del contrato en uno por tiempo indeterminado, de manera que es de ineludible aplicación lo dispuesto por la Ley 975, o sea que se debe respetar la inamovilidad de la trabajadora hasta que su hijo o hija cumpla el primer año de edad, además de ser acreedora de las prestaciones y subsidios que la ley establece por la maternidad.

En el mismo sentido, la SCP 0789/2012 de 13 de agosto, refirió que:

En este entendido, si bien por los argumentos expuestos, en los contratos a plazo fijo, no es aplicable la inamovilidad laboral del padre o madre progenitor, ya que ha fenecido el término acordado entre partes y se extingue la relación laboral, con la obligación del empleador de cancelar, si corresponde, los beneficios que la ley acuerda para tales casos, por lo que, es razonable en no poder exigirse al empleador mantener a la trabajador (a) en el cargo aunque haya resultado en el caso de la trabajadora embarazada en el lapso de la prestación de servicios; empero, debe considerarse su aplicabilidad en los siguientes supuestos:

a) Cuando el trabajador o trabajadora ha continuado ejerciendo las funciones para las cuales fue designado de manera ininterrumpida, con conocimiento del empleador, lo que implicaría consentimiento, y sin haberse firmado ningún documento de prórroga, se entendería que se ha producido tácita reconducción, conforme establece el art. 21 de la LGT.

b) Cuando el trabajador o trabajadora, contratada a plazo fijo, ha suscrito el mismo en más de dos oportunidades, operando la tacita reconducción, es aplicable la estabilidad laboral conforme lo establece la Ley 975 y el DS. 0012 de 19 de febrero de 2009.

c) Cuando se ha celebrado este tipo de contrato para trabajos propios y permanentes de una empresa, siendo que el mismo es una prohibición expresa establecida por ley e implica tacita reconducción, también es aplicable la estabilidad laboral; empero, a este efecto es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de la Dirección General del Trabajo, Jefaturas Departamentales y Regionales, es el competente para la verificación del tipo de contrato antes del visado correspondiente, en cumplimiento a la RA 650/007 de 27 de Abril de 2007.

Además, complementando el entendimiento jurisprudencial establecido en la referida SCP 0109/2006-R, en el entendido de que, en aplicación del principio de primacía de la realidad, puedan verificarse las actividades a ser desarrolladas por el empleado o contratado, a fin de establecer si se acogen a los presupuestos antes mencionados y consiguientemente, beneficiarse de la garantía de inamovilidad laboral. Ahora bien, la norma reglamentaria especial contenida en el Decreto Supremo (DS) 0012, en cuanto al alcance de la protección que otorga la garantía de inamovilidad de madre y padre progenitores, estableció los supuestos en los que no es aplicable la garantía de inamovilidad laboral, que comprende a aquellos contratos de trabajo, que por su naturaleza son temporales eventuales o en contratos de obra.

Artículo 5.- (Vigencia del beneficio)

(…)

II. La inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo éstas u otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma. En este último caso corresponderá el beneficio... Como se advierte, este supuesto presenta una salvedad en aquellos casos en los que aun teniendo la relación laboral naturaleza temporal, se extiende la garantía de inamovilidad para el trabajador o trabajadora, cuando bajo ésta u otra modalidad se intente eludir el alcance de esta norma. Tal es el caso por ejemplo de los contratos de trabajo, en los que se simula una relación jurídica laboral, a través de la utilización de contratos civiles o comerciales; no obstante, de que en estas relaciones contractuales concurren las características esenciales de la relación laboral. En estos supuestos, el trabajador o trabajadora progenitores goza de garantía de inamovilidad laboral, sin importar el tipo de contrato suscrito entre las partes; vale decir, que en los casos en los que a través de modalidades contractuales se intente eludir la observancia de este beneficio, la garantía normativa constitucional resulta aplicable y no podrá ser desconocida, aspecto que deberá ser advertido, analizado y considerado por las instancias administrativas y laborales, según corresponda.

