Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 24 de marzo de 2026
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida y a la salud; toda vez que, el Juez demandado dispuso que personal de salud del IDIF y de COSSMIL lo evalúen dentro del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz y que, una vez emitidos el informe médico de COSSMIL y certificado médico forense del IDIF, estos se pongan en conocimiento del Ministerio Público y demás partes del proceso, poniendo en riesgo su vida a través de la imposición de formalidades extremas, sin considerar que su salud se encuentra de por medio, más aún cuando documentalmente certificó que requiere de atención médica especializada externa. Ante ello, la autoridad judicial demandada señala que, si bien existen recomendaciones y sugerencias en el Informe Médico 03/2023 y del Certificado Médico Legal-Forense IDIF/MEDFOR/LPZ-8447/2022, no establecen la urgencia de salida médica que tuviese el accionante, además, el último de estos refiere que el accionante se encuentra clínicamente estable. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 26/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 75 a 77, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con base de los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que la autoridad demandada en el plazo de veinticuatro horas se pronuncie sobre la solicitud de salida médica; salvo que por el transcurso del tiempo, la misma ya hubiera sido resuelta. 2° Dimensionar los efectos del presente fallo constitucional conforme el art.
28.II del Código Procesal Constitucional en atención al tiempo transcurrido, disponiendo mantener firmes y subsistentes los actos producidos como consecuencia de la concesión efectuada en favor del accionante, y los términos dispositivos dictados por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz. 3° Llamar la atención a Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, exhortándole a que, en futuros casos, cuando advierta un riesgo real y predecible a la vida, adopte las medidas necesarias para garantizar la salud y por ende vida, conforme lo desarrollado en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0439/2026-S2 Sucre, 24 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53444-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 26/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 75 a 77, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge Pastor Mendieta Ferrufino contra Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 27 de enero de 2023, cursante a fs. 1 y 37 a 42 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, denominado “GOLPE DE ESTADO I”, signado con Código Único de Denuncia (CUD) 201102012005679, Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz -hoy demandado-, ordenó su detención preventiva mediante Resolución 070/21 de 17 de marzo de 2021, por lo que, permaneció privado de libertad por más de veintidós meses hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa. En ese contexto, a través de memorial de 1 de septiembre de 2022, solicitó al Juez demandado una salida judicial médica para ser atendido en la especialidad de ecografía el 7 del mismo mes y año, debido a una hipertensión esencial primaria; sin embargo, dicha solicitud fue respondida mediante decreto que dispuso el “traslado”.
Posteriormente, por memoriales de 1 y 8 de noviembre de 2022, solicitó por segunda vez una salida judicial médica, en consideración a las recomendaciones del informe de “EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTO” emitido por Martín Vargas Aramayo, Director Médico del Hospital Militar Central Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL) y Ricardo Sosa Villareal, Cardiólogo, quienes señalaron que requería una evaluación integral de manera presencial (laboratorial, electrocardiograma, placa de tórax) y lo diagnosticaron con "HIPERLIPIDEMO MIXTA”; esas solicitudes fueron respondidas mediante decretos de 3 y 9 de noviembre de 2023, el primero ordenó aclarar la relación de fechas y el segundo dispuso que personal médico especializado tanto de COSSMIL como del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) se constituya en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz para su valoración médica y posterior elaboración de un informe-. Es así que, mediante memorial de 6 de enero de 2023, solicitó por tercera vez su salida judicial médica para una valoración clínica y seguimiento por las especialidades de urología y cardiología, conforme a las recomendaciones del Certificado Médico Legal-Forense IDIF/MEDFOR/LPZ-8447/2022 de 17 de noviembre, emitido por Arianna Flores Arcienaga, Médico Forense del IDIF, en cumplimiento de lo ordenado previamente por el Juez demandado; ante lo cual, a través de decreto de 9 de enero de 2023, se dispuso que se cumpla a cabalidad con las valoraciones médicas ordenadas en el decreto de 9 de noviembre de 2022 y, en consecuencia, se oficie a COSSMIL para que su personal se constituya en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz para la valoración respectiva. Por otro lado, el 13 de enero de 2023, en atención a las recomendaciones del Informe Médico 03/2023 de igual fecha, emitido por COSSMIL, en cumplimiento de lo ordenado por la autoridad judicial demandada en el decreto anterior, solicitó por cuarta vez una salida judicial médica para trasladarse al Hospital Militar Central (centro de tercer nivel), con el fin de ser valorado en las especialidades de cardiología, urología, hematología y medicina interna; sin embargo, el Juez demandado, mediante decreto de 17 del mismo mes y año, no dio curso a la solicitud y dispuso que ambos certificados médicos -emitidos por COSSMIL y por el IDIF- se pusieran en conocimiento del Ministerio Público y de las demás partes. La autoridad judicial demandada, al ordenar valoraciones médicas al interior del Centro Penitenciario y al disponer que se pongan en conocimiento del Ministerio Público y demás carteras de Estado los informes médicos que él mismo ordenó y conoce, vulneró flagrantemente su derecho a la salud vinculado a la vida, dejándolo en absoluta indefensión.
