B.IA.LEGAL

SCP 0441/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 15 de mayo de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
15 de mayo de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
54699-2023-110-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la dignidad, al debido proceso, a la no discriminación, “a la carrera docente” y a la justa retribución; puesto que, presentó una solicitud de ascenso automático ante el Ministro ahora accionado conforme al art. 42 del Reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación; posteriormente, interpuso los recursos de revocatoria y jerárquico que no fueron resueltos en los plazos legales establecidos operando en ambos casos el silencio administrativo negativo; por lo que, no fue reconocido su derecho al ascenso de categoría en razón a la antigüedad, como prevé la normativa legal vigente. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: i) Respecto al silencio administrativo negativo y las resoluciones tardías; ii) La subsidiariedad de la acción de amparo constitucional; y, iii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 29/2023 de 6 de febrero, cursante de fs. 197 a 200 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada por Félix Flores Choquehuanca respecto a la vulneración del derecho al debido proceso, de acuerdo con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

a) Disponer que el Presidente del Estado emita un fallo resolviendo el fondo del recurso jerárquico interpuesto por Félix Flores Choquehuanca, sea en el plazo máximo de noventa días computables a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. b) Llamar severamente la atención a los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por la omisión de la citación de la autoridad jerárquica con la presente acción tutelar. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a los derechos al trabajo, a la dignidad, a la no discriminación, “a la carrera docente” y a la justa retribución; y asimismo, la pretensión del accionante respecto al ascenso de categoría, el pago retroactivo de la correspondiente bonificación al haber básico y el pago de costas y costos, de acuerdo con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto al silencio administrativo negativo y las resoluciones tardías
  2. III.2. La subsidiariedad de la acción de amparo constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0441/2025-S1 Sucre, 15 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 54699-2023-110-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 29/2023 de 6 de febrero, cursante de fs. 197 a 200 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Félix Flores Choquehuanca contra Edgar Pary Chambi, Ministro de Educación.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, por memoriales presentados el 9 y 25 de enero de 2023, cursantes de fs. 28 a 31 vta.; y, 35 a 36 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En 1987 ingresó al sistema educativo, acumulando una antigüedad de treinta y tres años y encontrándose actualmente en la segunda categoría del escalafón docente, dependiente del Ministerio de Educación como maestro de aula en la Unidad Educativa “Jahuira Pampa”. Bajo ese contexto, se presentó a varios exámenes de ascenso de categoría convocados por el citado Ministerio para llegar a la primera categoría; sin embargo, por razones de gasto público solo asciende un porcentaje reducido de maestros y el resto es reprobado para no ascender de categoría; hecho por el que, los sindicatos de maestros se movilizaron. El art. 42 del Reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación -Decreto Supremo (DS) 04688 de 18 de julio de 1957- en vigencia, determina que: “Los postulantes que no fueren aprobados en el examen de promoción de categoría, tienen opción a ser promovidos por el cómputo de antigüedad en el servicio”. En ese sentido, su persona tiene la opción de ascenso automático por el simple cómputo de los años de servicios exigidos para lograr ese beneficio, quedando establecido por el citado Reglamento que el examen no se constituye en un obstáculo para el ascenso si el postulante cuenta con los años previstos para cada categoría, debiendo las autoridades educativas registrar el ascenso automáticamente. Por consiguiente, al amparo del referido Reglamento presentó una solicitud ante el Ministerio hoy accionado para que le otorgue el derecho al ascenso automático, petitorio que no obtuvo respuesta dentro del plazo legal; por lo que, ante el silencio administrativo negativo -art. 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA)- el 4 de febrero de 2022, planteó recurso de revocatoria; en el cual, se le asignó el número de hoja de ruta 6441 de 4 de febrero de 2022, cuyo plazo de contestación es de veinte días hábiles, mismo que venció el 8 de marzo de igual año; sin embargo, fuera del plazo legal y cuando el silencio administrativo negativo ya operó se emitió la Resolución Ministerial (RM) 148/2022 de 7 de dicho mes, rechazando el mencionado recurso de revocatoria y por supuesto, la solicitud de ascenso automático; determinación que fue puesta a su conocimiento el 22 del indicado mes y año, cuando su recurso jerárquico fue interpuesto el 18 del citado mes y año, que tampoco fue respondido, venciendo el plazo de noventa días para la resolución de ese recurso jerárquico el 27 de julio de ese año; en ese entendido, la “SC 17/2014-RCA de 10 de enero” establece que para interponer acciones constitucionales es suficiente la inexistencia de contestación en plazo legal, sin la necesidad de esperar una respuesta escrita. La conducta negativa del Ministro hoy