Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 24 de marzo de 2026
Concede en parte la tutela
La accionante por sí y en representación sin mandato de sus hijos menores de edad AA, BB y CC, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, el Juez demandado, luego de haber dispuesto medidas cautelares personales -entre otras, detención domiciliaria con custodio policial- debió disponer su libertad, por cuanto no se trataba de una cesación a la detención preventiva, sino de la aplicación de medidas sustitutivas a una persona aprehendida; sin embargo, no libró el mandamiento de detención domiciliaria, bajo el argumento de que previamente debía cumplir con las medidas impuestas, manteniendo su detención en celdas de la FELCC de El Alto del departamento de La Paz, situación que le restringe ver a sus tres hijos, quienes requieren de su cuidado, más aún cuando uno de ellos padece de epilepsia. Al respecto, el Juez demandado manifestó que la solicitud de la accionante, referida a dejar sin efecto el custodio policial impuesto y a que se emita mandamiento de detención domiciliaria sin dicha condición, debe ser resuelta a través de los mecanismos previstos en la normativa procesal penal; por lo que, no se cumplió con la subsidiariedad excepcional. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 031/2023 de 15 de febrero, cursante de fs. 36 a 38 vta., pronunciada el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a la vulneración del derecho a la libertad vinculada a la falta de efectivización inmediata del mandamiento de detención domiciliaria dispuesto en favor de la accionante; disponiéndose que los demandados adopten las medidas necesarias para materializar el cumplimiento de las medidas cautelares personales dispuestas en favor de la prenombrada. 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a la solicitud de dejar sin efecto el custodio policial dispuesto mediante Auto Interlocutorio 36/2023 de 12 de febrero, así como respecto a la supuesta vulneración de derechos de los hijos menores de edad de la accionante.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0440/2026-S2 Sucre, 24 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53809-2023-108-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 031/2023 de 15 de febrero, cursante de fs. 36 a 38 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Milenka Morayma Gutiérrez Antezana por sí y en representación de AA, BB y CC contra Zacarías Javier Vargas Arancibia, Juez y Vidal Quispe Alarcón, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 15 de febrero de 2023, cursante de fs. 1 a 3, la parte accionante manifestó lo siguiente:
Fue imputada dos veces por el Ministerio Público por los delitos de prevaricato y otros, registrados con los Códigos Únicos de Denuncia (CUD) 201502022211041 y 201502022202155; en ambos casos, Zacarías Javier Vargas Arancibia, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado- dispuso medidas cautelares personales, entre ellas, su detención domiciliaria con custodio policial; sin embargo, no emitió de manera inmediata los mandamientos de detención domiciliaria, argumentando que previamente debía cumplir las medidas impuestas. Lo anterior representa una situación anómala a la normativa procesal penal, ya que las medidas cautelares deben ser cumplidas de inmediato; asimismo, las únicas formas de privación de libertad reconocidas por el adjetivo penal son el arresto, la aprehensión y la detención preventiva, no existiendo la figura del “depósito judicial”. No obstante, permanece indebidamente en celdas policiales, cuando el Juez demandado debió disponer el cumplimiento en libertad de las medidas impuestas, dado que no se trataba de una cesación a la detención preventiva, sino de la aplicación de medidas sustitutivas a una persona aprehendida.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad; citando al efecto el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, disponga: a) Se deje sin efecto el custodio policial impuesto por Auto Interlocutorio 36/2023 de 12 de febrero; y, b) Se emita en el día mandamiento de detención domiciliaria sin custodio policial, debiendo el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto del departamento de La Paz, dar cumplimiento de forma célere al mismo sin excusa alguna.
Celebrada la audiencia virtual el 15 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 34 a 35, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante reiteró íntegramente los términos de su memorial de acción de libertad; y, ampliando manifestó que al permanecer privada de libertad ya tres días en celdas de la FELCC, sus tres hijos menores de edad -ahora accionantes- se encuentran privados de su madre, mismos que requieren de su cuidado permanente al no tener otra persona que los asista, más aún cuando uno de ellos padece de epilepsia.
