B.IA.LEGAL

SCP 0442/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 27 de mayo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
27 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
52231-2022-105-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos a la debida motivación, fundamentación y a la defensa; toda vez que, la Vocal demandada, a través del Auto de Vista 369/2022 de 22 de agosto, dispuso confirmar el Auto Interlocutorio 06/22 de 6 de julio de 2022, en el que no efectuó ninguna motivación ni fundamentación; por lo que, solicita se disponga dejar sin efecto el Auto de Vista confutado, ordenando la emisión de una nueva resolución, y se establezca la procedencia o no de la cesación a la detención preventiva de conformidad con el art. 239. 2 CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/2022 de 6 de octubre, cursante de fs. 28 a 30 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal
  3. III.3. Sobre la inaplicación de la causal prevista en el art. 239. 2 del Código de Procedimiento Penal en la etapa del juicio y recursos
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0442/2025-S3 Sucre, 27 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52231-2022-105-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 18/2022 de 6 de octubre, cursante de fs. 28 a 30 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wilfor Alex Callahuara Calahuana en representación sin mandato de Juan José Camacho García contra Gladys Alba Franco, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de octubre de 2022, cursante de fs. 14 a 20, el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas; mediante Auto Interlocutorio 97/2022 de 3 de abril de 2022, se ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el lapso de cuarenta días, señalándose audiencia de consideración de su situación jurídica para el 13 de mayo del referido año. El 6 de julio de 2022 se realizó la audiencia de cesación a la detención preventiva debido al vencimiento del plazo de la medida extrema, la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del Departamento de Santa Cruz, rechazó la solicitud al considerar que no se presentó documentación suficiente para desvirtuar los riesgos procesales que originaron su detención; posteriormente, se solicitó la complementación y enmienda de la Resolución, alegando que la audiencia había sido solicitada bajo el amparo del art. 239 núm.2 del CPP y no bajo el núm.1 del referido artículo y Código Adjetivo; sin embargo, en el fondo, la autoridad judicial desestimó dichos argumentos. Ante el Auto Interlocutorio 06/2022 de 6 de julio que vulneró el derecho al debido proceso, interpuso recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del CPP; dicho recurso fue radicado en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y resuelto por la Vocal Gladys Alba Franco -ahora demandada-, mediante Auto de Vista 369 de 22 de agosto de 2022, que lo declaró admisible e improcedente, confirmando el Auto Interlocutorio 06/22 de 6 de julio de 2022, porque a criterio de dicha autoridad, en etapa de juicio era obligación del accionante desvirtuar los riesgos procesales mediante documentación idónea y pertinente, con el fin de demostrar que no persistían los motivos que fundamentaron su detención preventiva o acreditar que su situación jurídica hubiese mejorado. El Auto de Vista confutado no estuvo motivado ni fundamentado, porque no explicó de manera clara y concisa que el art. 239. 2 del CPP establecía la cesación de la detención preventiva por el cumplimiento del plazo, siendo este el único requisito exigido; en lugar de ello, se basó únicamente en que, al encontrarse el proceso penal en fase de juicio oral, debían enervarse los riesgos procesales de fuga y obstaculización, olvidando que las medidas cautelares tenían como características esenciales la temporalidad y la variabilidad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos a la debida motivación, fundamentación y a la defensa, citando al efecto los arts. 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); XVIII de la Declaración de América de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8.1, 8.2 h) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 369/2022 de 22 de agosto, que declaró la improcedencia de su apelación incidental y se confirmó el Auto Interlocutorio 06/2022 de 6 de julio; y, b) Se disponga la emisión de un nuevo Auto de Vista y se establezca la procedencia o no de la cesación a la detención preventiva de conformidad con el art. 239. 2 CPP.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 6 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 26 a 27 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola señaló que: 1) Dado que la autoridad accionada no presentó informe verbal ni escrito y tampoco asistió a la audiencia tutelar, se considere la presunción de veracidad; 2) Se interpuso acción de libertad por la violación del debido proceso que derivó en la restricción del derecho a la libertad; tras una audiencia de medidas cautelares, se ordenó su detención preventiva; luego, solicitó su cesación a la medida extrema conforme al art. 239.2 del CPP; 3) La Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Oruro denegó la petición, sosteniendo que en juicio oral no procedía la cesación a la detención preventiva sin enervar los riesgos procesales, frente a esa determinación se interpuso apelación incidental; 4) La Vocal demandada confirmó el criterio con base en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0685/2021-S4 de 12 de octubre y 0773/2021-S3 de 15 de octubre, que establecen que en la etapa de juicio oral no procedería la cesación a la detención conforme al art. 239.2 del CPP y que para acceder al mismo se tendría que enervar los riesgos procesales que determinaron la procedencia de la medida extrema; 5) Alegó que las medidas cautelares son temporales y variables, y que mantener la detención sin acreditar los riesgos procesales vulneró los derechos al debido proceso y a la libertad; y, 6) El Ministerio Público no solicitó la ampliación de la detención preventiva y, cumplidos los cuarenta días, correspondía ordenar su libertad; por lo que, pidió se conceda la tutela, se ordene se dicte un Auto de Vista motivado y fundamentado sobre la procedencia de la cesación conforme al art. 233. 2 del CPP.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Gladys Alba Franco, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 22.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 18/2022 de 6 de octubre, cursante de fs. 28 a 30 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Refirió que la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva, así como la autoridad de alzada, están obligados a emitir una decisión fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida extrema; en consecuencia, la exigencia de fundamentación no sólo correspondía al momento de disponer la detención preventiva, sino también al rechazar la cesación, al determinar su sustitución o modificación; ii) Del análisis del Auto de Vista confutado se estableció que el recurso de apelación denunció como agravio la manifestación arbitraria de la improcedencia de la cesación a la detención preventiva al amparo del art. 239. 2 del CPP en la etapa de juicio oral; sin embargo, la autoridad accionada motivó y fundamentó que el juez o tribunal de sentencia no tenía facultad para resolver de oficio la situación jurídica del detenido, aun cuando el plazo hubiera vencido, pues ya se habían establecido la concurrencia de riesgos procesales y corresponde a la parte solicitante desvirtuar los mismos que motivaron tal decisión, acompañando elementos que demuestren aquello; y, iii) Se estableció que la Autoridad demandada justificó su decisión con razonamientos claros y fundamentados, considerando subsistentes los riesgos procesales y rechazando la cesación de la medida extrema, ajustó su actuación a los aspectos apelados y explicó la razonabilidad de su decisión, sin incurrir en omisiones valorativas; en consecuencia, se advirtió que el Auto de Vista cuestionado contenía una fundamentación suficiente, motivada y razonable, enmarcada en la sana crítica, sin que existiera vulneración al derecho al debido proceso.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas; mediante Auto Interlocutorio 97/2022 de 3 de abril, se determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el lapso de cuarenta días, al considerar la existencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.1, 2 y 7; y 235.2 del CPP; señalándose audiencia de verificación de situación jurídica el 13 de mayo de 2022 (fs. 3 a 6). II.2. Mediante Auto de Vista 369/2022 de 22 de agosto, Gladys Alba Franco, Vocal de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dispuso la admisibilidad del recurso de apelación incidental interpuesta declarando la improcedencia de las cuestiones planteadas, y en el fondo, confirmó el Auto Interlocutorio 06/22 de 6 de julio de 2022 (fs. 9 a 10 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos a la debida motivación, fundamentación y a la defensa; toda vez que, la Vocal demandada, a través del Auto de Vista 369/2022 de 22 de agosto, dispuso confirmar el Auto Interlocutorio 06/22 de 6 de julio de 2022, en el que no efectuó ninguna motivación ni fundamentación; por lo que, solicita se disponga dejar sin efecto el Auto de Vista confutado, ordenando la emisión de una nueva resolución, y se establezca la procedencia o no de la cesación a la detención preventiva de conformidad con el art. 239. 2 CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como un derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en losarts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la CADH; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En el Fundamento Jurídico III.3, de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, como son:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…)

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…)

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.

como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, que se manifiesta: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto o parte resolutiva-; y, d.2) En su dimensión externa, que implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. Estos entendimientos fueron asumidos por las SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, entre otras.

III.2. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal

Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; asimismo, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en una resolución judicial que resolvió una medida cautelar en apelación, interpretó el art. 398 del mismo Código. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de la detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal;

es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida cautelar, a efectos que: i) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación de la detención preventiva, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, ii) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra.

En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas -jurisprudencia de la Corte IDH incorporada al bloque de constitucionalidad, a partir de la SC 0110/2010 de 10 de mayo-, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho.

Estos razonamientos fueron asumidos por las SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, entre otras. La sistematización precedentemente desarrollada fue realizada por la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0011/2018-S2 de 28 de febrero.

III.3. Sobre la inaplicación de la causal prevista en el art. 239. 2 del Código de Procedimiento Penal en la etapa del juicio y recursos

La Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, introdujo el numeral 2 al art. 239 del CPP, estableciendo como una de las causales de cesación de las medidas cautelares personales:

“Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención”. Posteriormente, Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022-, introdujo la siguiente excepción:

“No será aplicable el presente numeral en delitos de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño o adolescente”. Respecto a la cesación de la detención preventiva por el vencimiento del plazo al que se refiere el art. 233.3 del CPP, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la causal de cesación a la detención preventiva prevista en el art. 239.2 de la misma norma legal, es aplicable únicamente a la etapa preparatoria, dado que es en la misma en la que se desarrollan los actos investigativos a los que alude la primera norma legal citada, a tiempo de establecer los requisitos de procedencia de la aplicación de la medida cautelar; en cambio, cuando la causa se encuentra en etapa de juicio, no procede la cesación de la detención por el vencimiento del plazo de su aplicación previsto en el auto que dispuso la aplicación de dicha medida cautelar o en su caso de ampliación; en dicha etapa, la cesación de la detención preventiva procede si desaparecen los riesgos procesales que justificaron su aplicación. En este sentido, en la SCP 0585/2021-S1 de 25 de octubre, se señala:

«…así como de las causales de cesación a la detención preventiva prevista en art. 239 del CPP; y finalmente en consideración a que la razonabilidad de la 13Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o duración de la medida cautelar constituye un requisito de validez, es posible concluir que se establece que la exigencia de la fijación del plazo de la detención preventiva para el desarrollo de actividades investigativas, corresponde durante la etapa preparatoria, dado que es en esa fase donde se desarrolla la investigación a la que se alude; y que, por consiguiente la casual de cesación establecida tanto en el numeral 2 del precitado artículo, como en la Disposición Transitoria Decima Segunda de la Ley 1173, se refiere a esa fase del proceso, puesto que, respecto a las fases del juico y recurso -donde ya no se desarrolla actos investigativos- no es aplicable la fijación judicial del plazo de la detención preventiva ni dicha causal de cesación; puesto que, en lo que concierne a la razonabilidad; es decir, a la duración de la detención preventiva examinada cuando el caso se halla en fase del juicio o de los recursos, son aplicables las causales previstas en los numerales 3 y 4 del art. 239 del CPP.

Por supuesto, en los casos que corresponda, también son aplicables a las causales previstas en los numerales 1, 5 y 6, referidas al examen de los otros requisitos de validez de la restricción de la libertad personal por medio de la detención preventiva, cuya aplicación; sin embargo, es revisable de oficio conforme a lo dispuesto por el art. 250 del CPP. »

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante, denuncia que la Vocal demandada en el recurso de apelación incidental, mediante Auto de Vista 369/2022 de 22 de agosto, determinó confirmar el Auto Interlocutorio 06/22 de 6 de julio del mismo año, sobre la base de una indebida fundamentación y motivación; toda vez, no explica de forma clara y precisa sobre la procedencia de la cesación a la detención preventiva por el solo cumplimiento del plazo previsto en el art. 239.2 del CPP; por lo que, considera que la Resolución mencionada, vulneró sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes antes referidas.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en el fallo constitucional, dentro del proceso penal seguido contra el accionante, por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, mediante Auto Interlocutorio 97/2022 de 3 de abril, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, al considerar la existencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.1, sustancias controladas.

