Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 31 de julio de 2024
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes a la legalidad y a la impugnación; señalando que, habiéndose declarado prescrita la facultad de imposición de sanción de la Administración Aduanera por el ilícito de contrabando contravencional descrito en el Acta de Intervención AN-ZFO 03/2005 de 18 de abril; y, dado que antes de ello su persona cumplió con el pago inicial y cuotas mensuales estipuladas en el plan de pagos en el monto de Bs125 225.-, formuló acción de repetición ante el Gerente Regional Oruro de la ANB; sin embargo, por Proveído AN-GROGR-ORUOI-PROV-63-2022 de 25 de enero, el exadministrador codemandado, no dio lugar al mismo; sosteniendo que contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0374/2021 de 15 de marzo, se interpuso demanda contenciosa administrativa; ante ello, planteados los recursos de revocatoria y jerárquico, en su turno, fueron rechazados por el ex Responsable Departamental de Recursos de Alzada a.i. de la ARIT La Paz -demandado-; porque a su criterio el citado Proveído no es susceptible de impugnación al no constituirse en un acto administrativo definitivo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC-085/2022 de 14 de octubre, cursante de fs. 313 a 317, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Rechazo de 18 de febrero de 2022; y, Proveído - Sujeto Pasivo de 15 de marzo de igual año, ambos suscritos por Juan Ticona Condori, ex Responsable Departamental de Recursos de Alzada Oruro a.i. de la ARIT La Paz, para que quien se encuentre ostentando dicho cargo resuelva el recurso de alzada formulado el 15 de febrero de 2022, por Isabel Flores Alcocer en representación de Orlando García Terrazas, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2° DENEGAR la tutela respecto al exadministrador de la Aduana Interior Oruro a.i.
de la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia. Sin lugar a la reparación de daños y perjuicios ni pago de costas procesales, en razón de la regulación potestativa establecida en el art. 39 del Código Procesal Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0440/2024-S2 Sucre, 31 de julio de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 51417-2022-103-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución AAC-085/2022 de 14 de octubre, cursante de fs. 313 a 317, pronunciada dentro la acción de amparo constitucional interpuesta por Isabel Flores Alcocer en representación de Orlando García Terrazas contra Juan Ticona Condori, ex Responsable Departamental de Recursos de Alzada Oruro de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) La Paz; y, Daves Elizardinho Veliz Rojas, exadministrador de la Aduana Interior Oruro a.i. de la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).
Por memoriales presentados el 9 y 20 de septiembre de 2022, cursantes de fs. 45 a 57 vta. y 79 a 80, el accionante a través de su representante, señaló que:
El 18 de abril de 2005, en inmediaciones de la localidad de Huanuni del departamento de Oruro, se intervino un camión que presumiblemente transportaba mercadería de contrabando por rutas no autorizadas; en consecuencia, el Fiscal de Materia asignado al caso imputó formalmente a Olivia Ele Zeballos Mamani, Juan Benavides Choque, Juan Mamani Cutjiri y Germán Titicayo Mamani, por la presunta comisión del delito de contrabando; en consecuencia, por Auto Interlocutorio de 19 de dicho mes y año, el entonces Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del indicado departamento, dispuso su detención preventiva; asimismo, mediante Auto Interlocutorio 281/2006 de 6 de igual mes, autorizó a la Gerencia Regional Oruro de la ANB, proceder con el remate de la citada mercancía, así como, del motorizado con placa de control CSJ-065; el 26 de febrero de 2010, el representante fiscal emitió requerimiento conclusivo de sobreseimiento en favor de los señalados imputados; a lo que, por Auto Interlocutorio 499/2016 de 24 de junio, el mencionado Juez declinó competencia, remitiendo los antecedentes a la citada Gerencia Regional. En tal contexto, a través del Auto Administrativo AN-GROGR-ORUOI-SPCC-AA 117/2018 de 7 de agosto, el exadministrador de la Aduana Interior Oruro a.i. de la Gerencia Regional Oruro de la ANB, dispuso la radicatoria del proceso administrativo con Acta de Intervención AN-ZFO 03/2005 de 18 de abril, y la notificación a Olivia Ele Zeballos Mamani, Juan Benavides Choque, Juan Mamani Cutjiri y Germán Titicayo Mamani, otorgándoles el plazo de tres días hábiles para que puedan presentar descargos. Por Resolución Sancionatoria AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS-0031/2018 de 19 de septiembre, el supra citado exadministrador declaró probada la comisión de contrabando contravencional y el comiso definitivo de la mercadería descrita en el Cuadro de Valoración de Mercancía Incautada GRORU-UVAOR 0342/2005 de 8 de abril; en consecuencia, el 19 de ese mes de 2019, planteó incidente de nulidad de obrados ante la Administración Aduanera; sin embargo, fue rechazada de manera discrecional y sin la debida fundamentación mediante el Proveído AN-GROGR-ORUOI-ULEOR-SET-PROV 160/2019 de 3 de mayo, disponiendo que se prosiga con la ejecución tributaria hasta el cobro total de los impuestos adeudados; por lo cual, el 24 del señalado mes y año, formuló recurso de alzada ante la