Zacarías Javier Vargas Arancibia, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 16 a 17; y, ampliando en audiencia de garantías manifestó que: 1) Mientras ejercía funciones como Juez de turno, el 12 de febrero de 2023, el Ministerio Público presentó imputación formal en contra de la accionante por la presunta comisión del delito de prevaricato; por lo que celebró audiencia y emitió el Auto Interlocutorio 36/2023, disponiendo medidas cautelares personales consistentes, entre ellas, la presentación de garantes personales, prohibición de comunicarse con funcionarios del Juzgado donde ejercía funciones, así como la detención domiciliaria con custodio policial, debido a la presunta inexistencia del domicilio consignado por la precitada, extremo que debía ser verificado por efectivos policiales; 2) No ameritaba emitir mandamiento de libertad dado que dispuso su detención domiciliaria con custodio policial, lo cual ni siquiera fue objeto de apelación por la impetrante de tutela, sino por el Ministerio Público; en ese sentido, no corresponde solicitar el levantamiento del custodio policial mediante la presente acción tutelar, pues, existen mecanismos idóneos para su eventual modificación, incumpliéndose de ese modo el principio de subsidiariedad; 3) Hasta la fecha no se cumplió con todas las medidas cautelares dispuestas; sin embargo, ya emitió mandamiento de detención domiciliaria; y, 4) La impetrante de tutela no demostró la existencia de los requisitos de procedencia de la acción de libertad, ya que no se evidencia que su vida esté en peligro, ni que exista una indebida persecución penal o privación ilegal de su libertad. Vidal Quispe Alarcón, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 29 y vta., manifestó que: i) El 13 de febrero de 2023, entregó a la parte interesada, los oficios dirigidos al Comando General de la Policía Boliviana, a la Dirección General de Régimen Penitenciario y al Encargado del Sistema Biométrico, a efectos del registro correspondiente de la accionante. Posteriormente, el 14 de igual mes y año, procedió a la recepción de los garantes solventes; y, ii) Se emitió mandamientos de detención domiciliaria en atención a los Autos Interlocutorios “38/2023”, respecto del caso CUD 201502022202155, y 36/2023, en cuanto al caso CUD 201502022211041; ante ello la Oficina Gestora de Procesos (OGP) remitió dichos mandamientos a Celdas Judiciales el 14 de ese mes y año; sin embargo, fueron devueltos al día siguiente al Juzgado, mediante representación de 15 de igual mes y año, señalando que el encargado de celdas de la FELCC se negó a recibir ambos oficios.
El Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 031/2023 de 15 de febrero, cursante de fs. 36 a 38 vta., concedió en parte la tutela solicitada, ordenando al Juez demandado tramitar en la brevedad posible la efectivización del mandamiento de la detención domiciliaria, debiendo resolver en el día la representación realizada; y, denegó la tutela impetrada, en relación al levantamiento del custodio policial; asimismo, aclaró que no correspondía librar mandamiento de libertad; toda vez que, se dispuso detención domiciliaria; todo lo anterior con base en los siguientes fundamentos: a) Mediante Auto Interlocutorio 36/2023, el Juez demandado determinó la detención domiciliaria con custodio policial, pues existirían dudas sobre la existencia del domicilio de la accionante; en ese sentido, la solicitud de levantar el custodio policial es un aspecto que debe ser reclamado a través de mecanismos intraprocesales; b) Respecto a la ejecución del mandamiento de detención domiciliaria, se constató que los mandamientos correspondientes fueron librados el 14 de febrero de 2023; sin embargo, fueron representados por la OGP, ya que el encargado de celdas de la FELCC de El Alto del citado departamento, rechazó recibir los oficios argumentando que estos debían ser tramitados por el Secretario del Juzgado, y que la gestión del custodio policial correspondía a la parte interesada; en ese sentido, la autoridad judicial demandada debe subsanar las observaciones y disponer su inmediata tramitación; c) No es evidente la falta de emisión de mandamiento de detención domiciliaria; y, d) La peticionante de tutela puso en conocimiento del Juez demandado que existen tres menores de edad afectados, al no tener otra persona quien los atienda; por lo tanto, al estar vinculada con el derecho a la vida y a la integridad de dichos menores, no puede ser aplicada al presente caso la subsidiariedad excepcional, debiendo la autoridad hoy accionada o la legitimada atender dicha circunstancia. En vía de enmienda y complementación, la accionante pidió aclaración respecto a la efectivización del mandamiento de detención domiciliaria, específicamente si el mismo será remitido a la FELCC de El Alto del departamento de La Paz, a fin de constituirse a dichas dependencias. Ante ello, el Juez de garantías señaló que: 1) Al existir una representación (devolución) de los mandamientos por parte de la OGP, corresponde que la autoridad judicial accionada o el Juez de la causa se pronuncie en el día respecto a la efectivización del mandamiento de detención domiciliaria; puesto que, conforme a lo manifestado por el Juez demandado, habría conocido la causa únicamente en calidad de Juez de turno, y que actualmente el conocimiento de la causa correspondería a otro Juzgado de Instrucción Penal; y, 2) Los antecedentes del caso fueron puestos en conocimiento del Juez demandado, pero este ya no tiene competencia sobre el proceso y no cuenta con los antecedentes, deberá poner en conocimiento del Juez titular para que resuelva la misma.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 42 a 44); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Milenka Morayma Gutiérrez Antezana por el presunto delito de prevaricato CUD: 201502022211041, el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz emitió el Auto Interlocutorio 36/2023 de 12 de febrero, disponiendo, entre otras medidas, su detención domiciliaria ordenando a la Policía Boliviana verificar y emitir un informe, ante la duda sobre la existencia de su domicilio; asimismo, se estableció que la detención domiciliaria sea con custodio policial, debiendo oficiarse al Comando General de la Policía Boliviana para su asignación; adicionalmente, se dispuso la presentación de dos garantes personales solventes, quienes responderían con Bs20 000.- (veinte mil bolivianos) en caso de fuga; concluida la audiencia, el Ministerio Público interpuso apelación incidental motivo por el cual se remitieron antecedentes al Tribunal de alzada (fs. 23 a 28 vta.). II.2. Consta mandamiento de detención domiciliaria (con custodio policial) de 14 de febrero de 2023, librado por el Juez demandado, dentro del caso CUD 201502022211041, por el que ordena al Encargado de Celdas Policiales de la FELCC de El Alto del departamento de La Paz, que tenga en custodia a la ahora accionante, entregue al personal policial a fin de custodie en la detención domiciliaria, en su domicilio real, debiendo verificarse y registrarse el inmueble con respaldo documental y fotográfico informando a dicho Juzgado en el plazo de cuarenta y ocho horas (fs. 30). Asimismo, cursa mandamiento de detención domiciliaria -sin custodio policial- de la misma fecha, correspondiente al caso CUD 201502022202155 (fs. 31). II.3. Por Nota de 15 de febrero de 2023 de representación de oficios 201502022211041-201502022202155, Álvaro Javier Quisbert Calderón, Gestor de la OGP del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, hizo conocer al Juez demandado que, habiéndose constituido en Oficinas de la FELCC de El Alto del departamento de La Paz, el encargado de celdas se negó a la recepción de ambos oficios, en el entendido que los mismos deberían ser ejecutados por el Secretario de su despacho, indicando además que el “custodio policial” tal como consigna uno de los oficios debe ser tramitado por la parte interesada y que ante la no tramitación se ven impedidos de recepcionar tales oficios (fs. 7).
La accionante por sí y en representación sin mandato de sus hijos menores de edad AA, BB y CC, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, el Juez demandado, luego de haber dispuesto medidas cautelares personales -entre otras, detención domiciliaria con custodio policial- debió disponer su libertad, por cuanto no se trataba de una cesación a la detención preventiva, sino de la aplicación de medidas sustitutivas a una persona aprehendida; sin embargo, no libró el mandamiento de detención domiciliaria, bajo el argumento de que previamente debía cumplir con las medidas impuestas, manteniendo su detención en celdas de la FELCC de El Alto del departamento de La Paz, situación que le restringe ver a sus tres hijos, quienes requieren de su cuidado, más aún cuando uno de ellos padece de epilepsia. Al respecto, el Juez demandado manifestó que la solicitud de la accionante, referida a dejar sin efecto el custodio policial impuesto y a que se emita mandamiento de detención domiciliaria sin dicha condición, debe ser resuelta a través de los mecanismos previstos en la normativa procesal penal; por lo que, no se cumplió con la subsidiariedad excepcional. Por su parte, el Secretario demandado, sostuvo que, entregó a la parte interesada los oficios dirigidos al Comando General de la Policía Boliviana, a la Dirección General de Régimen Penitenciario y al Sistema Biométrico, y recibió a los garantes personales solventes; una vez verificado el cumplimiento de los requisitos impuestos, la autoridad judicial libró los mandamientos de detención domiciliaria en ambos casos, los cuales fueron remitidos por la OGP a Celdas Judiciales de la FELCC de El Alto del departamento de La Paz; sin embargo, fueron representados y devueltos al Juzgado, señalando que el Encargado de Celdas se negó a recibirlos. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Respecto a la interpretación constitucional de la norma prevista en el art. 245 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la SCP 1485/2013 de 22 de agosto, que cita a su vez a la SC 0294/2003-R de 10 marzo, señaló lo siguiente: “'…en cuanto a la determinación del juez sobre la exigencia de hacer efectiva la fianza real con carácter previo a expedir el mandamiento de libertad, la jurisprudencia de este Tribunal ha sostenido de manera uniforme que lo establecido en el art. 245, en sentido de que la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza, sólo puede ser aplicado a los supuestos en que el imputado hubiera estado detenido preventivamente en virtud a una resolución judicial debidamente fundamentada, y en forma posterior se le concede las cesación de su detención, sustituyéndola con una fianza real, por presentarse alguno de los casos establecidos en el art. 239'. En ese sentido, la SC 0473/2004-R de 30 de marzo, en un caso similar al planteado, estableció que cuando no se reúnen los supuestos referidos: '(...) lo que corresponde a la autoridad judicial es ordenar la libertad de quien se encuentra aprehendido por orden fiscal y concederle un plazo razonable para el cumplimiento de las medidas sustitutivas a la detención preventiva que le fueron impuestas, conforme se ha establecido en dichas Sentencias Constitucionales'” (énfasis añadido). En coherencia con el entendimiento jurisprudencial glosado precedentemente, la SCP 1992/2013 de 4 de noviembre citando a su vez a la SC 0679/2003-R de 20 de mayo, estableció: «“…Que, este Tribunal, en SC 1479/2002-R, de 04 de diciembre, señala: '...conforme lo ha declarado este Tribunal en su SC 152/2002-R, de 27 de febrero,... los recurrentes fueron aprehendidos y remitidos ante el Juez Cautelar, quien lejos de determinar su detención preventiva, les impuso varias medidas sustitutivas contempladas en el art. 240 de la L. Nº 1970, entre ellas, la fianza económica. Sin embargo, de manera contradictoria y en una inadecuada aplicación de la norma prevista por el art. 245 del nuevo Cód. Pdto. Pen., el Juez Cautelar se niega a efectivizar la libertad de los imputados en tanto no ofrezcan la fianza económica antedicha, utilizando su detención como un medio de coacción para lograr el cumplimiento de tal fianza; ya que debe entenderse que la norma prevista por el art. 245 aludido es aplicable a los casos en los que el encausado o procesado se encuentre privado de su libertad por una detención preventiva legalmente dispuesta y se ordene la cesación de esa medida sustituyéndola por una fianza económica’”. En ese mismo sentido, la SCP 0285/2013 de 13 de marzo, estableció que: “El art. 245 del CPP menciona: La libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza. La jurisprudencia constitucional se manifestó al respecto: debe entenderse que la norma prevista por el art. 245 del citado cuerpo legal es aplicable a los casos en los que el encausado o procesado se encuentre privado de su libertad por una detención preventiva y se disponga la cesación de la medida sustituyéndola por una fianza económica, es en ese caso que la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza, (…) por cuanto el encausado no estuvo privado de su libertad sino que al haber prestado su declaración indagatoria, a solicitud del mismo y al no concurrir los requisitos establecidos por Ley, la Jueza dispuso la aplicación de medidas cautelares de fianza económica y obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad así lo entendió la SC 0266/2004-R de 26 de febrero. En este entendido, se concluye que la mencionada norma legal no tiene aplicación a aquellos casos en los cuales el imputado o procesado no haya sido detenido preventivamente, sino que la autoridad judicial dispuso de inicio, en la audiencia de medida cautelar la aplicación de una medida sustitutiva a la detención preventiva, como ser fianza económica, obligación de presentarse ante el fiscal, la prohibición de comunicarse con la víctima y arraigo”» (las negrillas nos pertenecen).
