Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 27 de mayo de 2025
Concede la tutela
El impetrante de tutela, alegó la vulneración de su derecho al debido proceso y al principio de celeridad; toda vez que, se encuentra privado de libertad por Sentencia condenatoria 42/2022 en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; motivo por el cual, solicitó cesación de la detención preventiva la cual fue negada por la Jueza demandada y apelada incidentalmente en audiencia, siendo declarada inadmisible y ratificada en segunda instancia por la autoridad ad quem, por error de la normativa transcrita por la Secretaria demandada en el acta de audiencia de cesación de la detención preventiva, generando agravios y coartando su derecho de acudir con su recurso de apelación incidental a un tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 1151/2022 de 14 de noviembre, cursante de fs. 34 a 35, pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en todo la tutela solicitada, en relación a Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; Patricia Chávez García, Jueza y Mariela Luisa Paz Blanco, Secretaria, ambas del Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del mismo departamento, de acuerdo a los razonamientos expuestos en el presente fallo constitucional y en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías.
2° Llamar severamente la atención a René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de Garantías, por los motivos expuestos en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0432/2025-S3 Sucre, 27 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 52219-2022-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 1151/2022 de 14 de noviembre, cursante de fs. 34 a 35, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Julio Ignacio Angles Quisbert en representación sin mandato de Modesto Álvarez Quispe contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Patricia Chávez García, Jueza y Mariela Luisa Paz Blanco, Secretaria, ambas del Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de El Alto, del citado departamento de La Paz.
Por memoriales presentados el 13 y 14 de noviembre de 2022, cursantes a fs. 2, 4 a 6; y, 32, el accionante a través de su representante expresó que:
Por delitos de orden público, se encuentra con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, motivo por el que su defensa solicitó cesación de la detención preventiva ante la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz -ahora codemandada-, siendo rechazada por Auto Interlocutorio 286/2022 de 6 de septiembre e impugnada en audiencia; empero, el acta fue mal transcrita por el personal de apoyo jurisdiccional del Juzgado, remitiéndose el expediente ante a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que observó el legajo de apelación y después de subsanar unas firmas en el acta, fue nuevamente enviado al Tribunal de alzada, que a través del Auto de Vista 831/2022 de 9 de noviembre, confirmó la resolución asumida por la Jueza a quo, determinación que viola el debido proceso y el principio de celeridad, atentando sus derechos y garantías por estar privado de libertad hasta la fecha, por las dilaciones indebidas en las que incurrieron los demandados.
Denunció la lesión de su derecho al debido proceso y al principio de celeridad, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela impetrada, ordenando que en el día la Jueza demandada corrija el acta y Auto Interlocutorio 286/2022, complementando la interposición del recurso de apelación correspondiente; y la nulidad del Auto de Vista 831/2022, emitido por la autoridad ad quem, por haber incurrido en error procesal a consecuencia de la errada transcripción del fallo apelado.
Del auto de Admision de la presente acción de defensa (fs. 6 vta.) se entiende que la audiencia virtual pública fue programada el 14 de noviembre de 2022, a horas 15:00 cursante a fs. 6 vta.; al no encontrarse el acta correspondiente en el expediente remitido de la Resolución 1151/2022 de esa fecha emitida por el Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías se extraen, los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó en su integridad los extremos señalados en su memorial de acción de libertad, ampliándolo, refirió los siguientes términos: a) El 6 de septiembre de 2022, la Jueza demandada rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva y planteó recurso de apelación incidental, remitiéndose antecedentes al superior en grado; empero, con un error material en el acta de audiencia, por consignar el art. 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP) en lugar del art. 251 del mismo Código, motivo por el cual la autoridad ad quem por Auto de Vista 831/2022, confirmó el Auto Interlocutorio 286/2022, por haber invocado otro precepto legal; b) En audiencia el abogado reprodujo el audio de dicho actuado procesal, en el cual claramente la defensa técnica invocó correctamente el art. 251 del CPP; razón por la que, la Jueza -ahora demanda- concedió el recurso de apelación incidental; y, c) Se reclamó la falta en la que incurrió la Secretaria codemandada al transcribir el acta, consignando erradamente el art. 173 en lugar del 251 ambos del CPP, que generó agravios al ocasionar error en la autoridad ad quem, debiendo corregir este acto; por lo que, pidió la nulidad del Auto de Vista 831/2022, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del informe escrito presentado el 14 de noviembre de 2022, cursante de fs. 25 a 31, señaló que: 1) El proceso penal seguido contra el accionante, radicó en grado de apelación en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del mencionado departamento, emitiéndose el Auto de Vista 831/2022 que confirmó el Auto Interlocutorio 286/2022 de la Jueza a quo; 2) El Tribunal de alzada por Auto de Vista 831/2022 señaló que: “…no se advierte que la parte acusada haya planteado su recurso de apelación, conforme lo establece el Art. 251 del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley N° 1173, conforme se advierte a fs. 124-125 vta., más aún cuando la solicitud de cesación a la detención preventiva, son reguladas por el Art. 251 del CPP., (…) tal aspecto no fue invocado por la parte apelante (…) la parte acusada y su defensa técnica no cumple con el principio de impugnación previsto por la norma procesal prevista en el Art. 251 del CPP., (…) resulta inviable la consideración del fondo del Recurso de Apelación formulado por la parte acusada, toda vez que no se ha cumplido con los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley N° 1970 modificado por la Ley N° 1173…” (sic), resolución debidamente fundamentada y motivada, con aspectos de hecho, derecho y jurisprudenciales, sin vulnerar el debido proceso como señala el impetrante de tutela; 3) Toda autoridad al emitir una resolución debe exponer los motivos que sustentan su decisión para que sea comprensible, cumpliendo con la estructura de fondo y forma que establece el art. 124 del CPP; consecuentemente, no existió vulneración al debido proceso; 4) De la lectura al acta de audiencia de 6 de septiembre de 2022, el accionante solamente señaló una mala interpretación respecto al Auto Interlocutorio 286/2022, pronunciado por la Jueza demandada y no se advirtió el planteamiento del recurso de apelación conforme al art. 251 del CPP modificado por Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, aspecto que no fue invocado; y, en caso de haber una mala transcripción en el acta no es responsabilidad de la autoridad ad quem; 5) La acción de libertad presentada solo expuso la relación de hechos del proceso penal, denunció la resolución de la Jueza a quo, omitiendo establecer de forma concreta y concisa cómo se vulneraron sus derechos y garantías constitucionales con el Auto de Vista 831/2022, cuando tenía la obligación de especificar de forma clara y precisa la lesión que alega, estableciendo el nexo causal entre los actos supuestamente vulneratorios a sus derechos; y, 6) El accionante en caso de no comprender el Auto de Vista 831/2022, pudo solicitar complementación y enmienda, al no hacerlo manifestó su acuerdo con el mismo; por lo que, solicitó se deniegue la acción tutelar.
