Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 10 de abril de 2026
Concede la tutela
Los accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos al trabajo, estabilidad laboral y debido proceso; debido a que, estos fueron contratados por la NAABOL de manera eventual, para desempeñar funciones desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023; sin embargo, el 21 de marzo del mismo año, todos sus contratos fueron resueltos de manera injustificada e intempestiva por la autoridad demandada, sin que exista causal alguna, a través de resolución de sus contratos, por determinación unilateral y arbitraria de la entidad, sin darles el acceso al derecho a la defensa y al debido proceso; por lo que, los impetrantes de tutela solicitaron se deje sin efecto las notas de resolución de contrato CAR/DGE-UNRHH 136/2023, 135/2023 y 133/2023 de 21 de marzo y se ordene el pago de sueldos devengados y otros derechos laborales hasta el 30 de junio de 2023, fecha de culminación de sus contratos; y sea, con costas procesales e indemnización de daños y perjuicios.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 63/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 83 a 88 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2° Disponer que, la Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos -NAABOL- cancele los salarios devengados a los accionantes por el tiempo que estuvieron desvinculados, sea hasta la fecha de la conclusión efectiva de los contratos NAABOL-DNJ-2131/2022, 2149/2022 y 2154/2022, todos de 30 de diciembre.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0442/2026-S3 Sucre, 10 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 57364-2023-115-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 63/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 83 a 88 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Adriana Dayana Mamani Ramírez, Diego Isrrael Cabrera Cabrera y Grover Andrés Monzón Cruz contra Elmer Pozo Oliva, Director General Ejecutivo de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL).
Por memorial presentado el 24 de julio de 2023, cursante de fs. 16 a 26, los accionantes manifestaron lo siguiente:
Adriana Dayana Mamani Ramírez, fue contratada como personal eventual desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, a través de contrato administrativo de personal eventual NAABOL-DNJ-2149/2022, para el trabajo de oficial de seguridad (AVSEC); sin embargo, el 21 de marzo de 2023, fue despedida de manera injustificada e intempestiva, mediante resolución de contrato CAR/DGE-UNRHH 136/2023; por lo que, trabajó hasta el 22 de igual mes y año. Diego Isrrael Cabrera Cabrera, fue contratado como personal eventual desde el 2 de enero hasta el 30 de junio de 2023, mediante contrato administrativo de personal eventual NAABOL-DNJ-2154/2022 para el cargo de bombero; pero el 21 de marzo de 2023, fue despedido de manera injustificada e intempestiva mediante resolución de contrato CAR/DGE-UNRHH 133/2023; por lo que, trabajó hasta el 22 del mes y año referido.
Grover Andrés Monzón Cruz, fue contratado como personal eventual desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, por contrato administrativo de personal eventual NAABOL-DNJ-2154/2022, para el cargo de bombero; pero al igual que en los dos anteriores casos, el 21 de marzo de 2023, fue despedido de manera injustificada e intempestiva mediante resolución de contrato CAR/DGE-UNRHH 135/2023; por lo que, trabajó hasta el 22 de similar mes y año. De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, que señaló que los funcionarios públicos que prestan servicios de forma eventual -partida 121-, gozan de estabilidad laboral; debido a que, el derecho al trabajo y por ende la remuneración por sus servicios, se encuentran directamente vinculados con la dignidad humana y se constituye el soporte fundamental para la supervivencia de su vida material y espiritual; por tal motivo, las notas de resolución de sus contratos vulneraron su derecho a la estabilidad laboral. Afirmaron que la entidad demandada, al aplicar la cláusula decimaquinta, como forma de resolución de contrato, vulneró nuevamente su derecho al trabajo y a la estabilidad laboral; pues, por más que se firmó el contrato de trabajo, la misma no puede aplicarse por determinación del art. 48.III de la CPE. Las notas de resolución de contrato CAR/DGE-UNRHH 136/2023, 135/2023 y 133/2023 de 21 de marzo, sólo aplicaron la cláusula quinta, sin darles el derecho a la defensa y al debido proceso porque las causales establecidas en esta cláusula, no señalan cuál sería el motivo de desvinculación laboral, situación que lesionó sus derechos al debido proceso.
Denunciaron la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y al debido proceso; citando al efecto los arts. 46. I, 48. I y II, 49.III y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto las notas de resolución de contrato CAR/DGE-UNRHH 136/2023, 135/2023 y 133/2023 de 21 de marzo; y, b) Se ordene a que realicen el pago de sueldos devengados y otros derechos laborales hasta el 30 de junio de 2023, fecha de culminación de sus contratos; con costas procesales e indemnización de daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia pública el 2 de agosto de 2023, según consta en acta cursante de fs. 81 a 82 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, a través de su representante, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola manifestó que: 1) Las SCP 342/2021, 1711/2022 y 66/2022, citadas por el representante de la entidad demandada no se subsumen fácticamente al caso concreto; por lo que, tales entendimientos jurisprudenciales no resultan aplicables, ya que éstos se refieren a otro tipo de casos; y, 2) La cláusula tercera de los contratos, en su inc. a), establece que tiene como marco legal a la CPE; lo que se debió aplicar es el art. 410 en colación al 203 de la CPE; en virtud de ello, se invocó a la SCP 342/2021-S4 de 26 de julio, que habla específicamente de la partida 121 y de los contratos eventuales, que en su parágrafo III estableció que, si bien es cierto que los contratos administrativos de prestación de servicios no están dentro de la regulación del sistema laboral y tampoco del funcionario público, no se puede desconocer los derechos laborales reconocidos en la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales; instrumentos en los que se estableció que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y las cláusulas arbitrarias y discrecionales se dejan sin efecto.
Elmer Pozo Oliva, Director General Ejecutivo de NAABOL, a través de su representante, presentó informe escrito de 1 de agosto de 2023, cursante de fs. 74 a 80; por el cual, solicitó se deniegue la tutela, bajo los siguientes argumentos: i) La SCP 342/2021 de 26 de julio, al referirse sobre el contenido de los contratos, afirma que los accionantes no son funcionarios de carrera ni aspirantes a la misma, sino, que su relación contractual es de carácter eventual, por tanto sus derechos y obligaciones se encuentran regidas por el contrato; ii) Los contratos suscritos tienen el siguiente plazo fijo eventual, Adriana Dayana Mamani Ramírez, del 2 de junio al 30 de junio de 2023; Diego Isrrael Cabrera Cabrera, del 1 de enero al 30 de junio de 2023; y, Grover Andrés Monzón Cruz, del 2 de junio al 30 de junio de 2023; iii) La cláusula 15.5 de los contratos suscritos, establece que el mismo concluirá por determinación de la entidad; en ese sentido, los contratos NAABOL-DNJ-2149/2022, 2154/2022 y 2131/2022, fueron resueltos bajo esta causal, que fue aceptada por los accionantes al momento de suscribirlos; lo cual, significa que dichas resoluciones se adecuaron en derecho al marco de sus contratos administrativos eventuales; por lo que, no corresponde el pago de sueldos devengados y otros derechos hasta la fecha de su efectiva reincorporación; y, iv) La terminación contractual de los impetrantes de tutela, se efectuó en el marco del instrumento normativo que regula la relación contractual; es decir, por un acuerdo arribado en los contratos y estos no constituyen actos que vulneren directamente sus derechos y garantías constitucionales.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Resolución 63/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 83 a 88 vta., denegó la tutela solicitada, determinación que se dio con base en los siguientes fundamentos: a) Ambas partes acreditaron los contratos a los cuales se hizo referencia, si bien es cierto que en la cláusula tercera se puntualiza el marco legal; también, resultan ser evidentes las notificaciones de la resolución de contrato de 21 de marzo de 2023; b) No se puede incluir ninguna cláusula que implique renuncia a un derecho fundamental del trabajador, pero se advierte que la voluntad de contratar es libre y constituye una potestad de cada quien al momento de suscribir un contrato de prestación de servicios con una entidad pública; en ese contexto, no se puede aducir que la cláusula decimaquinta del contrato suscrito sea vulneradora de derechos porque se refiere a la extinción del vínculo contractual; la cláusula 15.5 de modo alguno, no