B.IA.LEGAL

SCP 0443/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 22 de mayo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
22 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
45164-2022-91-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, vinculado con el debido proceso en su elemento celeridad; en razón a que: i) En audiencia de consideración de medidas cautelares de 7 de julio de 2021, el Juez de la causa mediante Resolución 48/2021, ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz; sin embargo, no estableció el plazo de duración de la citada medida cautelar, incumpliendo de esa manera lo previsto en el art. 233.3 del CPP modificado por la Ley 1173; y, ii) Habiéndose dispuesto la vacación judicial, el Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del citado departamento -cuyos integrantes son ahora accionados-, si bien remitió el expediente al Juez de turno, lo hizo de forma incompleta, ya que cuando solicitó día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva, la referida autoridad de turno previo a considerar lo impetrado requirió se remita las resultas de la audiencia de 20 de octubre de 2021, puesto que en antecedentes de la causa se verificaba como último actuado dicho señalamiento, dilación que impide que hasta el momento de la interposición de la presente acción tutelar se encuentre sin fecha ni hora de audiencia para la consideración de su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 1/“2021” de 5 de “noviembre de 2021” -lo correcto es enero de 2022-, cursante de fs. 26 a 31, pronunciada por la Jueza de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a Hugo Calle Autalio, Secretario del Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, en relación a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a Guillermo Pongo Pongo, Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani, así como con relación a Douglas Cecil Borda Montaño, Juez y Rubén Osvaldo Mamani Condori, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital, todos del departamento de La Paz, conforme los fundamentos expuestos precedentemente.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La apelación incidental prevista por el art. 251 del CPP, como medio idóneo de impugnación: subsidiariedad excepcional en la acción de libertad
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional
  4. III.4. Análisis el caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0443/2023-S3 Sucre, 22 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 45164-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 1/“2021” de 5 de “noviembre de 2021” -lo correcto es enero de 2022-, cursante de fs. 26 a 31, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mónica Claudia Irusta Flores en representación sin mandato de Javier Francisco Quenallata Condori contra Guillermo Pongo Pongo, Juez y Hugo Calle Autalio, Secretario, ambos del Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani; y, Douglas Cecil Borda Montaño, Juez y Rubén Osvaldo Mamani Condori, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital, todos del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de enero de 2022, cursante de fs. 1 a 4 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

-Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica-, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares en la que mediante Resolución 48/2021 de 7 de julio de 2021, Guillermo Pongo Pongo, Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz -ahora accionado-, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de ese departamento; empero, no estableció el plazo de duración de dicha medida cautelar, incumpliendo de esa forma el numeral 3 del -art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP)-, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; razón por la cual, se encuentra sin fecha ni hora para la consideración de su situación jurídica. De otra parte alega que, durante la vacación judicial de fin de año, por “instructivo” se determinó que todas las causas con detenidos debían ser remitidos a los Juzgados de turno; sin embargo, en el caso el Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz -cuyos integrantes son ahora accionados-, si bien remitió el cuaderno procesal al Juzgado -de turno- de Instrucción Penal Sexto de la Capital del citado departamento -cuyos integrantes también son ahora coaccionados-, se realizó de forma incompleta, omisión que vulnera sus derechos, considerando que se encuentra cumpliendo la medida extrema de detención preventiva; no obstante, el mencionado Juzgado de turno, sin percatarse de dicho extremo al momento de recepcionar la causa radicó el mismo de forma incorrecta, ya que cuando solicitó día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de turno, emitió el proveído de 23 de diciembre de 2021, señalando: ‘“previo a considerar lo que en derecho corresponde por secretaria del juzgado público, mixto de familia niñez y adolescencia e instrucción penal 1ro de la localidad de Chulumani, informe o remita las resultas del señalamiento de audiencia de fecha 20 de octubre de 2021, señalado mediante decreto de la fecha 14 de Octubre de 2021, sea dentro de los dos días a partir de su notificación, hecho el cual se dispondrá…’” (sic); de ahí que, dicha actuación le generó dilación indebida en la resolución de la situación jurídica.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

Se infiere que se denuncia la lesión de su derecho a la libertad, vinculado con el debido proceso en su elemento celeridad; citando al efecto el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), y 7.2 del Pacto de San José de Costa Rica.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada al encontrarse privado de su libertad de forma ilegal, sin realizar una petición expresa. Sin embargo, en audiencia pidió se anule la ilegal Resolución 48/2021, por no cumplir los requisitos establecidos en el art. 233 del CPP, y cese la medida de detención preventiva por otras medidas menos gravosas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 5 de enero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 21 a 25, con la presencia de la parte accionante asistido de sus abogados, así como de los accionados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela, por medio de su representante sin mandato, ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad y ampliando la misma, en audiencia refirió que, a consecuencia de la emisión de la Resolución 48/2021, en la que no se estableció el tiempo de duración de la detención preventiva, se encuentra detenido por más de siete meses a su suerte, sin conocer cuando se resolverá su situación jurídica, aspecto que no es subsanable y no puede existir una subsidiariedad al respecto.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Guillermo Pongo Pongo, Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, por informe escrito, cursante a fs. 12 y en audiencia refirió que: a) El accionante interpone la presente acción de libertad, bajo el argumento de que en la Resolución 48/2021, que ordenó su detención preventiva no se habría dispuesto el plazo de duración de la medida cautelar, así como la fecha y hora de audiencia de situación jurídica; al respecto, el prenombrado tenía la obligación de pedir aclaración enmienda o complementación contra la aludida disposición, pero no lo hizo, siendo únicamente apelada por la víctima, y a razón de ello se remitió antecedentes al Tribunal de alzada, misma que a la fecha no fue devuelta al Juzgado de origen; b) De acuerdo a la Resolución de imputación formal presentada por el Fiscal de Materia el plazo de duración de la detención preventiva es de seis meses; de manera que, desde la audiencia de medidas cautelares de 7 de julio de 2021 hasta la interposición de la presente acción tutelar -4 de enero de 2022-; faltan dos días para considerar la situación jurídica del imputado hoy accionante, que sería el 7 de ese mes y año; c) El accionante si consideraba que se encontraba indebidamente procesado o privado de libertad pudo acudir a su persona como Juez de la causa, haciendo conocer lo ahora reclamado; asimismo, ante la remisión del cuaderno procesal al Juzgado de turno por vacación judicial, el prenombrado tenía la obligación de apersonarse a ese Juzgado; y, d) Finalmente, el peticionante de tutela tiene dos procesos en el Juzgado del cual es titular, por el mismo delito y la misma víctima; sin embargo, en el memorial de acción de libertad no señala a cuál de los procesos se refiere; argumentos con los que, solicita se deniegue la tutela solicitada. Hugo Calle Autalio, Secretario del Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz; por informe prestado en audiencia, señaló que, en su condición de funcionario subalterno no cuenta con legitimación pasiva para ser accionado; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada en su contra. Douglas Cecil Borda Montaño, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, por informe emitido en audiencia, refirió que, el cuaderno procesal fue remitido a ese despacho judicial por vacación judicial de fin de año, la defensa del accionante presentó una solicitud de cesación de la detención preventiva el 23 de diciembre de 2021, a lo que emitió el proveído -de igual fecha- disponiendo que el Juez de la causa ahora accionado, remita informe o las resultas de la audiencia de 20 de octubre de 2021, puesto que de los antecedentes de la causa se verifica como último actuado el señalamiento de audiencia para considerar una solicitud de audiencia de medidas cautelares de 14 de octubre de 2021, y no constaba ese actuado; por lo que, al no vulnerar algún derecho o garantía constitucional solicita se deniegue la tutela. Rubén Osvaldo Mamani Condori, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia informó que, al encontrarse de turno, recepcionó en un total de nueve causas con detenido a los que dio prioridad.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 1/“2021” de 5 de “noviembre de 2021” -lo correcto es enero de 2022-, cursante de fs. 26 a 31, concedió en parte la tutela solicitada, con relación a la actuación de Hugo Calle Autalio, Secretario del Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del citado departamento, por no haber remitido los actuados de forma completa al Juzgado de turno por vacación judicial, y denegó la tutela respecto a Guillermo Pongo Pongo, Juez del referido Juzgado, al no haberse establecido cuál la omisión o acción vulneradora al derecho fundamental de libertad del procesado ya que conforme se indicó la Resolución 48/2021 era susceptible de ser impugnada y fue apelada por la “parte accionante” -lo correcto es por la víctima-; del mismo modo, no resulta ser evidente que hubiesen transcurrido más de seis meses, puesto que desde la aplicación de la medida cautelar de la detención preventiva de 7 de julio de 2021 a “la fecha” -5 de enero de 2022- aún no transcurrió dicho término que establece la parte accionante; asimismo, denegó la tutela impetrada, con relación al Juez y Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital, todos del citado departamento, al no haberse encontrado acción u omisión que vulnere el derecho a la libertad del accionante; decisión asumida en base a los siguientes fundamentos: 1) Sobre la problemática planteada por el accionante, en sentido de que en la Resolución 48/2021, no se habría cumplido con los presupuestos establecidos en el art. 233 del CPP, a dicho efecto el art. 251 de la normativa referida, prevé la posibilidad de impugnar la determinación