Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 22 de mayo de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de celeridad, a la “seguridad jurídica” y de acceso a la justicia; puesto que, habiendo presentado el 8 de diciembre de 2021, recurso de apelación incidental contra la Resolución 366/2021 de 6 de diciembre, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, dicho recurso y los antecedentes no fueron remitidos por el Juez y la Secretaria ahora accionados ante el Tribunal de alzada hasta la interposición de la presente acción de libertad, habiendo sobrepasado el plazo de veinticuatro horas establecido para ese fin, dilatando de esa manera la resolución de su situación jurídica. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 513/2021 de 18 de diciembre, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada respecto a los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, por la dilación indebida en la remisión del recurso de apelación incidental planteado contra la Resolución 366/2021 de 6 de diciembre.
a) Disponer que el Juez hoy accionado, de manera inmediata, remita el recurso de apelación incidental interpuesto contra la Resolución 366/2021 de 6 de diciembre, ante el Tribunal de alzada correspondiente, salvo que lo hubiese realizado por el transcurso del tiempo. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al derecho de acceso a la justicia y al principio de seguridad jurídica, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0444/2023-S3 Sucre, 22 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 45179-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 513/2021 de 18 de diciembre, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Valentín Pari Alanoca contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez; y, Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz.
El accionante por memorial presentado el 18 de diciembre de 2021, cursante de fs. 31 a 32, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de feminicidio previsto y sancionado por el art. 252 bis.1 del Código Penal (CP), se dispuso su detención preventiva; el 19 de noviembre de 2021, se celebró la audiencia de cesación de la detención preventiva, en la cual se emitió la Resolución 319/2021 de la misma fecha, la que rechazó su solicitud de su detención preventiva; en ese sentido, presentó recurso de apelación incidental, siendo resuelto mediante Auto de Vista 685/2021 de 29 del citado mes por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del cual se ordenó al Juez ahora accionado emita nueva Resolución debidamente fundamentada, en el plazo de cuarenta y ocho horas, determinación que fue puesta en conocimiento de dicha autoridad judicial el 6 de diciembre de igual año.
En ese sentido, en cumplimiento al Auto de Vista 685/2021, el Juez hoy accionado emitió la Resolución 366/2021 de 6 de diciembre, siendo notificada su persona el 6 de igual mes de 2021; por lo que, interpuso recurso de apelación el 8 de ese mes y año, conforme a la previsión del art. 251 concordante con el art. 404 ambos del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, disponiéndose su traslado, y posterior notificación tanto a su persona como imputado y a todos los sujetos procesales con el mencionado recurso de apelación incidental y su decreto, el 15 de diciembre de 2021; sin embargo, a la fecha -18 de diciembre de 2021-, el Juez y la Secretaria ahora accionados no remitieron obrados ante el Tribunal de alzada para la consideración y resolución del citado recurso de apelación incidental planteado, dilatando la resolución de su situación jurídica; puesto que, según los arts. 251 concordante con el 405 ambos del CPP, debieron remitirlo en el plazo de veinticuatro horas.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de celeridad, a la “seguridad jurídica” y de acceso a la justicia; citando al efecto los arts. 22, 23.I y III, 115, 116, 117 y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Se ordene al Juez y a la Secretaria ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, a la remisión del recurso de apelación en el día, con orden de presentación de constancia de remisión ante la “Autoridad de Garantías”; y, b) Asimismo, la remisión de los antecedentes, para proceso disciplinario de ambos funcionarios.
Celebrada la audiencia pública el 18 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante a fs. 37 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia ratificó y reiteró la denuncia planteada.
René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 18 de diciembre de 2021, cursante a fs. 36 y vta., así como en audiencia, manifestó que: 1) Mediante Auto de Vista 685/2021 de 29 de noviembre, emitida por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se revocó la Resolución 319/2021 de 19 de igual mes, dejándola sin efecto, disponiendo se emita una nueva resolución en el plazo de cuarenta y ocho horas, sin necesidad de convocar audiencia; por lo que, en cumplimiento a esa orden, se emitió la Resolución 366/2021 de 6 de diciembre, tomando en cuenta los lineamientos y directrices del citado Auto de Vista, notificándose a las partes, a ese efecto el accionante interpuso el recurso de apelación incidental contra esa última Resolución, corriendo en traslado a las partes, ordenando que una vez cumplido con el mismo, se remita ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en el plazo de veinticuatro horas; 2) Con el traslado se notificó a los sujetos procesales el 15 de diciembre de 2021, debiéndose considerar que el plazo de remisión del recurso de apelación incidental fue ampliado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a setenta y dos horas; es decir, tres días; 3) Existe otro recurso de apelación respecto a la cesación de la detención preventiva, remitiéndose a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz los originales en cuatro cuerpos; por lo que, se remitió solo el legajo existente, con informe señalando que los antecedentes cursan en la referida Sala; 4) En relación a la remisión del recurso de apelación incidental, se encuentra dentro del plazo previsto por ley, mismo que vence el “…día lunes 20 de diciembre…” (sic); por lo que, solicitó se deniegue la tutela; y, 5) La Sala Penal de Turno no funciona “en domingo”, motivo por el cual se remitirá el “lunes” a primera hora. Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 35 y vta.
El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 513/2021 de 18 de diciembre, cursante de fs. 39 a 41, denegó la tutela solicitada, disponiendo que se ponga en conocimiento de su autoridad la remisión o cargo de recepción de la Sala que corresponda el “día lunes”; bajo los siguientes fundamentos: i) De la documentación cursante en obrados se tiene que evidentemente el 15 de diciembre de 2021, a las 11:00 horas se notificó a Gregoria Condori de Quenta -parte víctima-; Tatiana García Aranda, representante del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI); Adolfo Rivero Revollo, Abogado del accionante; Ministerio Público de El Alto del departamento de La Paz; y, a la “Defensoría de la Niñez y Adolescencia”; en ese sentido, el Juez ahora accionado tendría hasta el 16 de igual mes y año a las 11:00 horas, el plazo para cumplir la remisión, “…nos encontramos a 18 de diciembre de 2021…” (sic); ii) Según la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, que guarda relación con la SCP 0012/2018-S2 de 28 de febrero, en el cual se tiene establecido que cuando una autoridad se encuentra en suplencia o en su defecto se encontrara de turno, en cuanto a la remisión de antecedentes, el plazo previsto por el art. 251 del CPP, de manera excepcional y en situaciones en la que exista una justificación razonable sobre la recarga laboral de la autoridad jurisdiccional, por suplencia o pluralidad de imputados, es posible flexibilizar ese plazo a tres días; es así que, considerando que el Juez hoy accionado se encuentre de turno durante la semana; es decir, “…del día lunes hasta el día de mañana domingo…” (sic); y, iii) La jurisprudencia señalada es aplicable cuando si se encuentra de turno o en vacaciones judiciales; por lo que, considerando que a partir del 7 de diciembre de 2021, tanto el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz se encuentra de turno, al igual que su autoridad, aproximadamente por un mes debido a la vacación judicial, en esa lógica haciendo el cómputo desde la fecha de notificación efectuada el 15 de diciembre de igual año, el plazo para remitir sería el 16 de dicho mes y año; empero, si se toma en cuenta la jurisprudencia mencionada, el mismo tendría plazo para esa remisión hasta “el lunes” a las 11:00 horas; por lo que, estaría dentro de plazo, debiéndose considerar la situación en la que se encuentra el Juez ahora accionado, a pesar de tratarse de una persona con detención preventiva, debiéndose cumplir en todo caso con la previsión del art. 15 de la CPE. En vía de complementación y enmienda el accionante a través de su abogado solicitó a la Jueza de garantías, recomiende al Juez hoy accionado a que no solamente remita el memorial de recurso de apelación incidental contra la “resolución emitida”, sino también las pruebas presentadas para la cesación de su detención preventiva, la cual mereció el rechazo, ya que de no hacerlo nuevamente se verá vulnerado su derecho a recurrir ante un Tribunal de alzada. En mérito a esa solicitud, el Juez de garantías señaló lo siguiente: que el Juez ahora accionado remita toda la prueba adjuntada por el accionante respecto al recurso de apelación incidental y la medida cautelar; es decir, todos los antecedentes que tengan que ver con el recurso de apelación incidental, y conminó al accionante a coordinar para sacar fotocopias de la documentación que debe ser remitida.