vulnera el derecho del trabajador, ya que desde un comienzo tenía pleno conocimiento que su contrato era de naturaleza eventual y que este podía extinguirse; la disolución de una relación contractual específicamente determinada en el contrato, no resulta vulneradora de derechos fundamentales; c) Aquí está la facultad de la entidad pública demandada, mediante el acuerdo con el trabajador, que fijaron en la cláusula decimaquinta una forma de extinción del contrato y señala precisamente por determinación de la entidad, ya que puede finalmente prescindir de los servicios de una persona cuyo servicio será eventual, en las circunstancias que anota el instrumento voluntariamente aceptado, sin que sea arbitraria ni vulneradora de derecho alguno; y, d) Finalmente, se concluye que tampoco se vulneró el derecho al debido proceso de los impetrantes de tutela, porque no hubo proceso alguno, dadas las circunstancias anotadas no correspondía ni era factible.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa contrato administrativo de personal eventual NAABOL-DNJ-2131/2022 de 30 de diciembre; en el cual, la NAABOL contrató a Grover Andrés Monzón Cruz en el cargo bombero, a partir de 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023 (fs. 1 a 2 vta.) II.2. Consta contrato administrativo de personal eventual NAABOL-DNJ-2149/2022 de 30 de diciembre; por el cual, la NAABOL contrató a Adriana Dayana Mamani Ramírez en el cargo oficial de seguridad (AVSEC), a partir de 2 de enero hasta el 30 de junio de 2023 (fs. 3 a 4 vta.) II.3. Se tiene contrato administrativo de personal eventual NAABOL-DNJ-2154/2022 de 30 de diciembre; mediante el cual, la NAABOL contrató a Diego Isrrael Cabrera Cabrera en el cargo bombero, a partir de 2 de enero hasta el 30 de junio de 2023 (fs. 5 a 6 vta.). II.4. A través de nota CAR/DGE-UNRHH 135/2023 de 21 de marzo, Elmer Pozo Oliva, Director General Ejecutivo de la NAABOL, notificó a Grover Andrés Monzon Cruz con la resolución de contrato, en aplicación a la cláusula decimaquinta núm. 15.5, señalando como último día de trabajo el 22 del indicado mes y año (fs. 7). II.5. Mediante nota CAR/DGE-UNRHH 133/2023 de 21 de marzo, el referido director notificó a Diego Isrrael Cabrera Cabrera con la resolución de contrato, en aplicación a la cláusula decimaquinta núm. 15.5, señalando como último día de trabajo el 22 del citado mes y año. (fs. 8). II.6. Por nota CAR/DGE-UNRHH 136/2023 de 21 de marzo, el prenombrado director notificó a Adriana Dayana Mamani con la resolución de contrato, en aplicación a la cláusula decimaquinta núm. 15.5, señalando como último día de trabajo el 22 del indicado mes y año (fs. 9).
Los accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos al trabajo, estabilidad laboral y debido proceso; debido a que, estos fueron contratados por la NAABOL de manera eventual, para desempeñar funciones desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023; sin embargo, el 21 de marzo del mismo año, todos sus contratos fueron resueltos de manera injustificada e intempestiva por la autoridad demandada, sin que exista causal alguna, a través de resolución de sus contratos, por determinación unilateral y arbitraria de la entidad, sin darles el acceso al derecho a la defensa y al debido proceso; por lo que, los impetrantes de tutela solicitaron se deje sin efecto las notas de resolución de contrato CAR/DGE-UNRHH 136/2023, 135/2023 y 133/2023 de 21 de marzo y se ordene el pago de sueldos devengados y otros derechos laborales hasta el 30 de junio de 2023, fecha de culminación de sus contratos; y sea, con costas procesales e indemnización de daños y perjuicios.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto la SCP 0525/2025-S4 de 19 de mayo, desarrolló el siguiente fundamento: El art. 129.I de la CPE, dispone que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”; concordante con tal dispositivo constitucional, el art. 54.I del CPCo, estatuye que: “La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo”.
Los citados dispositivos normativos establecen el principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional, cuyo incumplimiento constituye causal de improcedencia reglada; sin embargo, como toda regla tiene su excepción, el art. 54.II del CPCo, ha establecido como excepción del citado principio, dos supuestos: El primero, cuando la protección pueda resultar tardía; y, el segundo, cuando exista inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela.
La SC 1770/2011-R de 7 de noviembre, refiriéndose al carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional y su excepción, precisó que: “Si bien el amparo constitucional es una vía tutelar de carácter subsidiario, por lo que sólo se activa cuando el accionante agotó las vías legales previstas para el reclamo de sus derechos que consideran vulnerados, sin embargo, conforme este Tribunal ha establecido en su uniforme jurisprudencia, es posible aplicar la excepción a la regla de la subsidiaridad en situaciones en las que los hechos ilegales o indebidos denunciados en una acción de amparo podrían producir efectos irreparables o irremediables de manera que, a pesar de existir vías legales ordinarias para que los accionantes puedan lograr la restitución de sus derechos fundamentales amenazados, restringidos o suprimidos es posible activar inmediatamente esta vía tutelar para que, compulsando los antecedentes y verificando que los hechos ilegales o indebidos denunciados, lesionaron los derechos fundamentales y los efectos de dichos actos podrían ser irreparables o irremediables, se otorgue una tutela provisional o directa, sin exigir el agotamiento de la vía ordinaria de reclamo. En ese sentido, a través de la SC 1743/2003-R de 1 de diciembre, ha establecido las subreglas que permiten determinar de manera objetiva el peligro del perjuicio irreparable o irremediable, al señalar que: 'Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta la presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura, como la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de aliviar la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medida cautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados. Con respecto al término 'amenaza' es conveniente manifestar que no se trata de la simple posibilidad de lesión, sino de la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de manera injustificada. La amenaza requiere un mínimo de evidencia fáctica, de suerte que sea razonable pensar en la realización del daño o menoscabo material o moral’.
De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que hay ocasiones en que de continuar las circunstancias de hecho en que se encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un bien jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo transitorio”.
En ese mismo sentido se razonó la SC 0428/2010-R de 28 de junio, cundo señaló que: “En efecto, aplicando el criterio de interpretación referente a la 'concordancia práctica', en un Estado Social y Democrático de Derecho, cuando existe el riesgo de ocasionarse con un acto u omisión indebida un daño tan grave que sea irreparable por equivalencia, frente al cumplimiento de formalidades, debe preferirse la tutela inmediata de bienes jurídicos en grave riesgo de afectación, porque de no resguardarse inmediatamente los derechos, se estaría convalidando o consintiendo situaciones irreversibles que atentarían los cimientos propios del Estado Social y Democrático de Derecho. En este contexto, la irreparabilidad significa que el daño que sea ocasionado por no haberse prestado una tutela constitucional pronta y oportuna, por la naturaleza del bien jurídico afectado, no podría ser restituido ni reparado por ningún medio”.
Aplicando las indicadas reglas de excepción al principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional, la SCP 0763/2019-S2 de 4 de septiembre, razonó que, en los casos relacionados con el derecho al salario justo como complemento inseparable del derecho al trabajo, opera la excepción a la subsidiariedad porque el incumplimiento a la justa remuneración deriva de una decisión unilateral, una medida de hecho asumida por la parte patronal, prescindiendo de todo procedimiento interno, administrativo o judicial para privar al trabajador de la contraprestación comprometida en la celebración del contrato laboral y que no fue honrada oportunamente. De esa manera aplicó la excepción a la subsidiariedad cuando se está frente a un reclamo de pago de salarios, precisando que no es imprescindible que la persona afectada interponga los recursos previstos en sede administrativa ante la negativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, de considerar el reclamo y salvar los derechos reclamados a la jurisdicción laboral.
Similar razonamiento fue expresado en la SCP 0209/2018-S2 de 22 de mayo, al haberse aplicado la excepción a la subsidiariedad porque la acción de tutela constitucional se encontraba relacionada con derechos laborales que inicialmente fueron reclamados ante las dependencias del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que concluyó que no tenía competencia para resolver asuntos emergentes de la relación laboral, precisando al respecto que dicho mecanismo se torna: “…inadecuado para la protección de sus derechos fundamentales (…), por consiguiente conforme lo desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional -SC 0651/2003-R de 13 de mayo-, se tiene que si el medio ordinario o mecanismo de protección de los derechos resulta inidóneo o se constituye en un obstáculo; la justicia constitucional, se abre inmediatamente a fin de brindar la tutela en consideración al principio de favorabilidad y las implicancias que importa el derecho al trabajo, siendo en el presente caso, la protección de los derechos sociales y laborales, como es la determinación de transferencia horizontal del accionante, por cuanto no es aplicable el principio de subsidiariedad”.
Razonamiento que también fue expresado en la SC 0651/2003-R de 13 de mayo, al señalar que: “…el principio de subsidiariedad que el orden constitucional informa al recurso de amparo constitucional, cede al principio de inmediata en los supuestos en que no existen otros medios o recursos idóneos o eficaces para la protección de los derechos o garantías invocados como restringidos, suprimidos o amenazados; esto determina que, en los casos en que el agotamiento de las vías ordinarias existentes se constituya en un obstáculo formal para acceder a la protección con la inmediata que el caso singular exige, en razón a que la apertura posterior de la tutela resultaría irreparable por tardía; atendiendo al fin de protección de la norma ya la eficacia que reclama todo derecho o garantía fundamental;
De manera, en tratándose de los derechos al trabajo, estabilidad laboral y salario, al constituirse en derechos cuya lesión conlleva la vulneración de otros derechos primordiales de la persona y el grupo familiar que depende de él, como ser el derecho a la vida y su subsistencia misma, en consecuencia, corresponde prescindir del principio de subsidiariedad, para que sea la justicia constitucional la que analice el fondo del problema planteado, y con ello, otorgue una tutela directa o provisoria.
La Norma Suprema reconoce a la estabilidad laboral como un derecho fundamental de toda persona, cuando en su art. 46.I, dispone lo siguiente: “Toda persona tiene derecho: 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias”; así también, le otorga la categoría de principio de protección de las trabajadoras y trabajadores, cuando el art. 48.II, establece que: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”.
La jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, con relación al principio de estabilidad laboral, ha señalado lo siguiente: “El principio de la estabilidad laboral denominado también como principio de la continuidad de la relación laboral, que manifiesta el derecho que tiene el trabajador de conservar su empleo durante su vida laboral, salvo que existan causas legales que justifiquen el despido.
Constituyen causas legales que justifican el despido según nuestra legislación vigente, las establecidas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo y el art. 9 de su Decreto Reglamentario (DR). Este principio encuentra su fundamento en que la estabilidad de la relación laboral da seguridad y confianza al trabajador al permitirle continuar con su trabajo que le genera un salario para la satisfacción de sus necesidades familiares, al mismo tiempo beneficia a la parte empleadora porque contribuye al mayor rendimiento del trabajador como resultado de su experiencia laboral. Finalmente beneficia a la sociedad mejorando el bienestar social, ya que la inestabilidad en el trabajo crea problemas sociales colaterales como la desocupación, pobreza, delincuencia y otros.
Este principio expresa la necesidad social de atribuirle una larga duración a las relaciones de trabajo y de proteger al trabajador contra el despido arbitrario e injustificado por parte del empleador, protege uno de los derechos fundamentales del trabajador cual es el derecho al trabajo, que precisamente es atacado por el fenómeno de la globalización ya que los empleadores exigen el libre despido para hacer frente a las fluctuaciones del mercado (Quintanilla Calvimontes Gonzalo, Pizarro Patricia, Quintanilla Alejandra, Derecho Individual del Trabajo)” .
Si bien el razonamiento fue realizado en el marco de una relación laboral sujeta a la Ley General del Trabajo y su Reglamento; empero, bajo una interpretación sistemática de la Ley Fundamental, resulta plenamente aplicable también a los servidores públicos en general, por cuanto los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral resultan transversales a todo ámbito, sea este público o privado; pues, ambos son derechos fundamentales cuya regulación se encuentra ubicada en la parte dogmática de la Norma Suprema; de manera que, no es posible su abstracción para quienes no se encuentren dentro del ámbito de protección de la normativa laboral; sin embargo, el análisis correspondiente debe ser realizado en el marco de la normativa propia que regula cada sector.
En cuanto se refiere al ámbito público, el art. 5 del EFP clasifica a los servidores públicos en: Electos, designados, de libre nombramiento, de carrera e interinos; a los cuales debe agregarse la condición de funcionario provisorio, prevista en el art. 71 del mismo cuerpo normativo citado; los mismos que prestan sus servicios en la administración pública bajo un ítem asignado por la entidad correspondiente; sin embargo, también es un hecho que la administración pública suscribe contratos eventuales para la prestación de servicios específicos y propios de la entidad, sea a través de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NBSAP) o las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NBSABS).
Así, el art. 6 del EFP, refiriéndose a “Otras personas que prestan servicios al Estado”, en el marco de las NBSABS, dispone que: “No están sometidos al presente Estatuto ni a la Ley General del Trabajo, aquellas personas que, con carácter eventual o para la prestación de servicios específicos o especializados, se vinculen contractualmente con una entidad pública, estando sus derechos y obligaciones regulados en el respectivo contrato y ordenamiento legal aplicable y cuyos procedimientos, requisitos, condiciones y formas de contratación se regulan por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios”. Texto normativo idéntico al comprendido en el art. 60 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal – aprobado por DS 26115 de 16 de marzo de 2001–, con el agregado que: “El personal eventual contratado para programas y proyectos, está exceptuado del alcance del presente artículo”.
De otro lado, el art. 18.2 inc. e).5 de las NBSAP, refiriéndose al nombramiento como parte de la etapa de selección de personal, dispone que: “Para el caso de personal eventual, la relación de trabajo se establecerá mediante el respectivo contrato, suscrito entre la entidad y el servidor público contratado”, precisando dicha normativa en su art. 32.n, a la “rescisión” del contrato de trabajo del personal eventual como una causal de retiro del servidor público de la entidad correspondiente.
En ese mismo sentido, las normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, en su art. 65 inc. c) se refiere a la resolución de contrato, precisando que la contratación por excepción, procede, única y exclusivamente, entre otros casos, ante la resolución de contrato por las causales establecidas en el mismo; y coherente con ello, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aprueba los Documentos Base de Contratación, y con ello, el modelo de contrato para licitaciones públicas, incorporando en su contenido, causales específicas que pueden ser aplicadas en caso de terminación del contrato de forma extraordinaria, sea a requerimiento de la entidad o a requerimiento del contratista.
Retornando a las Normas Básicas de Sistema de Administración de Personal, si bien estas disponen que la relación de trabajo se establece mediante el respectivo contrato, precisando la “rescisión” del contrato como una causal de retiro del servidor público, la aplicación de tal regla, en cuanto concierne específicamente a la “rescisión” del contrato, no está sujeta al libre arbitrio de la entidad, sino a causales específicas que deben encontrarse expresamente establecidas en el mismo documento, como el interés público, caso fortuito o fuerza mayor, incumplimiento del contratista o incumplimiento de la administración, entre otras; de modo que las partes suscribientes conozcan los motivos que pueden dar lugar a la rescisión del contrato y las eviten si está en sus manos.
En ese sentido, cuando la Norma Básica del Sistema de Administración de Personal se refiere a la “rescisión” del contrato de trabajo del personal eventual como causal de retiro del servidor público de la entidad, la misma debe entenderse que es de manera causal; es decir, para aplicar la indicada figura, el contrato debe prever causas específicas de rescisión; ello tomando en cuenta que al estar involucrado el derecho al trabajo y su correspondiente remuneración del servidor público contratado por esta vía, su aplicación debe estar sujeta a los arts. 46.I y II de la CPE, 23.1 de la DUDH y 6.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el entendido que toda persona tiene derecho al trabajo digno libremente escogido y aceptado, que le asegure para sí y su familia una existencia digna, a una fuente laboral estable y a la protección contra el desempleo, conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, vinculados con el principio de razonabilidad, de modo que la decisión sea razonable y justificada, y no lesione derechos y garantías constitucionales.
Un razonamiento contrario en el que se concluya que, en aplicación de la facultad de la administración pública de rescindir un contrato de trabajo con un servidor público eventual, de manera unilateral y sin mediar causa justificada y razonable al respecto, sería contrapuesta al derecho fundamental de estabilidad laboral, por el tiempo que dure el contratado, así como el deber del Estado de proteger del desempleo al servidor público contratado eventualmente; pues se entiende que la contratación fue realizada en el marco del subsistema de dotación de personal de las NBSAP; es decir, siguiendo los procesos de clasificación, valoración y remuneración de puestos, cuantificación de la demanda de personal, análisis de la oferta interna de personal, formulación del plan de personal, y reclutamiento y selección de personal; entre otros; de manera que, la persona contratada tenga certeza respecto al tiempo de duración de su contrato, consiguientemente, de los ingresos que percibirá por los servicios prestados, salvo causa justificada y razonable que amerite la rescisión del contrato.
En ese sentido, la rescisión del contrato de trabajo del personal eventual contratado en el marco de las NBSAP, como causal de retiro del servidor público, debe ser ejercida por la entidad pública correspondiente en el marco de las causales específicas establecidas en el contrato y atendiendo al principio de razonabilidad y los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, de modo que la decisión al respecto se encuentre debidamente justificada.