accionado de no permitirle el ascenso automático previsto por el art. 42 del Reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación, le ocasionó un perjuicio a la retribución de su trabajo que repercutió en otros derechos como a la alimentación y a la vivienda, que dependen del sueldo. En ese orden, el indicado artículo se constituye en un derecho laboral de los maestros e irrenunciable por mandato del art. 46 de la Constitución Política del Estado (CPE). Asimismo, de la lectura del art. 42 del Reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación, se entiende que el examen de ascenso es voluntario; por lo que, no se constituye en un requisito sine qua non para el ascenso, ni puede postergar el derecho que tienen aquellos que se encuentran sometidos al mencionado Reglamento, a que se reconozca una “recompensa” por su antigüedad, conforme se establece por el art. 37 del referido Reglamento, siendo que la carrera docente solo puede ser interrumpida por un proceso interno administrativo previo; en el que, se protejan los derechos a la defensa y al debido proceso, y que concluya con una sentencia ejecutoriada. Razón por la que “…sufro sanciones ilegales e ilegitimas” (sic) que vulneraron sus derechos al trabajo, a la dignidad, al debido proceso, a la no discriminación, a la carrera docente y a la justa retribución.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la dignidad, al debido proceso, a la no discriminación, “a la carrera docente” y a la justa retribución; citando al efecto los arts. 14.I, II y III, 22, 46.I.1, 48.I y II, 49.III, 96.III, 115.I y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) Que el Ministro ahora accionado proceda a ascenderlo a la primera categoría del personal docente, de manera automática por el transcurso del tiempo de permanencia demostrada en el ejercicio de la docencia; b) El reconocimiento del porcentaje correspondiente de bonificación al haber básico, debiendo ser aplicado de manera retroactiva al momento de la primera solicitud planteada en el memorial de 20 de diciembre de 2021; y, c) Pago de costas y costos conforme al art. 50 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 6 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 189 a 196 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo manifestó que: 1) En su respuesta extemporánea -RM 148/2022- el Ministro hoy accionado citó normas anteriores a la vigencia de la Ley de Educación "Avelino Siñani-Elizardo Pérez", que en su art. 2 establece que la norma con vigencia plena que garantiza la carrera docente es el Escalafón Nacional del Magisterio y el Reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación; la citada Ley de Educación que es superior a un decreto supremo y a una resolución ministerial, no existiendo ningún obstáculo legal que impida su ascenso automático de categoría, pues a pesar que se sometió a algunos exámenes de ascenso, ello resulta ser potestativo; por lo que, se acogió al simple cómputo de la antigüedad; 2) El citado Reglamento se refiere al ingreso, permanencia y retiro de los docentes y es una norma laboral que debe ser interpretada en favor del trabajador; más aun, cuando el art. 2 de dicha Ley de Educación la declaró plenamente vigente; 3) Le impidieron avanzar de categoría y el beneficio del 100% de haberes por ese concepto; 4) Se atentó contra su derecho a la dignidad; ya que, esta va acompañada de quien tiene recursos económicos; 5) Fue vulnerado su derecho a la no discriminación; ya que, existen otros sectores laborales que perciben el bono de antigüedad por el simple cómputo del tiempo; 6) Se vulneró su derecho al debido proceso al no aplicarse el referido artículo con relación a la vigencia plena del “escalafón de la educación”; 7) “…el procedimiento administrativo para el simple petitorio no prevé qué se va a hacer” (sic), habiendo dirigido su solicitud al Ministro ahora accionado por ser la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) en materia de educación, además que el citado Ministro es quien debe encausar la petición; 8) La ley no obliga la apertura de un proceso contencioso; sino que, ello es potestativo; y, 9) Adjunta como prueba el Registro Docente Administrativo (RDA) que confirma sus años de antigüedad, lo que no fue desvirtuado por el Ministro ahora accionado.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Edgar Pary Chambi, Ministro de Educación, a través de sus representantes legales, mediante informe presentado el 6 de febrero de 2023, cursante de fs. 182 a 188 vta.; así como en audiencia, manifestó que: i) El 20 de diciembre de 2021, el accionante solicitó ascenso a la primera categoría amparándose en el art. 42 del Reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación, indicando que reprobó el examen de ascenso en las gestiones 2019, 2020 y 2021 por razones familiares; además, que tendría treinta y tres años de antigüedad; y, que el salario no le alcanza para sostener a su familia. Posteriormente, fue emitido el Informe con Cite: IN/DGAA/UGPSEP/ERDA 0012/2022 de 11 de enero por parte de la Unidad de Gestión de Personal del Servicio de Educación Plurinacional; en el que, se refirió que: el accionante reprobó el examen de ascenso a la primera categoría en la gestión 2019; el art.40 inc. b) del Reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación, establece la opción de examen voluntario para abreviar los procesos de ascenso -para maestros normalistas- a la primera categoría con dieciséis años de antigüedad y examen aprobado; el art. 15 del DS 23968 de 24 de febrero de 1995, que prevé que el ascenso en la actualización permanente exige aprobar un