B.IA.LEGAL

SCP 0442/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 5 de junio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
5 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
45650-2022-92-AL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denunció que: i) Habiendo solicitado su cesación de la detención preventiva conforme el art. 239.2 del CPP al haberse cumplido el plazo de su detención el 30 de abril de 2021, el Tribunal de Sentencia Penal hoy codemandado, por Auto Interlocutorio 01/2022, resolvió rechazar su solicitud, bajo una interpretación errónea del art. 239.2 del indicado Código, señalando que dicha causal de cesación solo sería aplicable en etapa de investigación y no así en juicio oral; ello, ante la aplicación equívoca del segundo párrafo del art. 233 del CPP, fundando su decisión en la “SCP 0382/2021-S3”; y, ii) Resolviendo su recurso de apelación interpuesto en contra del citado Auto Interlocutorio, el Vocal demandado, mediante Auto Vista 18/2022, determinó declarar improcedente la apelación, manteniendo incólume el fallo apelado, sin llegar a tratar el tercer motivo de la apelación, referido a una detención ilegal por errónea interpretación y aplicación tanto de la ley como de la jurisprudencia; con el fundamento de que, no se habría mencionado cuál de las reglas de la interpretación se hubiera vulnerado y tampoco se hubiera mencionado la ratio decidendi de la “SCP 0382/2021-S3”; es decir, que no se habría cumplido con la carga argumentativa correspondiente, fundamentos que resultan completamente erróneos. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 1/22 de 9 de marzo de 2022, cursante de fs. 166 a 175, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad.
  2. III.2. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0442/2023-S4 Sucre, 5 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 45650-2022-92-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 1/22 de 9 de marzo de 2022, cursante de fs. 166 a 175; pronunciada, dentro de la acción de libertad interpuesta por Gustavo Eduardo Ugarte Castillo en representación sin mandato de Claver Vásquez Padilla, contra Iván Sandoval Fuentes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, Offman Alfredo Padilla Blacutt, Armin Ciro Copa García y Ronald Joaquín Gantier Pérez, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Padilla del señalado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 8 de marzo de 2022, cursante de fs. 1; y, 89 a 96 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión de delito de feminicidio en grado de tentativa, por Auto Interlocutorio 024/2020 de 29 de septiembre, se dispuso su detención preventiva al haber dado por concurrente los riesgos procesales establecidos en los numerales 7 y 8 del art. 234 y el numeral 2 del art. 235 del Código de Procedimiento Penal (CPP); ampliándose la detención por Autos Interlocutorios 010/2021 de 1 de marzo y 023/2021 de 1 de abril, cumpliéndose la última ampliación el 30 de abril de 2021; fecha en la cual, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Padilla del departamento de Chuquisaca, debió llevar a cabo audiencia de consideración de su situación jurídica; empero, no lo hizo.

