Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 10 de abril de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 39/2025 de 14 de marzo, cursante de fs. 88 vta. a 91, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0437/2026-S3 Sucre, 10 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 72066-2025-145-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 39/2025 de 14 de marzo, cursante de fs. 88 vta. a 91, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Oliver Von Bergen Schmidt en representación legal del Colegio Alemán -Centro Escolar Alemán de Santa Cruz contra Uvaldo Saucedo Sevilla Parabá, Director Distrital de Educación Santa Cruz 1; Mónica Salaez, Directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del municipio de Santa Cruz; y, Walter Añez Gros.
La parte accionante, denuncia la vulneración de los derechos del estudiante AA, a la educación, al desarrollo integral, al respeto y a la dignidad psicológica, al interés superior del niño, a la protección y del Colegio Alemán a los derechos a la petición y al acceso a la justicia administrativa, denunciando que: a) Walter Añez Gros, incumplió reiteradamente el pago de las pensiones escolares de su hijo AA; b) La DNA del municipio de Santa Cruz no atendió ni resolvió sus denuncias efectuadas; y, c) El Director Distrital de Educación de Santa Cruz no viabilizó una solución para garantizar la continuidad educativa del menor de edad en otra unidad educativa; por lo que, solicita que se ordene: 1) A la DNA, atienda de inmediato la denuncia de incumplimiento de responsabilidades del progenitor emitiendo una resolución que disponga el traslado del estudiante AA a otra unidad educativa como medida de protección para el mismo; 2) Walter Añez Gros, como padre de familia, coadyuve al traslado de su hijo a otro establecimiento educativo, escogiendo responsablemente la educación que se adecúe a las posibilidades reales que tiene la familia; y, 3) Al Director Distrital de Educación, facilite y viabilice el traspaso y una transición no traumática para el referido menor. Uvaldo Saucedo Sevilla, Director Distrital de Educación Santa Cruz 1, por informe presentado en audiencia, cursante de fs. 82 a 85, solicitó se deniegue la tutela argumentando que: i) El Colegio Alemán carece de legitimación activa y no cumplió el principio de subsidiariedad; ii) El conflicto es de naturaleza contractual por deudas de pensiones; iii) El estudiante se encuentra registrado en la gestión 2025 en la misma unidad educativa, debido a que la Resolución Ministerial 01/2025 dispone la inscripción automática al curso inmediato superior y prohíbe la suspensión, expulsión o exclusión de estudiantes por falta de pago de pensiones; y, iv) La acción del colegio podría vulnerar el derecho a la educación y afectar el desarrollo integral del estudiante quien lleva varios años en esa institución. Mónica Salaez, Directora de la DNA del municipio de Santa Cruz, presentó su informe oral en audiencia, cursante de fs. 81 vta. a 82, indicando que: a) Se pretende involucrar a instituciones públicas para resolver un conflicto estrictamente contractual y económico con el padre del menor; b) Su función legal es proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero únicamente cuando existe un conflicto que los involucre directamente, lo cual no ocurre en este caso, ya que la controversia se limita a una deuda entre el colegio y el progenitor; y, c) El colegio debió acudir a la vía civil para exigir el cumplimiento de la obligación económica, por lo que solicita que se deniegue la tutela. Walter Añez Gros, presentó su informe oral en audiencia, cursante de fs. 79 vta. a 81., señalando que: 1) El Colegio Alemán pretende utilizar la justicia constitucional para cobrar una deuda derivada de una relación contractual privada, cuando la vía correcta es la jurisdicción civil mediante procesos -ejecutivo o coactivo-; 2) No existe vulneración al derecho; ya que, su hijo no se encuentra en situación de abandono ni riesgo; 3) Si bien, no ha cumplido de manera absoluta con el pago, se ha realizado pagos que han amortizado la deuda, de igual forma ha suscrito acuerdos y demostró voluntad de cumplir con sus obligaciones; y, 4) Su hijo no se encuentra formalmente inscrito, sino que asiste en calidad de oyente; debido a que, el colegio no permite que se lo inscriba hasta que cumpla con el pago de la deuda. La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución de 39/2025 de 14 de marzo, cursante de fs. 88 vta. a 91, denegó la tutela solicitada, señalando que el problema planteado por el colegio es de carácter económico -incumplimiento de pago de pensiones- y que, bajo ese argumento, se pretende el traslado del menor a otra unidad educativa; lo cual, no responde al interés superior del niño, más dicho traslado afectaría su entorno, desarrollo y estabilidad, pudiendo incluso impactar su proyecto de vida; asimismo, indicó que el colegio cuenta con vías ordinarias para reclamar la deuda, por lo que no corresponde acudir al amparo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme al Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Conforme al Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional estableció el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias Constitucionales, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan.
El Tribunal Constitucional a través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, sostuvo que la acción de amparo constitucional constituye un instrumento subsidiario, porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, y supletorio, pues viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. Es así, que en el 12 Fundamento Jurídico III.1 desarrollaron reglas y subreglas de improcedencia por subsidiariedad:
…cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a ) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existen otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución (las negrillas son incorporadas).
Por otra parte, en relación a los alcances del derecho a la petición y su diferenciación de una pretensión procesal este Tribunal a través de la SCP 0416/2016-S3 de 6 de abril, señaló que:
[U]n elemento de transcendental importancia en el ámbito jurídico es sin duda el petitorio pues en el ámbito procesal delimita el accionar de las autoridades judiciales o administrativas que están obligadas a resolver los recursos o impugnaciones conforme a lo solicitado, caso contrario se produce una decisión ultra o infra petita. Sin embargo, debido a que puede confundirse con el derecho de petición pura y llana corresponde diferenciarla. En ese sentido, en toda impugnación existe una petición, que -dentro de un proceso-forma parte de la pretensión, pero no toda petición involucra una impugnación. Así, en materia administrativa, el recurso de impugnación surge contra la decisión de la administración pública, en el que el administrado se sujeta a un procedimiento pre-establecido, en cambio en el derecho de petición no requiere la existencia de un proceso administrativo, debido a que tiene una autonomía propia, siendo únicamente exigible la identificación del peticionante para su procedencia, así lo determina el art. 24 de la CPE ‘Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionarioʼ. Los contrastes antes referidos advierten claramente una diferenciación entre el derecho de petición y la pretensión que puede contener una demanda o un recurso de impugnación dentro un proceso administrativo; mientras la primera es un derecho autónomo que se protege de manera directa vía acción de amparo constitucional ante su vulneración, con excepción claro está, en casos en que la administración de la entidad, haya establecido procedimiento para el tratamiento del derecho de petición, en este último corresponde previamente observar la misma; en el segundo caso, es decir, cuando se trata de una pretensión dentro un proceso administrativo corresponde que tanto los plazos como la pretensión misma sea tratada de acuerdo a procedimiento, en observancia de los elementos del debido proceso; en consecuencia, no puede ser tratada con los alcances del derecho de petición, sino, corresponde que el procedimiento administrativo sea observado con todo lo que incumbe: plazos y etapas procesales establecidas en la misma, regulados bajo la garantía del debido proceso (las negrillas nos pertenecen).
Corresponde remitirse a los antecedentes del caso, donde se evidenció la existencia de los contratos de prestación de servicios educativos de las gestiones 2022 y 2023 suscritos entre los representantes del Centro Escolar Alemán y Walter Añez Gros (fs. 37 a 39), se tiene también el documento de reconocimiento de deuda y promesa de pago firmada por Alexander Franz Heinrich Wille Hauke, Oliver Von Bergen Schmidt y Walter Añez Gros de 26 de enero de 2023 y certificación de firmas y rúbricas del documento privado de reconocimiento de deuda y promesa de pago de ese mismo día suscrita ante la Notaria de Fe Pública 110 (fs. 25); asimismo, cursan los memoriales presentados por Anja Lehmann en representación del Colegio Alemán de 21 de junio de 2024, dirigido a la directora de la DNA del municipio de Santa Cruz; por el cual, denunció el incumplimiento del pago de las pensiones escolares acordadas y aceptadas por Walter Añez Gros desde el año 2022 hasta ese día, solicitando su intervención inmediata para que el prenombrado reubique a su hijo AA en otra unidad educativa que se ajuste a sus ingresos económicos o en su defecto a una unidad educativa fiscal; y, el de subsanación de 12 de junio del citado año (fs. 15 a 17 vta.). En ese contexto, cabe referirse a la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional conforme a los parámetros anotados en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que indica que esta garantía constitucional constituye un mecanismo extraordinario de tutela inmediata de derechos fundamentales, frente a actos u omisiones ilegales o indebidos y no se constituye una instancia adicional ni sustitutiva de las vías ordinarias, su procedencia está condicionada al cumplimiento del principio de subsidiariedad; que establece que esta acción, no puede ser activada cuando existan otros medios o recursos legales idóneos para la protección del derecho. En este caso el representante del Colegio Alemán, tanto en su memorial de acción de amparo constitucional como en el de subsanación, solicitó la abstracción a la subsidiariedad señalando que, los documentos como el contrato de prestación de servicios educativos, el compromiso de pago y el reconocimiento de deuda, no son el objeto de la acción de amparo, sino que solo se presentaron para evidenciar el incumplimiento reiterado de pago por parte de los padres, lo que buscan es que se active el sistema de protección para resguardar el interés superior del niño, garantizando su desarrollo integral; en ese entendido, este Tribunal advierte que dicha afirmación no condice con la naturaleza real del conflicto ni con el petitorio formulado, pues la causa real del conflicto sigue siendo patrimonial y el origen del problema es el incumplimiento del pago de pensiones, respaldado por contratos, compromisos de pago, reconocimiento de deuda, incluso las peticiones efectuadas a la DNA tienen ese fin, pero sobre todo en el petitorio de esta acción tutelar donde solicita el traslado del menor de edad AA, solicitud que surge directamente del incumplimiento económico por parte del progenitor, existiendo un nexo causal indirecto con la deuda, lo que demuestra el conflicto eminentemente civil y patrimonial y no constitucional, y como se refirió en los párrafos precedentes esta garantía constitucional no puede ser desnaturalizada. En ese marco, no puede configurarse la excepción a la subsidiariedad porque, ésta procede para la protección directa de las niñas, niños y adolescentes, cuando existe vulneración de sus derechos, pero en este caso la medida de trasladarlo de colegio en el mes de marzo, cuando ya inició la gestión escolar en el mes anterior, incluso vulneraría sus derechos, evidenciado que no se está buscando proteger al menor, sino utilizarlo como medio para resolver un conflicto económico; por lo que, no procede la excepción de la subsidiariedad en este caso. Ahora bien, con los documentos que la parte accionante ostenta, puede acudir a la vía ordinaria llamada por ley que se encuentra plenamente disponible para la satisfacción de sus pretensiones; por ende, no corresponde a este Tribunal ingresar al conocimiento del fondo del presente caso, en atención a la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional inscrita en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo, pues es evidente que la parte impetrante de tutela no utilizó el medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico que hubieran permitido a las autoridades competentes pronunciarse, configurándose la causal de denegatoria por subsidiariedad. En cuanto a la vulneración del derecho a la petición del Colegio Alemán, si bien se evidencia que éste sí presentó solicitudes ante la DNA del municipio de Santa Cruz, como su abogado señaló en audiencia (fs. 77 vta.) “…presenta una denuncia ante la dirección de la Defensoría… señalando el incumplimiento de obligaciones por parte del señor Añez Gross…y en respuesta la Defensoría solicito que se precisaran los términos de la denuncia…” (sic); por lo que, presentaron el memorial de subsanación; ahora bien, el memorial de 31 de enero de 2025 cuya referencia indica: “Reitera admisión de denuncia” (sic [fs. 14]), aspectos que evidencian que la petición está enmarcada dentro de un trámite administrativo en el que incluso existió una solicitud de subsanación; por tanto, la admisión o negación debe ser resuelta en la vía administrativa y no en la constitucional; consiguientemente, la problemática planteada no se encuentra enmarcada dentro del derecho a la petición autónomo que se solicita que se le dé una respuesta fundamentada; más al contrario, se trata de una pretensión procesal, extremo vinculado a la admisión de su denuncia que no puede ser analizado directamente a través del presente mecanismo de defensa. Respecto al derecho al acceso a la justicia administrativa, si bien fue mencionado por la parte accionante, éste no explicó cómo es que se vulneró ese derecho; por lo que, corresponde denegar la tutela con relación a estos derechos. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 39/2025 de 14 de marzo, cursante de fs. 88 vta. a 91, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0437_2026-S3.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4c5dc8ca132c639d251692f78f1a8ae0c2100a2cfb78a05a92f8624710254ed8
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →