B.IA.LEGAL

SCP 0439/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 19 de agosto de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
19 de agosto de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
51427-2022-103-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento de congruencia y a la asistencia familiar vinculada a la vida, salud y educación, e inaplicación del principio del interés superior de los menores, en razón a que, la autoridad ahora demandada, al emitir el Auto de 12 de septiembre de 2022, a través del cual rechazó su solicitud de reajuste y liquidación de asistencia familiar, con el argumento de haber ocurrido la extinción de la causa por perención, no consideró: 1) El interés superior del niño, niña y adolescente para aplicar lo dispuesto en el art. 415 del CFPF, dando lugar a lo solicitado; 2) Que para que se extinga el derecho de la acción, se requiere que exista una segunda declaratoria de perención de instancia tal como regulaba el art. 312 del CPCabrog, aspecto que no ocurrió; 3) Que al momento de solicitarse el desarchivo del expediente el 2015, ya se encontraba vigente el Código de las Familias y del Procedimiento Familiar, y en consecuencia debió observar lo dispuesto en el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 116/2022 de 1 de noviembre, cursante de fs. 113 a 117, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional;

2º Dimensionando los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se mantiene la validez de los actos posteriores a la concesión de la tutela efectuada a través de la referida Resolución 116/2022 de 1 de noviembre.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Las excepciones al carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. La interpretación de la legalidad ordinaria
  3. III.3. Sobre la extinción por inactividad del proceso en el Código de Procedimiento Civil abrogado y en el Código de las Familias y Proceso Familiar vigente
  4. III.4. Vigencia anticipada del Código de las Familias y del Proceso
  5. III.5. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  6. III.6. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0439/2024-S1 Sucre, 19 de agosto de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 51427-2022-103-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 116/2022 de 1 de noviembre, cursante de fs. 113 a 117, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Villma Colque Camacho contra Rosario Elena Centellas Rojas, Jueza Pública de Familia Primera de la Capital del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante por memorial presentados el 24 de octubre de 2022, cursante de fs. 30 a 35 vta., manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señaló que el 27 de agosto de 2013, su persona interpuso demanda de ruptura unilateral contra el padre de sus hijos Juvenal Martínez Calani -ahora tercero interesado-, oportunidad en la que se solicitó como medidas provisionales la asistencia familiar, guarda y protección de los referidos menores, solicitud que fue atendida favorablemente por la Jueza de la causa por Auto de 1 de noviembre de igual año, fijando el monto por asistencia familiar de Bs800.-(ochocientos 00/100 bolivianos). Dentro del periodo de prueba de cincuenta días, fue engañada por el ahora tercero interesado para desistir de la demanda y de retomar su relación de pareja, llegando a suscribir un documento transaccional de desistimiento de la demanda, solicitud que fue rechazada por la Jueza Publica de Familia Primera de la Capital del departamento de Oruro -ahora demandada- disponiendo la continuidad del proceso; sin embargo, al carecer de recursos económicos para continuar la demanda hizo abandono de la misma por un tiempo, situación que fue aprovechada por su ex concubino, quien solicitó el desarchivo del expediente y la perención de instancia, logrando que la ahora demandada, mediante Auto de 20 de octubre de 2014, de curso al petitorio sin pronunciarse sobre la asistencia familiar fijada; a pesar que, el padre de sus hijos ya había cancelado determinados montos de dinero, emergentes de la planilla de liquidación efectuada por la Secretaria del Juzgado. Tomando en cuenta estos antecedentes, solicitó a la Jueza de la causa el reajuste del monto de asistencia familiar, en el marco del art. 116 del Código de la Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-; sin embargo, la Jueza ahora demandada por Auto de 12 de septiembre de 2022, rechazó su solicitud con argumento de haber ocurrido la extinción de la causa por perención, y como consecuencia se dispuso el archivo de obrados, señalando que el derecho a la asistencia familiar para sus hijos menores de edad, debió haberse solicitado durante los años pasados, desconociendo el interés superior de los menores. La autoridad judicial ahora demandada, no consideró que en la demanda planteada, sin bien, existe una primera perención de instancia dispuesta por Auto de 20 de octubre de 2014; empero, para que se extinga el derecho de la acción se requiere que haya una segunda declaratoria de perención de instancia tal como regulaba el art. 312 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrog), aspecto que no ocurrió, al margen de solicitarse el desarchivo del expediente el 2015, ya se encontraba vigente el Código de las Familias y del Procedimiento Familiar y en consecuencia debió observarse lo dispuesto en el art. 302 de dicha norma, que establece que, transcurrido seis meses de inactividad procesal, la autoridad judicial, dispondrá la extinción de la pretensión y ordenará el archivo del expediente, salvo en procesos en los que exista pretensión de asistencia familiar; aspecto que si bien es mencionado por la autoridad judicial, rehuyó la obligación de precautelar el interés superior de los menores, con el argumento de que en el antiguo Código de Familia no existía dicha figura. El Código de las Familias y del Procedimiento Familiar entro en vigencia anticipada el 19 de noviembre de 2014, reemplazando el procedimiento previsto en el anterior Código de Familia, estableciendo la vigencia anticipada del régimen de la asistencia familiar de acuerdo al inc. a) del parágrafo I de la Disposición Transitoria Segunda, el que alcanzaba inclusive a los procesos judiciales en trámite de primera y segunda instancia y en ejecución de fallos; en ese sentido, una vez materializado y consolidado judicialmente el derecho de la asistencia familiar a favor de los beneficiarios, para el diligenciamiento y concretización del cobro adeudado, debía de observarse el procedimiento establecido en el art. 415 del CFPF, lo que implicaba dar lugar al reajuste y la respectiva liquidación de asistencia familiar, tomando en cuenta que la forma de conclusión extraordinaria del proceso a través de la perención de instancia, debe de considerar los derechos y garantías de las personas vulnerables como son los niños, niñas y adolescentes; por lo que, en resguardo del interés superior del menor, no es posible aplicar la caducidad cuando estén involucrados los derechos de menores de edad. La autoridad ahora demandada vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de congruencia, puesto que, sin bien reconoce que la actual normativa familiar no contempla el desistimiento en casos de asistencia familiar y no existe prescripción de derechos; empero, deniega la posibilidad de ejecutar el cumplimiento de la asistencia familiar ya dispuesta por Auto de 1 de noviembre de 2013. La Jueza ahora demandada, al denegar el reajuste de la asistencia familiar, vulneró el derecho a la asistencia vinculado a la vida, salud y educación, impidiendo que los menores puedan contar con recursos para su sustento y otras necesidades importantes que garanticen su existencia digna, además de inaplicar el principio de interés superior de los menores para la plena satisfacción de sus derechos.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en su elemento de congruencia y a la asistencia familiar vinculada a la vida, salud y educación, e inaplicación del principio del interés superior de los menores, citando al efecto los arts. 5, 9.2, 58, 59.I, 60, 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de 12 de septiembre de 2022; b) Que la autoridad demandada admita y tramite la solicitud de liquidación y reajuste de la asistencia familiar en el marco de las normas positivos que regulan dicha figura jurídica; y, c) Se condene al pago de costas y costos.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 1 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 107 a 112, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestó que: 1) A los fines del principio de la excepción del principio de subsidiariedad se debe tener presente los intereses de los menores de edad, debiendo ingresar al fondo de la problemática planteada; y, 2) Los derechos reclamados lo hace en representación de sus dos hijos menores de edad y no así respecto a su hija que actualmente es mayor de edad. Respondiendo a las preguntas de los Vocales Constitucionales indicó que; i) La vigencia anticipada del Código de las Familias y del Proceso Familiar, va dirigido a la protección de la asistencia familiar y no a la ruptura unilateral; ii) No se presentó ningún recurso cuestionando el Auto de 12 de septiembre de 2022; y, iii) Cuando se trata de menores de edad rige la excepción al principio de subsidiariedad de acuerdo a lo establecido en la SCP 1703/2013 de 10 de octubre.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Rosario Elena Centellas Rojas, Jueza Pública de Familiar Primera de la Capital del departamento de Oruro, mediante informe presentado el 31 de octubre de 2022, cursante de fs. 52 a 53, manifestó que: a) La causa ingresó al Juzgado de Partido Primero de Familia el 28 de agosto de 2013, tratándose de un proceso de ruptura unilateral a instancias de Villma Colque Camacho y no de Willma como hoy maneja la ahora accionante; b) Siendo que la hija “Evelin Tamara” es mayor de edad, debió la sala constitucional observar la personería de la ahora accionante para representarla; c) La causa fue admitida el 4 de septiembre del mismo año, habiendo sido citado el ahora tercero interesado el 16 de octubre de igual año; sin embargo, ambas partes presentaron documento de transacción y desistimiento, el que no fue aceptado por observaciones. Posteriormente, se emitió el Auto de perención de instancia de 20 de octubre de 2014, ante el abandono por más de seis meses en la tramitación de la causa; d) Se ratifica en el contenido del Auto de 12 de septiembre de 2022; y, e) Previa a la presentación de la acción tutelar, no se agotaron los recursos ordinarios para desvirtuar la observación al principio de subsidiariedad. Con base a estos fundamentos, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Juvenal Martínez Calani, a través de su abogado en audiencia, manifestó qué: 1) Que se siente víctima de la solicitud de reajuste de la asistencia familiar en favor de la ahora accionante; debido a que, durante estos últimos años, sus hijos estuvieron a su cuidado; 2) Una vez dictada la resolución de perención de instancia de 20 de octubre de 2014, la ahora impetrante de tutela pudo haberla impugnado a través de los recursos correspondientes y no lo hizo; 3) La ahora peticionante de tutela solicita un reajuste de asistencia familiar después de ocho años de haberse concedido, lo que hace suponer que no necesitaba de dichos recursos; debido a que, la mayor parte del tiempo pasaban con su persona, contando con documentación al respecto; 4) Contra el Auto que rechazó al reajuste de la asistencia familiar, la ahora solicitante de tutela podía haber interpuesto el recurso de reposición o apelación en el marco del art. 368 del CFPF, lo que implica no haberse agotado el principio de subsidiariedad; y, 5) La peticionante de tutela no tiene “competencia” -debió decir personería-para representar a su hija mayor. Con base a estos fundamentos solicitó se deniegue la tutela solicitada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento de Oruro, mediante Resolución 116/2022 de 1 noviembre, cursante de fs. 113 a 117, concedió la tutela impetrada, con base a los siguientes fundamentos: i) La Jueza ahora demandada declaró la perención de instancia del proceso de ruptura unilateral, pero no hizo referencia alguna a la asistencia familiar; ii) El Auto de 12 de septiembre de 2022 que rechaza el reajuste de asistencia familiar, no contiene una decisión en la parte determinativa y adolece de una debida fundamentación e incurre en incongruencia interna; por cuanto, hace entender que rechazó el reajuste de la asistencia familiar, por existir una disposición de perención de instancia, la que fue declarada en la demanda de ruptura unilateral; mas no indica, nada sobre la asistencia familiar, aspecto que impedía el rechazo de la referida solicitud de reajuste de asistencia familiar, en ese sentido, se debe considerar primero el intereses superior de los niños y segundo explicar cómo es que la perención de instancia está vinculada a la asistencia familiar dispuesta; y, iii) Si bien la ahora accionante tenía la posibilidad de plantear los recursos correspondientes para revertir los efectos nocivos de la decisión adoptada, sin embargo, tratándose de menores de edad, se debe aplicar la excepción al principio de subsidiariedad solo respecto a la asistencia familiar. En audiencia la impetrante de tutela, a través de su abogado solicitó complementación de la Resolución 116/2022, indicando que se complemente, ordenando a la autoridad demandada proceda a tramitar la liquidación solicitada y también el pago de costas. Al respecto, la Sala Constitucional aclaró que se dejó sin efecto el Auto de 12 de septiembre del 2022 y se dispuso que la Jueza ahora demandada de lugar al reajuste de la asistencia familiar, atendiendo el intereses superior de los niños, niñas y adolescente, en cuanto al pago de costas, se determinó no ha lugar.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa demanda de ruptura unilateral de 26 de agosto de 2013, interpuesta por Villma Colque Camacho -ahora accionante- contra Juvenal Martínez Calani, por las causales establecidas en el art. 130.1 y 4 del Código de Familia abrogado, solicitando en el otrosí 1ro en virtud a los arts. 338, 389 y 390 del referido Código, como medidas provisionales: a) La separación de cuerpos; b) La guardia y custodia de sus hijos; y, c) Se fije una asistencia familiar en favor de los menores (fs. 3 a 4 vta. y 8).

