B.IA.LEGAL

SCP 0436/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 31 de julio de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
31 de julio de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
51343-2022-103-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la defensa y a la impugnación; y, del principio de celeridad; alegando que, el 12 de “junio” de 2022, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, devolvió los antecedentes de la apelación incidental que interpuso, por haberse suprimido varios párrafos en el Auto Interlocutorio 472/2022 de 16 de septiembre, respecto a lo resuelto en la audiencia de aplicación de medidas cautelares de carácter personal, e incluso a fin de verificar aquello y obtener una resolución completa, dispuso la notificación a la Unidad de Control y Fiscalización de la Representación Distrital de Oruro del Consejo de la Magistratura; empero, la Jueza demandada hasta la interposición de la acción de defensa, no remitió al Tribunal de alzada el legajo de dicho recurso, habiendo transcurrido ocho días que exceden el plazo previsto en el art. 251 del CPP.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 136/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 63 a 68 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los derechos de la impugnación, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso directamente vinculado al principio de celeridad; debiendo la Jueza demandada cumplir sus funciones en el marco de lo establecido en la norma y el principio de celeridad, evitando que en el futuro repita o reincida en actuaciones dilatorias; y, 2° DENEGAR la tutela en cuanto a la imposición de costas, daños y perjuicios, conforme lo previsto en el art. 39 del Código Procesal Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de celeridad y su vinculación con el debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0436/2024-S2 Sucre, 31 de julio de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 51343-2022-103-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 136/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 63 a 68 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elvia Pamela Roque Carreño contra Modesta Lourdes Huanca Marca, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de octubre de 2022, cursante de fs. 1 y 23 a 28, la accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia suya y de Israel José Bascopé Mariscal contra Erle y Dennis Favio Vargas Carreño, por la presunta comisión del delito de estelionato con agravación de víctimas múltiples; el 16 de septiembre de 2022, Modesta Lourdes Huanca Marca, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital departamento de Oruro -demandada-, celebró la audiencia de medidas cautelares, dictando en ese acto procesal el Auto Interlocutorio 472/2022 de igual fecha, determinación que fue apelada; empero, los antecedentes fueron remitidos después de varios días ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento; en esa instancia advirtieron que una serie de párrafos de dicha Resolución fueron suprimidos; en razón a ello, la indicada Sala Penal ordenó la devolución del legajo procesal al Juzgado de origen, con la finalidad que intervenga la Unidad de Control y Fiscalización de la Representación Distrital de Oruro del Consejo de la Magistratura, para que controle la emisión del señalado Auto Interlocutorio conforme a lo ocurrido en la audiencia de medidas cautelares y con su resultado se obtenga el testimonio de la apelación incidental. No obstante, pese a que el “12.06.2022” se devolvió los antecedentes ante la autoridad demandada, el Auto Interlocutorio apelado no fue remitido ante el Tribunal de alzada para su conocimiento y resolución, habiendo transcurrido ocho días que denotaron la retardación e incumplimiento al plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la defensa y a la impugnación; y, del principio de celeridad, citando al efecto los arts. 115.I, 117.I, 119.II, 178.I, 180.I y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se remita en el plazo de veinticuatro horas, el Auto Interlocutorio 472/2022 -original- a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, b) Sea con imposición de costas, daños y perjuicios “…a ser averiguables en ejecución de la sentencia constitucional” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 27 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 57 a 62, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo manifestó que: 1) Si bien en el acta de registro de audiencia pública de apelación incidental de medidas cautelares de carácter personal labrada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no tenía plazo para la devolución de antecedentes -al Juez de origen- ni era susceptible de complementación, en virtud a que se trataba de un decreto, resultaba necesaria la interpretación del art. “151” del CPP, a fin de establecer en cuanto tiempo la Jueza demandada debió remitir el legajo de apelación incidental ante la devolución del mismo por el Tribunal de alzada, considerando que desde el 12 de octubre -se entiende de 2022-, transcurrieron cuarenta y dos días sin poder fundamentar en audiencia los agravios del Auto Interlocutorio 472/2022, ni tramitar la revocatoria de las medidas cautelares dispuestas por dicha autoridad, causándole perjuicios; por lo que, existió un quebrantamiento al derecho a la tutela judicial efectiva con relación al principio de “seguridad”; 2) No se notificó a la Unidad de Control y Fiscalización de la Representación Distrital de Oruro del Consejo de la Magistratura, aunque ello no era condicionante para el cumplimiento de lo determinado por la mencionada Sala Penal; 3) La autoridad demandada condicionó el acatamiento de lo ordenado por la citada Sala Penal a la espera de los funcionarios de la referida Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, obviando lo estipulado en el art. 251 del CPP; lo que, implica que es una autoridad judicial sin independencia; y, 4) No existe ningún mecanismo intraprocesal que se pueda agotar para exigir la observancia a dicha disposición normativa; por lo que, solicitó se conceda la tutela y la reparación de daños en ejecución de sentencia.

I.2.2. Informe de la demandada

Modesta Lourdes Huanca Marca, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Oruro, mediante informe escrito presentado el 27 de octubre de 2022, cursante de fs. 40 a 42, señaló que: i) El 12 de agosto de igual año, el representante fiscal presentó imputación formal y pidió aplicación de medidas cautelares de carácter personal contra Erle y Dennis Favio Vargas Carreño; solicitud resuelta por Auto Interlocutorio 472/2022; decisión que fue impugnada por la accionante y la autoridad fiscal; por lo que, dispuso la remisión del testimonio con las piezas pertinentes a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; empero, conforme consta en el acta de audiencia de apelación incidental de medidas cautelares de “4” -siendo lo correcto 6- de octubre de idéntico año, que le fue notificada el 12 de igual mes y año, la Sala Penal Segunda del citado Tribunal Departamental advirtió observaciones a dicho Auto Interlocutorio, ordenando su devolución a objeto que intervenga la Unidad de Control y Fiscalización de la Representación Distrital de Oruro del Consejo de la Magistratura; ii) Respecto al reclamo consistente que, desde el 12 de “junio” del citado año, no hubiese remitido el legajo de apelación incidental ante el tribunal de alzada, ello no era cierto, máxime si se considera que en esa fecha aún no se resolvió la situación jurídica de los imputados, ahora terceros interesados; iii) En cuanto a la falta de envío del Auto Interlocutorio 472/2022, adjuntó el descargo de su recepción de 26 de septiembre de similar año, ante la Sala Penal Segunda del referido Tribunal Departamental de Justicia; iv) De acuerdo a lo ordenado por el Tribunal de alzada, la notificación a la mencionada Unidad de Control y Fiscalización debió ser cumplida por su personal de apoyo judicial, más aún si se considera que no estableció si le correspondía practicar esa diligencia a su persona, ni tampoco determinó expresamente la devolución del testimonio de apelación incidental; empero, a fin de no vulnerar ningún derecho y, pese a no existir pronunciamiento del Consejo de la Magistratura, remitió el nuevo testimonio de apelación incidental acorde a lo instruido; v) La impetrante de tutela no agotó los mecanismos intraprocesales para que se habilite la justicia constitucional, correspondiendo la aplicación del principio de subsidiariedad; y, vi) El 26 de octubre de 2022, a horas 10:19, la peticionante de tutela presentó escrito solicitando la notificación a la indicada Unidad de Control y Fiscalización; es decir, después que interpuso la presente acción de amparo constitucional, recepcionada a horas 8:48 en la misma fecha; lo que, denotó que la prenombrada pretende hacer incurrir en error al no haber agotado los medios intraprocesales que existen a fin de efectivizar su reclamo; por lo que, solicitó se deniegue la tutela pedida.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Erle y Dennis Favio Vargas Carreño, en audiencia de garantías a través de su abogado solicitaron que no se conceda la tutela impetrada; ya que, “…en el momento de la audiencia y de la resolución ha sido acorde a lo que se ha llevado a cabo en aquella audiencia” (sic).

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 136/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 63 a 68 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo: “…Si bien es cierto que se ha acreditado la remisión del testimonio de apelación con posterioridad a la notificación de amparo constitucional se tiene presente aquel elemento objeto del cumplimiento de dicha resolución, lo que no significa que sea excusable la actitud de la autoridad accionada” (sic); la imposición de costas, salvando el derecho a cuantificar los daños y perjuicios “…en ejecución del presente fallo…” (sic); con base en los siguientes fundamentos: a) La apelación incidental presentada por la impetrante de tutela, radicó en la Sala Penal Segunda del citado Tribunal Departamental, debiendo haber sido resuelta en el plazo de tres días; empero, debido a una denuncia sobre la presunta adulteración del contenido del Auto Interlocutorio apelado con lo decidido en la audiencia de medidas cautelares, se ordenó a la Unidad de Control y Fiscalización de la Representación Distrital de Oruro del Consejo de la Magistratura, que intervenga en esa situación a objeto de generar certeza en el contenido de ese fallo; y si bien, las actas no deben ser transcritas de forma literal, deben guardar coherencia con lo obrado en dicho verificativo; en razón a ello, la Jueza demandada debió remitir un nuevo testimonio con una resolución completa y atendiendo las recomendaciones del referido Tribunal de alzada; b) De la revisión de obrados, se advirtió que no se tiene el testimonio de apelación incidental; lo que, impidió determinar el tiempo transcurrido entre la recepción del legajo devuelto y la remisión del nuevo Auto Interlocutorio 472/2022 al Tribunal de alzada, a fin de establecer el cumplimiento de lo previsto en el art. 251 del CPP y, si se adecuó a alguna de las subreglas desarrolladas en “…la doctrina del amparo constitucional por pronto despacho…” (sic); c) En cuanto a lo señalado por la autoridad demandada sobre el principio de subsidiariedad que resultaría aplicable al presente caso, la prenombrada no identificó cuál es el recurso idóneo para la satisfacción del derecho reclamado; entendiendo que quizá pretendió invocar en su defensa, la doctrina del acto superado, el cual refiere que pese al perjuicio generado, por su propia voluntad decidió reconducirlo antes que se active este mecanismo constitucional; empero, de la prueba que adjuntó la prenombrada, se evidenció que si bien fue remitido el testimonio de apelación incidental, ello se efectivizó el 27 de octubre de 2022, a horas 12:40 y la acción de amparo constitucional le fue notificada el 26 del citado mes y año, a horas 14:40; concluyendo que, no fue superado el acto lesivo; d) El envío del legajo de apelación incidental que entiende la demandada, estuviera condicionado a la notificación de la mencionada Unidad de Control y Fiscalización, en realidad no es una determinación con ese fin; ya que, esa disposición pronunciada por la citada Sala Penal Segunda, tiene por objeto establecer si existe responsabilidad administrativa de la Jueza demandada; pues, si fuese jurisdiccional, se pudo haber subsanado directamente; lo que, no implica que la intervención de esa Unidad, sea un medio o recurso idóneo que impida legal y momentáneamente dicha autoridad cumplir con el deber previsto en el art. 251 del Código Adjetivo Penal; más bien, una vez conoció de la devolución del legajo de la apelación incidental, correspondía que remita el testimonio completo dentro del plazo de veinticuatro horas o máximo setenta y dos horas de forma justificada; e) Por providencia de 24 de octubre de 2022, la indicada Jueza dispuso que por secretaría del despacho a su cargo, se vuelva a transcribir en su integridad el acta y el Auto Interlocutorio 472/2022, en atención a lo determinado el 6 del señalado mes y año, por la nombrada Sala Penal Segunda, el, actuaciones que denotan que desde esa última fecha, hasta el 27 de igual mes y año, en la cual fueron notificados los sujetos procesales con dicha providencia, transcurrieron más de los tres días que establece la jurisprudencia constitucional, advirtiendo que existe incumplimiento y omisión de ese deber; por lo que, ninguna de las justificaciones que expuso la Jueza demandada fueron acreditadas ni sustentadas; es decir, el recurso de apelación incidental no fue resuelto debido a las actuaciones arbitrarias de la indicada autoridad, generando lesión de los derechos de impugnación y acceso a la justicia de la accionante; y, f) Respecto a la imposición de costas, daños y perjuicios, en el presente caso, no resulta excusable la omisión de la autoridad demandada; tomando en cuenta que tuvo conocimiento debido y oportuno sobre los alcances de lo que fue resuelto, pese a ello, no tuvo la voluntad espontánea de solucionarlos; por el contrario, retrasó el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal de alzada, en perjuicio de los derechos de la impetrante de tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio -de medidas cautelares- 472/2022 de 16 de septiembre, la Jueza demandada declaró improcedente e infundada la aplicación de detención preventiva contra Erle y Dennis Favio Vargas Carreño -hoy terceros interesados-, disponiendo medidas cautelares personales establecidas en el art. 231 bis del CPP (fs. 17 a 20 vta.). II.2. Cursa acta de registro de audiencia pública de apelación incidental de medidas cautelares de carácter personal de 6 de octubre de 2022, en la que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dispuso que: “…el Control y Fiscalización o Transparencia del Consejo de la Magistratura intervenga en este caso, para fines de regularizar las observaciones hechas por la parte apelante, toda vez que, no es admisible de que podamos tratar la apelación con estos defectos que si acaso hubiera ocurrido ese cambio de resolución. En tales antecedentes, se ordena la devolución de este proceso penal al juzgado de origen, a objeto de que, intervenga Control y Fiscalización o Transparencia del Consejo de la Magistratura, para que controle la emisión de la resolución judicial emitida, conforme hubieran ocurrido en la audiencia cautelar, y con su resultado se remita el testimonio de apelación por ante este tribunal de apelación. Sin embargo, se deja constancia de que el acta es resumen, no es copia de todo, pero deben estar todos los aspectos sobre los riesgos procesales tratados, entonces ante esa situación jurídica, reiteramos se ordena la devolución del presente caso al juzgado de origen…” (sic [fs. 21 a 22]). II.3. A través de providencia de 24 de octubre de 2022, la autoridad demandada señaló que: “En mérito al cuestionamiento u observación que se realiza en audiencia de fecha 06 de octubre de 2022, por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, se dispone que mediante secretaria se vuelva a transcribir en su integridad acta y Auto Interlocutorio de fecha 16 de septiembre de 2022, debiendo adjuntarse la misma al testimonio de apelación para su correspondiente remisión en el plazo que manda la norma” (sic [fs. 37]). II.4. Por diligencia de notificación de 27 de octubre de 2022, se notificó a la Unidad de Control y Fiscalización de la Representación Distrital de Oruro del Consejo de la Magistratura con el decreto de “26” de igual mes y año (fs. 38). II.5. Mediante nota de 27 de octubre de 2022, la Jueza demandada remitió la apelación incidental a Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, señalando que: “…habiendo sido devuelto el mismo al juzgado de Instrucción Penal 3°, por observaciones relacionadas a la transcripción, tengo a bien remitir el mismo a su autoridad en su integridad siendo que de la revisión del acta y resolución de fecha 16 de octubre de 2022, no contiene modificación de fondo, solo de transcripción y redacción…” (sic [fs. 39]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la defensa y a la impugnación; y, del principio de celeridad; alegando que, el 12 de “junio” de 2022, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, devolvió los antecedentes de la apelación incidental que interpuso, por haberse suprimido varios párrafos en el Auto Interlocutorio 472/2022 de 16 de septiembre, respecto a lo resuelto en la audiencia de aplicación de medidas cautelares de carácter personal, e incluso a fin de verificar aquello y obtener una resolución completa, dispuso la notificación a la Unidad de Control y Fiscalización de la Representación Distrital de Oruro del Consejo de la Magistratura; empero, la Jueza demandada hasta la interposición de la acción de defensa, no remitió al Tribunal de alzada el legajo de dicho recurso, habiendo transcurrido ocho días que exceden el plazo previsto en el art. 251 del CPP.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de celeridad y su vinculación con el debido proceso

Sobre la temática, la SCP 2356/2012 de 22 de noviembre, sostuvo que: «De conformidad a lo establecido en los arts. 178 y 180 de la CPE, la administración de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia, se sustenta entre otros principios, en el de celeridad, el que también ha sido reconocido por los arts. 3. inc. 11) de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP); 3.7) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); y, 3.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo); conforme a dicho principio, la administración de justicia debe ser oportuna y sin dilaciones, buscando efectivizar los derechos y las garantías reconocidos por el texto constitucional. El principio de celeridad, persigue como principal objetivo conseguir que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos perentorios dispuestos por la norma legal, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de su observancia, no es posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso, situación que podrá darse, sin embargo en los casos en los que estos plazos surgen como resultado de prórrogas o ampliaciones legalmente dispuestas; por lo que, este principio lleva implícita la obligación de llevar adelante los actos procesales de la manera más sencilla posible a efectos de evitar dilaciones innecesarias; es decir, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento; una actuación contraria, conlleva no sólo a la vulneración de derechos y garantías, sino también al fomento del crecimiento de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación. En este contexto, es preciso mencionar que el principio de celeridad se encuentra relacionado con los principios procesales de eficacia y eficiencia como componentes de la seguridad jurídica, toda vez que, conforme razonó el Tribunal Constitucional mediante la SC 0010/2010-R de 6 de abril, la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos; estos elementos forman parte del concepto de seguridad jurídica, pues es a partir de ellos logra alcanzarse la estabilidad de las instituciones y la vigencia auténtica de la ley, que se materializan en la oportunidad y prontitud de la administración de justicia, a cuyo efecto deberá ser el administrador de justicia el encargado de impulsar el proceso y garantizar la celeridad procesal.

Ahora bien, conforme se ha establecido, la celeridad que debe caracterizar las actuaciones judiciales, no se constituye en un fin, sino en el medio o mecanismo necesario para garantizar la efectivización o materialización de otros dos derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y que forman parte de su esencia por su naturaleza social, democrática y de derecho: el debido proceso y el acceso a la justicia. En este contexto y al tenor del art. 115.I constitucional, se hace manifiesto el vínculo de conexitud existente entre el principio de celeridad y el debido proceso, cuando dicho precepto postula que toda persona será protegida en el ejercicio de sus derechos e intereses oportuna y efectivamente por jueces y tribunales; por otra parte, del contenido del parágrafo segundo del mismo artículo, que sostiene que el Estado garantiza el debido proceso y el acceso a una justicia pronta y oportuna “sin dilaciones”, se establece la directa relación que existe entre el principio de celeridad estudiado y el derecho de acceso a la justicia; de donde puede inferirse que cuando los administradores de justicia no cumplen con la tarea que se les ha encomendado dentro de los plazos previstos en el ordenamiento jurídico, provocando la extensión indefinida de los procesos sometidos a su conocimiento, ocasionan, con la falta de decisión sobre el litigio, lesiones a la seguridad jurídica, toda vez que la administración de justicia no puede ser entendida en sentido formal, sino que, debe trasuntarse en una realidad accesible y veraz, garantizada por el Estado a través de la Constitución Política del Estado, para que quien busca la solución de un problema jurídico, pueda obtener respuesta oportunamente; dicho de otra forma, una decisión judicial tardía, aún cuando los conflictos hayan sido resueltos, resulta una injusticia, toda vez que: “…la justicia que se demanda a la autoridad judicial a través del derecho público abstracto de la acción, o de la intervención oficiosa de aquélla, se haya rodeada de una serie de garantías constitucionales (…), la garantía de la celeridad en los procesos judiciales (…) la garantía de acceso a la administración de justicia, que no sólo implica la ejecución de los actos de postulación propios para poner en movimiento el aparato jurisdiccional, sino igualmente la seguridad del adelantamiento del proceso, con la mayor economía de tiempo y sin dilaciones injustificadas, y la oportunidad de una decisión final que resuelva de mérito o de fondo la situación controvertida”; en otras palabras, es “…parte integrante del derecho al debido proceso y de acceder a la administración de justicia, el ‘derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos'”. Similar entendimiento ha asumido éste Tribunal, cuando en la SCP 00110/2012 de 27 de abril, manifestó: “En el entendido que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas constituye una garantía, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que una demora injustificada e irrazonable en la tramitación del proceso penal, implica el desconocimiento de la garantía del debido proceso y la violación del principio de celeridad procesal, que puede dar lugar incluso, a la conclusión del proceso cuando los jueces y tribunales de justicia no dirigen e impulsan su tramitación hacia su conclusión dentro de un plazo razonable; toda vez que ellos tienen la obligación de dirigir el proceso y concluir el mismo en tiempo oportuno y conforme a ley, pues obrar en forma tardía o lenta en contra de las normas estatuidas no es administrar justicia; por lo que el impulso procesal, entendido como la acción de llevar adelante el proceso hacia la sentencia definitiva, no es de responsabilidad exclusiva de las partes litigantes, sino principalmente de los propios órganos jurisdiccionales, cuyo incumplimiento da lugar a la retardación de justicia, lo cual amerita se adopten las medidas necesarias encaminadas a evitar la paralización del proceso o su dilación indebida a través de la ejecución de actuados procesales en plazos demasiados prolongados, cuando, por ejemplo, no están expresamente normados en nuestra economía procesal, tal como ocurre en los señalamientos de audiencias para considerar el beneficio de la cesación de la detención preventiva”. En este orden de ideas, es posible concluir que, si bien es obligación legítima y constitucional del Estado, a través del Órgano Legislativo, prever la implementación de mecanismos legales o instrumentos jurídicos que permitan hacer más ágiles los procesos judiciales, no menos evidente es que, los administradores de justicia deben acatar el principio de celeridad en el cumplimiento de sus funciones a fin de garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales, pues la inobservancia de este principio procesal, deriva ineludiblemente en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y, por ende, conforme al sustento expuesto anteriormente, al acceso a la justicia y la seguridad jurídica deben considerarse como los principales elementos garantes del proceso penal» (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia que, el 12 de “junio” de 2022, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, devolvió los antecedentes de la apelación incidental que interpuso, por haberse suprimido varios párrafos en el Auto Interlocutorio 472/2022 de 16 de septiembre, respecto a lo resuelto en la audiencia de aplicación de medidas cautelares de carácter personal, e incluso a fin de verificar aquello y obtener una resolución completa, dispuso la notificación a la Unidad de Control y Fiscalización de la Representación Distrital de Oruro del Consejo de la Magistratura; empero, la Jueza demandada hasta la interposición de esta acción de defensa, no remitió a ese Tribunal de alzada el legajo de dicho recurso, habiendo transcurrido ocho días que exceden el plazo establecido en el art. 251 del CPP; lesionando sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la defensa y a la impugnación; y, del principio de celeridad. De la revisión de obrados se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Elvia Pamela Roque Carreño -accionante- e Israel José Bascopé Mariscal contra Erle y Dennis Favio Vargas Carreño, por Auto Interlocutorio 472/2022, la autoridad demandada declaró improcedente e infundada la aplicación de la detención preventiva solicitada por el Fiscal de Materia, disponiendo medidas cautelares de carácter personal (Conclusión II.1); Resolución que fue apelada, y resuelta el 6 de octubre de 2022, por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en audiencia de apelación incidental señalando que: “…el Control y Fiscalización o Transparencia del Consejo de la Magistratura intervenga en este caso, para fines de regularizar las observaciones hechas por la parte apelante, toda vez que, no es admisible de que podamos tratar la apelación con estos defectos que si acaso hubiera ocurrido ese cambio de resolución. En tales antecedentes, se ordena la devolución de este proceso penal al juzgado de origen, a objeto de que, intervenga Control y Fiscalización o Transparencia del Consejo de la Magistratura, para que controle la emisión de la resolución judicial emitida, conforme hubieran ocurrido en la audiencia cautelar, y con su resultado se remita el testimonio de apelación por ante este tribunal de apelación. Sin embargo, se deja constancia de que el acta es resumen, no es copia de todo, pero deben estar todos los aspectos sobre los riesgos procesales tratados, entonces ante esa situación jurídica, reiteramos se ordena la devolución del presente caso al juzgado de origen…” (sic [Conclusión II.2]). En mérito a lo dispuesto, la Jueza demandada emitió la providencia de 24 de octubre de 2022, señalando que: “En mérito al cuestionamiento u observación que se realiza en audiencia de fecha 06 de octubre de 2022, por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, se dispone que mediante secretaría se vuelva a transcribir en su integridad acta y Auto Interlocutorio de fecha 16 de septiembre de 2022, debiendo adjuntarse la misma al testimonio de apelación para su correspondiente remisión en el plazo que manda la norma” (sic [Conclusión II.3]); asimismo, cursa diligencia de notificación de 27 de octubre de 2022, a la Unidad de Control y Fiscalización de la Representación Distrital de Oruro del Consejo de la Magistratura con la referida providencia (Conclusión II.4). Por nota de 27 de octubre de 2022, la Jueza demandada remitió la apelación incidental a Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del señalado Tribunal Departamental de Justicia, manifestando que: “…habiendo sido devuelto el mismo al juzgado de Instrucción Penal 3°, por observaciones relacionadas a la transcripción, tengo a bien remitir el mismo a su autoridad en su integridad siendo que de la revisión del acta y resolución de fecha 16 de octubre de 2022, no contiene modificación de fondo, solo de transcripción y redacción…” (sic [Conclusión II.5]). Previo a ingresar al análisis de la problemática planteada, resulta necesario pronunciarse sobre la presunta procedencia del principio de subsidiariedad, conforme expuso la Jueza demandada en el informe vertido en esta acción de defensa; al respecto, se evidencia que como también manifestó la Sala Constitucional Segunda del citado Tribunal Departamental de Justicia, no existe otro medio intraprocesal que hubiese podido agotar la accionante, previo a activar la justicia constitucional; por lo que, no es posible acoger lo pedido por la referida autoridad judicial. Ahora bien, identificado y contextualizado el objeto procesal, se evidencia que en la tramitación de la apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 472/2022, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -en la audiencia de apelación de 6 de octubre de 2022-, dispuso se devuelva el legajo de dicho recurso a la Jueza demandada, debido a que, hubo observaciones de la impetrante de tutela que cuestionó la fidelidad de la citada Resolución respecto a lo ocurrido en la audiencia de medidas cautelares; aunado a ello, que por la gravedad que implica un cambio de resolución, la referida Sala Penal Segunda ordenó la intervención de la Unidad de Control y Fiscalización de la Representación Distrital de Oruro del Consejo de la Magistratura, a objeto que controle la emisión de la mencionada decisión; en ese sentido, devuelto el testimonio a la autoridad judicial demandada, la misma emitió el decreto de 24 del referido mes y año, a fin que por secretaría se transcriba la integridad del acta y el Auto Interlocutorio 472/2022, y con su resultado se adjunte al testimonio de apelación para su remisión al Tribunal de alzada, que fue efectivizado el 27 de igual mes y año. Bajo la relación de antecedentes descritos, resulta evidente que hubo vulneraciones sistemáticas a los derechos que asisten a la accionante en su condición de víctima al interior del proceso penal del cual deviene la presente acción de defensa, en un primer momento, al no contemplar de forma íntegra lo resuelto en la audiencia de medidas cautelares, que debió reflejarse en el Auto Interlocutorio 472/2022; y por otra parte, al exceder el tiempo previsto para la remisión de dicha decisión, que fue impugnado tanto por el Ministerio Público como por la ahora accionante, que se encuentra regulado en el segundo párrafo del art. 251 del CPP, que establece: “Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad”. Por consiguiente, en atención al principio de celeridad, así como, los principios procesales de eficacia y eficiencia, primordiales para que los justiciables obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos, en el menor tiempo posible, cumpliendo la norma y el procedimiento adecuado, conforme sostiene el entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; en el caso concreto, la Jueza demandada al no remitir el legajo de la apelación incidental conforme lo resuelto en audiencia de medidas cautelares, y luego, en conocimiento de la devolución del mismo, debido a su negligencia técnica y operativa, correspondía que cumpla lo ordenado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en el marco de lo estipulado en el mismo plazo de veinticuatro horas, conforme lo previsto en el art. 251 del Código Adjetivo Penal, sin condicionar el envío de antecedentes al cumplimiento de la notificación a la Unidad de Control y Fiscalización de la Representación Distrital de Oruro del Consejo de la Magistratura, en virtud a los principios de eficacia y eficiencia, que involucran al de celeridad vinculado al debido proceso, así como, a los derechos a la tutela judicial efectiva, a la impugnación y a la defensa. En consecuencia, resulta evidente que la autoridad demandada cometió actos dilatorios al incumplir el plazo previsto para la remisión de los antecedentes del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada; por lo que, corresponde conceder la tutela; y si bien, el legajo de apelación ya fue remitido, por la demora en la que incurrió la Jueza demandada corresponde exhortarle para que cumpla sus funciones en el marco de lo establecido en la norma y el principio de celeridad, evitando que en el futuro se repita o reincida en este tipo de actuaciones dilatorias. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 136/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 63 a 68 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los derechos de la impugnación, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso directamente vinculado al principio de celeridad; debiendo la Jueza demandada cumplir sus funciones en el marco de lo establecido en la norma y el principio de celeridad, evitando que en el futuro repita o reincida en actuaciones dilatorias; y, 2° DENEGAR la tutela en cuanto a la imposición de costas, daños y perjuicios, conforme lo previsto en el art. 39 del Código Procesal Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0436_2024-S2.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): ae03d325e4353ec99e69bf8803d93d3f4dc9bf62fac112162850f59454bb7dbe

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