examen quinquenal teórico-práctico conforme al art. 38.2 del Código de Educación Boliviana; y, las convocatorias emitidas por el Ministerio de Educación para el ascenso de cuarta a primera categoría son aprobadas mediante la correspondiente resolución ministerial. Asimismo, por el Informe Legal con Cite: IN/DGAJ/UAJ 0403/2022 de 24 de enero, se refirió que para el ascenso de categoría se debe rendir y aprobar el examen teórico-práctico correspondiente, lo que no aconteció; por lo que, era inviable la petición de ascenso de categoría de forma directa. Mediante Nota con Cite: NE/DGAJ/UAJ 0032/2022 de 2 de febrero se otorgó respuesta al accionante, indicándole que para acceder al ascenso de categoría debía presentarse a la convocatoria pública de ascenso de categoría y aprobarla, cumpliendo los requisitos de la convocatoria y del respectivo reglamento; además, en cumplimiento del art. 15 del DS 23968, se puso la indicada Nota en conocimiento del accionante el 4 de dicho mes de 2022, quien se negó a firmar la diligencia de notificación, aplicándose el art. 39 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo -DS 27113 de 23 de julio de 2003- para tener por efectuada la diligencia; sin embargo, también fue puesta en conocimiento del nombrado vía WhatsApp. En la misma fecha -4 de febrero de 2022- el accionante planteó recurso de revocatoria ante el silencio administrativo, emitiéndose la RM 148/2022 que rechazó dicho recurso confirmando la Nota con Cite: NE/DGAJ/UAJ 0032/2022. El 18 de marzo de 2022 el accionante planteó recurso jerárquico que fue remitido ante el Ministerio de la Presidencia a través de Nota con Cite: NE/DGAJ 0019/2022 de 23 de ese mes; ii) Los docentes del Magisterio Público deben rendir y aprobar el examen teórico-práctico correspondiente de manera obligatoria; por lo que, la solicitud del accionante respecto al ascenso directo no es atendible ya que reprobó varias veces el examen de ascenso de categoría -como el nombrado afirmó- al tener problemas familiares que distrajeron su atención; sin embargo, en la acción de amparo constitucional denunció que la reprobación se debía al ahorro del gasto público ordenado por el Estado central; iii) En ese punto, se debe señalar la SCP 0544/2019-S3 de 2 de septiembre, la cual establece que nadie puede ampararse en un derecho alegando su propia torpeza. El accionante pretende una resolución favorable bajo argumentaciones falaces, olvidándose del principio de lealtad procesal; iv) El art. 42 del Reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación, prevé que la promoción de categoría, fue emitido durante la vigencia del Código de Educación Boliviana de 20 de enero de 1995, que fue modificado posteriormente por la Ley de Reforma Educativa (LRE) que en su art. 37 reforma los escalafones vigentes y crea nuevas carreras de docente y administrativa, por consiguiente, fue promulgado el DS 23968 que en su art. 15 determina que los docentes deben rendir examen quinquenal teórico-práctico de acreditación de suficiencia profesional, que de ser reprobado por tres veces por el docente, este será apartado del Servicio de Educación Plurinacional. En la causa, el accionante reprobó el examen de ascenso por tres gestiones continuas. El art. 50 del señalado Decreto Supremo deroga todas las disposiciones contrarias a ese mismo Decreto Supremo; v) El art. 18 del Reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación establece dos proyecciones complementarias: los ascensos de jerarquía y las promociones de categoría -esta última en razón a la antigüedad en el servicio-. El art. 37 del citado Reglamento prevé la bonificación para las categorías primera a la quinta y el art. 38 de ese Reglamento determina que los maestros normalistas ascienden entre categorías según los años de servicio -5, 10, 15 y 20-. Los arts. 40 y 41 de dicho Reglamento prevén la opción a examen voluntario como medio para abreviar el proceso de promociones de categoría, que debe ser organizado por el Instituto de Investigaciones Pedagógicas, según calendario oficial. El art. 42 del indicado Reglamento determina que si un postulante no aprueba el examen, aún puede ascender de categoría por el cómputo de antigüedad en el servicio. En cambio, el vigente DS 23968 en su art. 15 regula el sistema de actualización permanente y acreditación profesional docente, con exámenes periódicos y sanciones progresivas que pueden llegar a la separación definitiva del Servicio de Educación Plurinacional si no se demuestra suficiencia profesional. Es decir, que el mencionado Decreto Supremo prevé que el examen ya no es voluntario sino obligatorio, lo que guarda relación con el art. 232 de la CPE; vi) El Ministerio de Educación emite convocatorias para el examen de ascenso en cada gestión, como lo hizo el 2021, siendo que las categorías cero y mérito son automáticas; por lo que, no requieren dar examen, siendo un requisito la sola inscripción al ascenso de categoría. El accionante cuenta con segunda categoría de la gestión 2018 postulándose al examen de ascenso tres veces, reprobando en las gestiones 2019 a 2021; puesto que, conforme al art. 40 inc. b) del Reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación, tiene la opción a examen voluntario para abreviar el proceso de promoción a primera categoría con dieciséis años de antigüedad y examen aprobado; en consecuencia, se tiene que este no cumplió con la aprobación del examen respectivo de ascenso de categoría, el cual se constituye en un requisito esencial, encontrándose establecido por el art. 15 del DS 23968, resultando que todas las disposiciones contrarias a este Decreto Supremo