Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 13 de agosto de 2019
Concede la tutela
La accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, reserva legal, defensa y doble instancia; puesto que, en la causa penal que se le sigue, tras remitirse la acusación formal interpuesta por el Ministerio Público ante la autoridad demandada, reclamó que en etapa preparatoria no se resolvió el incidente de actividad procesal defectuosa que dedujo contra la imputación formal, solicitando la devolución a fin de posibilitar la resolución de lo impetrado; sin embargo, dicha autoridad rechazó su petición, desestimando igualmente el recurso de reposición planteado en reclamo del mencionado rechazo, vulnerando sus derechos por la continuación del juicio oral pese a existir trámites inconclusos ante el Juez a quo.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución AC-03/2019 de 14 de marzo, cursante de fs. 210 a 212, pronunciada por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de 5 de septiembre de 2018, debiendo la autoridad demandada emitir uno nuevo debidamente fundamentado en base a los razonamientos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0434/2019-S3 Sucre, 13 de agosto de 2019 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 28091-2019-57-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución AC-03/2019 de 14 de marzo, cursante de fs. 210 a 212, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sandra Aguilar Tejerina contra Delfor Emmanuel Ríos Arrueta, Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz.
Por memoriales presentados el 14 y 25 de febrero de 2019, cursantes de fs. 180 a 186 vta. y 188 a 189, la accionante manifestó que:
En el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de peligro de estrago a causa del desmoronamiento de un muro colindante, interpuso incidente de actividad procesal defectuosa contra la imputación formal debido a la falta de motivación y fundamentación de la resolución emitida por el Ministerio Público al no contener una descripción de hechos coherente con la calificación jurídica. Ante tal situación, se produjeron sendas demoras en la notificación a las partes, hasta que el 20 de noviembre de 2018 nuevamente solicitó señalamiento de audiencia para tratar su pretensión, y estando vencido el plazo de seis meses de la etapa preparatoria, se presentó acusación formal, misma que fue aceptada y remitida ante el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado- sin resolverse su incidente.
Por ello, presentó memorial el 9 de agosto de igual año ante la autoridad demandada solicitando la devolución de obrados al Juez de Instrucción a fin que se lleve a cabo la audiencia resolviéndose el incidente de actividad procesal defectuosa y proceda a sanear el procedimiento, petición que fue resuelta por decreto de 13 del mismo mes y año, por el que se dispuso no ha lugar por que a criterio de dicha autoridad judicial, debió realizar el respectivo seguimiento de su causa, aspecto que motivó la presentación del recurso de reposición que fue igualmente rechazado a través de una resolución carente de motivación, agotándose de esta manera los mecanismos intraprocesales para resolver su petición, impidiéndole de esta forma la resolución de lo peticionado así como una eventual impugnación contra la decisión que se habría pronunciado.
La accionante denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, reserva legal, defensa y doble instancia, citando al efecto los arts. 14, 115, 116 y 180 de la Constitucion Politica del estado (CPE); 1, 2, 7 inc. 6), 8 inc. 1) y 2), 9, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela en su alcance correctivo y reparador, y en consecuencia se dejen sin efecto: a) El decreto de 13 de agosto de 2018 así como el Auto de 5 de septiembre del mismo año emitidos por la autoridad demandada; b) La apertura del juicio oral determinando la previa resolución del incidente de actividad procesal defectuosa; y, c) Se ordene el pago de costas, daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia pública el 14 de marzo de 2019, según consta en acta cursante de fs. 207 a 209, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional presentada y ampliádolo manifestó que: 1) No obstante las múltiples solicitudes para resolver el incidente de actividad procesal defectuosa planteado, todas las audiencias fueron suspendidas hasta la conclusión de la etapa preparatoria; y, 2) La norma establece que el juez de instrucción debe remitir el proceso penal para el desarrollo del juicio oral sin que existan incidentes pendientes de resolución; sin embargo, en el presente caso en base a la jurisprudencia constitucional se solicitó que el Juez demandado resuelva su incidente sin devolver antecedentes al Juez a quo.