Directora Ejecutiva de la ARIT La Paz, que inicialmente fue rechazado; empero, interpuso una anterior acción de amparo constitucional en la que se le concedió tutela; en ese sentido, por Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1091/2020 de 24 de diciembre, la citada Directora anuló obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, la notificación con el Auto Administrativo AN-GROGR-ORUOI-SPCC-AA 117/2018 y el Acta de Intervención AN-ZFO 03/2005; empero, la Administración de la Gerencia Regional Oruro de la ANB, formuló recurso jerárquico; en sustanciación mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT- RJ 0374/2021 de 15 de marzo, la Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), revocó totalmente la decisión de alzada y dejó sin efecto el Proveído AN-GROGR-ORUOI-ULEOR-SET-PROV 160/2019 “…en virtud a lo dispuesto en la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0281/2021; todo de conformidad a lo previsto en el Art. 212, Parágrafo I, Inciso a) del Código Tributario Boliviano (CTB)…” (sic). Por otra parte, aclaró que mediante memorial presentado el 16 de octubre de 2019, planteó ante el mencionado exadministrador, la prescripción de sus facultades para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos e imponer sanciones administrativas; el cual, fue rechazado por Proveído AN-GROGR-ULEOR-SET-PROV 312/2019 de 12 de noviembre; ante ello, por escrito presentado el 25 de ese mes y año, interpuso recurso de alzada; en consecuencia, mediante Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0357/2020 de 6 de marzo, el citado Proveído fue confirmado; invocado el recurso jerárquico mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT- RJ 01247/2020 de 21 de septiembre, la Directora Ejecutiva General a.i. de la AGIT anuló la citada Resolución; por lo que, se emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1009/2020 de 27 de noviembre, dándose curso a la prescripción impetrada; impugnado nuevamente dicho fallo por la Administración Aduanera, por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0281/2021 de 23 de febrero, la nombrada Directora Ejecutiva a.i., dispuso: “CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada LPZ/RA 1009/2020 de 27 de noviembre de 2020, emitida (…) dentro [d]el Recurso de Alzada interpuesto por Orlando García Terrazas (…) que revoc[ó] totalmente el Proveído AN-GROGR-ULEOR-SET-PROV N° 312/2019…” (sic). Por otro lado, la Administración de la Aduana Interior Cochabamba de la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB, retuvo el vehículo tracto camión, marca Volvo, tipo FH13, modelo 2014, con chasís número YV2RG30A3EB669131, número de motor D13-429146-C2-A, con póliza de importación 191051639, que fue nacionalizado en esa Administración Tributaria, habiéndole negado el levante en cumplimiento al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GROGR-SET.PIET-25/2019 de 15 de enero, dictado por su similar de Oruro; en tal mérito, se vio obligado a solicitar facilidades de pago; empero, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0281/2021, consolidó el instituto de la prescripción determinada. Dado que, la Resolución Administrativa Plan de Facilidades de Pago AN-GROGR-ULEOR-SET-RA 110/2019 de 4 de diciembre, así como, el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GROGR-SET.PIET-25/2019, tácitamente quedaron sin valor legal -en mérito a la señalada prescripción-; y, siendo que su persona cumplió con el pago inicial y cuotas mensuales estipuladas en el plan de pagos; el 18 de noviembre de 2021, en aplicación de los arts. 68.9, 121 y 122 del Código Tributario Boliviano (CTB), a través de su representante, interpuso acción de repetición reclamando la restitución de pagos indebidos en la suma de Bs125 225.- (ciento veinticinco mil doscientos veinticinco bolivianos); empero, por Proveído AN-GROGR-ORUOI-PROV-63-2022 de 25 de enero, el exadministrador codemandado respondió: “‘…no ha lugar a lo solicitado siendo que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT- RJ-0371/2021, de fecha 15 de marzo de 2021, se encuentra con interposición de Demanda Contenciosa Administrativo contra la Resolución mencionada, no encontrándose la misma declarada con firmeza y ejecutoriada’…” (sic), sin considerar que el art. 131.III del indicado Código, señala que: “…‘La interposición del proceso contencioso administrativo, no inhibe la ejecución de la resolución dictada en el Recurso Jerárquico, salvo solicitud expresa de suspensión formulada a la Administración Tributaria por el contribuyente y/o responsable…’” (sic); razón por la cual, no estaba impedida para ejecutar la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT- RJ 0281/2021 -a la que se encuentra orientada su acción de repetición-; pues, conforme la previsión contenida en los arts. 108 y 214 del citado Código, las resoluciones de alzada y jerárquicos se constituyen títulos de ejecución tributaria; en concordancia con el art. 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), establece que las resoluciones definitivas de la administración pública, una vez notificadas, se podrá proceder a su ejecución forzosa por medio de los órganos competentes. Finalmente, el 15 de febrero de 2022, interpuso recurso de alzada contra el Proveído AN-GROGR-ORUOI-PROV-63-2022; empero, fue rechazado por Auto de Rechazo de 18 de igual mes y año, suscrito por el exresponsable demandado, quien sostuvo que tal Proveído no se constituyó en un acto susceptible de impugnación en el marco del art. 195.II del CTB, correspondiendo aplicar el art. 198.IV del mismo Código, sin observar que el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el derecho a la impugnación; asimismo, el art. 143.3 del señalado Código estipula que las resoluciones que denieguen solicitudes de repetición -entre otras-, son impugnables vía recurso de alzada; en relación a lo expresado, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1008/2019 de 16 de septiembre, estableció el procedimiento para sustanciar la acción de repetición; por otra parte, el art. 4.4 de la Ley 3092 de 7 de julio de 2005, dispone que además de los actos previstos por el art. 143 del CTB, el recurso de alzada será admisible también contra: “…Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria…” (sic); entendiéndose por acto administrativo a toda declaración, disposición o decisión de la administración pública, de alcance general o particular emitida en ejercicio de la potestad administrativa; y, los proveídos son equivalentes a una resolución sancionatoria o determinativa; pues, si bien no resuelven el fondo de la cuestión; sin embargo, impiden totalmente la tramitación del problema de fondo; entonces, el citado Proveído se constituyó un acto administrativo de carácter definitivo de la Administración Aduanera impugnable mediante el recurso de alzada; en el caso, se negó el tratamiento de fondo del asunto, cuando en el marco del art. 122 del CTB, la ARIT La Paz debió pronunciarse mediante resolución administrativa expresa, rechazando o aceptando total o parcialmente la repetición solicitada, autorizando la emisión del instrumento de pago correspondiente que la haga efectiva, en aplicación de los arts. 27, 28 y 56 de la LPA; es decir, resolver el fondo; por lo que, por memorial presentado el 14 de marzo de 2022, formuló recurso jerárquico; no obstante, por Proveído - Sujeto Pasivo de 15 del mismo mes y año, el exresponsable demandado indicó que dicho medio de impugnación “no procede”; decisión que le fue notificada el 16 del señalado mes y año.
Denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes a la legalidad y a la impugnación, citando al efecto los arts. 115.II y 180.II de la CPE; y, 8.1 y 2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto el Proveído AN-GROGR-ORUOI-PROV-63-2022 y/o que la ARIT La Paz admita el recurso de alzada presentado el 15 de febrero de 2022; b) La reparación de daños y perjuicios; y, c) El pago de costas procesales.
Celebrada la audiencia pública virtual el 13 y 14 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 306 a 312 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional presentado.
Juan Carlos Guzmán Ruíz, Sub Director Regional I, Sub Dirección Tributaria; Pedro Antonio Conde Laime, Secretario de Cámara a.i. Dirección Ejecutiva Regional y Zaida Villca Gómez, Responsable Departamental de Recursos de Alzada Oruro, todos de la ARIT La Paz, por informes escritos presentados el 6 de octubre de 2022, cursantes de fs. 266 a 270 y 289 a 293 y en audiencia de garantías mediante su abogado, señalaron que: 1) El Proveído AN-GROGR-ORUROI-PROV-63-2022, emitido por el exadministrador codemandado, al no constituir un acto definitivo de carácter particular, obligatorio, exigible y ejecutable, no obtuvo la calidad de acto administrativo definitivo, que cumpla el art. 27 del CTB; toda vez que, no produjo efectos jurídicos en el accionante; 2) Las características del acto administrativo definitivo deben distinguirse de las actuaciones de mero trámite; en tal sentido, el citado Proveído sería una simple respuesta de información; es decir, el acto administrativo definitivo acredita una decisión definitiva y particular que produce efectos jurídicos; además, debe contener los elementos esenciales de todo acto administrativo; en el caso, el referido Proveído se constituyó en una mera actuación; a través de la cual, se le comunicó al peticionante de tutela que contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0374/2021, se interpuso demanda contenciosa administrativa, que no definió en lo absoluto una posición respecto a la acción de repetición objeto de observación; por lo que, incumplió con los arts. 27 y 28 del indicado Código, al no constituirse en un acto susceptible de impugnación; en tal mérito, la decisión asumida en el Auto de Rechazo de 18 de febrero de 2022, fue correcta; dado que, para efectos de la admisión de un recurso de alzada el Responsable Departamental de Recursos de Alzada tiene la obligación objetiva de constatar si la impugnación cumple con las formalidades y requisitos señalados por los arts. 195.III y 198.IV del CTB y 4 de la Ley 3092; presupuestos que en el recurso de alzada del impetrante de tutela se incumplió; y, 3) No resultó evidente que el exresponsable demandado lesionó los derechos al debido proceso, a la defensa y a la impugnación del prenombrado, solo adecuó su accionar al Código Tributario Boliviano, a la Ley 3092 y a toda la normativa tributaria vigente; por lo que, solicitó que la tutela sea denegada. Hernán Alarcón Terán, Administrador de la Aduana Interior Oruro a.i. de la Gerencia Regional Oruro de la ANB, a través de sus representantes por informe escrito presentado el 6 de octubre de 2022, cursante de fs. 277 a 281, y en audiencia de garantías manifestó que: i) Para que se dé curso a la reposición, conforme establecen los reglamentos internos de la entidad a su cargo, el accionante debió cumplir diversos requisitos; asimismo, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0281/2021, no era el último actuado emitido, siendo esta la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0374/2021, contra la cual -conforme se señaló en el Proveído AN-GROGR-ORUOI-PROV-63-2022-, se interpuso demanda contenciosa administrativa; ii) El citado Proveído no se constituyó un acto definitivo como erróneamente planteó el impetrante de tutela en el recurso de alzada que fue rechazado bajo los parámetros establecidos en el Auto de Rechazo de 18 de febrero de 2022; posteriormente a ello, el prenombrado pidió aclaración, respondida el 15 de marzo de igual año; iii) Por memorial desplegado el 20 de septiembre de 2022, el peticionante de tutela al momento de subsanar la presente acción de amparo constitucional, señaló como actos lesivos el citado Auto de Rechazo y el Proveído - Sujeto Pasivo de 15 de marzo del referido año, delimitando en ese sentido por voluntad propia los parámetros de este mecanismo tutelar; es decir, la lesión del derecho a la impugnación generada en el último fallo dictado por la ARIT La Paz y no por la ANB; si bien, el mismo tiene relación con el Proveído AN-GROGR-ORUOI-PROV-63-2022, no se pronunció respecto al indicado derecho, tampoco se encontraba facultado para sustanciar recursos sobre sus propias resoluciones; por lo que, carece de legitimación pasiva para ser demandado; y, iv) El solicitante de tutela indicó equivocadamente que el indicado Proveído - Sujeto Pasivo, no era susceptible de impugnación; sin embargo, de la lectura del contenido de dicho actuado, se tiene que emergió como respuesta a un equivocado planteamiento de un recurso jerárquico; toda vez que, el Auto de Rechazo de 18 de febrero de 2022, no se constituyó en una resolución de alzada; por tal razón, pudo interponer recurso jerárquico, conforme establece el art. 144 del CTB; con base en lo cual, el cómputo para la interposición de esta acción tutelar empezó a correr desde el 23 de febrero de 2022, feneciendo el 23 de agosto del mismo año; en consecuencia, fue formulado fuera del plazo de los seis meses contemplado por el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), correspondiendo su “rechazo”; por ello, pidió que la tutela sea denegada. A la pregunta de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, respecto a qué tendría que haber hecho el peticionante de tutela para que se admita la acción de repetición formulada; respondió que: “…uno de los requisitos es de que la resolución por la cual el accionante considera que realiz[ó] un pago indebido, que este ejecutoriada, por lo que debiera aguardar la determinación de la demanda contenciosa administrativa (…) además que debiera existir un título que señale que hubo un pago indebido que hubiera sido efectuado” (sic). A fs. 142 y vta. se indicó que los representantes de Daves Elizardinho Veliz Rojas, exadministrador de la Aduana Interior Oruro a.i. de la Gerencia Regional Oruro de la ANB y Juan Ticona Condori, Responsable Departamental de Recursos de Alzada de la ARIT La Paz, presentaron informes escritos; sin embargo, los mismos no se encuentran en obrados, habiendo sido notificados a fs. 112 y 137.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución AAC-085/2022 de 14 de octubre, cursante de fs. 313 a 317, concedió la tutela solicitada, disponiendo la nulidad del Proveído -Sujeto Pasivo de 15 de marzo del referido año, debiendo la ARIT La Paz enmarcarse en el lineamiento de la SCP 0446/2010-R de 28 de junio, y efectuar una ponderación con relación al decreto de 25 de enero de 2022, emitida por el exadministrador codemandado, e ingresar a efectos de resolver el recurso jerárquico o declarar la nulidad de dicho decreto e ingresar a considerar la acción de repetición interpuesta, y a efectos de dictar la nueva resolución se otorgó el plazo de quince días hábiles; con base en los siguientes fundamentos: a) Resulta evidente que el Proveído AN-GROGR-ORUOI-PROV-63-2022, no era la última determinación vulneratoria de derechos y garantías constitucionales; lo cual, en aplicación del principio de subsidiariedad conllevó a sustanciar la presente acción tutelar solamente respecto a la indicada ARIT; b) El art. 121 del CTB establece que la acción de repetición, es aquella que pueden invocar los sujetos pasivos para reclamar a la Administración Tributaria la restitución de pagos indebidos o en exceso efectuados por cualquier concepto tributario; el numeral “IV” del citado precepto, explica que cuando se niegue la referida acción, queda expedita la vía de impugnación prevista en el art. 195.III del mismo Código, que prevé como únicos medios de impugnación los recursos de alzada y jerárquico; el recurso de alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de decisiones administrativas, incluyendo informes y vistas de cargo, u otras actuaciones administrativas previas, incluidas las medidas precautorias que se adoptaren en la ejecución tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el art. 108 del referido Código, tampoco los autos que se dictan a consecuencia de las oposiciones previstas en el art. 109.II del señalado Código; salvo en los casos en que se deniegue la compensación