Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 27 de mayo de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y a la dignidad; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, desistió del recurso de apelación restringida que interpuso contra la Sentencia 05/2020, con la que se lo condenó a pena privativa de libertad. Sin embargo, a pesar que su pretensión fue aceptada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a la fecha -se entiende a la presentación de la acción de defensa que se examina-, la demandada, como Vocal relatora, no devolvió al Tribunal de origen, los antecedentes de su caso; impidiendo con ello -según alega-, que dicha resolución judicial adquiera ejecutoria y así pueda procurar algún beneficio penitenciario en su favor. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 013/2022 de 24 de noviembre, cursante de fs. 52 a 55, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con base en los fundamentos desarrollados precedentemente, disponiendo que la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el plazo de veinticuatro horas, efectúe la devolución de los antecedentes de la apelación restringida interpuesta por el accionante contra la Sentencia 05/2020 de 19 de febrero, al Tribunal de origen. Salvo que ya haya procedido en consecuencia; y, 2° Llamar la atención a la referida Vocal demandada, por haber incurrido en un acto dilatorio indebido; exhortándole a que, en sus actuados jurisdiccionales observe el principio de celeridad, más aún en casos de personas privadas de libertad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0439/2025-S3 Sucre, 27 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 52323-2022-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 013/2022 de 24 de noviembre, cursante de fs. 52 a 55, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Abraham Loayza Limachi contra Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 23 de noviembre de 2022, cursante de fs. 34 a 36 vta.; el accionante expresó que:
Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público -con Número de Registro Judicial (NUREJ): 20359285-, donde se le impuso detención preventiva que viene cumpliendo en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; a través de la Sentencia 05/2020 de 19 de febrero, fue condenado a pena privativa de libertad -presidio- de diez años, por la presunta comisión del delito de homicidio. Motivo por el que, en tiempo y forma oportuna, interpuso recurso de apelación restringida. Sin embargo, por convenir a sus intereses, mediante memorial de 12 de noviembre de 2020, desistió de aquel medio de impugnación, y, alternativamente impetró la devolución de antecedentes. Pretensiones que aceptó la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de la Resolución 104/2020 de 7 de diciembre, enmendada por Auto de 17 de marzo de 2021; empero, desde entonces, los antecedentes de su caso, no fueron devueltos al Tribunal de origen por la Vocal de dicha Sala Penal -ahora demandada-, lo que impide que la Sentencia 05/2020 adquiera ejecutoria y con ello, pueda procurar algún beneficio penitenciario en su favor; pese a las solicitudes de desglose que hizo con ese propósito mediante memoriales de 27 de julio y 21 de septiembre de 2022, estos no merecieron ningún pronunciamiento; y, tampoco la denuncia que presentó ante la Defensoría del Pueblo. Por lo que, considera estar indebidamente privado de libertad.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y a la dignidad; citando al efecto los arts. 21.7, 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga que: a) La demandada devuelva al Tribunal de origen, los antecedentes correspondientes a su caso, siendo que desistió de la apelación restringida que interpuso contra la Sentencia 05/2020; y, b) Se conmine a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a que resuelva la apelación restringida que interpuso, al haber llegado a su término el plazo legal previsto para el efecto, y por haberse procedido con el sorteo del Vocal relator.
Celebrada la audiencia pública virtual el 26 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 50 a 51 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, por intermedio de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos expresó que: La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, extendió en su momento fotocopias legalizadas del proceso penal que se sustancia en segunda instancia, las cuales se presentaron ante el Tribunal de origen; sin embargo, para que atienda las pretensiones que se buscan materializar, se exige que la demandada devuelva los antecedentes del desistimiento de la apelación restringida. Posición que no modificó, pese a los reclamos que se hizo vía reposición, complementación y enmienda. Posteriormente, el Juez de garantías efectuó preguntas de aclaración, orientadas a conocer si: 1) El impetrante de tutela está privado de su derecho a la libertad, como consecuencia de la Sentencia condenatoria emitida en su contra o de la imposición de alguna medida cautelar de carácter personal; y, 2) La Sentencia 05/2020 fue impugnada por algún otro sujeto procesal. Ante ello, el abogado del impetrante de tutela, respondió: i) Se efectuó la privación del derecho a la libertad, en razón a que se impuso una detención preventiva, y; ii) Se desconoce si otro sujeto procesal interpuso recurso de apelación restringida contra la Sentencia 05/2020.
Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 24 de noviembre de 2022, cursante a fs. 49 y vta., señaló que: a) El accionante no explicó a cuál de los supuestos de procedibilidad de la acción de libertad se adecúan los hechos que denuncia; tampoco precisa la pretensión que persigue en instancia constitucional; puesto que, hace peticiones que no condicen con los argumentos que expresó, haciendo entrever que su postura carece de causa petendi. Por ello, corresponde se deniegue la tutela que solicita; y, b) Si bien el impetrante de tutela desistió del recurso de apelación restringida que interpuso contra la Sentencia 05/2020, olvida que esa resolución judicial también fue impugnada por el coacusado del proceso penal seguido en su contra. Es así que, dentro de plazo legal, se emitió el Auto de Vista 155/2021 de 19 de noviembre.