Los accionantes alegan la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y al debido proceso; debido a que, fueron contratados hasta el 30 de junio de 2023; sin embargo, el 21 de marzo del mismo año, sus contratos fueron resueltos de manera injustificada e intempestiva por la entidad demandada, por determinación unilateral de la misma; sin darles el derecho a la defensa y al debido proceso.
Con carácter previo, resulta necesario señalar que el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, estableció que la acción de amparo constitucional por su naturaleza, está revestida del principio de subsidiariedad pero que, existen excepciones que se dan en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución, como en el presente caso; pues, los impetrantes de tutela, denunciaron la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad, al haber sido ilegal y arbitrariamente despedidos sin causa justificada; consecuentemente, se configura la excepción a dicho principio dada la naturaleza de los derechos invocados como de la cuestión planteada y la necesidad de una protección inmediata, porque de estos derechos depende su subsistencia misma y de su entorno familiar. En ese marco, de acuerdo a los antecedentes contenidos en el expediente, se corrobora que, la NAABOL a través de los contratos administrativos de personal eventual NAABOL-DNJ-2131/2022 de 30 de diciembre, contrató a Grover Andrés Monzón Cruz en el cargo bombero, a partir de 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023; mediante contrato administrativo de personal eventual NAABOL-DNJ-2149/2022 de 30 de diciembre, contrató a Adriana Dayana Mamani Ramírez en el cargo oficial de seguridad (AVSEC), a partir de 2 de enero hasta el 30 de junio de 2023; y, por contrato administrativo de personal eventual NAABOL-DNJ-2154/2022 de 30 de diciembre, contrató a Diego Israel Cabrera Cabrera en el cargo bombero, a partir de 2 de enero hasta el 30 de junio de 2023 (Conclusiones II.1, 2 y 3).
Ahora bien, se evidencia que el demandado, en plena vigencia de los contratos estipulados en el párrafo anterior, a través de notas CAR/DGE-UNRHH 133/2023, 135/2023, y 136/2023, todas de 21 de marzo, notificó a los accionantes con la resolución del contrato, en aplicación a la cláusula decimaquinta núm. 15.5, señalando como último día de trabajo el 22 del indicado mes y año (Conclusiones II.4, 5 y 6). Bajo estos antecedentes, de acuerdo al problema jurídico material identificado, corresponde dilucidar si la resolución del contrato de los accionantes por parte del demandado, antes del vencimiento del plazo pactado, vulneró o no los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y al debido proceso alegados. En ese sentido, de acuerdo al entendimiento asumido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, el Estado tiene que adoptar las medidas necesarias para garantizar la efectividad del derecho a la estabilidad laboral en todas sus formas, observando el principio de progresividad, conforme a las normas del bloque de constitucionalidad; de ahí resulta que, durante la vigencia del contrato de trabajo temporal el trabajador no puede ser desvinculado a menos que incurra en alguna de las causales previstas en el contrato; de lo contrario, la extinción de la relación laboral dispuesta por el empleador resultaría arbitraria y vulneraría el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral. Resulta necesario resaltar que, la administración en aplicación de la facultad de rescindir un contrato de trabajo con un servidor público eventual, de manera unilateral y sin mediar causa justificada y razonable al respecto, representa una actitud contrapuesta al derecho fundamental de estabilidad laboral, por el tiempo que dure el contrato, así como el deber del Estado de proteger del desempleo al servidor público contratado eventualmente; debido a que, se entiende que la contratación fue realizada en el marco del subsistema de dotación de personal de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NBSAP); ósea, siguiendo los procesos de clasificación, valoración y remuneración de puestos, cuantificación de la demanda de personal, análisis de la oferta interna de personal, formulación del plan de personal, y reclutamiento y selección de personal; entre otros; de tal manera que, la persona contratada tenga certeza respecto al tiempo de duración de su contrato; consiguientemente, de los ingresos que percibirá por los servicios prestados, salvo causa justificada y razonable que amerite la rescisión del contrato. De obrados, se evidencia que NAABOL vulneró los derechos al trabajo y estabilidad laboral de los accionantes, porque a pesar que estos tenían contratos suscritos y aceptados con plazo de vigencia hasta el 30 de junio de 2023, el demandado, el 21 de marzo del mismo año les notificó con la resolución de sus contratos, sin especificar el motivo de tal decisión, mencionando solo la cláusula decimaquinta del contrato 15.5, “Por determinación de la entidad”, omitiendo