opuesta por el deudor; c) En respuesta al memorial de interposición de acción de repetición formulado el 18 de noviembre de 2021, por el accionante, el exadministrador codemandado por Proveído AN-GROGR-ORUOI-PROV-63-2022, rechazó dicha solicitud, sosteniendo que contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0374/2021, planteó demanda contenciosa administrativa; la cual, se encontraba pendiente; esa afirmación resultó ser una resolución con carácter definitivo; puesto que, no otorgó ningún otro tipo de solución; además, la presentación del proceso en la vía ordinaria no podía suspender la ejecución de lo resuelto en un recurso jerárquico; y, d) Conforme al art. “121 y el Núm. 4” -no indicó norma-, la negativa de la acción de repetición habilitó al peticionante de tutela a formular los respectivos recursos; aspectos que no fueron considerados por el exresponsable codemandado, quien por Proveído - Sujeto Pasivo de 15 de marzo de 2022, señaló que el Proveído AN-GROGR-ORUOI-PROV-63-2022, no se constituyó en un acto susceptible de impugnación ante esa instancia de alzada, declarando improcedente el recurso jerárquico, sin efectuar una debida ponderación en relación al trámite de acción de repetición, y mucho menos consideró el fondo del citado Proveído, realizando una interpretación incorrecta, vulnerando el derecho a la impugnación del impetrante de tutela.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0281/2021 de 23 de febrero, Katia Mariana Rivera Gonzales, Directora Ejecutiva General a.i. de la AGIT, confirmó la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1009/2020 de 27 de noviembre, a través de la cual se revocó totalmente el Proveído AN-GROGR-ULEOR-SET-PROV 312/2019 de 12 de noviembre, dejando sin efecto legal por prescripción la facultad de imposición de sanción de la Administración Aduanera, por el ilícito de contrabando contravencional descrito en el Acta de Intervención AN-ZFO 03/2005 de 18 de abril (fs. 3 a 11 vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 18 de noviembre de 2021, Orlando García Terrazas -accionante-, aludiendo la supra citada prescripción, formuló ante el Gerente Regional Oruro de la ANB, acción de repetición para la restitución de Bs125 225.-; en sustanciación por Proveído AN-GROGR-ORUOI-PROV-63-2022 de 25 de enero, Daves Elizardinho Veliz Rojas, exadministrador de la Aduana Interior Oruro a.i. de la Gerencia Regional Oruro de la ANB -demandado- señaló que: “…no ha lugar a lo solicitado siendo que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT- RJ-0374/2021 de 15 de marzo de 2021, se encuentra con interposición de Demanda Contencioso Administrativo contra la Resolución mencionada, no encontrándose la misma declarada con firmeza y ejecutoriada” (sic [fs. 12 a 20 y 22]). II.3 Contra el supra citado Proveído, por escrito presentado el 15 de febrero de 2022, el impetrante de tutela a través de sus representantes planteó recurso de alzada, resuelto por Auto de Rechazo de 18 de febrero de 2022, suscrito por Juan Ticona Condori, ex Responsable Departamental de Recursos de Alzada Oruro a.i. de la ARIT La Paz -demandado-, disponiendo el rechazo del recurso interpuesto (fs. 23 a 29 vta. y 31 a 32).
II.4 A través de memorial presentado el 14 de marzo de 2022, el solicitante de tutela mediante sus apoderados, formuló recurso jerárquico contra el Auto de Rechazo de 18 de febrero del indicado año; por Proveído - Sujeto Pasivo de 15 de marzo de igual año, emitido por el exresponsable demandado, quien sostuvo que dicho medio de impugnación “no procede”; decisión notificada al peticionante de tutela el 16 del mismo mes y año (fs. 33 a 41).
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes a la legalidad y a la impugnación; señalando que, habiéndose declarado prescrita la facultad de imposición de sanción de la Administración Aduanera por el ilícito de contrabando contravencional descrito en el Acta de Intervención AN-ZFO 03/2005 de 18 de abril; y, dado que antes de ello su persona cumplió con el pago inicial y cuotas mensuales estipuladas en el plan de pagos en el monto de Bs125 225.-, formuló acción de repetición ante el Gerente Regional Oruro de la ANB; sin embargo, por Proveído AN-GROGR-ORUOI-PROV-63-2022 de 25 de enero, el exadministrador codemandado, no dio lugar al mismo; sosteniendo que contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0374/2021 de 15 de marzo, se interpuso demanda contenciosa administrativa; ante ello, planteados los recursos de revocatoria y jerárquico, en su turno, fueron rechazados por el ex Responsable Departamental de Recursos de Alzada a.i. de la ARIT La Paz -demandado-; porque a su criterio el citado Proveído no es susceptible de impugnación al no constituirse en un acto administrativo definitivo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0249/2012 de 29 de mayo, estableció que: “Según el tratadista argentino Agustín Gordillo, acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad realizada en el ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales. Para Antoño Abruna, constituye una declaración que proviene de una administración pública, produce efectos jurídicos y se dicta en ejercicio de una potestad administrativa. En coherencia con la doctrina, el art. 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), señala que: ‘Se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo’.
La jurisprudencia constitucional por su parte, entre otras, en la SC 0107/2003 de 10 de noviembre, señaló que: ‘Acto administrativo es la decisión general o especial de una autoridad administrativa, en ejercicio de sus propias funciones, y que se refiere a derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas o de los particulares respecto de ellas. El pronunciamiento declarativo de diverso contenido puede ser de decisión, de conocimiento o de opinión. Los caracteres jurídicos esenciales del acto administrativo son: 1) La estabilidad, en el sentido de que forman parte del orden jurídico nacional y de las instituciones administrativas; 2) La impugnabilidad, pues el administrado puede reclamar y demandar se modifique o deje sin efecto un acto que considera lesivo a sus derechos e intereses; 3) La legitimidad, que es la presunción de validez del acto administrativo mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente; 4) La ejecutividad, constituye una cualidad inseparable de los actos administrativos y consiste en que deben ser ejecutados de inmediato; 5) La ejecutoriedad, es la facultad que tiene la Administración de ejecutar sus propios actos sin intervención del órgano judicial; 6) La ejecución, que es el acto material por el que la Administración ejecuta sus propias decisiones. De otro lado, la reforma o modificación de un acto administrativo consiste en la eliminación o ampliación de una parte de su contenido, por razones de legitimidad, de mérito, oportunidad o conveniencia, es decir, cuando es parcialmente contrario a la ley, o inoportuno o inconveniente a los intereses generales de la sociedad’. En resumen, el acto administrativo es una manifestación o declaración de voluntad, emitida por una autoridad administrativa en forma ejecutoria, es de naturaleza reglada o discrecional y tiene la finalidad de producir un efecto de derecho, ya sea crear, reconocer, modificar o extinguir una situación jurídica subjetiva frente a los administrados. Goza de obligatoriedad, exigibilidad, presunción de legitimidad y ejecutabilidad; es impugnable en sede administrativa y sujeta a control jurisdiccional posterior cuando se trata de actos administrativos definitivos, lo que no implica que aquellos actos administrativos no definitivos no puedan ser cuestionados; sin embargo, en este último caso, se lo hará en ejercicio del derecho de petición consagrado en el art. 24 de la CPE, y solamente de manera preventiva” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0249/2012 también indicó que: “Existen diversas clasificaciones de los actos administrativos; sin embargo, por ser de interés al tema de análisis, a continuación analizaremos la referida a su contenido, en ese orden, se tienen los actos administrativos definitivos y los de trámite o de procedimiento.
a) Los actos administrativos definitivos son aquellos declarativos o constitutivos de derechos, declarativos porque se limitan a constatar o acreditar una situación jurídica, sin alterarla ni incidir en ella; y constitutivos porque crean, modifican o extinguen una relación o situación jurídica. Éstos se consolidan a través de una resolución definitiva; ingresando dentro de este grupo, por vía de excepción, aquellos actos equivalentes, que al igual que los definitivos, ponen fin a una actuación administrativa. El art. 56.II de la LPA, dispone que se entenderán por resoluciones definitivas o actos administrativos que tengan carácter equivalente a aquellos que pongan fin a una actuación administrativa. El mismo artículo, en su primer parágrafo señala que: ‘Los recursos administrativos proceden contra toda clase de resolución de carácter definitivo o actos administrativos que tengan carácter equivalente, siempre que dichos actos a criterio de los interesados afecten, lesionen o pudieran causar perjuicio a sus derechos subjetivos o intereses legítimos’. De lo relacionado se concluye que los actos administrativos susceptibles de impugnación, ya sea mediante los recursos administrativos o por vía jurisdiccional ulterior, son los definitivos y los equivalentes o asimilables, estos últimos porque pese a que no resuelven el fondo de la cuestión, sin embargo, impiden totalmente la tramitación del problema de fondo, y por tanto, reciben el mismo tratamiento que un acto denominado definitivo, porque con mayor razón son impugnables. b) Mientras que los actos administrativos de trámite o de procedimiento son los pasos intermedios que suelen dar lugar a la obtención del acto final o último o que sirven para la formación del mismo, se refieren expresamente a los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico, que antes o luego de la emisión del acto administrativo, deben cumplirse. En ese caso, habrá de hacerse una diferenciación, dado que si este tipo de actos tienen incidencia directa con la ejecutividad del acto administrativo definitivo trasuntado en una resolución administrativa, entonces será impugnable en sede administrativa, siendo el único requisito que se deberá recurrir junto con el acto administrativo definitivo, utilizando las vías recursivas establecidas en las normas jurídicas aplicables; en cambio, cuando el acto sea de mero trámite y no guarde relevancia jurídica alguna respecto a la resolución administrativa definitiva, entonces el mismo, queda privado de impugnación alguna; esto en razón a que no constituye una resolución definitiva y tampoco sirve de fundamento a la misma. Dentro de esa lógica jurídica, el art. 57 de la LPA, establece que los recursos administrativos no procederán contra los actos de carácter preparatorio o de mero trámite, salvo que se trate de actos que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. En conclusión, en ambos casos es aplicable lo dispuesto por el art. 27 de la LPA, el cual dispone que los actos administrativos definitivos, los que tengan carácter equivalente y/o los de procedimiento que incidan directamente en la resolución administrativa definitiva, pueden ser objeto de los recursos de impugnación intraproceso y cuando éstos son agotados, la resolución administrativa definitiva adquiere ‘firmeza’, o ‘causa estado’, y en caso de crear derechos a favor de los administrados, solamente podrían ser modificados merced a un control jurisdiccional ulterior de los actos administrativos, aspecto que deviene del contenido del principio de ‘autotutela’, disciplinado por el art. 4 inc. b) de la LPA. Similar entendimiento se emitió en la SC 1074/2010-R de 23 de agosto, adquiriendo a partir de ese momento, obligatoriedad, exigibilidad, ejecutabilidad y presunción de legitimidad” (énfasis y subrayado agregados).