El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz -constituido en Juez de garantías-, a través de la Resolución 013/2022 de 24 de noviembre, cursante de fs. 52 a 55, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El accionante se encuentra privado de su derecho a la libertad, como consecuencia de la detención preventiva que se le impuso dentro del proceso penal seguido en su contra y de otros, y no así por lo dispuesto a través de la Sentencia 05/2020, que fue objeto de apelación restringida, cuyo tratamiento se llevó a cabo ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justica de La Paz; 2) Aunque no lo haya referido el impetrante de tutela, se entiende que, con el planteamiento de su acción de defensa, en el fondo denuncia la lesión de su derecho al debido proceso. Entonces, un extremo que no demostró es que, la irregularidad que resalta, esté vinculada con su derecho a la libertad, como causa directa de su restricción; y, 3) Para que, vía acción de libertad, se tutele el derecho al debido proceso, existen determinados presupuestos de inevitable observancia, mismos que no fueron cumplidos en el presente caso. Lo que imposibilita evaluar la incidencia constitucional de los hechos que denuncia el accionante, ante la inexistencia de un nexo de causalidad entre todos los extremos argüidos.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de la Sentencia 05/2020 de 19 de febrero, el impetrante de tutela fue condenado a pena privativa de libertad (presidio) de diez años, al ser declarado “CULPABLE E INSTIGADOR” de la comisión del delito de homicidio (fs. 2 a 10); por lo que, contra dicha resolución judicial, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 11 a 14). II.2. Mediante memorial de 12 de noviembre de 2020, presentado ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; el accionante desistió de la apelación restringida que interpuso contra la Sentencia 05/2020 y solicitó que los antecedentes correspondientes a su caso sean devueltos al Tribunal de origen, para que dicha resolución judicial adquiera ejecutoria (fs. 15). II.3. A través de la Resolución 104/2020 de 7 de diciembre, enmendada por Auto de 17 de marzo de 2021, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -integrada por la demandada-, aceptó el desistimiento del impetrante de tutela, del recurso de apelación restringida que interpuso contra la Sentencia 05/2020, disponiendo que, una vez notificada dicha determinación a los sujetos procesales, se devuelva al Tribunal de origen, los antecedentes del caso (fs. 16 y vta. y 19). II.4. Mediante memoriales de 27 de julio y 21 de septiembre de 2022, el accionante solicitó a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el desglose de la apelación restringida que interpuso contra la Sentencia 05/2020; y, que los antecedentes correspondientes a su caso, sean devueltos al Tribunal de origen, para que dicha resolución judicial adquiera ejecutoria y, con ello, pueda procurar su libertad condicional (fs. 29 a 30 vta.). II.5. De la documental intitulada “RELACIÓN DE EXPEDIENTES SORTEADOS PARA VOCAL RELATOR SORTEO N° 34/2021” (sic), correspondiente a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se establece que la demandada fue designada como Vocal relatora del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela -NUREJ: 20359285-(fs. 33).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y a la dignidad; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, desistió del recurso de apelación restringida que interpuso contra la Sentencia 05/2020, con la que se lo condenó a pena privativa de libertad. Sin embargo, a pesar que su pretensión fue aceptada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a la fecha -se entiende a la presentación de la acción de defensa que se examina-, la demandada, como Vocal relatora, no devolvió al Tribunal de origen, los antecedentes de su caso; impidiendo con ello -según alega-, que dicha resolución judicial adquiera ejecutoria y así pueda procurar algún beneficio penitenciario en su favor. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre la temática, la SCP 0578/2024-S2 de 10 septiembre, señalo que: […la SCP 0550/2021-S2 de 20 de septiembre, sostuvo que: «El art. 180.I de la CPE señala: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”. Asimismo, el art. 178.I de la Ley Fundamental, sostuvo que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”. El art. 115.II de la citada Norma Suprema determina: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; con relación a ello, la SCP 0098/2021-S2 de 7 de mayo, concluyó que: “…la administración de justicia debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, toda vez que las personas que intervienen en los procesos, esperan una decisión oportuna de su situación jurídica, máxime si se encuentra comprometido de por medio el derecho a la libertad. Por su parte, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determinó que el principio de celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. La jurisprudencia constitucional, a través de las SSCC 0758/2000-R, 1070/2001-R y 0105/2003-R entre otras, refiriéndose al principio de celeridad, con relación a los administradores de justicia, estableció que este principio: ‘…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente”’»] (las negrillas nos corresponden).
Al respecto, la SCP 0760/2024-S3 de 4 de septiembre, estableció que: “La SC 0465/2010-R de 5 de julio, estableció que: ‘…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Del mismo modo la citada Sentencia Constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado, estableció que: ‘Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’” (las negrillas son nuestras).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se constató que dentro del proceso penal que el Ministerio Público sigue contra el impetrante de tutela, este, en su condición de detenido preventivamente, desistió del recurso de apelación restringida que interpuso contra la Sentencia 05/2020, con la que se le condenó a pena privativa de libertad (presidio) de diez años, al ser declarado “CULPABLE E INSTIGADOR” de la comisión del delito de homicidio. Razón por la que, solicitó que los antecedentes de su caso sean devueltos al Tribunal de origen, a fin que dicha resolución judicial adquiera ejecutoria (Conclusiones II.1 y II.2). Pretensiones que aceptó la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -integrada por la demandada-, a través de la Resolución 104/2020 de 7 de noviembre, enmendada por Auto de 17 de marzo de 2021 (Conclusiones II.3 y II.5). Sin embargo, mediante memoriales de 27 de julio y 21 de septiembre de 2022, el accionante reiteró ante la misma Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, su solicitud, en sentido que los antecedentes correspondientes a su caso, sean devueltos al Tribunal de origen, para que la Sentencia 05/2020 adquiera ejecutoria y así pueda procurar su libertad condicional (Conclusión II.4). De ese contexto, este Tribunal entiende, que el impetrante de tutela denuncia la existencia de una supuesta dilación en el trámite procesal del recurso de apelación restringida que interpuso contra la Sentencia 05/2020, consistente en que la demandada, en su calidad de Vocal relatora, desde el 12 de noviembre de 2020 hasta la fecha en que interpuso la demanda tutelar que se examina -23 de noviembre de 2023-, no habría devuelto al Tribunal de origen, los antecedentes de su caso, pese a que voluntariamente desistió de aquel medio de impugnación, con el propósito de procurar en su favor, algún beneficio penitenciario y así poder recobrar su libertad. En ese marco, la prueba presentada da cuenta que, el impetrante de tutela, mediante memorial de 12 de noviembre de 2020, efectivamente solicitó a la demandada, que los antecedentes de su caso sean devueltos al Tribunal de origen, al haber tomado la decisión de desistir del recurso de apelación restringida que planteó contra la resolución judicial, con la que se le condenó a pena privativa de libertad. Pretensión que reiteró hasta en dos ocasiones, mediante memoriales de 27 de junio y 21 de septiembre de 2022; sin embargo, a la fecha de ser interpuesta la acción de defensa que se examina; es decir, dos años y once días después de la primera solicitud y, un mes y dos días después de su última reiteración; se evidencia que la mencionada autoridad judicial no materializó aquella pretensión, pese a que, a través de la Resolución 104/2020, enmendada por Auto de 17 de marzo de 2021, viabilizó la referida devolución. Ello demuestra que, la demandada flagrantemente y por periodos de tiempo irracionales, adoptó un comportamiento omisivo, contrario a los entendimientos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, cuando era su obligación, en atención al principio de celeridad, devolver lo antes posible los antecedentes del caso que conoció, inherentes a la apelación restringida que interpuso el accionante contra la Sentencia 05/2020; al tratarse de un actuado de mero trámite que pudo concretarse en el plazo prudencial no mayor a las veinticuatro horas, ya que, para el efecto, no era necesario efectuar ninguna consideración de fondo. Esa irregularidad procesal indudablemente repercutió en el derecho a la libertad, vinculado a la dignidad del impetrante de tutela; puesto que, al no haberse llevado a cabo la devolución de antecedentes que ahora reclama, se vio impedido de promover ante el Tribunal de origen -el mismo que emitió la antedicha Sentencia 05/2020- algún beneficio procesal en su favor, con el fin de modificar su situación jurídica de privado de libertad, siendo ese el propósito lógico que se propuso perseguir al haber desistido del recurso de apelación restringida que interpuso en su momento. Circunstancia que este Tribunal debe corregir en atención a los alcances de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, y del principio de informalismo, al evidenciarse que la Vocal demandada incurrió en un actuar dilatorio indebido que no supo justificar por ningún medio, siendo que en la presente causa solo se limitó a presentar el Auto de Vista 155/2021 de 19 de noviembre (fs. 39 a 48), mas no otro elemento que objetivamente haga entrever la imposibilidad de la devolución rebatida. Por ello, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 013/2022 de 24 de noviembre, cursante de fs. 52 a 55, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con base en los fundamentos desarrollados precedentemente, disponiendo que la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el plazo de veinticuatro horas, efectúe la devolución de los antecedentes de la apelación restringida interpuesta por el accionante contra la Sentencia 05/2020 de 19 de febrero, al Tribunal de origen. Salvo que ya haya procedido en consecuencia; y, 2° Llamar la atención a la referida Vocal demandada, por haber incurrido en un acto dilatorio indebido; exhortándole a que, en sus actuados jurisdiccionales observe el principio de celeridad, más aún en casos de personas privadas de libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0439_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): ab7168ae0e521fc19441f10c09c5a3e661622d49e49be1b1ad23b160611e529a
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