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SCP 0433/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 16 de mayo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
16 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
47761-2022-96-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El peticionante de tutela considera lesionado su derecho a la petición; toda vez que, habiendo solicitado mediante nota presentada el 15 de noviembre de 2021, reiterada bajo el mismo tenor el 29 de igual mes y año, diferentes certificaciones de la memoria anual, así como los informes de actividad del Consejo de Administración, de Vigilancia, Gerencia y Comités; y, fotocopias legalizadas de las actas y resoluciones de la Asamblea ordinaria y extraordinaria que las aprueban, la parte accionada no otorgó ninguna contestación hasta la interposición de la presente acción tutelar; motivo por el cual, pide se conceda la tutela impetrada y se ordene dar una respuesta motivada, congruente y pronta a la solicitud efectuada dentro del plazo de veinticuatro horas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/2022 de 18 de mayo, cursante de fs. 55 a 59 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de inmediatez en la interposición de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0433/2023-S3 Sucre, 16 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 47761-2022-96-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 23/2022 de 18 de mayo, cursante de fs. 55 a 59 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Benito Castillo Galarza contra Eduardo Castellanos Chopitea, Luis Lucio Huanca Cabezas, Edwin Maldonado Plaza, Juan Carlos Estrada Rodríguez y Weimar Carranza Gonzales, todos miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Tarija Responsabilidad Limitada (COSAALT R.L.).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de mayo de 2022, cursante de fs. 6 a 11, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su condición de socio de la COSAALT R.L., el 15 de noviembre de 2021, solicitó a los miembros del Consejo de Administración de la referida Cooperativa -ahora accionados-: a) Certificación que acredite que la memoria anual, así como los informes de actividad del Consejo de Administración, de Vigilancia, Gerencia y Comités de las gestiones 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, se encuentran aprobadas según Asamblea Ordinaria; b) En ese sentido, pidió copia legalizada de aludida documentación y de las resoluciones de Asamblea Ordinaria que las aprueban; c) Certificación que acredite que la memoria anual, así como los informes de actividades del Consejo de Administración, de Vigilancia, Gerencia y Comités de las gestiones 2019 y 2020 no están aprobados por resolución de Asamblea Ordinaria según dispone el “…art. 57 inc. a) del Estatuto…” (sic); d) Certificación que acredite si en la gestión 2019 se tenía o no resolución de la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria de socios de la cooperativa para desistir de recurso de casación dentro del proceso de reincorporación iniciado por José Luis Patiño Añazgo, en el Juzgado de Partido de Trabajo y seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Segundo de la Capital del departamento de Tarija; e) De igual manera, solicitó fotocopia legalizada de todas las actas de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria realizadas en la gestión 2019, 2020 y 2021; y, f) Finalmente, agregó que: ‘“….al existir ya la nota de 22 de febrero de 2021 CITE: OF.CONS.VIG. 27/21, solicitó que den cumplimiento a lo que establece el art. 50 del Reglamento a la Ley General de Cooperativas que indica: “Artículo 50°.- (Observaciones del Consejo de Vigilancia) Si el Consejo de Administración no subsana las observaciones emitidas por el Consejo de Vigilancia, en los plazos establecidos en el Estatuto Orgánico, éstas serán puestas a conocimiento de la Asamblea General, quien tomará las decisiones definitivas en única instancia, de conformidad al Artículo 64 de la Ley N° 356’” (sic). No obstante, al no haber sido atendida la aludida solicitud, el 29 de noviembre de “2021” -lo correcto es 2022-, bajo el mismo tenor, reiteró dicha petición; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar no obtuvo ninguna respuesta, a pesar de que en ambas solicitudes a efectos de conocer la respuesta, señaló domicilio especifico, número de Whatsaap y correo electrónico; por lo que, al no existir ninguna contestación escrita debidamente notificada en tiempo razonable al fondo de lo requerido, se vulneró su derecho de petición. Finalmente, en cuanto al cumplimiento del principio de inmediatez, refiere que la presente acción de amparo constitucional fue planteada dentro del plazo de los seis meses, considerando que el 15 de mayo de 2022, fue un día inhábil “domingo”.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la petición; citando al efecto los arts. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, XXIV de Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se ordene a los accionados, a dar una respuesta congruente y motivada a las dos peticiones en el plazo de veinticuatro horas, sea con costas y costos.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 18 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 52 a 54 vta., presentes el peticionante de tutela asistido de su abogado y la parte accionada se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su memorial de acción de amparo constitucional, y añadiendo en audiencia manifestó que, la respuesta presentada por la parte accionada fue fabricada, puesto que no existió ninguna respuesta a su solicitud presentada.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Eduardo Castellanos Chopitea, Luis Lucio Huanca Cabezas, Edwin Maldonado Plaza, Juan Carlos Estrada Rodríguez y Weimar Carranza Gonzales, todos miembros del Consejo de Administración de la COSAALT R.L., por informe escrito, cursante de fs. 47 a 51 y en audiencia, a través de sus abogados, manifestaron que: 1) El impetrante de tutela interpone la presente acción de amparo constitucional, alegando una supuesta negativa al derecho de petición de información y documentación; empero, sin adjuntar la respuesta emitida por la Gerencia General de la COSAALT R.L. a través del Cite: G.G. 705/2021 de 24 de noviembre y recepcionado por el prenombrado el 29 de igual mes y año a horas 11:30; y, 2) De lo descrito se evidencia que la aludida respuesta fue emitida en tiempo hábil y entregada la misma al accionante contra la cual el mencionado no realizó ninguna representación, menos algún recurso otorgado por la Ley de Procedimiento Administrativo, denotando su aceptación y satisfacción, además, de que el Gerente General del Consejo de Administración de la COSAALT R.L., no fue accionado; por lo que, al no existir ninguna vulneración al derecho de petición, solicitan se declare “IMPROBADA” la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por Resolución 23/2022 de 18 de mayo, cursante de fs. 55 a 59 vta., dispuso denegar la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) El peticionante de tutela aduce que no tuvo respuesta a las notas presentadas el 15 de noviembre de 2021, y reiterada con igual tenor el 29 de ese mes y año; en respuesta a dicho reclamo, la parte accionada manifestó que dicha petición fue respondida por nota con Cite: G.G. 705/2021, conforme se advierte del sello de recepción de 29 de igual mes y año, por el peticionante de tutela; ii) De cuyo contenido, se advierte que, con referencia a los puntos 1 y 2, indicó: “…no es atendible, ya que usted fungía las funciones de Gerente General A.I. y Gerente Comercial en virtud a que usted no puede alegar y solicitar dicha documentación teniendo pleno y expreso conocimiento de las mismas por el cargo ejecutivo que desempeñaba en las gestiones 2013 al 2018; en cuanto a los puntos 3 y 4 al haber desempeñado el cargo ejecutivo en las gestiones 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018’” (sic). En cuanto a los puntos 3 y 4, señaló: “…también es de su expreso y entero conocimiento que no se llevó ninguna asamblea ordinaria ni extraordinaria por la pandemia Covid 19, en cuanto al allanamiento al Recurso de Casación fue decisión exclusiva del Consejo de Administración precautelando el interés económico de la cooperativa conforme expresa en el expediente que cursa en archivos del Tribunal Departamental de Justicia…” (sic); de igual manera, respecto al último punto, refirió: “…en cuanto al punto 5 de su petición también es de su conocimiento que en las gestiones 2019, 2020 y 2021 no se llevó a cabo ninguna asamblea por los argumentos expresados supra” (sic); iii) En ese sentido, de la revisión de la nota presentada por la parte accionada se tiene que la misma cumple las características de una respuesta clara, precisa y concreta, aunque en su contenido no satisfaga a lo requerido; es decir, no es positiva a la petición formulada, pero no toda petición tiene que ser admitida, aceptada y concedida para el receptor de la petición; por consiguiente, no se vulneró ningún derecho de petición; y, iv) Por último aclaró que en la demanda constitucional el accionante incluyó un sexto punto de reclamo, cuando en las notas presentadas a la parte accionada constan sólo cinco puntos; motivo por el cual, no amerita ningún pronunciamiento al respecto.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa nota presentada el 15 de noviembre de 2021, dirigida al Presidente y miembros del Consejo de Administración de la COSAALT R.L. -ahora accionados- y Director General Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP), mediante la cual Benito Castillo Galarza -hoy peticionante de tutela-, solicitó: a) Certificación que acredite que la memoria anual, así como los informes de actividades del Consejo de Administración de Vigilancia, Gerencia y Comités de las gestiones 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, se encuentran aprobadas según Asamblea Ordinaria; b) Copia legalizada de la referida documentación y resoluciones de la Asamblea Ordinaria que las aprueban; c) Certificación que acredite que la memoria anual, así como los informes de actividades de dicho Consejo de las gestiones 2019 y 2020, no están aprobados por Resolución de Asamblea Ordinaria según dispone el art. 57 inc. a) del “Estatuto”; d) Certificación que acredite si en la gestión 2019, se tenía o no resolución de Asamblea Ordinaria o Extraordinaria de socios de la Cooperativa para desistir de recurso de casación dentro del proceso de reincorporación iniciado por José Luis Patiño Añazgo, en el Juzgado de Partido de Trabajo y seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Segundo de la Capital del departamento de Tarija; y, e) Fotocopia legalizada de todas las actas de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria realizadas en las gestiones 2019, 2020 y 2021, debiendo ser la respuesta conforme al núcleo esencial del derecho de petición de manera motivada, congruente y pronta; petición que fue reiterada el 29 de noviembre de 2021, bajo el mismo tenor (fs. 1 a 2 vta.).

