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SCP 0434/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 1 de junio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
1 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
45523-2022-92-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al acceso a la justicia; toda vez que, rechazada su solicitud de cesación de la detención preventiva, interpuso recurso de apelación incidental; no obstante, transcurridos más de cuarenta y ocho horas, el Juez y la Secretaria ahora demandados, no remitieron los actuados procesales correspondientes al Tribunal de alzada a objeto de que se resuelva dicha petición, incumpliendo el mandato expreso del art. 251 del CPP, el cual refiere que dichos antecedentes deben ser enviados al superior en grado en el plazo de veinticuatro horas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 259/2021 de 26 de noviembre, cursante de fs. 33 a 36, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Jurisprudencia referida a la celeridad que debe imprimirse en la remisión de la apelación incidental al Tribunal de alzada en medidas cautelares
  3. III.3. Legitimación pasiva de funcionarios de apoyo jurisdiccional
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0434/2023-S2 Sucre, 1 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 45523-2022-92-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 259/2021 de 26 de noviembre, cursante de fs. 33 a 36, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Michael Adolfo Riveros Revollo en representación sin mandato de Valentín Pari Alanoca contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez; y, Jharmila Yara Zotéz Lara, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de noviembre de 2021, cursante de fs. 12 a 14, el accionante a través de su representante, señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Estando desde el 2 de septiembre de 2021 detenido de manera preventiva en el Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, por la presunta comisión del delito de feminicidio, en virtud al Auto Interlocutorio 96/2021 de la misma fecha, solicitó audiencia de cesación de dicha medida extrema, que se llevó a cabo el 19 de noviembre del citado año, en la cual el Juez ahora demandado determinó el rechazo de esa pretensión, por tal aspecto, conforme a lo establecido por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) interpuso recurso de apelación incidental; empero, del seguimiento realizado al proceso se tiene que hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa, los demandados no remitieron los actuados procesales correspondientes al Tribunal de alzada a objeto de que esa instancia resuelva la impugnación planteada, pese a que transcurrió más de cuarenta y ocho horas, que por mandato expreso del Código Adjetivo Penal, corresponde que estos debían ser remitidos en el término de veinticuatro horas.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al acceso a la justicia, citando al efecto los arts. 22, 23.I y III, 115, 116.I, 117.I y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.I del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se remita “en el día” el legajo de apelación ante la autoridad superior en grado; y, b) El envío de antecedentes a efectos de inicio de proceso disciplinario a los demandados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 26 de noviembre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 31 a 32 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó y reiteró los argumentos expuestos en el memorial de acción de libertad presentado.

I.2.2. Informe de los demandados

René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado el 26 de noviembre de 2021 cursante a fs. 29 y vta., manifestó que: Apelado el Auto Interlocutorio por el accionante emergente de la audiencia de cesación de la detención preventiva, esta fue enviada ante el Tribunal de alzada de turno para su sorteo correspondiente; por lo que, el 23 del referido mes y año, se firmó el oficio ordenando la respectiva remisión de los actuados procesales; empero, hubo una demora debido a problemas de salud de la Secretaria codemandada; por tal motivo, el legajo procesal fue expedido el 24 del mismo mes y año, a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Jharmila Yara Zotéz Lara, Secretaria del aludido despacho judicial por medio de informe escrito presentado el 25 de noviembre de 2021, cursante a fs. 20 y vta., señaló que: Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela, realizada la audiencia de cesación de la detención preventiva, siendo esta rechazada, fue apelada por el prenombrado; por ese aspecto, el 19 del señalado mes y año, se procedió con el sorteo en el sistema “SIREJ”; no obstante de aquello, los antecedentes fueron enviados el 24 del mismo mes y año; debido a que “…la suplencia legal no remitió el legajo de apelación como corresponde…” (sic); toda vez que, el 22 y 23 del referido mes y año -lunes y martes-, su persona contaba con baja médica, hecho que era de conocimiento de Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; asimismo, es preciso tener en cuenta que el 24 del mencionado mes y año a horas 12:00, la Auxiliar de la Sala Penal Primera del aludido Tribunal no quiso recibir el legajo respectivo, motivo por el cual, dicha documentación fue recepcionada “…con fecha del día 25 de noviembre del presente año a horas 8:30…” (sic).

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 259/2021 de 26 de noviembre, cursante de fs. 33 a 36, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Si bien el Código Adjetivo Penal establece que los antecedentes de la apelación deben ser remitidos al tribunal de alzada dentro de las veinticuatro horas siguientes a la realización de la audiencia, de acuerdo a la amplia jurisprudencia se tiene presente que cuando exista una justificación razonable este término puede ser ampliado de manera excepcional siempre y cuando este no exceda el plazo de tres días; y, 2) Al concurrir una imposibilidad material justificada -problemas de salud-, el mismo resulta ser absolutamente válido; por lo que, evocando a lo esgrimido por la SCP 0068/2018-S2 de 19 de marzo, se tendría el establecimiento de un plazo razonable; por lo que, al existir uno o dos días de retraso esa situación estaría acreditada, más aun teniendo en cuenta que al momento del desarrollo de esta audiencia de garantías ya se hubieran remitido obrados a la Sala Penal correspondiente; lo que, generó una sustracción del objeto de la acción tutelar.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa certificado de incapacidad temporal de 22 de noviembre de 2021, correspondiente a Jharmila Yara Zotéz Lara, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz -codemandada-, en el cual se tiene la otorgación de dos días de baja médica -22 y 23 del citado mes y año-(fs. 17). II.2. Se tiene Oficio Of. 328/2021 de 23 del referido mes, suscrito por el Juez demandado respecto al envío de fotocopias legalizadas de la apelación incidental, concerniente al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, el cual fue recepcionado el 25 del mismo mes y año a horas 8:30, por el Auxiliar de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 19 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al acceso a la justicia; toda vez que, rechazada su solicitud de cesación de la detención preventiva, interpuso recurso de apelación incidental; no obstante, transcurridos más de cuarenta y ocho horas, el Juez y la Secretaria ahora demandados, no remitieron los actuados procesales correspondientes al Tribunal de alzada a objeto de que se resuelva dicha petición, incumpliendo el mandato expreso del art. 251 del CPP, el cual refiere que dichos antecedentes deben ser enviados al superior en grado en el plazo de veinticuatro horas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho

Al respecto, la SC 0011/2010-R de 6 de abril, estableció que: “La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al Juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”. Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Asimismo, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, sostuvo que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’”.

III.2. Jurisprudencia referida a la celeridad que debe imprimirse en la remisión de la apelación incidental al Tribunal de alzada en medidas cautelares

La SCP 1866/2012 de 12 de octubre, con respecto a la celeridad que debe imprimirse en la remisión de la apelación incidental al Tribunal de apelación, entendió que: “El anterior Tribunal Constitucional con relación a la forma de actuar de toda autoridad que tiene conocimiento de una petición realizada por una persona que se encuentra privada de libertad en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, reiterada por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto, estableció lo siguiente: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’. En específico y en relación a la remisión al Tribunal de alzada de la apelación incidental interpuesta contra una Resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, la SC 0076/2010-R de 3 de mayo, refirió que: ‘…el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior del Distrito en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones’. A su vez en la SC 0387/2010-R de 22 de junio y ratificado por la SC 1181/2011-R de 6 de septiembre, se expresó: ‘…que a toda solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, debe imprimírsele celeridad en su resolución sea positiva o negativamente para quien la pide, este mismo entendimiento es aplicable para los recursos de apelación sobre medidas cautelares, así como también para las de cesación de detención preventiva, las que pueden traducirse en la remisión de los antecedentes ante el superior en grado, para su resolución, más aún si existe un procedimiento establecido para ello en el que se fijan plazos para la emisión de la resolución correspondiente, como se estableció en la SC 0160/2005 de 23 de febrero’. Es por ello que el anterior Tribunal Constitucional, determinó en la SC 0044/2010-R de 20 de abril, que el hábeas corpus, ahora acción traslativa o de pronto despacho: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. En similar sentido la SC 0465/2010-R de 5 de julio, también refirió que: ‘…todas aquellas solicitudes vinculadas a la libertad del imputado, en especial la cesación de la detención preventiva, deben ser tramitadas con la debida celeridad, puesto que el ingresar en una demora o dilación indebida en que incurra una autoridad judicial al resolver una solicitud de tal naturaleza, implica una lesión a ese derecho fundamental, supuesto ante el cual se activa el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho; empero se deja claramente establecido, que no existirá lesión si la demora o dilación es promovida por el propio imputado’” (el resaltado corresponde al texto original).

III.3. Legitimación pasiva de funcionarios de apoyo jurisdiccional

Sobre el particular, la SCP 0478/2019-S3 de 26 de agosto, estableció que: «La SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril indicó que: “…a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional. Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: ‘Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial’. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: ‘El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno’; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional”. En consecuencia, de la Sentencia Constitucional Plurinacional precitada, se tiene claramente establecido que la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial emergente de la presunta lesión de derechos tutelados por esta acción y opera en dos situaciones: 1) Producto del incumplimiento de instrucciones directas de la autoridad jurisdiccional, respecto de la ejecución de tareas propias del cargo de dichos servidores; y, 2) En caso de la inobservancia de obligaciones específicas previstas por la norma en el ejercicio de sus funciones» (las negrillas nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al acceso a la justicia; toda vez que, rechazada su solicitud de cesación de la detención preventiva, interpuso recurso de apelación incidental; no obstante, transcurridos más de cuarenta y ocho horas, el Juez y la Secretaria ahora demandados, no remitieron los actuados procesales respectivos al Tribunal de alzada a objeto de que se resuelva el mencionado recurso, incumpliendo el mandato expreso del art. 251 del CPP, el cual refiere que dichos antecedentes deben ser enviados al superior en grado en el plazo de veinticuatro horas. De obrados cursantes en el expediente se tiene certificado de incapacidad temporal de 22 de noviembre de 2021, correspondiente a Jharmila Yara Zotéz Lara, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz -codemandada-, en el que consta la otorgación de baja médica, para el 22 y 23 de idéntico mes y año (Conclusión II.1); y, Oficio Of. 328/2021 de 23 del señalado mes, emitido por el Juez demandado, por medio del cual, se procedió con la remisión de fotocopias legalizadas de la apelación incidental respectiva, siendo recepcionada el 25 del citado mes y año a horas 8:30, por el Auxiliar de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento (Conclusión II.2). Con carácter previo al análisis de fondo, corresponde establecer si la codemandada al ser personal de apoyo jurisdiccional, tiene o no legitimación pasiva; en ese sentido, el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional claramente estableció que, la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo judicial se da en casos donde exista un incumplimiento a instrucciones directas de parte del juez o en inobservancia de las obligaciones específicas establecidas en la norma en el ejercicio de sus funciones; por lo que, en la presente causa, una vez incoada la apelación incidental por el solicitante de tutela, el Juez demandado, aquel ordenó a la Secretaria codemandada remitir los antecedentes procesales -cuaderno de la apelación- existiendo en este sentido una orden a la prenombrada para enviar los actuados del proceso al Tribunal de alzada; consiguientemente, en el caso concreto, se advierte que la aludida tiene legitimación pasiva para responder por su actuación, correspondiendo en consecuencia ingresar al fondo del asunto. En ese marco, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es necesario tener en cuenta los alcances de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, que procede cuando existen dilaciones indebidas que afectan a la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del citado derecho; sobre todo, con relación al principio de celeridad, tomando en cuenta el respeto a derechos y garantías establecidas constitucionalmente. Precisada la problemática, se tiene de antecedentes que el 19 de noviembre de 2021 -viernes- se llevó a cabo la audiencia de cesación de la detención preventiva impetrada por el peticionante de tutela, que al haber sido rechazada motivó la interposición del recurso de apelación incidental conforme lo establecido por el art. 251 del CPP, debiendo remitirse las piezas procesales al Tribunal de alzada; empero, dichos actuados fueron enviados el 24 del referido mes y año; debido a que, el 22 y 23 del señalado mes y año, la Secretaria codemandada contaba con baja médica certificada, siendo finalmente recepcionada dicha documentación el 25 del mismo mes y año a horas 8:30, por el Auxiliar de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Ahora bien, teniendo presente los antecedentes descritos, se advierte que los demandados en esta acción de defensa, ocasionaron que la situación jurídica del accionante permaneciera en un estado de incertidumbre, debido a la no remisión de los actuados procesales al Tribunal de alzada de manera oportuna, tomando en cuenta que si bien la referida audiencia fue desarrollada el 19 de noviembre de 2021 -viernes-, donde se emitió el Auto Interlocutorio 319/2021, que rechazó la pretensión del prenombrado, apelada en dicho verificativo, de acuerdo a lo manifestado por la Secretaria codemandada en su informe presentado, aquella fue sorteada en la misma fecha en el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ); empero, fue remitida a la referida Sala Penal recién el 24 de idéntico mes y año a horas 13:45, la cual fue recibida con fecha del día siguiente -25 de noviembre de 2021 a horas 8:30-; debido a que, el horario para la recepción por parte de las Salas Penales era hasta las 12:00. En ese aspecto, teniendo en cuenta que si bien existía un impedimento de la Secretaria codemandada, el cual se encontraba debidamente certificado, este solo comprendía el 22 y 23 del señalado mes y año; por lo que, a efectos de imprimir celeridad y más aun teniendo en cuenta que dicha apelación correspondía a una solicitud de cesación de la detención preventiva, esta debió enviar los actuados procesales a primera hora del 24 de ese mes y año, a la mencionada Sala Penal y no así esperar que transcurra más tiempo, no siendo un justificativo valedero manifestar que el Auxiliar de dicho Tribunal de alzada tenía un horario de recepción el cual consignaba hasta las 12:00, máxime si se evidencia que este mecanismo constitucional interpuesto por el accionante fue la última fecha señalada a horas 11:28; por lo que, en el presente caso al no haberse actuado con la debida premura se lesionó el principio de celeridad del aludido, más aun teniendo en cuenta la existencia de un procedimiento establecido para ello, en el que se fijan plazos para la remisión de los antecedentes procesales ante el superior en grado; aspecto que a su vez era de responsabilidad del Juez demandado, en el entendido de que si la indebida dilación causada por parte del personal de apoyo judicial, no es reconducida por esa autoridad como responsable del despacho, corresponderá que se establezca responsabilidad para ambos; es decir, Juez y Secretaria, más aún cuando dichas omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. Por lo que, en la señalada causa hubo un incumplimiento de plazos establecidos en el Código de Procedimiento Penal; situación que, fue inobservada por la mencionada autoridad judicial, respecto al trámite que debe seguir con relación al recurso de apelación en mérito a lo dispuesto por el art. 251 del CPP; el cual refiere que, interpuesta la misma, las actuaciones pertinentes deberán ser remitidas al Tribunal de alzada en el término de veinticuatro horas; consecuentemente, ante la inexistencia de una justificación razonable y fundada para la omisión del envío de antecedentes ante el Tribunal superior en grado, dicha situación resulta contraria al principio de celeridad previsto en los arts. 178 y 180.I de la CPE, generando en el caso de autos una demora al momento de efectuar los trámites inherentes al proceso, existiendo la afectación del derecho a la libertad del impetrante de tutela, circunstancia por la cual, corresponde conceder la tutela requerida. Finalmente, respecto a la remisión de antecedentes para el inicio de proceso disciplinario peticionado por el accionante, por las circunstancias del caso, el mismo no incumbe ser considerado en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; no correspondiendo realizar consideración alguna en cuanto al tema, exhortando a su vez a los demandados -Juez y Secretaria-, que en futuras actuaciones tengan en cuenta lo referente al principio de celeridad, a efectos de evitar lesiones a los derechos y garantías constitucionalmente establecidos. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela solicitada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 259/2021 de 26 de noviembre, cursante de fs. 33 a 36, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0434_2023-S2.pdf · páginas 1 a 12.

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