Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 12 de mayo de 2023
Deniega la tutela
El demandante de tutela denuncia, la vulneración del debido proceso en su vertiente del derecho a recurrir, la garantía procesal a la legítima defensa y a la tutela judicial efectiva; debido a que los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista 166/2021, declarando inadmisible su recurso de apelación incidental contra el Auto de 19 de abril de 2018, señalando estar fuera del plazo previsto en el art. 404 del CPP en relación con el art. 160 parte in fine del mismo Código. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) El derecho a recurrir y el sistema de recursos en el derecho procesal penal boliviano; ii) El recurso de apelación incidental; iii) Sobre el derecho a la tutela judicial efectiva; y, iv) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2022 AAC de 13 de abril, cursante de fs. 86 a 90 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0433/2023-S1 Sucre, 12 de mayo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 47070-2022-95-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 13/2022 AAC de 13 de abril, cursante de fs. 86 a 90 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por David Carlos Montaño Murguía contra Juan Carlos Ramírez Flores y María Luz Flores Mollinedo, Presidente y Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí respectivamente.
Mediante memorial presentado el 8 de abril de 2022, cursantes de fs. 36 a 44, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
A denuncia de Servicios Eléctricos Potosí Sociedad Anónima (SEPSA) y querella presentada por Bonny Alberto Terán Montaño contra su persona y otros, los Fiscales Anticorrupción el 21 de agosto de 2021 presentaron ante el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí, imputación formal contra Guido Ángel Villegas Canaviri por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y contra Walter Gonzales Choque y su persona, por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, y conducta antieconómica, solicitando para todos la medida cautelar personal de detención preventiva. Asumiendo defensa, el 20 de septiembre de 2017 interpuso excepción de falta de acción, porque no fue legalmente promovida o porque existe un impedimento legal para continuarla e incidente de actividad procesal defectuosa; por memorial de 17 de octubre del mismo año en la vía incidental solicitó la nulidad de obrados, y el consiguiente rechazo de la denuncia interpuesta por SEPSA y de la querella criminal interpuesta por Bonny Alberto Terán Montaño. El Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí, mediante Resolución de 19 de abril de 2018 rechazó la excepción e incidentes de falta de acción y de actividad procesal defectuosa, nulidad de imputación formal y rechazo de denuncia y querella planteado por su persona, con costas y efectos legales descritos en el artículo 315.IV del código de procedimiento penal (CPP) -Ley 1970 de 25 de marzo de 1999-. Previa solicitud de su parte, el Juez de la causa por decreto de 23 de abril de 2018, dispuso la notificación con el Acta de Audiencia y la Resolución de 19 de abril del señalado año, en su domicilio procesal, llevada a cabo el 8 de mayo de 2018; y, el 11 del mismo mes y año interpuso el recurso de apelación incidental contra la misma. El 20 de octubre de 2021 fue notificado con el Auto de Vista 166/2021 de 8 de octubre dictado por los Vocales demandados que declararon inadmisible su recurso de apelación incidental contra el Auto de 19 de abril de 2018, señalando estar fuera del plazo previsto en el art. 404 del CPP en relación con el art. 160 parte in fine del mismo Código. Los demandados al declarar inadmisible su recurso de apelación incidental contra el Auto de 19 de abril de 2018, restringieron la garantía al debido proceso vinculado al principio de impugnación que debe ser respetado para que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez distinto de superior jerarquía.
El peticionante de tutela alega la lesión al debido proceso en su vertiente del derecho a recurrir, la garantía procesal a la legítima defensa y a la tutela judicial efectiva; citando al efecto los arts.13, 115. II y 117.I.II, 180 de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se disponga la nulidad del Auto de Vista 166/2021 y se dicte uno nuevo, observando sus garantías constitucionales; y, b) Con expresa imposición de costas.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 13 de abril de 2022, según consta en acta cursante de fs. 74 a 85, produciéndose los siguientes actuados:
El accionante presente en audiencia, por intermedio de su abogado ratificó íntegramente los términos de su memorial de acción de defensa; añadiendo refirió que: 1) El 19 de abril de 2018 el Juez de la causa rechazó el incidentes de actividad procesal defectuosa invocada por Guido Ángel Villegas Canaviri y también los incidentes de falta de acción y derecho, actividad procesal defectuosa, nulidad de la imputación formal y rechazo de denuncia y querella planteado por su persona; 2) Al final de la audiencia solicitaron que se les notifique con el Acta y la Resolución de 19 de abril de 2018 en su domicilio procesal, el Juez de la causa por proveído de 23 de abril del mismo año dispuso su notificación en su domicilio procesal efectuada el 8 de mayo del señalado año a partir de la cual corre el plazo de los tres días previsto en el art. 403 del CPP, recurso que fue presentado el 11 del mismo mes y año indicados, esos son los elementos para demostrar que la apelación presentada fue dentro del plazo; 3) Cursa representación de la Secretaria del Juzgado donde se establece que la Resolución de 19 de abril de 2018 fue apelada en su oportunidad pero que hasta la fecha no se habría provisto a cabalidad los recaudos necesarios para la apelación, es decir que faltaba fotocopias de piezas del proceso, pero señala que la apelación fue presentada en su oportunidad; 4) Los Vocales infringiendo las garantías constitucionales emitieron el Auto de Vista 166/2021 declarando inadmisible su apelación al no haber realizado un análisis más profundo; y, 5) Señala como prueba fotocopia del memorial suscrito por Walter Gonzales Choque que se adhirió a su apelación presentada y a la de Guido Ángel Villegas Canaviri y que el cuestionado Auto de Vista no hizo referencia y no analizó la misma, no dice absolutamente nada sobre la adhesión referida; por lo tanto, el Auto de Vista referido es nulo de pleno derecho, pues no tomó en cuenta que el decreto del Juez de la causa que dice: -téngase presente la adhesión de Walter Gonzales Choque- y los Vocales tenían la obligación de hacer el análisis de todos los elementos y los memoriales que estaban referidos a la apelación; por lo que, corresponde otorgar la tutela solicitada, disponiendo la nulidad del Auto de Vista antes señalado.
Juan Carlos Ramírez Flores y María Luz Flores Mollinedo, Presidente y Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, -ahora demandados- presentaron Informe escrito cursante de fs. 52 a 53, en el que refieren que: i) Mediante Auto de Vista 166/2021 consideraron la apertura de la competencia del Tribunal de Alzada, tomando en cuenta la forma de presentación del recurso de apelación incidental y el cómputo del art. 404 del CPP sobre el plazo de tres días computable de acuerdo al art. 160 última parte del mismo Código que indica: “las que se dicten durante las audiencias orales se notificaran en el mismo acto por su lectura”, sin las modificaciones de la Ley 1173 ya que se encontraba en vigencia a momento de interponer el recurso; de acuerdo al art. 396 Núm. 3) del CPP se debió cumplir el mismo en relación con el art. 399 parte segunda a efectos del rechazo de manera in limine e inadmisibilidad del mismo; ii) La Resolución 166/2021 se encuentra debidamente fundamentada sobre la inadmisibilidad de la apelación de David Carlos Montaño Murguía, se refirió a la jurisprudencia de “la Corte Interamericana de justicia”, en el fallo Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, al establecer que el ordenamiento interno se adecue al art. 8.2.h de la Convención Americana “estipuló que los países tenían un margen de apreciación para la regulación de un régimen de impugnación del fallo penal” definiendo aspectos esenciales que el recurso debe contener; en esa tesitura el art. 8.2.h dispone que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad a “recurrir del fallo ante el juez o tribunal” normativa que guarda relación con el art. 180.II de la CPE, al preceptuar que “garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales (…)”; iii) Lo cual guarda relación con el art. 109.II de la CPE que estipula que: “Los derechos y garantías solo pueden ser regulados por ley” consecuentemente todos los derechos y garantías constitucionales no son absolutos como el derecho a recurrir, cuyo alcance se encuentra limitado y dimensionado por normas de desarrollo de tal precepto constitucional, como lo normado por el art. 396.3) del CPP que dispone “que los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determina en este Código, con la indicación específica de los aspectos cuestionados de la resolución” (sic); así el art. 404 del CPP, indica se interpondrá por escrito debidamente fundamentado ante el mismo tribunal que dictó la resolución dentro el plazo de tres días de notificada la resolución, al respecto citó la SCP 0178/2013-L de 5 de abril; iv) En el caso de autos el imputado David Carlos Montaño Murguía planteó el recurso de apelación el 11 de mayo de 2018 así se tiene del Tiket de presentación y del cargo del auxiliar del juzgado y que la Resolución emitida por el Juez de la causa de 19 de abril de 2018 resuelve que al estar dentro de plazo del art. 403 del CPP es recurrible la resolución en el plazo de tres días y para cuyo efecto quedan notificados por su lectura en corte abierta (…); y, v) David Carlos Montaño Murguía presentó un memorial solicitando se notifique en su domicilio procesal, sin ningún argumento jurídico que haga viable su petitorio de una forma distinta a la norma y de manera preferente a las otras partes de manera irregular, que fue atendido por la Resolución de 23 de abril de 2018, sin ningún argumento jurídico que respalde el mismo; por lo que, se advierte que no se cumplió el art. 160 del CPP en la parte final que dice: “Las resoluciones serán obligatoriamente notificadas al día siguiente de dictadas salvo que la ley o el Juez disponga un plazo menor. Las que se dicten durante las audiencias orales se notificaran en el mismo acto por su lectura. Hecho que sucedió en el presente caso, fueron notificados en la audiencia de 19 de abril de 2018, y la presentación de la apelación se realizó el 11 de mayo del citado año, ante una manifestación equivocada del imputado al solicitar notificación en su domicilio procesal para materializar el derecho a la impugnación o exigir ese derecho se tiene primero que cumplir con la obligaciones impuestas por ley a las partes así como el interponer el recurso en el tiempo y forma estipulado que hacen al principio de legalidad, y seguridad jurídica lo que en el presente caso no sucedió correspondiendo declarar inadmisible la apelación por no cumplir con las normas procesales que son de cumplimiento obligatorio; por lo que, corresponde denegar la tutela.
Ángel Brian Calizaya por SEPSA, no se presentó en la audiencia no obstante su legal citación cursante a fs. 51.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Potosí, a través de la Resolución 13/2022 AAC de 13 de abril, cursante de fs. 86 a 90 vta., denegó la tutela; en base a los siguientes fundamentos: a) El demandante de tutela solicitó mediante memorial que se le notifique en su domicilio procesal, y esa petición fue concedida por el Juez de la causa, de esa manera llegó al Tribunal de Alzada, cuando la norma establece que la notificación debe realizarse en audiencia, en ese momento, en el caso fue notificado en audiencia; b) Que no es evidente la vulneración del debido proceso, acceso a la justicia y el derecho a la defensa, alegada por el accionante, por el contrario hizo valer esos derechos ante el Juez antes señalado, apeló y de esa manera llegó ante el Tribunal de Alzada; por lo que, no es cierto tales vulneraciones; y, c) En cuanto a que el coprocesado se hubiera adherido al recurso, cualquier planteamiento debe estar fundado en el recurso de amparo, y no traerlas más tarde debido a que esa situación genera indefensión a las autoridades demandadas.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de Audiencia Pública de Resolución de Incidentes 717/2016 I-201605291 de 19 de abril de 2018 en la que consta que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la víctima Guido Ángel Villegas Canaviri en calidad de Gerente General de SEPSA, y la querella criminal interpuesta por Bonny Alberto Terán Montaño contra Walter Gonzales Choque, David Carlos Montaño Murguía y otros, el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí, mediante Auto de 19 de abril de 2018 rechazó los incidentes de actividad procesal defectuosa invocado por Guido Ángel Villegas Canaviri y también los incidentes de falta de acción, actividad procesal defectuosa, nulidad de la imputación formal y rechazo de denuncia y querella planteados por David Carlos Montaño Murguía con costas y los efectos legales descritos en el art. 315.IV del CPP; señala que la Resolución se encuentra dentro de lo previsto por el art. 403 del CPP. En la parte final refiere expresamente que la resolución es recurrible en la vía incidental penal en el plazo de tres días, para cuyo efecto quedan notificadas las partes con su lectura en corte abierta el presente día, mes y año (fs. 61 a 67). II.2. Mediante memorial con fecha 19 de abril de 2018 (que no lleva fecha de presentación) David Carlos Montaño Murguía solicitó al Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí se lo notifique en su domicilio procesal con el Acta de la Audiencia del 19 de abril de 2018 y con la Resolución dictada en la misma (fs. 68). Mediante decreto de 23 de abril de 2018, el Juez de la causa dispuso la legal notificación a David Carlos Montaño Murguía en el domicilio procesal, señalando que a partir del mismo correría el plazo de los tres días conforme el art. 403 del CPP (fs. 68 vta.). II.3. David Carlos Montaño Murguía el 11 de mayo de 2018, presentó ante el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí apelación incidental contra la Resolución de 19 de abril de 2018 (fs. 59 a 60). II.4. Representación de 14 de febrero de 2019 mediante la cual la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí, puso en conocimiento del Juez que la Resolución de 19 de abril de 2018 habría sido transcrita y apelada en su oportunidad, pero que a la fecha no se proporcionaron los recaudos necesarios para la apelación. Mediante Providencia de 18 de febrero de 2018 el Juez Aquo conminó a los recurrentes entre ellos David Carlos Montaño Murguía proveer recaudos para elaborar el testimonio de apelación dentro de las veinticuatro horas siguientes a su legal notificación; para su posterior remisión ante el Tribunal de alzada bajo sanción de imponer multas progresivas a su incumplimiento (fs. 69). II.5. El 20 de mayo de 2018 el coimputado Walter Gonzales Choque se adhirió al recurso de apelación incidental presentada por David Carlos Montaño Murguía (fs. 70 a 73). Por Decreto de 5 de junio de 2018 el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí tuvo presente la adhesión y ordenó se arrime a sus antecedentes (fs. 73 vta.). II.6. Por Auto de Vista 166/2021 de 8 de octubre Caso NUREJ 201605291 emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró inadmisible la apelación incidental de David Carlos Montaño Murguía por estar fuera de plazo del art. 404 con relación al art. 160 parte in fine ambos del CPP a efectos de la apelación del Auto de 19 de abril de 2018; con los siguientes argumentos que en síntesis y en partes salientes señalan: 1) El imputado David Carlos Montaño Murguía planteó recurso de apelación incidental el 11 de mayo de 2018 y la Resolución emitida por el “Juez de la causa de 19 de abril de 2018 resuelve que al estar dentro del plazo del art. 403 del CPP, es recurrible la resolución en el plazo de tres días y para cuyo efecto quedan notificados por su lectura en corte abierta el presente día mes y año no habiendo nada más que tratar...”(sic); y, 2) David Carlos Montaño Murguía presentó un memorial solicitando se notifique en su domicilio procesal sin ningún argumento jurídico legal que haga viable su petitorio y contra todo pronóstico legal que justifique la preferencia respecto a las otras partes, mediante resolución de 23 de abril de 2018 se otorgó un plazo distinto a la norma y aceptó la notificación, sin ningún argumento jurídico legal que respalde el mismo; por lo que, se advierte que no se cumplió el art. 160 del CPP que dice en su parte in fine “las resoluciones serán obligatoriamente notificadas al día siguiente de dictadas salvo que la Ley o el juez disponga un plazo menor. Las que se dicten durante las audiencia orales, se notificaran en el mismo acto por su apertura” (sic), hecho que sucedió en el presente caso, fueron notificados en la audiencia de 19 de abril de 2018 y la presentación de la apelación se realizó el 11 de mayo del citado año, ante una manifestación equivocada del imputado al solicitar notificación en su domicilio procesal. Para materializar el derecho a la impugnación o de recurrir o exigir ese derecho conforme el art. 180.II de la CPE, se tiene primero que cumplir con las obligaciones que les son impuestas por Ley a las partes en el tiempo y forma estipulados que hacen al principio de legalidad y seguridad jurídica como elementos del debido proceso, Auto de Vista que le fue notificado el 20 de octubre de 2021 (fs. 2 a 4 vta.).
El demandante de tutela denuncia, la vulneración del debido proceso en su vertiente del derecho a recurrir, la garantía procesal a la legítima defensa y a la tutela judicial efectiva; debido a que los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista 166/2021, declarando inadmisible su recurso de apelación incidental contra el Auto de 19 de abril de 2018, señalando estar fuera del plazo previsto en el art. 404 del CPP en relación con el art. 160 parte in fine del mismo Código. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) El derecho a recurrir y el sistema de recursos en el derecho procesal penal boliviano; ii) El recurso de apelación incidental; iii) Sobre el derecho a la tutela judicial efectiva; y, iv) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0064/2018-S2 de 15 de Marzo, asumió el siguiente razonamiento: La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el art. 8.2 inc. h), respecto a las garantías judiciales, dispone que toda persona tiene el derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior. Nuestra Constitución Política del Estado instauró también el derecho a recurrir como parte de la garantía del debido proceso y como principio de la jurisdicción ordinaria en su art. 180.II, que sostiene: “Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”.
Cabe señalar que tanto el derecho a la defensa como el derecho a recurrir efectivamente son derechos fundamentales; en ese sentido, el derecho a la defensa es una garantía universal, general y permanente que constituye un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico, el ejercicio del mismo surge para el imputado, desde el momento que tiene conocimiento que existe un proceso en su contra -art. 5 del CPP- y culminará cuando finalice el proceso con la dictación de una sentencia que adquiera la calidad de cosa juzgada. Este derecho se debe ejercer de manera oportuna y por los cauces señalados en la ley. De ese modo, las facultades de las partes y las del Órgano Judicial en el proceso, están reguladas por ley, evitando de ese modo el abuso y la arbitrariedad, imponiendo comportamientos adecuados.
Al legislador conforme a la atribución de la competencia constitucional, le corresponde regular los procedimientos judiciales. En ejercicio de esa facultad, define las ritualidades de cada juicio, la competencia para su conocimiento, los recursos, los plazos, el régimen probatorio etc., pero para diseñar los diversos procesos judiciales, el derecho a la defensa debe encontrarse garantizado a lo largo de todas y cada una de las etapas que conforman el proceso penal. La importancia del derecho a la defensa, en el contexto de las garantías procesales radica en que, con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad y evitar una condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de los actuados; en el contexto de los procesos penales, el derecho de impugnación es relevante, adquiriendo preeminencia esencial el derecho a impugnar las sentencias condenatorias; por lo que, el Estado tiene la obligación de garantizar su efectividad, asegurándose que la oportunidad para impugnar sea real, tanto normativa como empíricamente.
Nuestra norma procesal penal, en su Libro Tercero, desarrolla lo referido a los recursos, que son los medios establecidos por la ley, que permiten a las partes solicitar al mismo tribunal o al superior, la revisión total o parcial de lo determinado. Los recursos previstos por dicha norma son, el recurso de reposición, de apelación incidental, de apelación restringida, de casación y el de revisión; su interposición está limitada por la previsión contenida en el art. 394 del CPP, que establece:
Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código.
El derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante. Esta disposición legal determina dos limitaciones generales a la interposición de recursos en materia penal, una objetiva y otra subjetiva. Por la primera, no todas las resoluciones son recurribles, sino aquellas en los casos expresamente establecidos. Por la segunda, el derecho a recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante.
Siendo el objeto de la problemática el rechazo de la interposición del recurso de casación, es necesario referirnos de manera particular a este recurso:
La competencia para su conocimiento, tiene origen constitucional, así el art. 184.1 de la CPE, determina que el Tribunal Supremo de Justicia es competente para: “Actuar como tribunal de casación y conocer recursos de nulidad en los casos expresamente señalados por ley” (las negrillas son incorporadas). Conforme a ello, tratándose del recurso de casación, existe expresa remisión a la ley, rigiendo por tanto el principio de reserva legal. En ese ámbito, es el Código de Procedimiento Penal en sus arts. 416 al 420, el que regula el recurso de casación. Así el art. 416 se refiere a su procedencia y el 417 establece los requisitos para su interposición. En ese sentido, el art. 416 (Procedencia) del CPP, establece:
El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia [ahora Tribunales Departamentales de Justicia] contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema.
El precedente contradictorio deberá invocarse por el recurrente a tiempo de interponer la apelación restringida.
Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance. Por su parte, el art. 417 (Requisitos) del CPP, determina:
El recurso deberá interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del Auto de Vista impugnado ante la sala que lo dictó, la que remitirá los antecedentes a la Corte Suprema de Justicia dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. Respecto a la admisión del recurso de casación, el art. 418 de la citada norma, establece que: Recibidos los antecedentes, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los cinco días siguientes, establecerá si concurren los requisitos exigidos, en cuyo caso admitirá el recurso. Si lo declara inadmisible, devolverá actuados al tribunal que dictó el Auto de Vista recurrido.
Admitido el recurso, se pondrá en conocimiento de las salas penales de todas las Cortes Superiores de Justicia los antecedentes del caso para que se inhiban de dictar Autos de Vista en los recursos en los que se debaten las mismas cuestiones de derecho, hasta que se haga conocer la resolución del recurso de casación. Finalmente, el art. 419 (Resolución del recurso) del CPP, dispone:
Admitido el recurso, sin más trámite y dentro de los diez días siguientes, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia dictará resolución por mayoría absoluta de votos determinando si existe o no existe contradicción en los términos del artículo 416 de este Código.
Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia.
En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivo el recurso, se devolverán actuados a la sala penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida. Estas disposiciones son concordantes con el art. 407 de la misma norma procesal penal, que dispone que el precedente contradictorio debe invocarse por el recurrente al tiempo de interponer recurso de apelación restringida, apelación que de acuerdo a la misma disposición, solo podrá ser planteado contra sentencias.
Conforme a dichas normas, el recurso de casación procede contra autos de vista que resolvieron recursos de apelación restringida, pronunciados por los tribunales departamentales de justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por otros tribunales departamentales de justicia o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de aquí podemos establecer la naturaleza y finalidad del recurso de casación.
