B.IA.LEGAL

SCP 0433/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 27 de mayo de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
27 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
52223-2022-105-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 21/2022 de 26 de noviembre, cursante de fs. 21 a 24, dictada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, a cuyo fin, se deja sin efecto el Auto de Vista 823/2022 de 24 de noviembre, debiendo el referido Vocal emitir uno nuevo en el plazo de cuarenta y ocho horas de conocer el presente fallo constitucional, de acuerdo a los fundamentos jurídicos precedentemente desarrollados, sea con una redacción clara y precisa; y, 2º DENEGAR la tutela con respecto al derecho a la presunción de inocencia y con relación a Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, aclarando que al efecto no se ingresó al fondo de la problemática identificada.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0433/2025-S3 Sucre, 27 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 52223-2022-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 21/2022 de 26 de noviembre, cursante de fs. 21 a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ramiro Gumercindo Carrillo Aruquipa en representación sin mandato de Jorge José Flores contra César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de El Alto del mismo departamento.

I.ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de noviembre de 2022, cursantes de fs. 3 a 5, la parte accionante, por intermedio de su representante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 24 de noviembre de 2022, se llevó a cabo una audiencia de consideración de apelación de medidas cautelares ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, contra el Auto Interlocutorio 474/2022 emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer de El Alto del mismo departamento, emergente del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de María Rosmary Yujra Flores y Natividad Flores Quispe en su contra y otro, por la presunta comisión del delito de “VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” (sic). En la audiencia correspondiente a la referida apelación, esta fue admitida, pero inmediatamente después fue rechazada por carecer de fundamentos y por escasa exposición de agravios. A ese efecto, estos consistían en los siguientes: a) Que no participó en el acto denunciado; b) En el Auto primigenio se determinó que no fue parte del hecho, pero que impelía la detención preventiva por ser pariente de las víctimas; c) En audiencia de “18 de octubre” se pudo desvirtuar la probabilidad de su autoría; d) Solo se tenían como acreditados los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); e) Respecto al art. 234.7 del CPP no concurre porque no estuvo en el lugar de los hechos; f) Los videos presentados como prueba fueron remitidos a la Oficina Gestora de Procesos correspondiente, empero no al Fiscal de Materia; y, g) El tiempo de duración de la detención preventiva era de cinco meses para efectuarse la valoración psicológica, empero ya fue realizada, previo a la presentación de la imputación formal; asimismo, se señaló que se iba a establecer quiénes eran los partícipes, es decir, que el Fiscal de Materia desconocía ese extremo, llegando a ser una subjetividad prohibida por ley; en cuanto a los testigos, no se indicó quiénes eran y respecto a la prueba pericial no la especificó; y, finalmente, propuso una inspección técnica ocular, la cual es totalmente ilegal, porque contraviene el principio de prohibición de revictimización. Consiguientemente, la presente acción se debe a que el ordenamiento jurídico en actual vigencia determinó que ante la inexistencia de la probabilidad de autoría no se establece ninguna medida personal y mucho menos la detención preventiva, lo que indica que se encuentra ilegalmente procesado e indebidamente detenido, dejándolo en completa indefensión.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