II.2. Por Cite: G.G. 705/2021 de 24 de noviembre, con cargo de recepción del impetrante de tutela el 29 de igual mes y año, José Luis Patiño Añazgo, Gerente General de la COSAALT R.L., emitió respuesta a la antedicha solicitud, manifestando que, en relación a los puntos 1 y 2 no es atendible al haber desempeñado el cargo ejecutivo en las gestiones 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En cuanto a los puntos 3 y 4, indicó que no se llevó a cabo ninguna asamblea ordinaria ni extraordinaria por la pandemia del Coronavirus (COVID-19); sobre el allanamiento al recurso de casación fue decisión exclusiva del Consejo de Administración, precautelando el interés económico de la señalada cooperativa conforme expresa en el expediente que cursa en archivos del Tribunal Departamental de Justicia; respecto al punto 5, es de su conocimiento que en las gestiones 2019, 2020 y 2021 no se llevó a cabo ninguna asamblea por los argumentos expresados supra (fs. 21).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela considera lesionado su derecho a la petición; toda vez que, habiendo solicitado mediante nota presentada el 15 de noviembre de 2021, reiterada bajo el mismo tenor el 29 de igual mes y año, diferentes certificaciones de la memoria anual, así como los informes de actividad del Consejo de Administración, de Vigilancia, Gerencia y Comités; y, fotocopias legalizadas de las actas y resoluciones de la Asamblea ordinaria y extraordinaria que las aprueban, la parte accionada no otorgó ninguna contestación hasta la interposición de la presente acción tutelar; motivo por el cual, pide se conceda la tutela impetrada y se ordene dar una respuesta motivada, congruente y pronta a la solicitud efectuada dentro del plazo de veinticuatro horas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de inmediatez en la interposición de la acción de amparo constitucional

