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SCP 0437/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 27 de mayo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
27 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
52278-2022-105-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a libertad, al acceso a la justicia, a la petición y a una justicia pronta y oportuna; toda vez que, por escrito de 22 de abril de 2022, solicitó audiencia de cesación a su detención preventiva en el marco del art. 239.1 del CPP modificado por la Ley 1173, sin que hasta el momento de la presentación de la acción de defensa, se le haya notificado con el señalamiento de audiencia, por lo que el Juez demandado no resolvió su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/22 de 28 de abril de 2022, cursante de fs. 22 a 24 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las Leyes 1173 y 1226
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0437/2025-S3 Sucre, 27 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 52278-2022-105-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 05/22 de 28 de abril de 2022, cursante de fs. 22 a 24 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mario Díaz Bernal y José Ramiro Torres LLanos en representación sin mandato de Richard Marco Alarcón Quenallata contra Romer Saucedo Gómez, Juez de Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de abril de 2022, cursante a fs. 4 y vta., el accionante a través de sus representantes, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de corrupción de menores -siendo lo correcto corrupción de niña, niño o adolescente-, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandado-, dispuso su detención preventiva; en ese contexto, mediante memorial de 22 de abril de 2022, solicitó audiencia de cesación de medidas cautelares en el marco del art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; además, presentó dos peticiones reiterativas y se apersonó en varias oportunidades ante el Juzgado del Juez demandado, sin obtener respuesta alguna; y, hasta la presentación de esta acción tutelar, no se resolvió su situación jurídica, máxime tratándose de su derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al acceso a la justicia, a la petición y a una justicia pronta y oportuna; citando al efecto los arts. 23 y 24 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 7.1, 10 y 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se “…CONCEDA LA TUTELA CONSTITUCIONAL PETICIONADA…” (sic), ordenando al Juez demandado, resuelva su petición…”.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 28 de abril de 2022, según consta en acta cursante de fs. 21 a 22, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de sus representantes, ratificó los argumentos expuestos en su demanda tutelar y ampliándolos, señaló que: a) La audiencia de cesación a la detención preventiva, no se pudo llevar a cabo por negligencia del Juez demandado, que no respondió a dos memoriales presentados el 12 de abril de 2022 y el segundo de 22 del mismo mes y año; b) Se realizó seguimiento al cuaderno procesal; sin embargo, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad no había señalamiento de la audiencia solicitada; y, c) El Juez demandado al suspender por tres veces consecutivas la audiencia de cesación a la detención preventiva, vulneró su derecho a la libertad y solicitó remitir antecedentes al Ministerio Público a efectos de sentar precedente.

I.2.2. Informe del demandado

Romer Saucedo Gómez, Juez de Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, por informe escrito presentado el 27 de abril del 2022, cursante a fs. 11 y vta., señaló que: 1) Lo aseverado por el accionante, no es cierto, se señaló audiencia para el 28 de abril de 2022, a horas 8:15, debidamente cargado en el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ); devuelto en el día a Secretaría, para que las partes tengan conocimiento; 2) La acción de libertad, según lo previsto por el art. 125 de la CPE y art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), debe ser invocada bajo los siguientes parámetros: cuando la vida esté en peligro, es ilegalmente perseguida, es indebidamente procesada y es indebidamente privada de libertad personal; en este caso, el accionante de tutela, no estableció en cuál de esas situaciones hubiera incurrido; 3) Cumplió con el plazo para señalar dicha audiencia, en este caso en cuarenta y ocho horas de haber tomado conocimiento referente al memorial presentado; y, 4) Solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 05/22 de 28 de abril de 2022, cursante de fs. 22 a 24 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) De la revisión del cuaderno procesal, se logró evidenciar el proceso penal interpuesto por el Ministerio Público en contra del ahora peticionante de tutela y en audiencia de medidas cautelares de 26 de febrero de 2022, se dispuso su detención preventiva; ii) El accionante, mediante memorial de 4 de abril de 2022, solicitó ante la autoridad demandada, cesación a la detención preventiva; y, que mediante decreto de 6 de abril del mismo año, señaló audiencia para el 8 del igual mes y año, y por falta de notificación no se habría instalado la referida audiencia; iii) Posterior a ello, por memorial de 12 de abril de 2022, peticionó audiencia de cesación a la detención preventiva, misma que por decreto de 19 de igual data, se señaló para el 21 del mismo mes y año, siendo de igual forma suspendida por falta de notificación a los sujetos procesales; iv) Mediante memorial de 22 de abril del 2022, nuevamente el accionante, solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva; y, por decreto de 26 de mismo mes y año, señaló audiencia para el 28 de igual mes y año a horas 8:20; se notificó solo a la parte denunciante, siendo este el último actuado que motivó a la presente acción de libertad; v) Refirió los arts. 126 y 410 de la CPE, el art. 8 de la DUDH; asimismo, señaló los arts. 46, 47 y siguientes del Código Procesal Constitucional (CPCo), parámetros en el que una acción de libertad puede ser presentado y que el argumento sería la falta de celeridad en trámites vinculados al derecho a la libertad; vi) Dentro el marco del art. 223 de la CPE, señala que: las “sentencias constitucionales” por el Tribunal Constitucional Plurinacional, tienen carácter vinculante y son de cumplimiento obligatorio por los administradores de justica; señaló la SCP 0575/2019-S4 de 29 de julio, “Que la labor de los jueces y magistrados no solo deben circunscribirse a observar los plazos procesales, sino que deben cumplir con el deber esencial de administrar justicia con la debida diligencia tramitando la causa con la mayor celeridad posible o dentro los plazos legales…” (sic); vii) Consta actas que fueron providenciadas, cumpliendo con el art. 123 del CPP, en cuanto al cumplimiento de los plazos y los motivos de suspensión, fueron por falta de control, en este caso el Juez demandado tiene la dirección de su juzgado; empero, citó los arts. 94 y 98 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que señala las obligaciones de los funcionarios jurisdiccionales y el art. 56 bis del CPP, modificado por la Ley 1173; la función de la Oficina Gestora de Procesos (OGP), que su deber es notificar a las partes, testigos y peritos intervinientes, como instancia administrativa de carácter instrumental que da soporte y apoyo técnico a la actividad jurisdiccional con la finalidad de optimizar la gestión judicial; viii) Que el accionante habiendo presentado acción de libertad el 27 de abril de 2022; y, la providencia de la autoridad demandada se efectivizó el 26 de igual mes y año, reportándose al SIREJ, en la misma fecha, cumpliéndose los plazos en cuanto a la emisión de su resolución; y, que señaló audiencia dentro del plazo establecido en el caso a la cesación a la detención preventiva; ix) Refirió la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, que señala que: “por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados…” (sic).; x) Mencionó la “SCP 0810/2025-S3” de 3 de agosto, sobre la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, que opera en la acción de libertad; y, xi) El memorial de la acción de libertad, fue presentada el 27 de abril de 2022; empero, revisado el cuaderno procesal, la autoridad demandada, resolvió ese memorial reclamado el 26 de abril de 2022, es decir un día antes de la presentación de la acción de libertad, en ese sentido es que opera la sustracción o pérdida del objeto procesal; la autoridad cumplió con su deber en cuanto al señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial de 22 de abril de 2022, Richard Marco Alarcón Quenallata -hoy impetrante de tutela-, retira apelación solicitada en audiencia de aplicación de medidas cautelares y se fije fecha y hora de audiencia de cesación de medida cautelar de detención preventiva conforme el art. 239.1 de la Ley 1173 (fs. 2). II.2. Consta decreto de 26 de abril de 2022; la autoridad demandada, señaló audiencia de cesación a la detención preventiva, para el 28 de abril de 2022, aclarando que “Se decreta en la fecha, en virtud al ingreso físico a despacho del memorial de la misma data” (sic [fs.99]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a libertad, al acceso a la justicia, a la petición y a una justicia pronta y oportuna; toda vez que, por escrito de 22 de abril de 2022, solicitó audiencia de cesación a su detención preventiva en el marco del art. 239.1 del CPP modificado por la Ley 1173, sin que hasta el momento de la presentación de la acción de defensa, se le haya notificado con el señalamiento de audiencia, por lo que el Juez demandado no resolvió su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las Leyes 1173 y 1226

La SCP 0419/2025-S1 de 8 de mayo, sostuvo que: “… la 0787/2022-S1 de 12 de agosto, asumió el siguiente razonamiento: La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 1226 de 30 de octubre de 2014-, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su Capítulo III, específicamente el art. 8 incluyó modificaciones y sustituciones a las normas del Código de Procedimiento Penal, entre las que se encuentran el art. 239, que en lo relativo al pedido de cesación de la detención preventiva por las causales que se hallaban previstas en los numeras 1 y 4 de dicha norma, establecía que se debía señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días. Si bien hasta antes de la promulgación de la Ley 586, este Tribunal estableció que para la procedencia de la protección que brinda la acción de libertad, ante la falta de pronunciamiento oportuno dentro de una solicitud de medidas cautelares que afecta el derecho a la libertad física del imputado, dicha petición debía ser atendida dentro del plazo razonable de tres días, en el que debía fijarse día y hora de realización de la audiencia correspondiente y procederse con las notificaciones respectivas -SCP 0110/2012 de 27 de abril-; con la modificación efectuada al art. 239 del CPP por la referida Ley 586, dicho plazo fue regulado a cinco días. Sin embargo, el plazo en el que debe llevarse a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva, así como el trámite que debe imprimirse a dicho pedido de acuerdo a la casual invocada, fue modificada por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que entró en vigencia el 4 de noviembre de igual año, introdujo las modificaciones al art. 239 del CPP; empero dicha ley a su vez fue modificada por la Ley de Modificación a la Ley 1173 de 3 mayo de 2019, de abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1226 de 23 de septiembre-, bajo el siguiente tenor: Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.

Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.” Por lo tanto, el precepto vigente del art. 239 del CPP, establece que ante la petición de cesación de las medidas cautelares personales basada en la existencia de nuevos elementos que evidencien que no concurren los motivos que la fundaron o se torne conveniente que sea sustituida por otra medida; así como cuando se funda en las causales previstas en los numerales 2, 5 y 6 de dicha norma, el juez o tribunal que conozca de tal solicitud deberá señalar audiencia para la resolución de la solicitud de cesación de la detención preventiva dentro de las cuarenta y ocho horas, debiendo tramitarla con la mayor celeridad posible en el nuevo plazo estipulado. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, debe tramitarla con celeridad y dentro del plazo establecido por el art. 239 del CPP, puesto que el incumplimiento de esta obligación impuesta por dicha norma, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud. Respecto del plazo en el cual debe ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad de los impetrantes de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de sus representantes denunció la vulneración de sus derechos a libertad, al acceso a la justicia, a la petición y a una justicia pronta y oportuna; toda vez que, por escrito de 22 de abril de 2022, solicitó audiencia de cesación de su detención preventiva en el marco del art. 239.1 del CPP modificado por la Ley 1173, sin que, hasta el momento de la presentación de la acción de defensa, se le haya notificado con el señalamiento de audiencia, por lo que el Juez demandado no resolvió su situación jurídica. De la revisión de los antecedentes plasmados en Conclusiones de este fallo constitucional, se tiene memorial de 22 de abril de 2022, donde el impetrante de tutela, retira apelación solicitada en audiencia de aplicación de medidas cautelares y se fije fecha y hora de audiencia de cesación de medida cautelar de la detención preventiva conforme el art. 239.1 de la Ley 1173 (Conclusión II.1); consta decreto de 26 de igual mes y año; la autoridad demandada, señaló audiencia de cesación a la detención preventiva, para el 28 de abril de 2022, aclarando que “Se decreta en la fecha, en virtud al ingreso físico a despacho del memorial de la misma data” (Conclusión II.2); y, según impresión del reporte del SIREJ, se evidenció el registro del decreto de 26 de abril de 2022 (Conclusión II.3).

Los antecedentes arrimados al expediente permiten colegir, que el accionante se encuentra privado de su libertad, cumpliendo una medida cautelar personal de detención preventiva; motivo por el que, mediante memorial de 22 de abril de 2022, con cargo de recepción del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz de igual data a horas 14:09, solicitó al referido juzgado, audiencia de cesación de detención preventiva; y, según el decreto el mencionado memorial ingresó a despacho del Juez ahora demandado, el día 26 de igual mes y año, mereciendo señalamiento, para el 28 de similar mes y año, es decir, dentro el plazo previsto por el art. 239 de CPP, que señala: “planteada la solicitud, en caso de los numerales 1,2,5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas”.

Corresponde precisar que en previsión de lo establecido en el art. 113.II del CPP modificado por el art. 7 de la Ley 1173 que señala: “Excepcionalmente, ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles” (negrillas añadidas). Como se advierte del cargo de presentación del memorial de 22 de abril de 2022, este fue recepcionado en auxiliatura del referido Juzgado a horas 14:09 del mismo día , mes y año; empero, según el proveído el escrito fue ingresado a despacho el día 26 de igual mes y año, mereciendo señalamiento conforme a rol de audiencias, para el 28 de similar mes y año, es decir dentro de las cuarenta y ocho horas a partir del ingreso a despacho; siendo necesario aclarar que la autoridad demandada, demostró que el referido decreto se encontraba cargado al Sistema SIREJ el mismo día, lo que significa que, cuando presenta esta acción tutelar el día 27 de igual data a horas 11:04, el señalamiento de audiencia -que reclama el accionante- ya se habría realizado, por lo que no corresponde conceder la tutela, al no advertirse vulneración de derecho reclamado por parte del peticionate de tutela. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/22 de 28 de abril de 2022, cursante de fs. 22 a 24 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0437_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.

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