El Tribunal Constitucional en la SC 1468/2004-R de 14 de septiembre, en el Fundamento Jurídico III.2.1 se refiere a la naturaleza y finalidad del recurso de casación, señalando lo siguiente:
Según la doctrina del Derecho Procesal, la casación es un recurso extraordinario y excepcional que tiene una doble función, de un lado, la de unificar la jurisprudencia nacional; y, del otro, la de proveer la realización del derecho objetivo, función que en la doctrina se ha denominado nomofiláctica o de protección de la ley. Dada su naturaleza jurídica, así como sus raíces históricas, la casación no es una instancia adicional del proceso, sino un recurso extraordinario que tiene por objeto el enjuiciamiento de la sentencia, y no del caso concreto que le dio origen; de ahí que, tanto la doctrina cuanto la legislación, le reconocen un carácter excepcional a este recurso, toda vez que, en primer lugar, no procede contra toda sentencia sino solo contra aquellas que el legislador expresamente señala en la ley; y, en segundo lugar, porque su fin principal es la unificación de la jurisprudencia nacional y no propiamente la composición del litigio, es decir la dilucidación de los hechos objeto de litigio, sino que el Tribunal de casación ponga correctivos a la diversidad de interpretaciones del derecho realizadas por los distintos jueces o tribunales de instancia, así como las transgresiones en que éstos pueden incurrir con la legislación (las negrillas son incorporadas): Entendimiento que fue sostenido también por la SCP 0895/2012 de 22 de agosto, que establece que en el sistema procesal penal, el recurso de casación se limita a analizar cuestiones de derecho, y que la exigencia de invocar el precedente contradictorio a quien recurre de casación, se constituye en un requisito básico para su activación y no un informalismo que impida el acceso a la justicia. Sin embargo, además de la finalidad anotada, de interpretación uniforme de las normas jurídicas, es evidente que el Tribunal Supremo de Justicia es competente para analizar los defectos absolutos, por inobservancia o violación de derechos y garantías previstas tanto en la Ley Fundamental como en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos y en el Código de Procedimiento Penal; los cuales, no son susceptibles de convalidación, y por ende, no pueden ser valorados ni utilizados para fundar una decisión judicial; en ese sentido, el Código de Procedimiento Penal establece que esos defectos, pueden ser impugnados en los casos y formas previstos por el mismo Código; por lo que, desde una interpretación sistemática de las normas procesales penales, en especial de los arts. 416 y 417 del CPP con la propia Constitución Política del Estado, se concluye que el medio de impugnación previsto por el Código de Procedimiento Penal para 1El FJ III.3, señala que: "...el recurso de casación se limita a analizar cuestiones de derecho y no así de hecho, para lo cual el precedente contradictorio se constituye en el elemento básico para la procedencia del recurso de casación y que éste cumpla su finalidad dentro del sistema procesal penal, cual es la de unificar la jurisprudencia, materializando el principio de seguridad jurídica de las partes en relación al principio de igualdad, en consecuencia, el requisito de invocar el precedente contradictorio a momento de interponer el recurso de apelación restringida responde a la finalidad del recurso de casación conforme se señaló precedentemente, sin que pueda desvirtuarse la misma por quien recurre de casación, pretendiendo que el Tribunal Supremo de Justicia, prescinda de precedentes contradictorios, e ingrese a analizar aspectos que no fueron observados por los tribunales o jueces inferiores.
Ahora bien, es oportuno aclarar que tampoco puede señalarse el hecho de que la no invocación del precedente contradictorio o en su caso el requerimiento de que no sólo se considere dicha contradicción, sean situaciones que respondan a la búsqueda de la verdad material, dado que ello implica desnaturalizar el recurso de casación tratando de convertirlo en una “tercera instancia”, desconociendo no sólo las facultades y atribuciones conferidas constitucional y legalmente a los jueces de primera y segunda instancia, sino incluso desconocer y afectar los elementos de inmediación, oralidad, eficacia y otros que hacen al proceso penal, en el que es el juez o tribunal de primera instancia quien conoce los hechos, valora la prueba e imparte justicia no sólo basado en los hechos y el derecho, sino también en el acto justo y la verdad material.
La referida tarea de impartir justicia, tiene a su vez una instancia de revisión a la cual la parte procesal puede acudir, cual es la apelación restringida, efectivizándose de esa forma el principio de impugnación y la garantía del debido proceso. En ese sentido, se concluye que la tarea de averiguación de la verdad material no puede realizarse dentro del recurso de casación, sino de instancias inferiores, en los cuales, tanto el imputado como la víctima, tuvieron la oportunidad de ser escuchados y en su caso vencido, ejerciendo sus derechos, al debido proceso como a la defensa”.
denunciar la lesión a derechos y garantías constitucionales en apelación, es el recurso de casación, cuya finalidad, por tanto no solo es buscar la uniformidad de los fallos, sino también el de velar por el respeto de derechos y garantías constitucionales; pues, jueces, juezas y más aún las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, se constituyen en los garantes primarios de la Constitución Política del Estado, de los derechos y garantías constitucionales, conforme lo entiende la SCP 0112/2012 de 27 de abril; toda vez que, uno de los fines y funciones del Estado es garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Ley Fundamental -art. 9.4 de la CPE-; además, el art. 178 de la Norma Suprema, establece los principios rectores de la función judicial, siendo uno de ellos, el de respeto a los derechos, principio que de acuerdo al art. 3.12 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ): “Es la base de la administración de justicia, que se concreta en el respeto al ejercicio de derechos del pueblo boliviano, basados en principios ético - morales propios de la sociedad plural que promueve el Estado Plurinacional y los valores que sustenta éste”. En ese sentido, la SCP 0776/2013 de 10 de junio, moduló la SCP 0895/2012 antes referida, señalando en su Fundamento Jurídico III.1, que todos los órganos jurisdiccionales tienen la labor de:
…ejercer de oficio el control de la actividad procesal defectuosa incluso cuando no exista petición de parte procesal justamente por su naturaleza inconvalidable y por tanto no dependen de la voluntad del afectado ni requieren de cita de precedente contradictorio, aspecto que sin embargo, no se contrapone con la configuración procesal que 2El FJ III.1, indica: “Ahora bien, el Código de Procedimiento Penal en su art. 167, refiere en relación a la actividad procesal defectuosa que: `No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado…´, diferenciándose entre defectos procesales relativos que al tenor del art. 170 del indicado Código, pueden quedar convalidados cuando: `1) Cuando las partes no hayan solicitado oportunamente que sean subsanados; 2) Cuando quienes tengan derecho a solicitarlo hayan aceptado, expresa y/o tácitamente, los efectos del acto; y, 3) Si no obstante su irregularidad, el acto ha conseguido su fin con respecto a todos los interesados´; subsanables mientras que los defectos procesales absolutos no son susceptibles de convalidación encontrándose entre estos conforme al art. 169 del CPP, los siguientes: `1) La intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria; 2) La intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establece; 3) Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código; y, 4) Los que estén expresamente sancionados con nulidad´.