Denunció la lesión de sus derechos a la vida y a la salud, citando al efecto los arts. 35 y 37 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga, dejar sin efecto las formalidades dispuestas por el Juez demandado; y, que se ordene al prenombrado a que determine sus salidas judiciales médicas fuera del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, a fin que sea sometido a controles y análisis externos en el Hospital COSSMIL, considerando que es funcionario militar.
Celebrada la audiencia virtual el 27 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 71 a 74, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, por sí y a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad; y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: a) Los médicos de COSSMIL coinciden en un noventa por ciento (90%) con el informe por el IDIF, por lo que sugirieron que tenía que salir a una revisión externa por especialidad a un hospital especializado; b) Cuestionó si son necesarias las formalidades de poner en conocimiento del Ministerio Público y de las otras partes las certificaciones relacionadas a su estado de salud, cuando se encuentra de por medio dicho derecho; c) Presentó en calidad de prueba otras tres solicitudes de salidas médicas realizadas a inicios del año 2022, respecto a las cuales, de la misma forma, el Juez demandado corrió en traslado de las otras partes, olvidándose de su salud; d) La SCP 0618/2012 de 23 de julio, establece que el Estado tiene la responsabilidad de velar por el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad y de las que adolecen por salud; sin embargo, el Ministerio de Gobierno y Régimen Penitenciario no brindan la debida atención, ni cuentan con consultorios o especialidades que satisfagan las necesidades de la población privada de libertad; por lo que se tiene que recurrir a un hospital externo; e) La SCP 0442/2019-S3 de 13 de agosto, establece que la justicia constitucional se activa a través de la acción de libertad, cuando la amenaza al derecho a la vida puede deducirse de las circunstancias del caso en concreto; f) La Ley de Ejecución Penal y Supervisión establece que existen medidas de seguridad que el mismo juez puede imponer para que salga del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz y pueda dirigirse al hospital COSSMIL, donde se encuentra asegurado, a efecto que pueda acceder a las revisiones médicas especializadas; g) Tomó conocimiento de que el Juez demandado declinó competencia del control jurisdiccional y que estaría pendiente el sorteo a otra autoridad judicial; por lo que solicita se conceda de manera inmediata las respectivas salidas judiciales con las seguridades que sean convenientes para que asista a las especialidades; h) Cuatro médicos del referido Centro Penitenciario y del Ministerio de Gobierno lo visitaron para una revisión médica, en la que se sorprendieron de la situación en la que estaba y le indicaron que iban a realizarle un examen y que llevarían especialistas en cardiología y urología; sin embargo, no pudo realizarse dicho examen debido a que no se contaba con los equipos necesarios; i) Se le indicó que tenía que buscar un médico o una instancia particular para que pueda ir con equipos, empero, solo se contaba con “…un equipo para electrocardiograma y urología para que [le] hagan una ecografía…” (sic); y, j) Buscó que lo vayan a ver, pues su única intención era verse con un estado de salud estable, incluso llegó a auto medicarse agravando su situación particularmente de la próstata.
Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, por informe oral presentado en audiencia de la acción tutelar, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: 1) Hubieron solicitudes de salida judicial por parte del accionante; sin embargo, de la lectura del Informe Médico 03/2023 y del Certificado Médico Legal-Forense IDIF/MEDFOR/LPZ-8447/2022, no se advierte que la salida médica sea urgente; es más, este último refiere claramente que el examinado se encontraba clínicamente estable al momento del examen; y, 2) Declinó competencia en razón de materia mediante Resolución 023/23 de 25 de enero de 2023 y remitió los cuadernos al “juzgado primero anticorrupción” de la Capital.
El Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 26/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 75 a 77, concedió “en parte” -se entiende en todo- la tutela solicitada, disponiendo: i) Dejar sin efecto el decreto de 17 de enero de 2023, emitido en atención a la cuarta solicitud realizada por el accionante respecto a una salida judicial médica; ii) Que el Juez demandado resuelva la petición de salida judicial por motivo médico de manera positiva o negativa y con la debida fundamentación y motivación, así como una valoración acorde a la sana critica de la prueba acompañada por el accionante, en el plazo de veinticuatro horas; y, iii) Se notifique al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital y departamento señalados, en atención a la declinatoria de competencia puesta a conocimiento en audiencia de la acción tutelar, a efectos del cumplimiento de la determinación constitucional; con base en los siguientes fundamentos: a) El análisis respecto a la actuación del Juez demandado se efectuó a partir del pronunciamiento sobre la última solicitud de 17 de enero de 2023, ya que en las anteriores solicitudes mediaron actos consentidos, pues el accionante en conocimiento de las determinaciones del Juez demandado cumplió las determinaciones impuestas por este, sobre la concurrencia de personal médico y la emisión de informes, en virtud de los cuales se tiene una última solicitud amparada en un Informe Médico; b) El decreto de la referida fecha que, respecto a los certificados médicos del IDIF y de COSSMIL determina “‘póngase en conocimiento del Ministerio Publico y la parte contraria para que se pronuncian a la brevedad posible’” (sic), es atentatorio, toda vez que, si se considera el devenir de las reiteradas solicitudes de salida médica, el Juez demandado no emitió un pronunciamiento de fondo respecto a la urgencia o no y la necesidad de salida medica del accionante; c) Determinar sin la debida motivación o justificación que dicha documentación sea de conocimiento de los restantes sujetos procesales, no encuentra lógica o una finalidad entendible; d) El Ministerio Público y las instituciones que se constituyen como parte del proceso penal, no tienen un rol para establecer cuál sería el estado de salud de una persona de manera directa o a través de un pronunciamiento; e) La determinación de otorgar una salida médica o rechazarla le corresponde a la autoridad que ejerce el control jurisdiccional; en ese entendido, la justicia constitucional no puede ingresar a considerar la procedencia o no, la urgencia o no, bajo el sustento del Informe Médico 03/2023, habida cuenta que no existe un pronunciamiento positivo o negativo de fondo que analizar; y, f) Sin perjuicio de que la valoración le corresponde al Juez demandado o la autoridad que ejerza el control jurisdiccional de la causa, el referido Informe Médico acredita que existe una vulneración del derecho a la salud vinculado a la vida del accionante.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 82 a 84); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Jorge Pastor Mendieta Ferrufino -ahora accionante- y otros, por la presunta comisión del delito de terrorismo, conspiración y sedición, signado con CUD: 201102012005679, cursa Auto Interlocutorio 070/2021 de 17 de marzo, por el cual, Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz -hoy demandado-, dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz (fs. 2 a 7 vta.). II.2. Por memorial presentado el 1 de septiembre de 2022, el accionante solicitó salida médica judicial para digerirse al Hospital COSSMIL el día 7 del mismo mes y año, argumentando que por “…informe del área médica del recinto penitenciario de San Pedro (…) en el cual se puede verificar que mi persona sufre de hipertensión arterial (…) en el cual se sugiere incluso, SALIDA MEDICA JUDICIAL al Hospital Cossmil (…) firmando dicho informe el Dr. Elmer Acho Nina, MEDICO DEL RECINTO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO…” (sic [fs. 58]); en respuesta, por decreto de 2 de igual mes y año, el Juez demandado dispuso “…póngase en conocimiento del Ministerio Público el memorial que antecede para su pronunciamiento. Asimismo, informe el Director del Recinto Penitenciario de San Pedro sobre lo referido por la parte impetrante…” (sic [fs. 59]). II.3. Consta ficha de evolución y tratamiento de 26 de octubre de 2022, correspondiente al impetrante de tutela, suscrita por Ricardo Sosa Villarreal, Médico Cardiólogo y, Martin Vargas Aramayo, Director Médico del Hospital Militar