Ante la inexistencia de resolución judicial, presentó la solicitud de cesación de su detención preventiva conforme el art. 239.2 del CPP al haberse cumplido el plazo de su detención el 30 de abril de 2021; cuya audiencia de consideración, se llevó a cabo el 4 de enero de 2022, donde el mencionado Tribunal de Sentencia Penal, por Auto Interlocutorio 01/2022 de 4 de enero, resolvió rechazar su solicitud, bajo una interpretación errónea del art. 239.2 de la norma procesal penal, al indicar que dicha causal de cesación solo sería aplicable en etapa de investigación y no así en juicio oral; ello, ante la aplicación equívoca del segundo párrafo del art. 233 del señalado Código; asimismo, fundó su decisión en la “SCP 0382/2021-S3 de 29 de julio”; por lo que, contra dicha determinación, interpuso recurso de apelación; el cual, fue resuelto por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca –ahora demandado–; mediante Auto de Vista 18/2022 de 28 de enero, por el que dicha autoridad judicial, no llegó a tratar el tercer motivo de la apelación, que refiere exclusivamente a una detención ilegal por errónea interpretación y aplicación tanto de la ley y jurisprudencia; ello con el fundamento de que, no se habría mencionado cuál de las reglas de la interpretación se hubiera vulnerado, “la sistemática, la teológica” (sic); así también refirió que, no se mencionó la ratio decidendi de la “SCP 0382/2021-S3”; y tampoco, cómo es que debió ser aplicada la norma; es decir, que no se hubiera cumplido con la carga argumentativa para fines del recurso de apelación; fundamentos que resultan completamente erróneos; por cuanto, se explicó y fundamentó ante el Tribunal de alzada, cuál la forma errónea de interpretación de la norma por parte del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Padilla; y de igual manera, se hizo mención a la ratio decidendi del fallo constitucional erróneamente interpretada y aplicada. Careciendo el señalado Auto de Vista de una debida fundamentación, motivación y congruencia, incurriendo en el mismo error que el Tribunal a quo. Encontrándose, desde el cumplimiento de su detención preventiva que fue el 30 de abril de 2021 hasta el 4 de enero de 2022, más de ocho meses y cinco días detenido ilegalmente, sin resolución judicial; extremo que, debió ser resuelto por el Tribunal de alzada y no solo limitar su trabajo a exigencias literales, existiendo claramente fundamentos lógicos descritos en audiencia de apelación; advirtiéndose con ello, la no existencia de una resolución fundamentada que disponga la restricción del derecho a la libertad personal; y, tampoco el Ministerio Público vio la necesidad de mantenerlo detenido; ya que, no solicitó la ampliación de la misma.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, señaló como lesionados sus derechos a la libertad y a la “seguridad jurídica”; citando al efecto los arts. 21.7 y 23.I, III, IV y V de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) Su libertad inmediata; y, b) La reparación de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 9 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 145 a 165; presentes el accionante, el Fiscal de Materia; y, ausentes las autoridades demandadas; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, por intermedio de su representante sin mandato y su abogado, ratificó los términos expuestos en el memorial de interposición de esta acción de defensa y ampliándola, refirió que: 1) En el Auto de Vista 18/2022, no se aclaró bien sobre el art. 239.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 2) Se acusó de errónea aplicación de los arts. 131.3 y 239.2 del señalado Código, el cual fue rechazado, porque no habría suficiente carga argumentativa; 3) En cuanto a la vertiente del art. 234.7 del CPP, primer motivo de apelación, se presentó una pericia psicológica realizado por un perito forense, pero el Tribunal de Sentencia Penal, hizo un contraste con otras pruebas ofrecidas por las partes, restándole valor a la pericia psicológica; 4) Respecto al segundo motivo de apelación, para fines de enervar los riesgos procesales contenida en el art. 234.8 del CPP referida al acto de fuga, “…lo cual el M.P. sostiene que este señor habría tratado de evadir el hecho de envenenamiento…” (sic); presentándose al efecto, un certificado médico con referencia de que trató de intoxicarse en tres oportunidades; siendo que, no es capaz de envenenarse; 5) El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Padilla, lesionó la aplicación del art. 239 del CPP; ya que, se encuentra detenido ilegalmente, porque hasta la fecha su situación jurídica no fue resuelta; y, 6) Solicitó se disponga su libertad inmediata y la reparación de daños y perjuicios, ofreciendo la detención domiciliaria sin derecho al trabajo; tomando en cuenta que, se encuentra delicado de salud con broncopatía crónica.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Iván Sandoval Fuentes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, no presentó informe escrito alguno; así como, tampoco se hizo presente en audiencia virtual de la presente acción de defensa, pese a su legal notificación cursante a fs. 112. Offman Alfredo Padilla Blacutt, Armin Ciro Copa García y Ronald Joaquín Gantier Pérez, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Padilla del señalado departamento, por informe escrito presentado el 9 de marzo de 2022, cursante de fs. 122 a 131 vta., manifestaron lo siguiente: i) El ahora solicitante de tutela en audiencia de 4 de enero de 2022, solicitó la cesación de la detención preventiva apoyando su pretensión en dos motivos; el primero, basado en el art. 239.1 del CPP en su segunda vertiente, cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; asimismo, basó en el segundo motivo del art. 239.2 de la norma procesal penal; cuando haya vencido el plazo dispuesto, respecto al cumplimiento de la detención preventiva siempre y cuando el Fiscal no haya solicitado la ampliación de plazo de la detención; para ambos casos, el abogado del peticionante argumentó refiriendo la pericia psicológica que, en sus conclusiones señaló que el evaluado demuestra no tener ningún transtorno de personalidad que pueda influir para atentar contra la vida de algún ser humano, que no presenta peligro para la sociedad; señalando el abogado de la defensa, que dichas conclusiones serían suficientes para sustentar la no concurrencia del peligro procesal previsto en el art. 234.7 del CPP; ii) Los suscritos Jueces Técnicos, valoraron la solicitud realizada, y aplicando los arts. 239.2 y 233 del citado código, a la luz de la interpretación efectuada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, emitieron el Auto Interlocutorio hoy impugnado, estableciendo en el mismo la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del adjetivo penal, al igual que el riesgo contenido en el art. 234.8 del citado Código; iii) Respecto al segundo motivo, de la solicitud de cesación de la detención preventiva en base al art. 239.2 del adjetivo penal; se tiene que, el mismo es aplicable en etapa investigativa y no así en juicio oral público; y dado que, al momento de la presentación de la solicitud de cesación, el presente proceso penal, se encontraba en etapa de debates a punto de entrar a conclusiones y dictar sentencia en audiencia fijada para el 9 de marzo de 2021 a las 09:30; asimismo, tomando en cuenta que no se aportaron nuevos elementos de prueba que desvirtúen los riesgos procesales antes aludidos, el Tribunal de Sentencia Penal rechazó dicha solicitud de cesación a su detención preventiva; y, iv) La finalidad general de la audiencia de control de plazo de la detención preventiva en la etapa de juicio oral, tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de conceder la cesación a la detención preventiva, cuando se cumplieron los presupuestos señalados en el art. 239.3 y 4 del CPP; es decir, cuando la duración de la detención preventiva excedió el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga o que su duración exceda los doce meses, sin que se haya dictado acusación ó veinticuatro meses sin que se haya dictado sentencia en el proceso penal, excepto en los delitos señalados por la misma norma; tomando en cuenta que, en esta etapa ya no existen actos investigativos pendientes de realización, pues la etapa preparatoria concluyó con la presentación de la acusación penal; en razón a ello, no puede considerarse en esta etapa del proceso, el presupuesto del numeral 2 del art. 239 de la norma procesal penal; es decir, que vencido el plazo de la detención preventiva, se tenga que disponer automáticamente la cesación de dicha medida cautelar, como se pretendió; correspondiendo únicamente disponer la cesación, una vez que el acusado haya enervado o desvirtuado con nuevos elementos probatorios los riesgos procesales como señala el art. 239.1 con relación al art. 234 numerales 7 y 8 del mencionado código adjetivo penal, que dieron lugar a la imposición de la medida cautelar a través del Auto Interlocutorio 024/2020, que dispuso la detención preventiva, ratificado los riesgos procesales por Auto Interlocutorio 01/2022 y confirmado por Auto de Vista 18/2022 ahora impugnados; riesgos procesales que, se encuentran plenamente vigentes respecto a la acusación de feminicidio en grado de tentativa que se sustancia en contra del hoy accionante; los cuales, fueron debidamente fundamentados y motivados en las resoluciones cuestionados; esto sin perjuicio de que, el acusado pueda solicitar en el curso del juicio oral la cesación de la detención preventiva, con la presentación de nuevos elementos de prueba que desvirtúen los riesgos procesales vigentes.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Javier Ángel Gorena Camacho y Fernando Pascual Aragón Encinas, Fiscales de Materia, en audiencia virtual de la presente acción tutelar, solicitaron la denegatoria de la tutela impetrada, manifestando que: a) El impetrante de tutela hizo referencia a pruebas ya valoradas; b) Lo manifestado por el solicitante de tutela, no es claro; ya que, se pretende una revisión de los fallos de la justicia ordinaria; asimismo, no se fundamentó los agravios; por lo que, pide se mantenga la detención preventiva; y, c) No hubo una detención ilegal, y debe considerarse en esta acción de libertad, que se debe aplicar la perspectiva de género, pues se trata del delito de tentativa de feminicidio; ya que, la víctima fue agredida con un combo en su cabeza, lo cual hace ver que el ahora accionante ha querido quitar la vida a una mujer que pertenece a un grupo vulnerable; por lo que, se debe denegar la tutela solicitada en pro de la mujer, y que no pase a ser parte de la lista negra de los casos de feminicidio.

I.2.4. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Chuquisaca, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 1/22 de 9 de marzo de 2022, cursante de fs. 166 a 175, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Habiéndose interpuesto la presente acción de libertad en contra de dos diferentes autoridades jurisdiccionales, como son el Tribunal a quo, compuesto por los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal de Padilla del departamento de Chuquisaca; y, contra el Tribunal ad quem, integrado por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y siendo que, el reclamo mayormente ahonda en cuanto a la resolución de cierre que se encuentra vinculado con una falta de fundamentación y motivación, por haberse omitido presuntamente ingresar al fondo y considerar todos los argumentos con referencia al tercer motivo de apelación expuesto; por lo que, por orden de jerarquía, corresponde analizar el Auto de Vista 18/2022; 2) No se precisó en la presente acción de defensa preceptos constitucionales inobservados y los derechos conculcados; empero se deduce que, al hacerse mención a la debida motivación y fundamentación de las resoluciones, los mismos devienen del debido proceso en dichos elementos; 3) Revisado el Auto de Vista 18/2022; se tiene que, cada uno de los agravios fueron desarrollados, respondiendo a los mismos con argumentos claros, lógicos y concisos; como ser el primer y segundo motivo, y con referencia particularmente al tercer motivo de la apelación incidental de medida cautelar, que tiene que ver con el reclamo sobre el rechazo de la cesación de la detención preventiva por el vencimiento de plazo, de conformidad a lo establecido en el art. 239.2 del CPP; así también, al haber invocado el recurrente una errónea interpretación del art. 233.3 del señalado Código que vulneraría el art. 23.1 de la CPE; como también, una errónea interpretación de una cita jurisprudencial por parte del Tribunal a quo, correspondía la parte argumentativa al apelante, para explicar qué reglas de interpretación se vulneraron, de qué forma debió ser aplicada la línea jurisprudencial citada, o en definitiva por qué no era aplicable al caso en concreto; lo cual, conforme se desglosa de la resolución de cierre no se habría cumplido; en consecuencia lo alegado por el impetrante de tutela, no resulta evidente; 4) La solicitud de cesación de la detención preventiva por cumplimiento del plazo de la detención, y éste concluya en fase de juicio oral o recursos, conforme el art. 239.2 del CPP, no da lugar para que de forma directa la autoridad jurisdiccional, disponga la cesación de la detención preventiva por el solo cumplimiento del plazo, siendo necesario desvirtuar los riesgos procesales vigentes; siendo de esta manera, el razonamiento del Tribunal de Sentencia Primero de Padilla del departamento de Chuquisaca, coherente y conforme a estos criterios, al momento de emitir su resolución de rechazo a la solicitud de cesación de la detención preventiva del acusado; y, 5) De la revisión de las Resoluciones tanto del Tribunal a quo como del ad quem, se consideró la subsistencia de los riesgos procesales contenidos en los numerales 7 y 8 del art. 234 del CPP, con argumentos lógicos, razonables y suficientes que dan respuesta a lo solicitado por las partes en audiencia de cesación de la detención preventiva; y tomando en cuenta que, en el caso de autos se aplicó un enfoque con perspectiva de género, por mandato de lo establecido por la Ley 348 –Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, de 9 de marzo de 2013–; y con ello, deviene la observancia de diferentes lineamientos en materia de protección de los derechos de la mujer y prevención de toda forma de violencia contra la misma, siendo que se viene juzgando, el delito de feminicidio en grado de tentativa; es así que, no solo los jueces ordinarios, sino toda autoridad ante la constatación de un grupo vulnerable y víctima de violencia que se encuentren en clara desventaja frente a su agresor, debe aplicar el enfoque de justicia en razón de género como emergencia de los postulaos esgrimidos en la Convención Belem do Pará, la CEDAW y otras convenciones internacionales ratificadas por el Estado boliviano; en ese sentido, no corresponde dar curso a la solicitud invocada por el accionante, al no evidenciarse la vulneración de derechos y garantías constitucionales, y al no existir un procesamiento ilegal o indebido, y tampoco encontrarse con una detención indebida; siendo que, la calidad y situación jurídica en la que se encuentra, está conforme a los estándares jurisprudenciales que forman parte del bloque de constitucionalidad y el correspondiente control de convencionalidad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Claver Vásquez Padilla –hoy accionante, representado sin mandato–, por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, por Auto Interlocutorio 024/2020 de 29 de septiembre, la Jueza Púbica Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Azurduy del departamento de Chuquisaca, dispuso la detención preventiva del mencionado por el plazo de cinco meses, ante la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los numerales 7 y 8 del art. 234 y numeral 2 del art. 235 del CPP; señalando audiencia de situación jurídica, para el 1 de marzo de 2021 (fs. 2 a 9 vta.). II.2. Por Auto Interlocutorio 010/2021 de 1 de marzo, la precitada autoridad judicial, dispuso la continuidad de la detención preventiva del imputado Claver Vásquez Padilla y la ampliación de la investigación por el plazo de un mes, con el objeto completar los actos investigativos, señalando audiencia de situación jurídica para el 1 de abril de 2021 (fs. 10 a 14 vta.). II.3. En audiencia de situación jurídica celebrada el 1 de abril de 2021, la Secretaria del mencionado Juzgado informó que el Fiscal de Materia a las 12:52 de la señalada fecha, presentó el requerimiento conclusivo de acusación fiscal al cual se dio lectura; asimismo, en dicho acto procesal, se emitió el Auto Interlocutorio 023/2021 de la misma fecha; por el que, la citada Jueza dispuso la continuidad de la detención preventiva por el plazo de un mes del imputado, ante la presentación de la acusación fiscal presentada, habiendo concluido la etapa investigativa; ordenando remitir en el plazo establecido por ley al Tribunal de Sentencia de Turno (fs. 18 vta. a 22 vta.). II.4. Cursa Acta de prosecución de audiencia pública de juicio oral y contradictorio y reservado (virtual) de 9 de septiembre de 2021, llevado a cabo dentro del señalado proceso penal seguido en contra del hoy impetrante de tutela (fs. 51 a 74). II.5. Ante la solicitud de cesación de la detención efectuada por Claver Vásquez Padilla, conforme a los numerales 1 y 2 del art. 239.1 del CPP, el 4 de enero de 2022, se celebró audiencia de consideración de dicha petición (fs. 24 a 33), donde los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Padilla del departamento de Chuquisaca –ahora codemandados–, por Auto Interlocutorio 01/2022 de la misma fecha, determinaron rechazar la solicitud de cesación de la detención preventiva formulado por el acusado, disponiendo se mantenga la detención preventiva en su contra en el Centro Penitenciario San Roque de Sucre; determinación contra la cual, en la misma audiencia, la defensa del hoy accionante interpuso recurso de apelación de forma oral (fs. 33 a 41). II.6. Resolviendo el recurso de apelación interpuesto contra el indicado Auto Interlocutorio, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca –hoy demandado–, emitió el Auto de Vista 18/2022 de 28 de enero; por el cual, determinó declarar la improcedencia del recurso de apelación incidental, manteniendo incólume el Auto Interlocutorio 01/2022 (fs. 118 a 121 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denunció que: i) Habiendo solicitado su cesación de la detención preventiva conforme el art. 239.2 del CPP al haberse cumplido el plazo de su detención el 30 de abril de 2021, el Tribunal de Sentencia Penal hoy codemandado, por Auto Interlocutorio 01/2022, resolvió rechazar su solicitud, bajo una interpretación errónea del art. 239.2 del indicado Código, señalando que dicha causal de cesación solo sería aplicable en etapa de investigación y no así en juicio oral; ello, ante la aplicación equívoca del segundo párrafo del art. 233 del CPP, fundando su decisión en la “SCP 0382/2021-S3”; y, ii) Resolviendo su recurso de apelación interpuesto en contra del citado Auto Interlocutorio, el Vocal demandado, mediante Auto Vista 18/2022, determinó declarar improcedente la apelación, manteniendo incólume el fallo apelado, sin llegar a tratar el tercer motivo de la apelación, referido a una detención ilegal por errónea interpretación y aplicación tanto de la ley como de la jurisprudencia; con el fundamento de que, no se habría mencionado cuál de las reglas de la interpretación se hubiera vulnerado y tampoco se hubiera mencionado la ratio decidendi de la “SCP 0382/2021-S3”; es decir, que no se habría cumplido con la carga argumentativa correspondiente, fundamentos que resultan completamente erróneos. Encontrándose de esta manera desde el cumplimiento de su detención preventiva que fue el 30 de abril de 2021 hasta el 4 de enero de 2022, más de ocho meses y cinco días detenido ilegalmente. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad.

Jurisprudencia reiterada En cuanto a la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, pronunció la SCP 0624/2018-S4 de 9 de octubre, expresando lo siguiente: “El art. 125 de la CPE, establece que la acción de libertad tiene por objeto tutelar los derechos a la vida, a la libertad física y de locomoción, en los casos en que aquélla se encuentre en peligro y cuando ésta sea objeto de persecución ilegal, indebido procesamiento u objeto de privación de libertad en cualquiera de sus formas, pudiendo toda persona que considere encontrarse en tales situaciones, acudir ante el juez o tribunal competente en materia penal y solicitar se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Al respecto la SCP 1888/2013, de 29 de octubre, de manera precisa señaló: ‘Conforme a las características esenciales de la acción de libertad anotadas precedentemente, ésta se constituye en una garantía eficaz para la tutela inmediata de los derechos que se encuentran dentro de su ámbito de protección; sin embargo, es también evidente que, cuando en la vía ordinaria existen medios o mecanismos de impugnación que de manera inmediata y eficaz puedan restituir el derecho a la libertad física o personal o el derecho a la libertad de locomoción, los mismos deben ser utilizados previamente antes de acudir a la vía constitucional a través de la acción de libertad. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional, desde la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, entendió que el antes recurso de hábeas corpus -hoy acción de libertad- no implicaba que todas las lesiones al derecho a libertad tuvieran que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus y, en ese sentido, concluyó que «…en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria». Siguiendo dicho razonamiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, estableció que en la etapa preparatoria del proceso penal es el juez cautelar quien debe conocer las supuestas lesiones a derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal, no resultando compatible con el orden constitucional activar directamente, o de manera simultánea la justicia constitucional a través del -antes-recurso de hábeas corpus. Posteriormente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, sistematizó los casos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, siendo el primer supuesto cuando la Policía Nacional o el Ministerio Público, antes de existir imputación formal, cometen arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, las cuales deben ser denunciadas ante el juez cautelar de turno, si aún no existe aviso del inicio de la investigación, o ante el juez cautelar a cargo de la investigación cuando ya se dio cumplimiento a dicha formalidad (el aviso del inicio de la investigación). Dicho fallo fue modulado por la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, que sostuvo que la acción de libertad puede ser presentada directamente en los supuestos en los que se restrinja el derecho a la libertad física al margen de los casos y formas establecidas por ley y que dicha restricción no esté vinculada a un delito o no se hubiere dado aviso de la investigación al juez cautelar. En ese marco, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.1., sostuvo que «i) Cuando no exista un hecho relacionado a un delito ni aviso de inicio de la investigación al Juez cautelar, corresponde activar de forma directa la acción de libertad; y, ii) El Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia al no conocer ni el inicio de la investigación y al no tratarse de la comisión de un presunto delito».

La misma Sentencia (SCP 0482/2013) efectuando una integración jurisprudencial sobre las subreglas para la aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, estableció en el Fundamento Jurídico III.2.2: «1.Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley; aclarando que el Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia para el efecto conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional. 3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad. 4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. 5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar»’.

En consecuencia se concluye que la acción de libertad es la garantía constitucionalmente establecida, a través de la cual el accionante puede impetrar de manera inmediata la concesión de tutela, de los derechos que se encuentran dentro de su ámbito de protección, sin embargo, para que esta acción de defensa sea efectiva y cumpla con su objeto, es necesario tener presente que antes de plantearla, se debe agotar instancia ante la autoridad jurisdiccional que ejerce control en el caso” (las negrillas son nuestras). De lo expresado, se infiere que si bien la acción de libertad, por su naturaleza jurídica y configuración procesal es el medio idóneo y eficaz para restituir cualquier vulneración que atente derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y persecución o procesamiento indebido; sin embargo, bajo el principio de subsidiariedad, en caso de que el accionante a través de esta acción de libertad identifique como vulnerador de sus derechos fundamentales y garantías constitucional tanto la resolución de primera instancia como el fallo de alzada, en aplicación al indicado principio, la Sentencia Constitucional Plurinacional a emitirse se debe circunscribirse únicamente al análisis de la Resolución emitida en apelación, debido a que ésta fue la que definió en última instancia la situación jurídica que el impetrante de tutela considera lesiva a sus derechos invocados como vulnerados en la presente acción tutelar.

