Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 15 de mayo de 2025
Concede en parte la tutela
El peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de personas con discapacidad, al derecho preferente de los adolescentes a vivir y a crecer en condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral; al trabajo digno; debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; garantía a la protección de personas con discapacidad en lo económico y familiar; y, principios pro homine; de favorabilidad, in dubio pro disciplinario; de verdad material y normativa; y, legalidad; toda vez que, dentro del proceso administrativo disciplinario seguido por AAPOS-Potosí en su contra, se dictó la Resolución Final Proceso Sumario Administrativo 05/2024 de 2 de abril que determinó su desvinculación laboral, decisión contra la cual no estaba de acuerdo; por lo que, formuló recurso de revocatoria, cual fue resuelto por la Resolución a Recurso de Revocatoria 05/2024 de 17 de abril, que ratificó su desvinculación; por consiguiente, interpuso recurso jerárquico, impugnando esa determinación, siendo dilucidada por la Resolución a Recurso Jerárquico 03/2024 de 7 de noviembre, sin cumplir con la debida fundamentación, motivación y congruencia ni ponderar derechos de las personas con discapacidad al trabajo y la inamovilidad laboral, como tampoco los derechos de sus hijos menores con discapacidad; lo que dio lugar, a la emisión de la Resolución Gerencial 04/2024 de 8 de noviembre, que declaró por ejecutoriada la citada Resolución a Recurso Jerárquico, disponiendo su destitución, provocando el Memorándum RH. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 075/2024 de 26 de noviembre, cursante de fs. 175 vta. a 181 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Potosí; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los derechos a la inamovilidad laboral de personas con discapacidad, al derecho preferente de los adolescentes a vivir y crecer en condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral, al trabajo digno, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; y, a la estabilidad laboral. a) Dejar sin efecto la Resolución a Recurso Jerárquico 03/2024 de 7 de noviembre, la Resolución Gerencial 04/2024 de 8 de noviembre y el memorándum R.H. 62/24 de igual fecha, debiendo la autoridad sumariante demandada emitir una nueva resolución de acuerdo al análisis efectuado por este Tribunal Constitucional Plurinacional; correspondiendo la reincorporación laboral de Juan Carlos Téllez Chumacero al mismo cargo que ocupaba hasta antes de su desvinculación, el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que le conciernan. b) Sin lugar al pago de costas procesales, daños y perjuicios.
2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a la vulneración a los principios pro homine, de favorabilidad, in dubio pro disciplinario, de verdad material, normativa y legalidad, de acuerdo a los fundamentos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0438/2025-S1 Sucre, 15 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 69173-2024-139-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 075/2024 de 26 de noviembre, cursante de fs. 175 vta. a 181 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Carlos Téllez Chumacero contra Gabriel Torrez Arancibia, Gerente General a.i. de la Administración Autónoma para Obras Sanitarias (AAPOS) - Potosí.
Mediante memoriales presentados el 19 y 22 de noviembre de 2024, cursantes de fs. 45 a 65 vta., y fs. 68 a 75 vta., el impetrante de tutela expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que el 11 de marzo de 2024, fue notificado con el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo Interno 05/2024 de igual fecha, dispuesto por la Autoridad Sumariante de la Administración Autónoma para Obras Sanitarias AAPOS-Potosí, por la presunta comisión de faltas graves y contravenciones del Reglamento Interno aprobado por la Resolución de Directorio de AAPOS-Potosí 010/09 de 29 de julio de 2009, adecuando su conducta al art. 57 incs. b); abandono injustificado de lugar de trabajo; i) usar o abusar con asuntos particulares los vehículos, maquinas, herramientas, equipos, útiles y otros de propiedad de AAPOS-Potosí; l) ingerir bebidas alcohólicas durante la jornada de trabajo y en dependencia de la Empresa; m) conducir vehículos o manipular herramientas de la Empresa en estado de ebriedad; y, s) cometer o promover actos reñidos con la moral; presuntamente concordante, con los arts. 16 inc. c) de la Ley General del Trabajo (LGT) referido a las omisiones o imprudencia que afecten a la seguridad o higiene industrial y 9 de su Reglamento, inc. c)
omisiones o imprudencias que afecten a la higiene y seguridad industrial; e) incumplimiento total o parcial del contrato de trabajo o del reglamento interno de la Empresa; g) abuso de confianza, robo o hurto por el trabajador; h) vías de hecho, injurias o conducta inmoral en el trabajo; sin embargo, el mismo no cumplió con la debida fundamentación y motivación; por lo que, interpuso excepciones e incidentes que nunca fueron resueltas. Posteriormente fue notificado con la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 05/2024 de 2 de abril, contra el cual formuló recurso de revocatoria, el cual mereció una respuesta subjetiva mediante Resolución de Recurso Revocatoria 05/2024 de 17 de abril, que ratificó la citada Resolución Final; contra la referida determinación interpuso recurso de “revocatoria” -lo correcto es jerárquico- en el término de tres días hábiles, sin embargo, el 23 de igual mes y año, fue notificado con la decisión que dispuso la ejecutoria de la mencionada Resolución Final, por el que, el ahora demandante de tutela fue destituido de sus funciones; Auto que fue dejado sin efecto, así como el memorándum con CITE: 34/2024 de 6 de mayo, por la SCP 0830/2024-S3 de 19 de septiembre, que dispuso la reincorporación inmediata del solicitante de tutela como funcionario de AAPOS-Potosí. Refirió que dicha determinación fue cumplida a regañadientes, empero, en tan solo algunos días el Tribunal Sumariante Jerárquico de AAPOS-Potosí, emitió dos resoluciones, la primera, la Resolución a Recurso Jerárquico 03/2024 de 7 de noviembre, emitido por la autoridad ahora demandada en su calidad de Sumariante Jerárquico de AAPOS-Potosí; y, la segunda, la Resolución Gerencial 04/2024 de 8 de noviembre, también pronunciada por la precitada autoridad, en su calidad de Gerente General a.i. de AAPOS-Potosí, determinaciones completamente arbitrarias y vulneradoras de sus derechos humanos sociales y económicos de persona de un grupo vulnerable con discapacidad, sin considerar los derechos preferentes de la niñez y adolescencia que tienen sus dos hijos adolescentes, también con discapacidad; puesto que, en la citada Resolución a Recurso Jerárquico 03/2024, la autoridad ahora demandada, confirmó “…la Resolución Final Proceso Sumario Administrativo No 05/2024 y la Resolución de Recurso de Revocatoria Nº 5/2024 de 17 de abril de 2024 ” (sic); Resolución Final que determinó su desvinculación laboral; y, con una intencionalidad manifiesta de destituirlo a toda costa de AAPOS-Potosí, se emitió el Memorándum RH. 62/24 de 8 de noviembre de 2024, que dispuso el agradecimiento de sus servicios en cumplimiento a la mencionada Resolución Gerencial 04/2024. Ahora bien, la Resolución Jerárquica 03/2024 y el Memorándum RH. 62/24, son vulneradoras de sus derechos y garantías fundamentales; puesto que, el proceso administrativo no ponderó los derechos humanos de un trabajador con discapacidad y los de sus dos hijos adolescentes de trece y dieciséis años de edad en etapa de estudio y con discapacidad, ni los derechos de las familias y su garantía a las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral; que si bien, existe la posibilidad de revertirlas a través de un proceso administrativo coactivo fiscal; empero, este tipo de procesos tardaría mucho y resultaría tardía la protección que brindaría en la vía ordinaria a sus derechos, y vinculada a la de sus hijos y familia.
El peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral de personas con discapacidad, al derecho preferente de los adolescentes a vivir y a crecer en condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral, al trabajo digno, debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; garantía a la protección de personas con discapacidad en lo económico y familiar; y, principios pro homine, de favorabilidad, in dubio pro disciplinario, de verdad material y normativa; asimismo, ampliándolo en audiencia acusó la infracción del derecho a la estabilidad laboral y el principio de legalidad, citando al efecto los arts. 14.2, 46, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 70, 71 y 72 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 1.II, 4.I inc. d), 4.2, 5, 25, 27, 702, 10 y 27.I inc. b) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto: a) La Resolución a Recurso Jerárquico 03/2024 de 7 de noviembre, emitido por la autoridad ahora demandada en calidad de Autoridad Sumariante Jerárquica; b) La Resolución Gerencial 04/2024 de 8 de noviembre, también dispuesta por la autoridad demandada en su calidad de Gerente General a.i.; ambos cargos de AAPOS-Potosí; c) Se ordene su reincorporación laboral, con el mismo ítem y al puesto que ocupaba, mientras se agota la vía ordinaria a fin de definir su situación laboral; y, d) El pago de sueldos devengados y demás derechos sociales que le corresponden por ley; costas procesales, daños y perjuicios ocasionados.
Efectuada la audiencia pública de la presente acción de amparo constitucional el 26 de noviembre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 168 a 175, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado, se ratificó de manera íntegra en los términos del memorial de acción tutelar y ampliando los mismos, en audiencia, señaló que: 1) Posterior a un proceso laboral basado en pruebas ilícitas, como una alcoholemia con violación de derecho y garantías; puesto que, el Juez Sumariante de AAPOS-Potosí en franco desconocimiento de las normas laborales de protección hacia los trabajadores ante cualquier circunstancia y fuera del marco de aplicabilidad, razonabilidad y de ponderación de derechos, pronunció una resolución de destitución, que derivó en la formulación de una acción de amparo constitucional que dispuso la reincorporación del ahora demandante de tutela, estableciendo que el recurso jerárquico interpuesto en su momento y obstaculizado en su trámite corriera su curso; 2) Ante la intencionalidad dolosa y negativa en favor del trabajador de AAPOS-Potosí, nuevamente a través de una respuesta a la Resolución Jerárquica 03/2024, la autoridad ahora demandada por medio de la Resolución “Jerárquica” -lo correcto es Gerencial- 04/2024 dispuso la destitución o desvinculación del solicitante de tutela; 3) Refirió que el peticionante de tutela en su momento dio a conocer que tiene una discapacidad del 33%, incluso más allá de ello, cuenta con una familia constituida con hijos, siendo dos de ellos adolescentes, uno de dieciséis años con 17% de discapacidad, y otra de trece años con un 47% de discapacidad, circunstancias que hacen aplicable la posibilidad de razonamiento lógico de derechos y garantías constitucionales previos al jus puniendi; del Estado en vía administrativa; puesto que, estos hijos poseen una aplicación preferente en sus derechos y garantías constitucionales establecidos en los arts. 58, 59 y 60 de la CPE; 4) La destitución del peticionante de tutela lesionó su derecho establecido en la línea jurisprudencial de las SSCCPP 463/2019-S2 de 9 de julio; 562/2019-S2 de 17 de julio y 580/2019-S2 de 22 de julio; y si bien no se agotó la vía administrativa contenciosa, empero, a partir de la Constitución Política de Estado de 2009, rige un Estado social unitario de derecho plurinacional; en ese sentido, está primero los derechos y garantías constitucionales antes que cualquier circunstancia, es decir, el derecho subjetivo traducido en un proceso administrativo contencioso, está por debajo de la aplicación preferente y de favorabilidad de sus derechos y garantías constitucionales del accionante, esto por sus características propias que posee como beneficiario; 5) Si bien se llevó a cabo un pseudo proceso laboral, informar que los ítems de este ciudadano ya fue dispuesto incluso antes de su destitución, en ese sentido, dicha circunstancia obliga que mediante la presente acción tutelar se objete dos fallos; la Resolución Jerárquica 03/2024 de 7 de noviembre, la cual resuelve confirmar la Resolución Final 05/2024 de 2 de abril; y, la Resolución Gerencial 04/2024, con la cual se lo desvinculó y agradeció los servicios del ahora impetrante de tutela; y, 6) Estas dos Resoluciones lesionaron su derecho a la estabilidad laboral, protección y ponderación a sus derechos constitucionales y el deber que tiene el Estado de proteger a las personas con discapacidad, así como el debido proceso, el principio de legalidad en la sustanciación y aplicación de sus derechos, el in dubio pro actione en favor del trabajador, es decir, las normas deben interpretarse desde un ámbito lógico, racional y jurídico.
