B.IA.LEGAL

SCP 0441/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 1 de junio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
1 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
45606-2022-92-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la salud, a la libre transitabilidad y a la petición; en razón a que, al Juez demandado presentó memoriales el 3 de noviembre de 2021, solicitando desarchivo del proceso penal seguido en su contra que data desde hace más de diez años, por la presunta comisión del ilícito de robo; el 11 de igual mes y año, en el cual, planteó la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y modificación de las medidas sustitutivas a la detención preventiva; el 29 de similar mes y año, reiterando dichas pretensiones; y, el 19 de enero de 2022, pidiendo sean considerados todos sus escritos; los cuales, hasta el momento de la interposición de esta acción tutelar no merecieron atención. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 01/2022 de 26 de enero, cursante de fs. 30 vta. a 32 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a al derecho a la libertad, a la libre transitabilidad y al debido proceso, con relación al escrito presentado el 1 de noviembre de 2021, por la dilación incurrida por el Juez demandado, disponiendo que dicha autoridad judicial, de manera inmediata resuelva la situación jurídica del accionante, salvo que por el tiempo transcurrido ya se hubiera atendido la misma; y, 2° DENEGAR de tutela con relación a la falta de atención de los escritos desplegados el 3 y 29 de noviembre de 2021, y 19 de enero de 2022; sobre los derechos a la petición y a la salud, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o indebido
  2. III.2. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0441/2023-S2 Sucre, 1 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 45606-2022-92-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01/2022 de 26 de enero, cursante de fs. 30 vta. a 32 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mauricio Rioja Valenzuela contra Roberto Raúl Arias Sejas, Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de enero de 2020, cursante a fs. 6 y vta., el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Presentó memoriales el 3 de noviembre de 2021, ante el Juzgado de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy demandado-, solicitando desarchivo del proceso penal en su contra, por la presunta comisión del ilícito de robo; que data desde hace más de diez años atrás; el 11 de igual mes y año, planteó la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; el 29 de similar mes y año, reiteró lo impetrado; y, el 19 de enero de 2022, pidió sean atendidos todos sus escritos; empero, hasta la presentación de esta acción de defensa no fueron resueltos; por su parte, la Auxiliar del citado despacho informó a su familia y abogado, que el cuaderno procesal se encontraría perdido; toda vez que, no se tenía constancia en los libros del Juzgado de su remisión. En razón a que, se encuentra cumpliendo dicho tiempo medidas sustitutivas a la detención preventiva, como el arraigo, firmar cada quince días en el libro de asistencia y realizar el control biométrico; y debido a que, tiene la necesidad de salir del país por la enfermedad crónica que padece y el perjuicio que le ocasiona el pedir permiso en su fuente laboral para cumplir la señalada medida cautelar, el “11 de noviembre” -se entiende de 2021-, pidió la modificación de las mismas; empero, no tuvo respuesta al respecto.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció como lesionados sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la salud, a la libre transitabilidad y a la petición, citando al efecto los arts. 15, 18, 22, 23, 115.I, 117.I y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se restituya sus derechos constitucionales, debiendo el “…Juzgador (…) resolver [su] situación jurídica (…) para tener una justicia pronto oportuna y sin dilaciones” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 26 de enero de 2022, según consta en acta cursante de fs. 28 a 30 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que: a) El Juez demandado informó que se resolvieron los escritos presentados; sin embargo, no resulta cierto; ya que, no se encuentran foliadas las páginas, siendo además nuevas, y al no encontrarse el expediente indicó que estese a procedimiento; b) Sobre la solicitud de modificación de medidas sustitutivas, la citada autoridad de forma falsa señaló audiencia de consideración para el 17 de noviembre de 2021; toda vez que, la misma no fue notificada a su persona ni al Ministerio Público, en ese verificativo se emitió un informe -no precisó de quien- indicando de que no se hallaban presentes los sujetos procesales; c) De los incidentes “…planteados (…) el 29 de noviembre de 2021…” (sic), mereció providencia -no señaló la data-; en sentido que, se dé cumplimiento a la reposición del cuaderno procesal, intentando decir que se busque el mismo, y mientras se encuentre perdido no se resolverá su situación; y, d) Pidió que la autoridad demandada en el término de “…24 horas no solo resuelva los incidentes y excepciones, sino que lo extinga…” (sic); y sea con costas.