Central COSSMIL, que señala “SE REQUIERE EVALUACIÓN INTEGRAL DE MANERA PRESENCIAL (LABORATORIAL, ELECTROCARDIOGRAMA, PLACA DE TORAX)” (sic) asimismo establece como diagnóstico “HIPERLIPIDEMIA MIXTA” (fs.52). II.4. A través de memorial presentado el 1 de noviembre de 2022, el accionante reiteró su solicitud de salida judicial para digerirse al Hospital COSSMIL el día 14 de octubre del mismo año, ante la respuesta de “traslado” a la solicitud anterior de 1 de septiembre de igual año, adjuntando la literal descrita en la Conclusión II.3 (fs. 53 y vta.); ante ello, por decreto de 3 de noviembre de 2022, la autoridad judicial demandada dispuso lo siguiente: “La parte impetrante deberá aclarar su solicitud en cuanto a la relación de las fechas” (sic [fs. 54]). II.5. Cursa memorial presentado el 8 de noviembre de 2022, por el cual el accionante reiteró su solicitud de salida judicial aclarando la fecha para dirigirse al Hospital COSSMIL el día 21 del mismo mes y año (fs. 55 y vta.); en consecuencia, por decreto de 9 de igual mes y año, la autoridad judicial demandada estableció que: “…tomando en cuenta que informe médico de fecha 07 de enero de 2022 (…) no hace referencia a una internación médica urgente (…) se dispone que personal, médico especializado (Laboratorial, Electrocardiograma, Placa de Torax) del COSSMIL, se constituyan al Recinto Penitenciario de San Pedro para su correspondiente valoración médica (…) De igual forma se dispone que personal del Instituto de Investigaciones Forenses - IDIF se apersone al Recinto Penitenciario de San Pedro para la valoración médica del imputado (…) una vez realizado el mismo, en el plazo de 24 horas informe a este Despacho Judicial…” (sic [fs. 56]). II.6. Mediante Certificado Médico Legal-Forense IDIF/MEDFOR/LPZ-8447/2022 de 17 de noviembre, Arianna Flores Arcienega, Médico Forense del IDIF, sugirió “…VALORACIÓN MEDICA CLINICA Y SEGUIMIENTO ACTUALIZADOS Y PROGRAMADOS POR ESPECIALIDADES (UROLOGÍA Y CARDIOLOGÍA). SEA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PERTINENTES DE PREFERENCIA EN UN HOSPITAL DE SERVICIO PÚBLICO ESTATAL” (sic [fs. 24 y vta.]). II.7. Se tiene memorial presentado el 6 de enero de 2023, por el cual el peticionante de tutela reiteró su solicitud de salida judicial para 16 del mismo mes y año, señalando “…EL MÉDICO FORENSE QUE HA PROCEDIDO A MI VALORACIÓN MÉDICO LEGAL, CLARAMENTE ESTÁ SUGIRIENDO EXÁMENES MÉDICOS DE FORMA EXTERNA, POR ESPECIALIDADES DE UROLOGÍA Y CARDIOLOGÍA, ESPECIALIDADES A LAS QUE PUEDO ACCEDER EN MI SEGURO DE COSSMIL, POR SER MI PERSONA FUNCIONARIO MILITAR, SIN NECESIDAD DE RECURRIR A UN HOSPITAL PUBLICO…” (sic [fs. 49 y vta.]); asimismo, decreto de 9 del mes y año referidos, mediante el cual, el juez demandado determinó: “Con carácter previo (…) se dispone que la Dra. Gilka Mariel Lopez Arenas y el Dr. Kevin Erick Navia Siles se apersonen al Penal de San Pedro a efectos de la valoración médica del imputado (…) en fecha 12 de enero de 2023 (…) a cuyo efecto ofíciese al Hospital Militar Central…” (sic [fs. 51]). II.8. Mediante Informe Médico 03/2023 de 13 de enero de 2023, el Jefe de Emergencias y el Médico de Emergencias, ambos del Hospital Militar Central COSSMIL, recomendaron el traslado del impetrante de tutela a un centro de tercer nivel para su valoración por las especialidades de cardiología, urología, hematología y medicina interna (fs. 60). II.9. Por memorial presentado el 13 de enero de 2023, el accionante reiteró por cuarta vez su solicitud de salida judicial para el 20 del mismo mes y año, señalando que: “…de acuerdo al informe presentado por el personal médico de COSSMIL y el diagnostico establecido en el certificado médico forense de referencia, coinciden con el informe del área médica del recinto penitenciario de San Pedro (…) se sugiere incluso, SALIDA MEDICA JUDICIAL al Hospital Cossmil…” (sic [fs. 63 a 64]); ante ello, a través de decreto de 17 de igual mes y año, la autoridad judicial demandada, dispuso que los certificados médicos del IDIF y del Hospital Militar Central COSSMIL sean puestos en conocimiento del Ministerio Público y “…de la parte contraria para que se pronuncien a la brevedad posible” (sic [fs. 65]).