Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 15 de mayo de 2025
Deniega la tutela
La accionante, por su hija y representada AA, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia, y a la vida; toda vez que, dentro el proceso penal en el cual AA es presunta víctima, la Jueza demandada determinó la detención domiciliaria del imputado mediante Auto Interlocutorio 04/2025, sin que este acreditara fuente laboral, reconociendo incluso el riesgo procesal de fuga y el peligro para la víctima, por lo que interpuso apelación incidental contra esta determinación; sin embargo, el Auto de Vista de 4 de febrero de 2025 confirmó tal decisión, lo cual es vulneratorio de los derechos fundamentales de la menor. Ante ello, la Jueza demandada manifiesta que, se determinó las medidas cautelares de carácter personal con base en los presupuestos y condiciones estipulados en los arts. 221 y 222 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 13 de marzo de 2025, cursante de fs. 90 a 95 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo sobre la problemática planteada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0432/2025-S2 Sucre, 15 de mayo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 71903-2025-144-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 13 de marzo de 2025, cursante de fs. 90 a 95 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carmen Rosa Veizaga Soto en representación de la menor de edad AA contra Lizeth López Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia y de Instrucción Penal Primera de Cliza del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 12 de marzo de 2025, cursante a fs. 1 y 38 a 43, la accionante, por su hija y representada, manifiesta lo siguiente:
Como madre de la menor tomó conocimiento que su hija fue víctima de Omar Pinto Escobar, por tal motivo presentó una denuncia por el delito de abuso sexual, ante lo cual, Hilda Coria Lopez, Fiscal de Materia asignada al caso, el 18 de octubre de 2024 imputó formalmente, para el referido supuesto agresor, modificando el tipo penal por el delito de corrupción de niña, niño o adolescente y solicitó la aplicación de medidas cautelares personales a pesar que existían suficientes elementos de convicción para pedir la detención preventiva del denunciado. Ante esta situación, impugnó la referida imputación formal ante la Fiscal de Departamental de Cochabamba, denunciando que la Fiscal de Materia benefició al encausado al pedir se le aplique medidas cautelares personales; mereciendo Resolución Jerárquica que instruyó a la Fiscal de Materia, considerar la agravante por la minoría de edad de la víctima; en ese sentido, el 21 de enero de 2025, se llevó a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares, en la que, Lizeth Lopez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cliza del departamento Cochabamba -demandada-, a través de Auto Interlocutorio 04/2025 de la misma fecha, determinó la detención domiciliaria del imputado, sin considerar que éste no acreditó el presupuesto de trabajo, e incluso dicha autoridad señaló que “…CONCURRE EL PRESUPUESTO O RIESGO PROCESAL DE FUGA ESTABLECIDO EN EL NUM 1 DEL ART. 234 DEL CPP” (sic), manifestando además, que representa un peligro efectivo para la víctima. Considerando tal situación, interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 04/2025, el cual fue resuelto mediante el Auto de Vista de 4 de febrero de 2025, emitido por Jhobany Castro Ramírez, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que confirmó lo dispuesto por la Jueza demandada vulnerándose sus derechos fundamentales de protección a la niñez al emitir una resolución carente de fundamentación, motivación y congruencia, en conocimiento de que la menor debe recibir una protección reforzada.
La parte impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, y a la vida sin citar disposiciones constitucionales que la contengan.
Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo que: a) Se revoque el Auto Interlocutorio 04/2025 de aplicación de medidas cautelares; y, b) Se ordene una nueva audiencia “…disponiendo la detención preventiva del imputado, OMAR PINTO ESCOBAR” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 13 de marzo de 2025, según consta en el acta cursante a fs. 89 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela no asistió a la audiencia de acción de libertad, pese a su notificación cursante a fs. 49.
Lizeth López Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cliza del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito cursante de fs. 66 a 68, solicitó se deniegue la tutela impetrada señalando que, si bien la Norma Suprema y la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- establece diferentes indicadores en situaciones donde se ven involucrados menores de edad en condición de víctimas, no se puede obviar el presupuesto de proporcionalidad respecto al instituto de las medidas cautelares de carácter personal establecido en el Código de Procedimiento Penal, criterio aplicado en el Auto Interlocutorio 04/2025.
Jhobany Castro Ramírez, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Cochabamba e Hilda Coria Sánchez, Fiscal de Materia no presentaron escrito alguno ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 46 y 47.
El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, por Resolución de 13 de marzo de 2025, cursante de fs. 90 a 95 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) La accionante no demostró la existencia de un peligro efectivo para la víctima; toda vez que, la Resolución emitida por la Jueza demandada fue ratificada por Jhobany Castro Ramírez, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; 2) La detención preventiva solo se aplica cuando las medidas cautelares personales resultan insuficientes para asegurar la presencia del imputado en el proceso; 3) La impetrante de tutela reclamó la falta de fundamentación, motivación y congruencia en la Resolución de medidas cautelares y en el Auto de Vista mediante acción de libertad, siendo la acción de amparo constitucional el mecanismo idóneo para ello; y, 4) La vulneración de la garantía del debido proceso se encuentra fuera del alcance de la acción de libertad; máxime cuando la parte accionante tenía conocimiento de toda la investigación y lo determinado por las autoridades, habiendo impugnado las mismas conforme al procedimiento normativo.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes, a fin de efectivizar su atención prioritaria; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa (fs. 104 a 109).
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. A través de Auto Interlocutorio 04/2025 de 21 de enero, Lizeth López Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cliza del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, dispuso la detención domiciliaria del denunciado (fs. 28 vta. a 32 vta.). II.2. Cursa el acta de audiencia y Auto de Vista de 4 de febrero de 2025, emitido por Jhobany Castro Ramírez, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba que confirmó el Auto Interlocutorio 04/2025 (fs. 33 a 37).
La accionante, por su hija y representada AA, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia, y a la vida; toda vez que, dentro el proceso penal en el cual AA es presunta víctima, la Jueza demandada determinó la detención domiciliaria del imputado mediante Auto Interlocutorio 04/2025, sin que este acreditara fuente laboral, reconociendo incluso el riesgo procesal de fuga y el peligro para la víctima, por lo que interpuso apelación incidental contra esta determinación; sin embargo, el Auto de Vista de 4 de febrero de 2025 confirmó tal decisión, lo cual es vulneratorio de los derechos fundamentales de la menor. Ante ello, la Jueza demandada manifiesta que, se determinó las medidas cautelares de carácter personal con base en los presupuestos y condiciones estipulados en los arts. 221 y 222 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En lo que respecta a la tutela del debido proceso, mediante la presente acción de defensa, la SC 0619/2005-R de 7 de junio -reiterada por la SCP 0028/2012 de 16 de marzo-, estableció que: “…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad ” (las negrillas son añadidas). Asimismo, la SCP 0839/2012 de 20 de agosto, indicó que: “…en los casos en que el procesamiento indebido es la causa directa de la supresión o restricción del derecho a la libertad física o a la vida, es exigible su tutela a través de esta acción de defensa extraordinaria siempre y cuando se hayan agotado previamente los medios o recursos que el orden legal prevé” (el resaltado es nuestro).
Delimitada la problemática que motivó la interposición de la presente acción de defensa y conocidos los argumentos expuestos por las partes, corresponde señalar que, en virtud del Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, para que proceda la acción de libertad frente a vulneraciones al debido proceso, estas deben estar vinculadas con la libertad, al operar como causa directa de su restricción o supresión, además de existir un estado absoluto de indefensión. En el presente caso, la impetrante de tutela sostiene que la autoridad demandada emitió el Auto Interlocutorio 04/2025 de 21 de enero, -de aplicación de medidas cautelares, carente de fundamentación, motivación y congruencia (Conclusión II.1), haciendo referencia a elementos propios del debido proceso; sin embargo, lo alegado no evidencia un vínculo directo con la libertad, más aun cuando la madre y accionante se constituye en denunciante en representación de la menor AA, dentro del proceso en el cual se habrían producido las presuntas vulneraciones, tampoco se demostró un estado absoluto de indefensión, en tanto se activaron los mecanismos previstos por la normativa para la tutela judicial dentro del proceso instaurado; en ese sentido, de obrados se evidencia que contra dicha determinación interpuso recurso de apelación incidental, que fue resuelto por el Auto de Vista de 4 de febrero de 2025 (Conclusión II.2). En ese sentido, al no encontrarse el presunto procesamiento indebido vinculado de manera directa con el derecho a la libertad personal, ni advertirse un estado de indefensión absoluta, se concluye que lo alegado por la parte impetrante de tutela no se encuentra dentro del objeto de tutela de la acción de libertad; por tanto, si bien la peticionante de tutela expuso sus alegatos mediante el recurso de apelación incidental -el cual fue activado conforme se evidencia en obrados-, ante una eventual persistencia de la lesión a los derechos invocados, debe acudir a esta jurisdicción a través de la acción de amparo constitucional. Por otra parte, respecto a que lo determinado por la autoridad demandada genera un riesgo para la integridad física y sexual de la víctima, corresponde señalar que estos extremos deben ser dilucidados por la jurisdicción penal ordinaria, máxime cuando este reclamo ya fue abordado en el Auto Interlocutorio 04/2025, que a su vez fue objeto de una apelación incidental resuelta por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por lo que no corresponde mayor pronunciamiento. Finalmente, respecto a lo alegado por la representante de la accionante sobre el derecho a la vida, corresponde señalar que la mera enunciación de ello no habilita el análisis de fondo en la presente acción tutelar, ya que no consta un mínimo de certeza que acredite su lesión, razón por la cual, este Tribunal se encuentra imposibilitado de conceder la tutela impetrada, de conformidad con lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 13 de marzo de 2025, cursante de fs. 90 a 95 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo sobre la problemática planteada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0432_2025-S2.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): b0e2ba16bf9b27ff6f4303427c5ede3f31f2958cb6ce6666c72160f570a01204
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