se encuentran derogadas; vii) No operó el silencio administrativo; sino que, el accionante se negó a firmar ante la “Nota externa 032/2022” -Nota con Cite: NE/DGAJ/UAJ 0032/2022-; viii) El Reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación se encuentra vigente como lo dispone la Ley de Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”; empero, sufrió modificaciones una de ellas se encuentra prevista por el citado Decreto Supremo que determina que el examen de ascenso ya no es voluntario sino obligatorio, quedando abrogado el art. 42 del mencionado Reglamento, ni existe un maestro que hubiese ascendido de categoría en aplicación de este artículo, excepto las categorías de cero y mérito que tiene ascenso automático, sin examen, de acuerdo a lo previsto por el DS 9331 de 13 de agosto de 1970; y, ix) El RDA no establece la antigüedad del docente. Bajo ese contexto, el Ministro de Educación nunca vulneró los derechos al trabajo, a una justa remuneración, al debido proceso, ni discriminó al accionante; puesto que, cada ascenso de categoría debe ser efectuado con el examen respectivo; razones por las que, pide se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 29/2023 de 6 de febrero, cursante de fs. 197 a 200 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) El accionante solicita que el Ministro hoy accionado ordene su ascenso de categoría; no obstante, la jurisdicción constitucional no puede ingresar a dilucidar el fondo de lo pretendido debido a la teoría de las autorrestricciones que respeta a la jurisdicción ordinaria; sin embargo, de establecer la vulneración de derechos se debe disponer la reconducción del proceso o el procedimiento. Entonces, bajo el principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional, la “última autoridad” será quien ordene la reparación del derecho vulnerado; b) El silencio administrativo genera, modifica o extingue una situación de derecho, siendo que esa Sala Constitucional expresó su conformidad con lo manifestado por el accionante de que el silencio administrativo genera una situación jurídica positiva de creación o negativa de extinción o simplemente “deparo” de la administración. Lo que sucedió en el presente caso es una serie de silencios administrativos negativos; empero, cuando termina el proceso administrativo con el recurso jerárquico, el silencio administrativo no opera de pleno derecho; sino que, la jurisprudencia constitucional establece que el administrado debe tener la diligencia para poner en conocimiento de la autoridad administrativa que el silencio administrativo “en Jerárquico ha aplicado”, primero, para establecer la cadena de responsabilidades, y segundo, para habilitar el proceso contencioso administrativo o la acción de amparo constitucional. En ese caso, se puede habilitar la jurisdicción constitucional; c) La determinación del ascenso de categoría corresponde de manera exclusiva a la administración -Presidente del Estado-; en ese sentido, al margen de que no se puso en conocimiento de la autoridad administrativa que operó el silencio administrativo, la pretensión de ascenso de categoría del accionante se torna en inexistente, pues este debió identificar el acto y demostrar que operó el silencio administrativo; ya que, ni la propia administración sabrá por qué operó el silencio administrativo negativo; d) En el recurso jerárquico, la Administración -el Presidente del Estado- no puede evitar un pronunciamiento al tener una inversión de la carga probatoria; por lo que, sus argumentos otorgan una conclusión para luego poder acudir a la jurisdicción constitucional; y, e) No se convocó al Presidente del Estado, al no existir pruebas de que se hubiese remitido el recurso jerárquico ante esa instancia para poder determinar la existencia de una vulneración a los derechos del accionante. En la vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado, pidió a la Sala Constitucional que se indique: 1) Por qué se determinó que el petitorio de ascenso de categoría es de imposible cumplimiento, cuando el art. 57 del CPCo determina que una sentencia podrá disponer la restitución del derecho vulnerado; y, 2) Por qué se estableció que el silencio administrativo no opera de hecho, si el art. 69 de la LPA no prevé que la parte acuda ante la autoridad administrativa para poner a su conocimiento que no cumplió su obligación de emitir una resolución, resultando que la “SC 14/2014-RCA de 10 de enero” establece que el silencio administrativo es suficiente para acudir a la acción de amparo constitucional. En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional, señaló que para la restitución de derechos, la jurisdicción constitucional dispondrá dejar sin efecto la resolución y ordenará la emisión de uno nuevo. Asimismo, la “SCP 0082/2018-S2” respalda lo determinado por esa Sala Constitucional, debiendo la Administración apercibirse de que operó en su contra el silencio administrativo negativo y que recaerán los efectos en su contra.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través del memorial presentado el 20 de diciembre de 2021, ante Edgar Pary Chambi, Ministro de Educación -hoy accionado-; Félix Flores Choquehuanca -ahora accionante- solicitó su ascenso automático de categoría (fs. 7 a 8 vta.); emitiéndose en respuesta la Nota con Cite: NE/DGAJ/UAJ 0032/2022 de 2 de febrero; en la cual, el Ministro hoy accionado indicó que los maestros para ser acreedores al ascenso a categoría deben rendir y aprobar el examen teórico-práctico correspondiente de conformidad al art. 15 del DS 23968, presentándose a la Convocatoria Pública de ascenso de categoría (fs. 128 a 129).