que no se encuentre de acuerdo a los derechos e intereses que tenga alguna de las partes y que considere que existe agravio al respecto; 2) La autoridad jurisdiccional a cargo de la causa manifestó, de que hay una apelación que se habría presentado y que la misma habría sido remitida ante el Tribunal de alzada, de la cual no se conoce cuál sería la determinación, sobre lo referido ninguna de las partes adjuntó ningún actuado procesal, por lo que mal se puede considerar que la condición de detenido preventivo del accionante sea ilegal o indebida, ya que hay una causa penal en la que fue impuesta la medida cautelar; 3) Por otro lado, respecto al incumplimiento de las obligaciones que tiene tanto el Juez y el Secretario donde radica la causa, en sentido de no haber remitido los actuados de forma completa al Juzgado de turno, al respecto no existe ningún descargo que permita establecer lo contrario, más aun cuando el Juez de turno -hoy coaccionado-, informó que emitió el proveído por la que extraña actuados procesales al cuaderno procesal, situación que es vulneratorio al conocimiento y resolución de las peticiones que podía haber formulado la parte accionante; 4) A través de Circular “23/2021”, la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispuso que durante la vacación judicial los procesos con detenidos sean remitidos a los Juzgados de turno, siendo esa responsabilidad del Juzgado donde se tramita la causa; por lo que, la mala remisión del cuaderno procesal de control jurisdiccional no es de responsabilidad de quien lo recibe, ya que el negarse recepcionar la causa estaría consignando un incumplimiento de funciones, en el presente caso la responsabilidad corresponde al Secretario del Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz; 5) En cuanto a la responsabilidad del Juez coaccionado, evidentemente de acuerdo a la prueba adjunta por la parte accionante, dicha autoridad emitió un proveído dando respuesta a la petición efectuada, de la cual no existe ningún memorial a fin de establecer y verificar que actuaciones procesales son los que no fueron remitidos y que no estaban adheridas al cuaderno procesal; asimismo, contra esa determinación si consideraba que era agraviante a sus derechos podía haber planteado recurso de reposición conforme el art. 401 del CPP; 6) Finalmente, con relación al Secretario del Juzgado de Instrucción Sexto de la Capital del citado departamento, el prenombrado únicamente recepcionó el expediente en forma incompleta, lo cual no constituye responsabilidad para el mismo, teniendo en cuenta que él mal podía conocer si los actuados estaban completos; y, 7) Por lo expuesto, se evidencia que la protección de la acción de libertad tiene relación con el derecho a la libertad del accionante. En vía de enmienda y complementación en audiencia el accionante pidió se aclare que la parte que apeló la Resolución 48/2021, no fue su persona sino la víctima, y por otra parte solicitó que el Juez de turno señale día y hora de audiencia de situación jurídica; ante ello, el Juez de garantías, sin dar lugar a dicha petición, refirió que lo relativo a la solicitud de audiencia, no fue el objeto de la acción de libertad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Por Resolución 48/2021 de 7 de julio, Guillermo Pongo Pongo, Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz -ahora accionado-, determinó la detención preventiva de Javier Francisco Quenallata Condori -hoy accionante- en el Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; determinación que no mereció apelación por el imputado accionante; empero, consta que la defensa de la víctima al amparo de lo previsto en el art. 251 el CPP, interpuso de manera oral apelación incidental a la resolución dictada, habiendo dispuesto la mencionada autoridad lo siguiente: “…Téngase por interpuesto recurso de apelación en cuanto al Art. 234 en su núm. 7) de la Ley 1173, en cuanto al peligro para la víctima, quedan notificados todos los sujetos procesales con recurso de apelación, remítase ante el Tribunal Departamental de Justicia La Paz” (sic [fs. 13 a 17 y 19 a 20]). II.2. Cursa proveído de 23 de diciembre de 2021, emitido -durante la vacación judicial-, por Douglas Cecil Borda Montaño, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz -ahora coaccionado-, a través del cual dispuso: “Previo a considerar lo que en derecho corresponde, por secretaria del Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 1º de la Localidad de Chulumani, informe o remita las resultas del señalamiento de Audiencia de fecha 20 de octubre de 2021, señalado mediante decreto de fecha 14 de octubre de 2021, sea dentro de los dos días a partir de su notificación hecho lo cual se dispondrá” (sic [fs. 18]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, vinculado con el debido proceso en su elemento celeridad; en razón a que: i) En audiencia de consideración de medidas cautelares de 7 de julio de 2021, el Juez de la causa mediante Resolución 48/2021, ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz; sin embargo, no estableció el plazo de duración de la citada medida cautelar, incumpliendo de esa manera lo previsto en el art. 233.3 del CPP modificado por la Ley 1173; y, ii) Habiéndose dispuesto la vacación judicial, el Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del citado departamento -cuyos integrantes son ahora accionados-, si bien remitió el expediente al Juez de turno, lo hizo de forma incompleta, ya que cuando solicitó día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva, la referida autoridad de turno previo a considerar lo impetrado requirió se remita las resultas de la audiencia de 20 de octubre de 2021, puesto que en antecedentes de la causa se verificaba como último actuado dicho señalamiento, dilación que impide que hasta el momento de la interposición de la presente acción tutelar se encuentre sin fecha ni hora de audiencia para la consideración de su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La apelación incidental prevista por el art. 251 del CPP, como medio idóneo de impugnación: subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