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida y a la salud; toda vez que, el Juez demandado dispuso que personal de salud del IDIF y de COSSMIL lo evalúen dentro del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz y que, una vez emitidos el informe médico de COSSMIL y certificado médico forense del IDIF, estos se pongan en conocimiento del Ministerio Público y demás partes del proceso, poniendo en riesgo su vida a través de la imposición de formalidades extremas, sin considerar que su salud se encuentra de por medio, más aún cuando documentalmente certificó que requiere de atención médica especializada externa. Ante ello, la autoridad judicial demandada señala que, si bien existen recomendaciones y sugerencias en el Informe Médico 03/2023 y del Certificado Médico Legal-Forense IDIF/MEDFOR/LPZ-8447/2022, no establecen la urgencia de salida médica que tuviese el accionante, además, el último de estos refiere que el accionante se encuentra clínicamente estable. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sostuvo, en el Caso García Ibarra y otros Vs. Ecuador -Sentencia de 17 de noviembre de 2015- que, en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho a la vida no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservarlo (obligación positiva). En ese sentido, con relación a la obligación de prevenir vulneraciones al derecho a la vida a momento de analizar la responsabilidad internacional de los Estados, la Corte IDH sostuvo que “…analizará si en este caso se configuraron los requisitos para que surgiera la responsabilidad del Estado por incumplimiento de su obligación positiva de garantizar los derechos humanos, tomando las medidas necesarias para prevenir las violaciones. Para ello, debe verificarse que al momento de los hechos existía una situación de riesgo real e inmediato para la vida o integridad personal de un individuo o grupo de individuos determinados, que las autoridades conocían o debían tener conocimiento, y que no adoptaron las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para prevenir o evitar ese riesgo…” (Caso Defensor de Derechos Humanos y otros vs. Guatemala, Sentencia de 28 de agosto de 2014 [negrillas añadidas]). Por consiguiente, se tiene que la jurisprudencia de la Corte IDH sostuvo que el derecho a la vida impone obligaciones positivas para el Estado, exigiendo medidas razonables para prevenir riesgos reales e inmediatos; además, la omisión estatal ante un peligro previsible, puede desembocar en la responsabilidad internacional por violación a este derecho fundamental.
En similar sentido, este Tribunal, respecto a la protección a la salud en el marco de denuncias vinculadas al derecho a la vida en acción de libertad, emitió la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre, determinando que: “En relación a este derecho, si bien el mismo no encuentra protección como un derecho autónomo a través de la acción de libertad, sí lo hace cuando se halla relacionado directamente con el peligro de muerte o riesgo de vida, por cuanto, como se dijo, el derecho a la salud respecto al derecho a la vida, se encuentra intrínsecamente ligado (…) La vinculación entre el derecho a la vida y el derecho a la salud se aprecia con absoluta claridad, ya que la presencia de una patología de tal magnitud como las enfermedades terminales, por ejemplo, además de conducir a la muerte, desmejora la calidad de vida durante el tiempo al que todavía pueda aspirarse”. Ahora bien, en cuanto a la amenaza a los derechos a la vida y a la salud, la SCP 1087/2012 de 5 de septiembre sostuvo que, los certificados médicos son emitidos por especialistas y estableció que: “…las autoridades judiciales no pueden calificar el estado de salud, sino valorar la credibilidad de los certificados médicos, pues lógicamente no puede asegurar que un simple dolor devenga o no en una enfermedad o problema de salud, que de no ser tratada a tiempo ponga en riesgo la vida, la salud o integridad de una o un imputado”. En ese contexto, resalta la importancia de que los certificados médicos brinden a las autoridades judiciales información precisa de la situación de un paciente; por lo que, deben ser claros y conclusivos, sin margen discrecional, de forma que se constituyan en una base sólida para una determinación judicial. Finalmente, es importante señalar que, conforme fue establecido en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, la exigencia de subsidiariedad no es aplicable en los casos en que se denuncie la vulneración del derecho a la vida por su carácter primario, entendimiento que no se modificó, no se trató, ni se debatió en la SCP de Avocación 0003/2026 de 25 de febrero, aclarándose que, de acuerdo a la jurisprudencia existente debe acreditarse de manera suficiente su lesión o amenaza; en ese sentido, la SCP 1278/2013 de 2 de agosto determinó que “…es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción”.
Previamente al análisis de fondo de la problemática planteada, se tiene que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, esta acción no constituye un mecanismo sustitutivo de los medios ordinarios de impugnación; sin embargo, considerando que la problemática involucra el derecho a la vida de una persona privada de libertad, corresponde, conforme a la jurisprudencia existente, flexibilizar el principio de subsidiariedad e ingresar al análisis de fondo. Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Jorge Pastor Mendieta Ferrufino -hoy accionante- y otros, por la presunta comisión del delito de terrorismo, conspiración y sedición, Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, dispuso la detención preventiva del accionante el 17 de marzo de 2021, (Conclusión II.1). En dicho proceso, el peticionante de tutela solicitó salidas médicas judiciales el 1 de septiembre, 1 y 8 de noviembre de 2022, adjuntado una ficha de evolución y tratamiento de 26 de octubre del citado año suscrita por el Hospital Militar Central COSSMIL, que recomendó se realice una evaluación médica integral de manera presencial (laboratorial, electrocardiograma, placa de tórax) y, le diagnosticó con “HIPERLIPIDEMIA MIXTA” (Conclusión II.3); las referidas solicitudes fueron respondidas por la autoridad judicial demandada a través de decretos 1 de septiembre, 3 y 9 de noviembre de 2022, que ordenaron el traslado, la aclaración de fechas y ordenes de valoración médica por el IDIF y COSSMIL al interior del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, respectivamente (Conclusiones II.2, II.4 y II.5). Seguidamente, habiéndose cumplido con la valoración médica por el IDIF -ordenada por Juez demandado- y, en virtud al Certificado Médico Legal-Forense IDIF/MEDFOR/LPZ-8447/2022 de 17 de noviembre, que sugirió que el accionante se someta a valoración médica clínica, seguimiento actualizado y programado por las especialidades de urología y cardiología, sea con las medidas de seguridad y custodia pertinentes (Conclusión II.6), el 8 de enero de 2023, el accionante volvió a solicitar salidas judiciales médicas; ante lo cual, el Juez demandado ordenó que previamente se cumpla con la valoración médica por el personal del Hospital Militar Central COSSMIL al interior del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz (Conclusión II.7). En ese contexto, el impetrante de tutela cumplió con lo ordenado y se sometió a valoración médica por el Hospital Militar Central COSSMIL, cuyo personal emitió el Informe Médico 03/2023 de 13 de enero, por el cual se recomendó su traslado a un centro de tercer nivel para su valoración por diferentes especialidades (Conclusión II.8); a partir de ello, el accionante solicitó por quinta vez salida médica judicial, empero, mediante decreto de 17 del mismo mes y año, el Juez demandado nuevamente omitió referirse sobre su solicitud y ordenó se ponga en conocimiento del Ministerio Público y de la parte contraria los referidos informes para su pronunciamiento (Conclusión II.9).