II.2. Por Auto de 1 de noviembre de 2013, la entonces Jueza de Partido

Primera de Familia de la Capital del departamento de Oruro, estableció la relación jurídica y calificó el proceso como ordinario de hecho, fijando los puntos de hecho a probar y complementando las medidas provisionales, fijó asistencia familiar para los hijos y la ahora impetrante de tutela la suma de Bs800.-, con cargo al demandado (fs. 13). II.3. Consta Liquidación de Pensiones de 7 de febrero de 2014, efectuada por la Secretaria del Juzgado de Partido Primera de Familia de la Capital del departamento de Oruro, por el periodo de 6 de diciembre de 2013 a 6 de febrero de 2014, arrojando la suma de Bs.1 600.-(un mil seiscientos 00/100 bolivianos), que puesto en conocimiento de las partes fue aprobado por Auto de 14 de febrero de 2014, por la Jueza de la causa ahora demandada (fs. 20 a 21 vta.). II.4. Por Auto de 20 de octubre de 2014, la autoridad demandada en observancia del art. 309 del CPCabrog, declaró la perención de instancia del proceso de ruptura unilateral seguido por la ahora solicitante de tutela contra el ahora tercero interesado, disponiendo el desglose de la documentación adjunta a la demanda y el archivo de obrados, el que fue declarado ejecutoriado mediante Auto de 18 de septiembre de 2015 (fs. 22 y 89). II.5. Mediante memorial presentado el 6 de noviembre de 2018, la ahora impetrante de tutela, presento liquidación de pensiones de asistencia familiar, señalando que de acuerdo al informe social emitido por el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), se evidencia que sus hijos continúan viviendo bajo su dependencia; posteriormente, por Auto de 20 de octubre de 2014, se declaró la perención de instancia; en consecuencia, concluyó que la prestación de la asistencia familiar corresponde desde el 7 de febrero de 2014 hasta el 20 de octubre de igual año, haciendo un total de pensiones devengadas de Bs5 146.-(cinco mil ciento cuarenta y seis 00/100 bolivianos), descontando los depósitos efectuados por el ahora tercero interesado (fs. 93 y vta.). II.6. Por memorial presentado el 9 de junio de 2022, la impetrante de tutela solicitó a la autoridad judicial ahora demandada, reajuste y liquidación de asistencia, haciendo un cálculo a partir del 7 de febrero de 2014 al 9 de junio de 2022 de Bs80 000.- (ochenta mil 00/100 bolivianos) con cargo al ahora tercero interesado (fs. 98 y vta.). Solicitud que mereció la providencia de 10 de junio de 2022, pidiendo aclaración del petitorio al existir en la causa una declaración de perención de instancia (fs. 99). II.7. Por memoriales presentados el 18 de agosto y 9 de septiembre, ambos de 2022, la ahora demandante de tutela reiteró reajuste de la asistencia familiar y en su defecto un rechazo fundamentado (fs. 102 a 103 vta.; y,

105.). II.8. Por Auto de 12 de septiembre de 2022, la Jueza ahora demandada, rechazó la solicitud de reajuste de la asistencia familiar, al considerar que existe una declaración de perención de instancia y como efecto de ella, se dispuso el desglose de la documentación adjunta al proceso y el archivo de obrados, añadiendo que, si bien el Código de las Familias y del Proceso Familiar no contempla el desistimiento de las causas de asistencia familiar, y la prescripción de derechos, precautelando el interés superior del niño, niña y adolescente; sin embargo, esta figura no estaba contemplada en el anterior Código de Familia; por lo que, se dispuso la perención de instancia (fs. 106 y vta).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento de congruencia y a la asistencia familiar vinculada a la vida, salud y educación, e inaplicación del principio del interés superior de los menores, en razón a que, la autoridad ahora demandada, al emitir el Auto de 12 de septiembre de 2022, a través del cual rechazó su solicitud de reajuste y liquidación de asistencia familiar, con el argumento de haber ocurrido la extinción de la causa por perención, no consideró: 1) El interés superior del niño, niña y adolescente para aplicar lo dispuesto en el art. 415 del CFPF, dando lugar a lo solicitado; 2) Que para que se extinga el derecho de la acción, se requiere que exista una segunda declaratoria de perención de instancia tal como regulaba el art. 312 del CPCabrog, aspecto que no ocurrió; 3) Que al momento de solicitarse el desarchivo del expediente el 2015, ya se encontraba vigente el Código de las Familias y del Procedimiento Familiar, y en consecuencia debió observar lo dispuesto en el art. 302 del referido Código, que indica, luego de transcurrido seis meses de inactividad procesal, la autoridad judicial, dispondrá la extinción de la pretensión y ordenara el archivo del expediente, salvo en procesos en los que exista pretensión de asistencia familiar; y, 4) La autoridad demandada, incurrió en incongruencia interna; porque si bien, reconoce que la actual normativa familiar no contempla el desistimiento en casos de asistencia familiar y no existe prescripción de derechos; empero, deniega la posibilidad de ejecutar el cumplimiento de la asistencia familiar ya dispuesta por Auto de 1 de noviembre de 2013. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para tal efecto se analizarán los siguientes temas: i) Las excepciones al carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional; ii) La interpretación de la legalidad ordinaria; iii) Sobre la extinción por inactividad del proceso en el Código de Procedimiento Civil Abrogado y el Código de las Familias y el Proceso Familiar vigente; iv) Vigencia anticipada del Código de las Familias y del Proceso Familiar; v) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y, vi) Análisis del caso concreto.

III.1. Las excepciones al carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0075/2018-S2 de 23 de marzo, reiterada por la SCP 0681/2019-S2 de 12 de agosto, entre otras, asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0002/2012 de 13 de marzo, refiriéndose a la naturaleza jurídica que caracteriza a la acción de amparo constitucional, señaló que ésta se constituye en un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. La acción de amparo constitucional tiene dos características esenciales, la inmediatez y la subsidiariedad, que se encuentran dispuestas en el art. 129.I de la CPE, estableciendo: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá (…) siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas son nuestras). Desarrollando la subsidiariedad, el art. 53.3 del CPCo., determina que esta acción tutelar no procederá: “Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno”. En relación con la citada norma, el art. 54.I del mismo Código prevé que: “La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías, restringidos, suprimidos o amenazados de serlo”. En ese contexto, el Tribunal Constitucional en la SC 374/2002-R de 2 de abril, en el Cuarto Considerando señaló que:

…la subsidiariedad del amparo constitucional debe ser entendida como el agotamiento de todas las instancias dentro del proceso o vía legal, sea administrativa o judicial, donde se acusa la vulneración, dado que donde se deben reparar los derechos fundamentales lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde han sido conculcados, y cuando esto no ocurre queda abierta la protección que brinda el Amparo Constitucional. Asimismo, la SC 0492/2003-R de 15 de abril, en el Fundamento Jurídico III.1, indicó que:

…el amparo constitucional instituido como una garantía constitucional para otorgar protección a derechos fundamentales, por mandato constitucional está regido por el principio de subsidiariedad, lo que significa que no podrá ser interpuesto mientras que no se hubiere hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos, o en su caso, cualquier otro medio de reclamación ante el particular, autoridad o tribunal que se considere hubiese causado o esté causando el agravio, y para el caso de haberlos utilizado, los mismos deberán ser agotados, entendiéndose por esto que se debe tener el resultado en sentido negativo del legitimado pasivo (...). Con ese antecedente, corresponde precisar que la jurisprudencia constitucional desarrolló reglas y subreglas de aplicación general que fueron sistematizadas por la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, señalando cuándo esta acción de defensa, será improcedente por subsidiariedad. En esa línea, la SC 0484/2010-R de 5 de julio, determinó que la acción de amparo constitucional, no puede ser utilizada como mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su esencia; entendimiento que guarda relación con lo establecido en la SCP 0058/2015-S2 de 3 de febrero, que a su vez cita a la SCP 1311/2012 de 19 de septiembre, señalando que esta acción tutelar no procede si existen otros mecanismos procesales idóneos para atacar la lesión o amenaza a los derechos fundamentales. (…) De lo anotado debe concluirse que la subsidiariedad solo podrá exigirse cuando las vías o recursos de impugnación existentes sean idóneos para la protección inmediata del derecho; pues, cuando no existen estas vías, en virtud a la inmediatez que caracteriza esta acción, corresponderá ingresar al análisis de fondo, dando prevalencia a los derechos y garantías que requieren de tutela inmediata. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional estableció excepciones a la subsidiariedad, ante un posible daño irreparable e irremediable al derecho o garantía acusada como lesionada; dado que, una protección tardía resultaría absolutamente ineficaz, en desmedro de los derechos de las personas agraviadas. Así también se otorga protección especial a grupos de atención prioritaria, como adultos mayores, mujeres embarazadas, pueblos indígenas, discapacitados, niños, niñas y adolescentes.

Consiguientemente, las personas de la tercera edad gozan de una protección reforzada, conforme lo manda el art. 67.I de la CPE, que establece que las personas adultas mayores, además de los derechos reconocidos en la Norma Suprema, tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana. Por su parte, el art. 68 del mismo texto constitucional, refiere que:

I. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades.

II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores (las negrillas son añadidas). Por su parte la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por el Estado boliviano mediante Ley 872 de 21 de diciembre de 2016; en cuyo en su art. 5, señala:

Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros (las negrillas son incorporadas). En el marco de ambas previsiones tanto constitucional como internacional, la Ley General de las Personas Adultas Mayores -Ley 369 de 1 de mayo de 2013-, hace referencia en su Capítulo de Derechos y Garantías, a los derechos a una vejez digna y a un trato preferente en el acceso de los servicios que goza este grupo poblacional -arts. 5 y 7, respectivamente-. A partir de dichas normas, este Tribunal, en su amplia y uniforme línea jurisprudencial, estableció que las personas adultas mayores son parte componente de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; en ese sentido, sus derechos se encuentran reconocidos y se les otorga una particular atención, considerando la situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población; así la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre manifestó en el Fundamento Jurídico III.4, que el trato preferente y especial del que deben ser objeto los ancianos es comprensible: “…dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos”. Así también, es importante mencionar la SC 0989/2011-R de 22 de junio, que el Fundamento Jurídico III.1, refiere:

…la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante “acciones afirmativas” busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado. (las negrillas son añadidas) En ese sentido, en la justicia constitucional existe también un trato preferente a las personas adultas mayores; por ello, a través de la jurisprudencia, se determinó que es posible la presentación directa de la acción de amparo constitucional, sin necesidad de agotar previamente los medios de impugnación existentes -entendimiento asumido, entre otras, por la SCP 0757/2015-S2 de 8 de julio-. La excepción a la subsidiariedad también se aplica en los supuestos en los que se alegue vulneración del derecho a la seguridad social. Así, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 2695/2010-R de 6 de diciembre, sostuvo que este derecho se encuentra vinculado con otros, como la vida, la salud física y psicológica y la dignidad; por lo que, no puede estar supeditado al agotamiento de los medios de impugnación, ya que estos no se constituyen en mecanismos idóneos e inmediatos para la tutela de derechos que merecen una rápida protección; además en este tipo de casos, debe prevalecer el derecho sustantivo a las formalidades, para hacer valer los valores y fines del Estado.

III.2. La interpretación de la legalidad ordinaria

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0231/2018-S2 de 28 de mayo reiterada en la SCP 0683/2023-S1 de 27 de junio, asumió el siguiente razonamiento:

En torno a la interpretación de la legalidad ordinaria, en la SC 1846/2004-R de 30 de noviembrese indicó que si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa, no se quebrantaron los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; dicho razonamiento fue ratificado por la SC 1917/2004-R de 13 de diciembre. Posteriormente, a partir de las SSCC 0718/2005-R de 28 de junio y 0085/2006-R de 25 de enero4, se estableció la carga argumentativa como requisito para el análisis de la interpretación de la legalidad ordinaria. La interpretación de la legalidad ordinaria y su carga argumentativa, como criterio de auto restricción para el ejercicio del control de constitucionalidad, fue también ratificada de forma uniforme por las SSCC 0083/2010-R de 4 de mayo y 1038/2011-R de 22 de junio, entre otras y confirmada por la SCP 0039/2012 de 26 de marzo. Posteriormente, a través de la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, en una interpretación del modelo constitucional vigente a partir del 2009, se 2El FJ III.1, expresa: “Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos de la nación; dado que compete a la jurisdicción constitucional otorgar la protección requerida, a través de las acciones de tutela establecidas en los arts. 18 y 19 de la Constitución, ante violaciones a los derechos y garantías constitucionales, ocasionadas por una interpretación que tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que vulnere principios y valores constitucionales”. 3El FJ III.1, señala: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional verificar si en la labor interpretativa desarrollada por la jurisdicción ordinaria se cumplieron con los requisitos de interpretación admitidos por el derecho y el juez o tribunal intérprete se ha sujetado al sistema de valores y principios que sustentan el sistema constitucional boliviano, para que este Tribunal pueda cumplir con su tarea es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la interpretación porque lesionan sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, fundamentos en los que deberá exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente aplicación de la norma interpretada; asimismo, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al momento de desarrollar la labor interpretativa y asumir la decisión impugnada; pues resulta insuficiente la mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas; porque sólo en la medida en que el recurrente expresa adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación entre la interpretación legal realizada por la jurisdicción ordinaria y los fundamentos que sustentan la interpretación y las conclusiones a las que arribó, con los fundamentos y pretensiones expuestos por el recurrente del amparo constitucional. No debe olvidarse que el art. 97 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión”. 4El FJ III.2, indica: “Conforme a ello, y atendiendo a que la jurisdicción constitucional sólo puede analizar la interpretación efectuada por los jueces y tribunales ordinarios cuando se impugna tal labor como irrazonable, es necesario que el recurrente, en su recurso, a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria: 1. Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y 2. Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional”. 5El FJ III.2, refiere: “Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración recondujo el entendimiento al sentido original del canon de constitucionalidad en la interpretación, plasmado en la SC 1846/2004-R; suprimiendo los requisitos de carga argumentativa exigidos en las líneas antes vigentes, para la interpretación de la legalidad ordinaria.

III.3. Sobre la extinción por inactividad del proceso en el Código de Procedimiento Civil abrogado y en el Código de las Familias y Proceso Familiar vigente

El Código de Procedimiento Civil abrogado, establecía la extinción por inactividad del proceso, conocida también como caducidad o perención de instancia, que se encuentra regulada en los arts. 309, 310, 311 y 312, estableciendo que:

a) “Art. 309.- (DECLARATORIA DE PERENCION). I. Cuando en primera instancia el demandante abandonare su acción durante seis meses, el juez de oficio o a petición de parte, y sin más trámite declarará la perención de la instancia, con costas. II. El plazo se computará desde la última actuación. b) Art. 310.- (MEDIDAS PRECAUTORIAS). Declarada la perención de instancia, se dejarán sin efecto las medidas precautorias que se hubieren decretado, sin perjuicio de la apelación que se interponga.

c) Art. 311.- (EFECTOS DE LA PERENCION). La perención de instancia no importará la extinción de la acción, pudiendo intentarse una nueva demanda dentro del año siguiente. Transcurrido este plazo la acción quedará extinguida. Por otra parte, el Código de las Familias y del Procedimiento Familiar vigente en el art. 302 señala que: “I. El expediente permanecerá en la secretaría del juzgado o tribunal hasta la conclusión del proceso. De existir seis (6) meses de inactividad procesal, la autoridad judicial, dispondrá la extinción de la pretensión y ordenará el archivo del expediente, salvo en procesos en los que exista pretensión de asistencia familiar”.

III.4. Vigencia anticipada del Código de las Familias y del Proceso

Familiar De acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda del Código de las Familias y del Proceso Familiar, se tiene que:

“I. Entrarán en vigencia al momento de la publicación del presente Código, las siguientes normas que alcanzan inclusive a los procesos judiciales en trámite en primera y segunda instancia, y en ejecución de fallos:

a) El régimen de asistencia familiar y disposiciones conexas del presente Código. (…)”

III.5. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento:

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido 8El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 9El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 10El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:

(…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.

(…)

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.

(…)

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.

esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, 11El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 12El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 13El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

14El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 15El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.

III.6. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento de congruencia y a la asistencia familiar vinculada a la vida, salud y educación, e inaplicación del principio del interés superior de los menores, en razón a que, la autoridad ahora demandada, al emitir el Auto de 12 de septiembre de 2022, a través del cual rechazó su solicitud de reajuste y liquidación de asistencia familiar, con el argumento de haber ocurrido la extinción de la causa por perención, no consideró: a) El interés superior del niño, niña y adolescente para aplicar lo dispuesto en el art. 415 del CFPF, dando lugar a lo solicitado; b) Que para que se extinga el derecho de la acción, se requiere que exista una segunda declaratoria de perención de instancia tal como regulaba el art. 312 del CPCabrog, aspecto que no ocurrió; c) Que al momento de solicitarse el desarchivo del expediente el 2015, ya se encontraba vigente el Código de las Familias y del Procedimiento Familiar, y en consecuencia debió observar lo dispuesto en el art. 302 del referido Código, que indica, luego de transcurrido seis meses de inactividad procesal, la autoridad judicial, dispondrá la extinción de la pretensión y ordenara el archivo del expediente, salvo en procesos en los que exista pretensión de asistencia familiar; y, d) La autoridad demandada, incurrió en incongruencia interna; porque si bien, reconoce que la actual normativa familiar no contempla el desistimiento en casos de asistencia familiar y no existe prescripción de derechos; empero, deniega la posibilidad de ejecutar el cumplimiento de la asistencia familiar ya dispuesta por Auto de 1 de noviembre de 2013.

Con carácter previo a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, corresponde señalar que conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, concordante con los arts. 129.I de la CPE, 53.3 y 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), la acción de amparo constitucional se rige por el principio de subsidiariedad; en mérito al cual, podrá plantearse únicamente si no existe otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados; no obstante, la jurisprudencia constitucional estableció que, excepcionalmente puede abstraerse el principio de subsidiariedad cuando exista un posible daño irreparable e irremediable al derecho o garantía acusada como lesionada; dado que, una protección tardía resultaría ineficaz; así también, se otorga protección especial a grupos de atención prioritaria, como adultos mayores, mujeres embarazadas, pueblos indígenas, discapacitados, niños, niñas y adolescentes. En ese sentido la referida jurisprudencia estableció un trato preferente y especial cuando se encuentran involucrados los derechos de los niños, niñas y adolescentes, determinando que es posible la presentación directa de la acción de amparo constitucional, sin necesidad de agotar previamente los medios de impugnación existentes; jurisprudencia aplicable en el caso concreto, siendo que a través de la presente acción de tutela, se reclama el derecho de asistencia familiar de menores de edad, los cuales pertenecen a un grupo vulnerable, que merece protección especial y preferente; por tanto, así no haya agotado los medios legales y judiciales en defensa de los derechos que reclama la ahora impetrante de tutela como madre de los menores, corresponde realizar en su favor una excepción al principio de subsidiariedad que rige a esta acción de defensa. Establecida esta puntualización, corresponde ingresar al fondo de las problemáticas planteadas.

Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que la ahora demandante de tutela al momento de interponer la demanda de ruptura unilateral contra Juvenal Martínez Calani, solicitó en el otrosí 1ro del memorial como medidas provisionales: 1) La separación de cuerpos; 2) La guardia y custodia de sus hijos; y, 3) Se fije una asistencia familiar en favor de los menores (Conclusión II.1.). Por Auto de 1 de noviembre de 2013, la entonces Jueza de Partido Primera de Familia de la Capital del departamento de Oruro, emitió el auto de relación jurídica procesal, calificación y fijación de los puntos de hecho probar, donde complementó las medidas provisionales, fijando una asistencia familiar para los hijos y la ahora impetrante de tutela en Bs800.-, con cargo al ahora tercero interesado (Conclusión II.2.). Por efecto de la decisión, la Secretaria del Juzgado de Partido Primera de Familia de la Capital del citado departamento, elaboró la planilla de liquidación de asistencia familiar por el periodo de 6 de diciembre de 2013 a 6 de febrero de 2014, arrojando la suma de Bs.1 600.- que puesto en conocimiento de las partes, fue aprobado por Auto de 14 de febrero de 2014, por la Jueza de la causa ahora demandada (Conclusión II.3.). Por Auto de 20 de octubre de 2014, la autoridad judicial demandada en observancia del art. 309 del CPCabrog, declaró la perención de instancia del proceso de ruptura unilateral, seguido por la solicitante de tutela contra el ahora tercero interesado, disponiendo el archivo de obrados, el que fue declarado ejecutoriado mediante Auto de 18 de septiembre de 2015 (Conclusión II.4.). Posteriormente, mediante memorial presentado el 6 de noviembre de 2018, la impetrante de tutela, presento liquidación de asistencia familiar, señalando que; si bien, por Auto de 20 de octubre de 2014, se declaró la perención de instancia; sin embargo, corresponde la prestación de la asistencia familiar desde el 7 de febrero de 2014 hasta el 20 de octubre de igual año, haciendo una suma de Bs5 146.- descontando los depósitos efectuados por el ahora tercero interesado (Conclusión II.5.). Por memorial presentado el 9 de junio de 2022, la impetrante de tutela solicitó a la autoridad ahora demandada reajuste automático y liquidación de la asistencia familiar, haciendo un cálculo desde el 7 de febrero de 2014 al 9 de junio de 2022, el cual arrojó la suma de Bs80 000.-. Petición que mereció la providencia de 10 de junio de 2022 por parte de la autoridad demandada, pidiendo aclaración del petitorio al existir en la causa una declaración de perención de instancia (Conclusión II.6.). Como consecuencia, por memoriales presentados el 18 de agosto y 9 de septiembre, ambos de 2022, la ahora demandante de tutela reiteró su solicitud de reajuste de la asistencia familiar o un su defecto un rechazo fundamentado (Conclusión II.7.). Finalmente, mediante Auto de 12 de septiembre de 2022, la Jueza ahora demandada, rechazó la solicitud de reajuste de la asistencia familiar, al considerar que existe una declaración de perención de instancia y como efecto de ella se dispuso el desglose de la documentación adjunta al proceso y el archivo de obrados, añadiendo que, si bien el Código de las Familias y del Proceso Familiar no contempla el desistimiento de las causas de asistencia familiar, y las prescripción de derechos, precautelando el interés superior del niño, niña y adolescente; sin embargo, esta figura no estaba contemplada en el anterior Código de Familia; por lo que, se dispuso la perención de instancia (Conclusión II.8.). Establecidos los antecedentes procesales, se evidencia que la accionante identifica como actos lesivos a sus derechos, que la ahora autoridad demandada no observó el interés superior del niño, niña y adolescente para aplicar lo dispuesto en el art. 415 del CFPF, dando lugar a la solicitud de reajuste y liquidación de la asistencia familiar; que para que se extinga la acción planteada, se requiere que exista una segunda declaratoria de perención de instancia, tal como regulaba el art. 312 del CPCabrog, aspecto que no ocurrió; que al momento de solicitarse el desarchivo del expediente el 2015, ya se encontraba vigente el Código de las Familias y del Procedimiento Familiar, y en consecuencia debió observar lo dispuesto en el art. 302 del referido Código, que indica, luego de transcurrido seis meses de inactividad procesal, la autoridad judicial, dispondrá la extinción de la pretensión y ordenará el archivo del expediente, salvo en procesos en los que exista pretensión de asistencia familiar. En ese sentido, se concluye que la impetrante de tutela pretende que este Tribunal Constitucional Plurinacional, ingrese al análisis y verificación de la legalidad y pertinencia de las disposiciones normativas señaladas y que no hubieran sido adecuadamente observadas por la Jueza ahora demandada al momento de pronunciar el Auto de 12 de septiembre de 2022, lo que hubiera ocasionado la vulneración de sus derechos fundamentales. En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia contenida en los Fundamentos Jurídicos III.2, III.3 y III.4 de este fallo constitucional; se sabe que, no constituye una exigencia para ingresar al fondo de la problemática el cumplimiento de los requisitos exigidos en las autorestricciones, bastará que la parte afectada haga conocer la vulneración de sus derechos respecto a la aplicación o interpretación de la legalidad ordinaria, para que el Tribunal Constitucional Plurinacional ingrese a analizar los hechos denunciados. Asimismo, de acuerdo al art. 309 del CPCabrog, el Juez declarará la perención de instancia cuando el demandante abandonare su acción durante seis meses, declarada la perención de instancia, se dejarán sin efecto las medidas precautorias que se hubieren decretado, sin perjuicio de la apelación que se interponga. La perención de instancia no importará la extinción de la acción, pudiendo intentarse una nueva demanda dentro del año siguiente. Transcurrido este plazo la acción quedará extinguida. Finalmente, de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda del Código de las Familias y del Proceso Familiar, se tiene que, entrarán en vigencia al momento de la publicación del presente Código, las siguientes normas que alcanzan inclusive a los procesos judiciales en trámite en primera y segunda instancia, y en ejecución de fallos, el régimen de asistencia familiar y disposiciones conexas del presente Código. En ese sentido, identificada las problemáticas planteadas e ingresando al análisis de la acción interpuesta, se tiene que, la autoridad demandada a través del Auto de 12 de septiembre de 2022, rechazó la solicitud de reajuste y liquidación de la asistencia familiar presentada por la ahora accionante con base a los siguientes argumentos:

a) Por efecto de la declaración de perención de instancia, se extinguió la acción y se ordenó el archivo de obrados b) Si bien en materia familiar no existe la prescripción de derechos;

sin embargo, al amparo de la legislación anterior con la que se tramitó la causa, se dispuso la perención de instancia.

En el marco de lo expuesto, de la revisión del contenido del Auto de 12 de septiembre de 2022, se advierte que la autoridad judicial ahora demandada no incurrió en la falta de aplicación de la normativa señalada por la accionante; puesto que, si bien el Código de Familia abrogado (CFabrog), no contenía una disposición expresa sobre la extinción de la acción por perención de la instancia; sin embargo, por efecto del art. 383 del CFabrog, se permitía la aplicación de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil a los asuntos de la jurisdicción familiar, en todo lo que no se oponga a las reglas particulares que regían los procesos familiares. En ese contexto, al haber la Jueza ahora demandada, en observancia del art. 309 del CPCabrog, declarado la perención de instancia a través del Auto de 20 de octubre de 2014, con los efectos dispuestos por el art. 311 del mismo cuerpo legal, que establecía que la perención de instancia no importará la extinción de la acción, pudiendo intentarse una nueva demanda dentro del año siguiente, no tenía obligación procesal de aplicar el art. 415 del CFPF, al momento de emitirse el Auto de 12 de septiembre de 2022, debido a que esta norma recién se puso en vigencia el 14 de noviembre de 2014, y porque ya se había extinguido la acción; puesto que, la ahora accionante no interpuso un nuevo proceso dentro del año siguiente. En consecuencia, aún la Disposición Transitoria Segunda del Código de las Familias y del Proceso Familiar, señale que entrará en vigencia al momento de la publicación del referido, el régimen de asistencia familiar que alcanzará inclusive a los procesos judiciales en trámite en primera y segunda instancia, y en ejecución de fallos, no podía ser aplicada, pues la declaratoria de caducidad del proceso, tiene por efecto anular todos los actos procesales verificados y sus consecuencias; entendiéndose como no presentada la demanda y en cualquier juicio futuro sobre la misma controversia transcurrido el año desde su declaratoria, no pudiendo invocarse lo actuado en el proceso caduco. Asimismo, se debe considerar en el marco del art. 310 del CPCabrog, que declarada la perención de instancia, por efecto de la misma se dejarán sin efecto las medidas precautorias que se hubieren decretado. En ese sentido, argumentar por parte de la ahora accionante que la perención de instancia solo alcanza a la pretensión principal referida a la ruptura unilateral y no así a la medida precautoria de asistencia familiar solicitada en la demanda y concedida por la Jueza de la causa, resulta un despropósito; pues, como señala la norma referida supra, declarada la perención de instancia automáticamente quedan sin efecto las medidas precautorias, respondiendo al principio general del derecho que “Lo accesorio sigue la suerte de lo principal”. Normativa que fue aplicada antes de la vigencia anticipada del Código de las Familias y del Proceso Familiar en la que no existía ninguna prohibición de declarar la perención de instancia aún se trate de la asistencia familiar, como lo señala el actual Código de las Familias y el Proceso Familiar. En cuanto al agravio de que la autoridad demandada, incurrió en incongruencia interna, al reconocer por una parte que la actual normativa familiar no contempla el desistimiento en casos de asistencia familiar y no existe prescripción de derechos; empero por la otra, deniega la posibilidad de ejecutar el cumplimiento de la asistencia familiar ya dispuesta por Auto de 1 de noviembre de 2013. Al respecto, la autoridad demandada en el Auto de 12 de septiembre de 2022, señalo que, si bien en materia familiar no existe la prescripción de derechos; sin embargo, al amparo de la legislación anterior con la que se tramitó la causa, se dispuso la perención de instancia. En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.5 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; se sabe que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna. Ahora bien, del contenido del Auto de 12 de septiembre de 2022, se evidencia que no contiene una incongruencia interna; porque si bien, la autoridad demandada mencionó que en la actual normativa familiar no existe la prescripción de derechos; sin embargo, justifica su no aplicación al caso concreto, debido que la legislación familiar anterior con la que se tramitó la causa no existía dicha prohibición; por lo que, en observancia de la normativa civil aplicó la perención de instancia, afectando tanto a la pretensión principal como a la medida precautoria de asistencia familiar concedida. En suma, del análisis efectuado, se concluye que la autoridad ahora demandada al emitir el Auto de 12 de septiembre de 2022, cuestionado a través de esta acción de defensa, cumplió a cabalidad con la obligación procesal de observar el debido proceso en su elemento de congruencia interna, correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela solicitada por esta denuncia. Finalmente, es preciso señalar que en el caso concreto, dada las particularidades de la situación fáctica y al verificarse que la concesión total de la tutela efectuada por Sala Constitucional, produjo un efecto cuyo resultado es de necesario dimensionamiento en el tiempo para no generar disfunciones procesales, de consiguiente corresponde aplicar el entendimiento asumido por la jurisprudencia constitucional sobre la facultad previsora de este Tribunal Constitucional Plurinacional, en situaciones excepcionales en las que se revoca la tutela concedida, pero se advierta dicha necesidad de dimensionar efectos de la concesión inicial, así la SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, señalo que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, los jueces y tribunales de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional deben y/o pueden modular los efectos de sus sentencias en materia de acciones de defensa, otorgando efectos inmediatos, suspensivos, diferidos, conciliatorios, reparadores, preventivos, a las mismas; con el fin de optar por la alternativa que mejor proteja los derechos y garantías constitucionales que fueron motivo de la acción tutelar; de tal suerte que la justicia constitucional venga a reparar o prevenir la lesión a derechos y no se convierta en un incordio dentro del proceso judicial o administrativo del cual emerge; para lo que, debería tenerse en cuenta, que la protección de los derechos fundamentales de la parte accionante no atente o amenace con vulnerar los derechos fundamentales de la o las partes no accionantes o terceros interesados; por lo que, cuando corresponda, deberá dimensionar los efectos de su resolución en cuanto a los procesos judiciales o administrativos de los cuales deriva la acción de defensa.

En virtud al precedente jurisprudencial referido, y en consideración al tiempo transcurrido en la resolución de la presente acción de defensa y al haberse generado en este lapso de tiempo actos procesales, se entiende como producto de la concesión de la tutela solicitada, corresponde a los fines de evitar una disfunción procesal, dimensionar los efectos de la Resolución pronunciado por la Sala Constitucional, conforme a los alcances establecidos en la parte resolutiva del presente fallo constitucional.

En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 116/2022 de 1 de noviembre, cursante de fs. 113 a 117, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional;

2º Dimensionando los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se mantiene la validez de los actos posteriores a la concesión de la tutela efectuada a través de la referida Resolución 116/2022 de 1 de noviembre. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1, indica: “Que, de ese entendimiento jurisprudencial, se extraen las siguientes reglas y sub reglas de improcedencia de amparo por subsidiariedad cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución”.

integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.

6 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 7El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0439_2024-S1.pdf · páginas 1 a 25.

Huella digital del PDF (SHA-256): d86c410fc0caefb52d05758796463d1db0640b69c41d3c5c333c4f8fe70bf261

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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