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SCP 0444/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 1 de junio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
1 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
45636-2022-92-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; señalando que, por medio del Auto de Vista de 1 de febrero de 2022, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -demandado-, determinó confirmar la ampliación del plazo de la duración de su detención preventiva por treinta días, dispuesto por la Jueza de la causa; advirtiendo la existencia de actos pendientes de investigación y la complejidad de la causa, cuando esta última no fue abordada por el Fiscal de Materia asignado al caso, la víctima ni la autoridad a quo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 4/2022 de 4 de febrero, cursante de fs. 35 a 44 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación de las resoluciones
  2. III.2. Sobre la exigencia que tienen los tribunales de apelación de motivar y fundamentar sus fallos al momento de resolver medidas cautelares, conforme al alcance de lo previsto en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0444/2023-S2 Sucre, 1 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 45636-2022-92-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 4/2022 de 4 de febrero, cursante de fs. 35 a 44 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Richard Miranda Gonzales en representación sin mandato de Edelfrida Maldonado Vargas contra Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de febrero de 2022, cursante de fs. 2 a 6, la accionante a través de su representante, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Dilma Morochi Soto en su contra y Ciro Fernando Ibáñez Barroso -su esposo-, debido a la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas, por Auto Interlocutorio de 17 de agosto de 2021, se dispuso su detención preventiva; que, en audiencia de revisión de situación jurídica de 18 de enero de 2022, de manera arbitraria e ilegal fue ampliada por el lapso de treinta días, habiendo formulado a dicha determinación apelación incidental. En consecuencia, por Auto de Vista de 1 de febrero de 2022, Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -demandado-, declaró improcedente el indicado medio de impugnación, aseverando que existían actos pendientes de investigación y que el caso era complejo -cuando tal aspecto no fue señalado por el Ministerio Público ni el querellante, tampoco abordado por la Jueza de la causa-; constituyéndose en una modificación sustancial de los hechos que motivaron la ampliación de la medida extrema.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad vinculado al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.1, 3 y 5, y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda tutela, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista de 1 de febrero de 2022, y que el Vocal demandado emita un nuevo fallo “racional”.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 4 de febrero de 2022, según consta en acta cursante a fs. 35, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La solicitante de tutela ni su representante, concurrieron a la audiencia de garantías -debido a problemas técnicos, conforme a lo informado por la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba-.