Al respecto, la SCP 0133/2019-S1 de 17 de abril, recogiendo los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional, precisó: «…la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, precisando el alcance del recurso de apelación de medidas cautelares y los supuestos de subsidiariedad aplicados de forma excepcional a la acción de libertad, establece: “Bajo la premisa expuesta, los medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos: (…) Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física”. En el mismo sentido, la SCP 1296/2016-S1 de 2 de diciembre, señala que: “La acción de libertad está configurada como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, cuando existen mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser activados previamente por el o los interesados, en estos casos, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos lesionados a pesar de haberse agotado estas vías específicas, aspecto que también se encuentra enmarcado en los mandatos insertos en los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”».

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Al respecto, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’” (las negrillas fueron añadidas).

III.3. De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional

La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, estableció que: “De la[s] citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas nos pertenecen).

III.4. Análisis el caso concreto

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, vinculado con el debido proceso en su elemento celeridad; en razón a que: a) En audiencia de consideración de medidas cautelares de 7 de julio de 2021, Guillermo Pongo Pongo, Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz -ahora accionado- mediante Resolución 48/2021, ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz; sin embargo, no estableció el plazo de duración de la citada medida cautelar, incumpliendo de esa manera lo previsto en el art. 233.3 del CPP modificado por la Ley 1173; y, b) Habiéndose dispuesto la vacación judicial, el Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del citado departamento -cuyos integrantes son ahora accionados-, si bien remitió el expediente al Juez de turno, lo hizo de forma incompleta, ya que cuando solicitó día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva, la referida autoridad judicial de turno previo a considerar lo impetrado requirió se remita las resultas de la audiencia de 20 de octubre de 2021, puesto que en antecedentes de la causa se verificaba como último actuado dicho señalamiento, dilación que impide que hasta el momento de la interposición de la presente acción tutelar se encuentre sin fecha ni hora de audiencia para la consideración de su situación jurídica. Delimitada la problemática que debe ser analizada, corresponde conocer los antecedentes del caso, así de la revisión de antecedentes y de lo desglosado en la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, se tiene que, en audiencia de medidas cautelares mediante Resolución 48/2021 de 7 de julio, el Juez de la causa -ahora accionado-, determinó la detención preventiva del impetrante de tutela en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; determinación contra la cual únicamente la defensa de la víctima al amparo de lo previsto en el art. 251 el CPP, interpuso de manera oral apelación incidental a la resolución dictada; ante ello, la mencionada autoridad dispuso lo siguiente: “…Téngase por interpuesto recurso de apelación en cuanto al Art. 234 en su núm. 7) de la Ley 1173, en cuanto al peligro para la víctima, quedan notificados todos los sujetos procesales con recurso de apelación, remítase ante el Tribunal Departamental de Justicia La Paz” (sic); acto procesal del cual se advierte que no mereció apelación por el imputado accionante. Realizada dicha puntualización, respecto a la primera problemática identificada descrito en el inc. a), corresponde señalar que, siendo que la denuncia en sede constitucional radica básicamente en que la Resolución 48/2021, que determinó la detención preventiva del accionante no estableció el plazo de duración de la media cautelar, inobservándose el tercer requisito para la procedencia de la