Patricia Chávez García, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz, a través del informe escrito presentado el 14 de noviembre de 2022, cursante a fs. 9 y vta., manifestó que: i) El accionante tiene un proceso penal por el delito de tráfico de sustancias controladas, con Sentencia condenatoria 42/2022 de 19 de julio, la cual apeló y se remitió al superior en grado; ii) Posteriormente, el impetrante de tutela planteó cesación de la detención preventiva, resuelto por Auto Interlocutorio 286/2022, según Libro de Tomas de Razón; la falta incurrida en la transcripción del recurso de apelación incidental interpuesta, se desconoce por no tener los antecedentes originales en el Juzgado a su cargo; iii) La interposición del recurso de apelación referido, no forma parte del Auto Interlocutorio 286/2022, sino es parte del acta siendo su elaboración responsabilidad de la Secretaria demandada, según dispone el art. 120 del CPP con relación al art. 94.4 de la Ley de Organización Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-; iv) Se remitió el expediente al superior en grado no estando entre sus obligaciones y responsabilidades la facción de las actas de audiencia; v) El personal de apoyo jurisdiccional tiene funciones específicas determinadas en la ley, siendo responsables de ellas y la transcripción de actas la realiza un profesional responsable y el personal de apoyo del juzgado tiene legitimidad para ser demandado cuando transgrede derechos y garantías constitucionales; y, vi) No se lesionaron derechos y garantías, solo cumplió con el trámite correspondiente en relación al art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y al art. 251 del CPP. Mariela Luisa Paz Blanco, Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, a través del informe escrito presentado el 14 de noviembre de 2022, cursante a fs. 33, señaló que se remitió el legajo de la apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 286/2022, transcrito como el abogado anunció el recurso de apelación, cumpliendo lo ordenado.
El Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, mediante Resolución 1151/2022 de 14 de noviembre, cursante de fs. 34 a 35, concedió en parte la tutela impetrada, disponiendo que, en un plazo no mayor a veinticuatro horas, la demandada Mariela Luisa Paz Blanco, Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Cuarta del indicado asiento judicial, vuelva a transcribir el acta y el Auto Interlocutorio 286/2022, bajo responsabilidad funcionaria porque su actuar violentó derechos de una persona privada de libertad; y denegó la tutela solicitada, en relación a Patricia Chávez García, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del mismo departamento recomendando controlar y revisar eficazmente al personal de apoyo jurisdiccional a su cargo; y, respecto a Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, habida cuenta que a raíz de la falta generada por el Juzgado a quo incurrió en error, por lo que dispuso la nulidad del Auto de Vista 831/2022 y se fije nuevo señalamiento de audiencia de apelación en un plazo no mayor a las veinticuatro horas;
basándose en los siguientes fundamentos: a) El art. 125 de la CPE, establece que: “‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (sic); b) Se cumplió con el principio de subsidiariedad, al haber una persona privada de libertad que se aqueja por no poder acudir a un tribunal de alzada por un error material ocasionado por el Juzgado de origen, que no pudo ser atendida por el Juez ad quem por no estar entre sus competencias; c) Se individualizó la participación de los demandados determinando según la Ley del Órgano Judicial que cada funcionario judicial tiene una determinada función, y en el caso de la Jueza demandada tiene un rol controlador de derechos y garantías constitucionales, que resuelve las cuestiones inherentes al proceso, por lo que no tuvo legitimación pasiva en la acción de libertad; y, d) En virtud al principio de verdad material la Secretaria demandada tuvo responsabilidad, por transcribir con faltas el acta de audiencia de cesación de la detención preventiva desde la interposición del recurso de apelación incidental, que ocasionó que el Juez ad quem incurra en error al emitir el Auto de Vista 831/2022, transgrediendo el debido proceso y obstaculizando al privado de libertad a ser oído por el Tribunal de alzada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de Vista 831/2022 de 9 de noviembre, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que resuelve declarar INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por Modesto Álvarez Quispe -accionante- “…por no ajustarse a derecho…” (sic), y por ende confirmó el Auto Interlocutorio 286/2022 de 6 de septiembre, que en la parte considerativa dice: “…conforme establece el Art. 173 del Código de Procedimiento Penal, debe demostrar los agravios a efectos de que el Juez ad quem conozca los agravios (…) no se advierte que la parte acusada haya planteado su recurso de apelación conforme lo establece el Art. 251 del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley N° 1173, conforme se advierte a fs. 124-125 vta., más aún cuando la solicitud de cesación a la detención preventiva, son reguladas por el Art. 251 del CPP, (…) tal aspecto no fue invocado por la parte apelante.” (sic [fs. 21 a 23]).
El impetrante de tutela, alegó la vulneración de su derecho al debido proceso y al principio de celeridad; toda vez que, se encuentra privado de libertad por Sentencia condenatoria 42/2022 en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; motivo por el cual, solicitó cesación de la detención preventiva la cual fue negada por la Jueza demandada y apelada incidentalmente en audiencia, siendo declarada inadmisible y ratificada en segunda instancia por la autoridad ad quem, por error de la normativa transcrita por la Secretaria demandada en el acta de audiencia de cesación de la detención preventiva, generando agravios y coartando su derecho de acudir con su recurso de apelación incidental a un tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
A través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, el Tribunal Constitucional estableció que la finalidad del hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho, es “…acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras). En ese mismo sentido, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, sostuvo que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
Sobre el particular, la SCP 0478/2019-S3 de 26 de agosto, estableció que: “La SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril indicó que: ‘…a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional. Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: ‘Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial’. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: ‘El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno’; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional””(las negrillas nos pertenecen).
El accionante alegó la vulneración de su derecho al debido proceso y al principio de celeridad; toda vez que, se encuentra privado de libertad por Sentencia condenatoria 42/2022 en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; motivo por el cual, solicitó cesación de la detención preventiva la cual fue negada por la Jueza demandada y apelada incidentalmente en audiencia, siendo declarada inadmisible y ratificada en segunda instancia por la autoridad ad quem, por error de la normativa transcrita por la Secretaria demandada en el acta de audiencia de cesación de la detención preventiva, generando agravios y coartando su derecho de acudir con su recurso de apelación incidental a un tribunal de alzada. Expuestos los antecedentes de la presente acción de libertad, conviene efectuar un desglose de los presuntos actos lesivos y la participación en los mismos de cada uno de los demandados a efectos de verificar si evidentemente incurrieron o no las lesiones denunciadas. En ese entendido, respecto a los actos procesales efectuados por la Jueza demandada, se tiene que emitió Auto Interlocutorio 286/2022 de 6 de septiembre que declaró improcedente e infundada la solicitud de cesación de la detención preventiva siendo apelada incidentalmente en audiencia de cesación de la detención preventiva; cuya acta fue transcrita por la Secretaria para remitir el legajo procesal en el plazo establecido por ley al Tribunal de alzada, que posteriormente, pronunció el Auto de Vista 831/2022 de 9 de noviembre, declarando inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el impetrante de tutela. En la problemática planteada, conforme a los antecedentes, resulta evidente el error de transcripción en el acta efectuado por la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, consignado el “art. 173” en lugar del “art. 251”, ambos del CPP, en el fundamento normativo que respalda la interposición del recurso de apelación incidental del accionante contra el Auto Interlocutorio 286/2022, que denegó la solicitud de cesación de la detención preventiva, declarada inadmisible y confirmanda por Auto de Vista 831/2022 con base en ese error material (Conclusión II.1), motivando la interposición de esta acción de defensa lo cual es por demás reprochable; servidora judicial que tiene legitimación pasiva para ser demandada, conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, se establece que la Secretaria demandada incumplió con la transcripción correcta y fiel a lo que aconteció durante la audiencia de cesación de la detención preventiva, evidenciada con la reproducción del audio de dicho actuado realizado por el abogado del impetrante de tutela en la audiencia de esta acción tutelar conforme sostuvo el Juez de garantías en la Resolución 1151/2022 de 14 de noviembre venida en revisión, ocasionando la transgresión de los derechos del solicitante de tutela; ya que afectó la resolución del recurso de apelación incidental interpuesta ante la declaratoria de inadmisibilidad y por tanto al trámite de su solicitud de cesación de la detención preventiva, obviando cumplir sus obligaciones con responsabilidad, celeridad y diligencia en la elaboración del acta, en especial cuando se encuentra involucrado el derecho a la libertad resultando en la vulneración del aducido derecho, aspecto que conforme a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, que desarrolla el entendimiento jurisprudencial en relación a la finalidad de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho tendiente a acelerar los trámites judiciales cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Motivo por el cual, atinge conceder la tutela a la Secretaria demandada; dado que fue ella quien incurrió en el error en la transcripción del acta de audiencia de 6 de septiembre de 2022, ocasionando que la autoridad ad quem incurra en error al emitir el Auto de Vista 831/2022, declarando inadmisible el recurso de apelación incidental formulado por el impetrante de tutela “…por no ajustarse a derecho…” (sic). De la misma forma, sobre la actuación de la Jueza demandada, conforme señala la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional es la encargada de supervisar el buen funcionamiento de su despacho, así se tiene que: “…el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas…” (SCP 0478/2019-S3); los deberes y obligaciones de la autoridad jurisdiccional no concluyeron con la emisión del Auto Interlocutorio 286/2022, no basta decir que la obligación de transcribir el acta y la resolución recae en la Secretaria, siendo que ella como titular de ese despacho tiene la obligación de supervisar y verificar los actos emitidos por su personal subalterno y que estos sean idóneos y realizados de forma eficaz y eficiente; deber que fue incumplido y causó una dilación indebida en la posible modificación de la situación jurídica del accionante; por lo que, corresponde conceder la tutela. Finalmente, en relación al Vocal demandado, a fin de resolver los hechos denunciados, resulta pertinente considerar lo razonado en la SCP 0281/2013 de 13 de marzo, que señaló: “…el juzgador, atendiendo el principio de constitucionalidad, el principio pro actione y el principio iuria novit curia, deberá a efectos de materializar el derecho a impugnar una decisión judicial consagrado en el art. 180.II de la CPE conceder la apelación (…) estándole prohibido al juez en un Estado Constitucional de Derecho, defender a ultranza formalidades y ritualidades procesales incluso por encima del sacrificio de derechos fundamentales, como en el caso, el derecho a impugnar una decisión judicial. Del mismo modo el tribunal de alzada en conocimiento de una apelación que fue planteada preliminarmente como reposición bajo alternativa de apelación, no puede dejar de resolver el fondo de la apelación aduciendo que correspondía plantear directamente recurso de apelación y que por no hacerlo no se tendría abierta la competencia del tribunal de alzada…”. Por consiguiente, el Vocal demandado, al haber declarado inadmisible el recurso de apelación incidental interpuesto por el impetrante de tutela “…por no ajustarse a derecho…” (sic), incurrió en un excesivo formalismo; puesto que, en aplicación del principio pro actione y verdad material, debió admitir dicho mecanismo de impugnación, en razón a que del acta de audiencia de cesación de la detención preventiva claramente pudo advertir la intención del accionante de interponer la apelación incidental formulada de manera oral contra la Resolución que rechazó su solicitud de cesación de la medida extrema; por ende, al no haber obrado de esa manera lesionó los derechos del accionante, correspondiendo conceder la tutela.
De los antecedentes remitidos a este Tribunal, se evidenció la falta del acta de audiencia de la acción de libertad de 14 de noviembre de 2022, irregularidad que contraviene lo preceptuado en el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que señala la obligación de remitir tanto la resolución como todos los antecedentes que permitan realizar la revisión de la decisión asumida; aspecto que no fue considerado por el Juez de garantías; es así que, en el caso concreto René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, incumplió el precepto del aludido artículo, correspondiendo llamar severamente la atención y exhortarlo a cumplir con la norma constitucional que lo atañe en futuras actuaciones. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 1151/2022 de 14 de noviembre, cursante de fs. 34 a 35, pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en todo la tutela solicitada, en relación a Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; Patricia Chávez García, Jueza y Mariela Luisa Paz Blanco, Secretaria, ambas del Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del mismo departamento, de acuerdo a los razonamientos expuestos en el presente fallo constitucional y en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías.
2° Llamar severamente la atención a René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de Garantías, por los motivos expuestos en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0432_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): da3a26b742ea7e0442897fbc9e3e957ff121ab053c138a578343979f94a49a96
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