Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 19 de agosto de 2024
Concede la tutela
El accionante denunció que el Fiscal Departamental Policial de Tarija dentro del proceso disciplinario iniciado en su contra, por Resolución Administrativa 008/2022 de 5 de julio, revocó la Resolución de rechazo de denuncia y ordenó evaluar el nuevo requerimiento conclusivo conforme a la norma legal, incurriendo en la lesión del debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación; toda vez que: a) No determinó con claridad respecto a los hechos atribuidos a las partes; es decir que, no explica ni desglosa de manera individualizada cual la acción, omisión en que incurrieron cada uno de los denunciados; b) No describe de manera expresa a que falta disciplinaria se adecua su acción u omisión; vale decir, no explica si son a las 5 faltas disciplinarias y cual el hecho fáctico que se subsume a la norma; y, c) No individualizó todos los medios de prueba, así como no valoró de manera concreta todos los elementos probatorios asignando un valor de forma motivada, otra prueba que no fue valorada es la Lista Nominal de Personal de 1 de mayo de 2022, donde no está contemplado su nombre. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Sobre la fundamentación, motivación como elementos del debido proceso y su exigencia en las resoluciones emitidas por el Ministerio Público; y, 2) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 65/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 116 a 121 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Tarija; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, respecto al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Administrativa 008/2022 de 5 de julio emitida por la autoridad demandada, a objeto de que se emita una nueva resolución conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página. La hoja 19 del PDF es imagen: su texto se leyó con reconocimiento óptico y puede tener algún error de lectura.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0440/2024-S1 Sucre, 19 de agosto de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 51416-2022-103-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 65/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 116 a 121 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ronny Ernesto Pérez Quispe contra Alexander Tejerina Méndez, Ricardo Berdeja Zambrana, ex y actual Fiscal Departamental Policial de Tarija.
A través de memorial presentado el 18 de octubre de 2022, cursante de fs. 40 a 45; y, 56 a 59 el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso disciplinario policial Caso TJ-49/2022, de acuerdo a la denuncia se tiene que a horas 18:30 del 1 de mayo de 2022, tres funcionarios de la Dirección Nacional de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE) “tocaron la puerta del ciudadano Raúl Figueroa Mamani y en ese momento el oficial identificado Jimi Zenteno Díaz le manifiesta que existiría una denuncia de robo en su contra, el oficial le pide que le conduzca donde se encuentra el vehículo (…) en fecha 03 de mayo pasan a las oficinas de DIPROVE en el lugar se encontraba el Mayor Roni Pérez, quien nos explica que aún no se remitieron antecedentes al Ministerio Público para tratar de llegar a un acuerdo y así evitar gastos en procesos…” (sic); es decir que, la parte con negrillas sería el único hecho atribuido a su persona; por lo que, mediante Requerimiento Fiscal Policial de 10 de mayo de 2022 le atribuyen la transgresión de las faltas disciplinarias insertas en los arts.
12.8.2.34; y, 14.7 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) -Ley 101 de 4 de abril de 2011-. El 28 de mayo de 2022, se dictó el Requerimiento Fiscal Policial de ampliación de inicio de investigación donde se incorporó la falta disciplinaria prevista en el art. 14.14 de la Ley 101; por lo que, ejerciendo su derecho a la defensa presentó elementos indiciarios que enervaban su participación en las faltas disciplinarias, al efecto la Fiscal Policial a través de Resolución de 22 de junio del citado año, valorando los elementos probatorios determinó rechazar la denuncia en su favor y otros dos servidores públicos policiales que son Iván Sandro Valdez Rodríguez y Dick Hidalgo Quispe Hilari; posteriormente, el Fiscal Departamental Policial de Tarija mediante Resolución Administrativa 008/2022 de 5 de julio, dispuso revocar la Resolución de rechazo con una carente fundamentación y motivación. La citada Resolución es carente de fundamentación y motivación en lo que respecta a determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes; es decir que, no explica ni desglosa de manera individualizada cual es la acción, omisión en la que incurrió cada uno de los denunciados; siendo que, no puede pretenderse que los tres funcionarios policiales de manera simultánea y sincronizada realicen las mismas acciones u omisiones más aún si la denuncia habla de diferentes días en los cuales mi persona no estaba de servicio. La Resolución ahora impugnada no describe de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto; es decir que, primero se le atribuye la infracción de 4 faltas disciplinarias insertas en los arts. 12.8.12.34; y, 14.7 de la Ley 101. Posteriormente le atribuyen la falta prevista en el en el art. 14.14 de la citada Ley; vale decir que, la autoridad demandada no describe de manera expresa a que falta disciplinaria se adecua su acción u omisión, ¿a las cinco faltas disciplinarias atribuidas? ¿cuál el hecho fáctico que se subsume a la norma jurídica?. La cuestionada resolución no individualiza todos los medios de prueba aportados por las partes, de igual forma no valora de manera concreta y explicita todos y cada uno de los medios de prueba producidos asignándoles un valor probatorio específico de forma motivada, ya que de acuerdo a la denuncia el hecho se hubiese producido al promediar las 18:30 del 1 de mayo de 2022, en la cual su persona no estaba de servicio tal como se demuestra de la prueba de la Orden del Día 0085/2022 recabado por la Fiscalía que indica que su persona los días 1 y 2 de mayo de 2022 no estaba de servicio; otra prueba que no fue valorado mucho menos motivado es la Lista Nominal del Personal Policial de 1 del mencionado mes y año, donde no está contemplado su nombre; siendo que, conforme al art. 5.I de la Ley 101 uno es responsable en el desempeño de sus funciones, deberes y atribuciones, que puede ser administrativa, ejecutiva civil y penal.
El impetrante de tutela denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación; señalando al efecto, los arts. 115.II, 116.II, 117.I, 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada y que se disponga dejar sin efecto la Resolución Administrativa 008/2022 de 5 de julio emitida por el Fiscal Departamental Policial de Tarija, ordenando se emita una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada.
Celebrada la audiencia pública el 27 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 113 a 115 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, ratificó los términos de su acción de amparo constitucional.
Alexander Tejerina Méndez y Ricardo Berdeja Zambrana, ex y actual Fiscal Departamental Policial de Tarija, mediante informe escrito cursante de fs. 101 a 106 vta., manifestaron que: a) De acuerdo a informes, declaración de testigos, y otros documentos insertos en el cuaderno de investigaciones y apegados a los elementos del debido proceso, se llegó a la conclusión de que el “My. Ronny Ernesto Pérez Quispe (jefe de operativos de la DIPROVE) manifiesta que, en fecha 30 de abril a horas 17:30 el Sgto. Zenteno le da parte en sentido de que había una denuncia del robo de una camioneta Tacoma color azul (…) al día siguiente domingo 1 de mayo, le da parte que se había recuperado la camioneta, el martes 3 de mayo, cuando se encontraba en su oficina se acercan varias personas a conversar con él, toma contacto con el Abogado Subía, para ponerle a conocimiento que tiene un caso en DIPROVE, sobre la camioneta recuperada, que está en representación del señor Raúl Figueroa y Valeria Vilte, le indica que esas personas son los propietarios de la camioneta y le hace conocer de supuestas deudas que tenían entre ambas partes, a lo que le indica que la DIPROVE no era una oficina de conciliación y que el caso está a conocimiento del Ministerio Publico” (sic); b) En su condición de Jefe de Operativos, no habría existido un control por su parte como jefe operativo a las acciones irregulares que realizaba Aldo Jimmy Zenteno Díaz, más al contrario de manera falsa en “fecha 2 y 3 de mayo” cuando las partes acuden a su persona les habría indicado que el caso ya se encontraba en el Ministerio Publico, cuando en realidad no era cierto, dado que en fecha 3 de mayo a horas 16:50 recién el caso pasó a conocimiento del Ministerio Publico; c) La presente acción tutelar fue interpuesto dentro de los tres meses y cinco días, estando dentro de plazo para recurrir conforme al art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo); d) Es de conocimiento del solicitante de tutela que el presente caso TJ-049/2022 se encuentra radicado y con Auto de Inicio de Procesamiento en el Tribunal Disciplinario Departamental de Tarija; es decir que, se encuentra bajo jurisdicción de otra instancia disciplinaria misma que está sujeta al señalamiento de fecha de juicio oral público y contradictorio, actuación procesal que se notificó al accionante el 13 de julio de 2022; e) El impetrante de tutela simplemente acciona a la Fiscalía Policial y no así a otra instancia porque dentro de la aplicabilidad de la ley 101, no existe procedimiento legal o normativa ulterior para que el Fiscal Departamental Policial pueda solicitar el cuaderno procesal y poder subsanar o emendar errores administrativos o cumplimiento de otras determinaciones judiciales; toda vez que, se concluyó con el término legal para la investigación disciplinaria prevista en los arts. 50, 67 y 70 de la Ley 101, en razón si se diera la tutela se estaría incurriendo en la violación de la seguridad jurídica o error de cumplimiento; f) Con relación a la subsidiariedad a la fecha el caso se encuentra radicado y con Auto de Inicio de Procesamiento en el Tribunal Disciplinario Departamental de Tarija, a la espera del señalamiento de fecha y hora de juicio oral público y contradictorio y que no a precluido la presentación de cualquier acción en vía administrativa disciplinaria de la Policía Boliviana conforme al art. 96 de la Ley 101, solicitándose que se deniegue y declare improbada la pretendida tutela constitucional; g) Por otro lado el peticionante de tutela no hizo referencia a la interposición de Impugnación presentada por Raúl Figueroa Mamani y Valeria Vilte Narváez (denunciantes) contra la Resolución Fiscal Policial de Rechazo de Denuncia de 22 de junio de 2022 acto procesal que compulsó la Impugnación de la parte denunciante y la posterior realización de la Resolución Administrativa de la Fiscalía Departamental Policial de Tarija 008/2022 con el objeto de garantizar los derechos y garantías a las partes involucradas notificándose a los mismos el 1 al 6 de julio del mencionado año; h) Las Resoluciones Administrativas que emite la Fiscalía Departamental Policial, no son resoluciones sancionatorias disciplinarias, son tractos administrativos reguladoras para confirmar o revocar actos investigativos a la cual llegaron los Fiscales Policiales en una investigación disciplinaria tal cual se señala en el art. 71 de la Ley 101, sin que se hubiera violado los derechos y garantías de las partes involucradas; i) En ese entendido no se puede realizar una valoración de los hechos y medios de prueba, determinar el nexo de casualidad, determinar con claridad los hechos atribuidos de las partes, al no valorar de manera concreta y explicita de cada uno de los medios probatorios y otros que son de exclusividad de los Fiscales Policiales (art. 42 de la ley 101) y del Presidente y Vocales del Tribunal Disciplinario Departamental de la Policía Boliviana instancia que por Ley 101 les da facultad y atribución a esa instancia disciplinaria; j) Tomando en cuenta que el debido proceso, es un procedimiento que contiene una serie de garantías, que se encargan de velar por la justicia en la solución de un conflicto, este proceso es un derecho fundamental y es eficiente siempre y cuando este dentro del marco del estado social, democrático y de derecho; y, k) Por lo expresado se puede concluir que en la presente acción no se agotó la vía administrativa disciplinaria de la Policía Boliviana; siendo que, el ahora accionante fue legalmente notificado en toda la etapa investigativa policial apersonándose a las instancias investigativas acompañado de su defensa técnica, no habiéndose vulnerado su derecho al debido proceso, correspondiendo que se deniegue la tutela.
Iván Sandro Valdez Rodríguez y Dick Hidalgo Quispe Hilari, mediante informe presentado en audiencia a través de su abogado manifestó que: “Mi persona en calidad de abogado está asistiendo a los dos terceros interesados Sof. 2do Iván Sandro Valdez Rodríguez y Sgto. Dick Hidalgo Quispe Hilari, por estrategia, nosotros como terceros interesados fuimos legalmente notificados dando cumplimiento al Art. 31 del CPCo, por lo mismo aclaro y anuncio que mis clientes no harán uso de la palabra y vamos a estar a lo que sus autoridades resuelvan, conforme a derecho” (sic). Raúl Figueroa Mamani, Valeria Vilte Narvaez, pese a su legal notificación cursante de fs. 63 y vta., no presentaron informe ni se hicieron presentes a la audiencia programada.
El representante del Ministerio Público no presentó escrito alguno, ni se hizo presente en la audiencia programada, pese a su legal notificación cursante a fs.63.
La Sala Constitucional Primera del departamento de Tarija, por Resolución 65/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 116 a 121 vta., denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: i) Si bien esta acción se encuentra dentro de los 6 meses que establece la Norma Suprema y así también, haber vencido el principio de subsidiariedad, se debe considerar que este mecanismo de defensa -por el principio de subsidiariedad-, no se constituye en una instancia casacional u otra instancia más de revisión ante las decisiones que sean judiciales o administrativas, conforme lo moduló el Tribunal Constitucional; ii) La acción de defensa, es presentada ante esta instancia constitucional, el 18 de octubre de 2022, pudiendo advertir este Colegiado, que el solicitante de tutela habiendo conocido la Resolución el 6 de julio del citado año, dejó que se continúe con la tramitación correspondiente, asumiendo así de manera voluntaria, la aceptación ante lo resuelto con dicha determinación, demostrando así una actitud libre y consentida ante los efectos de dicha Resolución; iii) Además, el Fiscal Policial a cargo, presentó la acusación y ulteriormente la radicatoria e inicio de procesamiento a cargo del Tribunal Disciplinario correspondiente, cuya Resolución data del 9 del mencionado mes y año; por lo que, este colegiado encontró que el ahora accionante, asumió una actitud pasiva admitiendo todos los actos que ahora reclama recién a través de este mecanismo de defensa; por lo que, se tiene que el ahora impetrante de tutela consintió todos los actos ahora reclamados en la presente acción de defensa; iv) Bajo tales razonamientos esta Sala Constitucional, no puede ingresar al análisis de fondo; toda vez que, los actos de los cuales ahora se reclama caen bajo el precepto establecido en el art. 53.2 del CPCo; es decir que, estos actos al haber sido libre y expresamente consentidos, corresponde en todo caso advertir la improcedencia de la presente acción de amparo constitucional;y, v) De la propia prueba presentada se tiene que el ahora peticionante de tutela fue notificado con la Resolución Administrativa 008/2022, el 6 de julio del citado año y conociendo del contenido de la misma este no activó los mecanismos legales correspondientes, habiendo dejado transcurrir todos los demás actos procesales, como ser la Resolución Fiscal Policial de Acusación y el Auto de Procesamiento; por lo que, bajo tales razonamientos, esta Sala no puede ingresar al análisis de fondo. En vía de complementación y enmienda la parte solicitante de tutela señaló: “Su autoridad ha indicado que la Resolución que está siendo cuestionada, (…) ha sido notificada en fecha 07 de julio de 2022, ha indicado, y que hubo una acusación en la misma fecha, es decir, el 07 de julio de 2022. Ahora, su autoridad indica que nosotros hemos tomado una actitud pasiva (…) Solicito que pueda complementar y explicar en qué momento procesal entonces teniamos nosotros para plantear este mecanismo constitucional de defensa que es la vulneración de derechos constitucionales como es el debido proceso, porque prácticamente es el mismo día que nos notifican con la revocatoria y el mismo día se presenta la acusación” (sic). Al respecto los Vocales de la Sala Constitucional señalaron: “…Conforme a los argumentos y fundamentos establecidos en la Sentencia, se tiene que estos han sido claros, al hacer un análisis con relación a este extremo (…) conforme su notificación que ha sido el 06 de julio de 2022 y ante tales circunstancias de su notificación y conocimiento, el mismo ya advertía todos los fundamentos esbozados en esta Resolución que ahora denuncia ante esta instancia jurisdiccional constitucional; es decir, ya en la fecha conocía a cabalidad todos estos elementos que ahora denuncia y del cual el mismo también, conforme refiere de su propia acción deducida pese a su notificación, sabia los demás trámites procesales a seguirse en la vía administrativa disciplinaria, conforme determina la Ley N° 101, mismo que ha dejado en todo caso operar que posterior a esta Resolución se pronuncie la notificación de acusación y hasta su radicatoria (…) y una vez que ya se ha emitido y pronunciado el Auto de Procesamiento, recién posteriormente a haber activado este mecanismo de defensa, aspectos que han sido considerados durante el desarrollo y emisión de la Sentencia, habiendo sido ampliamente claros y precisos en cuanto a tales extremos. (…) Por Tanto No Ha Lugar a la explicación y complementación solicitada...” (sic).
