Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 16 de mayo de 2023
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que en apelación de la Resolución 145/2020 de 9 de septiembre, que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, el Vocal hoy accionado confirmó la citada Resolución a través del Auto de Vista 316/2020 de 21 del mismo mes, sosteniendo que el único riesgo procesal concurrente previsto por el art. 235.2 del CPP ameritaba la persistencia de dicha medida cautelar extrema “…para asegurar la aplicación objetiva de la ley…” (sic), razonamiento disímil adoptado por la Jueza de primera instancia, y que constituye una reforma en perjuicio al ser su persona el único apelante. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 163/2021 de 2 de mayo, cursante de fs. 51 a 53, pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada; y, 1° Dejar sin efecto todo lo obrado dentro del proceso penal como emergencia de la concesión de tutela solicitada dispuesta por la Jueza de garantías; y,
2° Remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura para la investigación de la conducta en la tramitación de la presente acción de defensa de Milenka Morayma Gutiérrez Antezana, Jueza de Instrucción Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz constituida en Jueza de garantías, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0438/2023-S3 Sucre, 16 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 40272-2021-81-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 163/2021 de 2 de mayo, cursante de fs. 51 a 53, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rigoberto Felipe Quinteros Morales en representación sin mandato de Santos Mamani Condori contra Yván Noel Córdova Castillo, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El accionante a través de su representante sin mandato por memorial presentado el 2 de mayo de 2021, cursante de fs. 45 a fs. 47 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, tipificado y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP), mediante Resolución 312/2019 la Jueza de Instrucción Penal Primera de El Alto del departamento de La Paz dispuso su detención preventiva con base a la concurrencia de los requisitos de procedencia y riesgos procesales previstos en los arts. 233.I y II, 234.1, 2 y “10”, y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), fundamentando respecto a este último artículo -235.2 del citado Código- que su persona podría influir en testigos como en víctimas haciendo referencia a niños como la adolescente víctima. Posteriormente, a través de varias solicitudes de cesación a la detención preventiva seguidas de sus respectivos recursos, mediante Auto de Vista 252/2020 de 2 de julio, se estableció la concurrencia única y exclusiva del riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, en razón a que la víctima tendría que declarar en la cámara Gessell.
Habiendo de su parte presentado una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva, la cual fue considerada luego de concluido su enjuiciamiento emitiéndose Sentencia 26/2020 de 14 de agosto en su contra; dicha solicitud fue rechazada mediante Resolución 145/2020 de 9 de septiembre, determinando que el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP subsistía en razón a que si bien se emitió la citada Sentencia condenatoria, la misma podría ser anulada y efectuarse un nuevo juicio oral, en cuyo caso deberían declarar nuevamente testigos y víctima. Apelada que fue la citada Resolución, la misma fue ratificada mediante Auto de Vista 316/2020 de 21 de septiembre, emitido por el Vocal hoy accionado, bajo el criterio de que dicha medida debía mantenerse a fin de asegurar la aplicación objetiva de la ley. Es evidente que las modulaciones e innovaciones respecto a los presupuestos que dieron lugar a la subsistencia del art. 235.2 del CPP fueron modificados en su perjuicio pues: a) A momento de disponer la detención preventiva se le indicó que el mismo se encontraba vigente por la posibilidad de que influya en víctima y testigos; b) Cuando se emitió acusación formal, se le refirió que dicho riesgo de obstaculización se encontraba vigente en tanto no declarasen los testigos en juicio oral público y contradictorio o que la víctima declare en la cámara Gessell; c) Luego de concluido el citado juicio, la subsistencia del referido riesgo se debía a la posibilidad de que se anule la Sentencia 26/2020 emitida en su contra y -ante la reposición del juicio público y contradictorio oral- exista la necesidad de convocar nuevamente a testigos y víctimas; y, d) A momento de resolver la impugnación de la Resolución 145/2020, el Vocal ahora accionado estableció que la detención preventiva debía mantenerse para asegurar “…la aplicación objetiva de la ley…” (sic), agravando su situación procesal siendo que el razonamiento de la Jueza de primera instancia no fue ese, sino únicamente la eventual anulación de la citada Sentencia condenatoria emitida, con lo que se evidencia la reforma en perjuicio de una resolución apelada únicamente por su persona. De tales antecedentes resulta necesario considerar que en el presente caso, no se tiene establecido que su persona se constituya en un peligro efectivo para la víctima, sino que por el contrario, ha acreditado contar con un arraigo natural y económico; por lo que no corresponde mantener subsistente la medida cautelar más gravosa con el único fin de “…ASEGURAR LA APLICACIÓN OBJETIVA DE LA LEY…” (sic), cuando conforme el criterio que asume el Tribunal Constitucional Plurinacional, la detención domiciliaria reúne requisitos y condiciones similares, sin provocar una afectación tan gravosa a los demás derechos del procesado. Por otro lado, debe considerarse que la subsistencia de un riesgo procesal no puede darse con base a afirmaciones subjetivas e inciertas que carecen de sustento fáctico y/o probatorio, tales como el hecho de que pueda anularse la Sentencia 26/2020 emitida contra su persona, ya que de ser así estaríamos condicionando el ejercicio del derecho a la libertad del procesado a una circunstancia futura e incierta que vulnera la certeza y seguridad jurídica. Asimismo, debe considerarse que mantener una detención preventiva en razón de ‘“asegurar la aplicación objetiva de la ley”’ (sic) constituye una decisión carente de proporcionalidad.
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, sin efectuar cita de norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se determine la nulidad del Auto de Vista 316/2020 de 21 de septiembre, y que el Vocal hoy accionado en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas emita uno nuevo “…CONSIDERANDO LA INSTRUMENTALIDAD, PROPORCIONALIDAD, RAZONABILIDAD Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DISPONIENDO UNA MEDIDA MENOS GRAVOSA QUE LA DETENCIÓN PREVENTIVA” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 2 de mayo de 2021, según consta en el acta cursante a fs. 50 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.
Yván Noel Córdova Castillo, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 49.
Jueza de Instrucción Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 163/2021 de 2 de mayo, cursante de fs. 51 a 53, concedió la tutela solicitada dejando sin efecto el Auto de Vista 316/2020 de 21 de septiembre, y conminó al Vocal ahora accionado que en el plazo de cuarenta y ocho horas dicte nueva Resolución “…que esté de acuerdo a los presupuestos establecidos en norma y procedimiento, con la condición expresa de la reforma en perjuicio, debiendo anexarse la línea jurisprudencial dada por la autoridad jurisdiccional a los efectos de esta compulsa, entendiendo de que esta autoridad (…) de alzada es una autoridad con coherencia y lógica jurídica bastante experimentada, (…) debiendo velar por el término de la instrumentalidad, proporcionalidad, necesidad, temporalidad, jurisdiccionalidad y modificabilidad de las medidas cautelares” (sic). Todo ello, bajo con los siguientes fundamentos: 1) El Vocal hoy accionado habiendo sido legalmente notificado y no responder, estaría aceptando los términos dados por el accionante bajo el principio de buena fe; 2) En el presente caso está prohibido la reforma en perjuicio porque se trata de una vulneración a los principios de seguridad jurídica, de certeza así como del debido proceso en su triple dimensión como garantía, derecho y principio; 3) La normativa nacional vigente establece que las medidas cautelares no pueden ser eternas porque responden “al término de la temporalidad”, misma que a su vez obedece a los términos de proporcionalidad, necesidad e instrumentalidad; 4) La reforma en perjuicio está prohibida porque no se puede procesar y tampoco innovar riesgos procesales “multándolos” de manera que sea imposible desvirtuarlos, pues ninguna medida cautelar es imposible de modificar; 5) En cuanto al riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del CPP no se puede analizar el contenido de éste al ser una facultad única de la autoridad jurisdiccional, pero sí podemos darle el lineamiento conforme lo solicitado por el accionante de que no debe extralimitarse su compulsa reformando en perjuicio y yendo más allá de lo pedido obrando ultra petita, ya que esto también es una laceración al debido proceso en cuanto a la seguridad jurídica, el principio de certeza, debida motivación y fundamentación de las resoluciones; y, 6) En ese sentido, la debida fundamentación establece el límite del poder punitivo del Estado y “…el límite de las conculcaciones de los derechos y garantías constitucionales de las personas que están siendo procesadas en un proceso o en la vía penal…” (sic). En vía de complementación, el Vocal ahora accionado mediante memorial presentado el 8 y 10 de mayo de 2021, cursante de fs. 59 a 61 y de fs. 62 a 63 respectivamente, solicitó enmienda por defecto de fondo al no haber sido notificado en forma oportuna y efectiva con la acción de libertad, alegando que al tratarse de un día domingo el 2 de igual mes y año, día inhábil en el cual las autoridades judiciales no desarrollan actividades, salió de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz junto con su familia y fue supuestamente notificado vía WhatsApp a las 14:30 horas para una “audiencia” que se desarrolló ese mismo día a las 17: “30” horas, sin posibilidad siquiera de ingresar a sus oficinas para buscar el Auto de Vista 316/2020 hoy cuestionado, que por lo demás, fue emitida a siete meses de interpuesta esta acción tutelar, añadiendo que se ha vuelto una perniciosa costumbre interponer esas acciones en día domingo atentando contra el derecho a la defensa del accionado. En mérito a esa solicitud, la Jueza de garantías, por Auto de 11 de mayo de 2021, cursante a fs. 64 y vta., “deniega” el recurso de complementación y enmienda, sosteniendo en lo principal que con el fin de garantizar su citación efectiva se acudió a medios alternativos autorizados como el sistema de mensajería por WhatsApp, validado por la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SCP 0325/2018-S2 de 9 de julio.
Mediante decreto constitucional de 21 de julio de 2022, cursante a fs. 101, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar la documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de su notificación con el decreto constitucional de 4 de mayo de 2023, cursante a fs. 198; por lo que la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro el término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: i. Sobre la problemática de la acción de libertad II.1. Mediante Resolución 145/2020 de 9 de septiembre, emitido por la Jueza de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, por la cual dispuso la improcedencia de la cesación a la detención preventiva de Santos Mamani Condori -hoy accionante- (fs. 1 a 2). II.2. Cursa Auto de Vista 316/2020 de 21 de septiembre, emitido por el Yvan Noel Córdova Castillo Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionado-, ante el planteamiento del recurso de apelación oral formulado por el accionante contra la Resolución 145/2020, por el cual declaró admisible e improcedente, confirmando la citada Resolución (fs. 3 a 4 vta.). ii. Sobre la tramitación de la acción de libertad II.1. Mediante memorial presentado el 12 de mayo de 2021, ante el Jueza de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, el accionante planteó queja por incumplimiento a Resolución 163/2021 de 2 de mayo, por la que se le concedió la tutela constitucional disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 316/2020 y ordenando se emita uno nuevo aludiendo renuencia del Vocal hoy accionado para cumplir dicha determinación judicial (fs. 67 a 68). II.2. Cursa Auto de Vista 264/2021 de 25 de mayo, emitido por el Vocal ahora accionado, en mérito al recurso de apelación oral formulado por el accionante contra la Resolución 145/2020, y a la Resolución 163/2021 ésta última emitida por el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juzgado de garantías concediéndole la acción tutelar disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 316/2020 y ordenando que se emita uno nuevo, por el cual dispuso declarar admisible e improcedente las cuestiones planteadas, confirmando la Resolución 145/2020 apelada (fs. 78 a 81 II.3. Mediante informe de 25 de mayo de 2021, el Vocal hoy accionado, dirigido a la Jueza de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, pidiendo no darse curso a la queja solicitada por el accionante; toda vez que ese Tribunal de alzada agotó todas las vías para tener los antecedentes y actuó conforme a procedimiento a fin de emitir una resolución de acuerdo a los datos del proceso (fs. 83 y vta.) II.4. A través de la Resolución de 27 de mayo de 2021, la Jueza de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías a sola consideración de la queja de incumplimiento presentada determinó en su parte resolutiva que el Vocal ahora accionado no habría cumplido con lo dispuesto en la Resolución 163/2021, resolviendo en consecuencia “...aplicar lo establecido en el Art. 231 bis del C.P.P. en las siguientes reglas y condiciones:
Detención domiciliaria estricta sin salida laboral. Arraigo. Fianza económica de 7. 000.00 Bs. (siete mil bolivianos) Prohibición expresa de comunicación con la víctima y/o terceras personas. Control y vigilancia de funcionarios policiales a solicitud de la parte víctima o el Ministerio Público a los efectos del cumplimiento de las determinaciones dadas por la autoridad jurisdiccional en el momento y tiempo que lo considere prudente. Siendo que no existe la voluntad por parte de la accionada de cumplir con la disposición constitucional es que la suscrita autoridad dispone que las medidas dispuestas deberán cumplirse ante este juzgado constituido en juzgado de garantías constitucionales.
Se emitirá el mandamiento de libertad una vez cumplida la disposición por la autoridad constitucional” (sic [fs. 85 y vta.]). II.5. Cursa Talón de Control de arraigo de 31 de mayo de 2021 a nombre del accionante (fs. 88); Certificado de Depósito Judicial de la misma fecha por concepto de fianza económica por la suma de Bs7 000.- (siete mil bolivianos) ordenado por Auto de 27 de ese mes y año emitido por el Jueza de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz (fs. 89); Certificación de verificativo domiciliario más muestrario fotográfico de 7 de junio de igual año emitido por Rudy Quispe Huanca Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto del citado departamento en cumplimiento de “…sentencia de garantías constitucionales No. 163/2021…” (sic [fs.93 a 95]).
II.6. Cursa Informe de 3 de agosto de 2022, emitido por la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, sostuvo que: “...el proceso se remitió a Sala Penal Tercera mediante Sistema SIREJ pude verificar que el último actuado es en la Sala Penal Segunda de fecha 17 de julio de 2019, así también debo manifestar que realicé una revisión exhaustiva mediante el Sistema SIREJ pude observar que el señor Santos Mamani Condori se encuentra detenido en el Centro Penitenciario San Pedro” (sic [fs.115]). II.7. A través del Informe de 8 de agosto de 2022, dirigido a la Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, por el cual Richard Sumi Poma, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, manifestó que dentro de la presente acción de libertad “…si bien concede la tutela la autoridad jurisdiccional no concede la libertad ni medidas sustitutivas a la detención preventiva (u otro) a favor del accionante Santos Mamani Condori; por lo que se extraña dicho aspecto…” (sic). Al efecto remite fotocopia legalizada de la Resolución 163/2021 extraída del Libro de Tomas de Razón (fs. 126). II.8. Cursa Informe de 3 de febrero de 2023 dirigido por la Jueza de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, ante la Presidencia de Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, por el cual manifiesta como antecedentes, que en el citado Juzgado a su cargo se tramitó el juicio oral público y contradictorio del proceso penal seguido por el Ministerio Púbico contra el accionante por el delito de abuso sexual, habiéndose emitido Sentencia 26/2020 de 14 de agosto, y que ante el planteamiento del recurso de apelación restringida por parte del accionante, se remitió el mismo el 29 de enero de 2021 ante el Tribunal de alzada, “…no habiendo sido devuelto los actuados al Juzgado, pero tampoco se ha solicitado por el acusado cesación de detención preventiva como usualmente acontece con los privados de libertad que teniendo sentencia condenatoria sin ejecutoria, efectúan su petición ante el juez de instancia…” (sic. [fs.173 y vta.]).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que en apelación de la Resolución 145/2020 de 9 de septiembre, que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, el Vocal hoy accionado confirmó la citada Resolución a través del Auto de Vista 316/2020 de 21 del mismo mes, sosteniendo que el único riesgo procesal concurrente previsto por el art. 235.2 del CPP ameritaba la persistencia de dicha medida cautelar extrema “…para asegurar la aplicación objetiva de la ley…” (sic), razonamiento disímil adoptado por la Jueza de primera instancia, y que constituye una reforma en perjuicio al ser su persona el único apelante. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, dictó la SCP 0339/2012 de 18 de junio, señalando que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: '...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes'.
En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: '…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva'.
Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: 'Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar'.
De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”.
Del examen de la problemática planteada por la cual el accionante cuestiona el Auto de Vista 316/2020 de 21 de septiembre, en lo concerniente al fundamento por el cual declaró vigente el riesgo procesal de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, señalando que habría cambiado aquel razonado por la Jueza de primera instancia, por un fundamento desproporcional relativo a la finalidad subyacente de cumplir con la aplicación objetiva de la ley, lo que a su criterio constituiría además una reforma en su perjuicio al ser el único apelante; corresponde señalar que de la revisión de dicho actuado procesal se advierte una fundamentación razonada y coherente con relación a los agravios expresados en el recurso de apelación, pues el Vocal ahora accionado para sostener el criterio hoy cuestionado desglosa y responde los referidos agravios formulados por el accionante, explicando de manera lógica y estructurada que la finalidad de las medidas cautelares no únicamente responde a la necesidad de cumplir con actos investigativos o garantizar el desarrollo del proceso, sino también para asegurar la aplicación objetiva de la ley; es decir, la garantía del cumplimiento de la Sentencia 26/2020 emitida, una vez que la misma se encuentre ejecutoriada. Acompañado a ese razonamiento que constituye el fundamento principal del Auto de Vista 316/2020 hoy cuestionado, el Vocal hoy accionado aprobó que lo analizado y revisado por la Jueza de primera instancia, no desconoce que el elemento -las medidas cautelares- en etapa investigativa se aplica para actos investigativos; pero en etapa de juicio oral público y contradictorio, para el cumplimiento de la ley, señalando que ese es precisamente el fundamento sustancial y esencial de la referida Juzgadora, desarrollándose el juicio oral público y contradictorio y emitiéndose Sentencia 26/2020, entonces corresponde mantener la detención preventiva del accionante para fines pertinentes de la aplicación objetiva de la ley, lo que demuestra más allá de cualquier duda, que la conclusión arribada por el referido dicha autoridad de instancia no está fuera de los marcos de razonabilidad. De ello se tiene no ser evidente que el Vocal ahora accionado hubiera cambiado el razonamiento de la Jueza de primera instancia por uno nuevo, sino que el mismo fue ampliado confluyendo con su propio razonamiento, ello sin dejar de lado que en las conclusiones se identifica que el fundamento empleado en la Resolución 145/2020 apelada es precisamente la existencia de la citada Sentencia condenatoria; por lo cual no se advierte la alegada disimilitud de fundamento, mismo que incluso de ser evidente, no podría ser considerado como una reforma en perjuicio del apelante -accionante-dadas las circunstancias anotadas, más aún considerando que la instancia de alzada tiene la obligación de fundamentar su decisión con base a un análisis integral de los requisitos de procedencia concurrentes, en cuyo análisis concurre la necesidad de justificar la persistencia de la medida. Fuera de lo anterior se advierte que el accionante cuestionó también que en las sucesivas audiencias de consideración de cesación de su detención preventiva incluidas las primigenias que resolvieron su situación jurídica; el fundamento del riesgo procesal analizado fue variando, aludiendo que ello le generó una suerte de inseguridad jurídica, sin embargo, debe tomarse en cuenta que dicha variación no puede ser considerada como una afectación por sí misma de los derechos del accionante, considerando el carácter variable e instrumental de las medidas cautelares cuya necesidad de aplicación puede legítimamente modificarse al depender de las circunstancias del proceso indiscutiblemente variables. Finalmente, con relación al cuestionamiento final que el accionante efectuó en su demanda de acción de libertad, referido al supuesto fundamento desproporcional empleado por la Jueza de primera instancia, corresponde señalar que dado el carácter excepcionalmente subsidiario de esta acción de defensa, dicho reclamo no puede ser atendido en esta instancia, pues el accionante pudo plantear el mismo como un agravio de su recurso de apelación incidental, al no haberlo hecho, impide su análisis por parte de esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional. Sobre el tratamiento del supuesto incumplimiento de la Resolución 163/2021 emitida por la Jueza de garantías Resuelta que fue la presente acción de libertad por parte de la Jueza de garantías, se tiene una sucesión de actuados entre los que figura un reclamo del Vocal hoy accionado acerca de una presunta notificación defectuosa practicada a su persona que le impidió asumir defensa, pero también un reclamo del accionante sobre el supuesto incumplimiento de la determinación judicial por la que se le concedió la tutela solicitada ordenándose la emisión de un nuevo auto de vista. Del reclamo aludido se tiene que el mismo cuestionó la inexistencia del nuevo pronunciamiento, frente a lo cual se inicia un trámite en el cual el Vocal ahora accionado remite copia de la nueva resolución, con un contenido más extenso pero manteniendo la decisión primigenia, lo que es tomado en cuenta por la Jueza de garantías como un incumplimiento de lo ordenado en la aludida resolución; por lo que decide disponer directamente medidas sustitutivas a la detención preventiva a favor del accionante cual si se tratara de un juez ordinario que atiende la causa, extremo que excede las facultades de un juez o tribunal de garantías para garantizar la ejecución inmediata de su resolución y que amerita ser investigado por la instancia competente. Por consiguiente, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 163/2021 de 2 de mayo, cursante de fs. 51 a 53, pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada; y, 1° Dejar sin efecto todo lo obrado dentro del proceso penal como emergencia de la concesión de tutela solicitada dispuesta por la Jueza de garantías; y,
2° Remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura para la investigación de la conducta en la tramitación de la presente acción de defensa de Milenka Morayma Gutiérrez Antezana, Jueza de Instrucción Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz constituida en Jueza de garantías, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA VOTO ACLARATORIO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0438_2023-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4a4fbfa4151da625bd0df0f0f1fa64cdd1df23b764ab0772b8a041ebd902431c
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