Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 5 de junio de 2023
Concede la tutela
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, alegó como lesionado su derecho al debido proceso vinculado al principio de celeridad y el derecho a la libertad; refiriendo que, se celebrada la audiencia de cesación a la detención preventiva; en la que, se determinó mantener las medidas impuestas; verbalmente dedujo el recurso de apelación incidental y pese a la instrucción de remisión en alzada al personal de apoyo jurisdiccional efectuada por la autoridad hoy demandada, se incumplió con lo reglado por el art. 251 del CPP; dilación que pretende ser justificada, con la falta de provisión de recaudos para la conformación del legajo judicial.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 05/2022 de 2 de febrero, cursante de fs. 12 a 13 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Doceava del departamento de La Paz; y en consecuencia, 1º CONCEDER la tutela solicitada, bajo la modalidad de acción de libertad innovativa; y, 2º Exhortar a la autoridad jurisdiccional y personal de apoyo demandados, que estos actos no sean reiterados en futuras actuaciones, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0436/2023-S4 Sucre, 5 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 45598-2022-92-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 05/2022 de 2 de febrero, cursante de fs. 12 a 13 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ademar Giovanni Gonzales Paniagua y Gabriela Ortega Sarmiento en representación sin mandato de Ciro Ramiro Ortega Sequeiros contra William Presvitero Rodríguez Alvarez, Juez; y, Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria; ambos, del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 1 de febrero de 2022, cursante de fs. 1; y, 4 a 5 vta.; el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra; por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, previstos y sancionados por los arts. 146 y 154 del Código Penal (CP), se encuentra detenido preventivamente; en ese contexto procesal, en fecha 25 de enero de 2022 se llevó a cabo audiencia de cesación a la detención preventiva; actuado procesal en el cual, se dispuso mantener vigente aquella determinación; por lo que, su defensa presentó el recurso de apelación incidental de forma oral, al amparo del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); dispuesta la remisión, del recurso en cumplimiento del el plazo establecido en la “Sentencia Constitucional 1053/2016” que flexibiliza la remisión en alzada de los recursos de apelación incidental de 24 horas a tres días, previa justificación de motivos; sin embargo y a la fecha de presentación de la acción tutelar el 1 de febrero de 2022 aún no se ha remitido antecedentes ante la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; incumpliendo lo reglado por el art. 251 del CPP; como descargo el hoy demandado, pretende aplicar una Sentencia Constitucional emitida antes de las modificaciones impuestas por la Ley 1173; además, conjuntamente su personal de apoyo jurisdiccional, señalan que otro de los motivos en la demora en la remisión del expediente se debe a la falta de provisión de recaudos; todo ello, sin considerar que su derecho a la libertad se encuentra en una situación jurídica incierta.
El impetrante de tutela, a través de sus representantes sin mandato, alegó lesionado su derecho al debido proceso, vinculado directamente al principio de celeridad y al derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.
El solicitante de tutela, pidió se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que las autoridades demandadas, remitan en el día los antecedentes del presente caso ante la Sala Penal de Turno correspondiente.
Celebrada la audiencia pública el 2 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 11 a 13 vta.; presentes la parte accionante, la Secretaria en Suplencia Legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del Tribunal departamental de Justicia de La Paz; y ausente, la autoridad jurisdiccional demandada (Juez del Juzgado precitado); se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato en audiencia, ratificó su demanda de acción de libertad.
William Presvitero Rodríguez Alvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del Tribunal departamental de Justicia de La Paz; a través de informe escrito cursante de fojas 8 y vta., refirió que: a) Se encuentra cumpliendo suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de la misma ciudad y distrito judicial; en ese marco, es evidente que el 25 de enero de 2022 se habría señalado audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, impetrada por Ciro Ramiro Ortega Sequeiros; b) En dicha audiencia se emitió la Resolución 20/2022 de 25 de enero; misma que, fue apelada por la parte imputada, sin embargo en dicha determinación se “conminó” a la parte apelante la provisión de recaudos para la remisión del legajo de la apelación; sin embargo –recién– el 1 de febrero del referido año, la parte apelante se apersonó para este fin; c) Ante todo ello, resultaba imposible la remisión en alzada; pues, no se proveyó de recaudos oportunamente; además de considerar, que no se podría haber enviado en originales a la sala de turno pues dentro del proceso habrían aprehendidos y co-imputados, habiendo audiencias pendientes; por estos hechos, se remitió el expediente el 2 del mismo mes y año; y, d) Solicitó se deniegue la tutela impetrada considerando la suplencia que viene efectuando, además de la aplicación de la “Sentencia Constitucional N° 1053/2016” (sic) respecto del plazo de remisión, y considerando además la falta de provisión de recaudos por la parte accionante, que imposibilitaron la remisión extrañada. Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del Tribunal departamental de Justicia de La Paz, en audiencia manifestó lo siguiente: i) Que tuvo comunicación con la abogada (se entiende la profesional que patrocina la causa por el accionante) para que se constituya en juzgado y pueda sacar copias para la remisión de la apelación, respecto de la audiencia llevada a cabo el 25 de enero (de 2022); resalta que, el expediente consta de 14 cuerpos y además son 8 encausados; en ese marco, se hacía imposible remitir la apelación pues el juzgado “no cumple” –se entiende no tiene disponibilidad– de recursos; concluye que, el planteamiento de la acción de libertad es desleal pues la parte accionante recién a horas 13:50 pm (del 1 de febrero de 2022) se apersonó a proveer recaudos; todos estos extremos, imposibilitaron la remisión de la apelación.
