B.IA.LEGAL

SCP 0437/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 19 de agosto de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
19 de agosto de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
51423-2022-103-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad privada y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación vinculados al principio de legalidad; toda vez que, los Vocales accionados mediante el Auto de Vista 97/2022 determinaron declarar procedente el recurso de apelación incidental formulado por Carlos Malanio Reynolds Pozo dejando sin efecto el Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de 2022 indicando: 1) Inicialmente se afirma que el vehículo es de su propiedad y luego de Ramón Yale, lo cual se considera una contradicción; asimismo, afirmaron falsamente que el reclamante nunca se opuso al embargo del vehículo, cuando en realidad sí lo hizo conforme se demuestra del memorial presentado el 11 de marzo de 2021 manifestando su oposición y que su abogado también se opuso al embargo, lo que debería constar en las fojas 847 a 850 del expediente; 2) No se revisó adecuadamente el expediente, lo que los llevó a no reconocer su oposición al embargo y a no considerar la documentación que demostraba su posición; aspecto que se repite cuando su vehículo fue ofrecido como garantía en una audiencia de medidas cautelares sin su consentimiento sin que exista ningún documento que acredite que su persona haya ofrecido su vehículo como garantía para el pago de una eventual reparación de daños; y, 3) Si bien las víctimas merecen una reparación integral, esta no debe afectar los derechos de terceros, como su derecho a la propiedad privada sin que exista evidencia que demuestre que ofreció su vehículo como garantía, y que su derecho a la propiedad. En c…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 134/2022 de 8 de noviembre, cursante de fs. 96 a 100, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en lo que se refiere al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; y, 2° Disponer que los Vocales demandados pronuncien nueva resolución, considerando para el efecto los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0437/2024-S1 Sucre, 19 de agosto de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 51423-2022-103-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 134/2022 de 8 de noviembre, cursante de fs. 96 a 100, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Félix Aduviri Gómez contra Iván Sandoval Fuentes y Jaime René Conde Andrade, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 26 de septiembre de 2022, cursantes de fs. 40 a 50 vta., el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del procedimiento para la reparación del daño seguido contra Ramón Yale se dictó resolución con el importe exacto de indemnización de Bs421 405,3 (cuatrocientos veintiún mil cuatrocientos cinco 3/100 Bolivianos). Posteriormente, en ejecución de dicha decisión -ante la falta de pago de lo adeudado- con el objetivo de lograr el cobro de la cantidad adeudada, se ordenó el embargo de un inmueble y de un camión marca Nissan Cóndor, color blanco, con placa de control 2064-CBR que es de su propiedad conforme la documentación correspondiente que cursa en obrados, orden de embargo de la cual no tuvo conocimiento hasta que la esposa de Ramón Yale, le informó sobre el inminente remate del vehículo. Ante esta situación, el 11 de marzo de 2021, formuló oposición ante el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, reclamando su derecho propietario sobre el citado motorizado; como resultado se emitió el Auto Interlocutorio AIN 002/2021 de 2 de junio, que anulando las actuaciones hasta la foja 746 inclusive, dejó sin efecto el mandamiento y el acta de embargo sobre su vehículo. No obstante, esta decisión fue cuestionada por la parte demandante, quien solicitó nuevamente el embargo del vehículo, pedido que fue rechazado por providencia de 22 de julio de 2021. Posteriormente, la parte demandante -ahora tercero interesado- interpuso un recurso de reposición con alternativa de apelación, alegando vulneración del derecho al debido proceso, en particular respecto al principio de verdad material y acceso a la justicia en relación con la negativa del embargo. Este recurso fue respondido mediante el Auto Interlocutorio AIMT 044/2021 de 30 de noviembre, que lo rechazó y lo remitió al superior en grado. En apelación, los Vocales de la Sala Penal Primera -ahora demandados- emitieron el Auto de Vista 400/2021 de 12 de noviembre, dejando sin efecto el Auto Interlocutorio apelado, y ordenando la emisión de una nueva resolución considerando los fundamentos expresados en dicho fallo. Como resultado de esta determinación, el Juez a quo emitió el Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de 2021, el cual también fue recurrido en reposición con alternativa de apelación por Ramón Yale -ahora tercero interesado-, solicitando la modificación del mencionado pronunciamiento y el cumplimiento de lo dispuesto por el referido Auto de Vista. A raíz de este último recurso, los Vocales ahora demandados emitieron el Auto de Vista 97/2022 de 22 de marzo, declarando procedente el recurso de apelación, dejando sin efecto el antes citado Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de 2021 apelado, y ordenando al Juez de la causa emitir una nueva resolución de forma inmediata, cumpliendo lo establecido en el Auto de Vista 400/2021. Bajo ese marco, el Auto de Vista 97/2022 señaló que: a) Su persona dio su consentimiento para que el vehículo marca Nissan Cóndor pudiera ser rematado, a pesar de que el vehículo figura a su nombre y no del acusado en el proceso, circunstancia que se demuestra al haberse ofrecido como garantía en la audiencia de medidas cautelares; de este modo, el Juez emitió una resolución basándose en dicha cautela ofrecida, lo que permitió al acusado recibir medidas sustitutivas a la detención preventiva; b) A pesar de que se otorgó consentimiento en una audiencia pública, ahora se pretende desconocer este acuerdo basándose estrictamente en formalidades legales, lo cual es visto como una burla a la justicia; por lo que, se debe establecer que en casos donde hay un conflicto entre la justicia y la aplicación estricta de la ley, debe prevalecer la justicia, sobre todo cuando ya hubo un consentimiento previo y una sentencia ejecutoriada; y, c) El Juez a quo no cumplió con lo dispuesto en el Auto de Vista 400/2021, por lo que se debe emitir una nueva resolución fundamentada que aplique principios de razonabilidad, acceso a la justicia y verdad material. Al respecto, dicho Auto de Vista contiene las siguientes arbitrariedades: 1) Inicialmente se afirma que el vehículo es de su propiedad y luego de Ramón Yale, lo cual se considera una contradicción; asimismo, afirmaron falsamente que el reclamante nunca se opuso al embargo del vehículo, cuando en realidad sí lo hizo, conforme se demuestra del memorial presentado el 11 de marzo de 2021 manifestando su oposición y que su abogado también se opuso al embargo, lo que debería constar en las fojas 847 a 850 del expediente; 2) No se revisó adecuadamente el expediente, lo que los llevó a no reconocer su oposición al embargo y a no considerar la documentación que demostraba su posición; aspecto que se repite cuando su vehículo fue ofrecido como garantía en una audiencia de medidas cautelares sin su consentimiento y sin que exista ningún documento que acredite que su persona haya ofrecido su vehículo como garantía para el pago de una eventual reparación de daños; y, 3) Si bien las víctimas merecen una reparación integral, esta no debe afectar los derechos de terceros, como su derecho a la propiedad privada, sin que exista evidencia que demuestre que ofreció su vehículo como garantía, y su derecho a la propiedad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la propiedad privada y al debido proceso, en sus elementos fundamentación y motivación vinculado al principio de legalidad; citando al efecto, los arts. 56, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

La accionante solicita se conceda la tutela y se disponga dejar sin efecto el Auto de Vista 97/2022 de 22 de marzo, emitida por los Vocales ahora demandados quienes deben emitir un nuevo fallo, considerando al efecto los antecedentes cursante en obrados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, fue llevada a cabo el 8 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 85 a 95; produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y ampliando sus argumentos señaló: i) De antecedentes se evidencia que en la audiencia de medidas cautelares de 4 de octubre de 2013, el abogado de Ramón Yale, de forma unilateral ofreció el vehículo de su mandante con la finalidad de que el entonces imputado no sea detenido preventivamente, refiriendo en síntesis lo siguiente: que a objeto de demostrar que se “encuentra con ese apoyo vamos a ofrecer los documentos en originales de un inmueble y del camión que se encuentra secuestrado en tránsito a nombre del señor Félix Aduviri Gómez”, empero debe considerarse que el ahora accionante se encontraba en el proceso en calidad de testigo, es por ello que en dicha audiencia se encontraba afuera esperando para prestar su declaración y desconocía sobre la disposición de su bien que se realizaba por la parte procesada; ii) Al momento de celebrarse la audiencia de 4 de octubre de 2013, no estaba en debate el dar su bien como garantía para el pago, sino que éste era dado a fin de que el procesado no vaya a la cárcel con detención preventiva; iii) El Auto de Vista 97/2022, utiliza como fundamento lo sucedido en el acta de audiencia y resolución de 4 de octubre de 2013, acto procesal en el que no participó el ahora accionante, por lo que tampoco dio su consentimiento para que su bien pueda ser dado para que sea rematado; iv) En relación a que Félix Aduviri Gómez, nunca se opuso al embargo, esa situación es completamente falsa, quedando demostrado que no se hizo una incorrecta valoración de los antecedentes del proceso penal, puesto que cursa memorial donde existe una oposición al embargo; y, v) El Auto de Vista observado únicamente hace referencia al derecho a la víctima a que se resarza el daño causado, pero no refiere al derecho a la propiedad o la posibilidad de rematar el bien de una persona ajena al proceso; similar situación ocurre con los fundamentos de disyuntiva entre derecho y justicia, sin considerar que ello conlleva que se disponga el embargo de un bien perteneciente a un ajeno del proceso; en ese entendido, señala que no existe en dicho fallo normativa alguna referente al derecho a la propiedad contenido en el art. 56 de la CPE. Realizadas las consultas por los miembros de la Sala Constitucional, el accionante a través de su asistencia técnica indicó: a) En ningún momento fue notificado con las providencias que versan sobre la disposición que se realizaba sobre su motorizado; b) Nunca manifestó que otorgaba su vehículo en calidad de garantía, y tampoco existe documentación que lo demuestre; en ese entendido, al momento de tramitar el proceso de reparación del daño ya se solicitó el embargo y el remate del vehículo, dicha petición fue rechazada bajo el fundamento de que no existía consentimiento para otorgar su camión en tal calidad; y, c) Se dio el camión con la finalidad de que Ramón Yale no ingrese al recinto penitenciario con detención preventiva, pero no para cubrir la reparación del daño, en ese entendido el derecho propietario no se encontraba comprometido y es recién cuando se estaba embargando que se entera de esta determinación judicial.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Iván Sandoval Fuentes y Jaime René Conde Andrade, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por informe cursante de fs. 83 a 84, señalaron lo siguiente: 1) Como Tribunal se consideró al momento de resolver la apelación incidental, que fue Ramón Yale quien ofreció en etapa preparatoria en garantía su bien, eso está demostrado muy bien mediante acta de audiencia y si bien es cierto que es un tercero en el proceso, empero de manera voluntaria dio su consentimiento, por lo que ahora no puede alegar el hecho de que el bien al no ser de propiedad del procesado, esté impedido de su embargo; 2) El ahora accionante recién presenta su objeción en grado de ejecución siendo los razonamientos del Juez a quo, estrictamente formalistas, legalistas, apartándose del principio de razonabilidad, proporcionalidad y acceso a la justicia, siendo que de la revisión que se hizo al citado Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de 2021, se pudo constatar que el Juez de la causa únicamente se limitó a realizar mayor fundamentación pero no en la forma en la que se dispuso y ordenó en un anterior Auto de Vista; y, 3) Se motivó en sentido que ante un conflicto entre la justicia y el derecho, se debe aplicar la justicia; por cuanto no es nada ético que el acusado trate de desconocer lo que ocurrió en la audiencia cautelar donde consintió otorgar en garantía el motorizado en cuestión.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Ramón Yale por intermedio de su abogado, en audiencia de esta acción tutelar, indicó lo siguiente: i) El vehículo de referencia fue ofrecido en audiencia de medidas cautelares como garantía para resarcir daños ocasionados a la parte demandante, y es por ello que la Jueza cautelar llegó a aplicar medidas sustitutivas a la detención preventiva, véase fs. 183 vta. y 185 vta., que dice a grandes rasgos en audiencia, que el imputado ha ofrecido los documentos de su camión como garantía para la reparación del daño así como los de su inmueble en la localidad de Sopachuy; ii) El vehículo se encuentra vinculado al proceso desde que el mismo se dio en calidad de garantía en el proceso por el delito de lesiones graves y omisión de socorro, y desde ese momento nunca se reclamó sobre el derecho propietario, cuando podían hacerlo ya en la gestión 2012; iii) La acción de amparo constitucional se encuentra regulada por los principios de subsidiaridad y de inmediatez, principios que no fueron cumplidos en la presentación de esta acción de defensa puesto que desde el 2 de diciembre del 2020 que se dispone la hipoteca judicial y/o anotación preventiva y embargo del motorizado, el accionante tenía el momento oportuno para interponer los medios legales de defensa necesarios. En respuesta a las consultas del Tribunal de garantías, se indicó que, al momento del embargo, el vehículo se encontraba en posesión del procesado, lo que sugiere que era su propietario material, aunque el derecho de propiedad pudiera corresponder a otra persona, lo cual consideró como un “tema aparte”. Respecto a si el ahora accionante dio su consentimiento para que su vehículo sirviera como garantía, el abogado señaló que se remitían al acta, ya que en ese momento no estaban presentes en la audiencia cautelar.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca, mediante Resolución 134/2022 de 8 de noviembre, cursante de fs. 96 a 100, denegó la tutela solicitada; tal determinación se dio bajo los siguientes argumentos: a) Respecto al incumplimiento del principio de inmediatez, de acuerdo a lo alegado por los terceros interesados, se debe considerar que el acto reclamado a través de la presente acción de amparo constitucional, es el Auto de Vista 97/2022 emitido el 22 de marzo, mismo que fue notificado a las partes, concretamente a Félix Aduviri Gómez -ahora accionante- el 25 de marzo de 2022, y fue presentada el 26 de septiembre de igual año, habiéndose cumplido los seis meses de plazo, ello tomando en cuenta que el 25 de septiembre recaía en día domingo, quedando habilitado para su presentación el día siguiente hábil, vale decir, el 26 de septiembre; b) El Juez de instancia pronunció el Auto de 6 de septiembre de 2021, por el que nuevamente rechaza la petición, lo que vulnera el debido proceso en sus vertientes de acceso a una justicia pronta y oportuna, puesto que la reparación del daño que ya se encuentra calificado no puede ser ejecutado debido a que la indicada autoridad se estaría negando a cumplir lo dispuesto en el Auto de Vista 400/2021; c) Los Vocales demandados analizaron e interpretaron los hechos ocurridos en la realidad, anteponiendo la verdad de los mismos antes que cualquier otra situación; es decir, en base al principio de verdad material y justicia, efectuaron un razonamiento lógico; d) El ajustarse a la verdad material, genera la primacía de la realidad de los hechos sobre la aparente verdad que pueda emerger de los documentos, como señala la jurisprudencia constitucional, por cuanto la rigurosidad de la legalidad y de los formalismos han sido ya superados por la doctrina y la jurisprudencia constitucional, precisamente cuando deben ser considerados principios constitucionales como el de verdad material y de justicia, tomando en cuenta además que en el caso presente, al haberse acreditado que el motorizado en cuestión fue ofrecido en audiencia de medidas cautelares como garantía para cubrir las contingencias de la reparación del daño, situación que generó el convencimiento en el Juzgador en ese momento para asumir la determinación de beneficiar al imputado Ramón Yale con la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; y, e) No se observa la vulneración del derecho a la propiedad ya que se trata de una disposición libre de la persona ahora accionante, que desde un primer momento conoció de la situación del motorizado y no reclamó su derecho propietario sino hasta después de diez años aproximadamente, aspecto que también fue analizado por los Vocales en el Auto de Vista ahora cuestionado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares personales celebrada el 6 de julio de 2012, dentro del proceso seguido por el Ministerio Público contra Ramón Yale por la presunta comisión del delito de lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, acto en el que se pronunció el Auto Interlocutorio 31/2012 que dispone medidas sustitutivas a la detención preventiva del referido imputado (fs. 15 a 21). II.2. Cursa acta de mandamiento de embargo 02/2021 de 15 de enero de un camión marca Nissan Cóndor, color blanco, con placa de control 2064-CBR en el que se nombra depositario del mismo a Ramón Yale (fs. 36 vta.). II.3. Consta memorial presentado el 2 de junio de 2021, por Jeffrey Moreno Pérez en representación de Félix Aduviri Gómez; por el cual, formula oposición al embargo del referido vehículo tipo camión, así también impetra incidente de nulidad por existir actividad procesal defectuosa (fs. 76 a 79). II.4. Acta de audiencia celebrada el 2 de junio de 2021 dentro del proceso penal por reparación del daño seguido por Carlos Melanio Reynolds Pozo contra Ramón Yale, llegándose a pronunciarse el Auto AIN 002/2021 de 2 de junio, que anula obrados hasta fs. 746 inclusive (fs. 9 a 12 vta.). II.5. Por Auto de Vista 97/2022 de 22 de marzo, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia dentro del proceso seguido por Carlos Melanio Reynolds Pozo contra Ramón Yale, demandado la reparación del daño (fs. 2 a 6).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad privada y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación vinculados al principio de legalidad; toda vez que, los Vocales accionados mediante el Auto de Vista 97/2022 determinaron declarar procedente el recurso de apelación incidental formulado por Carlos Malanio Reynolds Pozo dejando sin efecto el Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de 2022 indicando: 1) Inicialmente se afirma que el vehículo es de su propiedad y luego de Ramón Yale, lo cual se considera una contradicción; asimismo, afirmaron falsamente que el reclamante nunca se opuso al embargo del vehículo, cuando en realidad sí lo hizo conforme se demuestra del memorial presentado el 11 de marzo de 2021 manifestando su oposición y que su abogado también se opuso al embargo, lo que debería constar en las fojas 847 a 850 del expediente; 2) No se revisó adecuadamente el expediente, lo que los llevó a no reconocer su oposición al embargo y a no considerar la documentación que demostraba su posición; aspecto que se repite cuando su vehículo fue ofrecido como garantía en una audiencia de medidas cautelares sin su consentimiento sin que exista ningún documento que acredite que su persona haya ofrecido su vehículo como garantía para el pago de una eventual reparación de daños; y, 3) Si bien las víctimas merecen una reparación integral, esta no debe afectar los derechos de terceros, como su derecho a la propiedad privada sin que exista evidencia que demuestre que ofreció su vehículo como garantía, y que su derecho a la propiedad. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: 1) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:

(…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.

(…)

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.

(…)

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.

razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia 9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad privada y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación vinculados al principio de legalidad; toda vez que los Vocales accionados mediante el Auto de Vista 97/2022 determinaron declarar procedente el recurso de apelación incidental formulado por Carlos Malanio Reynolds Pozo dejando sin efecto el Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de 2022 indicando: 1) Inicialmente se afirma que el vehículo es de su propiedad y luego de Ramón Yale, lo cual se considera una contradicción; asimismo, afirmaron falsamente que nunca se opuso al embargo del vehículo, cuando en realidad sí lo hizo conforme se demuestra del memorial presentado el 11 de marzo de 2021 manifestando su oposición y que su abogado también se opuso al embargo, lo que debería constar en las fojas 847 a 850 del expediente; 2) No se revisó adecuadamente el expediente, lo que los llevó a no reconocer su oposición al embargo y a no considerar la documentación que demostraba su posición; aspecto que se repite cuando su vehículo fue ofrecido como garantía en una audiencia de medidas cautelares sin su consentimiento sin que exista ningún documento que acredite que su persona haya ofrecido su vehículo como garantía para el pago de una eventual reparación de daños; y, 3) Si bien las víctimas merecen una reparación integral, esta no debe afectar los derechos de terceros, como su derecho a la propiedad privada sin que exista evidencia que demuestre que ofreció su vehículo como garantía, y que su derecho a la propiedad.

Ahora bien, de los antecedentes cursantes en el legajo procesal se tiene que en el marco del acto denunciado como vulneratorio de derechos, se observa que en el proceso penal por la comisión del delito de lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, se llevó a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares de carácter personal contra Ramón Yale de 6 de julio de 2012 en la cual, la defensa técnica del imputado en relación al art. 234.5 del CPP señaló que “…a fines de demostrar que se cuenta con ese apoyo, vamos a ofrecer los documentos en originales del camión que se encuentra secuestrado en tránsito, todos a nombre del señor Félix Aduviri Gómez, que acá se encuentra el carnet y que iba a estar como testigo, quien está dispuesto a que se remate el camión a fines de reparar el daño…”(sic); esta audiencia culminó con el pronunciamiento del Auto Interlocutorio 31/2012, en el cual, respecto a dicho presupuesto de fuga se precisó que en la “…audiencia el imputado ha ofrecido los documentos de su camión, como garantía para la reparación del daño, así como los de su inmueble en la localidad de Sopachuy…” [(sic) Conclusión II.1)]. Posteriormente, en ejecución de la resolución de reparación de daños, el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca emitió mandamiento de embargo 02/2021 de 15 de enero contra el vehículo tipo camión, con placa de control 2064-CBR, de color blanco (Conclusión II.2); lo cual motivó que mediante escrito presentado el 2 de junio de 2021, el hoy accionante Félix Aduviri Gómez, interponga incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa por vulneración a los derechos a la defensa y propiedad privada así como oposición al embargo del vehículo tipo camión, marca Nissan, modelo Cóndor, de color blanco, con placa de control 2064 CBR, del año 1992, motor FE6110739C y chasis CM88KE16444, subrayando que en ningún momento dio su consentimiento o autorización a fin de que proceda dicha medida para cubrir la reparación del daño, lesionándose de esta manera su derecho a la propiedad (Conclusión II.3). Dicho incidente fue resuelto por Auto Interlocutorio AIN 002/2021 de 2 de junio que dispone anular obrados hasta que se proceda a practicarse una nueva notificación o una primera notificación al hoy accionante Félix Aduviri Gómez con la resolución que ordena el embargo de los bienes nombrados, quedando con todo el valor legal pertinente, las actuaciones posteriores a esta nulidad que se refiere a la retención del inmueble de Ramón Yale -hoy tercero interesado- (Conclusión II.4). Posteriormente, en cumplimiento al Auto de Vista 400/2021 de 12 de noviembre se pronunció el Auto Interlocutorio AIMT 044/2021 de 30 de noviembre por el cual el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, rechaza las solicitudes efectuadas mediante memorial de 9 de julio de 2021, bajo el fundamento que el art. 244 del CPP prescribe que para que una fianza real sobre un bien mueble sujeto a registro (como un vehículo) sea válida, es necesaria la conformidad expresa del propietario que de manera clara y escrita debe manifestar su intención de afianzar una obligación específica, conforme lo explicita el Código Civil, que en el caso particular no ocurrió, toda vez que el propietario del vehículo en cuestión declaró expresamente que nunca otorgó su consentimiento para usar el bien como garantía. A mérito de la impugnación planteada por Carlos Melanio Reynolds Pozo, los Vocales hoy demandados dictaron el Auto de Vista 97/2022 de 22 de marzo, hoy confutado mediante la presente acción tutelar (Conclusión II.5).

Establecidos los antecedentes que hacen al caso y considerando el contexto del problema jurídico, corresponde conocer el contenido del Auto de Vista ahora confutado, a objeto de verificar si lo alegado por la accionante de tutela resulta ser o no evidente; entonces se tiene que, las aludidas autoridades de alzada señalaron lo siguiente: i) Mediante Auto Interlocutorio de 6 de septiembre de 2021, el Juez A quo rechazó la calificación del monto, conforme al art. 1333 del Código Civil, respecto a un inmueble embargado en el que se hubiera negado a que el pago al perito sea en prorrata; asimismo, no se dio curso al embargo del camión Nissan Cóndor, con placa de control 2064-CBR, resolución que fue apelada dictándose el Auto de Vista 400/2021 de 12 de noviembre, en el que se declaró fundados los motivos de apelación, y en la parte resolutiva, se resolvió “…declarar la PROCEDENCIA del recurso de apelación incidental formulada por la parte demandante, quedando sin efecto el Auto confutado, debiendo el Juez emitir una nueva Resolución debidamente fundamentada conforme se tiene extrañado en los fundamentos expuestos...” (sic); ii) Se lesionó el debido proceso porque el A quo emitió el Auto Interlocutorio de 6 de septiembre de 2021, donde se ha rechazado nuevamente la petición, lo que violaría el debido proceso consagrado en el art. 115.1, 180.1 de la CPE, porque se hubiera vulnerado el derecho de acceso a la justicia pronta y oportuna, en el entendido de que la reparación del daño no se hubiese podido ejecutar, lo que vulneraria, el art. 113.1 de la CPE; iii) Si bien el motorizado no es propiedad de Ramón Yale, pero es quien lo ofrece como garantía en etapa preparatoria, eso lo describe muy bien mediante acta de audiencia que señala “(...) el Sr. Freddy Aduviri dio su consentimiento para que se pueda rematar el motorizado marca NISSAN Cóndor...” (sic); consecuentemente, resulta evidente que el Juez a quo no cumplió con lo ordenado por el referido Auto de Vista 400/2021, correspondiendo acoger el motivo de agravio de la parte demandante, disponiendo que se emita una nueva resolución debidamente fundamentada, aplicando los principios de razonabilidad, principio de acceso a la justicia y verdad material. En ese contexto, contrastados los fundamentos desglosados con los motivos denunciados se evidencia que las autoridades jurisdiccionales ahora demandadas, no realizaron un análisis y revisión correcta de los antecedentes del caso cuando afirman que el accionante dio su consentimiento para el uso del vehículo de propiedad del hoy accionante como garantía, lo cual no corresponde con los hechos que se relatan en la audiencia de aplicación de medidas cautelares de carácter personal contra Ramón Yale celebrada el 6 de julio de 2012; en la cual la defensa técnica del imputado en relación al art. 234.5 del CPP señaló que “…a fines de demostrar que se cuenta con ese apoyo, vamos a ofrecer los documentos en originales del camión que se encuentra secuestrado en tránsito, todos a nombre del señor Félix Aduviri Gómez, que acá se encuentra el carnet y que iba a estar como testigo, quien está dispuesto a que se remate el camión a fines de reparar el daño…” (sic); actuación procesal que culminó con el pronunciamiento del Auto Interlocutorio 31/2012, en el cual, respecto a dicho presupuesto de fuga se precisó que en la “…audiencia el imputado ha ofrecido los documentos de su camión, como garantía para la reparación del daño, así como los de su inmueble en la localidad de Sopachuy…” [(sic) Conclusión II.1)]; argumentos que denotan una contradicción en la interpretación y afirmación de las autoridades judiciales sobre el consentimiento del accionante, Félix Aduviri Gómez, para usar su vehículo como garantía. Esto en razón a que, conforme se anotó precedentemente, la defensa de Ramón Yale -ahora tercero interesado- mencionó que ofrecía los documentos del camión, propiedad del impetrante de tutela como garantía para la reparación del daño, afirmándose además que el prenombrado estaría presente como testigo y que "está dispuesto a que se remate el camión" para tal fin; sin embargo, en el Auto Interlocutorio apelado, se concluye que en dicha audiencia fue el imputado Ramón Yale -ahora tercero interesado- quien ofreció los documentos de “su” camión como garantía para la reparación del daño, junto con otros bienes. Bajo ese marco, las autoridades judiciales sostienen que el accionante, Félix Aduviri Gómez, dio su consentimiento para que su vehículo fuera usado como garantía, sin embargo, de la transcripción de la audiencia se indica que la oferta fue realizada por la defensa técnica de Ramón Yale, no por el accionante directamente, sin que se mencione de manera explícita si estuvo presente en la audiencia ni que él mismo haya dado su consentimiento de forma clara y directa, comprendiéndose que los Vocales demandados interpretaron la declaración de la defensa técnica de Ramón Yale como si fuera un consentimiento explícito y directo de Félix Aduviri Gómez -ahora demandante de tutela-, lo cual no se encuentra corroborado por los hechos ni por la presencia del mismo en la audiencia. En ese sentido, al encontrarse que el Auto de Vista impugnado resulta arbitrario, en este punto, por cuanto los argumentos utilizados son insuficientes conforme el desarrollo jurisprudencial del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; toda vez que con dicho razonamiento lo que se pretende es que se asuma un consentimiento que no se demuestra claramente en la documentación y en los hechos presentados, lo que cuestiona la legalidad de la acción sobre el vehículo del accionante a los fines de la aplicación del art. 244 del CPP; por lo que, corresponde otorgar la tutela al respecto, aclarándose que lo que se exige motivacionalmente en una resolución judicial, es que el resultado de la labor explicativa sea inteligible, sin que ello signifique la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino una estructura de forma y de fondo, concisa y clara, que explique las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión, en cuyo caso las normas del debido proceso se tienen por cumplidas. En esa misma línea de análisis, las autoridades judiciales indican erróneamente que el accionante no presentó oposición al embargo del vehículo cuando contrariamente, conforme se tiene de las Conclusiones del presente fallo constitucional, existe un memorial de oposición presentado el 2 de junio de 2021, donde el accionante, a través de su representante, se opone formalmente al embargo y remate de su vehículo, argumentando su condición de tercero ajeno al proceso penal sumado que al referirse a la propiedad del vehículo, no considera adecuadamente los documentos y antecedentes que demuestran la falta de consentimiento del accionante donde aunque se mencionan principios como razonabilidad, proporcionalidad y acceso a la justicia, no se realiza una subsunción adecuada ni se explica cómo estos principios justifican la afectación del derecho de propiedad del accionante sumado a que se prioriza la reparación a la víctima del proceso penal sin considerar ni analizar los derechos del accionante como tercero, generando una tensión entre la búsqueda de justicia y el respeto al ordenamiento legal y derechos fundamentales.

Correspondiendo de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional conceder la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista 97/2022, disponiendo que los Vocales demandados repongan el acto y emitan un nuevo fallo con la debida motivación y fundamentación garantizándose el derecho al debido proceso del ahora impetrante de tutela. Finalmente, dado que se ordena la anulación del referido Auto de Vista y la emisión de una nueva resolución, no es posible el análisis detallado sobre la afectación específica al derecho de propiedad hasta que se emita la nueva decisión judicial. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 134/2022 de 8 de noviembre, cursante de fs. 96 a 100, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en lo que se refiere al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; y, 2° Disponer que los Vocales demandados pronuncien nueva resolución, considerando para el efecto los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller es de Voto Aclaratorio.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0437_2024-S1.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2dbd65316a9cf612e5f7330cb6f39480a0f82f4b4012ac32494a57b3636987d4

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