Delfor Emmanuel Ríos Arrueta, Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 7 de marzo de 2019, cursante de fs. 199 a 200, manifestó que: i) El proceso penal seguido contra la accionante se encuentra en plena etapa de juicio oral, habiendo presentado memorial solicitando la devolución de obrados a fin que se resuelva un incidente pendiente en etapa preparatoria; sin embargo, el mismo fue rechazado a través de una resolución motivada y debidamente fundamentada; y, ii) El actuado que dispuso la remisión de obrados ante el Juez de Sentencia -decreto de 8 de febrero de 2018-, se constituye en el acto que debió ser opotunamente expuesto; empero, no se efectuó reclamo alguno al respecto habiendo consentido los actos que ahora considera defectuosos como lo son las resoluciones a su solicitud de devolución del expediente.
Freddy Gabriel Escaler Galarza, en audiencia manifestó que las solicitudes de la accionante fueron rechazadas por tratarse de chicanerias con el único fin de demorar el proceso penal seguido en su contra. Gerardo Marcelo Loza Gonzales y Javier Rodrigo Jáuregui, no asistieron a la audiencia ni presentaron escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 204.
La Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución AC-03/2019 de 14 de marzo, cursante de fs. 210 a 212, denegó la tutela impetrada, en base a los siguientes fundamentos: a) El Auto de 5 de septiembre de 2018 que resolvió el recurso de reposición presentado por la impetrante de tutela, contiene la suficiente fundamentación, partiendo del contraste de los puntos denunciados en el memorial; b) Al no haber procurado la resolución del incidente y consentido la remisión del proceso ante la autoridad demandada, la nombrada no reclamó oportunamente los actuados que ahora acusa de defectuosos; c) Respecto a los derechos a la defensa y doble instancia, no se tiene la explicación de un nexo razonable que permita evidenciar cómo se habría producido su vulneración a tiempo de la emisión del Auto mencionado; y, d) Tras la radicatoria del caso ante dicha autoridad, no existe constancia de reclamo alguno por parte de la accionante que haya sido realizado de forma oportuna, consintiendo la prosecución de la causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 27 de junio de 2017, la impetrante de tutela planteó incidente de actividad procesal defectuosa contra la imputación formal que el Ministerio Público interpuso en el proceso penal que se le sigue (fs. 42 a 44 vta.), reiterándose el pedido de señalamiento de audiencia por memoriales de 15 de septiembre y 20 de noviembre de 2017 (fs. 100 y 122). II.2. Cursa requerimiento conclusivo de acusación formal presentado el 7 de febrero de 2018 por el Ministerio Público contra la ahora accionante por la presunta comisión del delito de peligro de estrago (fs. 143 a 145). II.3. Por decreto de 8 del mismo mes y año, el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, tuvo presente la acusación formal presentada ordenando su remisión ante el Tribunal de Sentencia Penal de la Capital de dicho departamento previo sorteo (fs. 146), constando el Auto de 13 de marzo del mismo año, por el que la autoridad demandada radicó la causa penal mencionada (fs. 149). II.4. Mediante memorial de 9 de agosto del citado año, la accionante solicitó la devolución de obrados ante el Juez de control jurisdiccional para la previa resolución del incidente planteado en etapa preparatoria; petición que fue resuelta por decreto de 13 del mismo mes y año, disponiendo “No ha lugar a la devolución solicitada…” (sic [fs. 161 a 163]). II.5. Consta recurso de reposición presentado el 4 de septiembre de 2018 por la impetrante de tutela y otro contra el decreto de 13 de agosto del citado año, el cual fue resuelto por Auto de 5 de septiembre del mismo año disponiendo no ha lugar a lo solicitado (fs. 167 a 168 vta.).
La accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, reserva legal, defensa y doble instancia; puesto que, en la causa penal que se le sigue, tras remitirse la acusación formal interpuesta por el Ministerio Público ante la autoridad demandada, reclamó que en etapa preparatoria no se resolvió el incidente de actividad procesal defectuosa que dedujo contra la imputación formal, solicitando la devolución a fin de posibilitar la resolución de lo impetrado; sin embargo, dicha autoridad rechazó su petición, desestimando igualmente el recurso de reposición planteado en reclamo del mencionado rechazo, vulnerando sus derechos por la continuación del juicio oral pese a existir trámites inconclusos ante el Juez a quo.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, sostuvo que: “…el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:
(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución (conformada por: a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad art. 410.II) y a la ley, de la autoridad -Juez, autoridad administrativa, etc.- o persona privada; es decir, de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sobre conflictos o pretensiones, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad.
En el Estado Constitucional de Derecho asumido por la Constitución, el principio de legalidad se encuentra en sumisión a un principio más alto: El principio de constitucionalidad. Este supone la vinculación a los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución, más allá, o incluso sobre la ley.
(…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.
Entonces, cuando todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir, pretende hacer uso de facultades discrecionales o arbitrarias alejadas de la razonabilidad (principio de razonabilidad), éste se convierte en una directriz valiosa estrechamente relacionada a la justicia (valor justicia), porque se manifiesta como un mecanismo de control y barra de contención de la arbitrariedad (principio de interdicción de la arbitrariedad), cuya comprensión es multidimensional:
a) Por una parte, la arbitrariedad, es contraria al Estado de derecho (Estado Constitucional de Derecho) y a la justicia (valor justicia art. 8.II de la CPE). En efecto, en el Estado de Derecho, o ‘Estado bajo el régimen de derecho’ con el contenido asumido por la Constitución bajo la configuración de ‘Estado Constitucional de Derecho’, cuya base ideológica es ‘un gobierno de leyes y no de hombres’, existe expresa proscripción que las facultades que ejercite todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sean arbitrarias y, por el contrario, existe plena afirmación de que el ejercicio de esas facultades deben estar en total sumisión a la Constitución y a la ley visualizando, con ello, claramente el reverso del ya sepultado ‘Estado bajo el régimen de la fuerza’.
(…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es b.2) Una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) Una ‘motivación insuficiente’.
b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’.
b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025- ‘Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales’.
En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R de 2 de octubre), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión.
(…)
b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’.
Si el órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir incurre en cualesquiera de esos tres supuestos: ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta, ‘motivación arbitraria’, o en su caso, ‘motivación insuficiente’, como base de la decisión o resolución asumida, entonces, es clara la visualización de la lesión del derecho a una resolución fundamentada o motivada, como elemento constitutivo del debido proceso.
Los tres casos señalados, son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a que sólo en aquéllos supuestos en los que se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, de imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresado en decisión sin motivación o inexistente, decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra resolución en forma motivada.
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación.
(…)
(3) Otra de las finalidades que justifica la exigibilidad de una resolución motivada es la de garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión - judicial, administrativa, etc.- por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación, debido a que permite a las partes procesales conocer las razones que fundamentan las resoluciones, para poder evaluarlas y, en su caso, plantear los recursos pertinentes contra ellas, por ello, la doctrina sostiene que el conocimiento de la justificación decisoria es precondición para accionar contra una decisión.
Entonces, la ‘decisión sin motivación’, además de lesionar el derecho a una resolución motivada y fundamentada, vulnera el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, constitutivo del derecho al debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE y 8.2.h) de la CADH y 14.5 del PIDCP.
(…)
(4) La exigencia de una resolución motivada también tiene la finalidad de permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad, demostrando ante ella que es verificable objetivamente que las decisiones están en sumisión a la Constitución, debido a que: ‘…la exigencia de justificar sus decisiones hace posible el control democrático sobre los tribunales’, proscribiendo la decisiones con motivaciones, que por estar ancladas en el fuero interno del juzgador, se tornan en secretas” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
De la revisión de la documentación cursante en obrados, se tiene el planteamiento del incidente de actividad procesal defectuosa por parte de la impetrante de tutela ante el Juez de la causa en etapa preparatoria (Conclusión II.1), emitiendo posteriormente el Ministerio Público requerimiento conclusivo de acusación formal ante la misma autoridad (Conclusión II.2), quien mediante decreto de 8 de febrero de 2018 la tuvo por presentada y dispuso la remisión del caso para el desarrollo del juicio oral; en consecuencia, la autoridad demandada por Auto de 13 del marzo del mismo año radicó el proceso en su despacho (Conclusión II.3), ante ello, la accionante solicitó la devolución de obrados ante la autoridad de control jurisdiccional por encontrarse pendiente de resolución dicho incidente, petición que fue rechazada por decreto de 13 de agosto de 2018 (Conclusión II.4), formulando en consecuencia recurso de reposición, que mereció la emisión del Auto de 5 de septiembre del mismo año, que dispuso no ha lugar al referido reclamo (Conclusión II.5).
De la problemática venida en revisión, se tiene que la presunta lesión de derechos denunciada por la accionante se encuentra referida a la negativa de la autoridad demandada a la solicitud de devolución de obrados de la causa penal seguida en su contra a objeto del saneamiento procesal debido a la existencia de un incidente pendiente de resolución planteado en etapa preparatoria, refiriendo como los actos lesivos de sus derechos el decreto de 13 de agosto de 2018 así como el Auto de 5 de septiembre del mismo año. Previo a ingresar al análisis de la problemática, corresponde mencionar que conforme a la configuración procesal de este medio de defensa -subsidiario-, la revisión de las decisiones judiciales o administrativas se efectúa a partir de la última resolución pronunciada, en razón a que ella tuvo la posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones anteriormente dispuestas. En ese sentido, se procederá al análisis a partir del Auto de 5 de septiembre de 2018. Al respecto, de la relación de los antecedentes antes descrita, se advierte que la accionante presentó incidente de actividad procesal defectuosa observando defectos en el requerimiento de imputación formal mientras aun se encontraba vigente la etapa preparatoria del proceso penal en cuestión bajo el control jurisdiccional del Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, quien ante la presentación de la acusación formal procedió a remitir actuados ante el Juez de Sentencia Penal de la Capital de dicho departamento a objeto del desarrollo del juicio oral sin resolver previamente el incidente antes mencionado. En tal mérito, radicada la causa ante la autoridad demandada, la impetrante de tutela reclamó la falta de resolución de su incidente solicitando la devolución de obrados, siendo su petición rechazada por decreto de 13 de agosto de 2018, decisión que fue objeto de recurso de reposición, pronunciándose en consecuencia el Auto de 5 de septiembre del mismo año en el que se declara no ha lugar a la pretensión de la accionante con el argumento de haber consentido la falta de resolución de su incidente por la no reclamación al decreto de remisión de obrados emitido por el Juez a quo, acto que a decir del Auto mencionado debió ser impugnado oportunamente, impidiendo dicho aspecto la consideración de su reclamo. Sobre el particular, corresponde precisar que, conforme a la jurisprudencia transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones debe ser entendido como la obligación de explicar las razones de la decisión asumida, citando los motivos en los que se sustenta la misma y el valor otorgado a los medios de prueba, debiendo mostrarse las razones de forma concisa y clara, además que la labor argumentativa de la autoridad tiene que considerar los preceptos jurídicos pertientes y la sumisión a las normas constitucionales a fin de evitar una resolución arbitraria o irrazonable. En el caso concreto, queda claramente establecido que en la tramitación de la etapa preparatoria la accionante interpuso incidente de actividad procesal defectuosa, misma que pese a la reiterada presentación de memoriales para su consideración no fue resuelto por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, aspecto que tras ser reclamado ante la autoridad demandada, este se limitó a la emisión de resoluciones elusivas de la consideración del fondo de dicha pretensión, refiriendo en el Auto de 5 de septiembre de 2018, que la defensa de la impetrante de tutela habría consentido la omisión denunciada por no impugnar el decreto de remisión de obrados ante su despacho, aspecto que denota que el fundamento de la citada autoridad convalida la falta de consideración y resolución de un incidente presentado en ejercicio del derecho que le asiste a todo procesado de reclamar presuntos defectos en la tramitación de su causa, afectando de forma directa el debido proceso, e incurriendo en una motivación arbitraria carente de sustento jurídico a objeto de justificar la falta de resolución del incidente planteado en una etapa procesal anterior, incurriendo de esta manera en el presupuesto b.2) de la jurisprudencia precitada, no siendo permisible que ante la existencia de trámites pendientes de consideración y resolución en una fase anterior del proceso penal, los mismos queden sin ser resueltos, por lo que tal situación incluso debió ser advertida oportunamente por la autoridad demandada a tiempo de radicar la causa en su despacho, deviniendo la decisión adoptada en arbitraria. En ese entendido, al advertirse la falta de resolución del incidente de actividad procesal defectuosa presentado por la accionante, la autoridad demandada debió emitir un pronunciamiento que permita subsanar dicha omisión atendiendo el pedido de devolución del expediente a objeto de resolver la cuestión pendiente y permitir el saneamiento procesal de cuestiones que a futuro podrían ocasionar nulidades, posibilitando de esta manera que el juez a quo advertido de un defecto procesal -falta de resolución del incidente planteado-corrija tal omisión en base a sus atribuciones y conforme lo preceptuado en el art. 168 del Código de Procedimiento Penal (CPP), lo cual no implica retrotraer etapas procesales ya superadas sino únicamente la devolución del expediente con el único fin de resolver dicho incidente y subsanar la omisión advertida con la consiguiente posibilidad de impugnar la decisión que se asuma. En similar sentido, esta Sala emitió la SCP 0077/2019-S3 de 15 de marzo estableció que: “Sin embargo, una vez que se emite y se presenta ante la autoridad jurisdiccional el requerimiento conclusivo de acusación fiscal, toda cuestión planteada con posterioridad -excepciones e incidentes-, no puede ser resuelta por el juez de instrucción en razón a que justamente con el acto que concluye la etapa preparatoria -acusación fiscal-, esta autoridad perdió competencia para pronunciarse sobre lo impetrado, consecuentemente recepcionado el mismo debe ser remitido al tribunal de sentencia, junto con la acusación y los antecedentes, para que en esta etapa del proceso -juicio oral-, sea resuelto de acuerdo a procedimiento, un entendimiento en contrario dilataría la etapa preparatoria más allá de lo establecido en el Código Adjetivo Penal afectando el derecho constitucional a una justicia pronta y oportuna; a excepción de las solicitudes de los encausados que se encuentran con medida cautelar personal -detención preventiva, arraigo o detención domiciliaria-, que por la naturaleza jurídica de las medidas cautelares y su finalidad deben ser tramitadas y resueltas de manera inmediata, por la autoridad jurisdiccional tenedora de los antecedentes. Por otro lado, en observancia de la finalidad previsora que debe contener todo fallo constitucional, debemos señalar que ante la eventualidad de que el juez o tribunal de sentencia, devuelva obrados al juzgado de instrucción por saneamiento procesal de la etapa preparatoria, debe determinar con precisión en su resolución los actos observados o a sanearse; a efectos de que la competencia sea ejercida únicamente para saneamiento de los puntos que manda la indicada decisión, que necesariamente debe recaer en actuados anteriores a la presentación de la acusación fiscal, en razón a que los jueces de instrucción ejercen control jurisdiccional en la etapa preparatoria”. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, no actuó correctamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución AC-03/2019 de 14 de marzo, cursante de fs. 210 a 212, pronunciada por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de 5 de septiembre de 2018, debiendo la autoridad demandada emitir uno nuevo debidamente fundamentado en base a los razonamientos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Paul Enrique Franco Zamora MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0434_2019_id54986.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): df41ed1f5118c22d1847a921d2c5abcf558a32461f3d3555d0ca9365e4472c04
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