B.IA.LEGAL

SCP 0436/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 16 de mayo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
16 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
47795-2022-96-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos -se asume- y los de su esposa e hijo AA a la vida, a la seguridad social y a la salud; debido a que, el Gobernador accionado, hasta la interposición de la presente acción tutelar, incumplió con el deber de prestación de la asignación familiar, constitutiva del subsidio de lactancia correspondiente a cuatro meses, derivado del nacimiento de su hijo, provocando que tuviera que erogar por cuenta propia los gastos de respecto al mismo y a su esposa -se entiende, gastos de nutrición y formación-, correspondiendo su pago en dinero debido a que no fueron entregados de forma oportuna. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 052/2022 de 16 de mayo, cursante de fs. 39 a 42, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por lesión de los derechos a la vida, salud y seguridad social del accionante, de su esposa e hijo menor de edad, disponiéndose el pago retroactivo del subsidio de lactancia correspondiente a octubre, noviembre y diciembre de 2021; y enero de 2022, según el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, y el Decreto Supremo 3546 de 1 de mayo de 2018, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en consideración al tiempo transcurrido, manteniendo invariable el pago en dinero del subsidio de lactancia ordenado por la mencionada Sala Constitucional, con base en los argumentos expuestos en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La excepción del principio de subsidiariedad en el caso de trabajadores progenitores hasta el año de nacido del hijo o la hija
  2. III.2. Con relación al Régimen de asignaciones familiares.
  3. III.3. De la posibilidad de compensación y pago con carácter retrasado de las asignaciones familiares: Pago de los subsidios prenatal y de lactancia en especie o en dinero
  4. III.4. Análisis del caso concreto
  5. III.5. Sobre el dimensionamiento de los alcances de la parte resolutiva de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0436/2023-S3 Sucre, 16 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 47795-2022-96-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 052/2022 de 16 de mayo, cursante de fs. 39 a 42, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alan Melanio Justiniano Gil contra José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de mayo del 2022, cursante de fs. 13 a 17, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Inició su relación laboral con el Gobierno Autónomo Departamental de Beni -entidad ahora accionada-, desde el 4 de enero de 2021, con la designación en el cargo de Responsable de Proyecto III, dependiente de la Dirección de Desarrollo Ganadero de la Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo y Economía Plural, mediante Memorándum SDPyEP/24 AD/2021 de igual data, cuando su esposa se encontraba en periodo de gestación, por lo que efectuó los trámites del seguro de salud ante la entidad gestora Caja de Salud de la Cooperación Regional de Desarrollo (CORDES) Regional Trinidad-Beni, posteriormente nació su hijo el 18 del indicado mes y año. Desde octubre de 2021, viene solicitando de manera “verbal” el pago de los subsidios de lactancia; empero, hasta la interposición de la acción de amparo constitucional -6 de mayo de 2022- no fue cumplida. Posteriormente, con el mismo propósito presentó su solicitud escrita, y cuando se apersonó a la oficina de Recursos Humanos (RR.HH.), le argumentaron que “no había” recursos económicos, y que pronto le cancelarían, mientras tanto, en tales periodos su persona se encargó de erogar los gastos para su esposa e hijo; puesto que, no fueron pagados oportunamente; por lo que, a la fecha corresponde que se le cancele en dinero Bs8 000.- (ocho mil bolivianos), además, dicha espera puso en grave riesgo la nutrición y formación de su hijo.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos -se asume- y los de su esposa e hijo AA a la vida, a la seguridad social y a la salud; citando al efecto los arts. 15.I, 18.I y 45.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene la cancelación de las asignaciones familiares retroactivas en dinero correspondientes a cuatro subsidios de lactancia.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 37 a 38 vta., presentes el peticionante de tutela asistido de su abogado y la parte accionada y ausente el tercero interesado, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliando en audiencia, manifestó que: hasta la fecha de presentación de la acción tutelar, el Gobernador accionado, no presentó respuesta alguna a las solicitudes de cancelación de asignación familiar en dinero correspondiente a cuatro subsidios de lactancia, presentados de forma verbal y por escrito.

