B.IA.LEGAL

SCP 0440/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 27 de mayo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
27 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
52332-2022-105-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante señaló que se vulneró su derecho a la libertad y al debido proceso, toda vez que la Jueza demandada, cometió irregularidades en la programación de audiencias de su despacho, esto le generó indefensión al no asistir a una audiencia en la que se le declaró rebelde y el abandono malicioso de su abogado; siendo esta la razón, para que por medio de decreto de 16 de noviembre de 2022, se le negara la solicitud de modificación de medidas sustitutivas, con el argumento de que no cuenta con patrocinio hábil en derecho. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1º REVOCAR la Resolución 018/2022 de 26 de noviembre, cursante de fs. 60 a 62 vta., pronunciada por la Juez de Sentencia Anticorrupción Segunda de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada. 2º DISPONER que la Jueza de Sentencia Penal Cuarto de El Alto, en el plazo de cuarenta y ocho horas, señale audiencia de consideración de modificación de medida cautelar, siempre y cuando, con posterioridad, no se hubiere modificado la situación jurídica de la accionante y sea en los términos expresados en la presente Sentencia Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. El principio de celeridad en la administración de justicia
  3. III.3. El derecho a la defensa como elemento constitutivo esencial e imprescindible del debido proceso
  4. III.4. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0440/2025-S3 Sucre, 27 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 52332-2022-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 018/2022 de 26 de noviembre, cursante de fs. 60 a 62 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mónica Ayelen Urquizo Fonseca contra Patricia Chávez García, Jueza de Sentencia Penal Cuarta en lo Penal de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de noviembre de 2022, cursante de fs. 15 a 17 vta., la accionante a través de su abogado expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, manipuló la tabla del rol de audiencias a su libre antojo con el fin de perjudicar a las partes, toda vez que para la audiencia programada para el 11 de noviembre de 2022, del caso MP-FONSECA-Violencia F.J.O, se señalaron dos horarios, a horas 9:30 y 11:30; este aspecto le generó estado de indefensión a la ahora accionante, porque la audiencia de horas 9:30, a la cual no asistió, porque fue notificada para la de horas 11:30, fue declarada rebelde mediante Resolución 362/2022 de 11 de noviembre; así también la Jueza demandada, en esta audiencia, declaró el abandono de su abogado patrocinante, sin darle oportunidad de justificar su inasistencia. Ahora bien, conforme al memorial de 15 de noviembre de 2022, con Nº 127432147, solicitó la modificación de medidas sustitutivas. La Jueza demandada, mediante decreto de 16 de mismo mes y año, señaló lo siguiente: “Téngase por comparecidas a las procesadas MONICA AYELEN URQUIZO FONSECA Y BERTHA CELIA FONSECA GRIMALDIS, dejando sin efecto las medidas coercitivas dispuestas en su contra por Resolución N° 362/2022 de 11 de noviembre de 2022. Debiendo comparecer las acusadas en forma puntual y oportuna a los actos que sean convocadas en este proceso en forma puntual y oportuna bajo alternativa de darse aplicación al art. 113 del C.P.P. Para posteriores peticiones deberán efectuarse con patrocinio hábil en derecho, siendo que se ha dispuesto abandono de patrocinio del abogado que firma el presente memorial y no hay justificativo alguno respecto a su falta de comparecencia a la audiencia.” (sic); al respecto, la accionante señaló que el memorial es resuelto de forma parcial por la Jueza demandada, al haber denegado la solicitud de modificación de medidas sustitutivas impuestas, con el argumento de que cualquier solicitud se la debe realizar con patrocinio hábil en derecho. Vulnerándose su derecho a la defensa, al debido proceso, derecho a la libertad, al negarle la solicitud de modificación de medidas cautelares.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció como lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la libertad, a la privación indebida de la libertad y procesamiento indebido.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se ordene el cese de la detención domiciliaria, procesamiento indebido, restituyendo su libertad y se anule obrados hasta el vicio más antiguo.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 26 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 58 a 59 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó el tenor del memorial de la acción de defensa y ampliándolo, señaló que: La tabla del rol de audiencias siempre esta alterada y manipulada por dicho despacho judicial, estas acciones que viene realizando la autoridad jurisdiccional generaron que quede en estado de indefensión, toda vez que se le ha prohibido el derecho de ser asistida de un abogado particular o un abogado de su confianza; señaló que la accionante ha sufrido la vulneración de derechos constitucionales, solicitando se otorgue la tutela y se ordene el cese de la detención domiciliaria, el procesamiento indebido y que la Juez demandada se pronuncie a la solicitud de modificación de medidas cautelares.

I.2.2. Informe de la demandada

Patricia Chávez García, Jueza de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe de 25 de noviembre de 2022, cursante de fs. 34 a 35, señaló que: a) Las purgas de rebeldía presentadas por las acusadas y la accionante no señalaron lo que ahora se plantea en la relación de hechos de la acción, incluso se adjuntó las boletas de purga de rebeldía, por lo que pese a estar con la firma como abogado patrocinante del abogado José Mena Quispe a quien se dispuso el abandono conforme al art. 105 del Código de Procedimiento Penal, se declaró por purgada la rebeldía, dejando sin efecto las medidas coercitivas dispuestas en su contra y se les advirtió de la condición del abogado (sic); b) Se debe tener presente por la accionante que las notificaciones no las hace el Juez, siendo una competencia establecida para la Oficina Gestora de Procesos, para el personal de apoyo jurisdiccional conforme al art. 160 del C.P.P y la Ley de Órgano Judicial (sic); y c) Resulta incongruente el petitorio, al no existir nexo causal entre lo supuestamente realizado por esta funcionaria judicial, lo cual no fue demostrado, con la solicitud de cese detención domiciliaria, cuando las medidas sustitutivas le han sido impuestas por el juez cautelar; por lo que no corresponde dar curso a su solicitud de tutela (sic).

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 018/2022 de 26 de noviembre, cursante de fs. 60 a 62 vta., denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) Se tiene que para la aplicación del principio de subsidiariedad para la acción de libertad debe concurrir determinadas circunstancias, esto con el fin de no desnaturalizar la esencia y la finalidad que tiene esta acción heroica, para no quitarle precisamente esta característica, puesto que de existir esos mecanismos procesales ordinarios establecidos por la norma interna deben previamente agotarse esas vías para que posteriormente recién acudir a la jurisdicción constitucional; y, 2) La norma adjetiva penal ha establecido determinados mecanismos a los efectos de que las partes ante un pronunciamiento errado, equívoco de las autoridades jurisdiccionales en materia penal o ante la falta del pronunciamiento puedan los mismos, es decir, los que se vieran afectados con estas determinaciones inconclusas o erradas, puedan hacer uso de los mecanismos procesales ordinarios previos, que debe ser agotados a los efectos que una vez que se observe la misma no satisface o en definitiva no repara las afectaciones de las vulneración de derechos puedan activarse las acciones constitucionales respectivas; en ese sentido sin ingresar al análisis de fondo de la presente causa, en base a los fundamentos expresados esta autoridad considera no poder atender la solicitud efectuada por la parte accionante

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Memorial de 15 de noviembre de 2022, 127432147, presentado ante la Jueza de Sentencia Penal Cuarta en lo Penal de El Alto del departamento de La Paz -hoy demandada- por Mónica Ayelen Urquizo Fonseca -ahora accionante- y otra, solicitando mandamiento de aprehensión para el testigo de descargo propuesto y la modificación de medidas sustitutivas (fs. 10 a 11 vta.). II.2. Decreto de 16 de noviembre, emitido por la Juez demandada, disponiendo: “Téngase por comparecidas a las Procesadas Mónica Ayelen Urquizo Fonseca Y Bertha Celia Fonseca Grimaldis, dejando sin efecto las medidas coercitivas dispuestas en su contra por Resolución 362/2022 de 11 de noviembre. Debiendo comparecer las acusadas en forma puntual y oportuna a los actos que sean convocadas en este proceso en forma puntual y oportuna bajo alternativa de darse aplicación al art. 113 del CPP, para posteriores peticiones deberán efectuarse con patrocinio hábil en derecho, siendo que se ha dispuesto abandono de patrocinio del abogado que firma el presente memorial y no hay justificativo alguno respecto a su falta de comparecencia a la audiencia” (sic [fs. 12]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante señaló que se vulneró su derecho a la libertad y al debido proceso, toda vez que la Jueza demandada, cometió irregularidades en la programación de audiencias de su despacho, esto le generó indefensión al no asistir a una audiencia en la que se le declaró rebelde y el abandono malicioso de su abogado; siendo esta la razón, para que por medio de decreto de 16 de noviembre de 2022, se le negara la solicitud de modificación de medidas sustitutivas, con el argumento de que no cuenta con patrocinio hábil en derecho. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho

Sobre el particular, la SCP 0002/2019-S1 de 7 de enero, reiterando el entendimiento de la SCP 1777/2014 de 15 de septiembre, refirió que: [Al respecto, la SCP 2373/2012 de 22 de noviembre, haciendo referencia a la SCP 0643/2012 de 23 de julio, señaló: «…refiriéndose a la acción de libertad traslativa, en cuanto a los trámites y solicitudes cuando una persona se encuentra privada de libertad éstas deben ser atendidas con la mayor celeridad, por encontrarse de por medio la libertad de las personas en ese entendido la referida sentencia constitucional plurinacional estableció que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-: ‘…puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’”.

(…)

De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, el habeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad

(…)»

La jurisprudencia citada, ha señalado que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona 7 que se encuentra privada de libertad] (el resaltado nos pertenece).

III.2. El principio de celeridad en la administración de justicia

Al respecto, el art. 180.I de la CPE señala que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez” (el resaltado es nuestro). Asimismo, el art. 178.I de la indicada Norma Suprema, refiere que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos” (énfasis añadido).

En correspondencia con la norma señalada, el art. 115.II de la Ley Fundamental determina que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; estableciéndose que, la administración de justicia debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas; puesto que, las personas que intervienen en los procesos esperan una decisión oportuna de su situación jurídica; máxime, si se encuentra comprometido de por medio el derecho a la libertad.

Por su parte, el art. 3.7 de la LOJ, determina que el principio de celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. La SC 0105/2003-R de 27 de enero, sostuvo que: “…Las Sentencias Constitucionales 758/2000-R y 1070/2001-R, entre otras, establecen que el principio de celeridad procesal (…) impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo debería ser cumplido estrictamente” (las negrillas y subrayado nos corresponden). Asimismo, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sobre este principio sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (énfasis añadido).

III.3. El derecho a la defensa como elemento constitutivo esencial e imprescindible del debido proceso

Sobre el particular, el art. 119.II de la CPE señala que: “Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios”.

Por su parte, la SCP 0647/2012 de 2 de agosto, estableció que: “…constituye una ‘potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos’ (SC 1534/2003-R).

El derecho a la defensa, a su vez, comprende diferentes derechos; entre ellos el de ser asistido por un abogado, que se encuentra previsto en el art. 9 del CPP, el derecho a la defensa material, consagrado en el art. 8 del mismo cuerpo legal, el derecho a un tiempo razonable para preparar la defensa (art. 340 del CPP), EL derecho a una comunicación privada con su abogado defensor (art. 84 del CPP), el derecho a que el Estado le otorgue un defensor cuando el imputado careciere de medios o no nombrare un defensor particular (art. 9 in fine del CPP), el derecho a acceder a las pruebas de cargo e impugnarlas y derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, ni contra sus parientes (art. 121 de la CPE).

Finalmente, dentro del derecho a la defensa, también se encuentra el derecho a ser asistido por un traductor o intérprete” (negrillas añadidas).

Por su parte, la SCP 0480/2019-S2 de 9 de julio, sostuvo que: “El derecho a la defensa cumple en el proceso un papel particular; pues, por una parte, actúa en forma conjunta con las demás garantías; y por otra parte, es la garantía que hace operativas a todas las demás; por ello la inviolabilidad del derecho a la defensa, es la garantía fundamental con que cuenta el procesado, que se encuentra prevista en el art. 119.II de la CPE, que señala: ‘Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios’. El derecho a la defensa tiene dos dimensiones; por una parte el derecho a la defensa técnica, a la que se halla vinculada la norma constitucional precitada; y el derecho a la defensa material que se concreta en “el derecho a ser oído” o “derecho a declarar en el proceso”.

El desarrollo jurisprudencial respecto del derecho a la defensa en su dimensión material que reconoce el derecho a defenderse por sí mismo y a intervenir en toda la actividad procesal, y en su dimensión técnica, consistente en el derecho irrenunciable de contar con la asistencia de un abogado tiene su antecedente en la SC 1556/2002-R de 16 de diciembre; criterio jurisprudencial que es confirmado en la SCP 0155/2012 de 14 de mayo. Por su parte la SC 1534/2003-R de 30 de octubre, establece que el derecho a la defensa comprende el derecho a ser escuchado, a presentar pruebas, a recurrir y a la observancia de los requisitos de cada instancia, entendimiento que fue confirmado en la SC 0183/2010-R de 24 de mayo” (el resaltado es nuestro).

III.4. Análisis del caso concreto

La impetrante de tutela denunció la vulneración de su derecho a la libertad y al debido proceso, toda vez que, en antecedentes cursa memorial de 15 de noviembre de 2022, solicitando modificación de medidas sustitutivas (Conclusiones II.1). Bajo ese contexto se tiene que la solicitud de modificación de medidas sustitutivas, fue respondida por la Jueza –ahora demandada- mediante decreto de 16 de noviembre de 2022, señalando que para posteriores peticiones deberán efectuarse con patrocinio hábil en derecho, siendo que se ha dispuesto el abandono de patrocinio del abogado que firmó el memorial de 15 de igual mes y año, y no hay justificativo alguno respecto a su falta de comparecencia a la audiencia. (Conclusión II)

Con esa puntualización y de acuerdo a los establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto -demandada- una vez remitido a su conocimiento la solicitud de modificación de medidas sustitutivas, debía señalar audiencia y notificar a las partes dentro del plazo de veinticuatro horas, a efecto de que se lleve a cabo la audiencia para su consideración. Al no haber obrado de esa forma generó una dilación en el tratamiento de dicha solicitud, cuando correspondía que la autoridad demandada, cumpla con los plazos procesales y el principio de celeridad en cuanto se refiere a la tramitación de solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad de las personas, en este caso de la impetrante de tutela, por cuanto, en todo trámite judicial y/o administrativo en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física o personal, debe tramitarse con la mayor celeridad posible o dentro de un plazo razonable. En este antecedente, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en todo trámite judicial y específicamente en materia penal, toda solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física o personal, debe tramitarse con la mayor celeridad posible dentro de un plazo razonable y cumpliendo en su caso con los plazos previstos por la norma adjetiva penal. Al respecto, con el fin de resolver la problemática denunciada resulta pertinente traer a colación lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, que establece que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa, la cual es comprendida como la oportunidad que asiste a todo ciudadano para que dentro de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa pueda ser oída, hacer valer sus argumentos o razones, controvertir pruebas e impugnar las decisiones asumidas a través de los recursos establecidos en la ley, desprendiéndose de dicha noción, el derecho a la defensa técnica que permite al procesado pueda contar con un abogado de su confianza o de oficio designado por autoridad competente, constituyéndose ese derecho en irrenunciable; por lo que, las autoridades judiciales están compelidas a verificar que en el desarrollo del proceso el imputado asista a todas las audiencias acompañando de su abogado defensor y el derecho a la defensa material que trasunta en la posibilidad que el imputado tiene para defenderse por sí mismo e intervenir en todos los actos del proceso, los cuales se encuentran desarrollados en los arts. 8 y 9 del CPP como irrenunciables desde el primer acto del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia. De lo expuesto, se colige que la Jueza demandada, lesionó los derechos invocados como denunciados por la accionante, en virtud a que conforme se tiene del contenido el decreto de 16 de noviembre de 2022, señaló que para posteriores peticiones deberán efectuarse con patrocinio hábil en derecho, siendo que se ha dispuesto abandono de patrocinio del abogado que firmó el memorial de 15 de igual mes y año, que presentó el memorial; siendo excusa que la solicitud realizada no sea procedente al existir la firma de su abogado patrocinante que no presentó justificativo al no haberse presentado en una anterior audiencia, pedido que no fue atendido, motivando la presentación de esta acción de defensa. En ese entendido, a fin de resolver la presente problemática traída en revisión, corresponde considerar el razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional que establece que la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho se constituye en el mecanismo procesal idóneo para reparar vulneraciones al principio de celeridad, vinculado al derecho a la libertad personal encontrándose dentro de los supuestos de procedencia, la dilación u obstaculización que realizan las autoridades jurisdiccionales en la tramitación inmediata respecto a la solicitud de cesación de medidas cautelares; en el presente caso la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz, ante esta solicitud por procedimiento debió haber señalado audiencia para consideración de esta modificación de medida cautelar y en caso de que su abogado no haya justificado su inasistencia a la audiencia de 11 de noviembre de 2022, recién asumir la determinación de ordenar a la hoy accionante, que asista con otro abogado patrocinante de su confianza; a criterio de este Tribunal la Jueza demandada no obró de forma correcta, al no aplicar lo dispuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. Consiguientemente, en consonancia con el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que establece que a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad y se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; en este caso, la omisión y actuación de la autoridad demandada se alejó del principio de celeridad -componente del debido proceso- dentro del ámbito de protección del derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, vinculado con el derecho a la libertad que le asiste a la accionante; por el cual, se concede la tutela en la modalidad de acción de libertad de pronto despacho disponiéndose que la Jueza demandada asuma las medidas y gestiones necesarias para resolver la solicitud de cesación de medida cautelar, en caso de que aún no haya pronunciamiento. Consecuentemente, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1º REVOCAR la Resolución 018/2022 de 26 de noviembre, cursante de fs. 60 a 62 vta., pronunciada por la Juez de Sentencia Anticorrupción Segunda de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada. 2º DISPONER que la Jueza de Sentencia Penal Cuarto de El Alto, en el plazo de cuarenta y ocho horas, señale audiencia de consideración de modificación de medida cautelar, siempre y cuando, con posterioridad, no se hubiere modificado la situación jurídica de la accionante y sea en los términos expresados en la presente Sentencia Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0440_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): f44b1b77d8430d44bacfae6a3c1cbfe33f2a7e5d9894887a998bea2ef3485cf5

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →