Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 27 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; toda vez que: 1) Habiendo interpuesto solicitud de cesación de la detención preventiva, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca mediante Auto Interlocutorio 0179/2022 de 14 de noviembre, rechazó su pedido incumpliendo con su obligación de realizar un análisis ponderado con base en el art. 239.1 del CPP, lo cual conllevó a que se emita un fallo carente de fundamentación y motivación, además de omitir valorar el Dictamen Psicológico Pericial IDIF. PSICOFOR.MMCH.CH. 126/2022 de 21 de octubre, dado que no explicaron por qué dicho elemento de convicción sería insuficiente para enervar el riesgo de peligro efectivo para la víctima y sociedad previsto en el art. 234.7 del CPP; y, 2) Una vez formulado el recurso de apelación incidental, el Vocal demandado por Auto de Vista 467/2022 de 22 de noviembre, confirmó el Auto Interlocutorio cuestionado, sin la debida fundamentación, motivación y congruencia, por cuanto no respondió a los motivos de agravio expuestos en apelación, tampoco identificó qué norma vigente sustenta la determinación asumida ni valoró de forma objetiva el mencionado Dictamen Psicológico Pericial. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 24/2022 de 16 de diciembre, cursante de fs. 113 a 119, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca, y en consecuencia, 1° DENEGAR la tutela impetrada. 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ante el despliegue procesal que se hubiese generado como consecuencia de la concesión de tutela dispuesta por el Juez de garantías, por lo que: a) Queda incólume el Auto de Vista 467/2022 de 22 de noviembre pronunciado por el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; b) Se deja sin efecto cualquier modificación de la detención preventiva del accionante que sea emergente del cumplimiento de la Resolución 24/2022 de 16 de diciembre; y, c) Se mantienen subsistentes todos los actuados del eventual juicio oral, público y contradictorio y su fase de impugnación respecto al fondo del proceso penal.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0435/2025-S3 Sucre, 27 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 52266-2022-105-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 24/2022 de 16 de diciembre, cursante de fs. 113 a 119, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Alberto Albornoz Mostacedo contra Hugo Michel Lescano, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, Christian Clever Arancibia Valencia, Ángel Barrios Villa y Crisostomo Mancilla Paco, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca.
Por memorial presentado el 15 de diciembre de 2022, cursante de fs. 78 a 92 vta., el accionante, expresó que:
Al no haberse desvirtuado la concurrencia de los arts. 233.1 y 2; y, 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), mediante Auto Interlocutorio 20/21 de 16 de mayo de 2021, se determinó su detención preventiva, con el argumento que de acuerdo a los informes psicológicos de las víctimas menores de edad AA y BB se evidenciaba la situación de vulnerabilidad en que se encontraban las mismas, es así que, habiendo formulado varias solicitudes de cesación de la detención preventiva, fueron rechazadas. Encontrándose el proceso penal instaurado en su contra en etapa de juicio oral, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca solicitó al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) la elaboración del informe psicológico de las víctimas; razón por la cual, al advertir que en las conclusiones de dicha prueba pericial se establecía que la declaración de la menor AA no es creíble y que no existía daño psicológico, formuló una nueva solicitud de cesación de la detención preventiva ofreciendo como prueba el Dictamen Psicológico Pericial IDIF. PSICOFOR.MMCH.CH. 126/2022 de 21 de octubre, en razón a que desvirtuaba por completo los motivos que fundaron la concurrencia del riesgo procesal instituido en el art. 234.7 del CPP. No obstante, mediante Auto Interlocutorio 0179/2022 de 14 de noviembre, los Jueces demandados rechazaron su pedido incumpliendo su obligación de realizar un análisis ponderado referente a cuáles fueron los motivos para su detención preventiva para confrontarlos con los nuevos elementos probatorios presentados (art. 239.1 del citado Código), evidenciando que omitieron valorar el Dictamen Psicológico Pericial IDIF. PSICOFOR.MMCH.CH. 126/2022, así como fundamentar y motivar el Auto Interlocutorio 0179/2022, dado que no explican por qué el señalado Dictamen Psicológico Pericial no es suficiente para enervar el riesgo previsto en el art. 234.7 del CPP, pretendiendo que la víctima AA deje de ser mujer y no sea menor de edad para desvirtuar su situación de vulnerabilidad. Interpuesto el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 0179/2022, el Vocal demandado través de Auto de Vista 467/2022 de 22 de noviembre, mantuvo su detención preventiva inobservando lo instituido en el art. 398 del CPP, habida cuenta que no realizó un análisis de los supuestos establecidos en el art. 233 del mencionado Código y consideró de forma errónea que los fundamentos del Auto Interlocutorio 0179/2022 para determinar la vigencia del riesgo del peligro efectivo para la víctima y sociedad, eran que AA es mujer, menor de edad y vulnerable, circunstancia por la que, la prenombrada se encontraría en situación de desventaja frente al imputado, lo cual resulta irracional, por cuanto dicho argumento no es suficiente para mantener vigente el riesgo previsto en el art. 234.7 del Código Adjetivo Penal, resultando necesario que el Vocal demandado identifique una real amenaza para la víctima que sea producto de la conducta del imputado. Además de lo expuesto, el Vocal demandado al determinar “…‘que de ninguna manera puede considerarse que las conclusiones del informe pericial es resultado del análisis de todo el cuaderno de investigación o anteriores declaraciones en razón a que el informe pericial se basa exclusivamente en la evaluación de las entrevistas a la menor realizada por el perito’…” (sic) no valoró de forma objetiva el Dictamen Psicológico Pericial IDIF. PSICOFOR.MMCH.CH. 126/2022, en razón a que, de las conclusiones arribadas en el mismo, se puede establecer que se realizó un estudio de todo el cuaderno de investigaciones. Finalmente aduce que, el Auto de Vista 467/2022 carece de fundamentación y motivación, en virtud a que no indicó qué normativa vigente sustenta su determinación asumida ni respondió a los motivos de agravio expuestos en apelación que esencialmente se funda en que el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca no valoró de forma objetiva el mencionado Dictamen Psicológico Pericial, y efectuó una errónea apreciación de los hechos.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, citando al efecto los art. 23, 115.II y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, disponga otras medidas cautelares personales como la detención domiciliara.
Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 109 a 112 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus abogados, ratificó el contenido de su demanda tutelar y ampliándolo señaló que: a) Del informe presentado por Christian Clever Arancibia Valencia, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, se colige que el Auto Interlocutorio 0179/2022 omitió pronunciarse sobre el Dictamen Psicológico Pericial IDIF. PSICOFOR.MMCH.CH. 126/2022 que desvirtúa la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP; dado que, al haberse emitido el Auto Interlocutorio 20/21 con base en la declaración de la víctima AA, primer informe psicológico y cámara gesell, concluyendo que se encontraba vigente dicho supuesto procesal porque AA era menor, mujer y se encontraba en situación de vulnerabilidad, se deduce que el Dictamen Psicológico Pericial IDIF. PSICOFOR.MMCH.CH. 126/2022 se constituye en el elemento probatorio pertinente para desvirtuar dicho extremo; y, b) El Vocal demandado en el Auto de Vista 467/2022 se limitó a expresar que el Tribunal a quo realizó una correcta valoración de la solicitud de cesación de la detención preventiva, empero no explicó por qué, además que no respondió al único agravio formulado contra el Auto Interlocutorio 0179/2022.
Hugo Michel Lescano, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a través de informe escrito presentado el 16 de diciembre de 2022, cursante de fs. 101 a 103, indicó que: 1) El accionante no precisó si se encontraba ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o privado de su libertad; 2) Asimismo, no consideró los alcances del art. 239.1 del CPP, toda vez que, formuló la cesación de la detención preventiva argumentando que ya no concurría el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del señalado Código, sin adjuntar los elementos probatorios pertinentes para enervar dicho riesgo; y, 3) El prenombrado no tomó en cuenta que la pericia psicológica es el resultado de la entrevista que realizó la Psicológica Forense a la víctima AA, no siendo de ninguna manera el resultado de toda la investigación. Christian Clever Arancibia Valencia, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, mediante informe presentado el 16 de diciembre de 2022, cursante de fs. 107 a 108 vta., señaló que: i) Los fundamentos expuestos por el impetrante de tutela más que argumentos jurídicos parecen un reclamo, por no haber emitido el fallo conforme pretendía el aludido; ii) Al pretender la valoración del Dictamen Psicológico Pericial IDIF. PSICOFOR.MMCH.CH. 126/2022, se quiso hacer incurrir en error al mencionado Tribunal, ya que implica un pronunciamiento de fondo de la controversia jurídica que se sustancia en el juicio oral; es decir, que anticipe criterio; lo cual no es factible, en razón a que la probabilidad de autoría, será debatida en el juicio oral a través de una sentencia condenatoria o absolutorio, en la que se determine si el hecho delictivo ocurrió o no y la participación que tuvo el impetrante de tutela; iii) El prenombrado no cumplió con la primera parte del art. 239.1 del CPP referente a que señale cuáles eran los elementos que determinaron la imposición de la detención preventiva y establecer si los elementos de convicción presentados acreditaban que ya no concurren los mismos; habida cuenta que, no explicó de qué forma los criterios adoptados con referencia al estado de vulnerabilidad de la víctima fue desvirtuado con el Dictamen Psicológico Pericial IDIF. PSICOFOR.MMCH.CH. 126/2022, puesto que dicho análisis corresponde al fondo del juicio oral; y, iv) No corresponde a la justicia constitucional revisar la interpretación de la legalidad ordinaría, ni la valoración de la prueba efectuada, habiendo presentado esta acción de libertad como si se tratase de una instancia casacional. Ángel Barrios Villa y Crisostomo Mancilla Paco, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, no presentaron informe ni concurrieron a la audiencia pese a su notificación cursante a fs. 94 y 99.
El Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca, mediante Resolución 24/2022 de 16 de diciembre, cursante de fs. 113 a 119, concedió la tutela impetrada, con relación a los Jueces del Tribunal de Sentencia Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, así como en cuanto el Vocal demandado disponiendo que se emita nueva resolución en sujeción estricta del criterio jurisprudencial contenido en la SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero, dentro del plazo de tres días computables a partir de la notificación con el presente fallo constitucional; y denegó con relación a la solicitud referente a que se disponga otras medidas cautelares personales como la detención domiciliaria, en virtud a que dicho análisis le corresponde a la jurisdicción ordinaria; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Los Jueces demandados realizaron una motivación arbitraria porque no analizaron de forma adecuada las razones que originaron la detención preventiva a efectos de contrastarlo con el Dictamen Psicológico Pericial IDIF. PSICOFOR.MMCH.CH. 126/2022, lo cual denota la inobservancia de la SCP 0011/2018-S2 con el argumento que no se podía ingresar al análisis de fondo debido a que se estaría anticipando criterio respecto al fondo del juicio oral; b) El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca omitió valorar la prueba aportada, sin tomar en cuenta que el accionante no le pidió que se pronuncie respecto a la probabilidad de autoría, responsabilidad o culpabilidad del ilícito presuntamente cometido, sino solo sobre la concurrencia o no del riesgo procesal que dio lugar a su detención preventiva; c) Las medidas cautelares tiene un carácter instrumental, no persiguen un fin en sí mismo y pueden ser modificadas en cualquier momento, sin que ello implique que se adelante criterio; por lo que, al haberse omitido su valoración, los Jueces demandados lesionaron los derechos del accionante; d) El Tribunal de alzada al concluir que los motivos que fundaron la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, se constituyó en que la víctima es menor de edad, mujer y vulnerable, y por ende hubiere realizado una correcta valoración de los datos del proceso, es errada, toda vez que, como se estableció precedentemente, dicho Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca no realizó la valoración de la prueba ni fundamentación alguna; e) El Dictamen Psicológico Pericial IDIF. PSICOFOR.MMCH.CH. 126/2022 no solo consideró la entrevista que realizó a la menor AA, sino también todos los elementos probatorios que estuvieron a su disposición y son parte de la prueba ofrecida por los acusadores; por lo que, el análisis realizado por el Vocal demandado no fue objetivo, en razón a que no cumplió con su obligación de ponderar los nuevos elementos de convicción aportados por el imputado para enervar la concurrencia de ese riesgo procesal; y, f) La prueba cuya valoración se extraña tiene una relevancia para el caso y debe ser valorado y contrastado con todos los motivos que dieron lugar a la concurrencia del presupuesto procesal inserto en el art. 234.7 del CPP, en virtud a que ese riesgo se fundó no solo por el sexo, edad y condición de vulnerabilidad de las víctimas, sino fundamentalmente está basado en los informes psicológicos que se practicó a las aludidas, de allí que dicha omisión en la valoración de la prueba por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca y el Tribunal de alzada ocasionó que el accionante todavía se encuentre con detención preventiva por la concurrencia del riesgo procesal de peligro efectivo para la víctima. El impetrante de tutela a través de memorial presentado el 22 de diciembre de 2022, cursante a fs. 126 solicitó la complementación de la Resolución 24/2022, en razón a que dicho fallo ordenó se emita nueva resolución, sobreentendiéndose que el Auto de Vista 467/2022 quedó sin efecto; motivo por el cual, solicitó que de forma expresa se deje sin efecto dicho Auto de Vista impugnado. En sustanciación y resolución del señalado recurso, el Juez de garantías mediante Auto Complementaria de 27 de igual mes y año “…DEJ[Ó] SIN EFECTO el Auto de Vista N° 467/2022, debiendo la autoridad accionada determinar si resulta necesario, el señalamiento de nueva audiencia o la emisión directa del nuevo Auto de Vista, debiendo en ambos casos estar al plazo de los tres días hábiles…” (sic).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Isabel Segovia y Dionisia Duran en representación de las menores AA y BB contra Luis Alberto Albornoz Mostacedo -ahora accionante- y otro, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero -en suplencia de su similar Segundo- de la Capital del departamento de Chuquisaca pronunció el Auto Interlocutorio 20/21 de 16 de mayo de 2021, disponiendo la detención preventiva del impetrante de tutela en el Centro Penitenciario San Roque de Sucre, por la concurrencia de los riesgos previstos en los arts. 234.7 del CPP (fs. 71 a 73 vta.). II.2. Cursa Dictamen Psicológico Pericial IDIF. PSICOFOR.MMCH.CH. 126/2022 de 21 de octubre, efectuado por la Psicóloga Forense a la víctima AA en cumplimiento al requerimiento efectuado por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca (fs. 29 a 56). II.3. Mediante Auto Interlocutorio 0179/2022 de 14 de noviembre, el señalado Tribunal de Sentencia Penal Tercero declaró infundado la solicitud de cesación de la detención preventiva del peticionante de tutela. Fallo que fue objeto de apelación incidental por el prenombrado en previsión del art. 251 del CPP (fs. 23 a 27). II.4. A través de Auto de Vista 467/2022 de 22 de noviembre, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justica de Chuquisaca, declaró la “PROCEDENCIA PARCIAL” del recurso de apelación incidental, con base en los fundamentos expuestos, disponiendo se mantenga la detención preventiva del accionante (fs. 2 a 7).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; toda vez que: 1) Habiendo interpuesto solicitud de cesación de la detención preventiva, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca mediante Auto Interlocutorio 0179/2022 de 14 de noviembre, rechazó su pedido incumpliendo con su obligación de realizar un análisis ponderado con base en el art. 239.1 del CPP, lo cual conllevó a que se emita un fallo carente de fundamentación y motivación, además de omitir valorar el Dictamen Psicológico Pericial IDIF. PSICOFOR.MMCH.CH. 126/2022 de 21 de octubre, dado que no explicaron por qué dicho elemento de convicción sería insuficiente para enervar el riesgo de peligro efectivo para la víctima y sociedad previsto en el art. 234.7 del CPP; y, 2) Una vez formulado el recurso de apelación incidental, el Vocal demandado por Auto de Vista 467/2022 de 22 de noviembre, confirmó el Auto Interlocutorio cuestionado, sin la debida fundamentación, motivación y congruencia, por cuanto no respondió a los motivos de agravio expuestos en apelación, tampoco identificó qué norma vigente sustenta la determinación asumida ni valoró de forma objetiva el mencionado Dictamen Psicológico Pericial. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el particular, el art. 398 del CPP establece que: “…Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”. Siguiendo ese marco normativo, la SCP 0513/2024-S2 de 21 de agosto, precisó que: [Al respecto, la SCP 0031/2022-S3 de 25 de febrero, asumiendo los entendimientos desarrollados por la jurisprudencia constitucional sobre el particular, señaló que: «En cuanto a la exigencia de cumplimiento de estos parámetros del debido proceso, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, sostuvo que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’. En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’. Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”».
Asimismo, la SCP 0317/2022-S3, de 22 de abril, citando a su vez la jurisprudencia desarrollada respecto al alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP en relación a la actuación de los Tribunales de alzada, señaló que: «Sobre el particular, la SCP 1134/2019-S1 de 28 de noviembre citando a la SCP 0077/2012 de 16 de abril, sostuvo que: “…la norma contenida en el art. 398 del citado cuerpo legal, establece que ‘Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución ’”. De la norma legal precedente, de manera general es posible concluir que los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir. Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: “Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad”. Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: “3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables”. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP»] (las negrillas nos corresponden).
de Derechos Humanos
Sobre el particular, la SCP 0754/2024-S1 de 31 de diciembre precisó que: “El art. 119.I de la CPE, señala que: Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena originaria campesina. Así mismo la Constitución Política del Estado en su art. 120.I establece que: Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial,… De igual manera, respecto al derecho que tiene la víctima de intervenir en un proceso penal, el art. 121.II de la Norma suprema, refiere que:
La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo a ley, y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial… En ese marco constitucional, incumbe precisar que dentro el derecho penal como aplicación de última ratio, en la cual interviene todo el ius puniendi estatal a través del Ministerio Público para la sanción del ilícito penal, convergen intereses contrapuestos; es decir, por un lado la víctima, denunciante o querellante, incluido el Ministerio Público en delitos de orden público; y por otro lado, está el supuesto autor del delito, que por su condición de inculpado, todo el proceso penal en su contra debe estar rodeado de los principios y garantías constitucionales que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos frente a ese ius puniendi del Estado; empero, no se debe perder de vista los derechos de las víctimas que tienen igualdad en la participación penal, y con mucha mayor razón al tratarse de víctimas de violencia sexual; consecuentemente, su participación cobra mayor relevancia para la justicia ordinaria, instancia en la cual tiene la posibilidad de ser oída antes de una decisión por ejemplo, o de prestar su declaración informativa a efectos de su compulsa como medio probatorio dentro el proceso penal. Ahora bien, respecto a los delitos de violencia cometidos en contra de las mujeres, dentro de un proceso penal, se debe tomar presente que para la presentación de las pruebas a producirse por parte de la víctima, debe tomarse en cuenta aspectos fundamentales descritos en la norma especializada al respecto, a lo cual los arts. 92 y 93 de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia), establece que: ARTÍCULO 92. (PRUEBA). Se admitirán como medios de prueba todos los elementos de convicción obtenidos, que puedan conducir al conocimiento de los hechos denunciados. La prueba será apreciada por la jueza o el juez, exponiendo los razonamientos en que se funda su valoración jurídica. ARTÍCULO 93. (MEDIOS ALTERNATIVOS). Para la presentación de la prueba, la mujer en situación de violencia podrá decidir si se acoge al procedimiento regular o a los medios optativos siguientes: 1. Prestar declaración o presentar pruebas por medios alternativos, sin que comparezca al juzgado. 2. Aportar pruebas en instancias judiciales sin verse obligada a encontrarse con el agresor. En ese marco; tratándose de delitos de violencia sexual, en las que la víctima opte por realizar la declaración, esta debe ser valorada por los operadores de justicia -tribunales, jueces y fiscales- como una prueba fundamental de los hechos denunciados, declaración que debe ser tomada como cierta, pese a que en el fondo de dichas alegaciones puedan existir contradicciones o inconsistencias internas, las que no deben ser tasadas como si el hecho no hubiere existido o que la víctima hubiese mentido en la misma. Así fue entendido en la jurisprudencia emitido por la Corte IDH, así tenemos el Caso Fernández Ortega y Otros Vs. México[26] al indicar: En primer lugar, a la Corte le resulta evidente que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Entendimiento, reiterado por dicha Corte, en el Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú[27] en la Sentencia de 20 de noviembre de 2014, la que determinó que las imprecisiones en la declaración de la víctima no significa que sean falsas o que los hechos carezcan de veracidad, al señalar que: 150…al analizar dichas declaraciones se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar, por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente. La Corte, igualmente, ha tenido en cuenta que las declaraciones brindadas por las víctimas de violencia sexual se refieren a un momento traumático de ellas, cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones al recordarlos. Por ello, la Corte ha advertido que las imprecisiones en declaraciones relacionadas a violencia sexual o la mención de algunos de los hechos alegados solamente en algunas de éstas no significa que sean falsas o que los hechos relatados carezcan de veracidad. En ese sentido, en el referido Caso Fernández Ortega y Otros Vs. México, sobre estas imprecisiones en la declaración de la víctima, indicó que: … la Corte considera que no es inusual que el recuento de hechos de esta naturaleza contenga algunos aspectos que puedan ser considerados, a priori, imprecisiones en el relato. No es la primera vez que un tribunal internacional de derechos humanos debe observar eventuales divergencias en los relatos de personas que se refieren a violaciones sexuales de las cuales habrían sido víctimas. Determinaciones asumidas por este este Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio en su Fundamento Jurídico III.3, al establecer que: Dada la naturaleza de esta forma violencia, no se puede esperar que, dentro de un proceso penal de este tipo, se presenten pruebas gráficas o documentales, y por ello, la declaración de la víctima se constituye en una prueba fundamental sobre los hechos. Concluyendo que en delitos de violencia sexual no es un requisito sine quanon que la víctima presente pruebas documentales, para demostrar los hechos, siendo su declaración la prueba fundamental sobre la existencia del delito, la que debe ser valorada conforme a la naturaleza del hecho. En ese entendido, adelantándose a los posibles actos de contradicciones o inconsistencias en las que pudiese incurrir la víctima de violencia sexual en su declaración, a causa del trauma causado por dicho vejamen, la referida SCP 0353/2018-S2 en el antedicho Fundamento Jurídico III.3, prescribió que. Las contradicciones de la persona víctima de violencia sexual, no pueden reducirse a la conclusión que la víctima hubiere mentido, sino, que deben ser valoradas conforme a la naturaleza del hecho. Por lo que se concluye, que en los procesos penales en las que la víctima de violencia sexual opte por brindar su declaración sobre la existencia de hechos de dicha naturaleza, las autoridades llamadas por ley, deben valorar la referida declaración como prueba fundamental de la comisión del delito, sin que por evidenciar inconsistencias o contradicciones en sus alegaciones, deban juzgárselas a priori como si fueran falsas o que la declaración carece de veracidad y desestimar la denuncia; ya que, al realizar dicho acto por parte de los administradores de justicia, se ingresa en una ineficacia judicial frente a casos de violencia contra las mujeres, propiciando un ambiente de impunidad que promueve la repetición de dichos hechos, enviando un mensaje a la sociedad que la violencia contra las mujeres puede ser tolerada o aceptada, constituyéndose en un acto de discriminación de la mujer en el acceso a la justicia, determinaciones descritas por la Corte IDH en el Caso Veliz Franco y Otros Vs. Guatemala[28], al indicar que: La Corte reitera que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia. Dicha ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discriminación [de la mujer] en el acceso a la justicia. Por ello, cuando existan indicios o sospechas concretas de violencia de género, la falta de investigación por parte de las autoridades de los posibles móviles discriminatorios que tuvo un acto de violencia contra la mujer, puede constituir en sí misma una forma de discriminación basada en el género” (las negrillas fueron añadidas).
Sobre el particular la SCP 0125/2023-S2 de 3 de abril, precisó que: «La SC 1626/2011-R de 21 de octubre, citando a la SC 0854/2010-R, recordó que: “‘…este Tribunal a través de las diversas acciones tutelares no puede realizar una nueva valoración de la prueba sobre la problemática de fondo que motivó la decisión judicial o administrativa impugnada, pues ello sería invadir otras jurisdicciones desnaturalizando la esencia de esta acción tutelar por cuanto la valoración de la prueba es una facultad privativa de dichas instancias ordinarias…’. No obstante, como toda regla en ciertos casos conlleva una excepción, de manera muy excepcional el Tribunal Constitucional, puede determinar si se valoró o no la prueba, si se omitió alguna valoración pese a la presentación oportuna y conforme a ley o la misma resulta arbitraria e irracional; sin embargo, no puede sustituir la valoración, sino disponer se emita nueva resolución con una adecuada valoración probatoria por parte del mismo órgano o instancia ordinaria; y luego citando a la SC 0083/2010-R de 4 de mayo, que fue emitida bajo éste razonamiento, concluyó indicando que …la excepción se da cuando en la valoración de la prueba: ‘a) Exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsible para decidir (…) o b) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales…’ (SC 0965/2006-R de 2 de octubre). Circunstancias que como se tiene explicado deben fundamentarse, no siendo suficiente una simple relación o indicar que ha existido agravio…”.
En este sentido, se pronunció también la SCP 0039/2012 de 26 de marzo, que señaló: “…el Tribunal Constitucional Plurinacional, al no ser una instancia adicional o suplementaria de los procesos, sino más bien de tutela de los derechos fundamentales; en los casos de las acciones de defensa, no tiene atribución para la valoración de prueba sobre el fondo del asunto de donde emerge la acción tutelar, puesto que ello es también atribución exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios, a menos que como resultado de esa valoración se hayan lesionado derechos y garantías constitucionales por apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad o cuando se hubiere omitido arbitrariamente valorar una prueba…”. En ese orden, se establece que la facultad de valoración de las pruebas aportadas en el proceso que dio origen a la acción tutelar, es una atribución exclusiva de las autoridades ya sean jurisdiccionales o administrativas, no siendo viable que, la jurisdicción constitucional se atribuya la facultad de valorar la prueba, excepto cuando: 1) Exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsible para decidir; y, 2) Se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Para que la jurisdicción constitucional pueda analizar dichos supuestos, según lo descrito en el Fundamento Jurídico anterior, la o el accionante debe efectuar una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales y la valoración errónea u omisiva de la prueba denunciada; resultando necesario que a tiempo de cuestionar la valoración de la prueba, refiera, aun, se reitera, de forma breve, por qué considera que la prueba fue incorrectamente valorada u omitida» (las negrillas son nuestras).
El accionante denuncia que: i) Habiendo interpuesto solicitud de cesación de la detención preventiva, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca mediante Auto Interlocutorio 0179/2022 de 14 de noviembre, rechazó su pedido incumpliendo con su obligación de realizar un análisis ponderado con base en el art. 239.1 del CPP, lo cual conllevó a que se emita un fallo carente de fundamentación y motivación, además de omitir valorar el Dictamen Psicológico Pericial IDIF. PSICOFOR.MMCH.CH. 126/2022, dado que no explicaron por qué dicho elemento de convicción sería insuficiente para enervar el riesgo de peligro efectivo para la víctima y sociedad previsto en el art. 234.7 del CPP; y, ii) Una vez formulado el recurso de apelación incidental, el Vocal demandado por Auto de Vista 467/2022 de 22 de noviembre, confirmó el Auto Interlocutorio cuestionado, sin la debida fundamentación, motivación y congruencia, por cuanto no respondió a los motivos de agravio expuestos en apelación, tampoco identificó qué norma vigente sustenta la determinación asumida ni valoró de forma objetiva el mencionado Dictamen Psicológico Pericial, lo cual lesiona sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y valoración de la prueba. De la revisión de antecedentes se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Isabel Segovia y Dionisia Duran en representación de las menores AA y BB contra Luis Alberto Albornoz Mostacedo -ahora accionante- y otro, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero -en suplencia de su similar Segundo- de la Capital del departamento de Chuquisaca pronunció el Auto Interlocutorio 20/21 de 16 de mayo de 2021, disponiendo la detención preventiva del impetrante de tutela en el Centro Penitenciario San Roque de Sucre, por la concurrencia del riesgo previsto en el art. 234.7 del CPP (Conclusión II.1). Ante tal situación, el accionante formuló solicitud de cesación de la detención preventiva, que fue resuelta por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca a través de Auto Interlocutorio 0179/2022, declarando infundado su petitorio, determinación que fue objeto de apelación incidental por el prenombrado en previsión del art. 251 del CPP (Conclusión II.3), siendo resuelto por el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justica de Chuquisaca, mediante Auto de Vista 467/2022 que declaró la “PROCEDENCIA PARCIAL” del señalado mecanismo de impugnación, manteniendo la detención preventiva del peticionante de tutela (Conclusión II.4). Precisada la problemática planteada, con carácter previo corresponde indicar que la revisión de las decisiones asumidas respecto a la cesación de la detención preventiva interpuesta por el impetrante de tutela debe efectuarse en el marco de la subsidiariedad excepcional establecida por la jurisprudencia constitucional para la acción de libertad; vale decir, a partir de la última resolución pronunciada la cual se constituye en el Auto de Vista 467/2022; en virtud a que, en la misma se pudo corregir, enmendar y/o anular las determinaciones dispuestas por las autoridades de menor jerarquía; en ese entendido, atinge denegar la tutela respecto a los Jueces Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca que fueron demandados y proceder al análisis de la presunta transgresión de derechos a partir del mencionado Auto de Vista. Realizada esa necesaria relación de los antecedentes, a efecto establecer si la lesión de los derechos invocados resulta o no evidente, es pertinente precisar los agravios expresados por el accionante, los cuales son extraídos del contenido del Auto de Vista 467/2022, coligiéndose lo siguiente:
a) Se incumplió con la previsión establecida en el art. 235 ter del CPP, que constriñe al juez a resolver de manera fundamentada y motivada las solicitudes de aplicación o improcedencia de medidas cautelares, debiendo controlar de oficio la legalidad y razonabilidad de los elementos aportados; toda vez que, con el Dictamen Psicológico Pericial IDIF. PSICOFOR.MMCH.CH. 126/2022, se enervó el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP y solo se estaría disponiendo la detención preventiva para la “aplicación de la ley”. b) No se consideró que la concurrencia del riesgo de peligro efectivo para la víctima y la sociedad previsto en el art. 234.7 del CPP se estableció con el fundamento que se habría aprovechado de la vulnerabilidad de AA para tener relaciones sexuales en dos oportunidades y que de la declaración de la menor BB se tenía que ambas menores hubiesen consumido estupefacientes, además de haberse omitido valorar de forma objetiva el Dictamen Psicológico Pericial IDIF. PSICOFOR.MMCH.CH. 126/2022 que desvirtúa los motivos referidos precedentemente, al concluir que la declaración realizada en primera instancia por AA no es creíble y que la mencionada no tenía ningún daño psicológico, por consiguiente, no se estaría afectando a la vulnerabilidad de la señalada víctima.
Con base en lo expresado el Vocal demandado mediante Auto de Vista 467/2022 razonó que: 1) En el Considerando IV establece que se debe tomar en cuenta que el art. 235 ter del CPP es aplicable al momento de imponerse una medida cautelar de carácter personal, por lo que, la autoridad a cargo del proceso después de valorar íntegramente los elementos probatorios y la normativa aplicable, debe optar por la improcedencia o rechazo de una medida cautelar; de allí que, se observa que el Tribunal a quo aplicó de forma adecuada el mencionado precepto legal, en virtud a que dicha normativa tiene relación con el momento en el que se aplica o impone una medida cautelar de carácter personal; por lo que, una vez dispuesta la detención preventiva, corresponde solicitar su cesación de acuerdo a las reglas instituidas en el art. 239 del citado Código. 2) La defensa del imputado expresó que no se habría considerado el Dictamen Psicológico Pericial IDIF. PSICOFOR.MMCH.CH. 126/2022, que desvirtúa el peligro de fuga instituido en el art. 234.7 del CPP, por lo referido, atinge precisar cuáles fueron los motivos que dieron lugar a dicho riesgo de fuga “…que, tiene como sustento básicamente tres factores, el hecho de que la víctima es menor de edad, es mujer y es vulnerable…” (sic), por lo que concluyó que el Tribunal a quo realizó una correcta valoración, así como una debida fundamentación al resolver el recurso de impugnación al determinar que ese elemento probatorio, no era suficiente para enervar el peligro de fuga para la víctima y la sociedad, en virtud a que de acuerdo al “…testimonio de la menor víctima contenido en el informe psicológico, así como el certificado médico forense, que establece que existe en la víctima una laceración en la horquilla reciente, elementos que dieron lugar, a demostrar objetivamente que la víctima, es menor de edad, mujer y que pertenece a un grupo vulnerable, víctima que fue abusada sexualmente. En este sentido, y con relación a la pericia psicológica se tiene que dejar establecido, que este trabajo – pericial - es el resultado de la entrevista que hace la perito a la víctima, y las conclusiones que se sacan con respecto al resultado de esa entrevista, no puede desde ningún punto de vista, abarcar o tomar en cuenta todos los elementos de prueba que cursan en el cuaderno de investigaciones, debido a que la labor del perito se limita a la entrevista que realiza. Po[r] lo explicado, la pericia psicológica es el resultado que se hace de la entrevista, en esta línea de entendimiento, efectivamente consta en la pericia cuando se le pregunta a la víctima ¿te acuerdas que no tuviste relaciones? Respondiendo la víctima que no se acordaba, se tiene que comprender que la conclusión del perito, cuando señala que esto no es creíble, sin lugar a duda hace referencia a esa entrevista realizada en ese momento. Por lo que, como correctamente lo estableció el Tribunal A-quo, este elemento no desvirtúa los motivos que dieron origen al peligro de fuga, contenido en el núm. 7 del art. 234 del CPP. Por otra lado, el hecho de que el informe psicológico, señale que no existe daño psicológico, de igual manera no desvirtúa este peligro de fuga, debido a que, de ninguna manera desvirtúa que la víctima, sea menor, mujer o vulnerable…” (sic [negrillas añadidas]).
Ahora bien, con el fin de ingresar al análisis del asunto y determinar si el contenido del Auto de Vista 467/2022 es carente de fundamentación, motivación y congruencia como fue denunciado por el impetrante de tutela en sede constitucional, resulta pertinente considerar el razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional referente a la obligación que tiene el tribunal de alzada al momento de resolver los recursos de apelación incidental que se interpongan contra las fallos que dispongan, modifiquen o rechacen la aplicación de una medida cautelar, no pudiéndose justificar su omisión en los límites establecidos por el art. 398 del CPP; habida cuenta que, dicha previsión legal no puede ser interpretada de forma literal, sino de forma integral y sistémica. Ahora bien, ingresando al análisis de los agravios denunciados en sede constitucional se tiene que con relación al presunto incumplimiento de la obligación que le asiste al juez o tribunal de resolver de manera fundamentada y motivada las solicitudes de aplicación o improcedencia de medidas cautelares en previsión del art. 235 ter del CPP, el Vocal demandado en el Auto de Vista 467/2022 precisó que, el señalado precepto legal es aplicable al momento de imponerse una medida cautelar de carácter personal y no de impetrarse su modificación; por consiguiente, al haber peticionado el accionante la cesación de la detención preventiva, concluyó que el Tribunal a quo actuó de forma correcta al resolver la misma con base en el art. 239 del citado Código. Bajo ese entendido, este Tribunal Constitucional Plurinacional establece que dicho razonamiento es correcto, en virtud a que al encontrarse el proceso radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Tercero se deduce que se encuentra con acusación formal; motivo por el cual, en observancia de la SCP 0730/2021-S3 de 12 de octubre, que señala que: “…en etapa de juicio oral y público a diferencia de la etapa preparatoria, la instrumentalidad de la detención preventiva cambia; es decir, muta la finalidad que persigue; por lo que corresponde que al momento de solicitar la cesación de la detención preventiva el acusado desvirtúe los riesgos procesales, porque así dispone el art. 233 del CPP modificado por la Ley 1226…” (negrillas añadidas) debe presentarse dicha solicitud conforme al art. 239.1 del CPP que prevé que la detención preventiva cesará: “Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida”. Asimismo, con relación al cuestionamiento realizado por el accionante en sentido que el Vocal demandado no observó que la concurrencia del riesgo de peligro efectivo para la víctima y la sociedad previsto en el art. 234.7 del CPP se estableció con el fundamento que se habría aprovechado de la vulnerabilidad de AA para tener relaciones sexuales en dos oportunidades y que de la declaración de la menor BB se tenía que ambas menores hubiesen consumido estupefacientes; y omitió valorar de forma objetiva el Dictamen Psicológico Pericial IDIF. PSICOFOR.MMCH.CH. 126/2022 que determina que la declaración de AA no es creíble y que la mencionada no tenía ningún daño psicológico; inicialmente resulta imprescindible destacar que en casos de violencia sexual contra la mujer, el análisis y tratamiento del problema jurídico debe realizarse obligatoriamente asumiéndose determinados criterios con el fin de alcanzar un equilibrio justo entre los derechos de la víctima, con relación a los del imputado cuando estén en conflicto, conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, lo que permite una protección reforzada de los derechos de las víctimas, más aun cuando se trata de una menor de edad -como acontece en el caso en revisión-. Es así que, en el caso en revisión que el Vocal demandado asumiendo ese razonamiento, en respuesta al agravio expuesto expresó que el Dictamen Psicológico Pericial IDIF. PSICOFOR.MMCH.CH. 126/2022 no era suficiente para enervar el peligro de fuga para la víctima y la sociedad, en virtud a que de acuerdo al “…testimonio de la menor víctima contenido en el informe psicológico, así como el certificado médico forense, que establece que existe en la víctima una laceración en la horquilla reciente, elementos que dieron lugar, a demostrar objetivamente que la víctima, es menor de edad, mujer y que pertenece a un grupo vulnerable, víctima que fue abusada sexualmente. En este sentido, y con relación a la pericia psicológica se tiene que dejar establecido, que este trabajo – pericial - es el resultado de la entrevista que hace la perito a la víctima, y las conclusiones que se sacan con respecto al resultado de esa entrevista, no puede desde ningún punto de vista, abarcar o tomar en cuenta todos los elementos de prueba que cursan en el cuaderno de investigaciones, debido a que la labor del perito se limita a la entrevista que realiza. Po[r] lo explicado, la perica psicológica es el resultado que se hace de la entrevista, en esta línea de entendimiento, efectivamente consta en la pericia cuando se le pregunta a la víctima ¿te acuerdas que no tuviste relaciones? Respondiendo la víctima que no se acordaba, se tiene que comprender que la conclusión del perito, cuando señala que esto no es creíble, sin lugar a duda hace referencia a esa entrevista realizada en ese momento…” (sic [negrillas añadidas]). Por consiguiente, este Tribunal considera que la decisión asumida por el Vocal demandado de mantener la vigencia del art. 234.7 se encuentra suficientemente sustentada y observa la normativa nacional e internacional respecto a la obligación que asumió el Estado para investigar, procesar y sancionar los delitos de violencia contra la mujer, dado que explica de forma clara y precisa los motivos por cuales considera que el Dictamen Psicológico Pericial IDIF. PSICOFOR.MMCH.CH. 126/2022 no es suficiente para desvirtuar el peligro procesal instituido en el art. 234.7, en razón a que no se puede considerar dicho elemento probatorio en forma aislada, sino se debe realizar una valoración integral de todos los elementos de prueba que cursan en el cuaderno de investigaciones, debiendo tenerse presente además que al ser el ilícito de violación sexual un tipo particular de agresión que se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas, más allá de la víctima y el agresor, la declaración de la víctima se constituye en una prueba fundamental sobre los hechos, la cual debe ser valorada conforme a la naturaleza del ilícito investigado; es así que, en caso de existir en alguna contradicción o inconsistencia en la declaración de la víctima, esta no puede ser considerada como si fuera falsa o no existiese el delito, dado que de acuerdo en virtud al art. 193 del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA), que instituye el principio de credibilidad en la declaración del menor -mientras no se desvirtúe objetivamente el mismo- debe considerarse como cierto por las autoridades judiciales; concluyendo que, la determinación asumida por el Vocal demandado es razonable, proporcional y sustentada en la normativa legal y constitucional, enmarcándose en los parámetros del debido proceso y la jurisprudencia desglosada en los Fundamentos Jurídicos III. y III.2 de este fallo constitucional al efectuar una interpretación reforzada con enfoque interseccional, una ponderación entre los derechos de la víctima frente a los del encausado, así como observar el principio del interés superior de la menor y otorgar una protección reforzada conforme instituye el art. 60 de la CPE. Por todo lo expuesto, este Tribunal evidencia que la denuncia formulada por el impetrante de tutela, referente a que el Auto de Vista 467/2022 carece de congruencia, no es evidente; por cuanto, el Vocal demandado ejerció una labor de revisión efectiva sobre los fundamentos del Auto Interlocutorio 0179/2022, al haber contrastado los agravios formulados por el recurrente con los argumentos contenidos en el mencionado Auto Interlocutorio, cumpliendo de esa forma con la congruencia externa, la cual es entendida como la correspondencia entre lo peticionado por las partes y lo resuelto por el Tribunal de alzada, evidenciándose además que está debidamente fundamentada y motivada, en razón a que después de identificar en forma clara los puntos de agravio expresados por el recurrente, los resolvió en su totalidad a través de un razonamiento coherente y sustentado en la normativa procesal penal vigente y lo establecido por la jurisprudencia constitucional, expresando de forma clara, precisa y concisa los motivos por los cuales consideró que todavía se encuentra vigente el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP. Finalmente, con relación a la denuncia de no haber valorado de forma objetiva el Dictamen Psicológico Pericial IDIF. PSICOFOR.MMCH.CH. 126/2022, atinge precisar que la valoración de la prueba constituye una atribución propia y exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios, en el marco de su función jurisdiccional; por consiguiente, la jurisdicción constitucional solo podrá realizar una revisión de la actividad desplegada por la jurisdicción ordinara respecto a la labor de valoración de la prueba cuando: i) La valoración probatoria se haya apartado de los parámetros de razonabilidad y equidad previsible para decidir; y, ii) Se haya omitido la consideración de elementos de prueba relevantes y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales (Fundamento Jurídico III.3). De lo anotado se tiene, que en el caso en análisis no se cumple con los presupuestos jurisprudenciales, en razón a que, no se evidencia que el Vocal demandado se haya apartado del marco legal, ni que los razonamientos que expuso al momento de valorar el Dictamen Psicológico Pericial IDIF. PSICOFOR.MMCH.CH. 126/2022 se constituyan en arbitrarios o carentes de lógica jurídica, dado que por el contrario son coherentes con el hecho ilícito investigado y consideran la situación de vulnerabilidad de la víctima menor de edad; asimismo, tampoco resulta evidente que exista una omisión en la valoración del mencionado Dictamen Psicológico Pericial o que dicho labor efectuada resulte ser arbitraria o que no responda a la realidad, ni que las conclusiones a las que arribó la autoridad demandada carezcan de respaldo. Por ende, al no concurrir los presupuestos que habilitan a la jurisdicción constitucional a ingresar a revisar la valoración efectuada y al constatarse que el Vocal demandado motivó en forma adenda su decisión, con base en los elementos presentados, corresponde denegar la tutela.
En atención a que el Juez de garantías a tiempo de conceder la tutela solicitada dispuso que el Vocal demandado emita nueva resolución en sujeción estricta del criterio jurisprudencial contenido en la SCP 0011/2018-S2, dentro del plazo de tres días computables a partir de la notificación con el presente fallo constitucional, es necesario considerar que esa decisión como efecto del art. 40 del Código Procesal Constitucional (CPCo) que prevé el cumplimiento inmediato de las resoluciones emitidas por los jueces o tribunales de garantías, pudo generar un despliegue procesal y jurisdiccional respecto a la situación jurídica del impetrante de tutela vinculado al cese o modificación de medidas cautelares personales interpuestas en su contra. En tal sentido, la SCP 0869/2023-S3 de 9 de agosto, entre otras, que sostuvo: “…no obstante, en atención a la facultad previsora el Tribunal Constitucional, puede dimensionar los efectos de la Sentencia Constitucional, y de acuerdo a las circunstancias del caso y de manera excepcional toma determinaciones de tal manera que no se genere inseguridad jurídica” (negrillas añadidas); por lo que, en una labor previsora corresponde dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinominal ante la determinación asumida en la Resolución 24/2022 de 16 de diciembre, ello a fin de no generar disfunciones procesales, es así que, ante la denegatoria de tutela dispuesta en fase de revisión, corresponde dejar sin efecto todas las actuaciones desplegadas en relación a la modificación de la detención preventiva, que se efectuaron a consecuencia de la concesión de tutela dispuesta por el Juez de garantías. Por otra parte, considerando que por el trascurso del tiempo el proceso penal ya pudiera encontrarse con sentencia, lo resuelto en el presente fallo no podrá afectar el fondo del juicio oral, público y contradictorio, quedando subsistente todo lo obrado por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca o los Tribunales de alzada o casación respecto al fondo del proceso penal.
En consecuencia, la Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 24/2022 de 16 de diciembre, cursante de fs. 113 a 119, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca, y en consecuencia, 1° DENEGAR la tutela impetrada. 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ante el despliegue procesal que se hubiese generado como consecuencia de la concesión de tutela dispuesta por el Juez de garantías, por lo que: a) Queda incólume el Auto de Vista 467/2022 de 22 de noviembre pronunciado por el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; b) Se deja sin efecto cualquier modificación de la detención preventiva del accionante que sea emergente del cumplimiento de la Resolución 24/2022 de 16 de diciembre; y, c) Se mantienen subsistentes todos los actuados del eventual juicio oral, público y contradictorio y su fase de impugnación respecto al fondo del proceso penal. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0435_2025-S3.pdf · páginas 1 a 23.
Huella digital del PDF (SHA-256): 863706d8605c75fbdb041e1d730f4cafce9c757c884597ea45e59c2a3a550e87
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