III.4. Análisis del caso concreto

El solicitante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la inamovilidad laboral por ser padre progenitor, estabilidad laboral por discapacidad de su esposa, al trabajo, a la salud y seguridad social, asi como al derecho de petición, y la garantía de la no discriminación; toda vez que, habiendo sido contratado por más de cinco veces consecutivas en el mismo cargo en labores ordinarias no de asesoramiento o de confianza, en todo caso cumpliendo sus funciones de manera ininterrumpida y continua; sin embargo, antes de la fecha de finalización de su último contrato, solicitó a su empleador (GAMLP), se prolongue su contrato, ya que se trataba de padre progenitor al encontrarse su esposa en situación de gravidez, además de ser ésta dependiente por afrontar un grado de discapacidad del 51%, causada por la enfermedad de base (atrofia muscular espinal tipo II, hereditaria, progresiva y degenerativa); sin embargo, no fue escuchado por las autoridades ahora demandadas, y no obstante el reclamo, fue rechazada su pretensión de inamovilidad y estabilidad laboral. Identificado el objeto procesal se tiene que el ahora solicitante de tutela reclama a través de la presente acción tutelar tres problemáticas: i) Se trata de padre progenitor que hizo saber a su empleador (GAMLP) antes de la finalización de su último contrato laboral que su esposa se encontraba en estado de gravidez, por lo que gozaba de inamovilidad laboral debiendo recontratárselo; ii) Que su cónyuge al ser dependiente por afrontar un grado de discapacidad del 51%, causada por la enfermedad de base (atrofia muscular espinal tipo II, hereditaria, progresiva y degenerativa), su persona gozaba de estabilidad laboral; razón por la cual. el GAMLP debía mantenerlo en el cargo; y, iii) Al contar con más de dos contratos sucesivos en tareas propias del giro de la entidad en su puesto de trabajo, existe una tácita reconducción, por lo que gozaría de un contrato a plazo indefinido. Toda vez que se tienen identificadas tres problemáticas reclamadas por el ahora accionante, se resolverá cada una por separado: a) Se trata de padre progenitor que hizo saber a su empleador (GAMLP) antes de la finalización de su último contrato laboral, que su esposa se encontraba en estado de gravidez, por lo que gozaba de inamovilidad laboral debiendo recontratárselo. De los antecedentes que informan el expediente, se tiene que el ahora impetrante de tutela contaba con el último Contrato de Trabajo a Plazo Fijo C-1902 de 4 de enero de 2021, a través del cual el GAMLP contrató los servicios de Marcio Claros Cornejo Olivera; para fungir tareas de Coordinador Técnico de acuerdo a las tareas pre-establecidas por la unidad organizacional solicitante, bajo presupuesto y dependencia del Despacho Dirección de Comunicación Social (Eventual I), cuya vigencia figura desde el 4 de enero hasta el 30 de junio de 2021 (Conclusión II.1).

A su vez, de la revisión de antecedentes cursa copia fotostática de carnet prenatal correspondiente a Marcia Cornejo Vargas y copia de certificado médico, a través de los cuales se acredita embarazo de treinta semanas de gestación de Marcia Andrea Cornejo Vargas; además consta copia fotostática simple de certificado de matrimonio de los esposos Marcio Carlos Cornejo Olivera y Marcia Andrea Cornejo Vargas, celebrado el 29 de mayo de 2021 (Conclusión II.7). Al tratarse de padre progenitor cuya esposa se encontraba en estado de gravidez, mediante notas presentadas el 25 de mayo, 4, 14 y 25 de junio, todas de 2021, dirigidas a la Dirección de Gestión de RR.HH. del GAMLP y al Alcalde de dicha entidad edil, (Conclusiones II.2, II.3, y II.8.); el ahora accionante hizo saber al GAMLP, que al tratarse de padre progenitor correspondía al empleador la obligación de velar por el bienestar de la madre gestante o el progenitor y los derechos del ser en gestación hasta un año de edad, en resguardo del interés superior del nuevo ser; aspecto que no fue tomado en cuenta por el Alcalde de dicha entidad -ahora demandado-, y no obstante haber comunicado este incumplimiento ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, (Conclusiones II.10 y II. 12), tampoco se resguardó el interés superior del ser en gestación hasta que cumpliera el año de edad, en franco atentado a la vida y salud de la madre gestante y el nuevo ser. Al respecto, conforme se tiene desplegado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la garantía de la inamovilidad laboral enfocado al padre progenitor se encuentra diseñado con la finalidad de proteger una pluralidad de derechos fundamentales, pero el núcleo protectivo esencial es el bienestar de la madre gestante o el progenitor y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad, en miras a que el periodo de gestación hasta que el nuevo ser cumpla un año se desarrolle con los mayores estándares de bienestar y en condiciones de dignidad protegiendo a la futuras generaciones y garantizando la dignidad de las mujeres gestantes y de los progenitores.