Gabriel Torrez Arancibia, Gerente General a.i. y Representante Legal de AAPOS-Potosí, mediante informe escrito, cursante de fs. 94 a 99, indicó que: i) Se llevó adelante un proceso administrativo interno de carácter disciplinario contra el ahora demandante de tutela, estableciéndose la responsabilidad administrativa en el marco de la Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-,que surgió cuando la acción u omisión contraviene, en el caso presente -refiriéndose al proceso administrativo- el Ordenamiento Jurídico Administrativo; la Ley General del Trabajo y su reglamento; la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar; el Decreto Ley 16998 de 2 de agosto de 1979; y, el Reglamento Interno de AAPOS-Potosí; ii) En ese sentido, el Responsable de Recursos Humanos (RR.HH.) de AAPOS-Potosí, mediante el Cite: RH. 050/2024 de 28 de febrero, presentó denuncia en contra del impetrante de tutela, por los hechos ocurridos el 27 de febrero del mismo año; toda vez que, en horario de trabajo aproximadamente a horas 15:00, junto con otros trabajadores se encontraban a bordo del vehículo de propiedad de AAPOS-Potosí, en el que consumían bebidas alcohólicas, hechos que llegaron al conocimiento de los efectivos policiales, quienes tuvieron que conducirlos a dependencias de la Unidad de Tránsito de Potosí; iii) Ante dicha denuncia, el 11 de marzo de 2024, se inició un proceso administrativo interno de carácter disciplinario en contra de Juan Carlos Téllez Chumacero -ahora solicitante de tutela-, en el marco de las normas de responsabilidad por la función pública de la Ley 1178, cumpliéndose con las etapas sumarial y de impugnación, siendo parte del proceso administrativo desde el inicio del proceso, asumiendo defensa plena y agotando todas las instancias de impugnación, no pudiendo el peticionante de tutela alegar vulneración de su derecho a la defensa; iv) Concluyendo con la emisión de la citada Resolución del Recurso Jerárquico 03/2024, mediante la cual se confirmó la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 05/2024 de 2 de abril y la Resolución de Recurso de Revocatoria 05/2024 de 17 del mismo mes y año; v) Con relación a la supuesta vulneración de los derechos preeminentes a la inamovilidad laboral de personas con discapacidad, al derecho preferente de los adolescentes a vivir y a crecer en condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral, a la garantía obligatoria otorgada por parte del Estado a la protección de personas con discapacidad en lo económico y familiar y protección del trabajo digno de personas con discapacidad que le asegure para sí y su familia una existencia digna, el impetrante de tutela simplemente se limitó a enunciar y señalar normativa referida a derechos y principios relativos a la protección de personas con capacidades diferentes y la de su familia; sin embargo, aclarando que en el referido proceso administrativo, no ocurrió un despido arbitrario y unilateral, más al contrario el ahora demandante de tutela fue parte de una serie de actos reprochables que contravinieron normativa administrativa, razón por la que fue pasible de un proceso administrativo interno donde se determinó su destitución por la gravedad de sus actos y medios probatorios que demostraron su responsabilidad; vi) No se puede invocar la inamovilidad laboral como argumento para evadir la responsabilidad del funcionario público o como elemento de impunidad, esto conforme el Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2019, que en situación análoga, señala en su art. 5: “…no se gozara de este beneficio de inamovilidad laboral a los trabajadores que incurran en has causales de conclusión de la relación laboral atribuible a su persona, previo cumplimiento por parte del empleador público o privado de los procedimientos que fijan las normas para extinguir la relación laboral”, en el caso, se llevó adelante un proceso administrativo interno; de otra parte, el art. 49.II de la CPE establece el derecho de la inamovilidad laboral, empero, este artículo aclara que esta prohibición de despidos es para el caso de retiros injustificados contrario a lo que sucedió; vii) Con respecto a la lesión por ausencia de ponderación y debida fundamentación, motivación de las resoluciones; señalando que el sumariante no tomó en cuenta los arts. 58, 59, 60, 61 y 62, de la CPE; y, 1.II., 4.1 inc. d), 4.2., 7.2, 10, 27.1 y 27.1 inc. b); de la CDPD; este catálogo de derechos y principios no establece algún régimen de impunidad en favor del ahora peticionante de tutela, tampoco explicó de qué manera se vulneró los derechos enunciados; asimismo, refirió que la prueba tenida como tal, es vulneradora del debido proceso en su vertiente debida motivación y fundamentación, empero, el impetrante de tutela no señaló con precisión, qué prueba no fue valorada; viii) En cuanto a la falta de aplicación de garantías y derechos fundamentales relacionados con los principios pro homine y de favorabilidad, con relación al in dubio pro disciplinario, indicando que existió una falta de aplicación material de los principios de proporcionalidad de las resoluciones, señalando que el acto debió ser proporcional a los hechos o causa que los originó, sin embargo, no se puede alegar, la existencia de dicha vulneración; toda vez que, el ahora demandante de tutela, tenía bastantes antecedentes por reincidencia de consumo de bebidas alcohólicas en horario de oficina, siendo las pruebas suficientes para el establecimiento de la responsabilidad administrativa y su consecuente destitución; y, ix) Con referencia a la verdad material y normativa, que supuestamente no se consideró, en el caso, no señaló, qué elementos propuestos no fueron estimados, no indicó qué medios de prueba fueron obviados e ignorados dentro de la tramitación del proceso disciplinario y que le habría generado agravio dejándole en indefensión; por lo que, solicitó se deniegue la tutela, manteniendo firme y subsistente la Resolución a Recurso Jerárquico 03/2024 emitido dentro del proceso sumario administrativo 05/2024 AAPOS-Potosí. 1.2.3. Intervención de los terceros interesados Jhonny Marca Velásquez Mendoza, Representante Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de AAPOS-Potosí, en audiencia manifestó lo siguiente: a) El informe emitido por la autoridad ahora demandada carece de muchas verdades; puesto que, en la Institución de AAPOS-Potosí no existe respeto ni por la parte humana, ni a resoluciones ministeriales como a Sentencias Constitucionales Plurinacionales; tema por el cual se conversó con el anterior Gerente General de dicho establecimiento, así como también de la situación física del solicitante de tutela; b) Existen muchos casos en el que se cometieron estos atropellos; puesto que, se realizaron una serie de abusos por la parte jurídica y ejecutiva de AAPOS-Potosí; y, c) El informe presentado por la autoridad ahora demandada carece de muchas verdades, siendo una forma más de “cuidar su pega por el conteo de pegas” (sic); toda vez que, se dispuso ítems cuando se encontraba aún en trámite el proceso, tal cual es el caso del solicitante de tutela, asimismo, existen aspectos que se encuentran dañando económicamente a la empresa, toda vez que, existen compañeros que fueron destituidos y regresaron mediante Sentencias Constitucionales Plurinacionales con sueldos devengados, como por ejemplo el tema de dos compañeros donde la empresa debe responder casi medio millón de bolivianos; en el caso del peticionante de tutela es injusto y en cada institución debe haber por lo menos un 4% de compañeros discapacitados.
La Sala Constitucional Primera del departamento de Potosí, mediante Resolución 075/2024 de 26 de noviembre, cursante de fs. 175 vta., a 181 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo: 1) Dejar sin efecto la Resolución a Recurso Jerárquico 03/2024, emitido por la autoridad ahora demandada y emergente de ello la Resolución Gerencial 04/2024 dispuesto por la misma autoridad; 2) Que la autoridad demandada emita una nueva Resolución Jerárquica, tomando en cuenta los argumentos expuestos en la resolución constitucional, debiendo ser la misma fundamentada y motivada; 3) La reincorporación del accionante a AAPOS-Potosí, en el ítem que venía ocupando, sea en forma provisional hasta en tanto se pueda definir su situación laboral en la vía ordinaria; con base a los siguientes fundamentos: i) La presente acción tutelar se admitió en base a la acreditación del accionante de su condición de persona con discapacidad y que además se encuentra a su cargo dos menores adolescentes -sus hijos- ambos con capacidades diferentes y que se encuentran dentro de un grupo vulnerable de la población; por lo que, se obvió el principio de subsidiariedad; ii) Del contenido del memorial de recurso jerárquico, se advirtió que la autoridad ahora demandada dio respuesta a cada uno de los agravios planteados por el accionante; sin embargo, se observó que no se pronunció de manera fundamentada y motivada respecto a la vulneración de legalidad a la ausencia de tipicidad de conducta denunciada por el accionante y consiguiente subsunción en el tipo disciplinario, puesto que, solo se limitó en señalar las faltas previstas en el art. 57 incs. b), i), l), y m), indicando que la observación realizada por el peticionante de tutela es infundada; toda vez que, dicho aspecto se encontraba claramente establecido, conforme las normas internas vulneradas; empero, no entró al análisis de cada uno de las faltas; iii) Asimismo, se advirtió que la autoridad ahora demandada, omitió dar respuesta fundamentada y motivada dentro de la Resolución a Recurso Jerárquico 03/2024 al agravio respecto "…a la exposición de agravios en la violación al agravio que refiere el accionante en sentido de que no se puede tomar contra la declaración del investigado" (sic), efectuando simplemente una breve referencia; iv) Por otra parte, se tiene que no se dio respuesta a los agravios reclamados por el accionante, respecto a los principios de la Ley de Procedimiento Administrativo; así también, la Resolución ahora impugnada no fundamentó ni motivó por qué se confirmó la Resolución Final 05/2024 con relación a la desvinculación laboral del impetrante de tutela, es decir, no explicó por qué se aplicó la sanción, ni por qué corresponde ese tipo de sanción, tomando en cuenta que el art. 58 del Reglamento Interno de AAPOS-Potosí, tras hacer referencia en el art. 57 de faltas graves por las cuales corresponde un proceso administrativo, haciendo referencia a una escala de sanciones establecidas por una primera vez la sanción económica, por segunda vez otra sanción económica, por tercera vez una suspensión de labores previa instauración de un proceso administrativo y cuarta vez recién un retiro definitivo de la empresa; por lo que, no justifica por qué se aplica la desvinculación laboral del sumariado, sí es que incurrió en una cuarta falta grave o es que en cuantas faltas graves concretamente hubiera incidido, y si estos aspectos estarían considerados como prueba dentro del referido proceso administrativo o fueron tomados en cuenta para la Resolución, desconociéndose de dónde surge ese tipo de sanción, vulnerándose de esa manera el debido proceso como derecho y garantía prevista en la Constitución Política del Estado; v) La falta de fundamentación y motivación de la Resolución Jerárquica 03/2024, lesionó también los otros derechos que fueron alegados por el solicitante de tutela, como el tema de no tomar en cuenta su situación discapacidad ni la de sus hijos, al estar inmersos en un grupo vulnerable de la población; debiendo toda autoridad sea judicial o administrativa acudir a un enfoque de interseccionalidad previstos en las Sentencias Constitucionales desarrollados por el Tribunal Constitucional Plurinacional en caso de este tipo de personas; vi) La Sala Constitucional advirtió la vulneración de los derechos alegados por el accionante y no así de los principios, que si bien son base para la toma de resolución administrativa y/o judicial, empero, no corresponden ser tutelados, como elementos dentro del debido proceso qué es un derecho y garantía contenida por la Constitución Política del Estado. En vía de complementación, aclaración y enmienda, el impetrante de tutela a través de su abogado, solicitó: a) La Resolución constitucional en su parte in fine dispuso la reincorporación de Juan Carlos Téllez Chumacero con el mismo ítem que estuvo durante todo ese tiempo, así como la emisión de una nueva Resolución debidamente fundamentada, respondiendo a los agravios que fueron omitidos; sin embargo, contrariamente señalaron que esta Resolución sea de manera temporal, mientras tanto se lleve adelante la vía ordinaria -proceso contencioso administrativo-, en ese sentido, “…existe una incongruencia toda vez que en la resolución nueva a dictarse puede ser que esta sea confirmatoria o denegatoria de la resolución anterior, pero además por el razonamiento que se ha vertido especialmente en la calificación de la pena de la sanción es completamente incongruente, entonces la previsión lógica y razonable es que el ciudadano Juan Carlos Téllez Chumacero en todo caso no va a ser sancionado con la misma sanción” (sic), en ese sentido, se aclare si es que corresponde la vía ordinaria después de la emisión de la nueva resolución emitida por la ahora autoridad jerárquica; y, b) Complemente respecto al perjuicio causado; ya que, son varios meses que no ha gozado de sus beneficios laborales al sueldo y al pago que normalmente percibía una persona bajo esta calidad y bajo esta circunstancia. En la misma línea en grado de aclaración, complementación y enmienda, la autoridad ahora demandada a través de sus representantes legales conforme el art. 36.9 del Código de Procedimiento Civil (CPCo) señaló: 1) Aclare respecto a la eventual emisión de una Resolución confirmatoria, subsanando las observaciones en los fundamentos y motivación, en el caso de AAPOS-Potosí, se estaría en la incertidumbre de estar a la espera provisional de un proceso ordinario; puesto que, la institución no podría iniciar una acción contra sí mismo, es decir, que se encontrarían en una incertidumbre jurídica sobre la disposición de carácter provisional de reincorporación; y, 2) Aclare con relación a la reincorporación del solicitante de tutela al mismo puesto de trabajo y funciones que cumplía; puesto que, de la revisión del proceso administrativo interno en otro proceso penal, la licencia fue suspendida del ahora impetrante de tutela, siendo ese aspecto una imposibilidad objetiva, real y material para reincorporarlo al mismo puesto de trabajo. En mérito a las referidas solicitudes, la Sala Constitucional, mediante Auto Complementario 185/2024 de 26 de noviembre, dispuso: i) Con relación a las aclaraciones solicitadas, en la misma acción de amparo constitucional se solicitó que se reincorpore al peticionante de tutela a su fuente laboral, mientras se agote la vía ordinaria; en ese sentido, se extraña que se pida tal aclaración, cuando ese petitorio nació de la misma parte accionante; sin embargo, como señaló la Vocal Presidenta de la Sala, se está reincorporando provisionalmente a sus funciones hasta en tanto se agote la vía ordinaria; ya que, no se puede estar sujeto a mayores eventualidades, sino cuando salga la resolución que vaya a emitirse; ii) En cuanto a la reincorporación al mismo puesto de trabajo, existe una Sentencia Constitucional Plurinacional que ordenó la reincorporación del peticionante de tutela, entonces la Sala Constitucional no puede desconocer lo dispuesto por dicho fallo constitucional; por lo que, no corresponde aclarar duda alguna; y, iii) Finalmente respecto al pago de sueldos, los mismos son concedidos siempre y cuando sea ratificada la Resolución emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Carnet de Discapacidad con número 245164, emitido por el Comité Departamental de la Persona con Discapacidad de Potosí (CODEPEDIS), con vigencia desde el 3 de octubre de 2024 al 3 del mismo mes de 2030, correspondiente Juan Carlos Téllez Chumacero -ahora impetrante de tutela-, en el que se evidencia que presenta un tipo de discapacidad física motora de grado moderado, con un porcentaje de un 33% (fs. 10). II.2. A través de la Certificación de 6 de marzo de 2023; de conformidad a los arts. 70, 71 y 72 de la CPE y la Ley 223 de 2 de marzo de 2012, el Responsable de CODEPEDIS-Potosí, certificó que su hijo menor BB, valorado por el equipo médico Bio-Psico-Social de ese departamento dependiente del Ministerio de Salud, presenta un tipo de discapacidad física motora de grado leve, con un porcentaje de un 17% (fs. 11). II.3. Cursa Carnet de Discapacidad con número 244168, emitido por CODEPEDIS de igual departamento, con vigencia desde el 5 de junio de 2024 al 5 del mismo mes de 2030, correspondiente a su hija menor AA, en el que se evidencia que presenta un tipo de discapacidad múltiple de grado moderado, con un porcentaje de un 47% (fs. 12). II.4. Consta Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 05/2024 de 11 de marzo, la Autoridad Sumariante de AAPOS del mencionado departamento, dispuso la apertura de proceso sumario interno contra Juan Carlos Téllez Chumacero, -ahora demandante de tutela- por la presunta vulneración de los arts. 57 incs. b), i), l), m), s) del Reglamento Interno de AAPOS-Potosí, concordante con el 16 inc. c) de la Ley General del Trabajo y 9 incs. c), e), g) y h) de su Reglamento (fs. 652 a 664). II.5. Por Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 05/2024 de 2 de abril, emitido por la Autoridad Sumariante de AAPOS-Potosí, en el cual, se establece la responsabilidad administrativa del solicitante de tutela, por haber vulnerado de los arts. 57 incs. b), i), l), m) del Reglamento Interno de Personal de AAPOS-Potosí, concordante con el 16 incs. c) y e) de la Ley General del Trabajo y 9 incs. c) y e) de su Reglamento y según establece por el 21 inc. f) del DS 26237 de 29 de junio de 2001 (fs. 398 a 425). II.6. Mediante la Resolución a Recurso Revocatorio 05/2024 de 17 de abril, Osmar Ricardo Pino Gallardo -Autoridad Sumariante de AAPOS-Potosí-, ratifica la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 05/2024 de 2 de abril (fs. 350 a 368 vta.). II.7. Cursa Auto de 23 de abril de 2024, por el cual la Autoridad Sumariante dispuso, la ejecutoria de la Resolución Final de 2 de abril de 2024 del proceso Sumario Administrativo 05/2024 seguido contra Juan Carlos Téllez Chumacero -ahora peticionante de tutela-, por haber interpuesto el recurso jerárquico fuera de plazo (fs. 331). II.8. Cursa SCP 0830/2024-S3 de 19 de septiembre, emitida dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Carlos Téllez Chumacero contra Osmar Ricardo Pino Gallardi, Autoridad Sumariante y Emilce Marcela Elías Videla, Secretaria Sumariante; concediendo en parte la tutela, disponiendo dejar sin efecto el Auto de 23 de abril de 2024, que declaró la ejecutoria de la Resolución Final del Proceso Sumario Administrativo 05/2024, debiendo la citada Autoridad Sumariante de AAPOS-Potosí, sustanciar y remitir el recurso jerárquico a la autoridad jerárquica para su pronunciamiento de fondo, dejando sin efecto el Memorándum con CITE: 34/24 de 6 de mayo de 2024, correspondiendo como efecto la reincorporación laboral inmediata del accionante al puesto laboral que se encontraba ocupando antes de su desvinculación laboral (fs. 300 a 309). II.9. Cursa Memorándum CITE R.H. 56/24 de 22 de octubre de 2024, a través del cual el Gerente General a.i. y la Unidad de RR.HH. de AAPOS-Potosí, comunicó a Juan Carlos Téllez Chumacero -ahora impetrante de tutela-, su reincorporación a sus funciones correspondiente al puesto de Chofer de Servicios, esto en cumplimiento a la SCP 0830/2024-S3 (fs. 3). II.10. Consta memorial de 22 de abril de 2024, por el cual, el ahora demandante de tutela interpuso recurso jerárquico, contra la Resolución del Recurso de Revocatoria 05/2024 de 17 de abril, emitido dentro del proceso administrativo 05/2024 de 2 de abril, seguido en su contra, mediante el cual solicitó dejar sin efecto la citada Resolución y se dicte una nueva conforme a los antecedentes existentes, debiendo eximirse de toda responsabilidad (fs. 333 a 349). II.11. Mediante la Resolución a Recurso Jerárquico 03/2024 de 7 de noviembre, se Confirmó la Resolución Final del Proceso Sumario Administrativo 05/2024 de 2 de abril y la Resolución de Recurso de Revocatoria 05/2024 de 17 del mismo mes y año, dentro del proceso sumario administrativo 05/2024, seguido en contra Juan Carlos Téllez Chumacero -ahora solicitante de tutela-, disponiendo la ejecución de la sanción establecida en la citada Resolución Final, es decir, la desvinculación laboral del peticionante de tutela (fs. 20 a 41). II.12. A través de la Resolución Gerencial 04/2024 de 8 de noviembre, emitido por el Gerente General a.i., AAPOS-Potosí, se estableció la responsabilidad administrativa en contra del ahora impetrante de tutela, determinando su desvinculación laboral en el marco del art. 29 de la Ley 1178, conforme establece la Resolución Final del proceso administrativo interno 05/2024, Resolución ejecutoriada a la fecha conforme a la Resolución a Recurso Jerárquico 03/2024, disponiéndose la destitución del ahora demandante de tutela (fs. 43 a 44). II.13. Por Memorándum de Agradecimiento de Servicios CITE R.H. 62/24 de 8 de noviembre de 2024, el Gerente General a.i. de AAPOS-Potosí, comunicó a Juan Carlos Téllez Chumacero -ahora solicitante de tutela-, su desvinculación laboral, del cargo que ejercía como Chofer de Servicios (fs. 42). II.14. Cursa Reglamento Interno de AAPOS-Potosí (fs. 135 a 152).
El peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de personas con discapacidad, al derecho preferente de los adolescentes a vivir y a crecer en condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral; al trabajo digno; debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; garantía a la protección de personas con discapacidad en lo económico y familiar; y, principios pro homine; de favorabilidad, in dubio pro disciplinario; de verdad material y normativa; y, legalidad; toda vez que, dentro del proceso administrativo disciplinario seguido por AAPOS-Potosí en su contra, se dictó la Resolución Final Proceso Sumario Administrativo 05/2024 de 2 de abril que determinó su desvinculación laboral, decisión contra la cual no estaba de acuerdo; por lo que, formuló recurso de revocatoria, cual fue resuelto por la Resolución a Recurso de Revocatoria 05/2024 de 17 de abril, que ratificó su desvinculación; por consiguiente, interpuso recurso jerárquico, impugnando esa determinación, siendo dilucidada por la Resolución a Recurso Jerárquico 03/2024 de 7 de noviembre, sin cumplir con la debida fundamentación, motivación y congruencia ni ponderar derechos de las personas con discapacidad al trabajo y la inamovilidad laboral, como tampoco los derechos de sus hijos menores con discapacidad; lo que dio lugar, a la emisión de la Resolución Gerencial 04/2024 de 8 de noviembre, que declaró por ejecutoriada la citada Resolución a Recurso Jerárquico, disponiendo su destitución, provocando el Memorándum RH. 62/24 de igual fecha, de agradecimiento de sus servicios. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; b) El acceso directo a la jurisdicción constitucional para la tutela de los derechos de personas con discapacidad o que tienen a su cargo personas con discapacidad; c) Protección reforzada respecto a las personas con discapacidad; d) Marco normativo sobre inamovilidad y estabilidad laboral de las personas discapacitadas y protección constitucional de los derechos laborales de personas con discapacidad; y, e) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
1El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma.
…consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.
2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.
4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”.
5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:
(…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.
(…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
(…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.
6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.
Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.
8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.
10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0463/2019-S2 de 9 de julio, asumió el siguiente razonamiento:
En ese orden, corresponde distinguir las dos modalidades diferenciadas de protección constitucional que proceden y que están en la tradición jurisprudencial ante la vulneración de la garantía de la inamovilidad laboral, como son: a) La tutela directa a través de la acción de amparo constitucional, sin la exigencia del agotamiento de ninguna vía judicial o administrativa en un supuesto de excepción al principio de subsidiariedad -SCP 1422/2004-R de 31 de agosto-; o, en su caso; b) La tutela a través de la acción de amparo constitucional, vía cumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo. La distinción mencionada, permite visualizar claramente que ante despidos producidos en el sector público o privado, la búsqueda de la protección de la garantía de inamovilidad laboral de la o del trabajador con discapacidad o de la o el trabajador que tiene bajo su dependencia una persona con discapacidad, formalmente puede tener dos procedimientos disímiles; por cuanto, algunas veces opta por acudir directamente a la justicia constitucional vía amparo constitucional sin que exista ninguna conminatoria de reincorporación emitida por la autoridad administrativa laboral y, otras veces, elige acudir previamente a la vía administrativa, esto es, ante la Jefatura Departamental del Trabajo, y en este camino procesal, obtiene una conminatoria de reincorporación, y ante el incumplimiento por el empleador, interpone acción de amparo constitucional buscando precisamente se cumpla tal conminatoria. En ese orden, si bien formalmente se plantean dos actos lesivos distintos ante la justicia constitucional, esto es: 1) La denuncia de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo por el empleador; y, 2) La denuncia de despido del trabajador, bajo la protección de la garantía de inamovilidad por ser una persona con discapacidad o tener bajo su dependencia una persona con discapacidad, a ser valorada directamente por la justicia constitucional, sin que exista de por medio una conminatoria de autoridad administrativa que cumplir; sin embargo, en ambos casos existe, en realidad, un mismo acto lesivo esencial vinculado al despido o no contratación al trabajador o servidor público con discapacidad o con persona dependiente discapacitada; puesto que, en ambos casos, se busca la protección de la garantía de inamovilidad de trabajador o servidor público, instituyendo así una tutela reforzada, salvo que su despido se opere por las causas señaladas por ley a través de un debido proceso, conforme lo entendió la SC 0235/2007-R de 10 de abril. De ello se desprende que existe un mismo problema jurídico; pues, se trata de un mismo acto lesivo esencial, de los mismos o similares derechos supuestamente vulnerados y de la misma petición.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0060/2018-S2 de 15 de marzo, asumió el siguiente razonamiento: El art. 70 de la CPE, señala que:
Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos:
1. A ser protegido por su familia y por el Estado.
2. A una educación y salud integral gratuita.
3. A la comunicación en lenguaje alternativo.
4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna.
5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales. En ese orden, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por nuestra legislación el 13 de diciembre de 2006; la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC); la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 3447 del 9 de diciembre de 1975; y, el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son Instrumentos Internacionales que reflejan el compromiso de eliminar situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable. Es así que la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, reafirmó que estas personas tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras; los cuales, incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad, que son inherentes a todo ser humano. El art. 34 de la Ley General para Personas con Discapacidad -Ley 223 de 2 de marzo de 2012- (LGPD), indica:
I. El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de gobierno, deberá incorporar planes, programas y proyectos de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad. II. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido. III. Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad. IV. Las personas con discapacidad deberán contar con una fuente de trabajo. Se aclara que, la disposición primera de las disposiciones derogatorias y abrogatorias de la Ley 977 de 26 de septiembre de 2017 -Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad-, deroga los parágrafos II y IV del art. 34 de la LGPD; no obstante, el art. 2.V la referida Ley -977-, establece:
V. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación.
Por consiguiente, el objetivo de la normativa es garantizar a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1497/2022-S1 de 12 de noviembre, asumió el siguiente razonamiento:
Por mandato del art. 14.II de la CPE: “El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona”; estableciendo en el art. 71 que: “I. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad. II. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna. III. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad”; postulados que consagran la igualdad de las personas entre sí y proscriben toda posibilidad de discriminación.
El reconocimiento de los derechos constitucionales en favor de las personas discapacitadas, se ha traducido en la emisión de un número normas, entre ellas, la Ley 1678 de la Persona con Discapacidad y el DS 24807 de 4 de agosto de 1997, que reglamenta la referida Ley, manifiestan la voluntad estatal de su defensa y materialización; así, el DS 27477 de 6 de mayo de 2004, en su art. 3.c), estableciendo a los principios rectores de dicha norma, identifica al principio de estabilidad laboral, señalando que: “…las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas, previo proceso interno”, postulado que se complementa con el contenido del art. 5.I y II, del mismo compilado, que prevé: “I. Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley; II. Los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, en 1° (primer grado) en línea directa y hasta el 2 (segundo grado) en línea colateral, gozarán también de inamovilidad funcionaria en los términos establecidos en el parágrafo precedente”.
Preceptos normativos que armonizan con las previsiones legales estatuidas en el art. 34 de la Ley General para Personas con Discapacidad, que señala: “I. El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de gobierno, deberá incorporar planes, programas y proyectos de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad. II. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido. III. Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad. IV. Las personas con discapacidad deberán contar con una fuente de trabajo”.
El marco normativo antes glosado, se sustenta en el contenido de instrumentos internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad descrito y previsto en el art. 410 superior; así, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptada el 13 de diciembre de 2006, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, adoptada por la Asamblea General de la OEA el 8 de junio de 1999, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 3447 del 9 de diciembre de 1975 y el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); buscan proscribir situaciones discriminatorias contra las personas con capacidades diferentes, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable.
Dentro del contexto normativo antes desarrollado, este Tribunal, expresándose respecto a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, profirió vasta jurisprudencia; así, la SC 0477/2011-R de 18 de abril, que a su vez refiere a la SC 0739/2010-R de 26 de julio, estableció:
“…la Constitución Política del Estado vigente, establece un marco de protección para los derechos fundamentales de las personas discapacitadas, que al ser un grupo vulnerable merece un trato especial por parte del Estado, el art. 70, asume para sí la obligación de velar por la protección de distintos derechos como ser; derecho de acceder a la educación y a la salud integral; como también a la comunicación en un lenguaje alternativo -caso de los sordomudos- derecho al trabajo en condiciones adecuadas, de acuerdo, claro está, a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure, tanto a ellos como a sus familias, una vida digna; y finalmente el desarrollo de sus potencialidades individuales. Es claro el concluir que estos derechos no se agotan en su reconocimiento, sino que el espíritu de estas normas constitucionales obligan al propio Estado a tomar acciones positivas que permitan que los derechos se materialicen y que no tengan una existencia solamente formal, así se prevé en el art. 71.II y III de la CPE, que el propio Estado debe generar las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad.
Dentro del mencionado marco constitucional, la Ley de la Persona con Discapacidad, establece los derechos, deberes y garantías de las personas con discapacidad en el territorio del Estado. Efectivamente, el art. 5 de la LPD, concordante con los arts. 9 incs. c) y f) del DS 24807 y 3 inc. c) del DS 27477 de 6 de mayo de 2004; consagran el principio de estabilidad laboral, por el cual las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de su fuente laboral, con las salvedades de ley.
El DS 27477, a tiempo de determinar los principios rectores que deberán regir en la aplicación de dicha norma legal; en su art. 3, dispone la estabilidad laboral, al señalar que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo las causas legalmente establecidas, previo proceso; así también el art. 5 del citado Decreto Supremo, de manera expresa prevé que:
«I. Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causas establecidas por Ley;
II. Los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, en 1º (primer grado) en línea directa y hasta el 2º (segundo grado) en línea colateral, gozarán también de inamovilidad funcionaria en los términos establecidos en el parágrafo precedente».
«De las normas desarrolladas precedentemente, se establece que el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios con discapacidad, ya sea que éstos presten servicios en los sectores público o privado, implica la inamovilidad laboral y excepcionalmente su despido por causa justa y previo proceso». (El resaltado es propio)
Debe señalarse que el trabajo es entendido como un medio para obtener los medios necesarios destinados a subvenir las necesidades más premiosas del trabajador y su entorno familiar, criterio que engloba también a las personas con potencialidades especiales; quienes frente a un despido intempestivo e injustificado, en virtud a la protección especial que gozan pueden acudir directamente ante la justicia constitucional; pues, como lo ha señalado la SC 1422/2004-R, se trata de un: «(…) derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado».
En ese sentido, la Sentencia aludida, señaló: «(…) el DS 27477 de 6 de mayo de 2004, en el art. 1, establece el 'OBJETO' de su promulgación al señalar: 'El presente Decreto Supremo tiene por objeto promover, reglamentar y proteger la incorporación, ascenso y estabilidad de personas con discapacidad en el mercado laboral (…)». «A su vez el art. 3 inc. c) del mismo DS, se refiere al 'Principio de estabilidad laboral' por el que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas, previo proceso interno. De la misma manera el art. 5.I de la mencionada norma legal concordante con los preceptos referidos indica que las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público y privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por ley, presupuestos que no se han dado en el caso de autos, en el que el recurrente fue retirado de sus funciones sin proceso previo y por 'supuesta reestructuración', lo que no constituye una causal justificada para su destitución»'”.
Razonamiento al cual se adhirió la SCP 0391/2012 de 22 de junio, que complementando el desarrollo jurisprudencial previamente glosado, precisó lo siguiente: “La Constitución Política del Estado, dentro del catálogo de los derechos fundamentales de la persona, reconoce expresamente los derechos de las personas con discapacidad, señalando en su art. 70.1, entre otros: 'A ser protegido por su familia y por el Estado'; lo que hace patente la voluntad del Constituyente de velar por este sector de la población, que demanda especial protección debido a su situación de profunda desventaja frente al común de la población, debido a sus propias limitaciones derivadas de las deficiencias de sus funciones físicas, psíquicas, intelectuales y/o sensoriales de las que padecen, lo que en muchos casos les imposibilita en igualdad de condiciones, acceder por sí mismas a un medio de sustento que les permita vivir dignamente, siendo en muchas circunstancias objeto de discriminación y exclusión social, aspectos que obligan al Estado en todos sus niveles a adoptar medidas que en la búsqueda del 'vivir bien' reivindiquen los derechos de estas personas y les permitan su plena inclusión a la sociedad y el Estado”.
Los entendimientos antes señalados, nos permiten inferir entonces, que las personas con discapacidad, no pueden ser retiradas de su fuente de trabajo, salvo causales legalmente establecidas, haciendo manifiesta la voluntad del Constituyente de proteger de manera especial a este sector de la población, por su situación de desventaja, derivada de sus limitaciones de salud, para acceder a un medio de sustento que les permita vivir dignamente; de ahí que la protección especial y preferente que ameritan del Estado y sus instituciones, se constituye en una garantía que comprende en sus alcances a las trabajadoras y trabajadores tanto del sector público como privado, incluyendo a todas las entidades estructurales del Estado Plurinacional, sometidas al imperio de la Ley y la Constitución Política del Estado.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de personas con discapacidad, al derecho preferente de los adolescentes a vivir y a crecer en condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral; al trabajo digno; debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; garantía a la protección de personas con discapacidad en lo económico y familiar; y, principios pro homine; de favorabilidad, in dubio pro disciplinario; de verdad material y normativa; y, legalidad; toda vez que, dentro del proceso administrativo disciplinario seguido por AAPOS-Potosí en su contra, se dictó la Resolución Final Proceso Sumario Administrativo 05/2024 de 2 de abril que determinó su desvinculación laboral, decisión contra la cual no estaba de acuerdo; por lo que, formuló recurso de revocatoria, cual fue resuelto por la Resolución a Recurso de Revocatoria 05/2024 de 17 de abril, que ratificó su desvinculación; por consiguiente, interpuso recurso jerárquico, impugnando esa determinación, siendo dilucidada por la Resolución a Recurso Jerárquico 03/2024 de 7 de noviembre, sin cumplir con la debida fundamentación, motivación y congruencia ni ponderar derechos de las personas con discapacidad al trabajo y la inamovilidad laboral, como tampoco los derechos de sus hijos menores con discapacidad; lo que dio lugar, a la emisión de la Resolución Gerencial 04/2024 de 8 de noviembre, que declaró por ejecutoriada la citada Resolución a Recurso Jerárquico, disponiendo su destitución, provocando el Memorándum RH. 62/24 de igual fecha, de agradecimiento de sus servicios. De acuerdo a la problemática planteada, previamente a analizarla, corresponde remitirnos al entendimiento jurisprudencial contenido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ya que en el caso objeto de análisis no se agotó la vía ordinaria; sin embargo, resulta aplicable por la flexibilización al principio de subsidiariedad que rige esta acción tutelar, debido a que dentro del presente caso se encuentran involucrados derechos de una persona con discapacidad, que precisa de protección inmediata por parte de esta jurisdicción constitucional al pertenecer, el solicitante de tutela, a un grupo de atención prioritaria; más aún, cuando tiene bajo su protección y dependencia dos personas -sus hijos- con discapacidad. Tal cual consta de los Carnets de Discapacidad con número 245164 y 244168, emitidos por CODEPEDIS de Potosí, correspondientes a Juan Carlos Téllez Chumacero y su hija menor AA, por los que se evidencia un tipo de discapacidad en el primero, física motora de grado moderado, con un porcentaje de un 33% y en el segundo -de su hija menor-, un tipo de discapacidad múltiple de grado moderado, con un porcentaje de un 47%; y, a través de la Certificación de 6 de marzo de 2023, que de conformidad a los arts. 70, 71 y 72 de la CPE y la Ley 223 de 2 de marzo de 2012, el Responsable de la referida institución de Potosí, certificó que su hijo menor BB, presenta un tipo de discapacidad física motora de grado leve, con un porcentaje de un 17% (Conclusiones II.1, II.2 y II.3).
Ahora bien, identificada la problemática jurídica de la presente acción tutelar, previo al análisis respectivo, es necesario contextualizar los antecedentes del cual surge la acción de amparo constitucional, conforme la descripción realizada en las conclusiones del presente fallo constitucional; en ese sentido, se tiene que por Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo 05/2024 de 11 de marzo, la Autoridad Sumariante de AAPOS Potosí, dispuso la apertura de proceso sumario interno contra Juan Carlos Téllez Chumacero, -ahora impetrante de tutela- por la presunta vulneración de los arts. 57 incs. b), i), l), m), s) del Reglamento Interno de AAPOS, concordante con el 16 inc. c) de la Ley General del Trabajo y 9 incs. c), e), g) y h) de su reglamento (Conclusión II.4); por lo que, se emitió la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 05/2024 de 2 de abril, por la cual, se establece la responsabilidad administrativa del demandante de tutela, por haber vulnerado de los arts. 57 incs. b), i), l), m) del Reglamento Interno de Personal de AAPOS-Potosí, concordante con el 16 incs. c) y e) de la Ley General del Trabajo y 9 incs. c) y e) de su reglamento y según establece por el 21 inc. f) del DS 26237 (Conclusión II.5); Resolución que fue confirmada por la Resolución a Recurso Revocatorio 05/2024 de 17 de abril, en la que la Autoridad Sumariante de AAPOS-Potosí, ratificó la prenombrada Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 05/2024 (Conclusión II.6); en ese sentido, mediante Auto de 23 de abril de 2024, la Autoridad Sumariante dispuso la ejecutoria de la referida Resolución Final del proceso Sumario Administrativo seguido contra Juan Carlos Téllez Chumacero, por haber interpuesto el recurso jerárquico fuera de plazo (Conclusión II.7); motivo por el cual, el solicitante de tutela fue desvinculado de dicha institución; no obstante, en mérito a la formulación de una acción tutelar, se emitió la SCP 0830/2024-S3 de 19 de septiembre, emitida dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Carlos Téllez Chumacero contra Osmar Ricardo Pino Gallardi, Autoridad Sumariante y Emilce Marcela Elías Videla, Secretaria Sumariante; concediéndole en parte la tutela, disponiendo dejar sin efecto el Auto de 23 de abril de 2024, que declaró la ejecutoria de la Resolución Final del Proceso Sumario Administrativo 05/2024, y debiendo la citada Autoridad Sumariante de AAPOS-Potosí, sustanciar y remitir el recurso jerárquico a la autoridad jerárquica para su pronunciamiento de fondo, dejando sin efecto el Memorándum con CITE: 34/24 de 6 de mayo de 2024, correspondiendo como efecto, la reincorporación laboral inmediata del peticionante de tutela al puesto laboral que se encontraba ocupando antes de su desvinculación laboral (Conclusión II.8). En ese antecedente, el Gerente General a.i. y la Unidad de Recursos Humanos (RR.HH.) de AAPOS-Potosí, por Memorándum con CITE R.H. 56/24 de 22 de octubre de 2024, comunicó al ahora impetrante de tutela, la reincorporación a sus funciones correspondiente al puesto de Chofer de Servicios, esto en cumplimiento a la SCP 0830/2024-S3 (Conclusión II.9); habiéndose asimismo sustanciado Recurso Jerárquico de 22 de agosto de 2022, por el demandante de tutela, en contra la Resolución del Recurso de Revocatoria 05/2024, emitida dentro del proceso administrativo 05/2024, seguido en su contra; mediante el cual, solicitó dejar sin efecto la citada Resolución y se dicte una nueva conforme a los antecedentes existentes, debiendo eximirse de toda responsabilidad (Conclusión II.10); pronunciándose finalmente la Resolución a Recurso Jerárquico 03/2024 de 7 de noviembre, se confirmó la Resolución Final del Proceso Sumario Administrativo 05/2024 de 2 de abril y la Resolución de Recurso de Revocatoria 05/2024 de 17 del mismo mes y año; y por el cual, se dispuso la ejecución de la sanción establecida en la citada Resolución Final, es decir, la desvinculación laboral del ahora solicitante de tutela (Conclusión II.11); Asimismo, se emitió la Resolución Gerencial 04/2024 de 8 de noviembre, por el Gerente General a.i., AAPOS-Potosí, por la cual, se estableció la responsabilidad administrativa del peticionante de tutela, determinando su desvinculación laboral en el marco del art. 29 de la Ley 1178, conforme establece la Resolución Final del citado proceso administrativo interno, disponiéndose la destitución del ahora impetrante de tutela (Conclusión II.12); y, en consecuencia se expidió el Memorándum de Agradecimiento de Servicios CITE R.H. 62/24 de 8 de noviembre de 2024; por el cual, el Gerente General a.i. de AAPOS-Potosí, comunicó a Juan Carlos Téllez Chumacero, su desvinculación laboral, del cargo que ejercía como Chofer de Servicios (Conclusión II.13).
La jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, establece que la fundamentación y motivación como elementos del derecho al debido proceso, implica que la autoridad que dicta una resolución debe exponer con claridad los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de su resolución, pronunciándose sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, permitiendo al sujeto sometido al proceso conocer la bases jurídicas y los motivos por el cual se tomó una determinación específica, en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; es decir que, una debida motivación conlleva a que la resolución sea de manera clara e integra y subsumidos a una fundamentación legal citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; lo contrario, significaría una vulneración de las mismas. En ese contexto, es pertinente señalar que para resolver la problemática expuesta, respecto a la denuncia del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, corresponde realizar un análisis jurídico del contenido del recurso jerárquico interpuesto por el ahora demandante de tutela, el cual será contrastado con los fundamentos de la Resolución a Recurso Jerárquico 03/2024, a objeto de establecer si evidentemente existe la vulneración a los elementos invocados.
En ese sentido, de la lectura integral del memorial de interposición del recurso jerárquico, el solicitante de tutela identificó agravios en la forma y en el fondo contra la Resolución de Recurso de Revocatoria 05/2024 de 17 de abril, los cuales se expondrá de manera separada para su mejor comprensión:
De los agravios en la forma: 1) Denuncia que la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 05/2024, dictada por la autoridad sumariante vulneró su derecho a la impugnación; dado que, no resolvió de manera fundamentada los incidentes que planteó, siendo éstos: la falta de fundamentación y motivación y consecuente violación al debido proceso y al principio de legalidad por el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo Interno 05/2024 de 11 de marzo de 2024; la falta de certeza del referido Auto Inicial; y, la falta de una debida valoración de los elementos probatorios y consecuente violación al debido proceso y exigencia obligatoria en las resoluciones administrativas. La prenombrada autoridad sumariante señaló que no es aplicable su tramitación, ya que, podría generar una duplicidad de resoluciones y que tenía la vía expedita para formular sus alegatos en los recursos de revocatoria y jerárquico, como consecuencia de una resolución final, criterio totalmente erróneo, puesto que, no planteó los referidos incidentes “POR CUERDA SEPARADA” (sic), debiendo considerarse como un único procedimiento; por consiguiente, no resulta ser vinculante la SCP 0238/2015-S1 de 26 de febrero; 2) Cuestiona que la autoridad sumariante en la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 05/2024, efectuó “…una interpretación pueril (…) forzada irracional…” (sic), con el único fin de perjudicarlo; si bien, se inició en su contra un proceso disciplinario por la supuesta comisión de faltas leves, graves y muy graves, previstas en los arts. 57 incs. b), i), l), m) y s) del Reglamento Interno de AAPOS-Potosí, concordante con el 16 inc. c) de la Ley General del Trabajo y 9 incs. c), e), g) y h) de su Reglamento; empero, el hecho atribuido a su persona, es atípico; es decir, que no se encuentra establecido en el citado Reglamento Interno, por lo que tampoco es susceptible de una sanción punible; de igual manera, respecto a los elementos probatorios que se valoraron no cumplían con las formalidades estipuladas por ley, convirtiéndola en prueba ilícita; por todo ello, se transgredió el principio de legalidad al constatarse la existencia de la atipicidad de los hechos que se le acusa; y, 3) Por los supuestos hechos que fue disciplinado, intervinieron varios funcionarios de AAPOS-Potosí, reitera, a quienes también se les atribuyeron los mismos; empero, ni los fundamentos jurídicos y probatorios fueron debidamente individualizados respecto a su persona en la citada Resolución Final; ante lo cual, se lesionó su derecho al debido proceso respecto al principio de individualización.
De los agravios en el fondo: i) No puede utilizarse la declaración del investigado en su contra; la Resolución a Recurso Revocatorio 05/2024, utilizó su declaración de manera subjetiva y en su contra, lesionando su derecho a la presunción de inocencia; ii) Se lesionó la garantía del debido proceso, “…que implica la necesidad de cumplir con una serie de mecanismos legales -formales, materiales y asimismo a LA SEGURIDAD JURÍDICA a través de la RESOLUCIÓN FINAL…” (sic), que calificó la siguientes faltas, arts. 57 incs. b), i), l), m) y s) del Reglamento Interno, concordante con el 16 inc. c) de la Ley General del Trabajo y 9 incs. c), e), g) y h) del Reglamento de dicha normativa ; iii) Denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes a la fundamentación, motivación, valoración integral y razonable de la prueba; puesto que, adolece de precisión, contradicciones y abusos, no contiene la exigencias mínimas de una motivación coherente con los datos que refleja el proceso, incumple con la exigencia de contener “…la compulsa fáctica jurídica de esta línea doctrinal que tiene la categoría de precedente obligatorio, se advierte el incumplimiento de estas exigencias…” (sic), solamente redunda en la transcripción parcial de las declaraciones testificales que fueron redactadas y no dictadas por los testigos, a quienes se les prometió favorecerles si firmaban sus declaraciones; de igual manera, no fundamentó de manera adecuada los parámetros por los cuales consideró como definición de una “…gresca mutua sea atribuible como escándalo SÓLO A UNO DE LOS PARTICIPES DEL HECHO…” (sic), cuando debió razonar que se trataba de un hecho aislado, fuera del horario laboral y atribuible al “Sr. Piccolomi” y no a su persona; es así que, no se efectuó una valoración integral de la prueba de descargo que presentó de su parte, restándoles de todo valor; por consiguiente, resultando ser arbitraria y dejándolo en indefensión; iv) Cuestiona la transgresión a la legítima defensa, debido proceso y presunción de inocencia; toda vez que, que la Autoridad Sumariante emite resoluciones que no contienen fundamento legal alguno y menos competencia; el incumplimiento de los plazos, la falta de análisis de cada uno de los elementos de prueba y su producción, ocasionan la inobservancia de lo previsto por el art. 52 de la LPA; v) Se cometió la infracción de los principios de la Ley de Procedimiento Administrativo, que se encuentran estipulados en el art. 4 incs. a), c), d), e), f), g), j), k), n) y p) de la LPA, en concordancia de la Constitución Política del Estado que destacan el presupuesto normativo del resguardo al debido proceso y derechos de las partes a la defensa y presunción de inocencia, debiendo observarse la plenitud del procedimiento regulado a fin de asegurar las garantías, derechos y obligaciones de las partes intervinientes, debiéndose aplicar también la norma más favorable al procesado cuando exista duda razonable respecto a su participación o no haya prueba plena de la misma, lo cual muestra que su persona no cometió una contravención al ordenamiento jurídico administrativo; y, vi) Respecto a la motivación y fundamentación; señaló que en el caso de autos, la autoridad sumariante atenta contra el principio de tipicidad exhaustiva de la norma del derecho administrativo sancionador; toda vez que, se pretende sancionarlo sin considerar que no provocó ningún daño al “SEDES” por la supuesta falta administrativa, además la autoridad sumariante tiene supuestamente una ilegal designación y el plazo para procesarlo precluyó.
Concierne traer a colación los razonamientos vertidos por la autoridad demandada en la Resolución a Recurso Jerárquico 03/2024; por los cuales, dio respuestas a los agravios anteriormente expuestos en líneas superiores.
De las respuestas a los agravios en la forma: a) Respecto a la impugnación del acto administrativo, no corresponde la aplicación del art. 51 del DS 27113 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, de acuerdo a lo citado por la Sentencia 275/2016 e 14 de junio, emitido por Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, la cual indicó, que la Ley de Procedimiento Administrativo es aplicable a los actos de la administración pública, cuando afecten los intereses del sujeto administrativo, y el DS 23318-A será empleado para normar la tramitación de los procesos administrativos disciplinarios internos de la entidad pública, cuando la conducta del servidor público incumple el deber de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud, generando de esta manera responsabilidades jurídicas, debiendo utilizar esta norma, de acuerdo al principio de jerarquía normativa previsto por el art. 410 de la CPE. Por otra parte, el art. 29.I del DS 26319 no expresa que el proceso administrativo interno este sujeto a un procedimiento de impugnación previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo, concluyendo que no existe violación al derecho a la impugnación; puesto que, el sumariado debió plantear los alegatos de sus incidentes en los correspondientes recursos de revocatoria o jerárquico conforme señala los arts. “22-d”, 23. I y 24 del referido Decreto Supremo; b) El segundo agravio resulta ser infundado respecto a la tipicidad; puesto que, desde el inicio del proceso interno se adecuó de forma clara la conducta del procesado con la normativa interna que infringió, como ser, el art. 57 incs. b), i), l) y m) del Reglamento Interno, así como en la Ley General del Trabajo y su Reglamento; dado que, por determinación de los arts. 232, 233 y 235.1, 2, 3 y 4 de la CPE y las fijadas en otras leyes del Estado, reglamentos y normativa interna aplicable a cada entidad; y, conforme se tiene por los arts. 1 inc. c); 2, 4, 5, 6; y, 27 inc. c) de la Ley 1178, concordante con los 3, 4, 5, 6 y 7 del DS. 23318-A, dejando claro que la responsabilidad administrativa emerge de la contravención al ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta del servidor público, disposiciones atinentes a la administración pública y vigente en el país al momento en que se realizó acción u omisión conforme señala los arts. 13 y 14 del citado Decreto Supremo; asimismo, refirió que el art. 16 de la Ley 2027 establece que todo servidor público dentro de los alcances de esta ley, sin distinción alguna debe asumir plena responsabilidad en sus acciones u omisiones, debiendo rendir cuentas ante la autoridad o instancia correspondiente, haciendo mención del art. 17 de la precitada Ley; así como, del art. 29 de la Ley 1178, siendo erróneo inferir que se estaría vulnerando los derechos a la “seguridad jurídica”, debido proceso y a la defensa; c) Realizó la copia textual de varios párrafos de la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 05/2024, en los cuales se hace mención al nombre del sumariado, los hechos que cometió la identificación del vehículo que conducía y otros detalles referentes a fechas, horas y lugares, utilizándolos como argumentos de fundamentación y motivación para señalar que el planteamiento de ese agravio es erróneo; ya que, la debida individualización de la conducta del recurrente si fue evidente.
De las respuestas a los agravios en el fondo: 1) La autoridad accionada mencionó que, lo que denuncia el recurrente no sucedió; ya que, de la revisión de la citada Resolución Final, en ella se hace referencia a la indicada declaración “…como relación de antecedentes del proceso mas no un móvil determinante o la única base probatoria para establecer responsabilidad…” (sic); 2) El recurrente no realizó mayor fundamento “…o relación entre lo denunciado y los antecedentes del proceso (…) no especifica de qué manera y forma, este punto de la resolución final hubiera lesionado su derecho al debido proceso” (sic); 3) La autoridad demandada señaló que, el recurrente desarrolló una fundamentación oscura y errónea, puesto que, de la lectura del memorial del recurso de revocatoria, se advierte que, hace referencia a: 3.i) Otro proceso o una acción de defensa; 3.ii) Que la autoridad sumariante es mujer; cuando en la gestión 2024, fue el Lic. Osmar Ricardo Pino; 3.iii) Varias declaraciones testificales que fueron recabadas por la autoridad sumariante; situación que no se dio; 3.iv) El hecho que se le acusa sería una pelea o agresión física fuera del horario de trabajo, provocada por “Sr. Piccolomi”; quien no es parte del proceso sumariante ni de la investigación, y tampoco forma parte de AAPOS-Potosí; y, 3.v) Que fuera funcionario del “SEDES”. Por todo lo mencionado, no pudo realizar un análisis con relación a las presuntas vulneraciones cuestionadas al debido proceso administrativo, ya que, los puntos descritos son inconsistentes e incoherentes entre sí, no existe una relación con los hechos ocurridos el 27 de febrero de 2024, las personas sujetas de investigación, ni de causa y efecto entre el derecho al debido proceso con lo “…referente a la detención realizada por la Unidad de Tránsito al Sr. Juan Carlos Téllez Chumacero” (sic); por consiguiente, no corresponde efectuar un pronunciamiento; y, iv) De igual manera, señaló que el sumariado hizo mención a sucesos y elementos que no fueron objeto de la causa sumariante, siendo ajenos al mismo; por lo que, que reiteró no emitir ningún pronunciamiento, ya que, el hecho que se dilucida fue llevado a cabo el 27 de febrero de 2024, por el recurrente, quien es servidor público de AAPOS-Potosí y no así de “SEDES”.
Expuestos los agravios demandados por el peticionante de tutela y los razonamientos vertidos por la autoridad demandada en la Resolución a Recurso Jerárquico 03/2024 de 7 de noviembre, a esta Sala Constitucional le compete ingresar a examinar si los mismos se ajustan dentro de los parámetros estipulados por la jurisprudencia constitucional en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, referido a lo que la justicia constitucional estableció respecto al derecho al debido proceso en sus elementos a la fundamentación, motivación y congruencia. De los agravios en la forma a) Respecto al primer agravio: La autoridad demandada señaló que, no se lesionó el derecho a la impugnación; ya que, la norma aplicable al proceso aperturado contra el impetrante de tutela en la vía administrativa es el DS “23318-A” concerniente al desarrollo del procedimiento disciplinario interno a utilizarse durante la tramitación del mismo, de acuerdo indica la Sentencia 275/2016 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, y no así el DS 27113; por lo que, el recurrente debió formular los incidentes, a través de la interposición de los recursos de impugnación de acuerdo a lo previstos en el DS 26319. Del razonamiento efectuado por la autoridad demandada, esta Sala Constitucional advirtió que el mismo en su esencia es coherente con lo estipulado por el DS 23318-A modificado por el DS 26237, los cuales efectivamente, regulan el procedimiento a seguir dentro de un procedimiento disciplinario al interior de una entidad pública, ante las faltas cometidas por los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, igualmente entendido de esta forma, por la Sentencia 275/2016 emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que entre uno de los parámetros considerados para su aplicación esta la categoría de su constitución de la institución, siendo la AAPOS-Potosí una entidad pública descentralizada, así previsto en el art. 1 de su Reglamento Interno, por lo que se encuentra sujeta al marco normativo citado precedentemente; por todo ello, la respuesta otorgada contiene una suficiente fundamentación y motivación; dado que, utilizó los elementos imprescindibles para ello, haciendo mención a las disposiciones legales pertinentes al agravio denunciado y la jurisprudencia ordinaria especifica.
b) Respecto al segundo agravio: Considera la autoridad sumariante demandada que no se vulneró el principio de legalidad por la aparente ausencia de tipicidad en la conducta del demandante de tutela en el hecho provocado por éste; ya que, desde el inicio del proceso disciplinario, se identificó la transgresión del arts. 57 incs. b), i), l), m) y s) del Reglamento Interno, concordante con el 16 inc. c) de la Ley General del Trabajo y 9 incs. c), e), g) y h) del Reglamento de la referida ley, por lo cual se encuentra sometido a lo descrito por los arts. 232, 233 y 235. 1, 2, 3 y 4 de la Ley Fundamental; la Ley 1178 y el DS 23318-A y demás legislación. Esta Sala Constitucional considera que la respuesta dada no contesta el agravio demandado por el peticionante de tutela; toda vez que, al mencionar que desde el inicio del proceso disciplinario y en la Resolución de Recurso de Revocatoria 05/2024, se adecuó el hecho efectuado por el disciplinado con las disposiciones legales pertinentes, se advierte que solo se concentró en la transcripción textual y ampulosa de toda esa normativa, citándola de forma genérica, sin explicar con claridad cuál fue el hecho ocasionado por el impetrante de tutela, y por qué se ajusta al mismo; si bien, puede estar, incluido en la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 05/2024 y en la Resolución de Recurso Revocatoria 05/204; empero, probablemente no generaron certidumbre en el ahora demandante de tutela referente a la tipicidad legal de su conducta; por ello, es pertinente que la autoridad sumariante desarrolle una contrastación detallada del hecho atribuible al peticionante de tutela con los incisos b), i), l) y m) del art. 57 del Reglamento Interno de AAPOS-Potosí, de los arts. 16 inc. c) de la Ley General del Trabajo y 9 incs. c), e), g) y h) de su Reglamento. Asimismo, se constató que el impetrante de tutela, también denuncio que los elementos probatorios que se valoraron no cumplían con las formalidades estipuladas por ley; y de la lectura de contestación de este agravio, se advierte una total omisión de respuesta al respecto, aspecto que la jurisdicción constitucional no puede obviar ni dejar pasar; puesto que, la autoridad demandada de acuerdo a sus atribuciones está en la obligación de responder en su integridad las cuestionantes formuladas en la etapa jerárquica; ante lo cual, se concluye que lo vertido y la omisión efectuada por la autoridad demandada, revelan que carece de una debida fundamentación y motivación, incumpliendo las exigencias indicadas en la jurisprudencia constitucional del Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional. c) Respecto al tercer agravio: La autoridad demandada solucionó el agravio formulado con la copia literal de varios párrafos de la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 05/2024, y en tres líneas mencionó que “…no tiene sustento lo aseverado por la parte impugnante respecto a la falta de individualización de la conducta del procesado…” (sic). Cumpliendo con el análisis constitucional de la solución otorgada en este agravio, concierne manifestar que la misma no contempla una explicación razonable y suficiente; si bien, el demandante de tutela hace alusión a que en aludida Resolución Final no existe una individualización de la conducta que se le indilga con los otros participes, la autoridad demandada no puede limitarse a la reproducción textual del contenido de la misma; puesto que, al ser la última instancia administrativa debió demostrar con un criterio propio fundamentado y motivado, que la individualización del hecho generado por el solicitante de tutela estaba debidamente realizado con los actos ejecutados por los otros implicados; puesto que, se entiende que el escenario donde surgieron los mismos, se encontraban inmersos todos ellos, lo que provoca una confusión de los alcances de su conducta; ante lo cual, era necesario describir de manera clara y sucinta los parámetros del inicio y conclusión de su proceder y su responsabilidad. De los agravios en el fondo 1) Referente al primer agravio: El peticionante de tutela señala que, la Resolución de Recurso Revocatoria 005/2024 hubiese utilizado de manera subjetiva su declaración, aspecto que lesiona su derecho a la presunción de inocencia; en respuesta, la autoridad demandada refirió que la indicada Resolución Final citó a la “…declaración como un antecedente y no así como un móvil determinado o la única base probatoria para establecer responsabilidad…” (sic).
De lo descrito precedentemente, se constató que la autoridad demandada incurrió en una confusión entre las Resoluciones Final de Proceso Sumario Administrativo 05/2024 y de Recurso Revocatorio 05/2024; por consiguiente, al cometer ese error no efectuó la atinente verificación cierta o no de lo cuestionado por el accionante, respecto a la percepción legal que se le dio a su declaración, para luego pronunciar un criterio propio; ante ello, no puede estimarse como una respuesta coherente, fundamentada y motivada, que refleje la dilucidación fáctica del agravio denunciado. 2) Con relación al segundo agravio: La autoridad demandada en contestación manifestó que, el impetrante de tutela “…sin realizar mayor fundamento o relación entre lo denunciado y los antecedentes del proceso (…) no especifica de qué manera y de qué forma este pudo de la resolución final hubiese lesionando su derecho al debido proceso” (sic).
Para evidenciar este argumento, se volvió a efectuar la lectura del agravio descrito, y esta Sala constitucional, efectivamente constató que, solamente se señaló de manera genérica que “…implica la necesidad de cumplir con una seria de mecanismos legales-formales y materiales y asimismo a LA SEGURIDAD JURIDICA…” (sic), sin que el demandante de tutela especifique de manera clara cuáles de esos mecanismos aludidos no se aplicaron correctamente durante la tramitación del proceso sumario hasta la emisión de la citada Resolución Final y de qué forma lesionaron sus derechos; puesto que, para recibir una respuesta satisfactoria, el planteamiento de la cuestionante también debe ser lo suficientemente definido.
3) Respecto al tercer y sexto agravio: La autoridad demandada indica que, no concierne pronunciarse al respecto; dado que, los datos que expone el demandante de tutela no coindicen con los datos del proceso disciplinario, con personas implicadas, autoridades sumariantes, lugares y sucesos. Para corroborar tal extremo, nuevamente se efectuó el repaso de las literales escritas en el memorial de interposición del recurso de revocatoria de estos agravios y efectivamente, se realizó una exposición sobre una “gresca acontecida con Piccoloni” (sic), refiere como hecho de la apertura del proceso sumario una “conducta escandalosa” (sic) y “EXISTENCIA DE LESIÓN ENTIDAD PÚBLICA (SEDES)” (sic), aspectos que hacen total confusos e incomprensibles en su redacción provocando que no pueda percibirse con mediana claridad lo que demanda, los derechos o garantías vulnerados y lo que pide; recalcándose, al solicitante de tutela que para que sea satisfecho sus reclamos primeramente debe explanar con precisión sus argumentos.
4) Referente a los agravios cuarto y quinto: La autoridad demandada incurrió en una total omisión concerniente a estos dos agravios; puesto que, no dictó ningún tipo de criterio o posición, manteniéndose en silencio, sin otorgar una respuesta fundamentada y motivada que disipe las dudas generadas al impetrante de tutela con la Resolución de Recurso Revocatoria 05/2024, extremo que se contrapone con el principio de congruencia, explicitada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que se entiende como la estricta correspondencia entre lo que se demanda en cada uno de los agravios y las contestaciones debidamente fundamentadas y motivadas por la autoridad demandada. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Sala Constitucional concluye que la autoridad ahora demandada a través de la citada Resolución a Recurso Jerárquico, tenía la obligación inherente de garantizarle al recurrente -ahora impetrante de tutela- su derecho al debido proceso con la debida fundamentación, motivación y congruencia, esto a fin de asegurar tener una resolución que responda cada uno de los agravios formulados, que le genere la certeza irrefutable que la decisión adoptada es jurídicamente legal y coherente con el caso concreto, y al ser la última instancia administrativa se sanearon los errores procedimentales y de juicio efectuados por la autoridad sumariante de las instancias inferiores; sin embargo, se constató que el Recurso Jerárquico confutado, carece casi en su totalidad de los elementos referidos del derecho al debido proceso; precisándose que en la denuncia de los agravios de forma, solo cumplió con esos presupuestos con el primer agravio y no así con los demás agravios demandados; por consiguiente, corresponde conceder la tutela impetrada. El demandante de tutela, demanda la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral de personas con discapacidad, y al trabajo digno, para la exegesis de estos derechos es pertinente traer a colación la jurisprudencia referida en el Fundamento Jurídico III. 3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que describen la legislación nacional y el compilado de normativa internacional que protegen los derechos de las personas con discapacidad o de personas que tienen bajo su dependencia, y el ejercicio pleno de los mismos, y así eliminar situaciones de discriminación cometidas contra ellos. De igual manera lo señalado en el Fundamento Jurídico III.4. de este fallo constitucional cita el marco normativo sobre la inamovilidad y estabilidad laboral de las personas con discapacidad y la protección constitucional de sus derechos laborales, articulado desarrollado que considera el derecho de trabajo como aquella fuente de ingresos económicos como el medio de su sustento, que garantizan la concreción de los otros derechos que derivan de éste y le permiten tener una vida digna, tanto de su persona como de sus familiares o de aquellas personas que tienen bajo su dependencia con discapacidad; por lo que, el Estado emitió a través de su aparato legislativo todo un bagaje normativo de protección al trabajo y sus derechos laborales; de igual manera este Tribunal Constitucional de acuerdo a sus funciones de interpretación y resguardo de los derechos especiales de estas personas ha desarrollado entendimientos que refuerzan y custodian los derechos fundamentales y sus garantías constitucionales. Ingresando al contexto del presente caso concreto, se constata que el solicitante de tutela mediante Carnet de Discapacidad con número 245164 acredita que tiene una discapacidad física motora de grado moderado con un 33% y bajo su dependencia tiene dos hijos con discapacidad, BB con discapacidad física motora de grado leve con un 17%, avalado por Certificado de 6 de marzo de 2013; y, AA, que presenta una discapacidad múltiple de grado moderado con un 47%, para ello exhibió el Carnet de Discapacidad con número 244168 (Conclusiones II.1, II.2 y II.3); de igual manera se evidencia que el peticionante de tutela tiene una relación laboral con AAPOS-Potosí, lo que conlleva no solamente una serie de derechos y protecciones adquiridas; si no, también lo obliga al cumplimiento de sus responsabilidad, funciones asignadas y horario de trabajo, establecidas por la indicada institución y de su Reglamento Interno. Si bien, el Estado Boliviano pronunció todo un compilado de leyes y decretos supremos y homologó normativa internacional para para el resguardo y tutela del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, su inamovilidad y estabilidad laboral; empero, se advierte del art. 2. V de la Ley 977, en sus últimas líneas prevé que, “siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifique su desvinculación”; de la misma forma, el DS 27744 de 6 de mayo de 2004, en su art. 3 inc. c), dispone sobre el principio de estabilidad laboral que, “no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas, previo proceso interno”; de lo expuesto, se puede concluir que las personas con discapacidad que cuenten con un trabajo sea en el sector público o privado, no se encuentran exentas de cumplir con todas y cada una de sus obligaciones, trabajos designados, horarios de trabajo, y con la normativa interna, como ser reglamentos internos, código de ética, comunicaciones internas u otro tipo de documentos donde reflejen ordenes o disposiciones de conductas, comportamientos, horarios laborales y obligaciones administrativas, caso contrario sería pasible que se inicie un proceso disciplinario y su consiguiente destitución si se prueba su contravención; por ello, de obrados que contiene el expediente que se dilucida, se constata que en contra del impetrante de tutela se inició un proceso sumario disciplinario por la presunta comisión de las faltas graves, establecidas en el art. 57 incs. b), i), l) y m) del Reglamento Interno de AAPOS-Potosí, de los arts. 16 inc. c) de la Ley General del Trabajo y 9 incs. c), e), g) y h) de su Reglamento, mismo que se encuentra en la etapa del recurso jerárquico, siendo este la última instancia del procedimiento administrativo; sin embargo, como se realizó el análisis de la Resolución a Recurso Jerárquico 03/2024 de 7 de noviembre, se concluyó que no cumplió con el marco jurisprudencial de lo que es una resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente, sin un contenido coherente y suficiente que responda a cada uno de los agravios sufridos por los razonamientos vertidos en la Resolución de Recurso Revocatoria 05/2024, misma que ratificó la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo 05/2024, el cual determinó su responsabilidad administrativa y su desvinculación laboral; por consiguiente, se considera que el despido del demandante de tutela resulta ser ilegal, puesto que, la ausencia de los referidos elementos del debido proceso no forman parte de la aludida Resolución a Recurso Jerárquico, correspondiendo dejarlo sin efecto, lo que provoca que los posteriores actuados administrativos también queden sin efecto; por lo que, es imprescindible aclarar que hasta que no esté ejecutada la última resolución del proceso sumario disciplinario, el derecho de inamovilidad del peticionante de tutela se encuentra protegido de acuerdo a ley; es así que, concierne conceder la tutela solicitada. En cuanto al derecho preferente de los adolescentes a vivir y a crecer en condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral de los dos hijos con discapacidad -AA y BB- del impetrante de tutela, los mismos son transgredidos como consecuencia de la injusta desvinculación laboral de su padre; ya que, ambos al acreditar debidamente su discapacidad y su minoría de edad se encuentran en total dependencia de su padre para la provisión en sus necesidades elementales de su progenitor, lo que ocasiona la limitación del disfrute de sus derechos y las condiciones de su cotidiano vivir; ante ello, es pertinente conceder la tutela impetrada. Con relación a la vulneración a los principios pro homine, de favorabilidad, in dubio pro disciplinario, de verdad material, normativa y legalidad, corresponde denegar la tutela solicitada, puesto que, estos no pueden ser tutelados mediante una acción de amparo constitucional, ya que la finalidad especifica de esta acción tutelar es proteger los derechos fundamentales y garantías constitucionales reconocidos por la Constitución Política del Estado, y no así principios. Finalmente, con relación a la solicitud de pago de costas procesales, daños y perjuicios, no amerita ser acogido favorablemente, en razón a la regulación potestativa establecida en el art. 39 del CPCo. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 075/2024 de 26 de noviembre, cursante de fs. 175 vta. a 181 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Potosí; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los derechos a la inamovilidad laboral de personas con discapacidad, al derecho preferente de los adolescentes a vivir y crecer en condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral, al trabajo digno, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; y, a la estabilidad laboral. a) Dejar sin efecto la Resolución a Recurso Jerárquico 03/2024 de 7 de noviembre, la Resolución Gerencial 04/2024 de 8 de noviembre y el memorándum R.H. 62/24 de igual fecha, debiendo la autoridad sumariante demandada emitir una nueva resolución de acuerdo al análisis efectuado por este Tribunal Constitucional Plurinacional; correspondiendo la reincorporación laboral de Juan Carlos Téllez Chumacero al mismo cargo que ocupaba hasta antes de su desvinculación, el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que le conciernan. b) Sin lugar al pago de costas procesales, daños y perjuicios.
2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a la vulneración a los principios pro homine, de favorabilidad, in dubio pro disciplinario, de verdad material, normativa y legalidad, de acuerdo a los fundamentos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
11 Sobre la no incidencia de la subsidiariedad respecto a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, la SC 0771/2011-R de 20 de mayo en el Fundamento Jurídico III.2, que cita a la SC 1422/2004-R de 31 de agosto, precisó: “…en el marco de la Ley de la Persona con Discapacidad y del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, moduló la línea jurisprudencial respecto de la no incidencia en la subsidiariedad del recurso de amparo cuando se trata de la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas discapacitadas, al señalar que el Tribunal Constitucional: ‘…abre su ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado’”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0438_2025-S1.pdf · páginas 1 a 38.
Huella digital del PDF (SHA-256): 542cd1e4a9937a5f57e2535f4daa765a5a7a2fff30e5871bea8e2f981bfc5cbc
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