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.

La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.

Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.”

2 y 7; y, 235.2 del CPP; asimismo, se señaló audiencia de verificación de su situación jurídica para el 13 de mayo del mismo año (Conclusión II.1). Habiendo solicitado la cesación de la detención preventiva, el Juez de Sentencia Penal Décimo Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz denegó dicha solicitud, mediante Auto Interlocutorio 06/22 de 6 de junio de 2022; contra dicha determinación, el peticionante de tutela interpuso recurso de apelación; sin embargo, la autoridad demandada mediante Auto de Vista 369/2022 declaró inadmisible e improcedente el recurso formulado (Conclusión II.2). En el Auto impugnado, la Vocal demandada, analizó los agravios de apelación y confirmó la valoración de la Jueza de instancia; señaló que si bien la fundamentación del Auto Interlocutorio no fue extensa y no se presentó ninguna documentación que desvirtué los riesgos procesales latentes y que la cesación de la detención preventiva no procede automáticamente en la etapa de juicio oral, conforme a la SCP 0054/2022-S3 de 9 de marzo, corresponde al acusado enervar los riesgos procesales en esa fase, acotando que la parte solicitante en la etapa del juicio oral debe enervar los riesgos procesales, situación explicada por el Juez de instancia, inclusive cuando se solicitó complementación y enmienda; la autoridad demandada, haciendo referencia al argumento del apelante que ese aspecto no estuviera previsto en la norma adjetiva, hace alusión a las SCP 0685/2021-S4 de 12 de octubre y a la SCP 0773/2021-S3 de 15 de octubre, que señalan claramente que cuando se está en etapa del juicio, es obligación del acusado enervar los riesgos procesales con documentación idónea, permitente a fines de demostrar que no concurren los motivos que fundaron su decisión o establecer que su situación jurídica ha mejorado; en este caso, se observa que existía más de cuatro riesgos procesales que no habrían sido enervados, previstos en los arts. 234.1, 2 y 5; y, 235. 2, ambos del CPP; por consiguiente, este Tribunal advierte que el Juez de instancia explicó a la parte acusada los motivos por los cuales rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva, que se amparó en el art. 439. 2 del citado Código, explicando las razones de porque no podía aplicarse en la etapa del juicio (Conclusión II.2). De lo relacionado precedentemente, se advierte que si bien es cierto que la fundamentación y motivación de Resolución de alzada no es ampulosa; empero, es suficientemente clara al exponer las razones jurídicas y fácticas, en virtud de las cuales considera correcta la fundamentación del rechazo de la cesación a la detención preventiva por el vencimiento del plazo de su aplicación, efectuada por el juez de primera instancia, puesto que con base a la jurisprudencia constitucional citada en el fallo de segunda instancia, se explica que la causal de cesación de la detención preventiva por vencimiento del plazo de la detención preventiva o su ampliación, previsto en art. 239.

2 del CPP, no es aplicable cuando la causa se encuentra en la etapa del juicio; consiguientemente, no es evidente que la Vocal demandada no hubiese fundamentado y motivado debidamente las razones por las cuales no procede la cesación de la medida cautelar extrema por el solo vencimiento del plazo de su aplicación estando la causa ya en fase del juicio oral, lo cual resulta correcto, conforme establece la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en esa etapa ya no se desarrollan actos investigativos; y, por consiguiente para la cesación de la detención preventiva se requiere desvirtuar los riesgos procesales, que no ocurrió en este caso, puesto que no habrían sido enervados los riesgos previstos en los arts. 234.1, 2 y 7; y, 235.2 de la norma adjetiva penal; razones por las cuales corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/2022 de 6 de octubre, cursante de fs. 28 a 30 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.

11 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”. 12El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0442_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): ce796407e819b4b63d056360c0e1c3f3a8c53b8b608ded28def74357efdc0738

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