Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 12 de mayo de 2023
Deniega la tutela
El accionante alega la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, además de los principios de seguridad jurídica y legalidad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido a instancia de YPFB contra Freddy Vidal Oropeza, en el cual se acusó al mismo por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, falsificación de documento privado, uso de instrumento falsificado y estelionato; a través de Auto Interlocutorio de 24 de septiembre de 2019, se declaró fundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción y apelando dicha determinación, se emitió el Auto de Vista de 22 de octubre de 2020, que al declarar la improcedencia de su recurso incurrió en los siguientes agravios: a) Lesionaron la garantía jurisdiccional de imprescriptibilidad en delitos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, toda vez que la Constitución Política del Estado incorporó la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por servidores públicos y las autoridades demandadas debieron aplicar las normas constitucionales de forma correcta; b) Se lesionó su derecho a la fundamentación y motivación, toda vez que, lo establecido en la Constitución Política del Estado respecto a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, debe ser aplicado de forma inmediata, aun en casos pendientes de resolución iniciados con anterioridad a su vigencia, pues lo descrito en la norma suprema adquiere plena e inmediata eficacia al entrar en vigor; c) El Auto de Vista se constituye en lesivo al considerar que la excepción …
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 037/2022 de 7 de abril, cursante de fs. 158 a 164, emitida por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0434/2023-S1 Sucre, 12 de mayo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 47050-2022-95-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución AAC-037/2022 de 7 de abril, cursante de fs. 158 a 164, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Adolfo García Gonzales en representación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contra Pablo Antezana Vargas, Vocal, Silvia Zurita Aguilar, ex Vocal, ambos de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
A través de memoriales presentados el 25 y 31 de marzo de 2022, cursantes de fs. 59 a 68; y, 75 y vta., el accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, el 15 de abril de 2008 presentó en contra de Freddy Vidal Oropeza y otros, denuncia por los delitos de estelionato, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contratos lesivos al estado y contribuciones y ventajas ilegitimas; sin embargo, siendo que el nombre del denunciado no existía como persona natural, es que se presentó querella contra Freddy Alberto Ponce Vidal por los delitos antes señalados más el delito de uso de instrumento privado, debiendo considerarse que el denunciado fue servidor público de YPFB desde 2004 hasta el 2009. Posteriormente, contra el mismo, se emitió imputación formal el 1 de julio de 2010, por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, falsificación de documento privado, uso de instrumento falsificado, estelionato y estafa; profiriéndose finalmente pliego acusatorio por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, falsificación de documento privado, uso de instrumento falsificado y estelionato. Es así, que ya radicando la causa en el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, el denunciado planteó las excepciones de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y prescripción; mismas que, mediante Auto Interlocutorio de 24 de septiembre de 2019 se declaró infundada la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y fundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción. Tal determinación fue apelada el 27 de septiembre del citado año, emitiéndose Auto de Vista de 22 de octubre de 2020, que declaró improcedente la apelación incidental y confirmó la resolución de primera instancia, incurriendo en los siguientes agravios: Lesionaron la garantía jurisdiccional de imprescriptibilidad en delitos que atenten contra el patrimonio del estado y causen grave daño económico, toda vez que, la Constitución Política del Estado (CPE) incorporó la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por servidores públicos y las autoridades demandadas debieron aplicar las normas constitucionales de forma correcta. Se lesionó el derecho al debido proceso, toda vez que las autoridades demandadas desconocieron sus principios y reglas, siendo que es deber de los mismos emitir una resolución debidamente fundada y motivada, considerando que las normas de la CPE -respecto a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción- deben ser aplicadas de forma inmediata aun en casos pendientes de resolución iniciados con anterioridad a su vigencia, pues lo señalado en la misma adquiere plena e inmediata eficacia al entrar en vigor. El Auto de Vista de 22 de octubre de 2020, es vulneratorio, al considerar en sus fundamentos jurídicos que la excepción de la prescripción tiene su fundamento doctrinal en que el Ius Puniendi estatal no tiene carácter irrestricto, sino que admite límites universalmente permitidos, siendo un razonamiento que se ajusta a delitos comunes y no para delitos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen daño económico, ignorando lo establecido por el art. 29 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Además, se puntualizó que los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, falsificación de documento privado, uso de instrumento falsificado y estelionato, son de naturaleza instantánea y que por el quantum de la pena evidentemente prescribieron, sin considerar la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1424/2013 de 14 de agosto, que determinó que el uso de instrumento falsificado tiene carácter permanente.
El impetrante de tutela alega la lesión de su derecho al debido proceso en su vertiente fundamentación y motivación y los principios de seguridad jurídica y legalidad, citando al respecto los arts. 111, 112 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la nulidad del Auto de Vista de 22 de octubre de 2020 y ordenando se emita nueva resolución.
Celebrada la audiencia pública el 7 de abril de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 157 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte peticionante de tutela, ratificó los términos de su acción de amparo constitucional.
Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de informe escrito de 7 de abril de 2022 cursante de fs. 112 a 115, señaló que: a) El Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra impedido de revisar o sustituir a la jurisdicción común, por lo que, la interpretación de legalidad ordinaria se encuentra reservada a la jurisdicción ordinaria, esto en razón a que la acción de amparo no se constituye en una instancia procesal más de revisión de resoluciones; b) No se cumplió con los presupuestos para activar la acción tutelar, puesto que omitió exponer el nexo de causalidad entre los derechos denunciados y las presuntas conductas vulneradoras de ellos, es decir, no expresó de forma concreta como se vulneraron los derechos señalados; c) La excepción de prescripción tiene su fundamento doctrinal en el transcurso del tiempo, razonamiento que se indica se aplicaría a delitos comunes y no así para delitos que atenten contra el patrimonio del Estado; entonces, en apelación se evidenció que los hechos ilícitos datan del 13 de diciembre de 2006 y 15 de octubre de 2007, fecha en la que se consumaron los ilícitos y desde la cual se debe realizar el cómputo de prescripción conforme el art. 30 del CPP; es así, que considerando que el máximo legal es de 6 y 5 años, para la prescripción de estos delitos, que hasta la interposición de la acción, transcurrieron más de once (11) años, superando el término establecido sin que exista causal que interrumpa el plazo para su prescripción; y, d) Se debe considerar que los delitos acusados no están previstos como delitos de corrupción contenidos en la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-; por lo que, no es posible que opere la imprescriptibilidad de tales delitos.
Silvia Zurita Aguilar, ex Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, no presentó informe escrito ni se apersonó a la audiencia programada, pese a su legal notificación según consta a fs. 83 de obrados.
Freddy Alberto Ponce Vidal no presentó informe escrito ni se apersonó a audiencia, pese a su legal notificación cursante a fs. 85 y 86.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba, mediante Resolución 037/2022 de 7 de abril, cursante de fs. 158 a 164, denegó la tutela solicitada, señalando los siguientes fundamentos: 1) Conforme a los argumentos expuestos en la acción de amparo constitucional respecto al Auto de Vista cuestionado, se tiene que esta resolución responde de manera razonada, fundamentada y motivada a los puntos de agravio expresados en el memorial del recurso de apelación incidental interpuesto por el ahora accionante en la causa penal, por cuanto expresa de manera clara y precisa las razones suficientes a efecto de la decisión asumida, es decir haberse emitido la resolución con la debida estructura de forma y de fondo, expresando motivación concisa, clara y consiguiente fundamentación debida, satisfaciendo los elementos de agravio demandados en la apelación; expresa convicciones determinativas que justifican de manera razonable la decisión asumida sustentada de derecho y lineamiento jurisprudencial pertinente; consecuentemente, no se verifica elemento alguno que condiga con el cuestionamiento realizado vía la presente acción de amparo por el citado impetrante de tutela respecto del indicado Auto de Vista y consiguiente vulneración del debido proceso en los elementos precisados, es decir, falta de fundamentación y motivación. Por otra parte, respecto a los cuestionamientos del peticionante de tutela, básicamente en sentido de que los Vocales de la Sala Penal Cuarta -ahora demandados- no hubiesen considerado en su resolución al tratarse de ilícitos vinculados con corrupción establecidos en la Ley 004, por cuanto hubieren considerado el art. 29 del CPP, siendo así, que correspondía la aplicación del art. 29 bis del mismo adjetivo penal, por tratarse el acusado de ex servidor público de YPFB, y que debió resolverse por sobre la normativa ordinaria lo establecido por la Constitución Política del Estado en relación a lo previsto en el art 112 de la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, por cuanto considera que los referidos ilícitos tuvieren vinculación, ya que el accionar del acusado hubiere afectado el patrimonio de la institución y causado un grave daño económico al Estado; extremos que se observa no fueron cuestionados por una parte a tiempo de resolverse las excepciones de prescripción interpuestas por el acusado -por esta parte como acusador particular-, menos hubiesen sido objeto de agravio del recurso de apelación interpuesto, que conforme al contenido del mismo, que como se precisó precedentemente, se circunscribe básicamente a cuestionar el delito de uso de instrumento falsificado y no así delitos vinculados con la señalada Ley 004, como se trae en la argumentación en esta acción de amparo constitucional; 2) Por cuanto, asimismo los ilícitos que han sido objeto de cuestionamiento en la excepción de prescripción interpuesta por el acusado, en las dos situaciones argumentadas, se tienen asimismo que fueron objeto de acusación formal realizada por el Ministerio Público, objeto del juicio oral, que no hubiesen sido a su vez cuestionados por el ahora accionante y acusador particular en la referida causa penal en ese momento procesal a efecto de ser considerado, por cuanto de contrario se adhirió al mismo; cuestionamientos que no fueron asimismo dilucidados en el proceso penal, se los trae ahora a través de la acción de amparo constitucional; es decir, accionar vinculados con