Dentro del proceso penal seguido contra Milenka Morayma Gutiérrez Antezana -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de prevaricato, el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz -hoy demandado-, mediante Auto Interlocutorio 36/2023 de 12 de febrero, dispuso su detención domiciliaria con custodio policial, además de la presentación de garantes personales y la verificación de su domicilio por la Policía Boliviana, a causa de dudas sobre su existencia; Resolución que fue apelada por el Ministerio Público (Conclusión II.1). Posteriormente, el 14 de ese mes y año, se libró mandamiento de detención domiciliaria con custodio policial dentro del referido proceso penal, ordenándose el traslado de la accionante a su domicilio y la verificación del inmueble correspondiente (Conclusión II.2); sin embargo, dichos mandamientos no han sido efectivizados, ya que los oficios no fueron recepcionados por la FELCC de El Alto del indicado departamento, la cual alegó que el Secretario del Juzgado debía efectivizarlos, y respecto al custodio policial requerido, este debía ser tramitado por la parte interesada (Conclusión II.3). En ese orden, debe tenerse en cuenta que, conforme la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, conforme al cual la previsión contenida en el art. 245 del CPP, referida a que la libertad sólo se hará efectiva una vez otorgada la fianza, resulta aplicable únicamente cuando el imputado se encuentra privado de libertad en detención o prisión preventiva y posteriormente obtiene la cesación de dicha medida siendo sustituida por medidas cautelares personales; por el contrario, cuando la autoridad jurisdiccional en audiencia de medidas cautelares, no dispone detención preventiva sino medidas cautelares diferentes a la detención preventiva y que pueden revocarse si son incumplidas; corresponde ordenar la libertad del imputado para que éste dé cumplimiento de las medidas impuestas en un plazo razonable, sin que su permanencia bajo custodia pueda ser utilizada como mecanismo de coerción para garantizar la observancia de las medidas dispuestas. Bajo dicho entendimiento, se advierte que, mediante Auto Interlocutorio 36/2023, el Juez demandado dispuso la aplicación de medidas cautelares personales, entre ellas la detención domiciliaria con custodio policial, la presentación de garantes personales y la verificación de su domicilio, por lo que, -al no estar privada de libertad en virtud por detención o prisión preventiva cuya cesación sí estuviera condicionada al previo cumplimiento de lo dispuesto-, la peticionante de tutela no debía permanecer recluida en celdas de la FELCC de El Alto del departamento de La Paz hasta la materialización de las medidas dispuestas por el Auto Interlocutorio 36/2023; toda vez que, se había definido su situación jurídica mediante la imposición de medidas diferentes a la detención preventiva. Asimismo, si bien los mandamientos de detención domiciliaria fueron emitidos el 14 de febrero de 2023, de antecedentes se advierte que estos no fueron efectivizados de manera inmediata, debido a la negativa de recepción de los oficios por parte de la mencionada FELCC, cuyo encargado de celdas sostuvo que los oficios debían ser tramitados por el personal del Juzgado y no la OGP, además señaló que el custodio policial para la detención domiciliaria debía ser tramitado por la parte interesada; como consecuencia, la impetrante de tutela permaneció indebidamente privada de su libertad en celdas de la FELCC, pese a haberse dispuesto en su favor medidas sustitutivas a la detención preventiva. En esa línea, corresponde precisar que, en el caso concreto la lesión al derecho a la libertad no cesa con la emisión formal del mandamiento de detención domiciliaria, sino con su ejecución puesto que la nombrada permanecía indebidamente privada de su libertad en dependencias policiales. Por consiguiente, en tal contexto, se evidencia una dilación indebida en la ejecución de la medida dispuesta por la autoridad jurisdiccional demandada en perjuicio de la accionante, razón por la cual corresponde conceder la tutela solicitada. Por otro lado, respecto a la solicitud de dejar sin efecto el custodio policial de su detención domiciliaria dispuesto mediante Auto Interlocutorio 36/2023 en cuanto al caso CUD 201502022211041, se debe precisar que, previamente a acudir a la justicia constitucional, la impetrante de tutela contaba con mecanismos idóneos previstos por la norma Adjetiva Penal para cuestionar dicha determinación -como la apelación incidental o la solicitud de modificación de medidas cautelares-; por lo que, no corresponde ingresar al análisis de fondo por este extremo al no haberse agotado la subsidiariedad excepcional. De igual manera, en cuanto a la supuesta afectación a los derechos de los hijos menores de edad de la accionante, invocada como consecuencia de la permanencia de ésta en celdas policiales, corresponde señalar que, en la presente acción tutelar no constan antecedentes de convicción que acrediten dicho extremo; por lo que también corresponde denegar la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo, ante la falta de respaldo probatorio. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 031/2023 de 15 de febrero, cursante de fs. 36 a 38 vta., pronunciada el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a la vulneración del derecho a la libertad vinculada a la falta de efectivización inmediata del mandamiento de detención domiciliaria dispuesto en favor de la accionante; disponiéndose que los demandados adopten las medidas necesarias para materializar el cumplimiento de las medidas cautelares personales dispuestas en favor de la prenombrada. 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a la solicitud de dejar sin efecto el custodio policial dispuesto mediante Auto Interlocutorio 36/2023 de 12 de febrero, así como respecto a la supuesta vulneración de derechos de los hijos menores de edad de la accionante. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0440_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): cd1eb1c9eeb7a9843582ba1524d84db9bf06a141bf1c351ceec000000312c7a2
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