precisar causal alguna razonable al respecto. Sobre este particular, si bien esta cláusula establece la causal de extinción del vínculo contractual, “por determinación de la entidad”; es decir, a pesar de acordar a momento de la suscripción del contrato a plazo fijo, en el que se precisó la fecha de su finalización y considerarse facultado para resolverlo de manera unilateral, mediante la resolución anticipada, constituye en un razonamiento contrario a los postulados de la Norma Suprema; pues, no obstante, a que en esta causal se estipuló la eventualidad de poder resolver el contrato por simple determinación del empleador sin que medie razón o causa justificada, esta resulta arbitraria y discrecional. En efecto, la decisión cuestionada, restringe los derechos de los accionantes, al no contar con estabilidad laboral, quienes, en conocimiento de una fecha cierta de su desvinculación, adquirieron la certeza de los medios de subsistencia para ellos y su familia, entre otros bienes jurídicos protegidos que no pueden ser restringidos sino por una causa razonable. Por consiguiente, lo pactado en los contratos referidos, no significa la renuncia a los derechos que reconoce la Norma Suprema al trabajador; debido a que, es imperativo constitucional la protección al trabajo en todas sus formas. En ese marco, la causal de desvinculación prevista en la cláusula decimaquinta núm. 15.5 de los contratos, debe ser aplicada en el marco de protección que determinan los arts. 46.I y II de la CPE, 23.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y 6.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; debido a que, toda persona tiene derecho a un trabajo estable sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. Con relación a lo referido en el párrafo anterior, resulta adecuado traer a colación lo razonado por este Tribunal en la SCP 0525/2025-S4 de 19 de mayo, que, en un caso análogo al presente, determinó:
“…incausal; debido a que, la decisión de la entidad no constituye una causal de resolución, sino una decisión unilateral que, al no estar justificada, se considera arbitraria…”; fallo constitucional que además estableció que: “…la rescisión o resolución, considerando sus diferencias, del contrato de trabajo del personal eventual contratado en el marco de las NBSAP, como causal de retiro del servidor público, debió ser ejercida por la entidad pública correspondiente en el marco del principio de razonabilidad y los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral…”; por lo que, en concurrencia con dicho entendimiento, amerita acoger la pretensión deducida por los impetrantes de tutela. En ese margen, también se debe resaltar que la estabilidad laboral como garantía a favor -en este caso- de los contratados y obligación estatal impele el respeto de la vigencia de la relación contractual en tanto y en cuanto no concurran causales para su resolución; es decir, se debe respetar la vigencia de lo pactado, dotando de seguridad jurídica a las partes; certeza necesaria, de la que no están exentas las contrataciones para prestación de servicios en el ámbito estatal, cuya finalización además debe estar revestida del cumplimiento del debido proceso, respetando en todo momento la facultad de representación y ejercicio del derecho a la defensa en el marco de la referida garantía constitucional; y si bien, la administración pública puede regular sus formas de contratación a partir de la estipulación de cláusulas denominadas “exorbitantes”, estas no pueden ser óbice o representar una forma de desconocimiento de los postulados constitucionales, en virtud de lo establecido en el art. 48.III de la CPE, que literalmente declara nula toda convención o pacto contrario o que tienda a burlar los efectos de los derechos y beneficios laborales. En conclusión, la decisión de resolución de contrato adoptada mediante notas CAR/DGE-UNRHH 133/2023, 135/2023, y 136/2023, todas de 21 de marzo, carecen de reconocimiento constitucional al constituir una decisión irrazonable y arbitraria, que lesionó los derechos al trabajo, estabilidad laboral y debido proceso de los accionantes; lo cual, afectó los demás derechos alegados como lesionados; en cuyo mérito, corresponde conceder la tutela pretendida al haberse advertido la vulneración denunciada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 63/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 83 a 88 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2° Disponer que, la Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos -NAABOL- cancele los salarios devengados a los accionantes por el tiempo que estuvieron desvinculados, sea hasta la fecha de la conclusión efectiva de los contratos NAABOL-DNJ-2131/2022, 2149/2022 y 2154/2022, todos de 30 de diciembre. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0442_2026-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4259c6747833a705eb5e845ecdb98cacd6c4a4844e1748f89f67a996ebc725fc
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