El reconocimiento de la garantía de la inmovilidad laboral tanto de mujeres gestantes o padre progenitor con hijos o hijas menores a un año, en razón a sus finalidades implícitas, cuales son la protección reforzada de los derechos a la seguridad social, a la salud del niño o niña o ser en gestación en el periodo desde su concepción hasta que cumpla un año, finalidad que garantiza la Constitución Política del Estado, a través de otorgar inamovilidad del progenitor sin distinción de sexo, en un contexto de alto grado de mortalidad infantil, aspecto que a su vez provoca que toda decisión administrativa o judicial incluyendo a la justicia constitucional deba encontrarse regida y guiada por el interés superior del mismo. En el presente caso, si bien es cierto que su último Contrato de Trabajo a Plazo Fijo (C-1902 de 4 de enero de 2021) finalizaba al 30 de junio de 2021, no es menos evidente que las autoridades demandadas tenían la obligación constitucional de brindar una protección reforzada de los derechos a la seguridad social, a la salud de la madre, del niño o niña o ser en gestación en el periodo desde su concepción hasta que cumpla un año, así como cumplir con el régimen de asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad, v.gr. derecho a la lactancia, entre otras asignaciones familiares, con la finalidad que garantiza la Constitución Política del Estado, ya que al tener un dato evidente como fue la condición de esposa madre gestante del ahora impetrante de tutela que obligue a asumir la protección del interés superior del niño y la madre (vida y salud), exigía una obligación de las autoridades demandadas, de precautelar el interés superior de la madre gestante y del nuevo ser hasta que éste cumpla un año de edad de nacido; razón por la cual, sobre esta primera problemática corresponde conceder la tutela por vulneración a su condición de padre progenitor, derecho a la salud y seguridad social con las asignaciones familiares que corresponden en favor de la madre y el nuevo ser. b) Que su cónyuge al ser dependiente por afrontar un grado de discapacidad del 51%, causada por la enfermedad de base (atrofia muscular espinal tipo II, hereditaria, progresiva y degenerativa), su persona gozaba de estabilidad laboral; razón por la cual, el GAMLP debía mantenerlo en el cargo. De la revisión de obrados que informan el expediente, cursa copia de carnet de discapacitada correspondiente a Marcia Andrea Cornejo Vargas, a su vez consta copia del certificado de matrimonio de los esposos Marcio Carlos Cornejo Olivera y Marcia Andrea Cornejo Vargas, celebrado el 29 de mayo de 2021 (Conclusión II.7), lo que pone en evidencia que el peticionante de tutela tiene a su cónyuge con discapacidad física motora con un porcentaje del 51%, tal cual evidencia el carnet de discapacidad. En pleno ejercicio de su Contrato de Trabajo a Plazo Fijo C-1902 (Conclusión II.1), el accionante mediante notas de 4, 14, 25, 28 de junio y 3 de agosto, todas de 2021, (Conclusiones II.3, II.4, II.5, II.6, II.8, II.9, II.10, II.11 y II.12), dirigidas al Alcalde, a la Dirección de Comunicación y a la Dirección de Gestión de RR.HH., todos del GAMLP, al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y a la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, respectivamente; haciendo conocer que tenía bajo su dependencia a su esposa quien cursaba como persona con discapacidad física motora del 51%, por lo que le correspondía su estabilidad laboral por tener a su cargo a persona con discapacidad. Ante este reclamo vertido por el peticionante de tutela, mediante Auto de Rechazo MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-RC-AR 35 de 26 de octubre de 2021, Bernardo Abath Vargas Rivera, en su condición de Director General de Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, rechazó la solicitud de reincorporación realizada por Marcio Carlos Cornejo Olivera, sin perjuicio de que el afectado pueda interponer las acciones constitucionales; acto que fue notificado el 27 de igual mes y año (Conclusión II.14). De lo señalado, se tiene que conforme a la naturaleza del último contrato suscrito entre el accionante y el GAMLP, (Contrato de Trabajo a Plazo Fijo C-1902 ), se tenía una fecha cierta de vencimiento, mismo que acaecía el 30 de junio de 2021, lo que pone en evidencia que al suscribir este último contrato administrativo de carácter eventual, consintió y tuvo conocimiento pleno sobre la prestación de sus servicios por tiempo determinado o definido cuya prestación se encontraba sujeta a normativa específica.