detención preventiva inserto en el art. 233.3 del CPP, no se evidencia que dicha determinación hubiese sido apelada incidentalmente en el marco de lo dispuesto por el art. 251 del citado Código, a objeto de que el Tribunal de alzada conozca y resuelva el reclamo ahora efectuado relativo a la actuación del Juez de control jurisdiccional -hoy accionado-, y en su caso corrija todas las irregularidades y omisiones alegadas, en las que presuntamente dicha autoridad hubiese incurrido, y no interponer directamente la presente acción de defensa; ello en razón a que el régimen de medidas cautelares prevé el medio idóneo, eficaz y oportuno para restituir eventuales lesiones de derechos a momento de emitir una resolución cautelar, constituyendo este el recurso de apelación en el marco de la referida norma procesal. Por consiguiente, y en observancia de los entendimientos jurisprudenciales desarrollados por el Tribunal Constitucional Plurinacional glosados en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, antes de acudir a la jurisdicción constitucional, el impetrante de tutela debió hacer uso del citado recurso para la reparación de las presuntas lesiones a sus derechos, y una vez agotados los recursos intraprocesales -de persistir a su criterio la infracción-, recién acudir a esta jurisdicción; por lo que, al no haberse agotado dichos mecanismos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, corresponde denegar la tutela impetrada por subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada. Con relación a lo denunciado en la segunda problemática inc. b), respecto a la remisión incompleta del cuaderno procesal con detenido al Juzgado de turno, durante la vacación judicial, cabe precisar que, conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, se tiene que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos. En consideración a lo anterior, con la finalidad de evidenciar la denuncia del accionante respecto a la dilación indebida por parte de los accionados corresponde puntualizar lo siguiente: Conforme se tiene de los antecedentes, se advierte que, el impetrante de tutela solicitó día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva, al Juez de turno, a lo que la referida autoridad, emitió el proveído de 23 de diciembre de 2021, señalando: “…Previo a considerar lo que en derecho corresponde, por secretaria del Juzgado Público Mixto de Familia Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 1º de la Localidad de Chulumani, informe o remita las resultas del señalamiento de audiencia de fecha 20 de octubre de 2021, señalado mediante decreto de fecha 14 de octubre de 2021, sea dentro de los dos días a partir de su notificación hecho lo cual se dispondrá” (sic); situación que impidió que no tenga día y hora de audiencia para la consideración de su situación jurídica. En ese contexto, respecto al actuar del Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz -ahora accionado-, corresponde señalar que no se advierte la comisión de acto ilegal u omisión indebida en que hubiese incurrido dicha autoridad a partir del despliegue procesal y la omisión ahora reclamada, y al contrario se tiene que precisamente ante la orden de remisión del proceso penal con detenido al Juzgado de turno, dando cumplimiento al Instructivo o Circular que determinó la vacación judicial, es que el Secretario accionado procedió a la remisión del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela al Juzgado de turno, actuación a partir de la cual no se advierte contenga algún elemento de reproche; por lo que, respecto a la mencionada autoridad corresponde denegar la tutela solicitada. Con relación al Secretario del Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz -también accionado-como personal de apoyo jurisdiccional, es necesario establecer que el mismo tiene legitimación pasiva en la presente acción de defensa, conforme se sostuvo en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, que señala que si bien los funcionarios subalternos del Órgano Judicial no cuentan con legitimación pasiva, al no ser quienes asumen determinaciones jurisdiccionales; empero, no es menos cierto que pueden ser demandados, cuando: “a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas fueron añadidas).

Al respecto, y no obstante, que el funcionario de apoyo jurisdiccional carece de legitimación pasiva para ser demandado en acciones tutelares, porque no asume determinaciones de orden jurisdiccional dentro del proceso penal; sin embargo, también la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3, señaló la excepción a esta subregla, al determinar los presupuestos en los que de forma excepcional el personal de apoyo jurisdiccional adquiere legitimación pasiva, constituyendo uno de ellos la existencia de un evidente desconocimiento e incumplimiento de sus propias funciones y obligaciones, evidenciándose en consecuencia que su accionar en el presente caso se encuentra previsto dentro de las excepciones a esta subregla, ya que si bien remitió el expediente con detenido preventivo al Juzgado de turno, lo hizo de forma incompleta, cuando en su momento debió revisar que el cuaderno procesal se encontraba con todas las actuaciones y a falta de ella informar a la autoridad de la causa; empero, al no haber obrado de esa manera y cumplir eficazmente las obligaciones inherentes a sus funciones; dicha situación provocó que la solicitud de audiencia de cesación para resolver la situación jurídica del accionante no sea fijada. Por consiguiente, el funcionario de apoyo jurisdiccional ahora accionado con la actuación antes descrita causó la vulneración del derecho al debido proceso, en su elemento de celeridad, debido a la dilación indebida en relación a la situación jurídica del peticionante de tutela, quien se encuentra privado de libertad; por lo que, corresponde otorgar la tutela solicitada bajo la modalidad traslativa o de pronto despacho, cuya finalidad es acelerar los trámites judiciales y administrativos cuando existen dilaciones indebidas, como en el presente caso.

Finalmente, respecto a Douglas Cecil Borda Montaño, Juez y Rubén Osvaldo Mamani Condori, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz -ahora coaccionados-, cabe referir que, el Juzgado aludido conoció el proceso penal contra el impetrante de tutela, durante la vacación judicial como Juzgado de turno y en esa calidad ante la solicitud de cesación de la detención preventiva de 23 de diciembre de 2021, emitió el proveído de igual data, disponiendo que el Juez de la causa remita informe o las resultas de la audiencia de 20 de octubre del citado año, ello al advertir que el expediente remitido se encontraba incompleto; por lo que, no se advierte de que manera los precitados hubieran cometido las lesiones que ahora se denuncian, careciendo en consecuencia de legitimación pasiva en la presente acción tutelar. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 1/“2021” de 5 de “noviembre de 2021” -lo correcto es enero de 2022-, cursante de fs. 26 a 31, pronunciada por la Jueza de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a Hugo Calle Autalio, Secretario del Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, en relación a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a Guillermo Pongo Pongo, Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani, así como con relación a Douglas Cecil Borda Montaño, Juez y Rubén Osvaldo Mamani Condori, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital, todos del departamento de La Paz, conforme los fundamentos expuestos precedentemente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0443_2023-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): d6ff7ab0072dd75eda7a3a080c7609381c36cc9522abbd728c8efbadc9b1d71c

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