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Mediante Resolución 96/2021 de 2 de septiembre, emitido por René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionado- determinó la detención preventiva de Valentín Pari Alanoca -hoy accionante- en el Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro de La Paz, por el plazo de tres meses, señalándose audiencia para considerar su situación jurídica para el 2 de diciembre de 2021 a las 10:30 horas (fs. 7 a 11 vta.). II.2. Cursa Resolución 319/2021 de 19 de noviembre, emitida por el Juez ahora accionado, por el que rechazó la cesación de la detención preventiva solicitada por el accionante, manteniendo firme y subsistente la detención preventiva (fs. 15 a 16 vta.); siendo objeto de recurso de apelación incidental, mereciendo el Auto de Vista 685/2021 de 29 de noviembre, a través de la cual la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró la admisibilidad del mismo y la procedencia de las cuestiones planteadas, revocando la Resolución 319/2021, a cuya consecuencia se ordenó que el Juez ahora accionado emita nueva resolución debidamente fundamentada y motivada, en el plazo de cuarenta y ocho horas, sin necesidad a convocar a una audiencia (fs. 17 a 19 vta.). II.3. Consta Resolución 366/2021 de 6 de diciembre, emitida por el Juez ahora accionado en cumplimiento del Auto de Vista 685/2021, rechazando la cesación de la detención preventiva solicitada por el accionante, manteniendo firme y subsistente la detención preventiva (fs. 20 a 22). II.4. Por memorial presentado el 8 de diciembre de 2021, ante el Juez ahora accionado, el accionante planteó recurso de apelación incidental contra la Resolución 366/2021 (fs. 23 a 24 vta.); mereciendo el decreto de 9 de igual mes y año, mediante el cual el Juez hoy accionado dispuso el traslado a las partes procesales con la finalidad de que contesten el indicado recurso formulado dentro del plazo establecido por la norma, una vez cumplida la misma, deberá ser remitido el referido recurso ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el plazo de veinticuatro horas (fs. 25). II.5. Cursan notificaciones con el memorial presentado el 8 de diciembre de 2021 y el decreto de “10” de igual mes y año, a Gregoria Condori de Quenta -parte víctima-, a las 11:06 horas; Tatiana García Aranda, representante del SEPDAVI a las 11:26 horas; Abogado del accionante a las 11:29 horas; al representante del Ministerio Público de El Alto del departamento de La Paz a las 11:38 horas; y a la “Defensoría de la Niñez y Adolescencia” a las 11:39 horas, efectuadas todas el 15 de diciembre de 2021 (fs. 26 a 30).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de celeridad, a la “seguridad jurídica” y de acceso a la justicia; puesto que, habiendo presentado el 8 de diciembre de 2021, recurso de apelación incidental contra la Resolución 366/2021 de 6 de diciembre, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, dicho recurso y los antecedentes no fueron remitidos por el Juez y la Secretaria ahora accionados ante el Tribunal de alzada hasta la interposición de la presente acción de libertad, habiendo sobrepasado el plazo de veinticuatro horas establecido para ese fin, dilatando de esa manera la resolución de su situación jurídica. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 251 del CPP, fue modificado por la Ley 1173, conforme el siguiente texto: “(APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas son nuestras). La SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, estableció que: “La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas. En relación al plazo otorgado para la remisión de los antecedentes ante el Tribunal de alzada, una vez interpuesto el recurso de apelación incidental contra la resolución que imponga medidas cautelares” (las negrillas son nuestras). Así también la SCP 585/2019-S1 de 22 de julio, reiterando el razonamiento de la SC 1739/2011-R de 7 noviembre, dispuso que: "…de manera acertada, interpretando las normas contenidas en el art. 251 del CPP referidas a la apelación incidental de las medidas cautelares, la SC 0542/2010-R de 12 de julio, prefija: ‘…una vez interpuesto dentro del plazo legal el recurso de apelación incidental ante la autoridad jurisdiccional que conoce la causa, y si el cuaderno de apelación no es remitido en el plazo fijado por ley, dándoles una espera prudencial, para los casos de recargadas labores o suplencias etc., debidamente justificadas; sin embargo, este plazo no puede exceder de tres días; empero, si excede el plazo legal y la espera prudencial, el procedimiento se convierte en dilatorio, y por ende el recurso de apelación deja de ser un medio idóneo y eficaz…’” (las negrillas nos pertenecen)
La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que:“…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.
En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, estableció al respecto que: “De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas nos corresponden).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de celeridad, a la “seguridad jurídica” y de acceso a la justicia; puesto que, habiendo presentado el 8 de diciembre de 2021, recurso de apelación incidental contra la Resolución 366/2021 de 6 de diciembre, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, dicho recurso y los antecedentes no fueron remitidos por el Juez y la Secretaria ahora accionados ante el Tribunal de alzada hasta la interposición de la presente acción de libertad, habiendo sobrepasado el plazo de veinticuatro horas establecido para ese fin, dilatando de esa manera la resolución de su situación jurídica.
Ahora bien, de los antecedentes se tiene que mediante Resolución 96/2021, emitida por el Juez ahora accionado quien determinó la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro de La Paz, por el plazo de tres meses, señalándose audiencia para considerar su situación jurídica para el 2 de diciembre de 2021 a las 10:30 horas (Conclusión II.1.). En forma posterior, por Resolución 319/2021, emitida por el Juez ahora accionado, rechazó la cesación de la detención preventiva solicitada por el accionante, manteniendo firme y subsistente la detención preventiva; siendo objeto de recurso de apelación incidental, mereciendo el Auto de Vista 685/2021, a través de la cual la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró la admisibilidad del mismo y la procedencia de las cuestiones planteadas, revocando la Resolución 319/2021, a cuya consecuencia ordenó que el Juez ahora accionado emita nueva resolución debidamente fundamentada y motivada, en el plazo de cuarenta y ocho horas, sin necesidad a convocar a una audiencia (Conclusión II.2.). Es así que, el Juez ahora accionado, en cumplimiento del Auto de Vista 685/2021, emitió la Resolución 366/2021, a través de la cual rechazó la cesación de la detención preventiva solicitada por el accionante, manteniendo firme y subsistente su detención preventiva (Conclusión II.3.); en ese sentido, por memorial presentado el 8 de diciembre de 2021, ante el Juez ahora accionado, el accionante planteó recurso de apelación incidental contra la Resolución 366/2021; mereciendo el decreto de 9 de igual mes y año, mediante el cual el referido Juez dispuso el traslado a las partes procesales con la finalidad de que contesten el indicado recurso, formulado dentro del plazo establecido por la norma, una vez cumplida la misma, debió ser remitido el referido recurso ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el plazo de veinticuatro horas (Conclusión II.4.). Finalmente, cursan notificaciones con el memorial presentado el 8 de diciembre de 2021 y el decreto de “10” de igual mes y año, a Gregoria Condori de Quenta -parte víctima-, a las 11:06 horas; Tatiana García Aranda, representante del SEPDAVI a las 11:26 horas; Abogado del accionante a las 11:29 horas; al representante del Ministerio Público de El Alto del departamento de La Paz a las 11:38 horas; y a la “Defensoría de la Niñez y Adolescencia” a las 11:39 horas, efectuadas todas el 15 de diciembre de 2021 (Conclusión II.5.). Bajo ese contexto, ingresando a la problemática planteada, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de este fallo constitucional, toda autoridad judicial que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física de una persona, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible o dentro de un plazo razonable; puesto que, de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, siendo una de esas solicitudes el planteamiento del recurso de apelación incidental contra las resoluciones que disponen, modifican o rechazan una medida cautelar, trámite sumario que determina que una vez interpuesto este recurso sea de forma oral o escrita, las actuaciones deben ser remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia correspondiente en el plazo de veinticuatro horas, existiendo la salvedad de que pueda extenderse ese término a un tiempo prudencial de tres días cuando exista casos que se encuentren debidamente justificados. En ese sentido, para resolver la problemática planteada mediante esta acción de defensa, corresponde señalar que tal como se tiene de obrados el Juez ahora accionado, en cumplimiento del Auto de Vista 685/2021, emitió la Resolución 366/2021 de 6 de diciembre, a