I.2.2. Informe de la parte accionada

José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, a través de su representante legal, mediante informe escrito, cursante de fs. 32 a 34, manifestó lo que sigue: a) Antes de ingresar al fondo de la acción de amparo constitucional alega la causal de improcedencia por inobservancia del principio de subsidiariedad; b) Respecto al fondo de la acción tutelar, en la que reclama el pago en dinero de cuatro subsidios de lactancia equivalentes a Bs2 000.- (dos mil bolivianos) por cada mes, solicitó un plazo de veinte días; empero, por disposición del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares, los empleadores están prohibidos de otorgar subsidios de lactancia en dinero; y, c) En caso de concederse la tutela, solicitó plazo razonable para que se pueda efectuar las modificaciones presupuestarias; y el trámite para la cancelación de las asignaciones familiares retroactivas en dinero. Con base a estos criterios solicitó se deniegue la tutela, respecto al pago de las cuatro asignaciones familiares en dinero; asimismo, en caso de conceder la tutela, solicitó que se le conceda un plazo de veinte días.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Julio Cesar Añez, Secretario Departamental de Desarrollo Productivo y Economía Plural del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, no remitió memorial alguno ni se hizo presente a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 21.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 052/2022 de 16 de mayo, cursante de fs. 39 a 42, concedió la tutela solicitada; disponiendo que la autoridad accionada, en el plazo de veinte días hábiles a partir de su notificación, proceda al pago de cuatro subsidios de lactancia por un valor de Bs2 000.- por mes, haciendo un total de Bs8 000.- en favor del accionante, de forma retroactiva y en dinero; todo ello bajo los siguientes fundamentos: 1) Según el formulario de calificación de asignaciones familiares, se evidencia que inició el 17 de marzo de 2021; 2) De los antecedentes se evidencia el incumplimiento en la otorgación de las asignaciones familiares por el Gobernador accionado en favor del impetrante de tutela, los mismos que son de cumplimiento obligatorio; puesto que, forma parte de la seguridad social vinculada al ejercicio del derecho a la vida y a la salud del ser en gestación y recién nacido hasta que cumpla un año de edad, sustentado en el interés superior del niño; y, 3) Es deber del empleador cumplir con las prestaciones de las asignaciones familiares, aspecto que permite la materialización del derecho a la seguridad social de la madre y del recién nacido, vinculado a su derecho a la vida y a la salud; en ese entendido, la falta de provisión oportuna de las prestaciones de subsidio familiar en favor del peticionante de tutela por parte de la autoridad accionada, vulneró sus derechos constitucionales, por lo que deben ser cancelados en dinero, porque en especie resulta inoportuno, desactualizado y no cumpliría con la finalidad; puesto que, el hijo del accionante “cuenta con” un año y tres meses de edad, según previsión del Reglamento de Asignaciones Familiares establecidos por el art. 19 de la Resolución Ministerial (RM) 1676 de 22 de noviembre 2011.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

No habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante Memorándum SDPyEP/24 AD/2021 de 4 de enero, emitido por el Secretario Departamental de Desarrollo Productivo y Economía Plural del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, se comunicó a Alan Melanio Justiniano Gil -hoy impetrante de tutela- que, a partir de la fecha, hasta el 31 de diciembre de 2021, fue designado en el cargo de Responsable de Proyecto III, dependiente de la Dirección de Desarrollo Ganadero de la Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo y Economía Plural, con el nivel salarial 7 (fs. 3). II.2. Cursa certificado de nacimiento 2198048 de 27 de enero de 2021, correspondiente al menor de edad AA, del cual se establece que nació el 18 de igual mes y año, siendo sus progenitores Greicy Kelly Bejarano Rodríguez y el peticionante de tutela (fs. 4). II.3. Mediante Formulario de Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares de 15 de marzo de 2021, emitido por el Administrador Jefe Médico y el Encargado de Afiliación y Vigencia de Derecho, ambos de la Caja de Salud CORDES; se dispuso el pago de asignaciones familiares -lactancia- en favor del beneficiario AA, hijo del accionante a partir del 17 de igual mes y año, en especie, hasta el 18 de enero de 2022 (fs. 5). II.4. Por Nota presentada el 4 de abril de 2022, dirigida a José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni -ahora accionado-, el impetrante de tutela solicitó el pago del subsidio de lactancia de cuatro meses, desde octubre de 2021 a enero de 2022, correspondientes a su hijo menor de edad AA (fs. 7).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos -se asume- y los de su esposa e hijo AA a la vida, a la seguridad social y a la salud; debido a que, el Gobernador accionado, hasta la interposición de la presente acción tutelar, incumplió con el deber de prestación de la asignación familiar, constitutiva del subsidio de lactancia correspondiente a cuatro meses, derivado del nacimiento de su hijo, provocando que tuviera que erogar por cuenta propia los gastos de respecto al mismo y a su esposa -se entiende, gastos de nutrición y formación-, correspondiendo su pago en dinero debido a que no fueron entregados de forma oportuna. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La excepción del principio de subsidiariedad en el caso de trabajadores progenitores hasta el año de nacido del hijo o la hija

Sobre este tópico de seguridad social y la excepción al principio de subsidiariedad, la SCP 1592/2022-S3 de 2 de diciembre, concluyó lo siguiente: “Por la protección especial de la que gozan la mujer embarazada y el progenitor-trabajador, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, el principio de subsidiari[e]dad de la acción de amparo constitucional no es aplicable en razón a los derechos que tutela de la mujer embarazada, lactante o hasta el año de nacimiento del nuevo ser, excepción que es también extensiva en materia de seguridad social referida a las prestaciones del Régimen de asignaciones Familiares dentro de las cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran directamente vinculados a la vida y a la salud tanto de la madre como fundamentalmente del nuevo ser futuro capital humano, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado y no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, circunstancia que determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Con relación al Régimen de asignaciones familiares.

Jurisprudencia reiterada Al respecto, la SCP 1307/2022-S3 28 de septiembre, haciendo alusión a la SCP 0239/2022-S3 de 11 de abril, desarrolló los siguientes entendimientos «La Constitución Política del Estado, prevé el derecho a la seguridad social, estableciendo en su art. 45, lo siguiente: “I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales”. Asimismo, el art. 48.I de la Norma Suprema, dispone que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, y el parágrafo IV del referido artículo, establece que los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles, entre ellos los subsidios prenatal y de lactancia. Por su parte, el art. 5 inc. a) del Reglamento Específico de Afiliación, Reafiliación y Desafiliación en el Seguro Social de Corto Plazo, establece que: “Todos los empleadores deberán registrar y afiliar a sus trabajadores en la entidad gestora respectiva, en el plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles; a partir de la fecha de iniciación de la relación laboral”. El Decreto Supremo (DS) 3546 de 1 de mayo de 2018 que modifica el art. 25 del DS 21637 de 25 de junio de 1987, establece, que se reconocen las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras: “a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaría, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2 000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad; b) Subsidio de Natalidad, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS); c) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida”. Al respecto, la SCP 0367/2015-S3 de 10 de abril, siguiendo la línea jurisprudencial asumida en la SCP 0134/2014 de 10 de enero, sostuvo que: “El art. 45.II de la CPE, establece: ‘La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social´; es decir, que el Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud y a la seguridad social, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y bienestar común. Así, cabe recordar que la seguridad social, no sólo comprende el acceso a la salud, sino también, cuando se trate de mujeres embarazadas y/o madres o progenitores de niños (a) menores de un año, el derecho a recibir las prestaciones que por derecho les corresponde. Al respecto la SCP 1906/2012 de 12 de octubre, citó el contenido de la SC 1532/2011-R de 11 de octubre, reiterando el pronunciamiento de esta jurisdicción, indicó: Respecto al régimen de asignaciones familiares en contingencia de maternidad, la SC 0030/2002 de 2 de abril, precisó lo que sigue: ‘…el sistema de Seguridad Social, es reformado estructuralmente por Ley 924 de 15 de abril de 1987, que regula la administración de los regímenes del Sistema de Seguridad Social y establece en su art. 4 que el Poder Ejecutivo reglamentará y regulará su ejecución. Así se pronunció el DS 21637 de 25 de junio de 1987, que en su art. 25, reconoce las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que (serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado), que -entre otras- son: a) El Subsidio PRENATAL, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los cinco últimos meses; b) El Subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo un pago mínimo nacional; y, c) el Subsidio de LACTANCIA, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida’. Se concluye, que siendo la seguridad social un derecho fundamental y por mandato constitucional, se garantiza su efectivo cumplimiento a través de los instrumentos legales referidos en la citada Sentencia Constitucional, corresponde al empleador, del sector público o privado, cumplir con la prestación de las asignaciones familiares correspondientes; consistentes en subsidios, prenatal, de natalidad y de lactancia, relativas a la maternidad hasta que el niño cumpla un año de edad y demás derechos laborales. Esto se justifica, en la prioridad de resguardar el derecho a la salud y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad y ante todo, precautelando por su interés superior, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados -art. 60 de la CPE-. En ese sentido, el deber de acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares, por el empleador, permitirá la materialización del derecho a la seguridad social de la madre y del recién nacido, que se concreta en los derechos a la vida y a la salud. Lo contrario, implicaría vulnerar el contenido esencial de ambos derechos, sea destruyendo o debilitándolos, por la falta de provisión oportuna de asignaciones familiares, que por ley se encuentran previstas y como se dijo son de cumplimiento obligatorio para el empleador, dada la finalidad de los mismos…”» (el resaltado nos pertenece). De este modo, corresponde precisar que en cuanto al subsidio de lactancia y su finalidad, el art. 2.I del DS 4167 de 27 de febrero de 2020, que modificó el inciso c) del art. 25 del DS 21637 que a su vez fue modificado por el Artículo Único del DS 3546, estableció que dicho subsidio consistía: “…en la entrega de productos que cubran los requerimientos nutricionales y productos para la protección e higiene de la madre y el lactante, equivalente a Bs2.000.- (DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce (12) meses de vida” (el resaltado es añadido).

III.3. De la posibilidad de compensación y pago con carácter retrasado de las asignaciones familiares: Pago de los subsidios prenatal y de lactancia en especie o en dinero

La citada SCP 1307/2022-S3, respecto a la posibilidad de efectuar compensación y pago retrasados sobre asignaciones familiares, estableció los siguientes entendimientos: «De acuerdo a lo previsto por el art. 28 del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, se podrá efectuar el pago retrasado del subsidio prenatal y de lactancia en los siguientes casos: “a) En caso de que el empleador hubiese incumplido la otorgación de los subsidios prenatal y de lactancia de manera oportuna, la compensación del subsidio en especie o en dinero se realizará con carácter retrasado a los meses correspondientes, actualizando el valor del mismo al subsidio vigente. Asimismo, el SEDEM independientemente de la fecha de pago de los subsidios por parte del empleador, queda facultado a realizar la entrega de los paquetes; el SEDEM, remitirá de manera mensual ante la ASUSS un informe de los pagos retrasados por los empleadores. b) La ASUSS queda facultada para determinar las sanciones que correspondan por el retraso en el pago de subsidios”. Así, el art. 19 del supra mencionado Reglamento, establece la posibilidad de la entrega excepcional del SUBSIDIO PRENATAL en dinero, debiendo el empleador a ese efecto realizar el trámite de autorización de pago ante la ASUSS, quien emitirá una Resolución Administrativa expresa, por beneficiaria (o), previo el cumplimiento de los siguientes requisitos y del procedimiento establecido: a) NIT de la empresa; b) FUNDEMPRESA actualizado; c) ROE emitido por el Ministerio de Trabajo; d) Copia Legalizada de Afiliación a Ente Gestor; e) Nota fundamentada sobre razones para el pago excepcional en dinero; y, f) Fotocopia de la Nota de Cargo girada por la ASUSS, ante la falta del cumplimiento a la obligación del pago de subsidio prenatal en especie. Así, respecto al trámite a desarrollarse para el pago con carácter retrasado del subsidio prenatal, el referido precepto normativo, a partir de su parágrafo II., señala que: “Una vez iniciado el trámite tendrá una duración de 15 días hábiles, si la solicitud fuese observada el empleador podrá subsanar las observaciones en un lapso de 2 días hábiles posteriores al recojo de su solicitud ante oficinas de la ASUSS. III. Si el trámite fuese denegado, el empleador podrá presentar por única y última vez el trámite de autorización excepcional de pago de subsidio prenatal en dinero, fundamentando con nuevos argumentos su solicitud. Si la solicitud fuese aceptada, la ASSUS remitirá los antecedentes y la Resolución de Autorización Excepcional de Pago de Subsidio prenatal en dinero ante el solicitante.

IV. El EMPLEADOR será el encargado del pago del subsidio prenatal en dinero mediante depósito bancario a la beneficiaria del subsidio.

V. El recojo del subsidio prenatal en dinero, será realizado de forma personal o apoderado legalmente acreditado por la beneficiaria”

En ese marco legal, se establece que, conforme la normativa aplicable a las asignaciones familiares se encuentra contemplada la posibilidad de que el subsidio prenatal sea efectivizado en dinero, situación que se halla condicionada al cumplimiento de los señalados requisitos y al trámite determinado en el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida. En tal sentido, teniéndose en cuenta que el subsidio prenatal consiste en la entrega de una asignación mensual a la madre asegurada o beneficiaria de productos alimenticios inocuos, no transgénicos con alto valor nutritivo de origen nacional, acorde a las necesidades de la misma en su estado de gravidez (equivalente al pago de Bs2 000.-), tendientes a garantizar un desarrollo integral del nuevo ser que se encuentra en gestación, así como la provisión de los recursos y alimentos necesarios a la madre gestante, debe considerarse que el incumplimiento del pago oportuno del mismo por parte del empleador, involucra la afectación de sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social, y a la alimentación, que repercute en la vida digna de la madre y de la niña o niño que está por nacer, por lo que en caso de ser necesaria la compensación y pago con carácter retrasado de dicho beneficio; es decir, posterior al nacimiento del ser que se encontraba en gestación, y existiendo el requerimiento de la parte accionante del pago del mismo en dinero, se comprenderá que su otorgación en especie mediante los productos alimenticios necesarios en la etapa de embarazo de la madre beneficiaria, resulta inoportuna e ineficaz, dado que ya no cumple con la finalidad a la que estaba destinada. A tal efecto, también deberá considerarse: a) Que el reclamo realizado por la beneficiaria (o) en cuanto al pago de subsidio prenatal debe efectuarse de forma oportuna y no con excesiva posterioridad, aspecto que se justifica precisamente en el propósito de la entrega de dicho beneficio, cual es la contribución al desarrollo integral del ser en etapa de gestación; y, b) El cumplimiento de las correspondientes obligaciones que adquieren los beneficiarios, entre ellas la debida afiliación y la asistencia mensual de la madre gestante ante el Ente Gestor para su respectivo control prenatal. Asimismo, en cuanto al pago del SUBSIDIO DE LACTANCIA considerándose que el mismo se constituye en la entrega de productos alimenticios inocuos no transgénicos, con alto valor nutritivo por cada hija o hijo desde el primer día del nacimiento hasta el cumplimiento del primer año de edad (equivalente a Bs2 000.-); ante el incumplimiento oportuno por parte del empleador y debiendo procederse a la compensación y pago con carácter retrasado; vale decir, posterior al cumplimiento del primer año de edad del menor beneficiario, se debe tener en cuenta que de acuerdo al Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, se establece como prohibiciones: Art. 21.- “(PROHIBICIONES A LOS EMPLEADORES). Los empleadores están prohibidos de: a) Otorgar el subsidio de lactancia en dinero”. Art. 22.- “(PROHIBICIONES DE LAS BENEFICIARIAS). Los beneficiarios están prohibidos de: a) Recibir el subsidio de lactancia en dinero”. En consecuencia, respecto al subsidio de lactancia conforme a la norma vigente se dispone de manera expresa un impedimento para procederse de forma monetaria; por lo que, no resulta atendible su materialización en dinero» (el resaltado nos pertenece).

III.4. Análisis del caso concreto

En la presente acción de amparo constitucional, el accionante denuncia la vulneración de sus derechos, los de su esposa y los de su hijo AA a la vida, a la seguridad social y a la salud; debido a que, la autoridad accionada, hasta la interposición de la presente acción tutelar, incumplió con el deber de prestación de asignaciones familiares, correspondientes al subsidio de lactancia por cuatro meses, derivada del nacimiento de su hijo, provocando que tuviera que erogar por cuenta propia los gastos respecto al mismo y a su esposa -se entiende, gastos de nutrición y formación-, correspondiendo su pago en dinero debido a que no fueron entregados de forma oportuna. Previo a ingresar al análisis de la problemática planteada, considerando lo alegado por la autoridad accionada respecto al cumplimiento del principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional resulta necesario precisar que conforme a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, dicho principio no es aplicable en razón a la protección especial de la que gozan la mujer embarazada y el progenitor-trabajador, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, excepción que es extensiva en materia de seguridad social referida a las prestaciones del Régimen de asignaciones Familiares dentro de las cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran directamente vinculados a la vida, a la salud y alimentación tanto de la madre/progenitor como fundamentalmente del nuevo ser, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado y no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas. Por ello, se apertura de manera excepcional el ámbito de protección de la jurisdicción constitucional para la salvaguarda de sus derechos. Así, precisado el problema jurídico, de la revisión de los antecedentes descritos en las Conclusiones II.1 a II.4 del presente fallo constitucional se establece que, el impetrante de tutela tuvo una relación de dependencia laboral con la entidad accionada, con el cargo de Responsable de Proyecto III, dependiente de la Dirección de Desarrollo Ganadero de la Secretaria Departamental de Desarrollo Productivo y Economía Plural, con el nivel salarial 7. Asimismo, de acuerdo al certificado de nacimiento 2198048 de 27 de enero de 2021, se evidencia que el 18 de igual mes y año, nació el hijo del peticionante de tutela; razón por la cual, la Caja de Salud CORDES emitió el Formulario de Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares de 15 de marzo de ese año; por el cual dispuso el pago de asignaciones familiares -lactancia- a partir del 17 de dicho mes y año, en especie, hasta el 18 de enero de 2022 en favor del hijo del accionante; posteriormente, por Nota presentada el 4 de abril del indicado año, dirigido al Gobernador accionado, el precitado solicitó el pago del subsidio de lactancia desde octubre de 2021 a enero de 2022; es decir, un total de cuatro asignaciones familiares.

Bajo ese contexto, de acuerdo al análisis efectuado en los Fundamentos Jurídicos precedentes, conforme a lo previsto en el art. 48.I de la CPE, el pago de las asignaciones familiares es de carácter obligatorio por parte del empleador en favor del trabajador que desempeña su labor tanto en el sector público como en el privado. Así, el DS 21637, con las modificaciones dispuestas por el DS 3546 de 1 de mayo de 2018, regula el pago de las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares, constitutivas de: i) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2 000.- durante los cinco últimos meses de embarazo; ii) Subsidio de natalidad por nacimiento de cada hijo, consistente en un pago único a la madre equivalente a Bs2 000.-; y, iii) Subsidio de lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2 000.-por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida; de ahí que, considerando el alcance y finalidades de dichos beneficios, orientados a la protección reforzada de la madre gestante o progenitora y el núcleo protectivo esencial que es el desarrollo integral, la salud y vida del ser en gestación y del recién nacido hasta el año de edad, dichos beneficios deben satisfacerse de manera inmediata conforme a los principios de oportunidad y eficacia que rige la seguridad social a corto plazo. En ese entendido, se tiene que el impetrante de tutela alega que, pese a sus constantes reclamos efectuados tanto de manera verbal como escrita, la entidad, a la cabeza de la autoridad accionada, incumplió con la cancelación de los subsidios que le corresponden, constatándose ese extremo de la Nota recibida enviada por aquél al empleador el 4 de abril de 2022, a través de la cual solicitó el cumplimiento de las asignaciones familiares -subsidio de lactancia- correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2021 y enero de 2022; sin embargo, dicha solicitud hasta la data de interposición de la acción de amparo constitucional -6 de mayo de 2022- no mereció ninguna respuesta. La referida omisión de parte de la autoridad cuestionada, se advierte también de lo manifestado por ella en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, expresa lo siguiente: “…haciendo la solicitud a esta sala en caso de concederle la tutela al accionante se nos considere (...) con relación al plazo para que podamos realizar las modificaciones presupuestarias y el tramite respectivo para el pago de las asignaciones familiares adeudadas..." (sic) argumentos con los cuales reconoce el incumplimiento del deber de otorgación oportuna de las prestaciones familiares de lactancia. Asimismo, se tiene que la autoridad accionada a través de su representante legal no presentó elementos de prueba que desacrediten lo denunciado por el peticionante de tutela, limitándose a referir que de acuerdo a las normas de la materia estaría prohibida la otorgación de los subsidios de lactancia en dinero, pero sí en especie. En consecuencia, al haberse verificado la no efectivización de la entrega de las prestaciones familiares que le corresponden al accionante de manera oportuna, en efecto se vulneró su derecho a la seguridad social, tomando en cuenta que el mismo no solo comprende la garantía de acceso a la salud, sino también, cuando se trate de mujeres embarazadas y/o progenitores de niños o niñas menores de un año de edad, conlleva la obligación de otorgar los subsidios correspondientes, a fin de que se cumpla su finalidad; de ahí que, la lesión al citado derecho también repercutió en la vulneración de los derechos a la vida, salud del impetrante de tutela, de su esposa e hijo AA. En ese orden de análisis, referente a la modalidad de pago de las asignaciones familiares devengadas en dinero, corresponde señalar que conforme a la normativa legal vigente aplicable al caso, consignada en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, únicamente se admite esa posibilidad y de manera excepcional respecto a la entrega del subsidio prenatal, en cuyo caso, debe efectuarse el trámite de autorización respectivo ante la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), entidad que acorde a sus competencias, emitirá una Resolución Administrativa expresa. En relación al pago del subsidio de lactancia en dinero, debe dejarse claramente establecido que la normativa descrita en el Fundamento Jurídico citado precedentemente prohíbe su pago en dinero, exigencia legal que se comprende se funda en la específica finalidad que persigue su otorgación, como es garantizar los requerimientos nutricionales para la protección e higiene de la madre y del lactante, tutelando de ese modo el derecho a la vida y a la salud tanto al ser en gestación o niño, así como de la madre, derechos que constituyen la piedra angular del derecho a la seguridad social, de lo que se entiende la necesidad de que el mismo sea otorgado en especie; pues su pago en dinero sin que existan mecanismos de control no cumpliría con la finalidad señalada. Al respecto, también debe considerarse lo previsto por el art. 60 de la CPE, que establece la atención prioritaria, protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que se constituye en un mandato que todas las autoridades, tanto administrativas y judiciales, como la familia y la sociedad deben tener en cuenta al momento de realizar acciones en las que se encuentren involucrados sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales; por ello, no podría disponerse su pago en dinero conforme solicita el peticionante de tutela. Por consiguiente, corresponde conceder la tutela solicitada, ordenándose a la entidad accionada a asumir las acciones necesarias e inmediatas a fin de materializar el pago retroactivo del subsidio de lactancia correspondiente a octubre, noviembre y diciembre de 2021 y enero de 2022 en especie, los cuales se encuentran devengados a la fecha de presentación de esta acción constitucional; efectivización que amerita ser cumplido con carácter retroactivo, en virtud a lo establecido en el art. 28 del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, que determina: “a) En caso de que el empleador hubiese incumplido la otorgación de los subsidios prenatal y de lactancia de manera oportuna, la compensación del subsidio en especie o en dinero se realizará con carácter retrasado a los meses correspondientes, actualizando el valor del mismo al subsidio vigente”.

III.5. Sobre el dimensionamiento de los alcances de la parte resolutiva de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional

Pese a lo señalado precedentemente, este Tribunal no puede soslayar el alcance de la concesión de tutela inicialmente otorgada por la Sala Constitucional que provocó efectos jurídicos con relación a la modalidad de pago de las asignaciones familiares devengadas, en el entendido de que su resolución es de ejecución y cumplimiento inmediato -art. 40.I del Código Procesal Constitucional (CPCo). En función a ello, corresponde traer a colación lo establecido en la SC 0595/2010-R de 12 de julio, respecto al dimensionamiento de los efectos de una sentencia constitucional, la que determinó: “…no obstante, en atención a la facultad previsora el Tribunal Constitucional, puede dimensionar los efectos de la Sentencia Constitucional, y de acuerdo a las circunstancias del caso y de manera excepcional toma determinaciones de tal manera que no se genere inseguridad jurídica”, de modo que, los efectos del presente fallo constitucional deben ser dimensionados.

Por consiguiente, con base en los principios de previsibilidad y seguridad jurídica, así como por el interés superior de la niña, niño y adolescente, en el caso concreto, un nuevo ser menor de un año de edad, se dispone que si como consecuencia de la decisión asumida mediante la Resolución 052/2022, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -que ordenó que la autoridad ahora accionada proceda al pago en dinero de cuatro subsidios de lactancia, en favor del accionante dentro el plazo de veinte días a partir de su legal notificación-, ya se hubiese procedido al pago en dinero de estas asignaciones familiares, dichos efectos quedan válidos y subsistentes; en razón a que retrotraer o modificar esta inicial determinación, agravaría la consecución de la finalidad que persigue este beneficio orientado a precautelar el bienestar de la niña o niño, menor de un año de edad. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, aunque parcialmente con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 052/2022 de 16 de mayo, cursante de fs. 39 a 42, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por lesión de los derechos a la vida, salud y seguridad social del accionante, de su esposa e hijo menor de edad, disponiéndose el pago retroactivo del subsidio de lactancia correspondiente a octubre, noviembre y diciembre de 2021; y enero de 2022, según el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, y el Decreto Supremo 3546 de 1 de mayo de 2018, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en consideración al tiempo transcurrido, manteniendo invariable el pago en dinero del subsidio de lactancia ordenado por la mencionada Sala Constitucional, con base en los argumentos expuestos en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente; siendo de Voto Disidente el Magistrado, Dr. Petronilo Flores Condori.

Fdo. Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0436_2023-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 97b1a921d4bc18129f8beddf0330c10f2597564dc6cfacfc9d725f2e495f02dd

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