No denunció expresamente la vulneración de derecho alguno.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y se disponga la emisión del mandamiento de libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 26 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 16 a 20 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su representante sin mandato y abogado, en audiencia de garantías ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola manifestó que: 1) El Auto Interlocutorio 474/2022 de 19 de octubre fue apelado, habiéndose expuesto cinco agravios; 2) De acuerdo a los videos presentados no se pudo evidenciar su presencia en el lugar de los hechos; por lo que el indicado Auto Interlocutorio propició una detención indebida; 3) No es posible que se disponga la detención preventiva de una persona, sobre la base de una probabilidad; 4) La Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a las Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- establece que la calificación del hecho que se le imputa puede ser una probabilidad reforzada o modificada en el transcurso de la investigación, pero la participación en el hecho tiene que estar debidamente probada; por ello, se advierte la vulneración del principio de inocencia; 5) El Juez a quo dispuso su detención por una “familiaridad existente”; 6) El Vocal demandado confirmó que debía seguir detenido por los lazos de familiaridad; 7) En el presente caso existió una riña de las víctimas en su vivienda; 8) Al no existir probabilidad de autoría se considera que no concurre el art. 234.1 y 2 de igual cuerpo normativo; 9) Queda subsistente el art. 234.7 del CPP, es decir, que es considerado un peligro para las víctimas, a pesar de que no se demostró que hubiera estado en el lugar de los hechos; 10) El Vocal demandado no se manifestó con relación al riesgo procesal del art. 235.2 del CPP; 11) El Juez a quo, al haberse referido a posibles testigos lesionó el debido proceso, previsto en el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); 12) Por el simple hecho de ser mujeres las víctimas, se lo sancionó con detención preventiva; 13) Al no concurrir riesgo de fuga y de obstaculización debidamente fundamentados, no es posible que se le imponga la detención extrema, por el simple hecho de ser familiar, con lo que se violó el derecho a la presunción de inocencia y a la debida motivación y fundamentación que debería verificarse en el Auto Interlocutorio 474/2022, habiendo incurrido en lo mismo el Vocal demandado; 14) De la revisión del video que hace de prueba, no se advierte su presencia, pero sí de las víctimas, de quienes se puede evidenciar que estaban provocando a las personas y abusando de ellas como lo hicieron con los dos imputados. Pese a ello, el Juez a quo sostuvo la concurrencia de la probabilidad de autoría. El origen de la disputa familiar es un terreno. Por otro lado, dicho video no ha sido valorado por el Juez de primera instancia ni por el Vocal demandado; existen dos mujeres en estado de ebriedad que agredieron a Santiago Huanca Flores, pero no aparece en ningún momento el accionante, lo que no ha sido valorado ese aspecto por el Juez a quo; y, 15) Solicitó la modificación de la detención preventiva y se apliquen medidas sustitutivas, ya que en la actualidad se encuentra detenido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.