En ese sentido, si el ahora solicitante de tutela considera que debe gozar de la estabilidad laboral por tener bajo su cargo a persona discapacitada, como se entiende estaría su cónyuge con grado de discapacidad física motora de 51%, tal cual refleja su carnet de discapacidad; cuenta con la vía legal pertinente, en todo caso ante el juez laboral, a fin de demostrar la dependencia de su cónyuge hacia su persona, el grado de discapacidad y sobre todo el derecho a la estabilidad laboral que es lo que propugna a través de la presente acción tutelar; sin embargo, conforme se tuvo a bien señalar en anteriores oportunidades, la instancia jurisdiccional constitucional de ninguna manera otorga derechos sino al contrario precautela a fin de que las autoridades ordinarias revisando los antecedentes, pruebas y considerando relatos de las partes, sean quienes definan la situación del trabajador bajo su dependencia a persona con discapacidad; razón por la cual, este Tribunal Constitucional Plurinacional, no puede ingresar a definir sobre la correspondencia o no de la estabilidad laboral reclamada por el accionante, debiendo en todo caso éste acudir ante la instancia laboral pertinente a fin de -si considera legítimo su reclamo-hacer prevalecer su derecho; razón por la cual, sobre esta segunda problemática corresponde desestimar la tutela solicitada. c) Al contar con más de dos contratos sucesivos en tareas propias del giro de la entidad en su puesto de trabajo, existe una tácita reconducción, por lo que gozaría de un contrato a plazo indefinido.

Sobre esta tercera problemática, conforme se tiene de los memoriales de acción de amparo constitucional, el demandante de tutela, refiere que suscribió Contrato de Trabajo a Plazo Fijo C-5094 de 1 de julio de 2019 con el GAMLP, para desempeñar sus funciones en la Dirección de Comunicación Social como Coordinador Técnico (Eventual I), ejerciendo con responsabilidad sus funciones; seguidamente, se renovó su contrato el 30 de septiembre de igual año, y en cuatro oportunidades (Contrato de Trabajo a Plazo Fijo C-62255, Contrato de Trabajo a Plazo Fijo C-850, Contrato de Trabajo a Plazo Fijo C-5572, Contrato de Trabajo a Plazo Fijo C-8035, Contrato de Trabajo a Plazo Fijo C-9175 y Contrato de Trabajo a Plazo Fijo C-1902 de 4 de enero de 2021).

También refirió que ejerciendo sus funciones de manera ininterrumpida y continua, cumpliendo las mismas labores con las que fue originalmente contratado, afirma que en ningún momento el trabajo realizado fue de asesoramiento o de confianza, realizando las funciones como también las ejercían varios técnicos en igualdad de condiciones, bajo dependencia de la Jefatura de la Unidad de Comunicación Interna y Externa, que conllevaba un trabajo diario sin horario establecido, considerando que frente a una emergencia, inauguración de obras u otras, debía cubrirse todas estas actividades y que debido a la pandemia del COVID-19, involucró un alto riesgo para su salud.

Como se advierte, el reclamo del accionante se circunscribe a pretender demostrar que cuenta con contratos sucesivos en tareas propias del giro de la entidad municipal en su puesto de trabajo, por lo que existiría una tácita reconducción, razón por la cual gozaría de un contrato a plazo indefinido; es decir, lo que reclama el solicitante de tutela, viene a ser la permanencia en su cargo a pesar de haber llegado a finalizar su último contrato de trabajo acaecido el 30 de junio de 2021.

Al respecto, conforme se tuvo a bien desarrollar en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuanto a contratos a plazo fijo en los que tanto el empleador como el trabajador -sea del sector público o privado-, conocen desde el primer momento de la relación, la fecha cierta y concreta de conclusión de la relación laboral, por lo que más allá de ésta no sería dable el nacimiento o vigencia de derechos u obligaciones emergentes de una relación laboral que ya no existe, no siendo posible obligar a un empleador a continuar con el contrato del personal que ya cumplió el plazo establecido y acordado de antemano, a menos que se presenten las circunstancias relativas a una probable tácita reconducción o figuras parecidas.