través de la cual rechazó la cesación de la detención preventiva solicitada por el accionante, manteniendo firme y subsistente su detención preventiva; en ese sentido, el nombrado por memorial presentado el 8 de diciembre de 2021, interpuso recurso de apelación incidental contra ésta última Resolución 366/2021; por lo que, a través del decreto de 9 de igual mes y año, el Juez hoy accionado dispuso el traslado a las partes procesales para que contesten el citado recuso formulado en el plazo establecido por la norma, disponiendo que una vez cumplido con ese traslado se remitan antecedentes ante el Tribunal Departamental de Justicia en el plazo de veinticuatro horas. En ese marco, de antecedentes se advierten las notificaciones efectuadas el 15 de diciembre de 2021, con el memorial presentado el 8 del citado mes y año -recurso de apelación contra la Resolución 366/2021- y el decreto de “10” de igual mes y año, a Gregoria Condori de Quenta -parte víctima- a las 11:06 horas; a la representante del SEPDAVI a las 11:26 horas; al abogado del accionante a las 11:29 horas; al representante del Ministerio Público a las 11:38 horas; y, a la “Defensoría de la Niñez y Adolescencia” a las 11:39; advirtiéndose que si bien al parecer existe un error en la consignación de la fecha del decreto; puesto que, el mismo conforme se indicó precedentemente sería de 9 del mismo mes y año, no obstante, tanto el accionante como el Juez hoy accionado, en su memorial de demanda y en el informe presentado respectivamente, así como se tiene a fs. 25 de obrados, se advierte que el traslado con el recurso de apelación incidental objeto de autos fue dispuesto mediante decreto de 9 de diciembre de 2021 por el Juez ahora accionado; ese actuado procesal de ninguna manera condicionaba a la remisión del legajo de apelación ahora extrañado; puesto que, la normativa y la jurisprudencia citadas en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, establecen de forma expresa que interpuesto el recurso, el mismo debe ser remitido ante el Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, en cumplimiento del art. 251 del CPP.
Bajo ese análisis, si bien el Juez hoy accionado señaló que no cumplió con la remisión del recurso de apelación incidental debido a que se encontraba en esa fecha -a partir de 7 de diciembre de 2021-cumpliendo suplencia por vacación judicial, extremo que fue confirmado por el Juez de garantías que conoció y resolvió la presente acción de libertad; no obstante, el Juez ahora accionado no acreditó su recarga laboral; es decir, no presentó ninguna documentación que pueda respaldar ese extremo; puesto que, el simple hecho de mencionar que se encontraba cumpliendo funciones como Juzgado de turno por vacación judicial no justifica de por sí que se encuentre con abundante trabajo lo que hubiera ocasionado el incumplimiento de la norma y la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, en cuanto al plazo procesal para dicha remisión -veinticuatro horas-. Por lo que, considerando que la acción de libertad objeto de autos fue presentada el 18 de ese mes y año, denunciando que hasta esa fecha no se cumplió con dicha remisión, extremo que fue aceptado por el Juez hoy accionado en el informe presentado ante el Juez de garantías; puesto que, mencionó que no lo hizo y que lo haría recién el “día lunes”; consecuentemente, se evidencia una dilación en la remisión del recurso de apelación incidental planteado el 8 de diciembre de igual año contra la Resolución 366/2021, a partir de lo cual se infiere como cierta la denuncia efectuada por el accionante mediante la presente acción de libertad. En ese marco, lo denunciado a través de esta acción de defensa resulta evidente; puesto que, el Juez hoy accionado ante la presentación del recurso de apelación incidental, no solo incumplió el plazo establecido por el art. 251 del CPP, el cual señala que una vez interpuesto el citado recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el Tribunal de alzada en el término de veinticuatro horas, sino que también al haber advertido la falta de remisión objeto de autos -conforme lo aceptó en su informe-, debió ordenar la inmediata ejecución del acto omitido, conforme a la potestad de dirección del proceso; puesto que, la misma no se encuentra únicamente a encaminar la actuación de los sujetos procesales dentro de una determinada causa, sino también tiene la obligación de ejercer control sobre su propio personal de despacho; consecuentemente, corresponde aplicar la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional; puesto que, se adecúa al caso concreto, ya que la remisión extrañada ante el Tribunal de alzada, no fue realizada hasta la presentación de la acción tutelar que nos ocupa -18 de diciembre de 2021-. De esa manera, conforme a lo señalado precedentemente, el Juez ahora accionado actuó de manera negligente, vulnerando de esa manera el derecho a la libertad del accionante vinculado a la celeridad; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada en su modalidad traslativa o de pronto despacho -Fundamento Jurídico III.2.