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente:
II.1. Por escrito presentado el 6 de mayo de 2022, Raúl Figueroa Mamani y Valeria Vilte Narváez interpuso ante la Dirección Departamental de Investigación Interna (DIDIPI) de Tarija denuncia contra Aldo Jimmy Zenteno Diaz, Ronny Ernesto Pérez Quispe y otros por la supuesta infracción de los arts. 12.12, 13.9, 14.7 de la Ley 101 (fs. 1 a 4 vta.). II.2. El Fiscal Policial mediante Requerimiento de 10 de mayo de 2022, procedió al inicio de investigaciones contra Aldo Jimmy Zenteno Díaz, Ronny Ernesto Pérez Quispe y otros por la supuesta infracción de los arts. 12.8.12.34, 14.7 de la Ley 101 (fs. 5 a 6). II.3. A través de Requerimiento de 28 de mayo de 2022, el Fiscal Policial entre otros aspectos amplió investigación contra el ahora accionante y otro por la falta disciplinaria prevista en el art. 14.14 de la Ley 101 (fs. 7 a 8 vta.). II.4. Por escrito presentado el 20 de junio de 2022, el ahora impetrante de tutela solicitó al Fiscal Policial requerimiento conclusivo de rechazo de denuncia, adjuntando al efecto orden del día de la Dirección Departamental de DIPROVE de Tarija 0085/2022, Lista nominal de Personal policial de 1 de mayo de 2022, Servicio de Guardia de la Dirección Departamental de DIPROVE del 30 de abril al 1 de mayo del citado año, declaración informativa de Ronny Ernesto Pérez Quispe y declaración informativa de Gustavo Vladimir Yufra Argota (fs. 9 a 11). II.5. Mediante Requerimiento Conclusivo de 22 de junio de 2022, el Fiscal Policial formuló acusación contra Aldo Jimmy Zenteno Díaz y Rechazo de denuncia contra Ronny Ernesto Pérez Quispe -ahora peticionante de tutela- Iván Sandro Valdez Rodríguez y Dick Hidalgo Quispe Hilari (fs. 20 a 23). II.6. La parte denunciante -Valeria Vilte Narvaez y Raúl Figueroa Mamani- por escrito de 1 de julio de 2022, impugnó la Resolución Fiscal Policial de Rechazo, pidiendo en consecuencia acusar a Ronny Ernesto Pérez Quispe, Iván Sandro Valdez Rodríguez y Dick Hidalgo Quispe Hilari por las faltas disciplinarias inmersas en los arts. 12.8.12.34; 13.9; 14.7.14 de la Ley 101 (fs. 83 a 89 vta.). II.7. Consta Resolución Administrativa de la Fiscalía Departamental Policial de Tarija 008/2022 de 5 de julio; por el cual, el Fiscal Departamental Policial luego de señalar los antecedentes, determinó REVOCAR la Resolución de Rechazo de Denuncia 22 de junio de 2022, por no realizar una correcta valoración de los indicios e inobservancia de la normativa interna por parte de los denunciados debiendo mantenerse la acusación contra Aldo Jimmy Zenteno Díaz y evaluar el nuevo requerimiento conclusivo conforme al art. 70.1 y 2 de la Ley 101, todo ello bajo los siguientes argumentos:
Que conocido los extremos denunciados la Sra. Sof. 2do Silvana Garnica Achacollo Fiscal Policial asignada al caso emite Requerimiento de Inicio de investigación, en primera instancia en contra de los Sres. Sgto. 1ro Aldo Jimmy Zenteno Díaz (Investigador Asignado al Caso DIPROVE) y My Ronny Ernesto Pérez Quispe (Jefe operativo de DIPROVE) posteriormente se requiere ampliación del inicio de investigación en contra de los Sres. Sof.2do. Ivan Sandro Valdez Rodríguez y Sgto. Dick Hidalgo Quispe Hilari (personal de DIPROVE) por la transgresión a las faltas disciplinarias previstas en los siguientes artículos:
Articulo 12 Num.8 “Atribuirse grados jerárquicos, cargo o prerrogativa que no le correspondan” Articulo 12 Num.12 “Ordenar o inducir la ejecución de actos que constituyan faltas para beneficio personal o de terceros” Articulo 12 Num. 14 “Desobedecer e incumplir resoluciones administrativas emitidos por el Comando General” Articulo 13 Num. 9 “Otorgar permisos al personal policial para beneficio personal o de terceros” Articulo 14 Num. 7 “Retención y uso injustificados de vehículos, valores u objetos hallados, recuperados, secuestrados, incautados o confiscados” Articulo 14 Num. 14 “Concertar acuerdos o convenios ilícitos con delincuentes en beneficio personal o de terceros previstos y sancionados por la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana. Ley 101.
Que, del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en el cuaderno de investigaciones de manera exhaustiva, se establece lo siguiente:
Con el fin de acumular elementos de convicción, medios probatorios que permitan la averiguación de la verdad objetiva, probar o desvirtuar la presente falta disciplinaria incurrida por servidores publico policiales DENUNCIADOS, en merito a la denuncia escrita presentada por los Sres. Raúl Figueroa Mamani y Sra. Valeria Vilte Narváez y dando cumplimiento al art. 42 de la ley 101, inicia la presente investigación emitiendo requerimientos y actuaciones investigativas que bajo la dirección funcional el investigador asignado al caso de la DIDIPI, quien realiza actuaciones investigativas durante el proceso de investigación (recepción de Declaraciones informativas de cargo y descargo) como el análisis del MOP de DIPROVE donde señala las atribuciones de cada policía destinado en DIPROVE llegando a confirmar los extremos denunciados plasmados en el INFORME EN CONCLUCIONES Nro. 338/22 donde en sus conclusiones DECIMO SEGUNDO numerales 1, 2, 3 y 4 establece con claridad las responsabilidades de cada uno de los INVESTIGADOS. La presente denuncia luego del análisis procedimental sujeta a la Ley 101, en fecha 22 de junio de 2022, la Sra. Sof. 2do. Silvana de los Ángeles Gamica Achacollo Fiscal Policial asignado al caso; en merito a los argumentos descritos y en observancia y atribuciones que le confiere el Art. 70, numeral linciso c) de la Ley No. 101 y del Reglamento de la Fiscalía Policial, emite el respectivo Requerimiento de Rechazo de Denuncia N° 49/2022, a favor de los servidores públicos policiales My. Ronny Ernesto Pérez Quispe y con sanción de arresto a los Sres. Sof.2do. Iván Sandro Valdez Rodríguez y Sgło. Dick Hidalgo Quispe Hilari, por otro parte requiere ACUSACION en contra del Sgto.1ro. Aldo Jimmy Zenteno Díaz, requiriéndose la Notificación a las partes INVESTIGADOS Y DENUNCIANTES.
Qué, la Constitución Político del Estado en su Art. 116° parágrafo I. garantiza la presunción de inocencia, de lo que se desprende que la carga de la prueba (onusprobandi) corresponde al que denuncia y debe ir acompañada de probanza de los hechos, principio del Procedimiento Administrativo Disciplinario Policial también expresada en el Art. 49° Numeral 3) de la Ley 101 que se presume la inocencia de la persona sujeta a procesamiento mientras no se demuestre lo contrario.