Es importante recordar que los contratos a plazo fijo, no involucran que una vez llegada a su fecha de culminación, el trabajador deba cesar en sus funciones, ya que en muchas ocasiones el mismo continúa prestando sus labores a pesar de haber arribado a la fecha de culminación de su contrato, lo que podrá entenderse que estamos frente a una tácita reconducción del contrato laboral; o bien, frente a la suscripción de contratos pactados sucesivamente por un lapso menor al término de prueba o por plazos fijos que sean renovados periódicamente, adquirirán la calidad de contratos a plazo indefinido a partir de la segunda contratación y siempre que se trate de realización de tareas propias del giro de la empresa. A lo mencionado, también es pertinente tomar en cuenta que conforme prevé el art. 2 del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979, establece que no está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo, como tampoco están permitidos contratos a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la empresa, en caso de evidenciarse la infracción de estas disposiciones por parte del empleador, se dispondrá que el contrato se convierta en uno por tiempo indefinido; en todo caso, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de la Dirección General de Trabajo, Jefaturas Departamentales y Regionales, es la instancia competente para la verificación del tipo de contrato antes del visado correspondiente, en cumplimiento a la Resolución Administrativa (RA) 650/007 de 27 de abril de 2007.

Como se observa, existen varias situaciones que deben ser revisadas y analizadas a través de las instancias ordinarias competentes, a fin de establecer la relación laboral y su permanencia o no del trabajador gozando de todos los derechos a pesar de la culminación de su contrato laboral; razón por la que, oportunamente la jurisprudencia constitucional previno que todas estas circunstancias deban ser revisadas por la Jefatura Departamental de Trabajo; como en el presente caso, en el que el ahora solicitante de tutela, afirma que al contar con más de dos contratos sucesivos en tareas propias del giro de la entidad en su puesto de trabajo, existe una tácita reconducción, por lo que gozaría de un contrato a plazo indefinido; aspectos que deben ser revisados en la instancia ordinaria competente; por lo que, sobre esta tercera problemática corresponde desestimar la tutela, a fin de que el accionante acuda ante la instancia llamada por ley. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, actuó de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 37/2022 de 24 de febrero, cursante de fs. 217 a 222; pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en relación a la problemática a); toda vez que, corresponde al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, precautelar el interés superior de la madre gestante y del nuevo ser hasta que éste cumpla un año de edad de nacido, por lo que debe asegurarse y/o en su caso indemnizarse las asignaciones familiares que le correspondía a la madre gestante y al nuevo ser hasta que este cumpla un año de edad, para el efecto se deberán realizar los cálculos retroactivos correspondientes. 2° DENEGAR la tutela impetrada en relación a las problemáticas b) y c), ya que el ahora accionante debe acudir ante la instancia ordinaria competente para hacer prevalecer sus derechos que considera conculcados. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente; siendo de Voto Disidente la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller.

Fdo. Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

10 El FJ III.2, indica: “Lo que significa que vía construcción jurisprudencial este Tribunal Constitución Plurinacional ha establecido que la normativa reglamentaria contenida en Artículo Único del DS 496, es una norma permisiva, debido a que le otorga a la trabajadora o el trabajador sujeto de protección constitucional al tenor de lo dispuesto en el art. 48.VI de la CPE, la posibilidad por un lado de solicitar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruya su reincorporación, o de otro, si así lo decide, prescindir de este medio administrativo y acudir directamente al amparo constitucional, en aplicación correcta de la excepción al principio de subsidiariedad”.

11 El F.J. III.4, señala: “…durante la gestación, periodo prenatal y posnatal, son etapas en los que se presenta un alto grado de vulnerabilidad, colocándola en una situación de desventaja material, lo cual no puede concebirse teniendo en cuenta que bajo el nuevo modelo constitucional, se pretende la eficacia máxima de los derechos. En ese sentido, es preciso que dichas etapas se desarrollen en condiciones adecuadas de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido”.

19 El FJ III.3 de la referida SC 0109/2006-R.

20 Ibídem.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0445_2023-S1.pdf · páginas 1 a 32.

Huella digital del PDF (SHA-256): c80cee5422e3f85fd053d2fa08fd169445f154ff0954c68375dbaa87950fc378

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