Continuando con el análisis de la SCP 0249/2012, en lo que atinge a los recursos y medios de impugnación establecidos contra los actos y resoluciones emitidas por la administración aduanera, señaló que: “Las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo son aplicables al ámbito aduanero, compatibilizadas con las contenidas en el Código Tributario Boliviano, en consecuencia, remitiéndonos a estas últimas, de aplicación específica por las características de los actos administrativos tributarios que emite la Aduana Nacional en sus diferentes instancias, de alcance particular, se tiene que en su art. 131 establece que, contra aquellos actos podrá interponerse el recurso de alzada. Norma concordante con el art. 143 del mismo CTB, que prevé el sistema de impugnación recursiva ante las Superintendencias Tributarias, estableciendo que la alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos, a saber: 1. Las resoluciones determinativas. 2. Las resoluciones sancionatorias. 3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos. 4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas. 5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. Recurso que deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte días improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. Previsión complementada por el art. 4 de la Ley 3092, la cual determina que el recurso de alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra: 1. Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones Juradas Rectificatorias. 2. Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación. 4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria. A continuación el art. 144 del mencionado cuerpo legal, prevé el recurso jerárquico, para quien considere que la resolución que resuelve la alzada, lesione sus derechos, otorgando la posibilidad de interponerlo de manera fundamentada, ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió la alzada, dentro del plazo de veinte días improrrogables, computables a partir de la notificación con la respectiva resolución; estableciendo a continuación, que el recurso jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme dispone el art. 139 inc. b) del citado Código. En esencia, de lo referido se colige que por imperio de los art. 131, 143.2 y 144 del CTB, las resoluciones sancionatorias en contrabando, emitidas por la Aduana Nacional, configuran actos administrativos, por lo tanto, son susceptibles de recursos de alzada y jerárquico ante las instancias competentes antes detalladas y dentro de los plazos legales dispuestos por las normas precitadas” (en resaltado es propio).
De los antecedentes remitidos a este Tribunal, conforme a las Conclusiones arribadas en el presente fallo Constitucional se tiene que, por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0281/2021 de 23 de febrero, Katia Mariana Rivera Gonzales, Directora Ejecutiva General a.i. de la AGIT, confirmó la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1009/2020 de 27 de noviembre, a través de la cual se revocó totalmente el Proveído AN-GROGR-ULEOR-SET-PROV 312/2019 de 12 de noviembre, dejando sin efecto legal por prescripción la facultad de imposición de sanción de la Administración Aduanera, por el ilícito de contrabando contravencional descrito en el Acta de Intervención AN-ZFO 03/2005 de 18 de abril (Conclusión II.1); en tal antecedente, mediante memorial presentado el 18 de noviembre de 2021, el accionante aludiendo la citada prescripción, formuló ante la Gerencia Regional Oruro de la ANB, acción de repetición para la restitución de Bs125 225.-; en sustanciación, por Proveído AN-GROGR-ORUOI-PROV-63-2022 de 25 de enero, el exadministrador codemandado señaló que: “…no ha lugar a lo solicitado siendo que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT- RJ-0374/2021 de 15 de marzo, se encuentra con interposición de Demanda Contencioso Administrativo contra la Resolución mencionada, no estando la misma declarada con firmeza y ejecutoriada” (sic [Conclusión II.2]); contra el referido Proveído por escrito presentado el 15 de febrero de 2022, el impetrante de tutela a través de sus representantes, planteó recurso de alzada, resuelto por Auto de Rechazo de 18 de febrero de 2022, suscrito por el exresponsable demandado disponiendo el rechazo del recurso interpuesto (Conclusión II.3); en consecuencia, por memorial desplegado el 14 de marzo del mismo año, el solicitante de tutela mediante sus apoderados, formuló recurso jerárquico; mereciendo el Proveído - Sujeto Pasivo de 15 de igual mes y año, el nombrado exresponsable, indicó que dicho medio de impugnación “no procede”; decisión notificada al peticionante de tutela el 16 del mismo mes y año (Conclusión II.4). Ahora bien, el accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes a la legalidad y a la impugnación; señalando que, habiéndose declarado prescrita la facultad de imposición de sanción de la Administración Aduanera, por el ilícito de contrabando contravencional descrito en el Acta de Intervención AN-ZFO 03/2005; y dado que, antes de ello su persona cumplió con el pago inicial y cuotas mensuales estipuladas en el plan de pagos en el monto de Bs125 225.-, formuló acción de repetición ante el Gerente Regional Oruro de la ANB; sin embargo, por Proveído AN-GROGR-ORUOI-PROV-63-2022, el exadministrador codemandado no dio lugar al mismo; sosteniendo que contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0374/2021, se interpuso demanda contenciosa administrativa; ante ello, formulados los recursos de revocatoria y jerárquico, en su turno, fueron rechazados por el exresponsable demandado, porque a su criterio el citado Proveído no es susceptible de impugnación al no constituirse en un acto administrativo definitivo.
