B.IA.LEGAL

SCP 0440/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 5 de julio de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
5 de julio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
48818-2022-98-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, en su elemento celeridad, a la defensa, a la vida, a la salud, a la integridad personal y a la reinserción familiar, toda vez que mediante la RA 084/2021 de 29 de diciembre, se dispuso su traslado excepcional por tiempo indefinido del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, al Centro de Readaptación Productivo Santo Domingo de Cantumarca de Potosí, en el cual se encuentra detenido hace seis meses, tiempo en el que no tuvo la visita de su familia debido a la distancia y los gastos que representan el traslado, situación que afecta su núcleo familiar, tampoco pudo asumir defensa en los procesos instaurados en su contra, los cuales radican en el departamento de La Paz, además de encontrarse en riesgo su salud y vida pues adolece de hipertensión y por las amenazas sufridas durante su detención en el referido centro penitenciario, solicitó a la autoridad hoy accionada su traslado a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; sin embargo hasta la interposición de la audiencia de acción de libertad no obtuvo respuesta a su petición. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 16/2022 de 20 de junio, cursante de fs. 62 a 65 vta., dictada por el Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz -constituido en Juez de garantías-, en consecuencia; 1° CONCEDER, la tutela solicitada, en torno al debido proceso en su vertiente de celeridad.

2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la vulneración del derecho a la salud, defensa y reinserción familiar, conforme a los fundamentos expuestos en este fallo constitucional.

3° Dimensionar los efectos de la Resolución 16/2022, tomando en cuenta la modulación efectuada, conforme lo expuesto en el acápite III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,

4° Llamar severamente la atención a Douglas Cecil Borda Montaño, Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz, por la conducta asumida, fuera del marco legal, advirtiendo al mismo que de reiterarse la misma, se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura.

5º Exhortar a Juan Carlos Limpias Esprella, Director General de Régimen Penitenciario a.i. del Ministerio de Gobierno, actuar y resolver con la mayor celeridad las solicitudes de los privados de libertad, evitando dilaciones innecesarias que vulneren derechos fundamentales.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La celeridad y su alcance de aplicación a través de la acción de libertad de pronto despacho relacionado al derecho a la vida
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Sobre el dimensionamiento de los alcances de la parte resolutiva de la presente Sentencia Constitucional

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0440/2024-S3 Sucre, 5 de julio de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 48818-2022-98-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 16/2022 de 20 de junio, cursante de fs. 62 a 65 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marisol Espinoza Márquez en representación sin mandato de Danny Juan Barrientos Choque contra Juan Carlos Limpias Esprella, Director General de Régimen Penitenciario a.i. del Ministerio de Gobierno.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de junio de 2022, cursante de fs. 56 a 57; el accionante, a través de su representante sin mandato expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por resolución judicial se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, desde el 13 de octubre de 2020; sin embargo, el 29 de diciembre del 2021, de forma ilegal fue trasladado al Centro de Readaptación Productivo Santo Domingo de Cantumarca de Potosí, donde se encuentra recluido desde hace seis meses, situación que afectó su núcleo familiar, el cual reside en el departamento de La Paz, debido a la precaria situación económica en la que viven, no fue posible que sus hijos y esposa se trasladen a visitarlo; asimismo manifestó que, por amenazas sufridas dentro del referido centro penitenciario su vida estaría corriendo peligro y que el traslado dispuesto por la autoridad hoy accionada, vulneró su derecho a la defensa, teniendo en cuenta que los procesos penales instaurados en su contra radican en el departamento de La Paz, contexto contrario a lo previsto en el art. 237 del Código de Procedimiento Penal (CPP), siendo que “…la detención preventiva se cumplirá en el lugar donde radica la causa…” (sic), razón por la cual acudió a la vía constitucional.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento de celeridad, a la defensa, a la vida, a la salud, a la integridad personal y a la reinserción familiar, citando al efecto el art. 75 de la Constitución Política del Estado (CPE) -siendo lo correcto art. 74.I-.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, ordenar su traslado inmediato al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala de garantías.

Celebrada la audiencia pública el 20 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 60 y 61, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción.

El accionante a través de su representante sin mandato ratificó in extenso el contenido de la demanda tutelar; y en audiencia manifestó que: 1) Su traslado al Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo de Cantumarca de Potosí fue realizado de manera ilegal, en el cual se encuentra recluido hace seis meses, situación que lo alejó de su núcleo familiar que radica en el departamento de La Paz; 2) Durante el tiempo de reclusión no presentó ninguna observación en su conducta, con relación a la comisión de alguna falta prevista en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2021-; 3) Mediante escrito, hizo conocer a la autoridad hoy accionada que tiene tres hijos, de los cuales dos son menores de edad y debido a la lejanía estos perdieron contacto con su persona, además que su primogénita se encontraría con un cuadro delicado de salud; sin embargo, estos aspectos no fueron valorados oportunamente por el accionado; 4) El Informe Social emitido por Mónica Fabiola Cortez, Trabajadora Social del referido Centro de Readaptación, recomendó que el cumplimiento de condena se realice dentro del entorno familiar, a fin de tener un acercamiento con la misma, principalmente por el estado de salud de su hija, velando por su bienestar y el de su núcleo familiar, precautelando el acercamiento y el apoyo mutuo, dicho informe fue puesto en conocimiento de la autoridad accionada, quien hizo caso omiso a las recomendaciones; 5) Mediante certificado médico expedido por Manuel Vargas Orgaz -dependiente del Ministerio de Gobierno- se estableció que sufre de “hipertensión arterial”; y, 6) Todos estos aspectos , así como las amenazas que estaría sufriendo dentro del centro penitenciario, fueron puestos a conocimiento del Juez de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, y de la autoridad accionada, quien demostró desinterés en su situación.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

La autoridad accionada no compareció a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, tampoco presentó informe escrito alguno, pese a su legal citación cursante a fs. 59.

I.2.5. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz, mediante Resolución 16/2022 de 20 de junio, cursante de fs. 62 a 65 vta., concedió la tutela solicitada por el accionante, y en cumplimiento al art. 17 del Código Procesal Constitucional (CPCo) expidió Mandamiento de Traslado al Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; Resolución que dictó en base a los siguientes fundamentos: a) El accionante hasta la interposición de la presente acción de libertad contaba con la calidad de detenido preventivo y no de condenado; por lo que debe presumirse en todo momento su inocencia, conforme lo establecido por la jurisprudencia constitucional que prohíbe a los órganos encargados de la persecución penal realicen actos que presuman la culpabilidad del imputado, ya que conllevaría a la vulneración de sus derechos y garantías, tomándose en cuenta por principio de convencionalidad lo previsto en los arts. 256 y 410 de la CPE; b) De acuerdo al informe emitido por la Trabajadora Social dependiente del Ministerio de Gobierno, se evidenció que el impetrante de tutela, demostró un buen comportamiento desde su ingreso al Centro de Readaptación Productivo Santo Domingo de Cantumarca de Potosí, así como el respeto a las normas internas del mismo y a sus compañeros de celda; sin embargo, se percibió una gran aflicción al no poder cubrir los gastos médicos de su hija, menos brindarle un apoyo moral en su tratamiento, por la imposibilidad de las visitas debido a la distancia, también a la paupérrima economía de su familia y a la enfermedad de base que padece; c) Conforme lo previsto en el art. 73 de la CPE, toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad debe ser tratada con el debido respeto a la dignidad humana, tener derecho a la libre comunicación con su defensor, interprete, familiares, y personas allegadas, prohibiéndose la incomunicación; d) Respecto a los derechos de los niños que están directamente vinculados con la libertad de su progenitor, se evidenció que estos, fueron vulnerados, considerando que el accionante es quien ayuda a proveer los recursos para la manutención de sus hijos; e) Estableció que el traslado dispuesto por la autoridad hoy accionada puede ser interpretada como una forma de tortura, aspecto que contraviene el art. 114 de la Norma Suprema, en el entendido que esta medida severa como es el traslado a otro recinto, debe ser tomada en cuenta con mayor rigidez en los privados de libertad con condena y no los detenidos preventivos, por la excepcionalidad de la medida, la temporalidad y el lugar que se determina para los reos con condena, medida destinada a evitar el contagio criminal para una efectiva reinserción social; y, f) Ante la ausencia de un informe por la autoridad accionada, con relación a los extremos demandados en la acción de libertad, conforme establece la “SC0 090/2019” dio lugar a la veracidad de los mismos; actitud reiterada por la autoridad accionada y el Juez de la causa, en el entendido que los mismos no dieron una respuesta oportuna a los extremos puestos bajo su conocimiento.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución Administrativa (RA) 84/2021 de 29 de diciembre, emitida por Juan Carlos Limpias Esprella, Director General de Régimen Penitenciario a.i. del Ministerio de Gobierno -hoy accionado- a través de la cual dispuso el Traslado Administrativo Excepcional por tiempo indefinido del interno Danny Juan Barrientos Choque -hoy accionante-, del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz al Centro de Readaptación Productivo Santo Domingo de Cantumarca de Potosí (fs. 2 a 7). II.2. Por Certificado Médico de 23 de marzo de 2022, emito por Manuel Vargas Orgaz, Médico de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Potosí del Ministerio de Gobierno, se estableció que de la revisión clínica realizada al peticionante de tutela, fue diagnosticado con “HIPERTENSIÓN ARTERIAL” (fs. 29). II.3. Consta Informe Social CITE D.D.R.P / A.T.S. 05/2022 de 12 de mayo, elaborado por Mónica Fabiola Jerez Cortez, Trabajadora Social del Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo de Cantumarca de Potosí, con relación a la situación del accionante (fs. 10 a 27). II.4. Cursa Certificación de Conducta Disciplinaria - Tiempo de Permanencia, de 12 de mayo de 2022, emitido por el Encargado de Archivos y Kardex del Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo de Cantumanca de Potosí (fs. 28). II.5. Se tiene Certificado de Permanencia y Conducta 3783/2022 de 2 de junio de 2022, del accionante, emitida por la Dirección y Encargada de Archivo y Kardex del Centro Penitenciario de San Pedro, en el que se acredita su permanencia en el referido centro penitenciario, estableciendo que “…no presenta observaciones en su conducta...” (sic [fs. 8 a 9]). II.6. Mediante Memorial con cargo de recepción de 15 de junio de 2022, dirigido a la autoridad accionada, el peticionante de tutela, solicitó su traslado al Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz (fs. 54 y 55 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, en su elemento celeridad, a la defensa, a la vida, a la salud, a la integridad personal y a la reinserción familiar, toda vez que mediante la RA 084/2021 de 29 de diciembre, se dispuso su traslado excepcional por tiempo indefinido del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, al Centro de Readaptación Productivo Santo Domingo de Cantumarca de Potosí, en el cual se encuentra detenido hace seis meses, tiempo en el que no tuvo la visita de su familia debido a la distancia y los gastos que representan el traslado, situación que afecta su núcleo familiar, tampoco pudo asumir defensa en los procesos instaurados en su contra, los cuales radican en el departamento de La Paz, además de encontrarse en riesgo su salud y vida pues adolece de hipertensión y por las amenazas sufridas durante su detención en el referido centro penitenciario, solicitó a la autoridad hoy accionada su traslado a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; sin embargo hasta la interposición de la audiencia de acción de libertad no obtuvo respuesta a su petición. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La celeridad y su alcance de aplicación a través de la acción de libertad de pronto despacho relacionado al derecho a la vida

La SCP 0957/2022 de 29 de julio, siguiendo los entendimientos de la SCP 0273/2019-S1 de 22 de mayo, que citó a la SCP 0770/2014 de 21 de abril, estableció que:”…El extinto Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó en cuanto al recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- que: ‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’.