Asimismo, consta Acta de notificación de 4 de febrero de 2022, suscrito por la Notificadora del Ministerio de Educación, quien notificó al accionante en dicha fecha, a las 11:20 horas, aplicándose los arts. 39 y 45 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, haciendo constar que después de haber leído todo el contenido de la indicada Nota, el nombrado se negó a firmar la diligencia (fs. 130). II.2. Por memorial presentado el 4 de febrero de 2022, a las 12:11 horas, ante el Ministro ahora accionado; el accionante interpuso recurso de revocatoria, arguyendo silencio administrativo negativo a su solicitud de ascenso automático (fs. 9 a 11 vta.), emitiéndose en respuesta la RM 148/2022 de 7 de marzo, que rechazó el indicado recurso (fs. 12 a 22); la cual, fue notificada al accionante el 22 de igual mes y año, por la Notificadora del Ministerio de Educación en presencia de un testigo (fs. 23). II.3. Mediante memorial presentado el 18 de marzo de 2022, ante el Ministro hoy accionado; el accionante planteó recurso jerárquico, alegando silencio administrativo (fs. 24 a 26). En consecuencia, fueron emitidos los Informes con Cites: IN/DGAA/UGPSEP/ERDA 0103/2022 de 23 de marzo (fs. 166 a 170) y DGAJ/UGJ 759/2022 de igual fecha; este último recomendando ser elevado a conocimiento del Ministerio de la Presidencia, a efectos de su consideración al momento de emitirse la resolución de recurso jerárquico (fs. 171 a 180). Por consiguiente, a través de la Nota con Cite: NE/DGAJ 0019/2022 de esa misma fecha, recepcionado el 23 de marzo de 2022, dirigida al Presidente del Estado; el Ministro ahora accionado remitió el recurso jerárquico interpuesto por el accionante contra la RM 148/2022 (fs. 181).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la dignidad, al debido proceso, a la no discriminación, “a la carrera docente” y a la justa retribución; puesto que, presentó una solicitud de ascenso automático ante el Ministro ahora accionado conforme al art. 42 del Reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación; posteriormente, interpuso los recursos de revocatoria y jerárquico que no fueron resueltos en los plazos legales establecidos operando en ambos casos el silencio administrativo negativo; por lo que, no fue reconocido su derecho al ascenso de categoría en razón a la antigüedad, como prevé la normativa legal vigente. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: i) Respecto al silencio administrativo negativo y las resoluciones tardías; ii) La subsidiariedad de la acción de amparo constitucional; y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. Respecto al silencio administrativo negativo y las resoluciones tardías

La SCP 1068/2014 de 10 de junio, reiterando el entendimiento de la SCP 2542/2012 de 21 de diciembre, establece que: [«Antes de abordar el tema central de análisis como es el silencio administrativo es necesario comprender, lo que implica el acto administrativo; en ese orden, se puede puntualizar que éste se denomina a toda declaración de voluntad de la administración pública; es decir, a cualquier decisión que asuma un órgano de administración pública que produzca efectos jurídicos sobre el administrado. Tiene por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos u obligaciones. En ese orden, cuando la administración pública no cumple con su obligación de pronunciarse o de ejecutar o emitir un acto administrativo, dentro de los plazos máximos legales otorgados al efecto, genera lo que se denomina el silencio administrativo, inactividad que provoca que sea valorada como una decisión ya sea positiva o negativa, ello con la finalidad de evitar el quiebre del sistema jurídico administrativo. Dicho de otro modo, persigue el objetivo que aún en inactividad, la administración cumpla con su deber de poner fin a los procedimientos administrativos. Doctrinalmente el silencio administrativo produce uno de los efectos señalados, según sea el caso, ya sea el denominado silencio administrativo positivo o estimatorio, o bien, el negativo o desestimatorio. El primero de ellos, ocurre cuando el administrado acude ante el ente público y éste no se pronuncia sobre dicha petición dentro del plazo máximo establecido en la norma jurídica; se entenderá que dicha omisión implica una aceptación a la solicitud. El silencio administrativo negativo en cambio, opera cuando le ley expresamente lo determina de ese modo, y se refiere a que cuando la administración pública no da respuesta a una solicitud o deja de emitir una resolución dentro del término de ley, entonces se entiende que la petición fue rechazada, pudiendo a continuación proseguir los medios o recursos de impugnación idóneos. Con relación al silencio administrativo, vinculado a la emisión de resoluciones tardías, la SC 0032/2010-R de 20 de septiembre, inició lo siguiente: Uno de los problemas que genera la técnica del silencio administrativo es precisamente el relacionado con las llamadas resoluciones tardías, en ese contexto, es imperante analizar esta temática a partir de los efectos jurídicos tanto del silencio administrativo negativo como del positivo, tarea que será realizada a continuación. En efecto, el silencio administrativo negativo, a diferencia del silencio administrativo positivo, no se equipara a un acto administrativo desestimatorio, ya que tiene simplemente efectos procedimentales, en virtud de los cuales se abre el control administrativo o jurisdiccional posterior para la impugnación de esta presunción desestimativa, por esta razón, se afirma que esta técnica constituye una ficción legal de efectos puramente procesales, bajo este espectro, se tiene por tanto que la administración pública -sin perjuicio de la responsabilidad emergente del ejercicio de la función pública-, puede emitir las llamadas resoluciones tardías, sin que este acto implique vulnerar la garantía de la competencia de la autoridad que omitió pronunciarse dentro de los plazos procedimentales establecidos por ley, empero, una vez operado el silencio administrativo negativo y en caso de haber impugnado la presunción de desestimación a la petición del administrado por mora de la administración, la autoridad administrativa que omitió pronunciarse en plazo hábil pierde competencia, por tanto solamente en este supuesto, ya no podría emitir acto administrativo alguno. Por el contrario, en el caso del silencio administrativo positivo, considerando que sus efectos se equiparan a un acto administrativo estimatorio, la autoridad administrativa que incumplió su obligación de emitir el fallo en el plazo establecido por la normativa vigente, no puede emitir un nuevo acto posteriormente, salvo que esta resolución tardía conceda la petición del administrado, razonable por demás lógico si se considera que una de las características del acto administrativo es su firmeza y presunción de legitimidad y más comprensible aun porque la administración pública no puede anular de oficio actos administrativos, sino únicamente a través de los medios administrativos de impugnación o en su caso a través de un control jurisdiccional posterior. Con relación a la aplicación del silencio administrativo en nuestro país, la precitada Sentencia Constitucional, más adelante agregó lo que sigue: “Una vez desarrollada toda la dogmática del silencio administrativo tanto en su faceta negativa como positiva, corresponde ahora precisar su regulación en el bloque de legalidad administrativa del Estado Plurinacional de Bolivia, en ese contexto, en principio, es imperante invocar el art. 17.III de la LPA, cuyo contenido reza lo siguiente: 'Transcurrido el plazo previsto sin que la Administración Pública hubiera dictado la resolución expresa, la persona podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo negativo, pudiendo deducir el recurso administrativo que corresponda o, en su caso jurisdiccional'; al amparo del principio de taxatividad, se evidencia que el silencio administrativo está disciplinado como excepción a la regla general ya que solamente opera cuando existe normativa expresa que así lo determina. Como consecuencia lógica de lo expuesto, se establece además que en caso de operar el silencio administrativo negativo, las resoluciones tardías no generan incompetencia de la autoridad que omitió resolver la petición en el plazo establecido por ley, sin perjuicio de la responsabilidad emergente del ejercicio de la función pública; por el contrario, en caso de operar el silencio administrativo positivo cuando así lo establezca la ley, por los efectos de esta institución jurídica, las autoridades administrativas no se encuentran facultadas para modificar los efectos de ese acto presunto estimatorio a la pretensión del administrado. Ahora bien, en caso de los recursos jerárquicos, el art. 67.II de la LPA, de forma expresa señala lo siguiente: 'El plazo se computará a partir de las interposición del recurso, si vencido dicho plazo no se dicta resolución, el recurso se tendrá por aceptado y en consecuencia revocado el acto recurrido, bajo responsabilidad de la autoridad pertinente', en el marco del contenido de esta disposición, el art. 125 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, de manera expresa señala en su párrafo segundo que 'el silencio de la administración establecido en el Parágrafo II del art. 67 de la Ley de Procedimiento Administrativo, será considerada una decisión positiva, exclusivamente prevista en disposiciones reglamentarias específicas, conforme establece el Parágrafo V del art. 17, de la citada ley'. En mérito a las disposiciones antes señaladas, se tiene que en el bloque de legalidad imperante y para el caso específico de los recursos jerárquicos, se encuentra disciplinado el silencio administrativo positivo como excepción y no así como regla general; es decir, únicamente cuando una normativa específica determina expresamente los efectos del acto presunto estimatorio denominado también silencio administrativo positivo, en consecuencia, considerando que en esta instancia procesal administrativa opera como regla general el silencio administrativo negativo (…) se establece que en esta etapa, por los efectos procesales propios del silencio administrativo negativo, los actos tardíos pronunciados por una autoridad administrativa, no vulneran la garantía de la competencia. Precisada como quedó en la SC 0032/2010-R, la forma en la que opera el silencio administrativo en nuestro país, a efectos de resolver la problemática planteada, se hace necesario de igual forma, contextualizar la temática referida a las resoluciones administrativas que si bien, fueron emitidas por el ente competente, pero se lo hizo fuera del plazo legal, lo que se denomina resolución tardía, la que una vez pronunciada sobre efectos jurídicos a partir de su notificación; es decir, es válida a efectos de su cumplimiento y ejecución, con la respectiva responsabilidad para el servidor público que la pronunciada incumpliendo los plazos legales”»] (las negrillas nos corresponden). Entendimiento que fue reiterado por la SC 0638/2011-R; así como, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2542/2012 de 23 de julio, 1128/2013-L de 30 de agosto, 1068/2014 de 11 de junio, 0869/2015-S1 y 0921/2015-S2, ambas de 22 de septiembre, 1366/2015-S2 de 16 de diciembre, 1399/2016-S3 de 5 de diciembre, 0351/2021-S2 de 22 de julio, 1187/2022-S2 de 19 de septiembre, 1431/2022-S2 de 3 de noviembre, 1552/2022-S2 de 6 de diciembre, 0671/2023-S4 de 8 de agosto y 0672/2024-S4 de 8 de octubre, entre otras.