delitos de corrupción previstos en la Ley 004, lo que conlleva en consecuencia de manera razonada a establecer bajo estas consideraciones y elementos precisados que el Auto de Vista al contener la debida fundamentación y motivación, resultando además congruente por cuanto en función a los elementos de agravio expuestos en el memorial de interposición del recurso de apelación por el ahora impetrante de tutela, responde a los mismos. Consecuentemente no se advierte afectación a la garantía constitucional de la imprescriptibilidad, más aun cuando el peticionante de tutela no cumplió a cabalidad con la debida carga argumentativa a efecto de ingresar a revisar la interpretación realizada por los Vocales de la Sala Penal Cuarta de la jurisdicción ordinaria; y, 3) En tal sentido se concluye, en función a lo expuesto precedentemente y los lineamientos jurisprudenciales establecidos, no se verifica vulneración al derecho fundamental ni garantía constitucional alguna, menos al debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación y consiguiente afectación a la garantía jurisdiccional de imprescriptibilidad respecto de delitos que atentan contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, que no fueron objeto del proceso penal conforme los antecedentes procesales precisados y tampoco afectación a los principios de seguridad jurídica y legalidad alegados, por cuanto, al constituir principios y en función a lo precisado precedentemente, no pueden ser considerados a través de la acción de amparo constitucional, en tal razón, en función a los elementos determinados en relación a la presente acción tutelar y los argumentos expuestos por la parte accionante se tuviere su planteamiento como un recurso adicional más dentro el ámbito procesal penal, extremo no establecido por el orden constitucional; correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Cursa querella de 1 de junio de 2009, emitida por YPFB en contra de Freddy Alberto Ponce Vidal y presentada ante la Fiscal de Materia Tatiana Salazar Agreda, en la cual se sindica al señalado por los delitos de estelionato, uso indebido de influencias, falsificación de documento privado, uso de instrumento falsificado, contratos lesivos al estado y contribuciones y ventajas ilegítimas (fs. 18 a 25 vta.). II.2. Se tiene imputación formal de 1 de julio de 2010, a través de la cual la Fiscal de Materia, Ana Balderrama Torrico, imputó a Freddy Alberto Ponce Vidal, por los delitos de falsedad material, ideológica, falsificación de documento privado, uso de instrumento falsificado, estelionato y estafa (fs. 26 a 30). II.3 Consta Acusación Formal de 22 de febrero de 2012, por el cual se acusó a Freddy Alberto Ponce Vidal, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y estelionato (fs. 33 a 34 vta.). II.4. Mediante memorial de 17 de noviembre de 2016, YPFB se apersonó y se adhirió a la acusación fiscal y a las pruebas de cargo ofrecidas por el Ministerio Público, en aplicación del art. 341 del CPP (fs. 36 y vta.). II.5. Cursa Auto Interlocutorio de 24 de septiembre de 2019, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, a través del cual se declaró infundada la excepción de prescripción de la acción penal por duración máxima del proceso y fundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción planteada por Freddy Alberto Ponce Vidal, dando por extinguida la acción penal seguida contra el acusado por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y estelionato (fs. 41 a 48 vta.). II.6. Consta memorial de apelación incidental formulada por la representación de YPFB de 27 de septiembre de 2019, mediante el cual solicitó se revoque el Auto Interlocutorio que determinó fundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, señalando en suma los siguientes agravios: i) El Tribunal de Sentencia al analizar la naturaleza de los delitos de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado, refirió que los tipos penales son instantáneos y tomando en cuenta esa naturaleza jurídica, se determinó que ellos se consumaron el 13 de diciembre de 2006 y 15 de octubre de 2007; sin embargo, no se consideró a la SCP 1424/2013 de 14 de agosto, y el Tribunal de Sentencia, debió pronunciarse en relación al inicio del cómputo del término de la prescripción del delito de uso de instrumento falsificado tomando en cuenta su carácter permanente y por ende determinar el momento en que cesó la consumación del delito para así poder establecer que el delito ha prescrito, lesionando su derecho al debido proceso; y, ii) Tampoco se tomó en cuenta al emitirse el auto apelado, que el acusado cobró un monto de dinero por concepto de arrendamiento de la publicidad comercial en predios de la empresa YPFB, cuando esos ingresos le correspondían a dicha instancia, por lo que al no haber entregado ese dinero, la lesión continúa hasta el presente (fs. 49 a 52). II.7. Se tiene Auto de Vista de 22 de octubre de 2020, a través del cual los Vocales ahora demandados declararon la improcedencia de la apelación incidental planteada por YPFB, confirmando la Resolución de 24 de septiembre de 2019; determinación asumida en base a los siguientes argumentos:
CONSIDERANDO III (Análisis del caso en caso en concreto).
Bajo ese entendimiento legal y jurisprudencial referido en el anterior considerando, podemos concluir que el instituto jurídico de extinción de la acción penal por prescripción, es una sanción por la inactividad Estatal en la persecución penal, por cuanto no puede ser ejercida de manera indefinida en el tiempo.
Es así que de la revisión del Auto impugnado, se tiene que el Tribunal quo, declaró fundada la excepción de extinción por prescripción, con el siguiente argumento: “…Con relación a los delitos calificados provisionalmente por el Ministerio Publico en el pliego acusatorio, se ha precisado la comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y Estelionato en el accionar del sujeto activo (Freddy Alberto Ponce Vidal, calificación provisional a mérito de la cual la institución víctima se ha adherido al pliego acusatorio fiscal tipos penales que tienen prevista una sanción punitiva máxima de (5) años en el último supuesto 3 Respecto a la naturaleza jurídica de los delitos de falsedad material ideológica uso de instrumento falsificado, le jurisprudencia citada en la Sentencia Constitucional No 1424/2013 de 14 de agosto de 2013 y con relación al delito de Estelionato el Auto Supremo No 1 pronunciado por la Sala Penal-Primea el 29 de enero de 2008, han precisado que todos ellos son de naturaleza instantánea, pues en base a tales parámetros legales y jurisprudenciales corresponde precisar que en el pliego acusatorio indica como la fecha en concreto, en la cual e acusado habría suscrito el contrato de arrendamiento de una publicidad comercial el 13 de diciembre de 2006, corroborado ese hecho (conforme refiere el pliego acusatorio en acápite V Fundamentación de la acusación) también con el recibo No. 299 de 13 de diciembre de 2006, así como también la suscripción de un segundo contrato de arrendamiento signado como 85/2007, del 15 de octubre de 2007, así como el recibo No. 1329 de 15 de octubre de 2007. En virtud a estos antecedentes y teniendo en cuenta la naturaleza de los lícitos de falsedad material, ideológica, uso de instrumento falsificado, y estelionato como se precisó en el fundamento jurídico de esta resolución, se advierte que todos ellos se hubiesen consumado en dos fechas es decir, el 13 de diciembre de 2006 y el 15 de octubre de 2007, sin que la consumación de los hechos acusados se hubiere prolongado más en el tiempo, muestra de ello, es que no se ha detallado en el pliego acusatorio, circunstancias, hechos o la mención de elemento de prueba alguno, que sostenga que alguno de los elementos constitutivos los tipos penales se haya efectuado o efectivizado en otro momento posterior. 4. Con relación al régimen del cómputo de la prescripción, tomando en cuenta, como se expuso precedentemente que los delitos de falsedad material, ideológica, uso de instrumento falsificado y Estelionato son de naturaleza instantánea, debemos remontarnos a la fecha de su comisión, en base a los argumentos descritos en el pliego acusatorio, como base del juicio oral donde señala que, el accionar ilícito del acusado se configura, con la suscripción el contrato de arrendamiento de publicidad comercial, que, como se sostuvo datan del 13 de diciembre de 2006 y el 15 de octubre de 2007 como la última oportunidad en que el acusado realizo dicho contrato, por lo que, se concluye que ambos hechos ilícitos presuntamente cometidos prescribieron, el primero, la media noche del 13 de diciembre de 2014 y el segundo el 13 de octubre de 2015 y al presente transcurrieron más de 8 años, como plazo máximo establecido en la norma operándose consecuentemente la prescripción alegada por la defensa. 5 en lo que respecta a las causales que interrumpen o suspenden el término de la prescripción, la norma procesal penal en su Art 31 y 32 como se ha puntualizado en el fundamento jurídico, precisa las causales que interrumpen o suspenden el término de la prescripción, señalando en el Art. 29 Inc. 1 y 2 del CPP. pues la defensa ha demostrado con prueba idónea que no concurre ninguna de ellas, es decir, que el impetrante ha acompañado a su solicitud el informe de antecedentes Penales (REJAP) emitido en fecha 17 de septiembre de 2019, donde refiere que el acusado Freddy Alberto Ponce Vidal no registra antecedente penal referido declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso, por esta causa, pues únicamente figura una declaratoria de rebeldía pronunciada por el Juzgado de instrucción Anticorrupción No. 1, independientemente de la causa motivo de análisis, sumado a ello que no se ha verificado conforme las literales acompañadas por la defensa, correspondientes a la etapa preparatoria, la existencia de alguna causal de interrupción (declaratoria de rebeldía) o suspensión del término de la prescripción por alguna de las causales prescritos en los 4 numerales del Art. 32 de la norma adjetiva penal....corresponde consecuentemente atenderse favorablemente la excepción planteada por la defensa..."
De cuyos fundamentos, se puede inferir que el Tribunal A quo, ha efectuado una debida compulsa de los antecedentes del proceso, toda vez que, de la revisión de la resolución impugnada, se tiene que el Tribunal A quo ha efectuado una correcta interpretación y aplicación de la normativa legal en vigencia, al establecer que los delitos de Falsedad Material, Falsedad ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Estelionato, por su naturaleza constituyen delitos instantáneos, es decir, que con la sola realización de la conducta, acción u omisión, por el sujeto activo queda realizado o consumado el hecho ilícito, conforme al entendimiento asumido por el Tribunal Constitucional citado en líneas precedentes, además de haber evidenciado que los hechos ilícitos datan de fecha 13 de diciembre de 2006 y 15 de octubre de 2007, fechas que evidentemente resulta ser el momento en que se consumaron los hechos ilícitos, y desde la cual debe iniciarse el cómputo para la prescripción de la acción penal, por mandato del Art. 30 del Código de Procedimiento Penal
Asimismo, debe tenerse en cuenta que los delitos antes descritos, previstos por los Arts. 198, 199, 203 y 337 del Código Penal, se encuentran sancionados los tres primeros con una pena privativa de libertad cuyo máximo legal es de 6 años y el ultimo ilícito con una pena privativa de libertad cuyo máxima legal es de 5 años, mas días multa, consecuentemente para el término de la prescripción, es aplicable el plazo establecido por el Art. 29 numerales 1) y 2) del CPP. Es así, que desde la presunta comisión de los ilícitos penales, es decir, (13 de diciembre de 2006 y 15 de octubre de 2007), hasta el momento de la interposición de la excepción de extinción de la acción penal por prescripción (24 de septiembre de 2019), han transcurrido más de 11 años, superando de manera abundante el término de los cinco y ocho años para la prescripción para este tipo de delitos, sin que se haya advertido alguna causal de interrupción o suspensión al tenor de los Arts. 31 y 32 del CPP, conforme se tiene del certificado del REJAP, documento que resulta idóneo para la acreditación de este aspecto, salvo siempre prueba en contrario; operándose de esta manera la prescripción de la acción penal, prevista por el Art. 29 núm. 1 y 2 de la referida disposición legal.
En lo que corresponde al reclamo efectuado por la recurrente, al señalar que el Tribunal A quo omitió pronunciarse respecto al inicio del cómputo del término de la prescripción, con relación al delito de Uso del Instrumento Falsificado, tomando en cuenta que dicho delito tiene carácter permanente. Al respecto se debe señalar, que si bien es cierto que en su momento, conforme establece la SC 0693/2010 de 19 de julio, estableció que el delito de Uso de Instrumento Falsificado era un delito de carácter permanente; sin embargo, dicho entendimiento fue modulada por la SCP No 1424/2013 de 14 agosto estableciendo, entre otras que, el delito de Uso de Instrumento Falsificado, es un ilícito penal de pura actividad e instantáneo, además de establecer que para fines: del cómputo de la prescripción para este ilícito penal, debe efectuarse desde el momento en que se hizo uso del documento adulterado o en caso de haber hecho uso del mismo en varias oportunidades, el cómputo se realizará desde la última vez que fue utilizado, y que de acuerdo al contenido del pliego acusatorio a la cual se adhirió la recurrente, conforme refiere la resolución impugnada, establece únicamente dos momentos para la comisión de los hechos ilícitos, estableciéndose como última fecha para consumación del ilícito el 15 de octubre de 2007 y que efectuado el computo al momento de la interposición de la excepción planteada, la misma ya habría prescrito al igual que los otros ilícitos penales, por lo que no tiene mérito la apelación formulada.
Finalmente, en lo que respecta al reclamo efectuado, en sentido de que el Tribunal A quo no tomó en cuenta que el acusado cobró un monto de dinero, por concepto de arrendamiento de la publicidad comercial en predios de la empresa estatal YPFB, dineros que hasta la fecha no habrían sido devueltos y por ello no cesó el perjuicio y la lesión continuaría hasta la presente fecha, con relación a este reclamo, corresponde señalar que, la misma carece de sustento legal, pues como se dijo líneas precedentes los ilícitos penales que dieron merito a la excepción de extinción penal planteada, en función a la duración de la ofensa al bien jurídico, vulnerado, constituyen delitos instantáneos, es decir que se consumen con la sola realización de la conducta, sin que se requiera acción posterior para su continuidad o vigencia, muchos menos que se prolongue en el tiempo por el daño económico ocasionado, por lo que tampoco tiene mérito al respecto. (fs. 53 a 56 vta.).
El accionante alega la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, además de los principios de seguridad jurídica y legalidad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido a instancia de YPFB contra Freddy Vidal Oropeza, en el cual se acusó al mismo por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, falsificación de documento privado, uso de instrumento falsificado y estelionato; a través de Auto Interlocutorio de 24 de septiembre de 2019, se declaró fundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción y apelando dicha determinación, se emitió el Auto de Vista de 22 de octubre de 2020, que al declarar la improcedencia de su recurso incurrió en los siguientes agravios: a) Lesionaron la garantía jurisdiccional de imprescriptibilidad en delitos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, toda vez que la Constitución Política del Estado incorporó la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por servidores públicos y las autoridades demandadas debieron aplicar las normas constitucionales de forma correcta; b) Se lesionó su derecho a la fundamentación y motivación, toda vez que, lo establecido en la Constitución Política del Estado respecto a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, debe ser aplicado de forma inmediata, aun en casos pendientes de resolución iniciados con anterioridad a su vigencia, pues lo descrito en la norma suprema adquiere plena e inmediata eficacia al entrar en vigor; c) El Auto de Vista se constituye en lesivo al considerar que la excepción de la prescripción tiene su fundamento doctrinal en que el Ius Puniendi estatal no tiene carácter irrestricto, sino que admite límites universalmente permitidos, siendo un razonamiento que se ajusta a delitos comunes y no para delitos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen daño económico, ignorando lo establecido por el art. 29 del CPP; y, d) Además, se puntualizó que los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, falsificación de documento privado, uso de instrumento falsificado y estelionato, son de naturaleza instantánea y que por el quantum de la pena evidentemente prescribieron, sin considerar la SCP 1424/2013 de 14 de agosto, que determinó que el uso de instrumento falsificado tiene carácter permanente. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para dicho fin, se analizarán los siguientes temas: 1) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso 2) El principio de subsidiariedad cuando existe otro medio o recurso legal y su vinculación con la fundamentación de agravios; y, 3) Análisis del caso concreto.