I.2.2. Informe del demandado

Roberto Raúl Arias Sejas, Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, en audiencia de garantías manifestó que: 1) El accionante “…es una persona detenida por el delito de robo agravado y otro por caso de diprove (…) es por eso que ha estado detenido en palmasola…” (sic); 2) Encontró el “cuaderno N° 2” y ante la inexistencia del primer cuerpo, dispuso la reposición, que debe ser diligenciada por la parte interesada, al igual que las resoluciones de señalamiento de audiencia; toda vez que, su despacho judicial al ser desconcentrado no trabaja con la gestora de procesos; 3) Las copias que corresponden no pueden ser erogadas por el Auxiliar; 4) El proceso penal data del 2012; es decir, transcurrieron diez años, tiempo que no fue atribuible a su persona, sino a los exjueces; además, el abogado del impetrante de tutela señaló que recién asumió defensa, siendo cierto; ya que, en ese lapso no existió movimiento del proceso penal en cuestión; puesto que hizo el seguimiento de la referida causa los familiares del prenombrado, ante el desconocimiento de la tramitación de sus solicitudes no entendieron como fueron despachadas las mismas; y, 5) Incumbe reponer los actuados procesales faltantes, y una vez cumplido ese aspecto, dictará la resolución que corresponda; por lo que, solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 01/2022 de 26 de enero, cursante de fs. 30 vta. a 32 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que el Juez demandado en el término de veinticuatro horas, ordene a un servidor de apoyo judicial que las providencias emitidas sean notificadas a las partes procesales mediante WhatsApp o correo electrónico; y, en el plazo de tres días contesten los incidentes y excepciones planteados por el impetrante de tutela, para que posteriormente sea resuelta por la señalada autoridad; con base en el siguiente fundamento: siendo que, el escrito de 3 de noviembre de 2021, mereció atención -no precisó la fecha-; el memorial presentado el 11 de igual mes y año, tuvo providencia de 12 del referido mes y año, programando audiencia para el 17 de similar mes y año, que fue suspendida; debido a que, no se notificó a los sujetos procesales conforme el correspondiente acta; “…posterior a ello presentan otro memorial sobre incidente y excepciones…” (sic), que se decretó el 30 del mencionado mes y año, indicando que debe darse cumplimiento a la reposición de actuados procesales; el 19 de enero de 2022, reiteró la resolución del incidente y la providencia que refirió a que se acate lo determinado el 12 de noviembre de 2021; pronunciamientos que correspondía ser notificados no únicamente mediante la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, sino también por correo electrónico o vía WhatsApp, habiendo el peticionante de tutela señalado ambos medios; por lo que, incumbe al Juez demandado efectuar el control de las actividades realizadas por el personal a su cargo. En vía de complementación y enmienda, el accionante solicitó: i) Se pronuncie sobre el mandamiento de arraigo; lo que, le limita a ejercer su libertad plena de transitabilidad; ii) Se certifique a que fojas cursan las notificaciones con el señalamiento de la audiencia de consideración de las medidas sustitutivas a la detención preventiva; y, iii) Se reponga el expediente; a lo que, en sustanciación y resolución el Tribunal de garantías indicó que: a) Sobre el arraigo u otras medidas cautelares personales o reales, el Juez demandado dispondrá lo que concierna al momento de resolver el incidente de extinción del proceso; y, b) Con relación a la reposición, la citada autoridad debe otorgar tres días a las partes procesales a efecto de que proporcionen los actuados que correspondan, y por secretaría del despacho judicial que se encuentra a cargo del aludido Juez, se revisen e incorporen los archivos pertinentes.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 3 de noviembre de 2021, ante el Juzgado de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, Mauricio Rioja Valenzuela -hoy accionante-, se apersonó y solicitó el desarchivo y fotocopias simples del cuaderno procesal con Número de Registro Judicial (NUREJ) 701199201229672 (fs. 2 y vta.). II.2. Mediante escrito desplegado el 11 del citado mes y año, ante el Juez demandado, el impetrante de tutela pidió se programe audiencia de modificación de medidas sustitutivas a la detención preventiva dentro del proceso penal con el referido NUREJ (fs. 3 y vta.). II.3. A través de memorial expuesto el 29 de igual mes y año, ante la autoridad demandada, el solicitante de tutela -dentro de la mencionada causa penal- “PLANTE[Ó] INCIDENTES Y EXCEPCIONES DE LA ACCION PENAL, AL AMPARO DEL ARTICULO 308.4, CPP, CON RELACION A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 27.8,9 DEL CPP, POR PRESCRIPCION Y POR VENCIMIENTO DEL PLAZO MAXIMO DE DURACION DEL PROCESO…” (sic [fs. 4 y vta.]). II.4. Dentro del mismo proceso penal por escrito presentado el 19 de enero de 2022, ante el referido Juzgado, el accionante pidió se le notifique con las resoluciones de los incidentes y excepciones que formuló; asimismo, se ordene su desarraigo (fs. 5 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la salud, a la libre transitabilidad y a la petición; en razón a que, al Juez demandado presentó memoriales el 3 de noviembre de 2021, solicitando desarchivo del proceso penal seguido en su contra que data desde hace más de diez años, por la presunta comisión del ilícito de robo; el 11 de igual mes y año, en el cual, planteó la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y modificación de las medidas sustitutivas a la detención preventiva; el 29 de similar mes y año, reiterando dichas pretensiones; y, el 19 de enero de 2022, pidiendo sean considerados todos sus escritos; los cuales, hasta el momento de la interposición de esta acción tutelar no merecieron atención. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o indebido

La SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, precisó que: “Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional. (…) …para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’” (las negrillas son nuestras).

III.2. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Al respecto, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, señaló que: “La jurisprudencia constitucional en sus diferentes fallos, ha establecido que el derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la persona, entendimiento que se sustenta en la norma prevista por el art. 6.II CPE, pues en ella el Constituyente boliviano ha dejado expresamente establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y protegerla es un deber primordial del Estado. Atendiendo esta misma concepción de protección es que creó un recurso exclusivo, extraordinario y sumarísimo a fin de que el citado derecho goce de especial protección en casos de que se pretenda lesionarlo o esté siendo lesionado. Bajo esa premisa fundamental, debe entenderse que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (énfasis añadido). Asimismo, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, refirió: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. (…) Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” .

III.3. Análisis del caso concreto

De antecedentes de esta acción tutelar, dentro del proceso penal con NUREJ 701199201229672, se tiene escrito presentado el 3 de noviembre de 2021, al Juzgado de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, por el cual el accionante se apersonó pidiendo el desarchivo y fotocopias simples del cuaderno procesal (Conclusión II.1); el 11 de noviembre de 2021, el prenombrado al referido Juzgado requirió se programe audiencia de modificación de medidas sustitutivas a la detención preventiva (Conclusión II.2); el 29 de igual mes y año, el solicitante de tutela por escrito desplegado a la autoridad demandada “PLANTE[Ó] INCIDENTES Y EXCEPCIONES DE LA ACCION PENAL, AL AMPARO DEL ARTICULO 308.4, CPP, CON RELACION A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 27.8,9 DEL CPP, POR PRESCRICION Y POR VENCIMIENTO DEL PLAZO MAXIMO DE DURACION DEL PROCESO…” (sic [Conclusión II.3]); el 19 de enero de 2022, mediante escrito presentado ante dicho Juzgado, el peticionante de tutela pidió se le notifique con las resoluciones de los incidentes y excepciones que formuló y se disponga su desarraigo (Conclusión II.4). En mérito a la acción de libertad interpuesta, el hecho denunciado como lesivo por el impetrante de tutela radica en que, estando más de diez años cumpliendo medidas sustitutivas a la detención preventiva y con el fin de que estas sean modificadas por los inconvenientes que le ocasionan, ante el despacho judicial a cargo de la autoridad demandada presentó los siguientes memoriales: el 3 de noviembre de 2021, solicitando desarchivo del proceso penal en su contra que data desde hace más de diez años, por la presunta comisión del ilícito de robo; el 11 de igual mes y año, en el cual planteó la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y modificación de las medidas sustitutivas a la detención preventiva; el 29 de similar mes y año, reiterando lo impetrado; y, el 19 de enero de 2022, en el que pidió sean atendidos todos sus escritos; que no fueron resueltos hasta la presentación de esta acción tutelar. De la revisión de obrados se pudo advertir que el accionante denuncia la falta de atención de diversos escritos que presentó ante el Juzgado de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, de los cuales se tienen los siguientes: 1) Los escritos expuestos el 3 de noviembre de 2021, por el cual el peticionante de tutela solicitó el desarchivo del cuaderno procesal y requirió fotocopias simples; el presentado el 29 de igual mes y año, planteando incidentes y excepciones de la acción penal por prescripción y vencimiento del plazo máximo de duración del proceso; y, el 19 de enero de 2022, por el que pidió ser notificado con todo lo impetrado; y, 2) El memorial desplegado el 11 de noviembre de 2021, a través del cual el accionante solicitó se programe audiencia de modificación de medidas sustitutivas, el cual al tener el objeto de resolver medidas cautelares personales, se halla directamente vinculado con su derecho a la libertad. Al haberse diferenciado los memoriales presentados por el impetrante de tutela, concierne ingresar al análisis de los mismos.