Qué. el Art. 38 de la Ley 101, señala textual: La Fiscalia Policial, tiene por finalidad defender los intereses institucionales, su prestigio, imagen, principios y normas, en todo el temitorio del Estado, asimismo, promover la acción disciplinaria administrativa, dirigir las investigaciones velando por su legalidad, con independencia funcional, objetividad, celeridad transparencia respetando los derechos humanos garantías constitucionales de los procesados. Aspecto que es concordante con el Art. 2 de la precitada norma disciplinaria. Qué, el Art. 49 numeral 5) de la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, establece (JERARQUIA NORMATIVA), que a la letra dice: "Se garantiza el respeto a la jerarquía de las normas, no pudiendo una normativa inferior prevalecer ante otra de superior jerarquía. Sin perjuicio de lo anterior, la norma especial es de aplicación preferente a la norma de carácter general". Qué, Art. 65° de la Ley 101 parágrafo I; señala textualmente: "Cualquier persona particular que conozca de la comisión de una falta grave, podrá ponerla en conocimiento del Fiscal Policial o de la dirección General de Investigación Policial Interna, debiendo en su caso aportar los elementos que sustentan la misma". Qué, el Art. 71de la Ley 101 prescribe (IMPUGNACION DEL RECHAZO DE DENUNCIA). "...Las partes involucradas, dentro de las cuarenta y ocho horas de notificadas, podrán impugnar formalmente la resolución de la o del Fiscal Policial de rechazo de denuncia ante la misma o el mismo Fiscal Policial, quien dentro de las veinticuatro horas de recibida la impugnación, deberá remitirla a la o al Fiscal Departamental Policial, quien dentro de los subsiguientes tres días hábiles emitirá Resolución Administrativa definitiva sobre el particular, pudiendo confirmar o revocar.
Si revoca podrá acusar o instruir la ampliación de la investigación.
Finalmente, puntualizar que dentro el accionar de la Fiscalía Departamental Policial, se encuentra sustentado bajo el principio de objetividad, legalidad y probidad, por lo que: las actuaciones de los Fiscales Policiales deben adecuarse a un criterio objetivo, velando únicamente por la correcta aplicación dela Ley, en ese entendido la señora Fiscal Policial en el ejercicio de sus funciones tomará en cuenta no solo las circunstancias que permitan probar la acusación, sino también las que sirvan para eximir o disminuir responsabilidades a los investigados y/o denunciados (fs. 24 a 28).
El accionante denunció que el Fiscal Departamental Policial de Tarija dentro del proceso disciplinario iniciado en su contra, por Resolución Administrativa 008/2022 de 5 de julio, revocó la Resolución de rechazo de denuncia y ordenó evaluar el nuevo requerimiento conclusivo conforme a la norma legal, incurriendo en la lesión del debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación; toda vez que: a) No determinó con claridad respecto a los hechos atribuidos a las partes; es decir que, no explica ni desglosa de manera individualizada cual la acción, omisión en que incurrieron cada uno de los denunciados; b) No describe de manera expresa a que falta disciplinaria se adecua su acción u omisión; vale decir, no explica si son a las 5 faltas disciplinarias y cual el hecho fáctico que se subsume a la norma; y, c) No individualizó todos los medios de prueba, así como no valoró de manera concreta todos los elementos probatorios asignando un valor de forma motivada, otra prueba que no fue valorada es la Lista Nominal de Personal de 1 de mayo de 2022, donde no está contemplado su nombre. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Sobre la fundamentación, motivación como elementos del debido proceso y su exigencia en las resoluciones emitidas por el Ministerio Público; y, 2) Análisis del caso concreto.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1177/2023-S1 de 11 de octubre y la 0549/2021-S1 de 18 de octubre; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento:
La Constitución Política del Estado a través de su art. 115.II de la CPE, prevé: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; y, art. 117.I, “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”; por lo que, a partir de estos preceptos legales se tiene que el derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el texto constitucional, y de las interpretaciones efectuadas por el Tribunal Constitucional, se reconoció que este derecho comprende una triple dimensión; es decir, como principio, garantía jurisdiccional y derecho fundamental -SC 0316/2010-R de 15 de junio-, con el cual se busca garantizar la sujeción estricta a las reglas procesales establecidas en el orden jurídico de cada materia, a cuyo efecto busca la materialización de los valores justicia e igualdad en la labor de impartir justicia.
En ese sentido, entre los elementos que conforman el debido proceso están la fundamentación, motivación y congruencia, los cuales en una concepción general se constituyen en una exigencia ineludible para las autoridades que vayan a emitir una resolución sea esta judicial o administrativa; puesto que, el correcto desarrollo de estos, permitirá al justiciable entender y comprender el porqué de la decisión respecto de su pretensión; es decir, podrá conocer el sustento normativo sustantivo y adjetivo, además de las razones claras y concretas del porque dicho respaldo normativo se ajusta al caso concreto y finalmente la certidumbre de que todas sus pretensiones fueron consideradas en coherencia con lo peticionado y lo resuelto.
Así, la SCP 0469/2018-S2 de 27 de agosto, efectuando una breve sistematización de la distinción entre los elementos de fundamentación y motivación desarrollada en la SCP 1291/2011-R de 26 de septiembre; y, citando a la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, señaló que la misma desarrolló el siguiente entendimiento sobre la distinción de estos dos elementos del debido proceso:
Esta distinción jurisprudencial entre fundamentación y motivación desde la protección del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 de 8 de noviembre y 0100/2013 de 17 de enero- no sólo visibiliza un uso diferenciado de términos, sino una distinción conceptual que incide en la exigencia de justificación de toda decisión; toda vez que: a) La fundamentación se refiere a la obligación de las autoridades, en especial de las jurisdiccionales, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en los que se apoye su determinación, así como de justificar la utilización de dichas disposiciones normativas o de interpretarlas de una determinada manera; es decir, consiste en la justificación normativa de la decisión que da por resultado la construcción de la premisa normativa; en cambio; y, b) La motivación hace referencia a la serie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten entender, por qué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo, significa que la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión que el acto concreto que se trate, se encuentra por una parte, probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las que considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra, explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal, elementos con los cuales se realiza la justificación fáctica de la decisión y se construye la premisa fáctica (el resaltado corresponde al texto original). Bajo esos preceptos y consideraciones jurisprudenciales sobre el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, se tiene que su observancia es de igual forma exigible en las resoluciones emitidas por el Ministerio Público; puesto que, resulta de vital importancia que estos expresen las razones y motivos por los que asumen una determinación, sin que sea suficiente un simple enunciado general, dado que la función de dirigir la investigación constituye una función clave en el sistema penal para asegurar la imparcialidad judicial y para permitir que la investigación se realice con parámetros eficientes. Entonces, al corresponderle al Fiscal asumir decisiones acerca del inicio, desarrollo y futuro de la investigación y, entre otros aspectos, resolver su continuación, decidir su suspensión u otras medidas, estas deben ser adoptadas en resoluciones que justifiquen y expliquen fundamentada y motivadamente el por qué y cómo se llegó a la decisión tomada.
Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público, la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, sostuvo que:
…cabe señalar que toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver.
Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP (negrillas ilustrativas). En esa misma línea la SCP 0426/2014 de 25 de febrero, reiteró dichas exigencias y complementando la misma señaló que, la fundamentación y 3 La SC 0969/2003-R de 15 de julio, en su F.J. III.2 refiere que. El art. 73 CPC dispone que: “Los Fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica. Procederán oralmente en las audiencias y en el juicio y, por escrito, en los demás casos”.
La disposición legal transcrita concuerda con el art. 61 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), resultando de vital importancia conocer las razones y motivos por los que el Fiscal asume una determinación, sin que sea suficiente un enunciado general al efecto, dado que la función de dirigir la investigación es uno de los aspectos novedosos del nuevo modelo procesal penal y constituye una función clave en el nuevo sistema para asegurar la imparcialidad judicial y para permitir que la investigación se realice con parámetros de mayor eficiencia. De tal modo, al Fiscal le corresponde asumir diversas decisiones acerca del inicio, desarrollo y futuro de la investigación y, entre otros aspectos, resolver su continuación, decidir su suspensión u otras medidas que deben ser adoptadas en resoluciones que justifiquen y expliquen su razón de ser”. 4 “A partir de este entendimiento y efectuando una interpretación del mismo a la luz de los nuevos principios ordenadores del derecho como el debido proceso en su componente de una debida fundamentación, resta complementar este razonamiento conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico precedente, estableciendo que, tanto las resoluciones dictadas por los fiscales de materia como por los fiscales de distrito -ahora departamentales-, deben hallarse debidamente fundamentadas y motivadas, expresando de manera clara y concreta, sustentada en derecho, las causas por las cuales se tomó determinada decisión; caso contrario, una resolución carente de estos elementos fundamentales que hacen al fondo del decisorio, impiden al litigante, tener la certeza plena del porqué del motivación debe ser emitida de manera clara y concreta, bajo un sustento apegado en derecho que permita conocer y convencer al justiciable las razones de la determinación, estableciendo que tal obligación también debe ser observada por la autoridad Fiscal Jerárquica. Bajo ese uniforme razonamiento seguido por este Tribunal, la SCP 0641/2018-S2 de 15 de octubre, explicó que, siendo el Ministerio Público quien ejerce la acción penal pública cumpliendo el mandato inserto en el art. 225 de la CPE, lo cual le obliga a desarrollar sus funciones y facultades respetando los derechos fundamentales y garantías constitucionales y bajo el principio de objetividad entre otros, que se encuentran contemplados por la norma fundamental; en tal sentido, sus determinaciones conclusivas luego de la etapa de investigación, deben ser emitidas cumpliendo los parámetros del debido proceso; puesto que, estos son requisitos ineludibles a cumplir por cualquier autoridad judicial o administrativa de la cual no está exenta el Fiscal; así, en el marco de esos preceptos la citada SCP 0641/2018-S2 estableció que:
Consecuentemente, cuando el Ministerio Público tome una determinación que resuelva la situación jurídica del ciudadano al que se le atribuye la comisión de un delito, pudiendo ser: i) Rechazo de una querella; ii) Imputación formal; y, iii) Sobreseimiento; son supuestos, en los cuales debe tener en cuenta todos los elementos probatorios presentados por las partes; es decir, de cada medio probatorio, sea éste, testifical, documental, pericial, entre otros; valorando la información que extrae de cada uno de ellos de manera individual, y en conjunto de forma integral, cuya apreciación debe estar acorde con las reglas de la sana crítica; es decir, no debe contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos, que necesariamente deben estar plasmados en la resolución a través de una debida motivación y fundamentación, conforme lo exige el art. 40.11 de la LOMP, en el marco del principio de objetividad contenido en el art. 225.II de la CPE, de lo dispuesto en el art. 5.3 de la referida LOMP y del art. 72 del CPP.
Este estándar, debe ser necesariamente observado en cualquiera de las formas de decisión de fondo, que asuma el Ministerio Público, pues la motivación y fundamentación que se realice, debe satisfacer tanto al querellante como al querellado; y por lo mismo, tiene que ser exigido por el fiscal departamental cuando revisa una objeción a las resoluciones de los fiscales de materia (las negrillas son agregadas).
En tal sentido, las decisiones tomadas por los representantes del Ministerio Público, deben tener una base racional y seguir lo establecido en el nuevo modelo constitucional y el ordenamiento jurídico, respetando los derechos de los involucrados, para que no quede ni la menor duda que lo resuelto está acorde a derecho, observancia que deberá ser plasmada a través de una resolución que contenga una debida motivación, desde un punto de vista racional como razonable, garantizando a la persona que la decisión que ha obtenido -sea o no favorable a sus intereses-, es producto de un razonamiento correcto, en el que además se haya considerado los valores y principios contemplados en la Constitución, dando lugar a una decisión objetivamente justa.