I.2.2. Informe de los demandados

César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz presentó informe escrito el 26 de noviembre de 2022, cursante a fs. 15 y vta., solicitando que se deniegue la tutela, de acuerdo a lo siguientes argumentos: i) El impetrante de tutela no señaló si estaba afectado su derecho a la vida o si estaba ilegalmente perseguido o privado de libertad, no estando correctamente planteada su pretensión, tampoco se advierte un petitorio congruente; ii) No señaló el accionante cuáles eran los aspectos cuestionados del Auto de Vista 823/2022 de 24 de noviembre, que emitió el referido Vocal; y, iii) El fallo emitido en segunda instancia está acorde a los márgenes previstos por la ley y por la jurisprudencia. Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de El Alto del mismo departamento, en audiencia informó: a) Según la acción de libertad planteada, la audiencia de medidas cautelares se hubiera desarrollado el 18 de octubre de 2022; sin embargo, tuvo lugar el 19 de dicho mes y año; b) Se determinó que la medida cautelar dure tres meses y no cuatro o cinco como lo señaló el accionante; y, c) Las medidas cautelares solo consideran elementos indiciaros de convicción, por eso se aborda el aspecto de la probabilidad, no así de la participación probada como lo pretende el accionante; por otro lado, en dicha etapa no se lleva a cabo un juicio donde se determina la autoría o la inocencia del investigado.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 21/2022 de 26 de noviembre, cursante de fs. 21 a 24, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El Auto Interlocutorio 474/2022 cumplió con la debida fundamentación y motivación en lo que respecta a la aplicación de medidas cautelares; por otro lado, como medio de defensa se presentaron videos para negar la participación del hoy accionante; al respecto, el Juez a quo consideró dichos videos donde se observarían agresiones entre personas de sexo femenino y la presencia del otro imputado, Santiago Huanco Flores y sobre el elemento de que el accionante no habría participado en los hechos investigados “…toma en consideración que ha quedado registrado en la Oficina Gestora para efectos legales correspondientes si así lo creyera conveniente el Representante del Ministerio Público…” (sic); 2) La audiencia del 19 de octubre de 2022 fue virtual, y los videos fueron compartidos por dicho medio, es decir, no han sido presentados en un soporte físico que pueda reproducirse en el propio Juzgado; en ese orden, la autoridad jurisdiccional no puede aventurarse a considerar la exhibición de un video y determinar qué circunstancias habrían ocurrido. No es labor de la autoridad jurisdiccional la investigación, sino del Ministerio Público, quien valorará y analizará quiénes son los partícipes del video; consiguientemente, el Juez a quo le dio el valor correspondiente al mencionado video en la medida de lo necesario, señalando que el mismo debía ser analizado por el Ministerio Público, por lo que no se encuentra vulneración alguna a la fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba del Juez a quo y tampoco del Vocal demandado, quien respecto a esa circunstancia, en el Auto de Vista 823/2022, hizo conocer que tomó en consideración ese pronunciamiento de la autoridad a quo y reafirmó la existencia de días de incapacidad, agresiones sustentadas en elementos de prueba que hicieron a la existencia de indicios; asimismo, sostuvo y resaltó el tema de la condición de mujer y de persona de la tercera edad respecto de una de las víctimas, y confirmó que era labor del Ministerio Público el análisis de ese video; 3) Respecto al riesgo del art. 235.7 del CPP “…la autoridad accionada…” se ratificó en que el CD debía ser analizado por el Ministerio Público; “… se ha contextualizado en esa audiencia la existencia de otro proceso y así lo ha ratificado en esta audiencia también la parte accionante indicando que son familiares y que tienen conflictos por terrenos” (sic); las víctimas identificaron a sus agresores que ahora están imputados, además se tiene el sustento probatorio de certificados médicos forenses que indican días de incapacidad; “…las víctimas se encontraban en estado de ebriedad…” (sic), dada la existencia de conflictos familiares se activa dicho riesgo; por todo ello, no se advierte la vulneración del debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; y, 4) Respecto del art. 235.2 del CPP, el Juez demandado expresó un contexto que no ha sido debatido, que es la existencia del elemento familiaridad; en su respectivo análisis, las autoridades demandadas no vulneraron el debido proceso; tampoco se advirtió la vulneración de la valoración probatoria.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Consta el Auto de Vista 823/2022 de 24 de noviembre, dictado por el demandado Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro de proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Natividad Flores Quispe y Rosmery Yujra Flores, contra Santiago Huanco Flores y el hoy impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, a tiempo de resolver la apelación contra el Auto Interlocutorio 474/2022 de 24 de noviembre, que “…es una resolución sobre Consideración de Cesación a la detención preventiva…” (sic), que dispuso: “’…como medida cautelar para JORGE JOSE FLORES la DETENCIÓN PREVENTIVA en el centro penitenciario de San Pedro (…) por el lapso de TRES MESES’…” (sic), habiéndose dispuesto la improcedencia de la apelación contra dicho Auto Interlocutorio, con base en los siguientes fundamentos: i) Los argumentos expuestos en audiencia constan en el acta de audiencia digital, por lo que no serán reiterados y por el contario serán resueltos en la parte pertinente de la presente resolución; ii) El apelante esgrimió que el Auto apelado