En este contexto respecto al inciso 4) del señalado Código, dichos defectos procesales absolutos sin duda trascienden del caso concreto y del interés particular, ya que es interés de la colectividad que los procesos penales en los cuales se lleven adelante respetando los derechos y las garantías constitucionales que además conglomeran a los derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad. Esto provoca que todos los órganos jurisdiccionales tengan la labor de ejercer de oficio el control de la actividad procesal defectuosa incluso cuando no exista petición de parte procesal justamente por su naturaleza inconvalidable y por tanto no dependen de la voluntad del afectado ni requieren de cita de precedente contradictorio, aspecto que sin embargo, no se contrapone con la configuración procesal que el legislador constituido dio al recurso de casación referido en la SCP 0895/2012.
De lo anterior se concluye que la carga de presentar y argumentar el precedente contradictorio no es exigible cuando se aleguen defectos procesales absolutos referidos a la vulneración de derechos y garantías debiendo el Tribunal Supremo de Justicia en estos casos de oficio identificar y aplicar los precedentes contradictorios lo que implica una modulación a la SCP 0895/2012”.
el legislador constituido dio al recurso de casación referido en la SCP 0895/2012.
De lo anterior se concluye que la carga de presentar y argumentar el precedente contradictorio no es exigible cuando se aleguen defectos procesales absolutos referidos a la vulneración de derechos y garantías debiendo el Tribunal Supremo de Justicia en estos casos de oficio identificar y aplicar los precedentes contradictorios lo que implica una modulación a la SCP 0895/2012. Entendimiento que también fue seguido por el Tribunal Supremo de Justicia en los Autos Supremos 010/2013-RA de 6 de febrero, 062/2013-RA de 11 de marzo y 077/2013-RA de 22 de marzo, señalando que:
Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.
Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional. Conforme a los razonamientos precedentes, se concluye que la finalidad del recurso de casación, es que las normas jurídicas del país sean interpretadas de manera uniforme, correspondiendo esta labor al tribunal de casación en los casos previstos por ley, estableciendo ello a través de la jurisprudencia, que se constituye en la fuente del derecho, que debe ser observada por los jueces y tribunales inferiores para lograr la anhelada uniformidad en la aplicación de la ley y satisfacer el goce material de los principios de igualdad y seguridad jurídica; asimismo, el ejercer de oficio el control de la actividad procesal defectuosa lesiva a derechos y garantías fundamentales, justamente por su naturaleza inconvalidable y porque el tribunal de casación se constituye en garante primario de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; y por tanto, tiene el deber de reparar las lesiones a las mismas. Ahora bien, estando establecido que el recurso de casación, que tiene origen constitucional, fue desarrollado por el Código de Procedimiento Penal, así como por los precedentes constitucionales y el Tribunal Supremo de Justicia, que establecen los casos de procedencia del recurso, conviene analizar si la limitación de la procedencia a los dos supuestos antes analizados -impugnación de autos de vista que resolvieron la apelación restringida planteada contra una sentencia y ejercer el control del respeto a derechos y garantías constitucionales-, es una limitación razonable, o al contrario, resulta irrazonable a la luz de los derechos y garantías de las partes dentro de un proceso. En ese sentido, debe señalarse que el derecho a recurrir, de manera general persigue la finalidad de permitir que las resoluciones pronunciadas por el inferior sean revisadas por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, así como proteger el derecho a la defensa, para evitar que quede firme una decisión adoptada con vicios y errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona, conforme lo señala la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dentro del caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica en la Sentencia de 2 de julio de 2004 de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. En el marco del sistema recursivo previsto en el Código de Procedimiento Penal, es evidente que para garantizar el derecho a recurrir se ha previsto el recurso de apelación restringida, que permite que la sentencia pronunciada en primera instancia, sea revisada ante inobservancia o errónea aplicación de la ley, siendo ese el recurso que permite cumplir de manera amplia la finalidad del derecho a recurrir, reservándose el recurso de casación únicamente para los casos de procedencia que fueron analizados precedentemente, lo que resulta lógico desde la perspectiva de nuestro sistema procesal penal y los derechos y garantías reconocidos en nuestra Constitución Política del Estado; pues una posición que permitiera la impugnación de todas las resoluciones dentro del proceso penal, convertiría en ineficaz el sistema penal, dada la proliferación de recursos de casación ante cualquier resolución, lo que evidentemente, además de saturar el recurso de casación, en los hechos, impediría el desarrollo idóneo del referido proceso penal.
Consiguientemente, a partir de lo señalado, se concluye que las causales de procedencia del recurso de casación establecidas en el Código de Procedimiento Penal, resultan razonables y se justifican a partir de la finalidad del mismo, que como se señaló líneas arriba, busca que las normas del país sean interpretadas de manera uniforme y que se respeten los derechos fundamentales y garantías constitucionales.
El medio de impugnación regulado por el art. 403 y siguientes del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-procede, entre otras, contra pronunciamientos judiciales: “…2) (…) que resuelve una excepción o incidente…”; cuya forma de interposición se prescribe en el art. 404 del mismo Código adjetivo, que refiere: “Cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la jueza, el juez o tribunal que la dictó. En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución al recurrente (…)”; asimismo, el “Artículo 406. (TRÁMITE). Recibidas las actuaciones, la Sala Penal señalará día y hora de audiencia y notificará a las partes dentro del plazo de veinticuatro (24) horas con el señalamiento de audiencia y, cuando corresponda, el recurso presentado por escrito. La audiencia de apelación se llevará a cabo dentro del plazo de cinco (5) días, y se desarrollará conforme a los principios y reglas previstas en el Artículo 113 del presente Código”.