Respecto al inciso 1) Conforme la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad puede tutelar el procesamiento indebido solamente cuando el acto procesal denunciado, de manera directa origine la restricción o supresión de la libertad física o de locomoción; consecuentemente, para que por esta vía se analice el alegado indebido procesamiento, deben concurrir los siguientes presupuestos: i) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, deben estar directamente vinculados con la libertad por operar como causa directa para la restricción o supresión del señalado derecho; y, ii) El impetrante de tutela se encuentre en absoluto estado de indefensión; de no presentarse de manera simultánea ambos presupuestos, no resulta permisible ingresar al estudio de los alcances de la naturaleza jurídica de la acción de libertad; correspondiendo que, el reclamo del justiciable sea planteado a través de la acción de amparo constitucional, una vez agotados los medios intraprocesales pertinentes. En relación al primer presupuesto, cabe mencionar que el acto denunciado como lesivo a través de esta acción tutelar, concerniente a que el Juez demandado no atendió los memoriales presentados por el accionante el 3 y 29 de noviembre de 2021, y 19 de enero de 2022, mediante los cuales se apersonó y, pidió el desarchivo, fotocopias simples, interpuso excepciones e incidentes y la reiteración de lo requerido, no guardan directa vinculación con el ejercicio de la libertad física del impetrante de tutela; toda vez que, el peticionante de tutela no se halla privado de libertad; puesto que, en el memorial de la acción de libertad señaló que viene cumpliendo medidas sustitutivas a la detención preventiva; tampoco, se advierte que se encuentre en riesgo la misma ante la falta de otorgarse las fotocopias simples solicitadas; además, si bien no fue resuelto el incidente y excepción de la acción penal por prescripción y vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, esta no se halla vinculada con el derecho a la libertad; puesto que, de ella no emerge alguna situación que limite el ejercicio al indicado derecho; al respecto resulta pertinente hacer mención a la SCP 1045/2013 de 27 junio, la cual sostuvo que: ‘“…no existe vinculación directa entre la extinción de la acción penal en la etapa preparatoria con el derecho a la libertad personal por no operar como causa de su restricción, aspecto que también inviabiliza su tratamiento a través de esta acción tutelar, ello, en razón a que las lesiones al debido proceso relacionados con la libertad personal, sólo pueden ser analizadas a través de esta acción, como ya se mencionó, por haber operado como causa directa de la restricción…’; sin embargo, considerándose el principio de favorabilidad, corresponde precisar que: a) Antes de la emisión de la Resolución de extinción de la acción penal al no existir vinculación directa con el derecho a la libertad corresponde que conforme establece la SCP 0322/2012, una vez agotados los medios idóneos que prevé la ley pueda solicitarse tutela a través de la acción de amparo constitucional”; en consecuencia, la resolución de los memoriales detallados no definirá la situación jurídica del impetrante de tutela. De acuerdo a la segunda condición, se evidencia que el accionante estuvo al tanto de los actuados procesales dentro la causa penal seguida en su contra, por la presunta comisión del delito de robo, advirtiéndose que ejerció su derecho a la defensa a través de los memoriales ahora reclamados entendiéndose de igual forma al haber conseguido medidas sustitutivas a la detención preventiva; lo que, permite inferir que el prenombrado goza de asesoramiento técnico al momento de ejercer su defensa y activar los mecanismos intraprocesales de protección en resguardo de sus derechos; de manera que, no se encuentra en absoluto estado de indefensión; por lo que, tampoco se presenta este requisito. En consecuencia, al no concurrir los presupuestos descritos en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de libertad incoada no es pertinente para resolver las irregularidades reclamadas con relación al procesamiento indebido; por consiguiente, corresponde denegar la tutela impetrada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Con relación al inciso 2) El peticionante de tutela denuncia que el 11 de noviembre de 2021, presentó escrito solicitando se programe audiencia de modificación de medidas sustitutivas, que no fue atendido hasta la presentación de esta acción de libertad. De acuerdo al desarrollo jurisprudencial expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, entre los principios que establece la jurisdicción ordinaria se encuentra la celeridad, misma que es esencial en los trámites judiciales, debiendo la autoridad judicial atender el pedido en el plazo otorgado por la norma o lo más pronto posible; con mayor razón si se trata de personas privadas de libertad y en caso de verse afectadas por alguna dilación indebida respecto al derecho a la libertad, tienen la posibilidad de activar la presente acción de defensa en su modalidad traslativa o de pronto despacho, en procura de acelerar el trámite judicial que fuera dilatado de manera indebida. En el caso concreto, conforme se tiene de los datos del proceso, así como, lo manifestado por los sujetos procesales, con la aclaración de que los hechos denunciados como lesivos referentes a que no fue atendido el escrito de 11 de noviembre de 2021, dentro del cuaderno procesal con NUREJ 7011990201229672; lo que, como consecuencia tuvo la falta de programación de la audiencia de modificación de las medidas sustitutivas que viene cumpliendo; aspecto que, no fue controvertido por el Juez demandado, quien si bien presentó documental consistente en decreto de 4, 12 y 30 de noviembre de 2021, acta de suspensión de audiencia de modificación de medidas cautelares de Mauricio Rioja Valenzuela de 17 del citado mes y año; y, decreto de 20 de enero de 2022, son todos del proceso con NUREJ 201213324, siendo distinto al denunciado por el accionante. Por consiguiente, transcurrieron más de dos meses desde que el peticionante de tutela presentó su solicitud, hasta la interposición de esta acción de libertad, sin que la autoridad judicial haya atendido el pedido del accionante, que se encuentra directamente vinculado con el ejercicio de su libertad física; en razón a que, al estar cumpliendo medidas sustitutivas a la detención preventiva se encuentra limitado a gozar ese derecho, omitiendo el Juez demandado los plazos procesales establecidos en el Código de Procedimiento Penal; lo que, conlleva a concluir que, al no haber actuado la citada autoridad judicial con la rapidez que se debe tratar las tramitaciones donde involucre el derecho a la libertad, dilató innecesariamente la resolución de las peticiones reclamadas; siendo que, la consideración de las medidas sustitutivas son necesarias para el impetrante de tutela, apartándose del principio de celeridad que funda a la jurisdicción ordinaria, ocasionando una lesión a dicho principio en sus vertientes al derecho a la libertad, a la libre transitabilidad y al debido proceso; por lo que, corresponde conceder la tutela. Sobre el derecho a la petición invocado por el accionante, este no es permisible ser analizado mediante la acción de libertad por su naturaleza jurídica; en consecuencia, corresponde denegar la tutela impetrada. Finalmente, en relación a la vulneración del derecho a la salud, el impetrante de tutela se limitó a mencionarlo, sin presentar prueba objetiva que acredite que lo denunciado, haya causado una lesión directa en dicho derecho; motivo por el cual, se deniega la tutela requerida. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 01/2022 de 26 de enero, cursante de fs. 30 vta. a 32 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a al derecho a la libertad, a la libre transitabilidad y al debido proceso, con relación al escrito presentado el 1 de noviembre de 2021, por la dilación incurrida por el Juez demandado, disponiendo que dicha autoridad judicial, de manera inmediata resuelva la situación jurídica del accionante, salvo que por el tiempo transcurrido ya se hubiera atendido la misma; y, 2° DENEGAR de tutela con relación a la falta de atención de los escritos desplegados el 3 y 29 de noviembre de 2021, y 19 de enero de 2022; sobre los derechos a la petición y a la salud, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0441_2023-S2.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): e9156e617c9f9f1011f00495a350a0651003ec16c94113a1f076d05a94d44668

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