se ha sustentado en los arts. 233.1, 234.7 y 235.2 del CPP, que no cumplía con la debida fundamentación y que los investigados constituían peligro para la víctima, por las circunstancias del hecho, pero no tomaron en cuenta la SCP 0004/2022-S1 de 4 de marzo; se hizo mención a un proceso, pero no se indicó a cuál, en el video se advierten agresiones entre mujeres, por lo que no amerita que esté vigente el riesgo procesal consistente en que el accionante es un peligro para la víctima; en relación al art. 235.2 del CPP, no se indicó qué personas serán influidas, por lo que no debía concurrir el riesgo previsto por la referida norma; con respecto a la SCP “0318/2020” relativa a las condiciones para la libertad física, debe superarse la presunción de inocencia; finalmente, esgrimió que no se encontraba justificado el tiempo de la medida cautelar, pues el Fiscal no especificó qué actos de investigación se harían en el lapso de tiempo de duración de su detención preventiva; asimismo, sostuvo que se hallaba delicado de salud, por todo lo que solicitó que se revoque la decisión apelada y se dispongan medidas menos gravosas como la detención domiciliaria; iii) La respuesta de la defensa sostuvo que una de las víctimas era adulta mayor “…sufrió agresión física, tiene un impedimento de ocho días incapacidad, su hija cinco días de incapacidad, fue arrastrada hasta la tienda. (…) Se evidencia la desproporción, existe tres escenarios sobre las dos víctimas y que fueron identificados los imputados” (sic); asimismo, en relación a la salud, no muestra documentación verídica y debe destacarse la perspectiva de género; iv) Con relación al peligro hacia la víctima, previsto por el art. 234.7 del CPP, respecto a la participación de Jorge José Flores de que no debe sustentarse este riesgo a la participación de autoría, citando la SCP “004/2002-S1 y que el juez también ha mencionado un proceso pero no indica que proceso para que esté vigente este riesgo y la agresiones fueron entre personas del sexo femenino en el que no ha participado Jorge José Flores Flores” (sic); v) Si bien existe línea jurisprudencial relativa a que los riesgos procesales no deben sustentase en la probabilidad de autoría, empero en el contexto en el cual se abrió el caso de autos el Juez a quo tomó en cuenta que las víctimas tenían ocho y cinco días de incapacidad, respectivamente; “…en la resolución apelada se evidencia agresiones por personas de sexo femenino, en ese contraste entre el razonamiento del Juez y los elementos por los cuales esta sala establece el por qué son víctimas personas del, sexo femenino y el por qué se ha imputado a dos personas de sexo masculino entre ellas al apelante Jorge Flores Flores, muestra un elemento sustancial que debe privilegiarse derechos, derechos del imputado de defenderse en libertad y derechos de la parte víctima, cual la condición de los derechos de la víctima, mujeres persona de la tercera edad una de las víctimas, ello evidenciado a través del video que ha mostrado el abogado de la defensa…” (sic), advirtiéndose agresiones entre mujeres y en estado de embriaguez, empero se advierte la presencia de un varón de la tercera edad con una camisa amarilla, que sería Santiago Huanca Flores y por ello, el Juez le ha otorgado medidas cautelares diferentes a la detención preventiva; asimismo, la defensa en la audiencia de apelación sostuvo que Jorge José Flores estaba grabando lo ocurrido; en el Auto apelado se hizo énfasis en art. 234.7 del CPP; en consecuencia, si de por medio existe ese video “…que nos ha mostrado de abogado de la parte imputada y que en este video debe prevalecer sobre el hecho en el que al de acontecido la participación de Jorge José Flores Flores, debemos tomar en cuenta que una sala de apelación en absoluto puede adentrase, puede inmiscuirse en la labor propia del Ministerio Público…” (sic); vi) Será el Ministerio Público quien analice dicho video de la parte imputada y las respuestas de la víctima por el principio de objetividad; vii) Si existen agresiones y las víctimas son mujeres, y una de la tercera edad, como se evidencia en el video mostrado por el imputado, se debe aplicar el lineamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sobre la base de los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que en complementación con el Tratado Interamericano de la Convención Belén do Pará, obliga a los Estados a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, por lo que la Sala de apelación evidenció que si bien el Juez “…hace mención a un proceso pero no indica qué proceso, si bien evidente que el razonamiento del juez, indica que estaría en un estado inconveniente, no menos cierto también que en el razonamiento del Juez se establece agresiones de personas de sexo femenino” (sic); viii) En cuanto al art. 235.2 del CPP, en el Auto apelado el Juez consideró que “…esté latente este riesgo el influir negativamente en la parte víctima o de existencia de familiaridad en intervención de otros familiares, esposa, hijo del ciudadano Santiago huanca Flores, y la participación de otros ciudadanos conforme los fundamentos y elementos exhibidos y es clave corroborar los videos que se tiene exhibido” (sic); si bien es cierto que no se mencionaron nombres, pero se indicó la familiaridad, por lo que la Sala de apelación no evidenció agravio alguno; ix) Sobre el plazo de la medida, el Juez a quo a groso modo conocía los actos que se tenían que investigar; consiguientemente, no existe afectación alguna; y, x) El aspecto de la salud es un elemento nuevo porque no se evidencia que el Juez a quo se haya pronunciado sobre la salud del imputado, menos en la solicitud de explicación y complementación, lo que impide un pronunciamiento al respecto, por lo que tampoco se evidencia algún agravio (fs. 11 a 14 vta.).

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El accionante, detenido preventivamente, denuncia la vulneración de sus derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, por cuanto el Vocal demandado, mediante Auto de Vista 823/2022 de 24 de noviembre, confirmó el Auto Interlocutorio 474/2022 de 23 del mismo mes -que dispuso dicha detención- en aplicación del art. 234.7 del CPP, sin evaluar que no se demostró que estuvo en el lugar de los hechos y que dada la inexistencia de la probabilidad de autoría no debía asumirse la indicada extrema medida, basándose solo en el hecho de ser mujeres las víctimas y familiares de los imputados; asimismo, porque no se pronunció con respecto al riesgo previsto por el art. 235.2 del CPP; y, no valoró un video que fue presentado como prueba. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. De los elementos fundamentación y motivación del debido proceso

Al respecto, se tiene a bien citar el art. 115.II de la CPE que establece: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas fueron añadidas). En referencia a los elementos fundamentación y motivación del debido proceso, se tiene a bien citar la SCP 0071/2016-S3 de 8 de enero -referida por la mencionada SCP 0519/2024-S2 de 22 de agosto-, que explicó: “En relación a los elementos esenciales que componen el derecho al debido proceso, se encuentran la motivación, fundamentación, congruencia y pertinencia entre otros, que deben ser observados por las y los juzgadores al momento de dictaminar sus resoluciones. En este sentido el razonamiento consolidado a través de la jurisprudencia reiterada tanto por el extinto Tribunal Constitucional como de este Tribunal, señaló que: ‘…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia (…). Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas´ (las negrillas nos pertenecen) (SC 1365/2005-R de 31 de octubre, citada y reiterada por las SSCC 0871/2010-R, 2017/2010-R, 1810/2011-R y Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0405/2012, 0666/2012, 2039/2012, 0527/2015-S3, entre otras)…” (las negrillas corresponden al texto original). Por su parte, la SCP 0405/2012 de 22 de junio señaló –considerada por la indicada SCP 0519/2024-S2-: “Consecuentemente, al constituirse la exigencia de la motivación de las resoluciones en un elemento constitutivo del debido proceso, la SC 0752/2002-R de 25 de junio, precisó: ‘…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión´” (las negrillas corresponden al texto citado).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante, detenido preventivamente, denuncia la vulneración de sus derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, por cuanto el Vocal demandado, mediante Auto de Vista 823/2022 de 24 de noviembre, confirmó el Auto Interlocutorio 474/2022 de 23 del mismo mes -que dispuso dicha detención- en aplicación del art. 234.7 del CPP, sin evaluar que no se demostró que estuvo en el lugar de los hechos y que dada la inexistencia de la probabilidad de autoría no debía asumirse la indicada extrema medida, basándose solo en el hecho de ser mujeres las víctimas y familiares de los imputados; asimismo, porque no se pronunció con respecto al riesgo previsto por el art. 235.2 del CPP; y, no valoró un video que fue presentado como prueba.

Establecido el planteamiento del problema, corresponde compulsar la prueba cursante en obrados, consistente en el cuestionado Auto de Vista 823/2022, extractado en la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, a partir del cual se conoce que confirmó el Auto Interlocutorio 474/2022 dictado dentro del proceso penal seguido en contra del accionante y otro por el Ministerio Público a instancia particular de las víctimas, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en el que se determinó su detención preventiva, mientras que con relación al coprocesado, se dispusieron medidas cautelares distintas. En ese orden, corresponde analizar si el señalado Auto de Vista fue emitido con la debida fundamentación y motivación, como elementos esenciales del debido proceso, ahora denunciados por el accionante como afectados. A ese fin, de su contenido se advierte que los aspectos apelados fueron los ya referidos en dicha Conclusión, citados en su num. ii), consistentes en que el Auto apelado sostuvo que los investigados constituían peligro para la víctima, sin tomar en cuenta la SCP 0004/2022-S1; asimismo, que en el video -presentado como medio de prueba- se advierten agresiones entre mujeres, por lo que no amerita que esté vigente el riesgo procesal consistente en que el accionante es un peligro para la víctima; en relación al art. 235.2 del CPP, no se indicó qué personas serán influidas; con respecto a la SCP “318/2020”, relativa a las condiciones para la libertad física, debe superarse la presunción de inocencia; y, finalmente, que no se encontraba justificado el tiempo de la medida cautelar, pues el Fiscal no especificó qué actos de investigación se harían en ese lapso de tiempo de duración de su detención preventiva; asimismo, sostuvo que se hallaba delicado de salud. Consiguientemente, corresponde revisar cómo atendió dichos agravios el Auto de Vista 823/2022, ahora cuestionado. Al efecto, se evidencia que esa Resolución contiene una redacción que no es clara, porque se dificulta acceder a las razones de la determinación asumida; en ese orden y no obstante ello, se puede verificar que dicho Auto de Vista sostuvo que debe destacarse la perspectiva de género (Conclusión II.3.iii), sin haber coherencia en el contexto en el que sostuvo esa premisa; sobre el particular, no se advierte que haya explicado el alcance de esa situación, dando a entender que el hecho de ser mujeres las víctimas ya implicaba per se la aplicación de la medida cautelar asumida contra el presunto agresor; es decir, que no tomó en cuenta materialmente lo que la Constitución Política del Estado exige cuando establece como derecho fundamental el debido proceso y sus elementos fundamentación y motivación, analizados por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo, que implica establecer una suficiente justificación de lo decidido sobre la base de los hechos averiguados y en aplicación de la norma legal pertinente. Por consiguiente, se advierte vulnerado dicho derecho en los elementos mencionados.

Seguidamente, cuando abordó otro fundamento, se refirió a la participación o autoría para relacionarla con el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, indicando que se advierten agresiones entre dos mujeres; que se verificó la presencia del coimputado, Santiago Huanca Flores; y, que el accionante se encontraba filmando el hecho investigado, sin entenderse cómo es que llegó a la conclusión de que el Juez a quo aplicó de acuerdo a derecho la referida norma, incumpliendo así el Auto de Vista señalado, la debida fundamentación y motivación, como elementos del debido proceso. Asimismo, justificó la probabilidad de autoría con los resultados del hecho de agresión denunciado, consistente en los días de incapacidad que recibieron las víctimas (Conclusión II.1.vii); igualmente, se evidencia que utilizó como un elemento decisivo el hecho de que se trate de víctimas mujeres (como se evidencia en la referida parte extractada); no obstante, es necesario justificar la medida cautelar en algún riesgo, más allá de que fueran mujeres las afectadas por delitos de violencia. De lo contrario, cada caso de violencia familiar o doméstica contra víctimas mujeres merecería per se la aplicación de la detención preventiva del imputado, sobrando la necesidad de justificar la concurrencia de riesgos procesales. Finalmente, no explicó las razones por las cuales mantuvo la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, pues se limitó a señalar que las partes involucradas en el proceso penal del caso de autos eran familiares, omitiendo con ello justificar de acuerdo a derecho, es decir, con la debida fundamentación y motivación, la concurrencia de dicho riesgo en cuanto al verdadero y cierto riesgo que debe darse para la víctima, y en consecuencia, la necesidad de haberse dispuesto la detención preventiva del accionante, como medio procesal para resguardar la seguridad de la víctima. Asimismo, no explicó si realmente se justificaba la necesidad del plazo de tres meses para efectuar investigaciones pendientes de realizarse. Por último, tampoco resolvió con la debida fundamentación y motivación lo argumentado sobre su salud, pues señaló que no fue un hecho puesto en consideración del Juez a quo, empero no tomó en cuenta que, por ejemplo, pudo tratarse de una situación sobreviniente, lo que pudo haber impedido que sea una situación planteada ante el Juez a quo. Consiguientemente, no se advierte que sea suficiente la forma de resolver ese punto de agravio, debiendo haber abordado un análisis que genere convicción de por qué no lo consideró; en ese marco, fue arbitrario el Vocal demandado, pues no logró justificar el no haberse pronunciado en relación a ese tema. Por otro lado, de la revisión de la Conclusión II.1.v) de este fallo, se evidencia que el Auto de Vista expresamente determinó que no le correspondía evaluar el video presentado como prueba por la defensa, ya que no podía ejercer la labor de investigación del Ministerio Público; sin embargo, olvidó dicho Vocal demandado que él se constituye en la autoridad de control jurisdiccional de segunda instancia, es decir, que debe revisar la labor del Juez a quo y verificar si corresponde a derecho. Esa labor no es ejercer una tarea de investigación, sino de verificación del hecho de cumplirse con los parámetros del debido proceso y sus elementos. Consiguientemente, esa forma de determinar sobre la referida prueba, no tiene fundamento y motivación de acuerdo a derecho y por tanto vulnera el debido proceso. Por consiguiente, los fundamentos difícilmente entendibles del Auto de Vista 823/2022 no cumplieron los estándares del debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, por lo que corresponde que se conceda la tutela. Cabe aclarar que si bien esta demanda también fue planteada contra el Juez a quo, el Auto Interlocutorio que este emitió ya fue revisado por el referido Auto de Vista, con cuya emisión se cumplió con el principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad y se agotó la vía ordinaria, situación que da lugar a que en esta jurisdicción solo se deba revisar la ulterior decisión emitida; consecuentemente, no se ingresará a valorar la actuación del Juez a quo en lo concerniente a la determinación asumida a través del Auto Interlocutorio 474/2022; por esa razón, se debe denegar la tutela respecto de dicho Juez. Finalmente, en cuanto a la denuncia de vulneración del derecho a la presunción de inocencia, se advierte que la determinación de la medida cautelar de detención preventiva tiene como requisito, la probabilidad de autoría del imputado, como lo exige el art. 233.1del CPP, elemento que debe dilucidarse para asumir dicha medida, la cual es provisional y no causa estado; consiguientemente, la determinación de si concurre o no, no implica que se presuma su culpabilidad o se asuma una posición que afecte el principio de inocencia, su aplicación y análisis no concierte al hecho de si el imputado cometió el delito o no, sino simplemente a verificar si existe alguna posibilidad de que así fuera para verificar la necesidad de aplicar dicha extrema medida, ello siempre y cuando se dé la concurrencia necesaria de todos los requisitos exigidos por ley. En ese marco, si bien la decisión asumida por el Vocal demandado vulneró el debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación, no se advierte que se haya basado en fundamentos que presuman la culpabilidad del accionante, sino que su análisis se circunscribió a la aplicación de dicha medida cautelar contra el accionante; por ello, no se evidencia vulneración del analizado derecho. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 21/2022 de 26 de noviembre, cursante de fs. 21 a 24, dictada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, a cuyo fin, se deja sin efecto el Auto de Vista 823/2022 de 24 de noviembre, debiendo el referido Vocal emitir uno nuevo en el plazo de cuarenta y ocho horas de conocer el presente fallo constitucional, de acuerdo a los fundamentos jurídicos precedentemente desarrollados, sea con una redacción clara y precisa; y, 2º DENEGAR la tutela con respecto al derecho a la presunción de inocencia y con relación a Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, aclarando que al efecto no se ingresó al fondo de la problemática identificada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Notas al pie

1 El art. 234 num.7 del CPP establece: “Artículo 234. (PELIGRO DE FUGA). Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia. Para decidir acerca de su concurrencia, se realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo en cuenta las siguientes: (…) 7. Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante”.

2 El art. 235 num. 2 del CPP prevé: “Por peligro de obstaculización se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundamentadamente, que el imputado con su comportamiento entorpecerá la averiguación de la verdad. Para decidir acerca de su concurrencia se realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo especialmente en cuenta las siguientes: (…) 2. Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente…”

3 El art. 233 num.1 del CPP dispone: “La detención preventiva únicamente será impuesta cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho. Será aplicable siempre previa imputación formal y a pedido del fiscal o víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante, quienes deberán fundamentar y acreditar en audiencia pública los siguientes extremos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0433_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 803ea68c68accf8d6def2cbd2ac724e488ef44b928b48a9024f845de73abf2cb

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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