En dicho contexto, el solicitante de tutela considera que el exresponsable demandado, al haber rechazado tanto su recurso de alzada como jerárquico, en aplicación de los arts. 193 y 195.III del CTB, lesionó su derecho a la impugnación; por ello, pide se deje sin efecto el Proveído AN-GROGR-ORUOI-PROV-63-2022 y/o que el Director Ejecutivo de la ARIT La Paz admita su recurso de alzada.
Al respecto, previamente a ingresar al análisis de la problemática, corresponde aclarar que la revisión de la decisión se efectuará a partir de la última resolución pronunciada en la jurisdicción administrativa, en observancia del principio de subsidiariedad; en razón a que, esta tuvo la posibilidad de corregir y/o enmendar lo dispuesto por la autoridad de menor jerarquía. En ese sentido, se analizará la determinación de rechazo de los medios de impugnación formulados; vale decir, el Auto de Rechazo de 18 de febrero de 2022, y el Proveído - Sujeto Pasivo de 15 de marzo de igual año. En ese orden, cabe señalar que la razón por la cual el exresponsable demandado rechazó el recurso de alzada mediante el Auto de Rechazo de 18 de febrero de 2022, fue que a su criterio el Proveído AN-GROGR-ORUROI-PROV-63-2022, no se constituye un acto impugnable de acuerdo a los arts. 195.II en concordancia con el 198.IV, ambos del CTB; sin embargo, tal razonamiento resulta errado y lesivo a los derechos reclamados; toda vez que, el nombrado solamente se remitió a la forma de respuesta -Proveído- y no al fondo; es decir, en cómo el exadministrador codemandado resolvió la acción de repetición interpuesta; pues en efecto, no tomó en cuenta que por previsión contenida en el art. 68.9 del CTB, entre los derechos que tienen los sujetos pasivos y terceros responsables -calidad que ostenta el solicitante de tutela- se encuentra la posibilidad de formular la acción de repetición, para reclamar a la Administración Tributaria la restitución de pagos indebidos o en exceso efectuados por cualquier concepto tributario; la misma que, por mandato del art. 122 del mismo Código, debe merecer un pronunciamiento, dentro de los cuarenta y cinco días posteriores a la solicitud, mediante resolución administrativa expresa rechazando o aceptando total o parcialmente la repetición realizada y autorizando la emisión del instrumento de pago correspondiente que la haga efectiva; es decir, no analizó que el citado exadministrador, únicamente señaló que contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0374/2021, se interpuso demanda contenciosa administrativa; no obstante aquello, conforme al entendimiento jurisprudencial desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1, 2 y 3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y aplicado al caso concreto, esa respuesta -la contenida en el Proveído AN-GROGR-ORUOI-PROV-63-2022- sí constituye un acto definitivo; pues, no se debe dejar de lado que a tal grupo ingresan por vía de excepción, aquellos actos equivalentes, que al igual que los definitivos, ponen fin a una actuación administrativa, como aconteció en este caso; sin embargo, el exresponsable demandado se apartó de la previsión contenida en el art. 131.3 del CTB, que le faculta a revisar los actos del inferior, a exigirle que emita una resolución resolviendo esa acción de repetición; norma concordante con el art. 143 del mismo Código, que prevé el sistema de impugnación recursiva ante las Superintendencias Tributarias (ahora Autoridad de Impugnación Tributaria).
Consecuentemente, el exresponsable demandado no se pronunció respecto a la acción de repetición a través del recurso de alzada, y aplicando una interpretación contraria al orden constitucional rechazó el mismo; además, interpuesto el recurso jerárquico desconociendo los derechos y garantías del accionante, tampoco lo remitió a la autoridad superior alegando la inexistencia de una resolución de alzada; lo que, permite a este Tribunal conceder la tutela impetrada, disponiendo que la citada autoridad demandada, conforme a los lineamientos y fundamentos del presente fallo constitucional, admita el recurso de alzada y se pronuncie según corresponda. Finalmente, conforme se tiene anotado, respecto a los presuntos actos lesivos del exadministrador codemandado, en aplicación del principio de subsidiariedad no se realizará análisis alguno, correspondiendo denegar la tutela en torno a este. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC-085/2022 de 14 de octubre, cursante de fs. 313 a 317, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Rechazo de 18 de febrero de 2022; y, Proveído - Sujeto Pasivo de 15 de marzo de igual año, ambos suscritos por Juan Ticona Condori, ex Responsable Departamental de Recursos de Alzada Oruro a.i. de la ARIT La Paz, para que quien se encuentre ostentando dicho cargo resuelva el recurso de alzada formulado el 15 de febrero de 2022, por Isabel Flores Alcocer en representación de Orlando García Terrazas, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2° DENEGAR la tutela respecto al exadministrador de la Aduana Interior Oruro a.i.
de la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia. Sin lugar a la reparación de daños y perjuicios ni pago de costas procesales, en razón de la regulación potestativa establecida en el art. 39 del Código Procesal Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0440_2024-S2.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4356dde4200014527130e76d3457a08a3da67c100c54a39e4a7b8e882f62c063
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