III.2. La subsidiariedad de la acción de amparo constitucional

La SCP 0148/2018-S2 de 30 abril, señala que: “La Constitución Política del Estado, en su art. 128, establece: ‘La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley’; a su vez, el art. 129.I de la referida Ley Fundamental, señala: ‘La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’ (…). En coherencia con la última disposición, el art. 54 del CPCo, respecto a la subsidiariedad e inmediatez, dispone: I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando: 1. La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela. El Tribunal Constitucional a través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, sostuvo que la acción de amparo constitucional constituye un instrumento subsidiario, porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa; y supletorio, pues viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. Es así, que en el Fundamento Jurídico III.1, estableció reglas y subreglas de improcedencia por subsidiariedad: …cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución (…). Asimismo, el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional supone que ésta no podrá activarse mientras no se agoten otros medios o recursos legales que permitan la protección del o los derechos de la persona interesada; así lo establecen los arts. 129.I de la CPE y 54 del CPCo” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la dignidad, al debido proceso, a la no discriminación, “a la carrera docente” y a la justa retribución; puesto que, presentó una solicitud de ascenso automático ante el Ministro ahora accionado conforme al art. 42 del Reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación; posteriormente, interpuso los recursos de revocatoria y jerárquico que no fueron resueltos en los plazos legales establecidos operando en ambos casos el silencio administrativo negativo; por lo que, no fue reconocido su derecho al ascenso de categoría en razón a la antigüedad, como prevé la normativa legal vigente. De la revisión de antecedentes, se evidencia que por memorial presentado el 20 de diciembre de 2021, ante el Ministro hoy accionado; el accionante solicitó su ascenso automático de categoría, emitiéndose en respuesta la Nota con Cite: NE/DGAJ/UAJ 0032/2022; en la cual, el citado Ministro indicó que los maestros para ser acreedores al ascenso a categoría deben rendir y aprobar el examen teórico-práctico correspondiente de conformidad al art. 15 del DS 23968, presentándose a la Convocatoria Pública de ascenso de categoría. Asimismo, consta Acta de notificación de 4 de febrero de 2022, suscrito por la Notificadora del Ministerio de Educación, quien notificó al accionante en dicha fecha, a las 11:20 horas, aplicándose los arts. 39 y 45 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, haciendo constar que después de haber leído todo el contenido de la indicada Nota, el nombrado se negó a firmar la diligencia (Conclusión II.1.). Posteriormente, por memorial presentado el 4 de febrero de 2022 a las 12:11 horas, ante el Ministro ahora accionado; el accionante interpuso recurso de revocatoria, arguyendo silencio administrativo negativo a su solicitud de ascenso automático, emitiéndose en respuesta la RM 148/2022, que rechazó el indicado recurso; la cual, fue notificada al accionante el 22 de marzo de 2022 (Conclusión II.2.). Luego, mediante memorial presentado el 18 de marzo de 2022, ante el Ministro hoy accionado; el accionante planteó recurso jerárquico, alegando silencio administrativo. En consecuencia, fueron emitidos los Informes con Cites: IN/DGAA/UGPSEP/ERDA 0103/2022 y DGAJ/UGJ 759/2022; este último recomendando ser elevado a conocimiento del Ministerio de la Presidencia, a efectos de su consideración al momento de emitirse la resolución de recurso jerárquico. Por consiguiente, a través de la Nota con Cite: NE/DGAJ 0019/2022 de esa misma fecha, recepcionado el 23 de marzo de 2022, dirigida al Presidente del Estado; el Ministro ahora accionado remitió el recurso jerárquico interpuesto por el accionante contra la RM 148/2022 (Conclusión II.3.). En la presente causa, corresponde referir que el accionante presentó su solicitud de ascenso automático bajo el amparo del art. 42 del Reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación y ante la supuesta falta de una respuesta expresa dentro del plazo legal, interpuso sucesivamente los recursos administrativos correspondientes; es decir, los recursos de revocatoria y jerárquico. Estas actuaciones revelan la intención del administrado -accionante- de agotar la vía administrativa conforme con lo exigido por el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia constitucional (Fundamento Jurídico III.2.). En ese orden, de acuerdo con el entendimiento citado en la SCP 1068/2014, el silencio administrativo negativo no se equipara a una resolución expresa que agote la vía administrativa; sino que, constituye un efecto procesal que habilita al administrado para acudir a la instancia siguiente (Fundamento Jurídico III.1.). En ese sentido, el proceso contencioso administrativo solo puede ser planteado una vez agotados los recursos administrativos -de revocatoria y jerárquico-. En ese punto, si la autoridad administrativa no emite pronunciamiento dentro del plazo legal y se configura una omisión prolongada y definitiva, la vía administrativa se considera agotada, habilitando así el acceso a la jurisdicción constitucional; no obstante, cuando el silencio administrativo negativo se produce en el recurso jerárquico y no existe pronunciamiento alguno, dicha omisión se configura a una denegación de justicia que puede justificar la procedencia excepcional de la acción de amparo constitucional ante la posibilidad de que la protección pueda resultar tardía (Fundamento Jurídico III.2.). Esto ocurre cuando el administrado demuestra que no existe otro medio idóneo o eficaz para la protección inmediata de sus derechos y garantías constitucionales, especialmente ante la imposibilidad de obtener una resolución definitiva en sede administrativa o contenciosa en un plazo razonable. En el presente caso, se advierte que el accionante no se basó exclusivamente en el silencio administrativo para reclamar el ascenso de categoría; sino que, interpuso el recurso de revocatoria el mismo día de la notificación con la Nota con Cite: NE/DGAJ/UAJ 0032/2022, que se negó a firmar, por ende, sí existió una respuesta expresa previa a su impugnación, contrario a lo alegado por el nombrado en esta acción de amparo constitucional; sin embargo, también se evidencia que el accionante planteó recurso jerárquico el 18 de marzo de 2022, constatándose que la autoridad administrativa jerárquica -Presidente del Estado- omitió resolverlo en el plazo establecido; es decir, a los noventa días hábiles computables a partir de la interposición de dicho recurso conforme establece el art. 67.I de la LPA, no constando la emisión de un fallo hasta la interposición de la presente acción tutelar; omisión definitiva que agota la vía administrativa y habilita al administrado -accionante- para acudir a la presente acción de amparo constitucional para la tutela de sus derechos fundamentales. En ese orden, la ausencia de pronunciamiento por parte de la autoridad jerárquica al recurso jerárquico planteado por el accionante, se configura en una denegación de la justicia administrativa que vulnera el derecho fundamental al debido proceso que debe ser protegido por la instancia constitucional. Bajo ese contexto, se debe aclarar que esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no está facultada para resolver el fondo del asunto administrativo que, en este caso, es el ascenso automático solicitado por el accionante; sino, únicamente para constatar la omisión administrativa que vulnera derechos constitucionales y para ordenar a la autoridad administrativa jerárquica -Presidente del Estado- a que emita pronunciamiento de fondo, motivado y congruente, garantizando así el respeto al debido proceso.

Sin embargo, se advierte que la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al pronunciar la Resolución 29/2023, cursante de fs. 197 a 200 vta., justificó la falta de citación del Presidente del Estado -que se constituye en la autoridad jerárquica que debió resolver el recurso planteado por el accionante- con la presente acción de defensa, alegando que no existía constancia de la remisión del recurso jerárquico ante la señalada autoridad; aspecto que no resulta evidente; puesto que, conforme se advierte de la prueba adjunta al cuaderno procesal, el referido recurso fue remitido ante dicha autoridad mediante la Nota con Cite: NE/DGAJ 0019/2022 (Conclusión II.3.), configurándose un incumplimiento de la administración el no resolverlo dentro de plazo. Entonces, si bien la falta de citación a la autoridad jerárquica responsable -Presidente del Estado-podría generar cuestionamientos procesales por posible vulneración del derecho a la defensa y al principio de contradicción; sin embargo, la realidad fáctica demuestra que dicha autoridad fue plenamente identificada por el accionante al momento de interponer la presente acción tutelar, advirtiéndose que la omisión de pronunciamiento respecto al recurso jerárquico planteado por el nombrado, resulta evidente y manifiesta; por lo que, en atención al principio constitucional de celeridad procesal y a la necesidad de garantizar una tutela efectiva de los derechos fundamentales del accionante, resulta oportuno y justificado que esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional ordene directamente a la autoridad jerárquica -Presidente del Estado- a emitir, en el plazo máximo de noventa días hábiles, una resolución de fondo, debidamente motivada y congruente, respecto a la solicitud de ascenso automático planteada por el accionante. Determinación que se adopta con la finalidad de evitar dilaciones indebidas, respetando el derecho al debido proceso del nombrado. Respecto al petitorio del accionante de que el Ministro ahora accionado proceda a ascenderlo a la primera categoría del personal docente, de manera automática por el transcurso del tiempo de permanencia demostrada en el ejercicio de la docencia; y, el reconocimiento del porcentaje correspondiente de bonificación al haber básico, debiendo ser aplicado retroactivamente al momento de la primera solicitud planteada mediante el memorial de 20 de diciembre de 2021; se establece que tales extremos constituyen el fondo del recurso jerárquico interpuesto por el accionante; en ese sentido, al verificarse la configuración del silencio administrativo negativo por la instancia jerárquica, corresponde que sea la autoridad jerárquica competente -como última instancia administrativa- la que emita un pronunciamiento expreso, motivado, congruente y ajustado a Derecho; ya que, esta instancia no puede disponer directamente el ascenso o el pago solicitado; puesto que, implicaría suplantar competencias propias de la administración pública y desnaturalizar el objeto de la presente acción de defensa.

Finalmente, con relación a la solicitud de pago de costas y costos formulada por el accionante, se debe señalar que al ser ello una facultad potestativa, conforme lo dispone el art. 39 del CPCo, y en atención al alcance de la tutela, no corresponde su imposición. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 29/2023 de 6 de febrero, cursante de fs. 197 a 200 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada por Félix Flores Choquehuanca respecto a la vulneración del derecho al debido proceso, de acuerdo con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

a) Disponer que el Presidente del Estado emita un fallo resolviendo el fondo del recurso jerárquico interpuesto por Félix Flores Choquehuanca, sea en el plazo máximo de noventa días computables a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. b) Llamar severamente la atención a los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por la omisión de la citación de la autoridad jerárquica con la presente acción tutelar. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a los derechos al trabajo, a la dignidad, a la no discriminación, “a la carrera docente” y a la justa retribución; y asimismo, la pretensión del accionante respecto al ascenso de categoría, el pago retroactivo de la correspondiente bonificación al haber básico y el pago de costas y costos, de acuerdo con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0441_2025-S1.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): b457a8e740161292fba824c8adf972e4d582b32bc17677dfce4265757fda7e0b

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