-, más aún si se considera que toda autoridad judicial tiene el deber de tramitar cualquier asunto vinculado a la libertad de las personas con la mayor celeridad posible y dentro de los plazos establecidos por la normativa o en un plazo razonable, un actuar contrario implica una dilación injustificada que vulnera directamente la libertad de las personas; razón por la cual, se debe conceder la tutela solicitada al respecto. En cuanto a la Secretaria ahora coaccionada, corresponde señalar que si bien los funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional no cuentan con legitimación pasiva para ser accionados mediante una acción de libertad, tal como lo establece la jurisprudencia constitucional señalada en el Fundamento Jurídico III.3. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; no obstante, en el caso concreto, debido a los antecedentes que cursan en obrados se advierte que la nombrada cuenta con legitimación pasiva para ser accionada en la acción tutelar objeto de autos, al encontrarse dentro de una de las excepciones a dicha regla; por cuanto, si bien no podía apartarse ni desconocer lo ordenado por el titular del Juzgado mediante decreto de 9 de diciembre de 2021, por el que el referido Juez ordenó que se corra en traslado a las partes procesales con el recurso de apelación incidental planteado el 8 de ese mes y año impugnando la Resolución 366/2021, conforme a la previsión del art. 251 del CPP, con la finalidad de que contesten el mencionado recurso formulado en el plazo establecido por dicha norma, y “…una vez cumplida la misma remítase ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el plazo de 24 horas” (sic [fs. 25]); consecuentemente, si bien esa actuación indebida ya era dilatoria por sí misma, la Secretaria hoy coaccionada tampoco la cumplió, pues no procedió a la remisión del recurso de apelación incidental extrañado hasta el 16 de diciembre de 2021, considerando que se notificó a las partes procesales con ese recurso el 15 del citado mes y año; por lo que, al no haberlo hecho, también corresponde al respecto conceder la tutela solicitada. Respecto a los derechos a la “seguridad jurídica” y acceso a la justicia alegados como vulnerados por el accionante, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no emitirá pronunciamiento alguno por cuanto del memorial de interposición de esta acción de libertad se tiene que el nombrado no expresó de forma clara la vinculación de dicho principio y derecho, respectivamente, en su núcleo esencial, con alguno de los bienes jurídicos que protege esta acción tutelar. Finalmente, aclarar al accionante que tiene los medios o mecanismos legales correspondientes para acudir a las instancias que estime pertinentes contra el Juez y Secretaria ahora accionados.
En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcia
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 513/2021 de 18 de diciembre, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada respecto a los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, por la dilación indebida en la remisión del recurso de apelación incidental planteado contra la Resolución 366/2021 de 6 de diciembre.
a) Disponer que el Juez hoy accionado, de manera inmediata, remita el recurso de apelación incidental interpuesto contra la Resolución 366/2021 de 6 de diciembre, ante el Tribunal de alzada correspondiente, salvo que lo hubiese realizado por el transcurso del tiempo. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al derecho de acceso a la justicia y al principio de seguridad jurídica, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0444_2023-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 40bd94980d146d82404985c5fc72345bf4b5c524adaa9bd2271cc6c4ac957152
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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