I.2.2. Informe del demandado

Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 4 de febrero de 2022, cursante de fs. 16 a 18 vta., señaló que: a) La determinación que asumió en el Auto de Vista de 1 del referido mes y año, se enmarcó en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), absolviendo cada uno de los puntos cuestionados por la accionante y el coimputado de manera imparcial, encontrándose dicho fallo motivado; toda vez que, constató las razones por las cuales declaró la improcedencia de los medios de impugnación formulados, aplicando jurisprudencia constitucional y doctrina legal al caso concreto; b) El recurso de apelación incidental en el sistema acusatorio, no reviste las características de una segunda instancia, sino el control de legalidad sobre aspectos refutados de la decisión emitida por el a quo; por lo que, observó las exigencias previstas en el art. 124 del citado Código; c) La solicitante de tutela no señaló de manera concreta la interrelación de su libertad con la determinación emitida, pretendiendo que se realice una nueva revisión que solo atañe a la jurisdicción ordinaria, d) La impetrante de tutela no se encontraba sometida a un indebido procesamiento ni privación de libertad; dado que, su detención preventiva obedece a la aplicación de medidas cautelares dispuestas por autoridad competente; e) El límite de análisis -se entiende del recurso de apelación incidental- se efectúa en función a la carga argumentativa, la parte final del art. 233 del Código Adjetivo Penal, posibilita su ampliación a petición fundada del Fiscal de Materia asignado al caso, cuando responda a la complejidad de la causa y ante la existencia de actos pendientes de investigación solicitados oportunamente por dicho representante fiscal; f) La accionante en el recurso incidental que formuló, se limitó a expresar que la ampliación de su medida extrema fue arbitraria, aspecto que su autoridad no advirtió; por lo que, la carga argumentativa recursiva debió estar orientada a explicar el origen de lo denunciado, más aún cuando la Jueza de la causa dispuso la prolongación de esa medida a treinta días, en razón a la existencia de actos pendientes de investigación; y, g) En aplicación del principio de previsibilidad, las medidas cautelares no causan estado, siendo modificables aún de oficio de acuerdo a lo previsto por el art. 250 del CPP; por ello, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante Resolución 4/2022 de 4 de febrero, cursante de fs. 35 a 44 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) La SCP 0220/2019-S2 de 10 de mayo, señaló que el rol de la autoridad jurisdiccional tiene que ver con resolver la situación jurídica del procesado, para que al margen de establecer la probabilidad de autoría, dicho análisis responda a la valoración indiciaria que pueda aportar el Ministerio Público “…y que en el caso no exista otra medida que no sea la detención a fin de que pueda asumir el conocimiento de la causa el procesado pero en base a la explicación cronológica que determine esa situación” (sic); en el caso, la medida extrema impuesta a la accionante fue dispuesta por la Jueza de instancia dentro del proceso penal seguido a la nombrada por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas; 2) La SCP 0500/2015-S1 de 18 de mayo, expresó que la motivación y fundamentación de una resolución debe ser clara y concisa, para que las partes puedan entender la razón que la sustenta, no siempre ampulosa, sino corta, concisa y en términos fáciles de entender; 3) Respecto a la valoración de la prueba a través de la acción de libertad, la SCP 0024/2015-S2 de 16 de enero, sostuvo que esa labor corresponde a la jurisdicción ordinaria y su revisión en esa vía se reduce a detectar la ausencia de razonabilidad y equidad; 4) En el Auto de Vista de 1 de febrero de 2022, el Vocal demandado refirió los argumentos de las partes expresados en la audiencia de revisión de situación jurídica de 18 de enero del citado año, en la que se amplió la detención preventiva de la solicitante de tutela, por un período de treinta días, considerando la existencia de actos de investigación pendientes, como la recepción de declaraciones, entrevistas policiales, inspección, informes ampliatorios, recepción de evidencias y dos pericias psicológicas; asimismo, lo referido por el Ministerio Público en relación a las circunstancias por las cuales consideró que el caso era complejo -participación de dos personas-; aludió al art. 396 del CPP en cuanto a las condiciones de forma que debía cumplir la nombrada, la fuerza vinculante de las sentencias constitucionales plurinacionales y la doctrina legal aplicable al caso, con base en las cuales emitió su fallo, cumpliendo así con la debida fundamentación, motivación y valoración de la prueba del mismo; y, 5) El art. 233 del indicado Código, prevé los requisitos para la detención preventiva y cuándo puede disponerse su ampliación; en tal sentido, la determinación de la autoridad demandada se fundó en la concurrencia de actos pendientes de investigación y la complejidad del caso, contemplados en el citado precepto; por lo que, la cuestionada decisión no careció de fundamentación ni motivación.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio de 17 de agosto de 2021, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Dilma Morochi Soto contra Edelfrida Maldonado Vargas -accionante- y otro, por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas, la Jueza Pública Mixta de Familia e Instrucción Penal Primera de Vinto del departamento de Cochabamba, dispuso la detención preventiva de la nombrada por el lapso de cinco meses (fs. 20 vta. a 23). II.2. A través del Auto Interlocutorio de 18 de enero de 2022, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, en audiencia de consideración de cumplimiento de plazo de la detención preventiva, aceptó en parte la solicitud de ampliación pedida por la autoridad fiscal -por el término de treinta días-; decisión que fue apelada por la impetrante de tutela y la víctima, exponiendo sus agravios en el verificativo de 1 de febrero del referido año (fs. 26 vta. a 29 vta. y 30 a 31). II.3. Mediante Auto de Vista de 1 de febrero de 2022, Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -demandado-, declaró improcedentes los medios de impugnación formulados por la víctima y la peticionante de tutela; en consecuencia, confirmó el Auto Interlocutorio de 18 de enero de igual año (fs. 30 a 34).

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; señalando que, por medio del Auto de Vista de 1 de febrero de 2022, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -demandado-, determinó confirmar la ampliación del plazo de la duración de su detención preventiva por treinta días, dispuesto por la Jueza de la causa; advirtiendo la existencia de actos pendientes de investigación y la complejidad de la causa, cuando esta última no fue abordada por el Fiscal de Materia asignado al caso, la víctima ni la autoridad a quo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación de las resoluciones

Sobre este punto, la SCP 1491/2015-S2 de 23 de diciembre, indicó que: “Conforme se ha establecido a través de la reiterada jurisprudencia emanada por este Tribunal y a la luz de la Constitución Política del Estado, el debido proceso alcanza en su aplicación interpretativa una triple dimensión, constituyéndose tanto en derecho como en garantía y a su vez, en principio procesal. Esta triple dimensión, asegura la protección de todos los derechos conexos que pudieran verse vulnerados por actos u omisiones indebidas en la tramitación de cualquier proceso, sea éste judicial o administrativo. Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elemento jurídico legales que determinaron su posición. Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras). En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere”.

III.2. Sobre la exigencia que tienen los tribunales de apelación de motivar y fundamentar sus fallos al momento de resolver medidas cautelares, conforme al alcance de lo previsto en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal

La jurisprudencia constitucional ha establecido de manera uniforme la observancia de las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga la detención preventiva de un imputado, exigencia que debe ser observada tanto por el juez de instrucción penal como por el tribunal de alzada; en esa perspectiva, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, señaló que: “…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/o obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares…” (las negrillas nos corresponden).

Ahora bien, con relación a los límites que deben observar los tribunales de alzada, al momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes, en el marco de la aplicación de medidas cautelares, el art. 398 del CPP, establece que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución” (énfasis agregado).

Sobre la norma legal precedente, la SCP 0077/2012 de 16 de abril concluyó que: “…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir.

(…)

En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva…” (el resaltado es añadido). De igual manera, la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, indicó que: “…ante la interposición de una apelación incidental de medidas cautelares o su sustitución, previo a la celebración de la audiencia de consideración, deberá asegurarse la notificación efectiva a las partes implicadas en el proceso, lo que implica además, que si el imputado se encuentra privado de su libertad, el tribunal de alzada, deberá garantizar su presencia en el verificativo, corriendo con los trámites de rigor para el efecto. Luego y una vez verificada la presencia de las partes, se dará inicio al mismo, otorgándoles la oportunidad de fundamentar oralmente sus alegatos, para finalmente emitir una resolución debidamente motivada, en la que, las autoridades jurisdiccionales, de un lado, deben dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación; no correspondiendo por tanto, pronunciarse sobre aquellos no apelados, salvo que se trate de defectos absolutos, al no ser, estos últimos, susceptibles de convalidación; y de otro, tratándose de medidas cautelares, fundamentar sobre la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, como es la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible; y la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso y/u obstaculizará la averiguación de la verdad; sustento que imprescindiblemente deberán estar incluidos en la resolución de alzada; argumentos jurídicos que no pueden ser sustituidos por los relacionados por el a quo en el fallo impugnado; y menos dar lugar a la nulidad de obrados, por su falta de consideración” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

De los antecedentes remitidos a este Tribunal y conforme las Conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional; consta que, por Auto Interlocutorio de 17 de agosto de 2021, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Dilma Morochi Soto contra Edelfrida Maldonado Vargas -accionante- y otro, por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas, la Jueza Pública Mixta de Familia e Instrucción Penal Primera de Vinto del departamento de Cochabamba, dispuso la detención preventiva de la nombrada por el lapso de cinco meses (Conclusión II.1); medida que, a través del Auto Interlocutorio de 18 de enero de 2022, fue ampliada por el término de treinta días; fallo apelado por la impetrante de tutela y la víctima, exponiendo sus agravios en audiencia de 1 de febrero del referido año (Conclusión II.2); y, mediante Auto de Vista de 1 de febrero de 2022, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -demandado-, declaró improcedentes los medios de impugnación formulados por la afectada y la solicitante de tutela; en consecuencia, confirmó el aludido Auto Interlocutorio (Conclusión II.3). Ahora bien, la peticionante de tutela a través de su representante, acusa que el Auto de Vista de 1 de febrero de 2022, transgrede su derecho a la libertad vinculado al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; toda vez que, el Vocal demandado confirmó la ampliación de la medida extrema por treinta días, determinado por la Jueza de la causa, alegando la existencia de actos pendientes de investigación y la complejidad de la causa, cuando la última nombrada no fue abordada por el Fiscal de Materia asignado al caso, la víctima ni la autoridad a quo. Bajo ese contexto fáctico, concierne verificar si la autoridad demandada al emitir el fallo impugnado, incurrió en las infracciones denunciadas en la presente acción tutelar. En ese orden, el nombrado Vocal a través del Auto de Vista de 1 de febrero de 2022, confirmó el Auto Interlocutorio de 18 de enero de igual año, que determinó el plazo de la duración de la detención preventiva por treinta días; a ese efecto, en el “CONSIDERANDO I” de dicho fallo, la autoridad demandada señaló que los arts. 396 inc. 3) y 398 del CPP, determinan la competencia del tribunal ad quem, estipulando que estos circunscriben sus resoluciones a los aspectos cuestionados en la apelación; asimismo, identificó los agravios expuestos por la parte querellante -omisión valorativa de la prueba, errónea fundamentación y motivación, en torno a su solicitud de ampliación de la medida extrema por dos meses-; y, lo denunciado por la impetrante de tutela, -inexistencia de fundamentación del Ministerio Público para establecer la complejidad del caso; ya que, el ilícito que se le atribuyó no puede ser considerado de ese modo-; por lo que, a su criterio, debió aplicársele medidas cautelares de carácter personal; en el “CONSIDERANDO II” de la señalada Resolución, el Vocal demandado desglosó jurisprudencia constitucional “indicativa” y doctrina legal aplicable; y fue en el “CONSIDERANDO III” del referido Auto de Vista, que resolvió la impugnación presentada por la accionante, sosteniendo que: i) El régimen de medidas cautelares responde a una potestad normativa reglada, reflejando la vigencia del principio de legalidad en la adopción de las mismas; ii) El plazo de duración de la detención preventiva esta identificado en la parte in fine del art. 233 del CPP, condicionada a dos aspectos; vale decir, a la petición fundada del representante fiscal cuando responda a la complejidad del caso; y, a la posibilidad de que el querellante haya solicitado actos de investigación que se encuentren pendientes de ser desarrollados; iii) Las observaciones efectuadas por la impetrante de tutela -carencia de fundamentación del Fiscal de Materia para pedir la ampliación de la detención preventiva y que la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas a su criterio no constituye un caso complejo-; desconoce que la adopción de la medida extrema responde a la concurrencia simultánea del presupuesto material y procesal, y que ese último permite visualizar la intensidad de los riesgos procesales, sea de fuga u obstaculización; lo que, delimitó la imposición de la indicada medida; iv) La exigencia por la cual se dispuso la medida extrema de la peticionante de tutela, fue necesaria para asegurar y garantizar los actos investigativos de forma inicial, y que lógicamente pueden surgir otros, al ser la misma dinámica y estar sujeta a la recolección de los elementos necesarios para la estrategia de las partes -sustentar la hipótesis acusatoria o la defensa-; por ello, no resulta imprescindible que en la audiencia de revisión de la situación jurídica de la persona cautelada, deba nuevamente acreditarse o vincularse los actos investigativos a la situación jurídica procesal de la nombrada; pues, tanto el Ministerio Público como la víctima sostuvieron que aún se encuentran actos pendientes de investigación; al respecto, la autoridad jurisdiccional en el caso particular, identificó los mismos en el Considerando II del fallo apelado, consistentes en una pericia psicológica a la víctima sobre diferentes puntos, estudios o pericias complejas, que a decir del Ministerio Público, resultan indispensables para emitir requerimiento conclusivo; v) No se debe desconocer la previsión contenida en los arts. 279 y 306 del CPP, los cuales establecen que le corresponde al director funcional de la investigación evaluar la pertinencia o no de los actos investigativos propuestos por las partes en conflicto, trasladar ese análisis a la audiencia de revisión de la situación jurídica de la persona cautelada constituye desnaturalizar que el único fin de dicho acto procesal es la existencia o no de petición fundamentada de ampliación y si la misma responde a los dos supuestos como son la complejidad del caso y la existencia de actos pendientes de investigación; y, vi) La determinación de la Jueza de la causa, de ampliar el plazo de la medida extrema impuesta a la impetrante de tutela a treinta días, en razón a la necesidad de efectuar actos investigativos aún pendientes, que fueron solicitados con anticipación por el Fiscal de Materia mediante requerimiento de 30 de septiembre -no indica año-, es correcto; además, no se debe desconocer que son dos personas imputadas dentro de la causa penal; lo que, hace que el mismo se torne complejo; finalmente, no se debe dejar de lado que la investigación se vio interrumpida por la emergencia sanitaria del COVID-19. Al respecto, conforme lo señalado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en observancia del derecho al debido proceso, toda autoridad sea jurisdiccional o administrativa, al sustanciar un caso puesto a su conocimiento, debe reflejar una exposición de los hechos, efectuar una fundamentación legal y cita de normas en las que respalda su decisión; asimismo, de manera específica, los tribunales de alzada al momento de conocer y resolver los recursos de apelación formulados por las partes, en el marco de la aplicación de medidas cautelares, por previsión del art. 398 del CPP, además de sustentar y motivar su determinación, deben circunscribirla a los puntos impugnados. En ese contexto, del análisis del Auto de Vista de 1 de febrero de 2022, se establece de manera irrebatible que el Vocal demandado, respecto a cada uno de los agravios expresados por la accionante, resolvió de forma motivada y fundamentada; que dicho desarrollo es encontrado en el “CONSIDERANDO III” del indicado fallo; a través del cual se señaló que, no resulta imprescindible que en la audiencia de revisión de la situación jurídica de la impetrante de tutela, deba nuevamente acreditarse o vincularse los actos investigativos; por lo que, la Jueza a quo realizó un análisis correcto tomando en cuenta la existencia de actos pendientes de investigación, que fueron solicitados de manera antelada por el Fiscal de Materia asignado al caso, a través del requerimiento fiscal de 30 de septiembre de 2021; además, concluyó que el caso era complejo al tratarse de dos imputados y haberse interrumpido la investigación a causa de la pandemia generada por el COVID-19. Contrariamente a lo manifestado por la peticionante de tutela, la complejidad del caso sí fue abordado por el Ministerio Público; ya que, en audiencia de 1 de febrero de 2022, expresó que: “ …el Art. 233 parte in fine procesal, señala que la ampliación de la detención preventiva puede ser fundamentada por el Ministerio Público, (…) en audiencia (…) sea fundamentado la complejidad…” (sic); asimismo, la propia impetrante de tutela, indicó que: “…no existe una fundamentación de parte del Ministerio Público para establecer la complejidad del caso (…) el delito por lesiones graves que se le atribuye a su defendida no puede constituir un caso complejo…” (sic); por lo que, no resulta evidente que el Vocal demandado efectuara un análisis de oficio al respecto agravando su situación jurídica. En ese sentido, la accionante no logró acreditar que la autoridad demandada transgredió los derechos denunciados; por lo que, no corresponde otorgar la tutela pretendida. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 4/2022 de 4 de febrero, cursante de fs. 35 a 44 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0444_2023-S2.pdf · páginas 1 a 11.

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