La Jueza de Sentencia Penal Doceava del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 05/2022 de 2 de febrero, cursante de fs. 12 a 13 vta., denegó la tutela impetrada, con base a los siguientes fundamentos: i) El hoy accionante, es sujeto de un proceso penal por el delito de uso indebido de influencias, cuyo control jurisdiccional se encuentra a cargo del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto del Tribunal departamental de Justicia de La Paz, dicho despacho judicial se encuentra sin Juez ni Secretaria titulares; motivo por el cual, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del mismo distrito judicial, ejerce la suplencia del mismo; ii) Dentro del citado proceso, el hoy impetrante der tutela solicitó cesación a la detención preventiva, solicitud que fue atendida a través de la emisión de la Resolución 20/2022; determinación legal que, fue apelada en audiencia, una vez admitida el Juez en suplencia legal recomendó la provisión de fotocopias necesarias, de conformidad con el art. 112 del CPP; al margen de que el art. 251 señala que la remisión de los recursos de apelación incidental deben remitirse dentro de veinticuatro horas, éste recién fue remitido el día de hoy 2 de febrero de 2022; iii) Habiéndose remitido en la fecha antes señalada, transcurrieron 5 días hábiles desde la interposición del recurso; en ese marco, se infiere el incumplimiento del art. 251 del CPP, sin considerar tampoco que en el caso, se tiene un detenido – preventivo–; extremo que, coloca en indefensión al hoy accionante; iv) Del informe de las autoridades demandadas, se colige que la parte apelante no proporcionó de forma oportuna los recaudos requeridos, por ende la remisión del expediente original no fue posible, por la ampulosa cantidad de cuerpos y la existencia de varios involucrados o aprehendidos; por lo que, son justificables los extremos que señala; v) De lo acontecido, se infiere que si existió un “grado de dilación mínima en el cumplimiento del legajo de apelación” (sic); por lo que, debe tenerse en cuenta que tanto el Juez como la Secretaria ahora demandados, se encuentran solamente ejerciendo suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto del Tribunal departamental de Justicia de La Paz; por lo que, en el caso presente se hizo lo “humanamente imposible” para atender las causas del juzgado en suplencia; empero, finalmente el día de hoy se remitió el expediente, existiendo una dilación de cuatro a cinco días hábiles; por lo que “existe mínima dilación, pero que no es indebida, sino se trata de una dilación debida a la suplencia que ejercen las autoridades accionadas” (sic), tomando en cuenta que el juzgado en cuestión no tiene Juez ni Secretario –titulares–, se remitió el legajo de apelación el día de hoy, en un plazo aceptable.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Corre en obrados oficio judicial de fecha 31 de enero de 2022, remitido por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del Tribunal departamental de Justicia de La Paz; por el cual, se remite la apelación en alzada de la Resolución 20/2022 de 25 de enero de 2022, con cargo de recepción por la Sala Penal Segunda en fecha 2 de febrero de 2022 a las 10:05 am. (fs. 10) II.2. Según Acta de Audiencia de Acción de Libertad, en donde se tiene el informe verbal presentado por Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del Tribunal departamental de Justicia de La Paz, que pone en evidencia la remisión del expediente en fecha 2 de enero de 2022, fuera del plazo previsto por el art. 251 del CPP. (fs. 11 y vta.)
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, alegó como lesionado su derecho al debido proceso vinculado al principio de celeridad y el derecho a la libertad; refiriendo que, se celebrada la audiencia de cesación a la detención preventiva; en la que, se determinó mantener las medidas impuestas; verbalmente dedujo el recurso de apelación incidental y pese a la instrucción de remisión en alzada al personal de apoyo jurisdiccional efectuada por la autoridad hoy demandada, se incumplió con lo reglado por el art. 251 del CPP; dilación que pretende ser justificada, con la falta de provisión de recaudos para la conformación del legajo judicial.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 2075/2013 de 18 de noviembre señaló, refiriéndose a la acción de libertad innovativa, señaló lo siguiente: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido. En ese contexto argumentativo, la acción de libertad –innovativa permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ´la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada‛. Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional…” (las negrillas nos corresponden).
Al respecto la SCP 0425/2018-S4 de 15 de agosto, que reiterando los entendimientos desarrollados refirió que: “La SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, concluyó que: ‘La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: «La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…» (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas’. Al respecto del plazo en el cual tiene que ser remitido el recurso de apelación planteado contra una resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, así como en relación al trámite que debe imprimir el Tribunal superior en dichos recursos la SCP 1866/2012 de 12 de octubre, señala: «En específico y en relación a la remisión al Tribunal de alzada de la apelación incidental interpuesta contra una Resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, la SC 0076/2010-R de 3 de mayo, refirió que:”…el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior del Distrito en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones”. A su vez en la SC 0387/2010-R de 22 de junio y ratificado por la SC 1181/2011-R de 6 de septiembre, se expresó: «…que a toda solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, debe imprimírsele celeridad en su resolución sea positiva o negativamente para quien la pide, este mismo entendimiento es aplicable para los recursos de apelación sobre medidas cautelares, así como también para las de cesación de detención preventiva, las que pueden traducirse en la remisión de los antecedentes ante el superior en grado, para su resolución, más aún si existe un procedimiento establecido para ello en el que se fijan plazos para la emisión de la resolución correspondiente, como se estableció en la SC 0160/2005 de 23 de febrero »’ La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, ha establecido que: ‘Sin embargo, la jurisprudencia constitucional contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendió que, excepcionalmente es posible prolongar el plazo de remisión del recurso de apelación y sus antecedentes hasta un plazo adicional de tres días, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados. Así, la SCP 1907/2012, señaló: «Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado». Consecuentemente, conforme a la jurisprudencia glosada, la regla es que la remisión del recurso de apelación y de los antecedentes sea efectuada en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP y sólo excepcionalmente y en situaciones debidamente acreditadas por el juzgador, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. (…) Por otra parte, con relación al plazo previsto en el art. 251 del CPP, en los supuestos de impugnación oral, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, entendió que ʽCuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas y el tribunal de apelación resolver en el término de setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación’” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0381/2013 de 25 de marzo, citando a su vez a la SC 1739/2011-R de 7 de noviembre, sostuvo que: “El Código de Procedimiento Penal no prevé explícitamente que deban cumplirse ciertas formalidades para elevar la apelación al ad quem; empero, en un caso similar, interpretando el citado art. 251 del CPP, la SC 0146/2006-R de 6 de febrero, sostuvo: '…De la lectura del precepto anotado se establece que si el Juez tiene la obligación de remitir el recurso de apelación planteado dentro del término de veinticuatro horas, se entiende que el apelante en su propio interés, deberá proveer los recaudos correspondientes hasta antes del vencimiento de dicho plazo; empero, la autoridad judicial de su parte, no podrá exigir, en cuanto a dichos recaudos, más allá de lo que sea estrictamente necesario, puesto que en observancia del principio pro actione no puede dificultar o entorpecer la viabilidad y celeridad en la tramitación de un recurso que ya fue concedido, tomando en cuenta muy especialmente la situación jurídica de la imputada…´. No obstante que corresponde al imputado proporcionar los recaudos de ley necesarios para remitir la apelación de la Resolución que rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva y que la autoridad jurisdiccional a cargo del proceso tiene la obligación de exigirlos, es sólo un aspecto formal que no puede superponerse un fin en sí mismo, como es la apelación presentada urgida de revisión y resolución conforme a ley; por tanto, en aquellos casos en los que se hubiere omitido dicha formalidad, como la falta de los recaudos de ley, no pueden ser óbice para dilatar su tratamiento y menos para devolver obrados por ese motivo postergando su consideración. En estas circunstancias, corresponde resolver el recurso con la celeridad necesaria conforme a los plazos establecidos en la ley y en la jurisprudencia. El tribunal de alzada, podrá imponer el cumplimiento de la omitida formalidad previa notificación a las partes en el Juzgado de origen. (…) En ese orden, desde una interpretación de y conforme a la Constitución, cabe hacer referencia que la Norma Suprema en el art. 178.I de la CPE, contempla el principio de gratuidad como un principio rector de la administración de justicia. Sobre este principio, la SCP 0286/2012 de 6 de junio, reiterando lo señalado por la SC 1739/2011-R de 7 de noviembre, determinó que: ‘No obstante que la Ley 025 de 24 de junio de 2010 (Ley del Órgano Judicial), establece que será progresiva la gratuidad en la tramitación de las causas en cuanto a la provisión de cédulas, papeletas valoradas de apelación, formularios de notificación, hojas bond, timbres de ley y otros, la autoridad jurisdiccional no puede paralizar la prosecución del proceso por esa circunstancia, por cuanto en los hechos implica dilación procesal indebida que atenta no sólo contra una de las partes afectada directamente, sino contra todo el sistema procesal diseñado en el nuevo texto constitucional’” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).
Judicial Respecto a la legitimación pasiva de los funcionarios subalternos del Órgano Judicial la SCP 0593/2018-S4 de 2 de octubre, reitera el entendimiento desarrollado en la SCP 1110/2017-S2 de 23 de octubre, que citando la SCP 0427/2015 de 29 de abril, estableció que: “(…) es posible afirmar que, las vulneraciones y las amenazas de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción, no necesariamente deben ser originadas como consecuencia del ejercicio de actos puramente jurisdiccionales, sino que, las acciones y omisiones de carácter administrativo, también tienen o pueden tener la misma cualidad para lesionar tales derechos. En este sentido, de acuerdo a la Ley del Órgano Judicial, los servidores de apoyo judicial son: la conciliadora o el conciliador, la secretaria o el secretario, la o el auxiliar, y, la o el oficial de diligencias, cuyas funciones y, particularmente sus obligaciones se encuentran disciplinadas en los arts. 83 al 106 de la LOJ. Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional. Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: ‘Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial’. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: ‘El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno’; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa” (las negrillas y subrayado nos corresponden).
El impetrante de tutela a través de sus representantes sin mandato, alegó como lesionado su derecho al debido proceso vinculado directamente al principio de celeridad y el derecho a la libertad; ya que, se encuentra enfrentando un proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público por los delitos Uso Indebido de Influencias e Incumplimiento de Deberes; motivo por el cual, se encuentra detenido preventivamente; en ese contexto procesal, en fecha 25 de enero de 2022 se llevó a cabo audiencia de cesación a la detención preventiva incoada por él; acto procesal en el cual, la autoridad jurisdiccional que conoció la causa decidió mantener la detención preventiva impuesta; ante ello, su defensa dedujo en audiencia, de manera verbal el recurso de apelación incidental; sin embargo, el Juez hoy demandado dispuso a Secretaria de su despacho, la remisión en alzada en el plazo establecido en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1053/2016-S1; en ese marco, y a la fecha de presentación de esta acción tutelar el (1 de febrero de 2022), aún no se habría remitido antecedentes ante la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; incumpliendo de esta manera, lo reglado por el art. 251 del CPP; consecuentemente la autoridad accionada justifica la demora en la remisión del expediente, en el marco primero de la aplicación de la Sentencia Constitucional Plurinacional ut supra señalada, que permite la flexibilización del plazo de remisión previa justificación hasta un máximo de tres días; y también, en la falta de provisión de recaudos para la conformación del legajo de apelación; finalmente señala que, conjuntamente el personal de apoyo jurisdiccional codemandado, que la remisión se efectuó pasado este plazo por los motivos indicados; en todo caso, haciendo evidente el incumplimiento del plazo de remisión del expediente en alzada. Previamente corresponde señalar que, si bien el acto lesivo desapareció o por lo menos fue cumplido en cuanto a la petición del impetrante de tutela, con la remisión del legajo de apelación en alzada (Conclusión II.1); de los antecedentes; y, en cumplimiento al desarrollo jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, referido a la acción de libertad innovativa; que establece que, aún el acto lesivo se haya extinguido como sucede en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde ingresar a resolver el fondo de la problemática planteada y verificar si resulta evidente la denuncia de dilación, alegada por el accionante; y de advertirse la misma, evitar que se incurran en futuras dilaciones de esta naturaleza, que transgreden el orden constitucional y vulneran derechos fundamentales y garantías constitucionales, protegidos por la acción de libertad que se revisa. Con base a lo señalado, corresponde recordar que la jurisprudencia constitucional, referida al plazo de remisión de la apelación incidental de medidas cautelares ante el Tribunal de alzada, desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, prevé que la apelación incidental contra las resoluciones impongan, modifiquen o rechacen medidas cautelares, se tramitarán como un recurso sumario, pronto y efectivo, conforme a lo establecido en el art. 251 del CPP; por lo que, una vez interpuesto el recurso, éste debe ser remitido ante el Tribunal de alzada en el término de veinticuatro horas y solo excepcionalmente es posible prolongar el plazo de remisión de la impugnación y sus antecedentes hasta un plazo adicional de tres días, siempre y cuando exista una justificación razonable y fundada.
De los antecedentes descritos precedentemente, en relación a la jurisprudencia señalada; se advierte que, en fecha 25 de enero de 2022 el Juez demandado, dispuso mantener la medida cautelar de carácter personal en contra del accionante, consistente en detención preventiva; decisión contra la que, la defensa del impetrante de tutela interpuso de manera verbal apelación incidental, habiéndose remitido ante el Tribunal de alzada por nota oficio de 31 de enero de 2022 (Conclusión II.2); es decir, fuera del plazo previsto por el art. 251 del CPP, en relación a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que prevé un plazo de veinticuatro horas a objeto de dicha remisión; pues, si bien la autoridad demandada alega la posibilidad de una ampliación excepcional del plazo de remisión, por carga laboral, ésta no se encuentra demostrada, máxime si pese a la posibilidad de consideración de una ampliación, de la revisión de obrados en la presente acción tutelar; se tiene que, pese a ello trascurrieron siete días calendario en la remisión de obrados al Tribunal de alzada, excediendo de igual manera a los tres días posibles de consideración.
Por otra parte, tampoco constituye argumento válido lo afirmado por el Juez demandado, en sentido de que la demora en la remisión sería a causa de la provisión tardía de los recaudos de ley, en que supuestamente hubiera incurrido la defensa del accionante; toda vez que, conforme al entendimiento jurisprudencial señalado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, es deber de la autoridad judicial demandada, dar celeridad a la tramitación del recurso de apelación incidental de medidas cautelares dado su carácter sumario, pronto y efectivo; ergo, aspectos formales como la provisión de recaudos, no pueden sobreponerse al principio de celeridad que debe regir tratándose de impugnaciones relacionadas con la libertad del recurrente, al no ser la provisión de recaudos un fin en sí mismo, no pudiendo constituirse en óbice para dilatar el tratamiento de la impugnación. De lo que se concluye que, la autoridad demandada incurrió en la lesión del derecho a la libertad alegada por el impetrante de tutela, correspondiendo conceder la tutela en relación al debido proceso y la libertad.
Con relación la vulneración de derechos en que hubiera incurrido la Secretaria del mencionado Juzgado –hoy codemandada–, de los antecedentes descritos en Conclusiones del presente fallo; así como, del informe de la Secretaria de Juzgado en audiencia cursante a fs. 11 y vta.; se advierte que, la señalada funcionaria de apoyo jurisdiccional, asumió también que la falta de remisión de actuados del recurso de apelación incidental señalado ante el Tribunal de alzada, se debió a la falta de provisión de recaudos, pretendiendo deslindar con ello su responsabilidad.
En ese entendido, conforme al Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, dicha funcionaria judicial tiene legitimación pasiva para ser responsabilizada por su actuación dilatoria en la presente acción de defensa; toda vez que, conocía la determinación de la autoridad judicial de conceder la alzada; y no obstante, alegando que los recaudos hubieran sido provistos el 1 de febrero de 2022, incumplió las obligaciones a las que se encontraba compelida, conforme el trámite previsto para estos casos, inmersos en el art. 251 del CPP, lesionando el principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad del accionante; omisión que, no fue supervisada ni reparada por el Juez de la causa. Por lo que, respecto a dicha funcionaria judicial, corresponde también conceder la tutela solicitada.
En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, analizó de forma incorrecta los antecedentes procesales y las normas aplicables al presente caso.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 05/2022 de 2 de febrero, cursante de fs. 12 a 13 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Doceava del departamento de La Paz; y en consecuencia, 1º CONCEDER la tutela solicitada, bajo la modalidad de acción de libertad innovativa; y, 2º Exhortar a la autoridad jurisdiccional y personal de apoyo demandados, que estos actos no sean reiterados en futuras actuaciones, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0436_2023-S4.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): c26af5ddd0c4afeadf9456d75e1e2e776f4972cb8bb869706d210a4f0e614ee4
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