Al respecto, la SCP 0941/2021-S3 de 18 de noviembre, haciendo referencia a la SC 0128/2010-R de 10 de mayo, estableció que: “El recurso de amparo constitucional, actualmente acción de amparo constitucional, instituido por el art. 128 de la CPE, contra los actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley; constituye un medio de tutela de carácter extraordinario, que está regido por los principios de subsidiariedad e inmediatez.

El principio de inmediatez en el ámbito procesal, entendido como el requisito de solicitar la tutela en forma pronta, oportuna y sin dilaciones innecesarias, es decir, una vez que se opere la vulneración del derecho y se agoten las vías legales ordinarias; se encuentra previsto en el art. 129.II de la CPE, que señala: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’.

El plazo encuentra sentido cuando se tiene en cuenta que la jurisdicción constitucional no puede aguardar de manera indefinida a que el titular del derecho solicite su protección, pues en su propio interés debe ser diligente en cuanto al respeto y vigencia de sus derechos que sufren menoscabo, por ello tiene el derecho y el deber de acudir sin ningún tipo de espera o dilación en busca de la protección requerida.

Razonamiento que conforme a lo señalado por la SC 0770/2003-R de 6 de junio: ‘...resulta lógico, puesto que responde no sólo al principio de inmediatez sino también a los principios de preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección’.

Este plazo establecido a través de la jurisprudencia constitucional ya estaba vigente a momento de la interposición de la acción tutelar que hoy es objeto de revisión, y constituye una línea trazada, que la actual Constitución Política del Estado la ha recogido y constitucionalizado. En consecuencia, de conformidad a lo señalado por el art. 4.II de la Ley 003, el razonamiento jurisprudencial en torno al plazo, es aplicable al caso que se analiza.

El principio procesal de inmediatez también implica el seguimiento del recurso o reclamo, y la reacción oportuna ante el silencio a los mismos, puesto que el uso de los medios impugnativos previos a la acción de amparo constitucional, sean éstos en la vía judicial o administrativa antes de interponer el amparo, no debe ser en forma circunstancial u ocasional, sino, una vez activados los mismos, se debe exigir una respuesta oportuna y dentro de plazo, o en su defecto, si no hay un plazo específico, reiterar oportunamente el pedido, y si se mantiene la actitud lesiva, acudir a la jurisdicción constitucional como un medio reparador de tales derechos.

Lo cual significa, que no es posible que el agraviado deje pasar cierto tiempo sin prestar atención al trámite, es decir actuando sin interés en causa propia, y después de un tiempo, nuevamente vuelva a reclamar y luego otra vez abandonar su reclamo o medio impugnativo, y así sucesivamente sólo para interrumpir o dejar en suspenso el plazo de caducidad, sin que frente a una falta de definición se acuda rápidamente al amparo como mecanismo de protección inmediata. Estos aspectos no pueden pasar inadvertidos, pues cada acción de un ciudadano tiene una consecuencia jurídica, y la actitud desidiosa no puede encontrar respaldo en esta jurisdicción que no actúa de oficio, sino a instancia de parte.

Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la ya citada SC 0770/2003-R aplicable al presente caso, señaló que: ‘…el principio de inmediatez no importa la utilización discontinua o esporádica de los medios y recursos previos a la interposición del amparo, pues los reclamos deben ser interpuestos ante la instancia ordinaria o administrativa competente oportunamente, debiendo el agraviado por la lesión, hacer el seguimiento respectivo de su reclamo hasta agotar todas las instancias en el tiempo razonable, y para el caso de no obtener respuesta ni la cesación de la vulneración podrá acudir en el plazo de seis meses ante la jurisdicción constitucional a fin de que se compulse la amenaza, restricción o supresión al derecho fundamental’” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

En la presente acción de amparo constitucional, el accionante considera lesionado su derecho a la petición; toda vez que, habiendo solicitado mediante nota presentada el 15 de noviembre de 2021, reiterada bajo el mismo tenor el 29 de igual mes y año, diferentes certificaciones de la memoria anual, así como los informes de actividad del Consejo de Administración, de Vigilancia, Gerencia y Comités de la COSAALT R.L.; y, fotocopias legalizadas de las actas y resoluciones de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que las aprueban, la parte accionada no otorgó ninguna contestación hasta la interposición de la presente acción tutelar; motivo por el cual, pide se conceda la tutela impetrada y se ordene a dar una respuesta motivada, congruente y pronta a la solicitud efectuada dentro del plazo de veinticuatro horas. Ahora bien, delimitado el objeto de la problemática planteada, corresponde referirnos al cumplimiento por parte del peticionante de tutela del principio de inmediatez característico de esta acción tutelar y cuya observancia se encuentra establecida en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, así como en los arts. 129.II de la CPE y 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), de lo cual se tiene que la acción de amparo constitucional puede interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial, tiempo luego del cual el derecho a presentar dicha acción caduca y por tal motivo no es posible ingresar al análisis de fondo de su pretensión.

En dicho contexto, de la documentación aparejada al expediente; se tiene que el accionante, mediante nota presentada el 15 de noviembre de 2021, dirigida al Presidente y miembros del Consejo de Administración de COSAALT R.L. y al Director General Ejecutivo de la AFCOOP, solicitó: 1) Certificación que acredite que la memoria anual, así como los informes de actividades del Consejo de Administración de Vigilancia, Gerencia y Comités de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, se encuentran aprobadas según Asamblea Ordinaria; 2) Copia legalizada de la referida documentación y resoluciones de Asamblea ordinaria que las aprueban; 3) Certificación que acredite que la memoria anual, así como los informes de actividades de dicho Consejo de las gestiones 2019 y 2020, no están aprobados por Resolución de Asamblea Ordinaria según dispone el art. 57 inc. a) del “Estatuto”; 4) Certificación que acredite si en la gestión 2019, se tenía o no resolución de Asamblea Ordinaria o Extraordinaria de Socios de la señalada Cooperativa para desistir de recurso de casación dentro del proceso de reincorporación iniciado por José Luis Patiño Añazgo, en el Juzgado de Partido de Trabajo y seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Segundo de la Capital del departamento de Tarija; y, 5) Fotocopia legalizada de todas las actas de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria realizadas en las gestiones 2019, 2020 y 2021, debiendo ser la respuesta conforme al núcleo esencial del derecho de petición de manera motivada, congruente y pronta; petición que fue reiterada bajo el mismo tenor el 29 de noviembre de 2021 (Conclusión II.1).

De lo descrito precedentemente se colige que, el impetrante de tutela por nota presentada el 15 de noviembre de 2021, solicitó a la parte accionada respuesta de manera motivada, congruente y pronta, a los cinco puntos requeridos en la misma, siendo reiterada bajo el mismo tenor el 29 de ese mes y año; sin embargo, cabe aclarar que la presente acción de amparo constitucional fue interpuesta el 16 de mayo de 2022, cuando el plazo para presentar dicha acción desde la primera solicitud presentada, ya feneció el 15 de ese mes y año. En ese sentido, en el caso en análisis, si bien el accionante estimaba vulnerado su derecho a la petición con la ausencia de una respuesta escrita a su solicitud presentada el 15 de noviembre de 2021, a pesar que reiteró la misma con el mismo objeto el 29 de igual mes y año; debió formular la presente acción de amparo constitucional dentro del plazo de seis meses; de ahí que, al haber interpuesto dicha acción recién el 16 de mayo de 2022, ante la falta de respuesta a su petición, asumió una actitud pasiva, permitiendo transcurrir el plazo que rige el principio de inmediatez y que resulta aplicable al caso. Por consiguiente, el accionante al interponer esta acción de defensa recién el 16 de mayo de 2022, lo hizo fuera del plazo previsto en los arts. 129.II de la CPE; y, 55.I del CPCo, situación que impide a esta instancia constitucional, poder ingresar a efectuar un pronunciamiento de fondo sobre el problema jurídico planteado, en razón a que era obligación del impetrante de tutela realizar el seguimiento a su petición y si consideraba no haber obtenido respuesta, debió proceder con sus reclamos de manera oportuna; motivos por los cuales, corresponde denegar la tutela invocada, al no cumplirse con el principio de inmediatez. No obstante, en cuanto al argumento expuesto por el impetrante de tutela, referente al plazo de caducidad en un día inhábil, y que tal situación conllevó a que recién al día siguiente día hábil presente su demanda constitucional; corresponde referir que, si bien dicho plazo vencía en un día inhábil, -domingo- 15 de mayo de 2022, la acción de amparo constitucional debió haber sido presentada ante el Juzgado de turno en el domicilio del Secretario, siguiendo la jurisprudencia constitucional contenida en el AC 0247/2018-RCA de 18 de junio, que establece: “…podía presentar esta acción de defensa ante cualquier Secretario del Órgano Judicial, acreditando y fundamentando el caso excepcional y de urgencia (…), tal como indicó la SCP 1880/2012 de 12 de octubre, la cual refirió que: ‘En principio, se debe acudir ante el secretario de la autoridad ante quien corresponda plantear la demanda. De no ser posible su ubicación o ante la imposibilidad de situar su domicilio particular, es viable presentar ante cualquier secretario dependiente del Órgano Judicial, como es el caso de los juzgados de turno en materia penal…’”, o incluso utilizando el Buzón Judicial como medio alternativo para garantizar el acceso a la justicia y por medio del cual las partes aseguren la presentación de memoriales y recursos en términos de día, fecha y hora aún en horarios y días inhábiles en caso de urgencia o cuando esté por vencer un plazo, como lo establece el art. 110 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-; de manera que, al no haberse actuado de esa manera, no ameritó su consideración. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/2022 de 18 de mayo, cursante de fs. 55 a 59 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0433_2023-S3.pdf · páginas 1 a 10.

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