En ese sentido, debe señalarse que el derecho a recurrir, de manera general persigue la finalidad de permitir que las resoluciones pronunciadas por el inferior sean revisadas por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, así como proteger el derecho a la defensa, para evitar que quede firme una decisión adoptada con vicios y errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona, conforme lo señala la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dentro del Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica en la Sentencia de 2 de julio de 2004 de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
En el marco del sistema recursivo previsto en el Código de Procedimiento Penal, es evidente que para garantizar el derecho a recurrir de los incidentes de actividad procesal defectuosa se ha previsto que se acuda a la apelación incidental y se siga el procedimiento regulado para el mismo; por consiguiente, el juez a quo ante la interposición de un recurso de apelación incidental contra una resolución que resolvió un incidente por actividad procesal defectuosa, debe remitirlo ante el tribunal superior dentro del plazo de veinticuatro horas, tal como señala la norma, correspondiendo al tribunal superior señalar día y hora de audiencia dentro del plazo de cinco (5) días y notificar a las partes dentro del plazo de veinticuatro (24) horas con el señalamiento de audiencia y, cuando corresponda, el recurso presentado por escrito, actuación procesal que se debe desarrollar conforme a los principios y reglas previstas en el Artículo 113 del presente Código.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0250/2018-S2 de 12 de junio, reiterada por la SCP 0729/2019-S2 de 28 de agosto, asumió el siguiente razonamiento:
Con relación a este derecho fundamental, debemos señalar que la tutela judicial efectiva como elemento de la garantía del debido proceso, se encuentra reconocida por el art. 115.I de la CPE, que a la letra dice: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos” (las negrillas son introducidas). En sintonía con esta norma constitucional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos que forma parte del bloque de constitucionalidad por mandato del art. 410.II de la CPE, establece en su art. 8.1, que:
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (las negrillas son agregadas).
En ese marco normativo, la jurisprudencia constitucional se pronunció al respecto, expresando que el derecho a la tutela judicial efectiva es la facultad que tiene toda persona de acudir ante el Órgano de administración de justicia -en sus diferentes jurisdicciones- o instancia administrativa, para formular peticiones o asumir defensa y obtener un pronunciamiento expreso en un tiempo razonable, en procura de la tutela real de sus derechos e intereses, promoviendo certidumbre a las pretensiones en pugna, constituyendo una garantía para la prevalencia de los derechos e intereses.
Otro aspecto vinculado estrechamente con la tutela judicial efectiva, es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva, constituyéndose el criterio teleológico en la interpretación de las normas procesales, previsto en el art. 91 Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabg), que a la letra decia: “Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva. En caso de duda deberá atender a los principios constitucionales así como a los principios generales del derecho procesal. (Arts. 1, 193)” (el resaltado es nuestro). El sentido otorgado en esta norma procesal, se mantuvo subsistente en el nuevo Código Procesal Civil, que en su art. 6, textualmente señala: Al interpretar la Ley Procesal, la autoridad judicial tendrá en cuenta que el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva. En caso de vacío en las disposiciones del presente Código, se recurrirá a normas análogas, la equidad que nace de la leyes y a los principios generales del derecho, preservando las garantías constitucionales en todo momento (el resaltado es incorporado). Finalmente, la jurisprudencia constitucional en vinculación con lo referente al derecho a la tutela judicial efectiva, señaló que la autoridad judicial o administraba tiene el deber de asumir las medidas adecuadas y oportunas, para la ejecución o cumplimiento de sus resoluciones judiciales o administrativas; su omisión implica la lesión del derecho a la eficacia de las resoluciones, solo ante dicha omisión ostensible y agotado los medios que la ley establece, es posible acudir a la jurisdicción constitucional para la tutela respectiva -no para ejecutar las resoluciones- y la reparación del debido proceso.
genere certeza y seguridad en sus pretensiones, siendo una verdadera garantía para hacer prevalecer sus derechos e intereses legítimos”. 5La jurisprudencia constitucional respecto a la ejecución compulsiva de las resoluciones emitidas por las autoridades judiciales o administrativas, se ha pronunciado en la SC 1911/2004-R de 14 de diciembre, citado por la SCP 0689/2013 de 3 de junio, en los siguientes términos: “… no le está fijada la atribución de hacer cumplir las resoluciones firmes de otros órganos jurisdiccionales de la jurisdicción común, o las que emerjan de un procedimiento administrativo, sino que son estos los que tienen que hacerlas cumplir, así como resolver los incidentes que se presenten en su ejecución. Consiguientemente, una vez agotada la vía administrativa, los recurrentes deben acudir ante el órgano competente para que, en ejecución de esos fallos, haga cumplir los mismos, no siendo el recurso de amparo constitucional la vía idónea para ese fin, habida cuenta que se activa solamente ante la vulneración clara y efectiva de un derecho fundamental; así, se ha establecido una línea jurisprudencial en los casos en que se solicitó la ejecución de sentencias pasadas con autoridad de cosa juzgada, en el sentido de que el carácter subsidiario del recurso de amparo constitucional, impide conocer un asunto en el que se impetre la ejecución de una sentencia, resolución o fallo, pues esa labor le corresponde al órgano que lo emitió (SSCC 0354/2003-R y 0889/2004-R); razonamiento aplicable también para la ejecución de resoluciones administrativas, pues es al propio órgano emisor de la resolución administrativa al que le corresponde ejecutar sus resoluciones, y sólo si el órgano omite cumplir su deber de manera reiterada y ostensible, y se han agotado los medios legales para que tal órgano cumpla con su deber, se abrirá la jurisdicción constitucional, no para ejecutar las resoluciones, sino para reparar una lesión al debido proceso o a otros derechos fundamentales, dado que la eficacia de las resoluciones se constituye en un derecho que emerge de la garantías del debido proceso, y la no ejecución lesiona tal derecho”.
El demandante de tutela refiere que los Vocales demandados al emitir el Auto de Vista 166/2021 que dispuso la inadmisibilidad de su recurso de apelación incidental de la Resolución de 19 de abril de 2018 emitida por el Juez Aquo, vulneraron sus derechos al debido proceso en su vertiente del derecho a recurrir, a la defensa y la tutela judicial efectiva.
