B.IA.LEGAL

SCP 0432/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 16 de mayo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
16 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
47776-2022-96-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de sus derechos -se asume también de los de su hijo- a la vida, a la seguridad social, a la alimentación y a la salud, así como al principio de interés superior de la niña, niño y adolescente; toda vez que, habiendo nacido su hijo en vigencia de la relación laboral con el Gobierno Autónomo Departamental de Beni -entidad a cargo de la autoridad accionada-, solicitó el pago y reconocimiento de las asignaciones familiares que le corresponden, consistentes en cuatro subsidios prenatales, el subsidio de natalidad y un subsidio de lactancia, los cuales no fueron cancelados por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la señalada institución, vulnerando de esa manera no sólo sus derechos sino también de los de su hijo recién nacido; por cuanto, tuvo que cubrir los gastos de su alimentación personalmente;

asignaciones que al no haber sido pagadas en su oportunidad, deben ser reconocidas en dinero. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 049/2022 de 12 de mayo, cursante de fs. 40 a 45, pronunciada por Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, por lesión de los derechos a la vida, a la seguridad social, a la alimentación y a la salud, y el principio de interés superior de la niña, niño y adolescente, por la no otorgación de tres subsidios prenatales; uno de natalidad y otro de lactancia, según el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida y el DS 3546, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional; 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación al cuarto mes de subsidio prenatal, y; 3° Dimensionar la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en consideración al tiempo transcurrido, manteniendo invariable el pago en dinero de las asignaciones devengadas, como consecuencia de la concesión de tutela dispuesta por la precitada Sala Constitucional, con base en los argumentos expuestos en el Fundamento Jurídico III.4.1 del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La excepción del principio de subsidiariedad en el caso de padres progenitores. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. En cuanto al régimen de asignaciones familiares.
  3. III.3. De la compensación y pago con carácter retrasado de las asignaciones familiares por subsidio prenatal y de lactancia en especie y en dinero
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0432/2023-S3 Sucre, 16 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 47776-2022-96-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 049/2022 de 12 de mayo, cursante de fs. 40 a 45, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Yosira García Machua contra José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de mayo de 2022, cursante de fs. 19 a 23 vta., la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fue designada el 16 de julio de 2021, en el cargo de “Auxiliar IV - Unidad Administrativa” dependiente de la “Unidad Administrativa SDAF” de la Secretaría Departamental de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni -entidad accionada-, a través del Memorándum SDAF/395 A-D/2021, periodo en el que quedó embarazada; consecuentemente, realizó los trámites para acceder al seguro a corto plazo en la Caja de Salud Corporación Regional de Desarrollo (CORDES); posteriormente, el 12 de diciembre de ese mismo año, nació su hijo, y desde ese momento, solicitó por escrito el pago de los subsidios de prenatal, nacido vivo y lactancia; sin embargo, pese al transcurso del tiempo, éstos no fueron reconocidos y cuando preguntaba respecto a la cancelación de los mismos, le respondían que no había dinero; razón por la que, tuvo que cubrir y erogar los gastos de alimentación tanto de ella como de su hijo, existiendo de parte de la entidad accionada, una deuda de Bs12 000.- (doce mil bolivianos) por asignaciones familiares; es decir, por subsidio prenatal de los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2021; diciembre de igual año por subsidio de natalidad y marzo de 2022 por subsidio de lactancia; los cuales al no haber sido pagados en su oportunidad, corresponden ser reconocidos en dinero.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la lesión de sus derechos -se asume también de los de su hijo- a la vida, a la seguridad social, a la alimentación y a la salud, así como al principio de interés superior de la niña, niño y adolescente; citando al efecto los arts. 15.I, 18.I, 35 al 44, 45.I, II III y V, 48.III y 60 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga la cancelación de las asignaciones retroactivas en dinero consistentes en cuatro subsidios prenatales, uno de natalidad; y, uno de lactancia.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 12 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 39 y vta.; en presencia de la accionante asistida de su abogado, así como de la representante legal de la autoridad accionada; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliando en audiencia manifestó que, respecto al cuarto subsidio prenatal no se exhibió prueba alguna; sin embargo se presentó a Recursos Humanos (RR.HH.) –se infiere Dirección Departamental- del Gobierno Autónomo Departamental de Beni -entidad accionada-, el certificado médico prenatal respecto al cual igualmente solicitó su cancelación, no teniendo ninguna copia por descuido; y con relación a los otros subsidios se presentaron las pruebas pertinentes.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, a través de sus representantes legales, mediante informe escrito, cursante de fs. 36 a 38, así como en audiencia, refirió que: a) En el caso concurre la causal de improcedencia por subsidiariedad; puesto que, conforme el art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la acción de amparo constitucional no procederá, entre otras causales, contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso del cual no se haya hecho uso oportuno; b) Con relación al pedido de la impetrante de tutela, de que se le reconozca y entregue monetariamente de manera retroactiva subsidios familiares devengados; cabe aclarar que, la prenombrada pretende hacer incurrir en error, por cuanto, no se encuentra aprobado ni adjuntado en sus pruebas, la “…Calificación de certificación emitido y Autorizado por la Caja de Salud Cordes…” (sic) del mes de diciembre; correspondiendo solamente el pago de tres subsidios prenatales, ya que el hijo de la accionante nació el “…31 DE ENERO de 2022” (sic); c) El Gobierno Autónomo Departamental de Beni es una institución pública que se encuentra sujeta a la modificación presupuestaria y a la remisión de recursos económicos de parte del Gobierno Central, habiéndose realizado las gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; por lo que, piden que el pago de asignaciones familiares sea en el plazo de veinte días; y, d) El Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, aprobado por Resolución Administrativa (RA) 076-2019 de 29 de marzo, en su art. 4 inc. a), referente a las asignaciones familiares, indica que el régimen de la seguridad social a corto plazo consiste en prestaciones en especie con relación a los subsidios prenatal y de lactancia, y/o en dinero, respecto a los de prenatal, natalidad y sepelio; artículo que además, en su inc. e), señala que el subsidio de lactancia consiste en la entrega a la madre de productos alimenticios inocuos con alto valor nutritivo de origen nacional equivalente al pago de Bs2 000.- (dos mil bolivianos), acorde a normativa vigente por cada hijo vivo, desde el primer día del nacimiento hasta el cumplimiento del primer año de edad; existiendo a su vez, en el art. 21 de dicho Reglamento, la prohibición a los empleadores de otorgar el subsidio de lactancia en dinero.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 049/2022 de 12 de mayo, cursante de fs. 40 a 45, concedió en parte la tutela solicitada, ordenando a la autoridad ahora accionada el pago en favor del “MENOR” -siendo lo correcto, niño lactante- de: 1) Tres subsidios prenatales, correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2021; 2) Un subsidio de natalidad; y, 3) Un subsidio de lactancia correspondiente al mes de marzo de 2022, debiendo realizar el pago en dinero dentro de un término de veinte días hábiles, a partir de su notificación; y denegó la tutela impetrada con relación “…AL SUBSIDIO DE PRE-NATAL…” (sic); bajo los siguientes fundamentos: i) En el presente caso nace la necesidad de precautelar los derechos del hijo de la peticionante de tutela, para garantizar el acceso a la seguridad social y un desarrollo integral traducido en el resguardo de su vida, a través del derecho a recibir oportunamente la entrega de subsidios de lactancia, más aún cuando la accionante efectuó el reclamo al empleador; ii) De la revisión de antecedentes se advierte la atención prenatal del quinto, sexto y séptimo mes de embarazo, correspondiente a septiembre, octubre y noviembre de 2021; de igual manera, de acuerdo a la “calificación de Beneficios” para el Régimen de Asignaciones Familiares extendido por el Coordinador Médico de la Caja de Salud CORDES, se evidencia que el hijo de la prenombrada nació el 12 de diciembre de ese mismo año; por lo que, se autorizó el pago del subsidio de natalidad por única vez equivalente a Bs2 000.- y que las asignaciones familiares serían a partir del 12 de marzo de 2022 hasta el 12 de diciembre de ese mismo año, correspondientes a diez subsidios de lactancia; iii) Se evidencia el incumplimiento por parte de la autoridad accionada en la otorgación de tres subsidios prenatales, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2021, un subsidio de natalidad y un subsidio de lactancia que corresponde al mes de marzo de 2022; por lo que, no corresponden los subsidios prenatales de junio, julio y agosto de 2021; y, iv) Teniéndose el convencimiento de la existencia de la demora en la otorgación de las mencionadas asignaciones familiares, lo que provocó la vulneración de derechos fundamentales alegados por la accionante, éstos deben ser reconocidos y pagados en dinero, conforme la jurisprudencia constitucional descrita en la SCP 0894/2018-S3 de 31 de octubre.

I.3. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

No habiéndose encontrado consenso en Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Memorándum SDAF/395 A-D/2021 de 16 de julio, emitido por el Secretario Departamental de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni -entidad a cargo de la autoridad ahora accionada-, a través del cual comunicó a Yosira García Machua -ahora accionante- que a partir de esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2021, fue designada en el cargo de “Auxiliar IV - Unidad Administrativa” dependiente de la “Unidad Administrativa SDAF” de la Secretaría Departamental de Administración y Finanzas de la referida entidad, con el nivel salarial 19 de la planilla de inversión (fs. 3). II.2. Constan Certificados de Atención Prenatal emitidos por la Trabajadora Social y el Coordinador Médico de la Administración de la Caja de Salud CORDES, que certifican que la impetrante de tutela dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, recibió atenciones médicas el 6 de septiembre de 2021 -quinto mes de embarazo-; el 6 de octubre de igual año -sexto mes de embarazo-; y, el 8 de noviembre de similar año -séptimo mes de embarazo-, otorgándole la habilitación a partir del quinto mes de embarazo para el subsidio prenatal (fs. 7, 9 y 11). II.3. Por Notas de Comunicación Interna D.ADM. 346/2021 de 8 de noviembre, D.ADM. 23/ “2021” de 3 de marzo de 2022; y, D.ADM. 25/ “2021” de 7 de mismo mes y año, la hoy peticionante de tutela solicitó a la Directora de Bienestar Laboral y Prevención Social del Gobierno Autónomo Departamental de Beni -entidad accionada-; el pago del subsidio prenatal del sexto mes (fs. 10); pago de “nacido vivo”, de acuerdo a normativa vigente, adjuntando para ello memorándum de designación, fotocopia de cédula de identidad, carnet de asegurada de la Caja de Salud CORDES, certificado de nacido vivo -de su hijo-, carnet de seguro, certificado de nacimiento original y formulario de altas y bajas (fs. 12); y, subsidio de lactancia, de acuerdo a normativa vigente, adjuntado de la misma manera la documentación referida (fs. 15). II.4. Mediante Contrato Administrativo de Personal Eventual GAD-BENI-C.E-261/2022 de 3 de enero, suscrito entre el Secretario Departamental de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni y la peticionante de tutela, se contrataron sus servicios para que desempeñe el cargo de Auxiliar IV de la Unidad Administrativa SDAF, por el periodo del 3 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022 (fs. 4 a 6). II.5. Por Certificado de Nacimiento 0275571 de 3 de marzo de 2022, se certifica el nacimiento del hijo de la accionante, el 12 de diciembre de 2021 (fs. 14). II.6. Mediante Formulario de Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares de 22 de febrero de 2022, emitido por el Encargado de Afiliación y Vigencia de Derechos y el Coordinador Médico de la Caja de Salud CORDES, determinaron que corresponde el pago de subsidio de natalidad “SI CORRESPONDIERA” a la asegurada -impetrante de tutela-, por su hijo menor de edad nacido el 12 de diciembre de 2021, equivalente a Bs2 000.- en efectivo, por única vez; en cumplimiento al Decreto Supremo (DS) 21637 de 25 de junio de 1987 y su modificación por el DS 3546 de 1 de mayo de 2018; y en especie, corresponderían diez asignaciones familiares desde el 12 de marzo de 2022 al 12 de diciembre del mismo año (fs. 16).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de sus derechos -se asume también de los de su hijo- a la vida, a la seguridad social, a la alimentación y a la salud, así como al principio de interés superior de la niña, niño y adolescente; toda vez que, habiendo nacido su hijo en vigencia de la relación laboral con el Gobierno Autónomo Departamental de Beni -entidad a cargo de la autoridad accionada-, solicitó el pago y reconocimiento de las asignaciones familiares que le corresponden, consistentes en cuatro subsidios prenatales, el subsidio de natalidad y un subsidio de lactancia, los cuales no fueron cancelados por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la señalada institución, vulnerando de esa manera no sólo sus derechos sino también de los de su hijo recién nacido; por cuanto, tuvo que cubrir los gastos de su alimentación personalmente;

asignaciones que al no haber sido pagadas en su oportunidad, deben ser reconocidas en dinero. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La excepción del principio de subsidiariedad en el caso de padres progenitores. Jurisprudencia reiterada

La SCP 0772/2020-S2 de 2 de diciembre, al respecto señaló que: “La jurisprudencia constitucional con relación a la excepción del principio de subsidiariedad tratándose de mujeres embarazadas, a través de la SC 0530/2010-R de 12 de julio, determinó que: ‘…la protección de una mujer trabajadora en estado de gestación (…) es de carácter inmediato por el efecto irreparable que podría causar el hecho ilegal denunciado…’; en similar sentido, la SCP 0198/2013 de 27 de febrero, haciendo extensiva la línea jurisprudencial procesal hacia el padre progenitor con una hija o hijo menor de un año -que se integra a esta protección, a la luz de la Constitución Política del Estado- sostuvo que: ‘…los padres trabajadores en búsqueda de tutela ante la justicia constitucional ante un despido o destitución de su fuente laboral, extensivamente deberá aplicarse el entendimiento desarrollado con relación a la excepción de la subsidiariedad en las acciones de amparo constitucional…’. En ese estado de cosas, la SCP 1104/2012 de 6 de septiembre, concluyó que: ‘Por la protección especial de la que gozan la mujer embarazada y el progenitor-trabajador, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, el principio de subsidiaridad de la acción de amparo constitucional no es aplicable en razón a los derechos que tutela de la mujer embarazada, lactante o hasta el año de nacimiento del nuevo ser, excepción que es también extensiva en materia de seguridad social referida a las prestaciones del Régimen de asignaciones Familiares dentro de las cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran directamente vinculados a la vida y a la salud tanto de la madre como fundamentalmente del nuevo ser futuro capital humano, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado y no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, circunstancia que determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa’. De la jurisprudencia desarrollada, se establece que en los casos de mujer embarazada o padre progenitor hasta que la niña o niño cumpla un año de edad, no es imprescindible que él o la accionante agote los mecanismos previstos en la jurisdicción administrativa u ordinaria para la protección de los derechos fundamentales invocados como lesionados, por cuanto no puede exigirse el cumplimiento de aspectos formales que rigen a esta acción de defensa cuando se encuentra de por medio derechos que merecen una tutela inmediata como son: la alimentación, salud y vida del nasciturus” (las negrillas fueron agregadas).

III.2. En cuanto al régimen de asignaciones familiares.

Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 0313/2023-S3 de 27 de abril, sostuvo: [La Constitución Política del Estado, prevé el derecho a la seguridad social, estableciendo en su art. 45, lo siguiente: “I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales”

Asimismo, el art. 48.I de la Norma Suprema, prevé que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, y el parágrafo IV del referido artículo, establece que los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles, entre ellos los subsidios prenatal y de lactancia.

Por su parte, el art. 5 inc. a) del Reglamento Específico de Afiliación, Reafiliación y Desafiliación en el Seguro Social de Corto Plazo -aprobado por Resolución Administrativa (RA) ASUSS 065-2018 de 20 de noviembre-, establece que: “Todos los empleadores deberán registrar y afiliar a sus trabajadores en la entidad gestora respectiva, en el plazo 8 máximo de 5 (cinco) días hábiles; a partir de la fecha de iniciación de la relación laboral”. El DS 3546 de 1 de mayo de 2018, que modifica el art. 25 del DS 21637 de 25 de junio de 1987, estableció que se reconocen las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras: “a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaría, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2 000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad; b) Subsidio de Natalidad, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS); c) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida”. De igual manera, la SCP 0367/2015-S3 de 10 de abril, siguiendo la línea jurisprudencial asumida en la SCP 0134/2014 de 10 de enero, sostuvo que: «El art. 45.II de la CPE, establece: “La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social”; es decir, que el Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud y a la seguridad social, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y bienestar común. Así, cabe recordar que la seguridad social, no sólo comprende el acceso a la salud, sino también, cuando se trate de mujeres embarazadas y/o madres o progenitores de niños (a) menores de un año, el derecho a recibir las prestaciones que por derecho les corresponde. Al respecto la SCP 1906/2012 de 12 de octubre, citó el contenido de la SC 1532/2011-R de 11 de octubre, reiterando el pronunciamiento de esta jurisdicción, indicó: “Respecto al régimen de asignaciones familiares en contingencia de maternidad, la SC 0030/2002 de 2 de abril, precisó lo que sigue: ‘…el sistema de Seguridad Social, es reformado estructuralmente por Ley 924 de 15 de abril de 1987, que regula la administración de los regímenes del Sistema de Seguridad Social y establece en su art. 4 que el Poder Ejecutivo reglamentará y regulará su ejecución. Así se pronunció el DS 21637 de 25 de junio de 1987, que en su art. 25, reconoce las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que (serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado), que -entre otras- son: a) El Subsidio PRENATAL, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional 9 durante los cinco últimos meses; b) El Subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo un pago mínimo nacional; y, c) el Subsidio de LACTANCIA, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida’. Se concluye, que siendo la seguridad social un derecho fundamental y por mandato constitucional, se garantiza su efectivo cumplimiento a través de los instrumentos legales referidos en la citada Sentencia Constitucional, corresponde al empleador, del sector público o privado, cumplir con la prestación de las asignaciones familiares correspondientes; consistentes en subsidios, prenatal, de natalidad y de lactancia, relativas a la maternidad hasta que el niño cumpla un año de edad y demás derechos laborales. Esto se justifica, en la prioridad de resguardar el derecho a la salud y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad y ante todo, precautelando por su interés superior, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados -art. 60 de la CPE-. En ese sentido, el deber de acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares, por el empleador, permitirá la materialización del derecho a la seguridad social de la madre y del recién nacido, que se concreta en los derechos a la vida y a la salud. Lo contrario, implicaría vulnerar el contenido esencial de ambos derechos, sea destruyendo o debilitándolos, por la falta de provisión oportuna de asignaciones familiares, que por ley se encuentran previstas y como se dijo son de cumplimiento obligatorio para el empleador, dada la finalidad de los mismos…”». Por su parte, el art. 2.I del DS 4167 de 27 de febrero de 2020, que modifica el inciso c) del art. 25 del DS 21637 que a su vez fue modificado por el Artículo Único del DS 3546, establece en cuanto al subsidio de lactancia, que el mismo consiste “…en la entrega de productos que cubran los requerimientos nutricionales y productos para la protección e higiene de la madre y el lactante, equivalente a Bs2.000.- (DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce (12) meses de vida”] (el resaltado y el subrayado nos pertenecen).

III.3. De la compensación y pago con carácter retrasado de las asignaciones familiares por subsidio prenatal y de lactancia en especie y en dinero

Sobre el tema la SCP 0407/2022-S3 de 12 de mayo, indicó que: “De acuerdo a lo previsto por el art. 28 del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, se podrá efectuar el pago retrasado del subsidio prenatal y de lactancia en los siguientes casos: ‘a) En caso de que el empleador hubiese incumplido la otorgación de los subsidios prenatal y de lactancia de manera oportuna, la compensación del subsidio en especie o en dinero se realizará con carácter retrasado a los meses correspondientes, actualizando el valor del mismo al subsidio vigente. Asimismo, el SEDEM independientemente de la fecha de pago de los subsidios por parte del empleador, queda facultado a realizar la entrega de los paquetes; el SEDEM, remitirá de manera mensual ante la ASUSS un informe de los pagos retrasados por los empleadores. b) La ASUSS queda facultada para determinar las sanciones que correspondan por el retraso en el pago de subsidios’.

Así, el art. 19 del supra mencionado Reglamento, establece la posibilidad de la entrega excepcional del SUBSIDIO PRENATAL en dinero, debiendo el empleador a ese efecto realizar el trámite de autorización de pago ante la ASUSS, quien emitirá una Resolución Administrativa expresa, por beneficiaria (o), previo el cumplimiento de los siguientes requisitos y del procedimiento establecido: a) NIT de la empresa; b) FUNDEMPRESA actualizado; c) ROE emitido por el Ministerio de Trabajo; d) Copia Legalizada de Afiliación a Ente Gestor; e) Nota fundamentada sobre razones para el pago excepcional en dinero; y, f) Fotocopia de la Nota de Cargo girada por la ASUSS, ante la falta del cumplimiento a la obligación del pago de subsidio prenatal en especie. Así, respecto al trámite a desarrollarse para el pago con carácter retrasado del subsidio prenatal, el referido precepto normativo, a partir de su parágrafo II., señala que: ‘Una vez iniciado el trámite tendrá una duración de 15 días hábiles, si la solicitud fuese observada el empleador podrá subsanar las observaciones en un lapso de 2 días hábiles posteriores al recojo de su solicitud ante oficinas de la ASUSS. III. Si el trámite fuese denegado, el empleador podrá presentar por única y última vez el trámite de autorización excepcional de pago de subsidio prenatal en dinero, fundamentando con nuevos argumentos su solicitud. Si la solicitud fuese aceptada, la ASSUS remitirá los antecedentes y la Resolución de Autorización Excepcional de Pago de Subsidio prenatal en dinero ante el solicitante.

IV. El EMPLEADOR será el encargado del pago del subsidio prenatal en dinero mediante depósito bancario a la beneficiaria del subsidio. V. El recojo del subsidio prenatal en dinero, será realizado de forma personal o apoderado legalmente acreditado por la beneficiaria’. En ese marco legal, se establece que, conforme la normativa aplicable a las asignaciones familiares se encuentra contemplada la posibilidad de que el subsidio prenatal sea efectivizado en dinero, situación que se halla condicionada al cumplimiento de los señalados requisitos y al trámite determinado en el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida. En tal sentido, teniéndose en cuenta que el subsidio prenatal consiste en la entrega de una asignación mensual a la madre asegurada o beneficiaria de productos alimenticios inocuos, no transgénicos con alto valor nutritivo de origen nacional, acorde a las necesidades de la misma en su estado de gravidez (equivalente al pago de Bs2 000.-), tendientes a garantizar un desarrollo integral del nuevo ser que se encuentra en gestación, así como la provisión de los recursos y alimentos necesarios a la madre gestante, debe considerarse que el incumplimiento del pago oportuno del mismo por parte del empleador, involucra la afectación de sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social, y a la alimentación, que repercute en la vida digna de la madre y de la niña o niño que está por nacer, por lo que en caso de ser necesaria la compensación y pago con carácter retrasado de dicho beneficio; es decir, posterior al nacimiento del ser que se encontraba en gestación, y existiendo el requerimiento de la parte accionante del pago del mismo en dinero, se comprenderá que su otorgación en especie mediante los productos alimenticios necesarios en la etapa de embarazo de la madre beneficiaria, resulta inoportuna e ineficaz, dado que ya no cumple con la finalidad a la que estaba destinada. A tal efecto, también deberá considerarse: a) Que el reclamo realizado por la beneficiaria (o) en cuanto al pago de subsidio prenatal debe efectuarse de forma oportuna y no con excesiva posterioridad, aspecto que se justifica precisamente en el propósito de la entrega de dicho beneficio, cual es la contribución al desarrollo integral del ser en etapa de gestación; y, b) El cumplimiento de las correspondientes obligaciones que adquieren los beneficiarios, entre ellas la debida afiliación y la asistencia mensual de la madre gestante ante el Ente Gestor para su respectivo control prenatal.

Asimismo, en cuanto al pago del SUBSIDIO DE LACTANCIA, considerándose que el mismo se constituye en la entrega de productos alimenticios inocuos no transgénicos, con alto valor nutritivo por cada hija o hijo desde el primer día del nacimiento hasta el cumplimiento del primer año de edad (equivalente a Bs2 000.-); ante el incumplimiento oportuno por parte del empleador y debiendo procederse a la compensación y pago con carácter retrasado; vale decir, posterior al cumplimiento del primer año de edad del menor beneficiario, se debe tener en cuenta que de acuerdo al Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, se establece como prohibiciones: Art. 21.- ‘(PROHIBICIONES A LOS EMPLEADORES). Los empleadores están prohibidos de: a) Otorgar el subsidio de lactancia en dinero’.

Art. 22.- ‘(PROHIBICIONES DE LAS BENEFICIARIAS). Los beneficiarios están prohibidos de: a) Recibir el subsidio de lactancia en dinero’. En consecuencia, respecto al subsidio de lactancia conforme a la norma vigente se dispone de manera expresa un impedimento para procederse de forma monetaria; por lo que, no resulta atendible su materialización en dinero” (las negrillas fueron añadidas).

III.4. Análisis del caso concreto

En el presente caso, la accionante denuncia la lesión de sus derechos -se asume también de los de su hijo- a la vida, a la seguridad social, a la alimentación y a la salud, así como al principio de interés superior de la niña, niño y adolescente; toda vez que, habiendo nacido su hijo en vigencia de la relación laboral con el Gobierno Autónomo Departamental de Beni -entidad que representa la autoridad accionada-, solicitó el pago y reconocimiento de las asignaciones familiares que le corresponden, consistentes en cuatro subsidios prenatales, el subsidio de natalidad y un subsidio de lactancia, los cuales no fueron cancelados por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la señalada institución, vulnerando de esa manera no sólo sus derechos sino también de los de su hijo recién nacido; por cuanto, tuvo que cubrir los gastos de su alimentación personalmente; asignaciones que al no haber sido pagadas en su oportunidad, deben ser reconocidas en dinero.

Establecidos de esa manera la supuesta omisión ilegal y la vulneración de los derechos y principio invocados en la presente acción de defensa, inicialmente es preciso aclarar que conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en el caso, no concurre una causal de improcedencia por subsidiariedad, como manifiesta la autoridad accionada en su informe escrito, al señalar que la acción de amparo constitucional no procede contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso del cual no se haya hecho uso oportuno, porque dada la condición de madre progenitora de la accionante y la naturaleza de los derechos invocados, no era necesario que antes de acudir a la justicia constitucional, tenga que agotar los medios o mecanismos establecidos en la instancia administrativa u ordinaria. Efectuada la aclaración precedente, de la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente y que fueron remitidos en revisión ante esta instancia constitucional, se tiene que, la ahora accionante fue designada en el cargo de “Auxiliar IV - Unidad Administrativa” dependiente de la “Unidad Administrativa SDAF” de la Secretaría Departamental de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni -entidad representada por la autoridad accionada-, con el nivel salarial 19 de la planilla de inversión, mediante Memorándum SDAF/395 A-D/2021 de 16 de julio, emitido por el Secretario Departamental de Administración y Finanzas de dicha institución, hasta el 31 de diciembre de 2021; posteriormente, a través de Contrato Administrativo de Personal Eventual GAD-BENI-C.E-261/2022 de 3 de enero, fue contratada para que desempeñe el mismo cargo, por el periodo del 3 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022. Asimismo, constan Certificados de Atención Prenatal emitidos por la Trabajadora Social y el Coordinador Médico de la Administración de la Caja de Salud CORDES, que acreditan que la accionante dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, recibió atenciones médicas el 6 de septiembre de 2021 -quinto mes de embarazo-; el 6 de octubre de igual año -sexto mes de embarazo-; y, el 8 de noviembre de similar año, -séptimo mes de embarazo- otorgándole la habilitación a partir del quinto mes de embarazo para el subsidio prenatal. De igual manera se tiene que la referida impetrante de tutela por Notas de Comunicación Interna D.ADM. 346/2021 de 8 de noviembre, D.ADM. 23/ “2021” de 3 de marzo de 2022; y, D.ADM. 25/ “2021” de 7 de mismo mes y año, solicitó a la Directora de Bienestar Laboral y Prevención Social del Gobierno Autónomo Departamental de Beni -entidad que representa la autoridad accionada-; el pago del subsidio prenatal del sexto mes; pago de “nacido vivo”, de acuerdo a normativa vigente, adjuntando para ello memorándum de designación, fotocopia de cédula de identidad, carnet de asegurada de la Caja de Salud CORDES, certificado de nacido vivo -de su hijo-, carnet de seguro, certificado de nacimiento original y formulario de altas y bajas; y, lactancia, de acuerdo a normativa vigente, anexando de la misma manera, la documentación referida; toda vez que, por Certificado de Nacimiento 0275571 de 3 de marzo de 2022, se certificó el nacimiento del hijo de la accionante el 12 de diciembre de 2021. Finalmente, por Formulario de Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares, emitido por el Encargado de Afiliación y Vigencia de Derechos y el Coordinador Médico de la Caja de Salud CORDES, el 22 de febrero de 2022, se estableció que corresponde el pago de subsidio de natalidad “SI CORRESPONDIERA” a la asegurada Yosira García Machua -accionante- por su hijo menor de edad nacido el 12 de diciembre de 2021, equivalente a Bs2 000.-, en efectivo, por única vez, en cumplimiento al DS 21637, modificado por el DS 3546; y en especie, corresponderían diez asignaciones familiares desde el 12 de marzo de 2022 al 12 de diciembre del mismo año. Al respecto, es necesario tener presente lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a las asignaciones familiares, que al formar parte del derecho a la seguridad social y estar íntimamente ligadas con el derecho a la vida, a la salud y alimentación de la madre y del ser gestante hasta que cumpla un año de edad, son de carácter obligatorio y de cumplimiento inmediato, en razón a sus finalidades implícitas; motivo por el cual, deben satisfacerse conforme a los principios de oportunidad y eficacia que rige la seguridad social a corto plazo, siendo deber del Estado en todos sus niveles proteger y garantizar su entrega.

En ese entendido, en el marco del DS 3546, que modifica el art. 25 del DS 21637, se reconocen las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares consistentes en “…a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2.000.- (DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad; b) Subsidio de Natalidad, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS); c) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.- (DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida…” (el resaltado es nuestro), que serán pagadas, a cargo y costo de los empleadores de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras, en favor de los beneficiarios.

Asimismo, el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, aprobado por RA 076-2019 de 29 de marzo, en su art. 4, establece las siguientes definiciones: “a) Asignaciones Familiares. Régimen de la Seguridad Social de Corto Plazo, consistente en prestaciones en especie (prenatal - lactancia) y/o en dinero (prenatal -natalidad - sepelio), que son otorgados por los empleadores a la titular/beneficiaria (os) de acuerdo a disposiciones legales vigentes. (…) d) Subsidio Prenatal. Consiste en la entrega a la madre gestante, de una asignación mensual de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional acorde a las necesidades de la gestante, equivalente al pago de Bs. 2.000 (Dos Mil 00/100 bolivianos) acorde a normativa vigente, a partir del primer día del quinto mes de gestación, feneciendo al nacimiento del niño y/o niña. e) Subsidio de Lactancia. Consiste en la entrega a la madre, de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional, equivalente al pago de Bs. 2.000 (Dos Mil 00/100 bolivianos) acorde a normativa vigente, por cada hija (o) vivo, desde el primer día de nacimiento hasta el cumplimiento del primer año de edad. f) Subsidio de Natalidad. Consiste en la otorgación a los beneficiarios (as) de una cancelación única en dinero, equivalente a Bs. 2.000 (Dos Mil 00/100 bolivianos) acorde a normativa vigente, por el nacimiento de cada hijo (a)…” (las negrillas son agregadas). En cuanto al subsidio de lactancia, es preciso aclarar que su finalidad, conforme al art. 2.I del DS 4167 de 27 de febrero de 2020, que modificó el inc. c) del art. 25 del DS 21637 -modificado a su vez por el DS 3546-, se constituye en: “…la entrega de productos que cubran los requerimientos nutricionales y productos para la protección e higiene de la madre y el lactante, equivalentes a Bs2.000.- (DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce (12) meses de vida” (el énfasis nos pertenece). Determinándose su compensación retroactiva o con carácter retrasado, cuando el empleador haya incumplido con su otorgación de forma oportuna, de acuerdo al procedimiento regulado a dicho efecto, además de lo determinado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, que hace mención a lo establecido por el art. 28 del citado Reglamento, que regula el pago retrasado de los subsidios prenatal y de lactancia. En el marco de lo referido, respecto a la falta de pago oportuno de las asignaciones familiares que le corresponden a la impetrante de tutela, siendo la pretensión de la prenombrada el pago de los subsidios impagos, en dinero, habiendo dispuesto la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, la concesión de la tutela ordenando el pago de los subsidios reclamados en dinero; el Gobierno Autónomo Departamental de ese departamento, a cargo de la autoridad ahora accionada, en su informe reconoció que se adeuda a la accionante el subsidio prenatal de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2021; no así de meses anteriores ni de diciembre, justificando que la peticionante de tutela no cumplió los nueve meses de embarazo; asimismo, se advierte que no cuestionó ni mucho menos desvirtuó la omisión del pago oportuno de las asignaciones familiares de natalidad y lactancia de marzo de 2022. En ese marco, respecto al subsidio prenatal, teniendo en cuenta que este beneficio comprende la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de una asignación mensual -en dinero o especie- de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional acorde a las necesidades de la gestante, equivalente al pago de Bs2 000.-, durante los cinco últimos meses de embarazo, debe tenerse presente que, si bien los beneficiarios tienen el derecho de exigir el pago oportuno de dichas prestaciones a la parte empleadora, compele a los mismos el cumplimiento de las correspondientes obligaciones que adquieren en su condición de beneficiarios, entre ellas la debida afiliación y la asistencia mensual de la madre gestante ante el Ente Gestor para su respectivo control prenatal, lo cual se encuentra establecido en el art. 12 inc. b) del mencionado Reglamento. Así, en el caso concreto, del contenido de los Certificados de Atención Prenatal previamente descritos, se tiene que la impetrante de tutela recibió atención en la etapa de su embarazo por los meses de septiembre, por el quinto mes de embarazo; octubre, respecto del sexto mes de embarazo; y, noviembre, por el séptimo mes de embarazo; asimismo, consta el nacimiento de su hijo el 12 de diciembre de 2021; empero, no se advierte el control prenatal de un cuarto mes de embarazo, como pretende la prenombrada, cuando alega el no pago de cuatro subsidios prenatales. En ese marco fáctico y normativo, se advierte que al no haberse efectivizado el pago oportuno a la accionante respecto del subsidio prenatal inherente a tres meses de embarazo -septiembre, octubre y noviembre de 2021-, la parte accionada lesionó lo derechos de la prenombrada a la vida, salud y seguridad social y alimentación así como a principio de interés superior de la niña, niño y adolescente; por lo que, resulta evidente que le corresponde el pago de tres subsidios prenatales, los cuales deben ser efectivizados en el marco de la normativa legal vigente aplicable al caso, que conforme al entendimiento glosado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, admite su pago en dinero de manera excepcional, en cuyo caso debe efectuarse previamente el trámite de autorización respectivo ante la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), entidad que acorde a sus competencias, emitirá una Resolución Administrativa expresa. Sobre el subsidio de natalidad, consistiendo el mismo en un pago único a la madre en dinero equivalente a Bs2 000.-, la omisión en su entrega no se halla cuestionada en el presente caso y su pago retrasado está demostrado; ello, considerando que el nacimiento del niño beneficiario se produjo el 12 de diciembre de 2021, con base a lo cual se determinó que le correspondía a la impetrante de tutela el subsidio de natalidad, equivalente a Bs2 000.-, en cumplimiento al DS 21637 y su modificación por el DS 3546 –Formulario de Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares de 22 de febrero de 2022- y que la presente acción tutelar se interpuso el 9 de mayo de 2022; por lo que, amerita ordenarse su entrega como corresponde. En relación al subsidio de lactancia, conforme al Formulario de Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares citada previamente, corresponde el pago de diez asignaciones familiares a la accionante, en especie, desde el 12 de marzo de 2022 al 12 de diciembre del mismo año; en consecuencia, teniendo presente que la presente acción de defensa fue planteada el 9 de mayo de 2022, sin que la pretensión de la prenombrada con relación al pago de la asignación familiar del mes de marzo de 2022, se hubiese efectivizado, corresponde ordenar su cumplimiento. En esa línea de análisis, referente a la modalidad del pago del subsidio de lactancia en dinero, de acuerdo al análisis de la normativa descrita en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional -arts. 21 inc. a) y 22 inc. a) del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida-, se establece la prohibición expresa tanto a los empleadores como a los beneficiarios de la entrega y su recepción, respectivamente, de pago en dinero, impedimento legal que se comprende, se sustenta en la específica finalidad que persigue su otorgación en especie, como es mejorar la alimentación a través de la entrega de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo, que cubran los requerimientos nutricionales para la protección e higiene de la madre y del lactante, resguardando de esa manera el derecho a la vida, a la salud y a la alimentación de los mismos; por consiguiente, su pago en dinero sin que existan mecanismos de control, no cumpliría con la finalidad señalada, la misma que se justifica, en la prioridad de resguardar los precitados derechos del recién nacido hasta que cumpla un año de edad y, ante todo, precautelando por su interés superior, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia -art. 60 de la CPE-; en consecuencia, no resulta posible disponer su pago en dinero como pretende la peticionante de tutela. Por lo expuesto, corresponde conceder la tutela solicitada por la parte accionante, por lesión de sus derechos y de los de su hijo recién nacido a la vida, a la seguridad social, a la alimentación y a la salud, vinculados con el principio de interés superior de la niña, niño y adolescente, disponiendo el pago de los subsidios prenatales, correspondiente a los meses septiembre, octubre y noviembre de 2021; el subsidio de natalidad; y, un subsidio de lactancia -mes de marzo de 2022-; y, denegar en cuanto al cuarto mes de subsidio prenatal.

III.4.1. Dimensionamiento de los efectos de la Sentencia

Dada la particularidad del caso concreto, y a consecuencia de que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, ordenó que la autoridad accionada pague a favor del hijo de la accionante tres subsidios prenatales de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2021; uno de natalidad; y, uno de lactancia del mes de marzo de 2022, debiendo realizar el pago en dinero dentro de un término de veinte días hábiles a partir de su notificación; determinación que conforme al art. 40.I del CPCo, tiene cumplimiento inmediato; corresponde hacer mención a lo determinado en la SC 0595/2010-R de 12 de julio, relacionado al dimensionamiento de los efectos de la Sentencia, en la que se determinó que: “…no obstante, en atención a la facultad previsora el Tribunal Constitucional, puede dimensionar los efectos de la Sentencia Constitucional, y de acuerdo a las circunstancias del caso y de manera excepcional toma determinaciones de tal manera que no se genere inseguridad jurídica”. En ese marco normativo y jurisprudencial, amerita que los efectos del presente fallo constitucional deban ser dimensionados, disponiéndose que si como consecuencia de la decisión asumida mediante la Resolución 049/2022, pronunciada por la mencionada Sala Constitucional -que ordenó a la autoridad accionada que en el plazo de veinte días a partir de su legal notificación proceda a cancelar en dinero, además de las otras asignaciones familiares, un subsidio de lactancia, a favor de la accionante-, ya se hubiese procedido a la cancelación de dicha prestación en esa forma, dichos efectos quedan válidos y subsistentes; en razón a que, retrotraer o modificar esta inicial determinación, agravaría la consecución de la finalidad que persigue este beneficio orientado a precautelar el bienestar del niño beneficiario. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 049/2022 de 12 de mayo, cursante de fs. 40 a 45, pronunciada por Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, por lesión de los derechos a la vida, a la seguridad social, a la alimentación y a la salud, y el principio de interés superior de la niña, niño y adolescente, por la no otorgación de tres subsidios prenatales; uno de natalidad y otro de lactancia, según el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida y el DS 3546, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional; 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación al cuarto mes de subsidio prenatal, y; 3° Dimensionar la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en consideración al tiempo transcurrido, manteniendo invariable el pago en dinero de las asignaciones devengadas, como consecuencia de la concesión de tutela dispuesta por la precitada Sala Constitucional, con base en los argumentos expuestos en el Fundamento Jurídico III.4.1 del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente; siendo de Voto Disidente el Dr. Petronilo Flores Condori.

Fdo. Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0432_2023-S3.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): bd61487c17634939a16d489620cab4beb21d4fda79115f419c0e8263ff1dbdab

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