En ese entendido, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, concluyó que: ‘…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’.

Siguiendo con el entendimiento jurisprudencial desarrollado por la citada Sentencia Constitucional, en su Fundamento Jurídico III.4, señaló: ‘Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales’.

En ese sentido, en el mismo Fundamento Jurídico citado en el párrafo anterior agregó a la tipología, el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘…el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad"; entendimientos asumidos y reiterados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1449/2012 y 2511/2012, entre otras.

Por su parte, la SCP 0003/2021-S3 de 20 de enero, a tiempo de aplicar los entendimientos vertidos con relación al derecho a la vida como un elemento también resguardado por la acción de libertad, concluyó que: ‘La precitada jurisprudencia desarrolla entendimientos esencialmente destinados a la tutela del derecho a la libertad personal o de locomoción ante actos u omisiones que generan dilaciones indebidas en la definición de la situación jurídica de una persona; sin embargo, en concordancia con el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, cuyos intelectos jurisprudenciales establecen que la acción de libertad amplió su ámbito de protección al tutelar el derecho a la vida cuando se encuentra comprometida por una acción u omisión que pone la misma en riesgo, sin necesidad de que exista una vinculación directa con el derecho a la libertad, obliga asumir posturas concretas por parte de los administradores de justicia, de servidores públicos o de particulares, a fin de impedir su afectación; por lo que, cualquier solicitud relacionada con el derecho primario a la vida -dependiendo lógicamente de los elementos y supuestos fácticos inherentes a la situación particular- debe ser resuelta con exhaustividad analítica y de manera célere; en igual sentido, procede su tutela no solo como derecho autónomo, sino con relación a los derechos interdependientes o conexos como la salud e integridad personal; entonces, en esa misma dimensión, todo trámite judicial o administrativo relacionado a la vida o los derechos conexos que engloba, merece gestionarse con la debida celeridad y diligencia, dada la posibilidad de una eventual o permanente afectación’.

Así, el mismo fallo constitucional en el análisis del caso concreto, puntualizó: ‘…el derecho a la vida, al margen de la libertad, merece ser protegido y tutelado mediante esta acción de defensa extraordinaria, cuando la acción u omisión de servidores públicos o particulares afecta de alguna manera el derecho primigenio a la vida a partir de un riesgo a ello, ya sea por su vinculación con un estado de salud que evidencie aquello o por situaciones vinculadas a la integridad física de quien activa esta acción tutelar, así los reiterados intelectos jurisprudenciales emanados por este Tribunal, sustentados en las Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos, coinciden en garantizar un trato humano a los detenidos preventivos de aquellas condiciones que agravan su estadía en un centro penitenciario emergentes de la restricción de su libertad, vulnerando el derecho a la vida y salud de los mismos; bajo ese parámetro, corresponde aplicar también el principio de celeridad cuando la actuación u omisión del servidor público o particular afecta este primario derecho, sea por dilación en la tramitación de una solicitud o por la falta de una respuesta pronta y oportuna a una pretensión que demuestre la amenaza o puesta en riesgo del derecho a la vida…’”.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, en su elemento celeridad, a la defensa, a la vida, a la salud, a la integridad personal y a la reinserción familiar, toda vez que mediante la RA 084/2021 de 29 de diciembre, se dispuso su traslado excepcional por tiempo indefinido del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, al Centro de Readaptación Productivo Santo Domingo de Cantumarca de Potosí, en el cual se encuentra detenido hace seis meses, tiempo en el que no tuvo la visita de su familia debido a la distancia y los gastos que representan el traslado, situación que afecta su núcleo familiar, tampoco pudo asumir defensa en los procesos instaurados en su contra, los cuales radican en el departamento de La Paz, además de encontrarse en riesgo su salud y vida pues adolece de hipertensión y por las amenazas sufridas durante su detención en el referido centro penitenciario, solicitó a la autoridad hoy accionada su traslado a la ciudad de La Paz; sin embargo hasta la interposición de la audiencia de acción de libertad no obtuvo respuesta a su petición. Identificada la problemática traída en revisión, y de los antecedentes cursantes en el expediente constitucional, se advierte la RA 84/2021 (Conclusión II.1), en mérito a la cual de conformidad a las facultades otorgadas por el art. 48 de la Ley 2298, modificado por el art. 4 de la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal -Ley 007 de 18 de mayo de 2010-, la autoridad accionada, de manera “…excepcional y por tiempo indefinido…” (sic), dispuso el traslado del acusado a otro centro penitenciario diferente al ordenado por la autoridad jurisdiccional; al considerar que el ahora impetrante de tutela, asumió conductas que ponen en riesgo la seguridad pacífica y convivencia del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz. Conforme a la documental adjunta se evidencia que por nota de 15 de junio de 2022, presentada al accionado, el impetrante de tutela, hizo conocer que llevaba más de cinco meses recluido en el Centro de Readaptación Productivo de Santo Domingo de Cantumarca de Potosí, y que su traslado fue realizado de manera irregular, lo cual le impedía ejercer su derecho a la defensa, encontrándose también en peligro su salud y vida debido a su delicado estado y las constantes amenazas que estaría sufriendo al interior del centro penitenciario, razones entre otras por las que solicitó su traslado a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz (Conclusión II.6); empero, hasta la realización de la audiencia de acción de libertad, no hubo pronunciamiento alguno respecto a su solicitud.

Sobre la integridad física y vida, se tiene establecido que el ahora accionante denunció mediante la nota señalada precedentemente que, era objeto de constantes amenazas por parte de otros reclusos temiendo por su integridad física y su vida, en ese entendido, teniendo presente el entorno en el que se encuentra y las condiciones especiales atribuibles a su traslado, estas deben ser tomadas como válidas por la autoridad encargada del centro penitenciario a efecto de establecer los protocolos de seguridad y prevención en torno a la problemática, en este sentido debe considerase la vida del peticionante de tutela se encuentra en peligro efectivo, aspecto que va estrechamente vinculado al derecho a la integridad personal que también es demandado; puesto que, como se mencionó estaría sufriendo amenazas en el interior del recinto penitenciario, situación que fue puesta a conocimiento del accionado, a fin que el mismo conforme a la Ley 2298, establezca las medidas necesarias de seguridad; observando que, el impetrante de tutela se encuentra en calidad de detenido preventivo y no así de condenado, por lo que dichas medidas debieron ser dispuestas de manera inmediata a objeto de precautelar su integridad física, tal como fueron valoradas en su momento para disponer su traslado; empero, la autoridad accionada, se mantuvo indiferente y en silencio, no activó ninguna medida de protección a favor del privado de libertad, a fin de evitar e impedir que las amenazas referidas puedan materializarse, constituyéndose ese accionar en un dilación indebida, por parte del funcionario demandado.

Conforme el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional "cualquier solicitud relacionada con el derecho primario a la vida -dependiendo lógicamente de los elementos y supuestos fácticos inherentes a la situación particular- debe ser resuelta con exhaustividad analítica y de manera célere, en igual sentido, procede su tutela no solo como derecho autónomo, sino con relación a los derechos interdependientes o conexos como la salud e integridad personal; entonces, en esa misma dimensión, todo trámite judicial o administrativo relacionado a la vida o los derechos conexos que engloba, merece gestionarse con la debida celeridad y diligencia, dada la posibilidad de una eventual o permanente afectación” (...); bajo ese parámetro, corresponde aplicar también el principio de celeridad cuando la actuación u omisión del servidor público o particular afecta este primario derecho, sea por dilación en la tramitación de una solicitud o por la falta de una respuesta pronta y oportuna a una pretensión que demuestre la amenaza o puesta en riesgo del derecho a la vida...”, siendo más que evidente la vulneración a su derecho al debido proceso en su vertiente de celeridad y encontrándose vinculado directamente con los derechos a la integridad física y vida del impetrante de tutela, correspondiendo la concesión de tutela, bajo la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En relación a la vulneración a su derecho a la defensa frente a otros procesos, se tiene que este no ha sido acreditado documentalmente, que en referencia a la causa que nos ocupa, el mismo ha tenido acceso a su proceso y a realizar sus peticiones, no evidenciándose que se le hubiera restringido el acceso al mismo, por lo que no corresponde tutelar este derecho. Sobre la reinserción familiar, este es un aspecto que no se encuentra vinculado de manera directa con la libertad del impetrante de tutela debiendo denegar la tutela solicitada sobre este punto.

III.3. Sobre el dimensionamiento de los alcances de la parte resolutiva de la presente Sentencia Constitucional

Plurinacional

Conforme a la situación fáctica del caso concreto, es preciso tomar en cuenta el alcance de la concesión de tutela inicialmente otorgada por el Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, que provocó efectos jurídicos, en el entendido que la Resolución 16/2022 de 20 de junio, es de ejecución y cumplimiento inmediato -art. 40.I del CPCo-; en tal sentido, corresponde traer a colación lo establecido en la SC 0595/2010-R de 12 de julio, respecto al dimensionamiento de los efectos de los fallos constitucionales determinando que: “…no obstante, en atención a la facultad previsora el Tribunal Constitucional, puede dimensionar los efectos de la Sentencia Constitucional, y de acuerdo a las circunstancias del caso y de manera excepcional toma determinaciones de tal manera que no se genere inseguridad jurídica”.

Por tal motivo, con base en los principios de previsibilidad y seguridad jurídica, corresponde mantener los efectos de la concesión de tutela dispuesta por el Juez de garantías, mediante la emisión de la Resolución 16/2022, con la finalidad de evitar que se genere repercusión negativa o menoscabo en el ejercicio de los derechos del peticionante de tutela.

Otras consideraciones

Con relación a la actuación del Juez de garantías, se evidencia que la referida autoridad al momento de emitir la Resolución 16/2022, dispuso aspectos que, en virtud a su mandato, no le correspondían, como la determinación de librar un mandamiento de Traslado del detenido a otro centro penitenciario, dentro del proceso penal por el cual se encuentra en procesamiento el accionante, en mérito al principio del juez natural, era de conocimiento exclusivo del Juez de Sentencia en lo Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz , no pudiendo en este caso, en su calidad de Juez de garantías, disponer dicho traslado de manera directa, advirtiéndose una actuación indebida, considerando que la justicia constitucional únicamente le compete realizar el control tutelar de constitucionalidad y no realizar actos administrativos o de la jurisdicción ordinaria, apercibiendo a la mencionada autoridad, que de volver a incurrir en este tipo de conductas, se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura para su procesamiento por la vía disciplinaria.

En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 16/2022 de 20 de junio, cursante de fs. 62 a 65 vta., dictada por el Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz -constituido en Juez de garantías-, en consecuencia; 1° CONCEDER, la tutela solicitada, en torno al debido proceso en su vertiente de celeridad.

2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la vulneración del derecho a la salud, defensa y reinserción familiar, conforme a los fundamentos expuestos en este fallo constitucional.

3° Dimensionar los efectos de la Resolución 16/2022, tomando en cuenta la modulación efectuada, conforme lo expuesto en el acápite III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,

4° Llamar severamente la atención a Douglas Cecil Borda Montaño, Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz, por la conducta asumida, fuera del marco legal, advirtiendo al mismo que de reiterarse la misma, se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura.

5º Exhortar a Juan Carlos Limpias Esprella, Director General de Régimen Penitenciario a.i. del Ministerio de Gobierno, actuar y resolver con la mayor celeridad las solicitudes de los privados de libertad, evitando dilaciones innecesarias que vulneren derechos fundamentales. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0440_2024-S3.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): aaff41b71b12abf5be231b6f27ad48168120bb66bf8acd4499232e4444bf4b3d

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