Del análisis de los antecedentes descritos precedentemente, se constata que el accionante, desde septiembre de 2022 hasta enero de 2023, realizó en total cinco solicitudes de salidas médicas judiciales en el transcurso de aproximadamente cinco meses; además, pese a que acompañó a dichas solicitudes documentación médica pertinente, como la ficha de evolución y tratamiento de 26 de octubre de 2022, el Certificado Médico Legal-Forense IDIF/MEDFOR/LPZ-8447/2022 de 17 de noviembre e Informe Médico 03/2023, las mismas fueron respondidas por la autoridad demandada, a través de providencias que señalaron: “…póngase en conocimiento del Ministerio Público…” (sic [fs. 59], “La parte impetrante deberá aclarar su solicitud en cuanto a la relación de las fechas” (sic [fs. 54]), “…se dispone que personal, médico especializado (…) del COSSMIL, se constituyan al Recinto Penitenciario de San Pedro para su correspondiente valoración médica” (sic [fs. 56]); “…se dispone que [los médicos] se apersonen al Penal de San Pedro a efectos de la valoración médica del imputado…” (sic [fs. 51]); y, “…los certificados médicos (…) póngase en conocimiento del Ministerio Público y de la parte contraria…” (sic [fs. 65]). Dichas respuestas, a criterio de este Tribunal, no constituyen respuestas motivadas ni fundamentadas a las solicitudes formuladas y, menos aún, toman en cuenta el estado de salud, ni necesidades apremiantes del accionante descritos en los documentos adjuntos relativos a su salud. Por otro lado, tampoco se entiende la razón de correr en traslado a las otras partes del proceso penal las solicitudes, cuando no corresponde a nadie más que a la autoridad de control jurisdiccional, la valoración de la prueba referente a la salud del accionante; máxime considerando que -según la ficha de evolución y tratamiento de 26 de octubre de 2022, el Certificado Médico Legal-Forense IDIF/MEDFOR/LPZ-8447/2022 y el Informe Médico 03/2023 elaborado por el Hospital Militar Central COSSMIL- el impetrante de tutela requería de una evaluación integral a través de distintas especialidades, exámenes laboratoriales y de electrocardiograma, servicios con los que evidentemente no cuenta el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz; y que “presuntivamente” sufría de “1. HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTEMICA MAL TRATADA 2. ERITROCITOCIS DESCOMPENSADA 3. HIPERPLASIA PROSTATICA MAL TRATADA” (sic [fs. 60]), motivo por el cual los profesionales en salud de las diferentes instancias coincidieron en recomendar su traslado a un centro de salud u hospital con las medidas de seguridad y custodia pertinentes. En ese sentido, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, al constatarse tres certificaciones médicas -ficha de evolución y tratamiento de 26 de octubre de 2022, Certificado Médico Legal-Forense IDIF/MEDFOR/LPZ-8447/2022 e Informe Médico 03/2023-emitidas por profesionales de distintas instituciones, por orden de la autoridad judicial demandada, que advierten sobre necesidad de valoración médica integral, de sometimiento a estudios y en general, respecto al delicado estado de salud del accionante, la autoridad de control jurisdiccional debió considerar esa información para adoptar las medidas necesarias para evitar cualquier amenaza o daño al derecho a la vida del accionante. Además, el Juez demandado, al haber impuesto formalidades exageradas y sin fundamento legal a las múltiples solicitudes de salidas médicas formuladas por el impetrante de tutela, en un transcurso de aproximadamente cinco meses, incumplió con su obligación de evitar y prevenir cualquier amenaza a su derecho a la vida, negándole indirectamente a tener una atención médica especializada y oportuna, que resguarde su estado de salud; por lo que, corresponde conceder la tutela respecto al derecho a la vida vinculado al derecho a la salud. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder “en parte” -se entiende en todo-, la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 26/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 75 a 77, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con base de los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que la autoridad demandada en el plazo de veinticuatro horas se pronuncie sobre la solicitud de salida médica; salvo que por el transcurso del tiempo, la misma ya hubiera sido resuelta. 2° Dimensionar los efectos del presente fallo constitucional conforme el art.
28.II del Código Procesal Constitucional en atención al tiempo transcurrido, disponiendo mantener firmes y subsistentes los actos producidos como consecuencia de la concesión efectuada en favor del accionante, y los términos dispositivos dictados por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz. 3° Llamar la atención a Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, exhortándole a que, en futuros casos, cuando advierta un riesgo real y predecible a la vida, adopte las medidas necesarias para garantizar la salud y por ende vida, conforme lo desarrollado en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0439_2026-S2.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7b88dc7e2d2e8e6b186936522c6eec7b73c6c7576d610d403cf565aca61ffa95
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