En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:
“el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia” (sic. [el resaltado nos corresponde]).
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:
“77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.
1SCP 0316/2010-R de 15 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic).
(…). 2 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).
78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (sic [las negrillas son adicionadas]). Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:
“(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…” (sic).
En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.
Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.
En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts.115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.
Uno de los principios procesales constitucionales que rigen la acción de amparo constitucional, es el principio de subsidiariedad, expresada en la norma Constitucional cuando refiere que esta acción tutelar se interpondrá “siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”; en ese entendido, la acción de amparo constitucional constituye una garantía jurisdiccional de carácter subsidiario y supletorio en la protección de los derechos fundamentales: subsidiario porque no es posible utilizarlo si es que previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. A contrario sensu, cuando exista otro medio o recurso legal para la pretendida protección, resulta improcedente por decaer en subsidiariedad; en esa comprensión, incurre en supuestos de subsidiariedad cuando se impugna mediante la acción de amparo constitucional, resoluciones administrativa o judiciales: i) Cuya ejecución se encuentra suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, para que puedan ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas; y, ii) No se ejerció oportunamente de los medios o recursos que podían revisarlo, modificarlo, revocarlo o anularlo. En el marco constitucional y normativo glosado precedentemente, la jurisprudencia constitucional expresada en la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, estableció las siguientes subreglas para determinar la improcedencia por subsidiariedad
“…cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución” (las negrillas son incorporadas). En esa misma línea de razonamiento, la SCP 135/2015-S1 de 26 de febrero, concluyó enfatizando la improcedencia de la acción de amparo 4 Respecto al agotamiento previo de medios o recursos intraprocesales de impugnación, la SC 1337/2003 – R de 15 de septiembre, expresa textualmente: “De estas previsiones constitucional y normativa, se desprende que el recurso de amparo se constituye en un instrumento subsidiario y supletorio en la protección de los derechos fundamentales, subsidiario porque no es posible utilizarlo si es que previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria”. 5 Respecto a la improcedencia por subsidiariedad, el art. 54.I del CPCo., establece expresamente: “La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo”. 6 Los supuestos de improcedencia por subsidiariedad previstos en el art. 53 del CPCo., expresamente establecen: “La Acción de Amparo Constitucional no procederá:
1. Contra resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas.
(…)
3. Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno.
(…)”.
constitucional por subsidiariedad en cuestiones no planteadas en apelación al desarrollar el Fundamento Jurídico III.1; en ese entendido, puede concluirse señalando que cuando se trata de cuestiones derivadas de proceso judiciales o administrativos en las que se cuestiona resoluciones con la pretensión de restituir derechos fundamentales o garantías constitucionales, deben agotarse los medios o recursos intraprocesales, estableciendo en los mismos, asuntos o cuestiones puntuales plasmados en la fundamentación de agravios, sometiéndolos a debate, observando los principios de contradicción y bilateralidad, para que a su turno la autoridad judicial o administrativa tenga la oportunidad de pronunciarse sobre los mencionados asuntos o cuestiones puntuales, para agotar de esta manera los mencionados medios o recursos intraprocesales.
El accionante alega la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, además de los principios de seguridad jurídica y legalidad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido a instancia de YPFB contra Freddy Vidal Oropeza, en el cual se acusó al mismo por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, falsificación de documento privado, uso de instrumento falsificado y estelionato; a través de Auto Interlocutorio de 24 de septiembre de 2019, se declaró fundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción y apelando dicha determinación, se emitió el Auto de Vista de 22 de octubre de 2020, que al declarar la improcedencia de su recurso incurrió en los siguientes agravios: a) Lesionaron la garantía jurisdiccional de imprescriptibilidad en delitos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, toda vez que la Constitución Política del Estado incorporó la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por servidores públicos y las autoridades demandadas debieron aplicar las normas constitucionales de forma correcta; b) Se lesionó su derecho a la fundamentación y motivación, toda vez que, lo establecido en la Constitución Política del Estado respecto a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, debe ser aplicado de forma inmediata, aun en casos pendientes de resolución iniciados con anterioridad a su vigencia, pues lo descrito en la norma suprema adquiere plena e inmediata eficacia al entrar en vigor; c) El Auto de Vista se constituye en lesivo al considerar que la excepción de la prescripción tiene su fundamento doctrinal en que el Ius Puniendi estatal no tiene carácter irrestricto, sino que admite límites universalmente permitidos, siendo un razonamiento que se ajusta a delitos comunes y no para delitos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen daño económico, ignorando lo establecido por el art. 29 del CPP; y, d) Además, se puntualizó que los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, falsificación de documento privado, uso de instrumento falsificado y estelionato, son de naturaleza instantánea y que por el quantum de la pena evidentemente prescribieron, sin considerar la SCP 1424/2013 de 14 de agosto, que determinó que el uso de instrumento falsificado tiene carácter permanente. De las conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional se tiene que: el 1 de junio de 2009, YPFB planteó querella en contra de Alberto Ponce Vidal por la presunta comisión de los delitos de estelionato, uso indebido de influencias, falsificación de documento privado, uso de instrumento falsificado, contratos lesivos al estado y contribuciones y ventajas ilegítimas (Conclusión II.1); emitiéndose posteriormente imputación formal por los delitos de falsedad material, ideológica, falsificación de documento privado, uso de instrumento falsificado, estelionato y estafa (Conclusión II.2) y para dar fin a la etapa preparatoria el Ministerio Público presentó pliego acusatorio por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y estelionato (Conclusión II.3); a tal requerimiento conclusivo, mediante memorial de 17 de noviembre de 2016, YPFB, se apersonó y adhirió a la acusación fiscal y las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público (Conclusión II.4). Posteriormente y ante el planteamiento de las excepciones de duración máxima del proceso y de extinción de la acción penal por prescripción, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, determinó a través del Auto Interlocutorio de 24 de septiembre de 2019, infundada la excepción de duración máxima del proceso y fundada la extinción de la acción penal por prescripción (Conclusión II.5); contra tal determinación, la parte impetrante de tutela planteó recurso de apelación incidental solicitando se deje sin efecto dicho Auto Interlocutorio (Conclusión II.6); emitiéndose en consecuencia el Auto de Vista de 22 de octubre de 2020, por el cual los ahora demandados declararon la improcedencia de la apelación incidental, confirmando la resolución de primera instancia (Conclusión II.7). Con esos antecedentes, corresponde analizar, si los argumentos vertidos por la parte peticionante de tutela son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; es así, que conforme se tiene de la delimitación de la problemática planteada se tiene que:
El accionante señala que los Vocales ahora accionados 1) Lesionaron la garantía jurisdiccional de imprescriptibilidad en delitos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, toda vez que la Constitución Política del Estado incorporó la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por servidores públicos y las autoridades demandadas debieron aplicar las normas constitucionales de forma correcta; 2) Se lesionó su derecho a la fundamentación y motivación, toda vez que, lo establecido en la Constitución Política del Estado respecto a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, debe ser aplicado de forma inmediata, aun en casos pendientes de resolución iniciados con anterioridad a su vigencia, pues lo descrito en la norma suprema adquiere plena e inmediata eficacia al entrar en vigor; 3) El Auto de Vista se constituye en lesivo al considerar que la excepción de la prescripción tiene su fundamento doctrinal en que el Ius Puniendi estatal no tiene carácter irrestricto, sino que admite límites universalmente permitidos, siendo un razonamiento que se ajusta a delitos comunes y no para delitos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen daño económico, ignorando lo establecido por el art. 29 del CPP. Al respecto, se observa que la parte impetrante de tutela, en estos tres primeros agravios se enfoca en cuestionar que el Auto de Vista, no consideró que supuestamente los delitos sobre los cuales se definió su prescripción, son delitos “imprescriptibles”, al ser -según él- delitos que atentan contra el patrimonio del Estado. Sin embargo, a efectos de evaluar la admisibilidad de la presente acción tutelar, se debe establecer que tales agravios en ningún momento fueron planteados en apelación; es decir, el peticionante de tutela de forma errónea trae recién a esta acción tutelar, agravios que en su momento no hizo conocer al Tribunal ad quem a efectos de que las autoridades emitan criterio al respecto. En consecuencia, se tiene que el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional determinó que uno de los principios que rige a la acción de amparo constitucional es el principio de subsidiariedad y que el mismo se aplica cuando las autoridades judiciales o administrativas no tuvieron la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no utilizó de forma adecuada los medios correspondientes; teniendo que el recurrente, debe observar los principios de contradicción y bilateralidad, para que a su turno la autoridad judicial tenga la oportunidad de pronunciarse sobre los mencionados asuntos o cuestiones puntuales, agotando de esta manera los medios o recursos intraprocesales. Entonces, el ahora accionante, no puede pretender abrir la vía constitucional, cuando en su momento oportuno no planteó sus agravios ante las autoridades de segunda instancia, aspecto que se evidencia del mismo memorial de apelación presentado como prueba documental en el que el citado impetrante de tutela señaló como agravios los siguientes: i) El Tribunal de Sentencia al analizar la naturaleza de los delitos de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado, refirió que los tipos penales son instantáneos y tomando en cuenta esa naturaleza jurídica, se determinó que ellos se consumaron el 13 de diciembre de 2006 y 15 de octubre de 2007; sin embargo, no se consideró a la SCP 1424/2013 de 14 de agosto, y el Tribunal de Sentencia debió pronunciarse en relación al inicio del cómputo del término de la prescripción del delito de uso de instrumento falsificado, tomando en cuenta su carácter permanente y por ende determinar el momento en que cesó la consumación del delito para así poder establecer que el delito ha prescrito, lesionando su derecho al debido proceso; y, ii) Tampoco se tomó en cuenta al emitirse el auto apelado, que el acusado cobró un monto de dinero por concepto de arrendamiento de la publicidad comercial en predios de la empresa YPFB, cuando esos ingresos le correspondían a dicha instancia, por lo que al no haber entregado ese dinero, la lesión continúa hasta el presente. Entonces, como se observa, la apelación se enfoca totalmente en cuestionar el tipo de delitos acusados (buscando determinar si son delitos instantáneos o permanentes) y el recurrente -ahora peticionante de tutela-, en ningún momento alegó como agravio que estos fuesen “imprescriptibles” por ser según él, delitos que atentan contra el patrimonio del Estado; por lo que, aplicando el principio de subsidiariedad propio de esta acción tutelar, corresponde sobre las presentes problemáticas denegar la tutela solicitada
El accionante refiere que en el Auto Vista ahora cuestionado, puntualizó que los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, falsificación de documento privado, uso de instrumento falsificado y estelionato, son de naturaleza instantánea y que por el quantum de la pena evidentemente prescribieron, sin considerar la SCP 1424/2013 de 14 de agosto, que determinó que el uso de instrumento falsificado tiene carácter permanente. Sobre el punto, se tiene que el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional determinó que: la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. Entonces, respecto al punto, se tiene que las autoridades demandadas señalaron que:
En lo que corresponde al reclamo efectuado por la recurrente, al señalar que el Tribunal A quo omitió pronunciarse respecto al inicio del cómputo del término de la prescripción, con relación al delito de Uso del Instrumento Falsificado, tomando en cuenta que dicho delito tiene carácter permanente. Al respecto se debe señalar, que si bien es cierto que en su momento, conforme establece la SC 0693/2010 de 19 de julio, estableció que el delito de Uso de Instrumento Falsificado era un delito de carácter permanente; sin embargo, dicho entendimiento fue modulada por la SCP No 1424/2013 de 14 agosto estableciendo, entre otras que, el delito de Uso de Instrumento Falsificado, es un ilícito penal de pura actividad e instantáneo, además de establecer que para fines: del cómputo de la prescripción para este ilícito penal, debe efectuarse desde el momento en que se hizo uso del documento adulterado o en caso de haber hecho uso del mismo en varias oportunidades, el cómputo se realizará desde la última vez que fue utilizado, y que de acuerdo al contenido del pliego acusatorio a la cual se adhirió la recurrente, conforme refiere la resolución impugnada, establece únicamente dos momentos para la comisión de los hechos ilícitos, estableciéndose como última fecha para consumación del ilícito el 15 de octubre de 2007 y que efectuado el computo al momento de la interposición de la excepción planteada, la misma ya habría prescrito al igual que los otros ilícitos penales, por lo que no tiene mérito la apelación formulada.
Teniendo que al respecto, dicho análisis es correcto, puesto que la SCP 1424/2013 de 14 de agosto, -la cual el impetrante de tutela señala no fue considerada-, ejecutó claramente una modulación respecto al cómputo de la prescripción del delito de uso de instrumento falsificado, determinando finalmente que:
En ese entendido, el cómputo de la prescripción del tipo penal de uso de instrumento falsificado debe efectuarse desde el momento en que se hizo uso del documento falso o adulterado, o habiendo sido utilizado en varias oportunidades, el cómputo se realiza desde la última vez que fue empleado. Por lo expuesto, debe modularse la línea jurisprudencial antes citada, en el entendido de que el uso de instrumento falsificado es un delito de pura actividad e instantáneo.
Recayendo en error el peticionante de tutela, al interpretar que el delito de uso de instrumento falsificado, se constituye en un delito permanente, cuando la Jurisprudencia citada por las autoridades judiciales ahora demandadas determinó de forma clara que el mismo tiene carácter instantáneo y que su cómputo inicia al momento en que se hizo uso de dicho instrumento, encontrando en consecuencia que la resolución se encuentra debidamente fundada y motivada al interpretar y aplicar de forma adecuada los preceptos de la SCP 1424/2013 de 14 de agosto, correspondiendo sobre la presente problemática denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 037/2022 de 7 de abril, cursante de fs. 158 a 164, emitida por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
3 Respecto al principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional, el art. 129.I de la CPE expresamente establece: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0434_2023-S1.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7d466f26b1824756f4628f2df2944fef438e033c9db35cb72267f6968705cd55
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