El accionante denunció que el Fiscal Departamental Policial de Tarija dentro del proceso disciplinario iniciado en su contra, por Resolución Administrativa 008/2022 de 5 de julio, revocó la Resolución de rechazo de denuncia y ordenó evaluar el nuevo requerimiento conclusivo conforme a la norma legal, incurriendo en la lesión del debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación; toda vez que: i) No determinó con claridad respecto a los hechos atribuidos a las partes; es decir que, no explica ni desglosa de manera individualizada cual la acción, omisión en que incurrieron cada uno de los denunciados; ii) No describe de manera expresa a que falta disciplinaria se adecua su acción u omisión; vale decir, no explica si son a las 5 faltas disciplinarias y cual el hecho fáctico que se subsume a la norma; y, iii) No individualizó todos los medios de prueba, así como no valoró de manera concreta todos los elementos probatorios asignando un valor de forma motivada, otra prueba que no fue valorada es la Lista Nominal de Personal de 1 de mayo de 2022, donde no está contemplado su nombre. En ese antecedente, conforme a las Conclusiones arribadas, se tiene que el 6 de mayo de 2022, Raúl Figueroa Mamani y otra interpuso ante la DIDIPI de Tarija denuncia contra Aldo Jimmy Zenteno Díaz, Ronny Ernesto Pérez Quispe y otros por la supuesta infracción de los arts. 12.12, 13.9, 14.7 de la Ley 101; por lo que, el Fiscal Policial mediante Requerimiento de 10 del citado mes y año, procedió al inicio de investigaciones contra los nombrados por la supuesta infracción de los arts. 12.8.12.34, 14.7 de la Ley 101; asimismo, a través de Requerimiento de 28 del mencionado mes y año, entre otros aspectos amplió investigación contra el ahora impetrante de tutela y otro por la falta disciplinaria prevista en el art. 14.14 de la Ley 101 (Conclusiones II.1, II.2 y II.3). El peticionante de tutela por escrito presentado el 20 de junio de 2022, adjuntado pruebas solicitó al Fiscal Policial requerimiento conclusivo de rechazo de denuncia; puesto que, el Fiscal Policial mediante Requerimiento Conclusivo de 22 del indicado mes y año, formuló acusación contra Aldo Jimmy Zenteno Díaz y Rechazo de denuncia contra Ronny Ernesto Pérez Quispe, y otros; empero, la parte denunciante el 1 de julio del señalado año, impugnó la Resolución Fiscal Policial de Rechazo; por lo que, el el Fiscal Departamental Policial de Tarija a través de Resolución Administrativa 008/2022 de 5 de julio, determinó REVOCAR la Resolución de Rechazo de denuncia (Conclusiones II.4, II.5, II.6 y II.7). Previamente corresponde precisar que en el presente se han cumplido con los requisitos de procedencia relativos a la inmediatez y subsidiariedad de la presente acción de amparo constitucional; toda vez que, la resolución acusado de vulneratorio de derechos fue notificado al solicitante de tutela según señala la resolución de la Sala Constitucional el 6 de julio de 2022; por lo que, contabilizando el plazo a partir de esa fecha hasta la presentación de esta acción tutelar que el 18 de octubre del referido año, se advierte que transcurrieron tres meses y medio; es decir, cumple con el plazo previsto en el art. 55.1 del CPCo. En relación al principio de subsidiariedad, de igual forma se cumple en el caso con el mencionado principio; ya que una vez que, se emitió la Resolución de rechazo de denuncia, la supuesta víctima impugnó esa resolución emitida por el Fiscal Policial, quien a su vez remitió los antecedentes ante el Fiscal Departamental Policial de Tarija, a objeto de que resuelva el rechazo de denuncia, emitiéndose en consecuencia la Resolución Administrativa 008/2022 de 5 de julio por el cual se revoca el rechazo de denuncia y ordena emitir nuevo requerimiento conforme al art. 70 de la Ley 101, al efecto en observancia de los arts. 41 y 71 de la citada Ley se constata haberse agotado los medios de impugnación en la vía administrativa policial que habilita la interposición de la presente acción de amparo constitucional. Ahora bien, a fin de resolver la problemática planteada, a continuación por didáctica constitucional se resolverá el objeto procesal inmerso en el inc. a) y b), posteriormente el objeto procesal descrito en el inc. c) respectivamente. En relación a la problemática descrita en el inc. i) y ii) Como primer punto la parte accionante denuncia que el Fiscal Departamental Policial de Tarija al dictar la Resolución Administrativa 008/2022 de 5 de julio, incurrió en la lesión del debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación; toda vez que, no determinó con claridad respecto a los hechos atribuidos a las partes; es decir que, no explica ni desglosa de manera individualizada cual la acción, omisión en que incurrieron cada uno de los denunciados. Asimismo como segundo punto denuncia que el Fiscal Departamental Policial de Tarija al dictar la Resolución Administrativa 008/2022, no describe de manera expresa a que falta disciplinaria se adecua su acción u omisión, vale decir no explica si son a las 5 faltas disciplinarias y cual el hecho fáctico que se subsume a la norma.
Al respecto, previamente corresponde señalar la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional que refiere que la fundamentación es la labor argumentativa por el cual la autoridad competente en la resolución de un caso está impelido de citar las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además en casos específicos y necesarios tiene la obligación interpretar la norma aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional; y, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación. En ese marco, de la revisión y lectura de la Resolución Administrativa 008/2022 por el cual se revoca la Resolución de Rechazo de Denuncia de 22 de junio de 2022 y determina evaluar un nuevo requerimiento conforme a la norma, evidentemente se advierte una indebida fundamentación y motivación; toda vez que, la autoridad demandada, luego describir en el Considerando I los antecedentes del caso, en cuyo Considerando II se describe el Requerimiento de inicio de investigación así como el requerimiento de ampliación de investigación, al efecto resume el requerimiento de rechazo de denuncia en favor del ahora impetrante de tutela, transcribir los arts. 12.8, 12, 34; 13.9; 14.7 y 14 de la ley 101, señalar la sanción de arresto de Ivan Sandro Valdez Rodríguez y Dick Hidalgo Quispe Hilari y acusación del funcionario policial Aldo Jimmy Zenteno Díaz; finalmente en el Considerando III, luego de describir y transcribir los arts. 115.I de la CPE; 38, 49.5, 65, 71 de la Ley 101, se limita en señalar que:
…dentro el accionar de la Fiscalía Departamental Policial, se encuentra sustentado bajo el principio de objetividad, legalidad y probidad, por lo que: las actuaciones de los Fiscales Policiales deben adecuarse a un criterio objetivo, velando únicamente por la correcta aplicación dela Ley, en ese entendido la señora Fiscal Policial en el ejercicio de sus funciones tomará en cuenta no solo las circunstancias que permitan probar la acusación, sino también las que sirvan para eximir o disminuir responsabilidades a los investigados y/o denunciados. En ese contexto, sobre el cuestionamiento de que la autoridad demandada no determinó con claridad respecto a los hechos atribuidos a las partes; es decir que, no explica ni desglosa de manera individualizada cual la acción, omisión en que incurrieron cada uno de los denunciados, al respecto corresponde señalar que la autoridad demandada sobre la fundamentación -que implica la cita de normas- si bien en el Considerando II transcribe los arts. 12.8.12.34; 13.9; 14.7 y 14 de la Ley 101, a continuación en el Considerando III luego de citar los arts. 115.I de la CPE; 38, 49.5, 65, 71 de la Ley 101, sin argumentos lógico-jurídicos o motivación se limita en señalar que el actuar de la Fiscalía Departamental Policial de Tarija está sustentado en los principios de objetividad, legalidad y probidad; al efecto no se establece de manera individualizada en cual acción u omisión incurrieron cada uno de los denunciados, lo cual hace viable conceder la tutela impetrada, por la lesión del debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación. En cuanto al cuestionamiento de que la Autoridad demandada de que no describe de manera expresa a que falta disciplinaria se adecua su acción u omisión; vale decir, no explica si son a las 5 faltas disciplinarias y cuales el hecho fáctico que se subsume a la norma. Al respecto, de la revisión y lectura de la Resolución ahora impugnada ciertamente se advierte que la autoridad demandada, si bien en el Considerando II transcribe arts. 12.8.12.34; 13.9; 14.7 y 14 de la Ley 101 referido a las faltas disciplinarias, a continuación en el Considerando III luego de citar los arts. 115.I de la CPE; 38, 49.5, 65, 71 de la Ley 101, sin argumentos lógico-jurídicos o motivación, se limita en señalar que el actuar de la Fiscalía Departamental Policial está sustentado en los principios de objetividad, legalidad y probidad, al respecto no adecua o tipifica la falta disciplinaria respecto a cada uno de los funcionarios policiales denunciados, lo cual de igual forma hace viable conceder la tutela impetrada, por la lesión del debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación. En relación a la problemática descrita en el inc. iii) En este punto la parte peticionante de tutela denuncia que el Fiscal Departamental Policial de Tarija al dictar la Resolución Administrativa 008/2022 de 5 de julio, incurrió en la lesión del debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación; toda vez que, no individualizó todos los medios de prueba, así como no valoró de manera concreta todos los elementos probatorios asignando un valor de forma motivada, otra prueba que no fue valorada es la Lista Nominal de Personal de 1 de mayo de 2022, donde no está contemplado su nombre.
Al respecto, de la revisión y lectura de la Resolución ahora impugnada, evidentemente se advierte una indebida motivación y fundamentación; toda vez que, respecto a la motivación que implica argumentar las razones lógico-jurídicas de una decisión, la autoridad demandada, para llegar a la conclusión de que el Fiscal Policial no realizó una correcta valoración de la prueba, no individualizó las pruebas aportados por las partes asignando valor probatorio a cada uno de ellos, tal el caso de la Lista Nominal de Personal de 1 de mayo de 2022 que según señala el solicitante de tutela demuestra que no estaba contemplado su nombre; por lo tanto, sin debido sustento legal se limita en señalar que el Fiscal Policial no valoró correctamente la prueba presentada por las partes en el proceso disciplinario objeto de la presente; aspecto que, de igual forma hace viable la concesión la tutela sobre el presente objeto procesal.
En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar en parte la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 65/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 116 a 121 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Tarija; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, respecto al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Administrativa 008/2022 de 5 de julio emitida por la autoridad demandada, a objeto de que se emita una nueva resolución conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA
1 En su F.J.III.3.2. “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía…”
2 El FJ III.2, señala: “…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia”.
contenido de la decisión y lesionan el debido proceso, haciendo procedente la tutela constitucional que otorga la acción de amparo constitucional” (resaltado agregado).
5 “En ese sentido, si bien el ejercicio de la acción penal es una competencia otorgada por el constituyente al Ministerio Público conforme lo dispuesto en el art. 225 CPE, constituyéndose en un Órgano sometido a la Norma Suprema; esa facultad de decidir si ejerce o no la acción penal, no puede ser asumida de modo arbitrario. Por lo tanto, cualquier determinación del Ministerio Público, que en los hechos resuelva la situación jurídica del ciudadano, al que se le atribuye la comisión de un hecho delictivo, tales como: 1) Rechazo de una querella; 2) Imputación; y, 3) Sobreseimiento, entre otros; debe estar debidamente motivada y fundamentada; es decir, tiene que explicar en su resolución, las razones que le sirven de base para emitir su determinación, de tal manera que los involucrados en una investigación, sepan qué elementos consideró para asumir tal determinación, dicho de otro modo, la resolución debe hacer conocer las razones de hecho y derecho, para sustentarla. (…)”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0440_2024-S1.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): 66582d1b9702062da0c3fce47e19aa24fd0f01ccdd9665c7b1b46e8ec543ad2b
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →