B.IA.LEGAL

SCP 0436/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 15 de mayo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
15 de mayo de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
64740-2024-130-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho a la petición; debido a que las autoridades hoy demandadas, emitieron la Nota TSE-SC-EXT 0102/2024 de 7 de marzo, evadiendo pronunciarse sobre las resoluciones de rechazo respecto a la denuncia de falsedad de firmas que cursan en el Ministerio Público y que fue la principal causa para no darse curso al trámite de personalidad jurídica del partido político PUN, las que fueron adjuntadas en el memorial presentado el 27 de febrero de 2020 con Hoja de Ruta 2926/2020; a pesar de las reiteraciones efectuadas a través de los memoriales de 31 de enero, 5, 16 y 28 de febrero, todos de 2024, las cuales tampoco fueron respondidas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Contenido y alcances del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; 2) Respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 83/2024 de 22 de mayo, cursante de fs. 393 a 395, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Contenido y alcances del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto
  2. III.2. Respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0436/2025-S1 Sucre, 15 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 64740-2024-130-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 83/2024 de 22 de mayo, cursante de fs. 393 a 395, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Gabriel Bautista, Jefe Nacional del Partido Político Pueblo Unido (PUN) contra Oscar Hassenteufel Salazar, Presidente; Francisco Vargas Camacho, Vicepresidente; Nancy Gutiérrez Salas, Vocal; Tahuichi Tahuichi Quispe, Vocal; Gustavo Ávila Mercado, Vocal; Yajaira San Martin Crespo, Vocal; y, Nelly Arista Quispe, Vocal, todos del Tribunal Supremo Electoral.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 10 de mayo de 2024, cursante de fs. 45 a 50 vta., el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que, la organización política Pueblo Unido (PUN), fundada el 11 de julio de 2015, actualmente con 132.612 militantes, inició el trámite de reconocimiento de personalidad jurídica ante el Tribunal Supremo Electoral, emitiéndose la Resolución TSE/RSP/L701 114/2015, autorizando la entrega de libros de registro de militantes a efecto de proceder con su inscripción en el plazo de ciento ochenta días. Con ese antecedente, el 3 de mayo de 2015, entregó al Tribunal Supremo Electoral los libros correspondientes, solicitando el registro definitivo del partido político PUN. Efectuada la revisión, se emitió el informe TSE-DNTIC 0486/2016, mediante el cual se informó que de acuerdo al inc. c) del art. 8 del Reglamento para el Tramite de Personalidad Jurídica de Partidos Políticos y Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, se obtuvo una muestra del 5% de las firmas de registros válidos, porcentaje que representa 6.631 registros, los cuales fueron sometidos a comparación de firmas registradas en los libros versus firmas registradas en el Padrón Electoral, resultando que 914 firmas son similares lo que representa el 14% y 5.717 son diferentes, lo que representa el 86%, emitiéndose el Informe Conjunto 103/2016 por medio del cual se recomienda rechazar el trámite de personalidad jurídica y como consecuencia se emitió la Resolución TSE-RSP-ADM 008/2017 de 12 de enero, rechazando el trámite. A tiempo de disponerse el rechazo del trámite de reconocimiento de personalidad jurídica, se dispuso denunciar y remitir antecedentes al Ministerio Público a objeto de que se determine la veracidad o falsedad de las firmas que fueron objeto de observación por parte del sistema de control de “similitud de firmas” desarrollado de manera interna por los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, sin que posean la especialización necesaria para llevar a cabo este tipo de análisis de forma concluyente. Esta denuncia fue desestimada por el Ministerio Público mediante Resolución 2115/17 de 26 de julio de 2017. En virtud de ello, en el marco del control de convencionalidad, el 13 de enero de 2020, presentó ante el Tribunal Supremo Electoral una solicitud de reconsideración con Hoja de Ruta 514, y su complementación el 27 de febrero de 2020, con Hoja de Ruta 2926. Esta petición no solo buscaba corregir una injusticia evidente, sino también sentar precedente crucial en la protección de los derechos fundamentales de participación política y el respeto a la voluntad popular. A la solicitud de reconsideración adjuntó dos resoluciones de rechazo por parte del Ministerio Público en relación a la denuncia interpuesta por el Tribunal Supremo Electoral, además de las certificaciones relevantes que respaldan el cierre del proceso penal, la entrega de la referida documentación se la realizó mediante Hoja de Ruta 2926/2020 con el objetivo de proporcionar al Tribunal Supremo Electoral una base sólida y completa para la revisión de los procedimientos llevados a cabo y demostrar la inexistencia de cualquier obstáculo legal que justifique poner en duda la participación política de las 5.717 personas afectadas; no obstante, el Tribunal Supremo Electoral, emitió una resolución en la que simplemente adoptó la decisión de rechazo, sin tomar en cuenta los nuevos elementos presentados, que desvirtuaban los fundamentos originales que dieron lugar a la negativa de otorgar la personalidad jurídica al PUN, lo que demuestra la falta de pronunciamiento o respuesta a la solicitud efectuada con la Hoja de Ruta 2926/2020. La omisión de pronunciamiento que incurrió el Tribunal Supremo Electoral, es una muestra de incumplimiento de sus deberes y responsabilidades, socavando la confianza e imparcialidad del proceso administrativo llevado adelante por el Tribunal Supremo Electoral y el derecho a la petición, debido a que la Hoja de Ruta 2926/2020, no recibió respuesta concreta, además de negar la existencia de la documentación adjunta a la misma, razón por la cual, se exigió respuesta a través de las notas de reiteración de 31 de enero de 2024; 5, 16 y 28 de febrero de igual año; lo que originó que el Tribunal Supremo Electoral emita la Nota TSE-SC-EXT 0102/2024 de 7 de marzo, ratificando la expresión “ya se emitió pronunciamiento definitivo y concreto sobre todas las solicitudes presentadas” y haciendo una breve relación de las Resoluciones 008/2017 y 009/2017 y su ejecutoria, a la solicitud de reconsideración, el rechazo de la solicitud y una mención a la vigencia de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, evadiendo pronunciarse sobre las resoluciones de rechazo respecto a la denuncia de falsedad de firmas que cursan en el Ministerio Público y que fue la principal causa de rechazo del trámite de personalidad jurídica del partido político PUN, pretendiendo que se inicie un nuevo trámite de personalidad jurídica del PUN con base a la referida Ley 1096. La presente acción tiene origen en la nota de 27 de febrero de 2020, dirigida a los miembros del Tribunal Supremo Electoral a objeto de que reconsideren en el marco del control de convencionalidad las Resoluciones de Rechazo 2115/17 y 13/2019; el formulario de notificación del 14 de marzo de 2019 al Tribunal Supremo de Justicia; apersonamiento de julio de 2019; documentación que ingreso con Hoja de Ruta 2926/2020 solicitud de certificación de diciembre de 2019; y, constancia de archivo del proceso penal de 30 de mayo de 2019.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de su derecho a la petición; citando al efecto el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada y se ordene a las autoridades demandadas le den una respuesta formal, material, fundamentada y motivada respecto a las cuatro solicitudes presentadas el 31 de enero de 2024; 5, 16 y 28 de febrero de igual año, además de considerarse la documentación presentada mediante Nota de 27 de febrero de 2020 con la Hoja de Ruta 2926/2020.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública de la presente acción de amparo constitucional el 22 de mayo de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 388 a 392 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante a través de su abogada, en audiencia, se ratificó de manera íntegra en el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Francisco Vargas Camacho, Presidente a.i. del Tribunal Supremo Electoral, mediante informe presentado el 22 de mayo de 2024, cursante de fs. 382 a 386 vta., y en audiencia, Oscar Hassenteufel Salazar; Nancy Gutiérrez Salas, Vocal; Tahuichi Tahuichi Quispe, Vocal; Gustavo Ávila Mercado, Vocal; Yajaira San Martin Crespo, Vocal; y, Nelly Arista Quispe, Vocal, todos del Tribunal Supremo Electoral, a través de su representante legal, manifestaron que: a) El 29 de julio 2015, se solicitó la aprobación de constitución y reconocimiento de registro definitivo del partido político de acuerdo a la Ley 1983 y Reglamento de Procedimiento para el Trámite de Reconocimiento de Personalidad Jurídica de Partidos Políticos, Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, solicitud que culminó con la Resolución TSE-RSP-JUR 008/2017 de 12 de enero, emitida por el Tribunal Supremo Electoral que determinó rechazar el referido trámite y remitir antecedentes al Ministerio Público a efectos de dar cumplimiento al art. 8 del referido Reglamento, siendo notificado el ahora accionante el 6 de febrero de 2017, quien interpuso recurso extraordinario de revisión y a su vez acción de inconstitucionalidad concreta contra el mencionado Reglamento, dando lugar a la emisión de la Resolución TSE-RSP-JUR 009/2017 de 23 de febrero, rechazando el recurso extraordinario de revisión y la acción de inconstitucionalidad concreta, que enviada al Tribunal Constitucional Plurinacional mereció el AC 059/2021-CA confirmando el rechazo; siendo esta la última instancia recursiva dentro de este tipo de trámites; b) El proceso penal iniciado a denuncia del Tribunal Supremo Electoral, si bien cuenta con una resolución de rechazo; empero, esta decisión está en revisión ante la Fiscalía Departamental de La Paz como consecuencia de la objeción interpuesta; c) El 1 de septiembre de 2028, se promulgó la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, la cual regula la constitución, funcionamiento y democracia interna de los organizaciones políticas, como parte de la representación política y de la democracia intercultural y paritaria en el Estado Plurinacional de Bolivia, norma que abrogó la Ley 1983 de 25 de junio de 1999 de Partidos Políticos, con la que la parte accionante inició su trámite de reconocimiento de personalidad jurídica, lo que implica que todas las organizaciones políticas a constituirse a partir del 2018, deben cumplir los requisitos establecidos en la Ley 1096 y el Reglamento de Otorgación y Registro de Personalidad Jurídica y Actualización de Militancias de Organizaciones Políticas aprobado mediante Resolución TSE-RSP-ADM 0231/2019 de 24 de mayo para su reconocimiento, no existiendo régimen de excepción; d) El ahora accionante carece de legitimación activa al identificarse como Jefe Nacional del Partido Político PUN; a pesar que no tiene personalidad jurídica reconocida por el Tribunal Supremo Electoral; e) La acción tutelar planteada es improponible debido a que el accionante denuncia que no se habría dado respuesta a su nota de 27 de febrero de 2020, presentada con la Hoja de Ruta 2926/2020, habiendo transcurrido cuatro años y tres meses al momento de la presentación de la acción de amparo constitucional, nota que hubiera sido reiterada por memorial de 31 de enero de 2024, 5, 16 y 28 de febrero de igual año, las que hubieran sido presentadas después de casi cuatro años de la petición primigenia, cuando se encontraba caducado su derecho de hacer uso de este medio de defensa, en el marco del principio de inmediatez que establece el plazo máximo de seis meses; f) No se vulneraron los derechos alegados por la parte accionante, debido a que el Tribunal Supremo Electoral, dio respuesta oportuna como se evidencia de la documentación adjunta en el memorial de 21 de mayo de 2024, notas mediante las cuales se le hizo conocer que tanto el “recurso de convencionalidad”, como la pretensión de reconocimiento de personalidad jurídica del PUN no son procedentes, debido a que este último trámite concluyó con la emisión de la Resolución TSE-RSP-ADM 008/2017 de 12 de enero, que fue ratificada por la Resolución TSE-RSP-JUR 009/2017 de 23 de enero, emitida como consecuencia del recurso extraordinario de revisión interpuesto por el ahora accionante, la que fue ratificada por el Tribunal Constitucional a través del AC 0059/2027-CA de 17 de marzo, respecto al rechazo de la acción de inconstitucional concreta contra el Reglamento de Procedimientos para el Tramite de Reconocimiento de Personalidad Jurídica de Partidos Políticos, Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, quedando dichas resoluciones debidamente ejecutoriadas tal como lo prevé el art. 219 de la Ley 026 del Régimen Electoral; g) Se hizo conocer al ahora peticionante de tutela todas las decisiones definitivas y concretas de la Sala Plena sobre sus peticiones, le hicieron recuerdo que desde el 1 de agosto de 2018, se encuentra vigente la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, que establece un nuevo régimen de requisitos y condiciones para el reconocimiento de personalidad jurídica de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas; h) Los memoriales de reiteración fueron presentado después de tres años de la solicitud primigenia; no obstante, el Tribunal Supremo Electoral dio respuesta a todas las solicitudes a través de la Nota TSE-SC-EXT 0102/2024 de 7 de marzo, respondiendo a los memoriales de 31 de enero, 5, 16 y 28 de febrero, todos de 2024, de forma motivada y fundamentada, además de haberle proporcionado los informes técnicos jurídicos TSE-DNJ 0134/2020 de 2 de julio y el TSE-DNJ 078/2023 de 20 de marzo, que se emitieron en el trámite; e, i) Al habérsele dado una respuesta material, la acción de amparo constitucional resulta improcedente por emerger de un procedimiento de reconocimiento de personalidad jurídica de un partido político que fue rechazado el 2017. Con base a estos argumentos, solicitaron se deniegue la tutela por su manifiesta improcedencia.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, a través de la Resolución 83/2024 de 22 de mayo, cursante de fs. 393 a 395, denegó la tutela impetrada; con base a los siguientes fundamentos: a) Las notas presentadas por la parte accionante emergen del procedimiento administrativo de solicitud de reconocimiento de personalidad jurídica ante el Tribunal Supremo Electoral, mismo que mereció la Resolución TSE-RSP ADM 008/2017 de 12 de enero, determinando rechazar el referido trámite de la organización política denominada Pueblo Unido (PUN) y remitir antecedentes al Ministerio Público, decisión que habiendo sido impugnada, mereció la Resolución TSE-RSP-JUR 009/2017 de 23 de febrero, que declaró improcedente el recurso extraordinario de revisión, contra estas decisión el ahora accionante presentó varias notas que hoy son objeto de la presente acción tutelar; b) El ahora accionante entiende que la respuesta de 7 de marzo de 2024, con cite TSE-SC-EXT 0102/2024, emitida por el Tribunal Supremo Electoral, no hubiera cumplido con el contenido esencial del derecho de petición; es decir, no contiene una respuesta de fondo, sino que sería una nota evasiva con respecto a los memoriales presentado por el ahora accionante; c) De la revisión de la nota emitida por el Tribunal Supremo Electoral, se puede evidenciar que la misma responde en el fondo respecto al trámite de reconocimiento de personalidad jurídica, la que tiene una resolución definitiva; es decir, respondió a las notas de 31 de enero, 5, 16 y 28 de febrero, todas del 2024, explicando las razones jurídicas y apoyándose en los antecedentes, señalando los motivos por los cuales su peticiona no puede prosperar, si bien esta respuesta es inhibitoria; sin embargo, responde a la normativa vigente y los antecedentes del proceso de reconocimiento de personalidad jurídica; y, d) La Sala Constitucional, no advierte vulneración del contenido esencial del derecho de petición, con respecto a la nota con cite TSE-SC-EXT 0102/2024 de 7 de marzo. En vía de aclaración y complementación, la parte accionante a través de su abogado, solicitó conocer si la respuesta otorgada por el Tribunal Supremo Electoral respondió de manera efectiva al contenido del memorial “2626/2020”. La Sala Constitucional señaló que la respuesta emitida por el Tribunal Supremo Electoral es inhibitoria, es decir, no ingresó al fondo, al considerar que existe una resolución definitiva dentro del procedimiento de reconocimiento de personalidad jurídica, lo que evidencia que fue respondida de acuerdo al contenido esencial del derecho a la petición.

I.3. Trámite Procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por memorial presentado el 27 de noviembre de 2024 (fs. 400 a 401 vta.), ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, el acciónate solicitó adelanto de sorteo, con el argumento de que los derechos a la participación política de un grupo de personas se encontraría coartado por el Tribunal Supremo Electoral, ante lo cual, la Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de AC 014/2025-CA/S de 20 de enero, cursante de fs. 413 a 416, dispuso ha lugar la misma, procediéndose al efecto con el sorteo respectivo de la causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Testimonio de la Escritura Pública 1234/2015 de 29 de julio, de constitución del partido político denominado “Pueblo Unido” cuya sigla es PUN, figurando en el Estatuto del referido partido político a Juan Gabriel Bautista -ahora accionante- como Jefe Nacional (fs. 2 a 14 vta.). II.2. Mediante Resolución TSE-RSP-ADM 008/2017 de 12 de enero, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, resolvió rechazar el trámite de reconocimiento de personalidad jurídica de la organización política denominada Pueblo Unido (PUN), disponiendo mediante la Dirección Nacional Jurídica, la remisión de antecedentes al Ministerio Público a efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el art. 8 del Reglamento de Procedimiento para el Trámite de Reconocimiento de Personalidad Jurídica de Partidos Políticos, Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, habiendo sido notificado el ahora accionante con dicha determinación el 6 de febrero de 2017 (fs. 15 a 19). II.3. A través del memorial presentado el 13 de enero de 2020, el hoy solicitante de tutela, interpuso “recurso de reconsideración en el marco del control de convencionalidad” respecto a la Resolución TSE-RSP-ADM 008/2017, pidiendo se rencause el tratamiento del trámite de reconocimiento de personalidad jurídica de la organización PUN y se emita la resolución que corresponda al haber cumplido con las exigencias legales (fs. 20 a 24). II.4. Por memorial presentado el 27 de febrero de 2020, el ahora impetrante de tutela bajo la suma “complementación al recurso de reconsideración en el marco del control de convencionalidad a la Hoja de Ruta 514/2020, adjuntó las Resoluciones de Rechazo 2115/17 y 13/2019, formulario de notificación al Tribunal Supremo Electoral de 14 de marzo de 2019, apersonamiento de julio de 2019, solicitud de certificación de diciembre de 2019 y constancia de archivo de proceso de 30 de mayo de 2019 (fs. 25). II.5. Por memoriales presentados el 31 de enero; 5, 16 y 28 de febrero, todos de 2024 ante el Tribunal Supremo Electoral, el hoy impetrante de tutela, solicito respuesta pronta y formal al memorial de complementación al recurso de reconsideración en el marco del control de convencionalidad, signado con la Hoja de Ruta 2926/2020 (fs. 35 a 42). II.6. Mediante Nota TSE-SC-EXT 0102/2024 de 7 de marzo, Luis Fernando Arteaga Fernández, Secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral, hizo conocer al hoy impetrante de tutela, que en atención a sus memoriales de 31 de enero, 5, 16 y 28 de febrero, todos del 2024, a través de los cuales solicita pronunciamiento sobre el memorial de complementación del “recurso reconsideración en el marco del control de convencionalidad”, y en general respecto al trámite de reconocimiento de personalidad jurídica de la organización política Pueblo Unido (PUN), que por instrucciones de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, ya se emitió pronunciamiento definitivo y concreto sobre todas las solicitudes presentadas, así: 1) El trámite de reconocimiento de personalidad jurídica de partido Pueblo Unido (PUN), concluyó con la emisión de la Resolución TSE-RSP-ADM 008/2017 de 12 de enero, decisión que fue ratificada por la Resolución TSE-RSP-JUR 009/2017 de 23 de enero, emitida en el marco del recurso extraordinario de revisión interpuesto; 2) El Tribunal Constitucional Plurinacional, ratificó la Resolución TSE-RSP-JUR 009/2027 mediante el AC 0059/2017 de 17 de marzo, rechazando la solicitud de promover acción de inconstitucionalidad concreta contra el Reglamento de Procedimientos para el Tramite de Reconocimiento de Personalidad Jurídica de Partidos Políticos, Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas; 3) De conformidad a lo establecido en el art. 219 de la Ley 026 de Régimen Electoral, el recurso de extraordinario de revisión no admite recurso ulterior; por lo que, las Resoluciones TSE-RSP-ADM 008/2017 y la Resolución TSE-RSP-JUR 009/2017, se encuentran plenamente ejecutoriadas y firmes; 4) La Sala Plena en su sesión de 22 de marzo de 2023, tomo conocimiento del informe TSE-DNJ 078/2023 de 20 de marzo, que concluyó: “c) La presente solicitud de reconsideración y el propio recurso de reconsideración interpuesto en contra de la Resolución TSE-RSP-ADM 008/2017 de 12 de enero de 2017, no encuentran asidero en la normativa electoral por lo que resultan manifiestamente improponibles, además los argumentos planteados (recurso de reconsideración) han merecido su análisis, consideración y fueron resueltos en la Resolución TSE-RSP-JUR 09/2017 de 23 de enero de 2017, por lo que no puede pretenderse un nuevo pronunciamiento solo resuelto en forma definitiva y además comunicado al solicitante a través de la nota externa 411 con base al informe 134/2020 de 2 de julio de 2020” (sic); 5) La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral aprobó el informe jurídico antes señalado y determinó hacerle conocer su contenido, ratificando la decisión del Pleno de ese Tribunal de rechazo de su solicitud; y, 6) La Secretaria de Sala Plena hizo conocer todas las decisiones definitivas y concretas de la Sala Plena sobre sus peticiones. Finalmente, hizo conocer que, desde el 1 de agosto de 2018, se encuentra vigente la Ley 1096 de Organizaciones Políticas; que establece un régimen de requisitos y condiciones para el reconocimiento de personalidad jurídica de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, al que debe sujetarse todas las organizaciones políticas en trámite y constitución (fs. 43 a 44

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho a la petición; debido a que las autoridades hoy demandadas, emitieron la Nota TSE-SC-EXT 0102/2024 de 7 de marzo, evadiendo pronunciarse sobre las resoluciones de rechazo respecto a la denuncia de falsedad de firmas que cursan en el Ministerio Público y que fue la principal causa para no darse curso al trámite de personalidad jurídica del partido político PUN, las que fueron adjuntadas en el memorial presentado el 27 de febrero de 2020 con Hoja de Ruta 2926/2020; a pesar de las reiteraciones efectuadas a través de los memoriales de 31 de enero, 5, 16 y 28 de febrero, todos de 2024, las cuales tampoco fueron respondidas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Contenido y alcances del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; 2) Respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. Contenido y alcances del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0425/2019-S2 de 24 de junio, reiterada por las SSCCPP 0562/2019-S2 de 17 de julio y 1050/2019-S2 de 3 de diciembre -entre otras-, realizando una sistematización de la jurisprudencia constitucional, desarrolló el siguiente razonamiento:

El art. 24 de la CPE, establece que: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), consagra el derecho de petición en su art. XXIV, señalando: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del tiempo, fueron generando entendimientos respecto al derecho de petición a efectos de su tutela, abordando temáticas que constituyen precedentes constitucionales; sobre la base de los cuales, debe realizarse el análisis de cada caso concreto, al tiempo de verificar la lesión o no, del derecho de petición. En ese sentido, se abordará las siguientes temáticas relativas al derecho de petición: 1) Contenido esencial; 2) Requisitos de procedencia; 3) Legitimación activa; 4) Legitimación pasiva; 5) Plazo para emitir respuesta.

III.1.1. Contenido esencial

La SC 218/01-R de 20 de marzo de 2001 establece que el núcleo esencial del derecho de petición, constituye el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna en la que se resuelva la petición en sí misma; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional, fue desarrollando características que debe contener la respuesta: i) Pronta y oportuna; dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable como lo determina la jurisprudencia constitucional; ii) Formal; que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; iii) Material, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; de donde se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, debe atenderla, tramitándola y resolviendo de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, iv) Argumentada; vale decir, motivada y fundamentada, que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos.

III.1.2. Requisitos de Procedencia

La SC 0310/2004-R de 10 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.2, estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición:

…a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la 3La SC 843/2002-R de 19 de julio, en su Tercer Considerando, manifiesta: “Que en el marco de la interpretación realizada por este Tribunal, en cuanto al derecho de petición se refiere, debe dejarse claramente establecido que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley (las negrillas son agregadas). 4La SCP 189/01-R de 7 de marzo de 2001 en el Tercer Considerando, indica: “…el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa.

Sin embargo, la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla. Por ello, no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa, pues la respuesta representa en sí misma, independientemente del sentido que tenga, la satisfacción del derecho de petición. En consecuencia, sólo en la situación en que transcurridos los términos o plazos que establece la ley, el Estado, a través del funcionario o autoridad correspondiente, no emite respuesta alguna el derecho de petición resulta desconocido o vulnerado” (el resaltado es añadido). 5La SC 776/2002-R de 2 de julio, en el Cuarto Considerando, refiere: “…en cuanto al derecho de petición, este Tribunal ha dejado establecido en su uniforme jurisprudencia, que el mismo se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho.

Que, al contrario, no se tendrá por violado el derecho de petición, cuando se la niega manifestándose el por qué no se dá curso a la petición en forma positiva, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica que el peticionante tenga el derecho de exigir siempre una respuesta positiva, sino que tiene el derecho a exigir una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada. Consiguientemente, cuando la autoridad requerida ha emitido una respuesta negativa pero exponiendo las razones de tal decisión, no se puede considerar dicho acto como ilegal y por tanto tampoco se puede argumentar lesión al derecho de petición (las negrillas son incorporadas).

respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión. Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: “…a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que:

…dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad. Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: 1) La existencia de una petición oral o escrita; 2) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: 2.i) Ausencia de respuesta formal; 2.ii) Falta de respuesta material; 2.iii) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, 3) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito. Debe tomarse en cuenta, que en ausencia de cualquiera de los componentes que forman parte de una respuesta, se estaría lesionando no solo el derecho de petición, sino también, los principios y valores constitucionales -de celeridad, servicio a la sociedad y respeto a los derechos, en aplicación del art. 178.I de la CPE-; y, de la administración pública -de sometimiento a la ley, debido proceso, eficacia, economía, simplicidad, celeridad y responsabilidad; previstos en los arts. 232 de la CPE y 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA)-, que rigen el actuar de los servidores públicos.

III.1.3. Legitimación activa

Del análisis del art. 24 de la CPE, se tiene que la legitimación activa para solicitar la tutela del derecho de petición, la tiene toda persona individual o colectiva que realizó la petición de forma oral o escrita; con el único requisito, de identificar al peticionario; en igual sentido lo estableció la SCP 0470/2014 de 25 de febrero.

III.1.4. Legitimación pasiva

En cuanto a la legitimación pasiva, la jurisprudencia realizó el siguiente desarrollo: La referida SC 218/01-R, entendió que la legitimación pasiva en los supuestos de lesión del derecho de petición no tiene excepción alguna, alcanzando a cualquier autoridad o servidor público. Así, la SC 0275/2003-R de 11 de marzo, subrayó que el derecho de petición consiste en la facultad que tiene toda persona de dirigirse a las autoridades públicas con el fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa que le incumbe a aquella, caracterizado como un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades de la administración pública y hacer valer sus derechos; asimismo, alcanza a las autoridades judiciales, tal cual las SSCC 0560/2010-R de 12 de julio y 1136/2010-R de 27 de agosto, tutelaron este derecho respecto a las mismas. Sobre el particular, es necesario señalar que cuando los destinatarios son las autoridades públicas, en principio la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0310/2004-R, señaló que la petición debió ser formulada necesariamente ante una autoridad pertinente o competente, a efectos de su tutela; sin embargo, la SC 1995/2010-R precisó que las autoridades públicas a quienes se dirige la petición, tienen legitimación pasiva incluso cuando carecen de competencia o pertinencia para resolver lo peticionado, debido a que de igual forma tienen la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; sin embargo, la SCP 2051/2013 de 18 de noviembre, determinó que no es posible conceder la tutela cuando la autoridad no tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto, sea positiva o negativamente, porque la petición fue realizada ante autoridad incompetente; empero, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0470/2014 y 0083/2015-S3 de 10 de febrero, ratificaron el razonamiento de la citada SC 1995/2010-R, constituyéndose en el precedente en vigor. Respecto a personas particulares, las SSCC 0820/2006-R de 22 de agosto y 1500/2010-R de 11 de octubre, reconoció su legitimación pasiva, cuando presten servicios públicos o ejerzan funciones de autoridad; este razonamiento fue modulado por la SCP 0085/2012 de 16 de abril, señalando que el derecho de petición, en el marco de la doctrina de la eficacia horizontal de derechos, es oponible no solamente en relación a los poderes públicos, sino también en cuanto a los particulares; en este contexto, la SCP 1419/2012 de 24 de septiembre, refrendó este entendimiento indicando: “…el derecho a la petición cuenta con eficacia directa y es oponible frente a particulares por lo que su ejercicio no requiere esté refrendada por autoridad pública alguna…”. En resumen, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela, reclamándose la lesión del derecho de petición: a) Las Autoridades o servidores públicos, aun no fuesen competentes o pertinentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quien se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, b) Las personas particulares.

III.1.5. Plazo para emitir respuesta

La jurisprudencia constitucional desarrolló los siguientes casos: 1) En el término establecido por ley; y, 2) Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable.

III.2. Respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 003/2019-S2 de 19 de febrero, asumió el siguiente razonamiento: El plazo de caducidad de seis meses para la acción de amparo constitucional en mérito al principio de inmediatez, fue inicialmente establecido en el AC 0112/99-R de 7 de septiembre de 1999, señalando en el Considerando Segundo, que:

Que, la censura y destitución del recurrente se ha producido en fecha 4 de junio de 1998 a través de la Resolución Municipal No. 019/98, pretendiendo dejarla sin efecto a través de este recurso de amparo constitucional presentado recién en fecha 26 de marzo de 1999, habiendo dejado transcurrir 9 meses y 22 días, al margen de los cinco meses que ha durado su tramitación, por lo que el presente recurso no cumple con uno de los requisitos fundamentales que son inherentes a su naturaleza y procedencia que es la inmediatez, lo que hace presumir la existencia de libre y expreso consentimiento, resultando improcedente el recurso de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 96 inc. 2) de la Ley del Tribunal Constitucional. Entendimiento asumido también por las SSCC 252/00-R, 091/01-R y 0217/01-R, entre otras. Posteriormente, la SC 544/2002-R de 13 de mayo, aclaró con más precisión los seis meses para el plazo de caducidad; y este criterio, fue 9El cuarto Considerando de la SC 0776/2002-R de 2 de junio, establece: “…se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley…” (las negrillas son nuestras). 10El FJ III.3 de la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, indica: “…pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición.

…la respuesta solicitada debe ser formal y pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de un plazo razonable” (las negrillas son incorporadas).

Sobre el particular la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1675/2013 de 4 de octubre, refiere que al interior del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las respuestas que impliquen cuestiones de mero trámite deben ser realizadas en el plazo de veinticuatro horas, vencido el cual, se tiene por vulnerado el derecho de petición; asimismo, respecto a particulares, la SCP 1187/2014 de 10 de junio, en el FJ III.2 entiende que: “…debe tomarse en cuenta de forma análoga el plazo de tres días para absolver providencias de mero trámite, previsto en el art. 71.I del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, en atención a que la solicitud no representaba mayor dificultad y podía ser satisfecha razonablemente en dicho plazo”. 11El Considerando Cuarto, señala: “En el caso que se examina, el Amparo ha sido demandado después de más de seis meses de haberse emitido la Resolución que se impugna - referida al rechazo del recurso de apelación formulado contra el rechazo del incidente de nulidad de remate- desnaturalizando así la esencia de este Recurso, porque uno de los elementos primordiales que lo caracterizan y son inherentes a su fundamento mismo, es precisamente la inmediatez de la protección jurídica que se pretende; sin embargo, el demandante ha cumplido con este requisito de buscar la protección jurídica inmediata, inviabilizando, por extemporánea, la aplicación de la garantía prevista en el art. 19 de la Constitución Política del Estado.

asumido de manera uniforme por las SSCC 0703/2002-R, 0720/2002-R, 0632/2003-R y 0560/2003-R, entre otras. Asimismo, la SC 1353/2003-R de 16 de septiembre, indicó que el plazo de seis meses se interrumpe con la interposición de un recurso constitucional; luego, la SC 0814/2006-R de 21 de agosto, aclaró que el cómputo del plazo se suspende durante la interposición y tramitación del referido recurso constitucional, y luego, se reinicia a partir de la notificación con la resolución o sentencia constitucional. Finalmente, el art. 129.II de la CPE, en relación a la inmediatez establece que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”; asimismo, el art. 55.I del CPCo, refiere expresamente que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”.

III.3. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho de petición; debido a que las autoridades hoy demandadas, emitieron la Nota TSE-SC-EXT 0102/2024 de 7 de marzo, evadiendo pronunciarse sobre las resoluciones de rechazo respecto a la denuncia de falsedad de firmas que cursan en el Ministerio Público y que fue la principal causa para no darse curso al trámite de personalidad jurídica del partido político PUN, las que fueron adjuntadas en el memorial presentado el 27 de febrero de 2020 con Hoja de Ruta 2926/2020; a pesar de las reiteraciones efectuadas a través de los memoriales de 31 de enero, 5, 16 y 28 de febrero, todos de 2024, las cuales tampoco fueron respondidas. Con carácter previo al análisis de fondo de la problemática planteada, corresponde pronunciarse sobre la observación que efectúan las autoridades ahora demandadas respecto a la falta de legitimación activa del ahora accionante, con el argumento de que el mismo no puede identificarse como Jefe Nacional del Partido Político PUN al no tener personalidad jurídica reconocida por el Tribunal Supremo Electoral. Al respecto, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1.3. de este fallo constitucional, legitimación activa para solicitar la tutela del derecho de petición, la tiene toda persona individual o colectiva que realizó la petición de forma oral o escrita, en el caso presente, el accionante lo hace en representación del partido político PUN, porque de acuerdo al Estatuto del referido partido político el ahora accionante figura como Jefe Nacional, tal como se evidencia del Testimonio de la Escritura Pública 1234/2015 de 29 de julio, de ahí que, si bien, dicho partido político no cuenta con personalidad jurídica reconocida por el Tribunal Supremo Electoral; sin embargo, se debe considerar que se trata de una organización política en intenciones de formación, por lo que, el ahora accionante cuenta con la legitimación activa para interponer la presente acción tutelar. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se evidencia la constitución del partido político denominado “Pueblo Unido” cuya sigla es PUN, figurando en el art. 58 del Estatuto del referido partido político PUN Juan Gabriel Bautista como su Jefe Nacional (Conclusión II.1.). Mediante Resolución TSE-RSP-ADM 008/2017 de 12 de enero, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, resolvió rechazar el trámite de reconocimiento de personalidad jurídica de la organización política denominada PUN, además de disponer la remisión de antecedentes al Ministerio Público (Conclusión II.2.). Como consecuencia de esta decisión, por memorial presentado el 11 de enero de 2020, el hoy solicitante de tutela, interpuso recurso de reconsideración en el marco del control de convencionalidad respecto a la Resolución TSE-RSP-ADM 008/2017, pidiendo se rencause el tratamiento del trámite de reconocimiento de personalidad jurídica (Conclusión II.3.). Posteriormente, por memorial presentado el 27 de febrero de 2020, el ahora impetrante de tutela bajo la suma “complementación al recurso de reconsideración en el marco del control de convencionalidad a la Hoja de Ruta 514/2020”, adjuntó las Resoluciones fiscales de rechazo de denuncia 2115/17 y 13/2019; formulario de notificación al Tribunal Supremo Electoral de 14 de marzo de 2019; apersonamiento de julio de 2019; solicitud de certificación de diciembre de 2019 y constancia de archivo de proceso de 30 de mayo de 2019 (Conclusión II.4.). Por memoriales presentados el 31 de enero; 5, 16 y 28 de febrero, todos de 2024 ante el Tribunal Supremo Electoral, el hoy impetrante de tutela, solicito respuesta pronta y formal al memorial de complementación al recurso de reconsideración en el marco del control de convencionalidad, signado con la Hoja de Ruta 2926/2020 (Conclusión II.5.). Finalmente, mediante Nota TSE-SC-EXT 0102/2024 de 7 de marzo, Luis Fernando Arteaga Fernández, Secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral, hizo conocer al hoy impetrante de tutela, que en atención a sus memoriales de 31 de enero, 5, 16 y 28 de febrero, todos del 2024, por instrucciones de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, ya se emitió pronunciamiento definitivo y concreto sobre todas las solicitudes presentadas, señalando que: i) Respecto al trámite de reconocimiento de personalidad jurídica de partido Pueblo Unido (PUN), este concluyó con la emisión de la Resolución TSE-RSP-ADM 008/2017 de 12 de enero, la que fue ratificada por la Resolución TSE-RSP-JUR 009/2017 de 23 de enero, emitida en el marco del recurso extraordinario de revisión interpuesto; ii) El Tribunal Constitucional Plurinacional, ratificó la Resolución TSE-RSP-JUR 009/2017 mediante el AC 0059/2017 de 17 de marzo, rechazando la solicitud de promover acción de inconstitucionalidad concreta contra el Reglamento de Procedimientos para el Tramite de Reconocimiento de Personalidad Jurídica de Partidos Políticos, Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas; iii) De conformidad a lo establecido en el art. 219 de la Ley 026 de Régimen Electoral, el recurso de extraordinario de revisión no admite recurso ulterior; por lo que, las Resoluciones TSE-RSP-ADM 008/2017 y la Resolución TSE-RSP-JUR 009/2017, se encuentran plenamente ejecutoriadas y firmes; iv) La Sala Plena en su sesión de 22 de marzo de 2023, tomo conocimiento del informe TSE-DNJ 078/2023 de 20 de marzo, que concluyó: “c) La presente solicitud de reconsideración y el propio recurso de reconsideración interpuesto en contra de la Resolución TSE-RSP-ADM 008/2017 de 12 de enero de 2017, no encuentran asidero en la normativa electoral por lo que resultan manifiestamente improponibles, además los argumentos planteados en el recurso de reconsideración han merecido su análisis, consideración y fueron resueltos en la Resolución TSE-RSP-JUR 09/2017 de 23 de enero de 2017; v) La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral aprobó el informe jurídico antes señalado y determinó hacerle conocer su contenido, ratificando la decisión del Pleno de ese Tribunal de rechazo de su solicitud; y, vi) Desde el 1 de agosto de 2018, se encuentra vigente la Ley 1096 de Organizaciones Políticas; que establece un régimen de requisitos y condiciones para el reconocimiento de personalidad jurídica de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, al que debe sujetarse todas las organizaciones políticas en trámite y constitución (Conclusión II.6.). De los antecedentes referidos, se evidencia que la acción tutelar presentada, tiene dos fases, la primera referida a las peticiones realizadas por memorial presentado el 11 de enero de 2020, bajo la síntesis de “recurso de reconsideración en el marco del control de convencionalidad respecto a la Resolución TSE-RSP-ADM 008/2017”, a los fines de que se rencause el tratamiento del trámite de reconocimiento de personalidad jurídica y el 27 de febrero de 2020, bajo la suma “complementación al recurso de reconsideración en el marco del control de convencionalidad a la Hoja de Ruta 514/2020”, adjuntando las Resoluciones fiscales de rechazo de denuncia 2115/17 y 13/2019; formulario de notificación al Tribunal Supremo Electoral de 14 de marzo de 2019; apersonamiento de julio de 2019; solicitud de certificación de diciembre de 2019 y constancia de archivo de proceso de 30 de mayo de 2019.

En este contexto, desde esta última fecha (27 de febrero de 2020) hasta la presentación de la acción tutelar que nos ocupa (10 de mayo de 2024) transcurrieron 4 años, 2 meses y 13 días; es decir, superó abundantemente el plazo de caducidad de los seis meses establecido en el art. 129.II de la CPE para la interposición de la presente acción de amparo constitucional. En virtud a ello, en relación a dichas peticiones no se cumple el principio de inmediatez, correspondiendo denegar la tutela por incumplimiento a dicho principio, tal cual se tiene del entendimiento señalado en el Fundamento Jurídico III. 2. del presente fallo constitucional. En cuanto a la segunda fase, que corre a partir de la presentación de los memoriales de 31 de enero, 5, 16 y 28 de febrero, todos de 2024, a través de los cuales el ahora impetrante de tutela solicito respuesta pronta y formal al memorial de complementación al “recurso de reconsideración en el marco del control de convencionalidad, tramite signado con la hoja de ruta 2926/2020”. Al respecto, las autoridades ahora demandadas, a través de la Nota TSE-SC-EXT 0102/2024 de 7 de marzo, por intermedio del Secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral, hicieron conocer al hoy impetrante de tutela, que en atención a sus memoriales de 31 de enero, 5, 16 y 28 de febrero, todos del 2024, que ya se emitieron pronunciamientos definitivos y concretos sobre todas las solicitudes presentadas, afirmando que el trámite de reconocimiento de personalidad jurídica del partido Pueblo Unido (PUN), concluyó con la emisión de la Resolución TSE-RSP-ADM 008/2017 de 12 de enero, la que fue ratificada por la Resolución TSE-RSP-JUR 009/2017 de 23 de enero, emitida en el marco del recurso extraordinario de revisión interpuesto; que el Tribunal Constitucional Plurinacional, ratificó la Resolución TSE-RSP-JUR 009/2027 mediante el AC 0059/2017 de 17 de marzo, rechazando la solicitud de promover acción de inconstitucionalidad concreta contra el Reglamento de Procedimientos para el Trámite de Reconocimiento de Personalidad Jurídica de Partidos Políticos, Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas; que de conformidad a lo establecido en el art. 219 de la Ley 026 de Régimen Electoral, el recurso de extraordinario de revisión no admite recurso ulterior; por lo que, las Resoluciones TSE-RSP-ADM 008/2017 y la Resolución TSE-RSP-JUR 009/2017, se encuentran plenamente ejecutoriadas y firmes; que la solicitud de reconsideración y el propio recurso de reconsideración interpuesto en contra de la Resolución TSE-RSP-ADM 008/2017 de 12 de enero de 2017, no encuentran asidero en la normativa electoral por lo que resultan manifiestamente improponibles, además que los argumentos planteados en el recurso de reconsideración han merecido su análisis, consideración y fueron resueltos en la Resolución TSE-RSP-JUR 009/2017 de 23 de enero de 2017; y, desde el 1 de agosto de 2018, se encuentra vigente la Ley 1096 de Organizaciones Políticas; que establece un régimen de requisitos y condiciones para el reconocimiento de personalidad jurídica de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, al que debe sujetarse todas las organizaciones políticas en trámite y constitución.

En ese contexto, corresponde remitirnos a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que respecto a la satisfacción del contenido esencial del derecho a la petición señala que, esta se da cuando se obtiene una respuesta formal; es decir, de manera escrita y debidamente comunicada o notificada, debiendo además dicha respuesta ser pronta y oportuna; dentro los plazos definidos por ley o dentro de un plazo razonable; y, respuesta material, lo que implica que debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición, sea esta de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, finalmente, que se exponga el por qué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos. En ese marco, de la revisión del contenido de la Nota TSE-SC-EXT 0102/2024 de 7 de marzo, emitida por el Tribunal Supremo Electoral, se evidencia que la petición formulada por la parte accionante mediante los memoriales de 31 de enero, 5, 16 y 28 de febrero, todos de 2024, fue respondida de forma escrita y en plazo razonable, por consiguiente, en el marco de estos componentes de verificación constitucional del derecho a la petición, no se evidencia la inobservancia de sus elementos de respuesta formal, pronta y oportuna. Asimismo, en lo referente a la exigencia de una respuesta que resuelva materialmente el fondo de las peticiones, del contenido de la Nota TSE-SC-EXT 0102/2024 de 7 de marzo, se evidencia que el Tribunal Supremo Electoral en el marco de lo establecido en el art. 219 de la Ley 026 de Régimen Electoral, señaló que el recurso de extraordinario de revisión no admite recurso ulterior; por lo que, las Resoluciones TSE-RSP-ADM 008/2017 y la Resolución TSE-RSP-JUR 009/2017, se encuentran plenamente ejecutoriadas y firmes y que la solicitud de reconsideración y el propio “recurso de reconsideración en el marco del control de convencionalidad”, interpuesto en contra de la Resolución TSE-RSP-ADM 008/2017 de 12 de enero de 2017, no encuentran asidero en la normativa electoral por lo que resultan manifiestamente improponibles, de la descripción de este contenido, se concluye que el Tribunal Supremo Electoral no podía emitir pronunciamiento de forma independiente o aislada respecto a los documentos adjuntos en el memorial presentado el 27 de febrero de 2020 bajo la suma “complementación al recurso de reconsideración en el marco del control de convencionalidad a la Hoja de Ruta 514/2020”, referidos a las Resoluciones fiscales de rechazo de denuncia 2115/17 y 13/2019; formulario de notificación al Tribunal Supremo Electoral de 14 de marzo de 2019; apersonamiento de julio de 2019; solicitud de certificación de diciembre de 2019 y constancia de archivo de proceso de 30 de mayo de 2019, debido a que no se pronunció en el fondo del “recurso de reconsideración en el marco del control de convencionalidad” al considerar que el mismo no está regulado en la normativa electoral.

En ese sentido, la respuesta otorgada a través de la Nota TSE-SC-EXT 0102/2024, no lesionó el derecho a la petición del impetrante de tutela en lo referente a una respuesta formal y material, correspondiendo denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 83/2024 de 22 de mayo, cursante de fs. 393 a 395, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Cuarto Considerando, señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquella, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos. Es así que el derecho a formular peticiones (…) se refiere precisamente al derecho fundamental cuyo núcleo esencial comprende la respuesta pronta y oportuna, resolviendo en lo posible la petición en sí misma, es decir resolviendo el asunto objeto de la petición”. 2La SC 1065/01-R de 4 de octubre de 2001, en el Cuarto Considerando, señala que: “…el derecho de petición es la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho…” (las negrillas son nuestras).

6 El FJ III.1, indica: “…el derecho de petición puede ser ejercido por toda persona de manera individual o colectiva, con el único requisito de la identificación de peticionario; es decir, puede ser ejercido por una persona física o por una persona colectiva, en este último supuesto, en cualesquiera de las formas reconocidas por la Constitución Política del Estado o la Ley”. 7El FJ III.3, refiere: “Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aun cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud, en una clara búsqueda por acercar al administrado con el Estado, otorgándole a aquél un medio idóneo para obtener la respuesta buscada o, en su caso, la información sobre las autoridades ante quienes debe acudir, lo que indudablemente, fortalece el carácter democrático del Estado Boliviano” (las negrillas son agregadas).

8 El FJ III.2, indica: “…es lógico que de no dirigirse la petición a la autoridad pertinente, la misma al no tener oportunidad de pronunciarse al respecto, sea positiva o negativamente -siendo que este derecho no implica la otorgación de una respuesta positiva, sino formal, escrita y oportuna-, por falta de conocimiento de la solicitud, no puede atribuírsele una supuesta transgresión del derecho ni del mandato constitucional que lo contiene”.

12 El FJ III.1, establece: “2) Sobre la supuesta falta de inmediatez. El Tribunal ha establecido que el plazo máximo para interponer el recurso es de seis meses, salvo situaciones especiales que deben ser debidamente acreditadas. En el caso analizado, el plazo aludido fue interrumpido con la interposición, en fecha 7 de marzo de 2003, del recurso de amparo constitucional que mereció la SC 726/2003-R de 30 de mayo de 2003, habiendo presentado la presente acción, en fecha 7 de junio de 2003, es decir dentro del término anteriormente señalado”. 13El FJ III.5, dispone: "...resulta necesario establecer que el cómputo del plazo de los seis meses para interponer el recurso de amparo constitucional, se inicia desde ocurrido el acto ilegal vulneratorio de derechos, y si este permite impugnación se inicia el cómputo desde la última actuación efectuada en reponer el derecho vulnerado; empero, en los casos en que como el presente, se interpuso un recurso de amparo constitucional que culminó con una resolución constitucional que no ingresó al fondo; el plazo se suspende durante ese periodo; es decir, que el cómputo se corta con la interposición del recurso de amparo constitucional en este caso, y luego se reinicia o continúa el cómputo desde la notificación de la Resolución o Sentencia Constitucional que no ingresó al fondo, -como la presente Sentencia Constitucional-”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0436_2025-S1.pdf · páginas 1 a 20.

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