III.2. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar

Al respecto, la SCP 0205/2014-S3 de 25 de noviembre, sobre el tema refiere que: “El debido proceso implica, entre otros aspectos, la exigencia de motivación o fundamentación de las resoluciones, sean éstas judiciales o administrativas; y concretamente, tratándose de resoluciones judiciales en el ámbito penal, el art. 124 del CPP, determina que: ‘Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes’. La norma legal transcrita guarda relación con la norma contenida en el art. 236 inc. 3) del mismo Código, que hace referencia a la forma y contenido de la decisión, señalando que debe hacerse una ‘…fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables…’. En ese orden, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, refirió que: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’. La obligación de fundamentar las resoluciones también es aplicable a aquellas que resuelven apelaciones; así la SC 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, indicó que: «Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso…»’” (el resaltado y subrayado son añadidos).

Respecto a la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, significa la obligación del Tribunal de alzada de motivar y fundamentar las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen una medida cautelar, respondiendo además a los puntos denunciados por el justiciable, precisando de manera clara y objetiva, los elementos determinativos en los que se fundó al momento de tomar la decisión. Del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios ya sea en audiencia de forma oral o por escrito.

III.3. Análisis del caso concreto

A través de esta de acción de defensa, el solicitante de tutela, por intermedio de su representante sin mandato, denunció que: a) Habiendo solicitado su cesación de la detención preventiva conforme el art. 239.2 del CPP al haberse cumplido el plazo de su detención el 30 de abril de 2021, el Tribunal de Sentencia Penal, hoy codemandado, por Auto Interlocutorio 01/2022, resolvió rechazar su solicitud, bajo una interpretación errónea del art. 239.2 del indicado Código; señalando que, dicha causal de cesación solo sería aplicable en etapa de investigación y no así en juicio oral, ello ante la aplicación equívoca del segundo párrafo del art. 233 del CPP, fundando su decisión en la SCP 0382/2021-S3; y, b) Resolviendo su recurso de apelación interpuesto en contra del citado Auto Interlocutorio, el Vocal demandado, mediante Auto Vista 18/2022, determinó declarar improcedente la apelación, manteniendo incólume el fallo apelado, sin llegar a tratar el tercer motivo de la apelación, referido a una detención ilegal por errónea interpretación y aplicación tanto de la ley como de la jurisprudencia; con el fundamento de que, no se habría mencionado cuál de las reglas de la interpretación se hubiera vulnerado y tampoco se hubiera mencionado la ratio decidendi de la SCP 0382/2021-S3; es decir, que no se habría cumplido con la carga argumentativa correspondiente, fundamentos que resultan completamente erróneos. Encontrándose de esta manera, desde el cumplimiento de su detención preventiva que fue el 30 de abril de 2021 hasta el 4 de enero de 2022, más de ocho meses y cinco días detenido ilegalmente. En ese entendido, de antecedentes procesales descritos en las Conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Claver Vásquez Padilla –hoy accionante, representado sin mandato–; por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, por Auto Interlocutorio 024/2020, se dispuso la detención preventiva del mencionado imputado por el plazo de cinco meses, ante la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los numerales 7 y 8 del art. 234 y numeral 2 del art. 235 del CPP, señalando audiencia de consideración de su situación jurídica para el 1 de marzo de 2021; determinación que, al haber sido objeto de apelación el último riesgo procesal fue desvirtuado, emitiéndose el Auto de Vista 163/2021 quedando subsistente los demás riesgos procesales (numerales 7 y 8 del art. 234 del CPP [Conclusión II.1]). Asimismo se tiene que, por Auto Interlocutorio 010/2021, se dispuso la continuidad de la detención preventiva del imputado y la ampliación de la investigación por el plazo de un mes, con el objeto completar los actos investigativos; así también se advierte que, en la audiencia de consideración de su situación jurídica, celebrada el 1 de abril de 2021, la Secretaria del mencionado Juzgado Púbico Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Azurduy del departamento de Chuquisaca, informó que el Fiscal de Materia a las 12:52 de la señalada fecha, presentó el requerimiento conclusivo de acusación fiscal, al cual se dio lectura; y, en dicho acto procesal, se emitió el Auto Interlocutorio 023/2021; por el que, la Jueza de dicho Juzgado, dispuso la continuidad de la detención preventiva por el plazo de un mes del imputado, ante la presentación de la acusación fiscal presentada, habiendo concluido la etapa investigativa, ordenando remitir en el plazo establecido por ley al Tribunal de Sentencia de Turno; encontrándose el proceso penal en juicio oral (Conclusiones II.2, II.3 y II.4). Habiendo solicitado, el acusado Claver Vásquez Padilla –hoy accionante–, la cesación de su detención, conforme a los numerales 1 y 2 del art. 239 del CPP; el 4 de enero de 2022, se celebró audiencia de consideración de dicha petición, donde los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Padilla del departamento de Chuquisaca –ahora codemandados–, por Auto Interlocutorio 01/2022 de la misma fecha, determinaron rechazar dicha solicitud, disponiendo se mantenga su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San roque de Sucre; determinación contra la cual, en la misma audiencia, la defensa del hoy accionante, interpuso recurso de apelación de forma oral, el cual fue resuelto por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca –hoy demandado–, por Auto de Vista 18/2022, declarando la improcedencia del citado recurso, manteniendo incólume el Auto Interlocutorio 01/2022 (Conclusiones II.5 y II.6). Ante tal circunstancia, el impetrante de tutela instauró la presente acción de defensa, en contra de los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Padilla del departamento Chuquisaca y del Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; quienes a su turno, emitieron resoluciones, que ahora el solicitante de tutela considera lesivas a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; pues, si bien en el petitorio de la presente acción tutelar no solicitó específicamente la nulidad de los mismos; empero, de los argumentos vertidos en su demanda, el accionante considera, tanto el Auto Interlocutorio 01/2022 como el Auto de Vista 18/2022 lesivos a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, al carecer los mismos de una debida fundamentación, motivación y congruencia. Ahora bien, identificado el problema jurídico planteado a través de esta acción de libertad, y desarrollado los antecedentes remitidos a este Tribunal, corresponde efectuar el siguiente análisis:

III.3.1. Respecto a los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia

Penal Primero de Padilla del departamento Chuquisaca En cuanto a la primera problemática, el cual radica en que, habiendo solicitado el hoy accionante su cesación de la detención preventiva conforme el art. 239.2 del CPP al haberse cumplido el plazo de su detención el 30 de abril de 2021, el Tribunal de Sentencia Penal, hoy codemandado, por Auto Interlocutorio 01/2022, resolvió rechazar su solicitud, bajo una interpretación errónea del art. 239.2 del indicado Código; señalando que, dicha causal de cesación solo sería aplicable en etapa de investigación y no así en juicio oral; ello, ante la aplicación equívoca del segundo párrafo del art. 233 del CPP, fundando su decisión en la SCP 0382/2021-S3. Es preciso aclarar que, habiendo el impetrante de tutela a través de esta acción de libertad identificado como vulnerador de sus derechos fundamentales al Auto Interlocutorio 01/2022; así como, el Auto de Vista 18/2022, mediante el cual el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, determinó declarar la improcedencia del recurso de apelación incidental, manteniendo incólume el Auto Interlocutorio 01/2022; se tiene que, en aplicación del principio de subsidiariedad excepcional que rige a esta acción de defensa, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se debe circunscribir únicamente al análisis de la Resolución emitida en apelación; debido a que, ésta fue la que definió, en última instancia, la situación jurídica que los ahora impetrantes de tutela consideran lesiva a sus derechos invocados, como vulnerados en esta acción tutelar. En ese entendido, corresponde inicialmente denegar la tutela solicitada con relación a los mencionados Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Padilla del departamento Chuquisaca; debido a que, el fallo emitido por dichas autoridades ya fue objeto de revisión en apelación.

III.3.2. Respecto al Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal

Departamental de Justicia de Chuquisaca

Con relación a la segunda problemática; referida a que, resolviendo el recurso de apelación interpuesto por el ahora solicitante de tutela en contra del citado Auto Interlocutorio, el Vocal demandado, mediante Auto Vista 18/2022, determinó declarar improcedente la apelación, manteniendo incólume el fallo apelado; sin llegar a tratar el tercer motivo de la apelación, referido a una detención ilegal por errónea interpretación y aplicación, tanto de la ley como de la jurisprudencia; con el fundamento de que, no se habría mencionado cuál de las reglas de la interpretación se hubiera vulnerado y tampoco se hubiera mencionado la ratio decidendi de la SCP 0382/2021-S3; es decir, que no se habría cumplido con la carga argumentativa correspondiente, fundamentos que según se denuncia resultarían completamente erróneos. Encontrándose de esta manera desde el cumplimiento de su detención preventiva que fue el 30 de abril de 2021 hasta el 4 de enero de 2022, más de ocho meses y cinco días detenido ilegalmente.

Bajo la premisa expuesta; siendo que, el accionante denuncia la falta de fundamentación, motivación y congruencia con la que el Vocal hoy demandado respondió, respecto al tercer agravio del recurso de apelación incidental interpuesto en contra del Auto Interlocutorio 01/2022; por el cual, solicitó la aplicación de medidas personales menos gravosas, corresponde conocer el tercer motivo de la apelación, siendo el mismo el siguiente: 1) Tercer agravio, acusa errónea interpretación del último párrafo del art. 233.3 del CPP que vulnera el principio de legalidad vinculado al art. 23.1 de la CPE; argumentando que, se encuentra detenido preventivamente por ocho meses de manera ilegal; dado que, el Ministerio Público, no solicitó en ningún momento la ampliación del tiempo de la detención preventiva, siendo que solicitó la cesación de dicha medida; empero, el Tribunal a quo, rechazó su petición bajo la interpretación errónea del art. 239.2 del señalado Código, al referir que la causal de cesación sería solamente aplicable en etapa de investigación y no así en juicio oral; y además, que la Sentencia Constitucional Plurinacional aludida en el Auto Interlocutorio –se entiende el 01/2022–, no tiene relación con el caso concreto, no siendo evidente que no sería aplicable durante la etapa del desarrollo del juicio oral.

En mérito a ello, corresponde efectuar el análisis pormenorizado, para establecer si es evidente o no lo señalado por el impetrante de tutela en su demanda de acción de libertad; por lo tanto, es necesario realizar la contrastación del tercer punto impugnado en el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante en contra del Auto Interlocutorio 01/2022 y los fundamentos que utilizó el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca –hoy demandado–, para responder al mismo dentro del Auto de Vista 18/2022; por el que, declaró improcedente el recurso de apelación, manteniendo incólume el fallo apelado; en ese entendido, se tiene que: i) En cuanto al Tercer agravio denunciado en el recurso de apelación presentado por el ahora solicitante de tutela; el Vocal hoy demandado, mediante el señalado Auto de Vista, desarrollando el indicado agravio; respondió al mismo manifestando que, la parte ahora accionante, no indicó qué reglas de interpretación fueron vulneradas, “la sistematización, la teológica”, siendo que existen varias reglas de interpretación de la norma, o la interpretación desde el punto de vista del legislador; asimismo, el recurrente no refirió la ratio decidendi de la SCP 0382/2021-S3; en la que, se basó el Tribunal recurrido para rechazar la cesación de la detención preventiva; por otro lado, no indicó cómo es que debió ser aplicada o interpretada la norma, “¿qué regla de interpretación normativa debía haberse aplicado sobre este particular?” (sic); existiendo de esa manera, ausencia de carga argumentativa; por lo que, el Tribunal de alzada no puede ingresar a realizar mayores consideraciones de orden legal. Ahora bien, habiendo el accionante a través de esta acción de defensa denunciado la falta de fundamentación, motivación y congruencia, con la que hubiera emitido el Vocal demandado el Auto de Vista 18/2022, respecto al tercer agravio; debe tenerse presente que, conforme al desarrollo jurisprudencial expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, entre los componentes del debido proceso, se encuentra la obligación del Tribunal de alzada de motivar y fundamentar las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen una medida cautelar, respondiendo además a los puntos denunciados por el justiciable, precisando de manera clara y objetiva, los elementos determinativos en los que se fundó al momento de tomar la decisión. Del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios ya sea de forma oral en la audiencia de consideración de la apelación incidental o por escrito según corresponda. En tal sentido, del contraste realizado entre el tercer agravio cuestionado a través de esta acción tutelar y lo resuelto por el Tribunal de alzada, no se observan deficiencias de fundamentación y motivación en la respuesta otorgada, respecto a dicho agravio; por el contrario, se advierte una debida fundamentación, motivación enmarcada dentro de los cánones de razonabilidad y coherencia; pues, se evidencia que la autoridad demandada explicó claramente los motivos por los que considera que el recurrente, hoy accionante, no cumplió con la carga argumentativa respecto al tercer agravio invocado en audiencia de consideración del recurso de apelación incidental; por lo que, no se advierte vulneración de derecho alguno; puesto que, el Vocal demandado, no solo fundamentó de manera suficiente las razones de la decisión asumida, en relación a dicho agravio, sino lo hizo con apego a lo establecido al respecto en la normativa sustantiva y adjetiva penal vigente; ya que, la interposición del recurso de apelación incidental, debe cumplir con lo previsto por el art. 251 con relación a los arts. 403.3 y del 404 del CPP, así como la jurisprudencia constitucional; pues, si bien la presentación del recurso de apelación contra resoluciones que impongan o modifiquen una medida cautelar personal, por su naturaleza pueden ser planteadas en forma oral en la misma audiencia – como ocurrió en el caso de autos– o por escrito; sin embargo, la audiencia señalada por el Tribunal de alzada para la consideración del recurso, está orientada a que las partes en virtud de los principio de oralidad e inmediación que caracteriza al actual sistema procesal, expresen los fundamentos del recurso de apelación y exhiban los elementos probatorios en la audiencia pública señala al efecto; hecho que no aconteció en el presente caso; toda vez que, el recurrente hoy impetrante de tutela, respecto al tercer agravio, se limitó en señalar la errónea interpretación del último párrafo del art. 233.3 y del art. 239.2 del CPP, indicando el tiempo de su detención preventiva, sin fundamentar el mismo; además de ser incongruente al alegar una errónea interpretación de las indicadas normas; siendo que, de acuerdo al primer y segundo agravio el recurrente basó su solicitud de cesación también en el art. 239.1 del CPP; cuestionando, el por qué no era suficiente la documentación presentada para desvirtuar los riesgos procesales previstos en los numerales 7 y 8 del art. 234 de la norma procesal penal. En ese entendido, encontrándose la determinación del Auto de Vista 18/2022, enmarcada dentro de los cánones de razonabilidad y coherencia, individualizando y resolviendo el tercer agravio, explicando en términos claros y precisos sustentados en derecho, la falta de carga argumentativa con la que fue invocado el tercer agravio en audiencia de consideración del recurso de apelación incidental interpuesto en contra del Auto Interlocutorio 01/2022; y teniéndose por ello, el Auto de Vista 18/2022, congruente con la suficiente fundamentación y motivación; corresponde denegar la tutela solicitada. Por consiguiente, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 1/22 de 9 de marzo de 2022, cursante de fs. 166 a 175, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0442_2023-S4.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): 29bd5b8447e7f6aca4a14799e4a4b9844fc1e4b156a8d7974f6e0f31e02b550e

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