Del análisis de los antecedentes descritos en Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que el Ministerio Público presentó imputación formal a denuncia Guido Ángel Villegas Canaviri en calidad de Gerente General de SEPSA; y querella interpuesta por Bonny Alberto Terán Montaño contra Walter Gonzales Choque, David Carlos Montaño Murguía y otros, ante el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí, quien mediante Auto de 19 de abril de 2018 rechazó los incidentes de actividad procesal defectuosa invocado por Guido Ángel Villegas Canaviri y también los incidentes de falta de acción, actividad procesal defectuosa, nulidad de la imputación formal y rechazo de denuncia y querella planteados por David Carlos Montaño Murguía. En la parte final señala que la Resolución se encuentra dentro de lo previsto por el art. 403 del CPP y que la misma es recurrible en la vía incidental penal en el plazo de tres días, para cuyo efecto quedan notificadas las partes con su lectura en corte abierta el presente día, mes y año. A solicitud de David Carlos Montaño Murguía, el Juez de la causa mediante decreto de 23 de abril de 2018, dispuso la legal notificación a David Carlos Montaño Murguía en el domicilio procesal, señalando que a partir de la misma correría el plazo de los tres días conforme el art. 403 del CPP. Lo que dio lugar a que el 11 de mayo de 2018 el ahora accionante presente el recurso de apelación incidental contra el Auto de 19 de abril de 2018. Los vocales demandados mediante el Auto de Vista 166/2021 declararon inadmisible el recurso al considerar que se encuentra fuera del plazo previsto por el art. 404 del CPP en relación con el art. 160 parte infine del mismo Código.
De estos antecedentes se tiene que el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí (que no ha sido demandado) a solicitud del ahora accionante, no obstante haber referido en la parte final del Auto de 19 de abril de 2018, que la Resolución era recurrible en la vía incidental penal en el plazo de tres días; por lo que, quedaron notificadas las partes con la lectura en corte abierta en los hechos el 19 de abril de 2018. Sin embargo, a solicitud del mismo accionante se dio lugar a un procedimiento ajeno a la normativa penal, cuando el Juez de la causa dispuso sin mayor fundamento una nueva notificación con el Auto de 19 de abril de 2018 en el domicilio procesal del referido imputado, pasando por alto su propia determinación que señaló que la notificación fue realizada en audiencia por su lectura como señala la parte final del art. 160 del CPP en relación con el art. 404 ambos del CPP.
Actuados que generan una disfunción procesal, que infringe el principio de igualdad, que fue reencausada por el Tribunal de alzada que dictó el Auto de Vista 166/2021, cuando declara inadmisible el recurso de apelación incidental, debido a que dicho recurso fue presentado al margen del procedimiento previsto por los arts. 404 en relación con el 160 parte in fine ambos del CPP vigentes en su contenido antes de la reforma de la Ley 1173.
Si bien la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional señala que el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone que toda persona tiene el derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior y nuestra Constitución Política del Estado también instituye el derecho a recurrir como una parte de la garantía del debido proceso y como principio de la jurisdicción ordinaria en su art. 180.II, que sostiene: “Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”. Sin embargo, debe ser entendido dentro del margen que prevé la ley, tomando en cuenta el principio de legalidad el derecho a recurrir debe estar regulado por la ley, a cuyos mandatos deben adecuarse las partes en litigio. En ese sentido el recurso de apelación incidental como señala la norma y la jurisprudencia constitucional prevista en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, se encuentra previsto en el art. 403 al 406 del CPP, en relación con el art. 160 parte infine todos del CPP, cuyos mandatos y plazos deben ser obedecidos y acatados por las partes en conflicto a tiempo de interponer el recurso de apelación incidental; caso contrario, el mismo resulta inadmisible por extemporáneo por encontrarse al margen de lo previsto por la norma, como acontece en el caso de autos, por lo cual corresponde denegar la tutela solicitada. En cuanto a la adhesión del coprocesado Walter Gonzales Choque, reclamada en audiencia de la acción de defensa, debió solicitarse en la demanda de amparo, con la finalidad que los demandados, puedan asumir defensa oportuna sobre todos los puntos cuestionados, al haberse reclamado este punto en audiencia, dejaría en indefensión a los demandados; por lo que, corresponde denegar la tutela.
Respecto a la vulneración del derecho al acceso a la justicia o la tutela judicial efectiva, se tiene de obrados que la parte accionante ha hecho uso de todos los medios de defensa, pues el hecho de haberse emitido el Auto de Vista 166/2021 declarando inadmisible el recurso de apelación incidental por encontrarse al margen de lo previsto por el Procedimiento Penal, no afecta al derecho de acceso a la justicia o a la tutela judicial efectiva, dado que el demandante de tutela puede acudir a la justicia en cualquier momento siempre y cuando obre conforme el mandato de las normas y dentro de los plazos previstos en ella, correspondiendo denegar la tutela en este punto. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, obro de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2022 AAC de 13 de abril, cursante de fs. 86 a 90 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
3 Respecto a la tutela judicial efectiva, la SC 0797/2010-R de 2 de agosto -citada por la SCP 1020/2013 de 27 de junio- señala: “… comprende el acceso de toda persona, independientemente de su condición económica, social, cultural o de cualquier otra naturaleza, de acudir ante los órganos de administración de justicia para formular peticiones o asumir defensa y lograr el pronunciamiento de una resolución que tutele sus derechos, como bien jurídico protegido; obteniendo el pronunciamiento de la autoridad sea judicial, administrativa o fiscal (…). En síntesis, el derecho de la tutela judicial efectiva, permite la defensa jurídica de todos los demás derechos mediante un proceso que se desarrolle dentro de los marcos de las garantías jurisdiccionales, procesales y constitucionales”. 4La jurisprudencia expresada en la SCP 1020/2013, de manera complementaria a lo establecido por la SC 0797/2010-R, indica: “…Entonces, la tutela judicial efectiva, no se reduce en la simple facultad que toda persona tiene para acceder o acudir a los órganos encargados de la administración de justicia, recibir de los mismos una respuesta pronta y oportuna; sino también, en la medida que ello
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0433_2023-S1.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): ab05ee060ebef94e8364aadc42be7d288489f143a14f04b8a1da65689971f3b3
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →