B.IA.LEGAL

SCP 0432/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 1 de junio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
1 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
45796-2022-92-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; y, la garantía del juez natural en su componente de imparcialidad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión de los delitos de lesiones graves y leves, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, por Auto Interlocutorio de 24 de agosto de 2021 dispuso el cumplimiento de las medidas cautelares personales previstas en el art. 231 bis. parágrafo I numerales 2, 5 y 6 del CPP, debido a la concurrencia de los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.6 y 235.2 del mismo cuerpo legal. Impugnada la decisión, la Vocal demandada por Auto de Vista 414/2021 de 24 de septiembre, si bien dio por enervado el peligro de fuga y concurrente el de obstaculización, mantuvo las medidas impuestas cuando correspondía la aplicación de otras menos gravosas. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 4 de febrero de 2022, cursante de fs. 59 a 63, pronunciada por el Juez de Partido de Sentencia Penal y Liquidador Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; constituido en Juez de garantías, y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; 2° DENEGAR la tutela respecto a los derechos a la defensa y al juez natural en su componente de imparcialidad; y, 3° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 414/2021 de 24 de septiembre, ordenando que la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emita uno nuevo en atención a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a una decisión fundamentada, motivada y congruente
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0432/2023-S2 Sucre, 1 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 45796-2022-92-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 4 de febrero de 2022, cursante de fs. 59 a 63, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Luis Gómez Viracochea contra María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de febrero de 2022, cursante de fs. 40 a 44 vta., el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante Auto Interlocutorio de 24 de agosto de 2021, se dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva en su contra, como ser la detención domiciliaria, su presentación ante el Ministerio Público cada siete días, fianza económica y arraigo; decisión que fue asumida ante la concurrencia de los peligros procesales previstos en los arts. 234.6 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por tal motivo, interpuso recurso de apelación incidental. En ese orden, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista 414/2021 de 24 de septiembre, declaró improcedente la impugnación planteada por la víctima y procedente en parte su recurso de apelación incidental; sin embargo, la Vocal demandada de manera ilegal y desmotivada mantuvo subsistente su detención domiciliaria, accionar contrario a la prohibición desarrollada en la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, que sostiene que el juzgador debe resolver conforme lo sostenido por la parte acusadora y no suplir dicha deficiencia en desmedro del juez natural en su elemento de imparcialidad. Denunció que pese a que el Ministerio Público desarrolló una labor negligente, al no haberse presentado a la audiencia de apelación, y que los argumentos de la víctima no fueron sostenidos por su abogado, la Vocal demandada con nuevos fundamentos que no fueron parte del debate decidió resolver su impugnación con base en un criterio personal dejándolo en estado de indefensión, lo cual resultó en una falta de coherencia entre lo planteado y resuelto. En ese entendido, fue incongruente sostener que la concurrencia del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP fue acreditado mediante la declaración de testigos, cuando éstos no fueron individualizados ni sostuvieron estar presionados física o psicológicamente para brindar o no su declaración. En relación a lo previsto por el art. 235 ter. del CPP, sostuvo que no concurría peligro de fuga alguno; sin embargo, se ordenó su presencia cada siete días en el Ministerio Público, arraigo, fianza económica y su detención domiciliaria; que si bien fue con autorización de trabajo no era proporcional ni razonable, al respecto, la autoridad demandada señaló que no cumplió con la carga argumentativa lo cual fue contrario a lo consignado en antecedentes. Finalmente, alegó que ante la sola concurrencia del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, correspondía modificar -bajo un test de razonabilidad y proporcionalidad- las excesivas medidas impuestas y levantar su detención domiciliaria.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; y, la garantía del juez natural en su componente de imparcialidad; citando al efecto los arts. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar que se deje sin efecto el Auto de Vista 414/2021 de 24 de septiembre.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 4 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 55 a 59, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante ratificó in extenso todos los argumentos contenidos en la demanda tutelar.

I.2.2. Informe de la demandada

María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, remitió informe escrito de 4 de febrero de 2022, cursante a fs. 52 y vta., manifestando lo siguiente: a) Por Auto de Vista 414/2021, declaró procedente en parte el recurso de apelación incidental interpuesto por José Luis Gómez Viracochea; por consiguiente, se determinó que no concurría el riesgo de fuga previsto en el art. 234.6 del CPP; b) Posteriormente el 22 de octubre de 2021, devolvió el legajo procesal al Juzgado de Instrucción Penal Tercero de Quillacollo del referido departamento; c) Se dio estricta observancia a los presupuestos del debido proceso y al principio de verdad material intrínsecamente vinculado a la justicia material, por cuanto la inconcurrencia de una de las partes no conlleva a la veracidad de las premisas expuestas cuando no corresponden a los sustentos que informan el legajo procesal; y, d) Se remitió al Auto de Vista 414/2021 dictado y solicitó que se deniegue la tutela; toda vez que, la mera disconformidad del accionante con lo resuelto no es causa suficientes para dar curso a la acción de libertad formulada.

I.2.4. Resolución

El Juez de Partido de Sentencia Penal y Liquidador Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 4 de febrero de 2022, cursante de fs. 59 a 63, denegó la tutela peticionada conforme a los siguientes fundamentos: 1) Respecto a los presupuestos de procedencia de la acción de libertad el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo) señala que la misma se activa cuando cualquier persona crea que su vida está en peligro, está ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad; 2) Sobre la obligación de los tribunales de alzada de fundamentar y motivar sus resoluciones, la SCP 0763/2016-S2 de 22 de agosto, dispuso que el debido proceso implica, entre otras cosas, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales y administrativas; 3) El art. 124 del CPP determina que las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados y expresaran los motivos de hecho y derecho en que basan su decisión; en el mismo orden, respecto al contenido de forma y fondo de la resoluciones judiciales, el art. 236.4 del mismo cuerpo legal dispone que debe realizarse una fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la decisión, con cita de las normas legales; 4) En cuanto a la protección del debido proceso vía acción de libertad, no abarca todas las formas a que puede ser vulnerado, sino, que está reservada para aquellos entornos en que se restringe los derechos a la libertad física y de locomoción. De igual forma para que la justicia constitucional pueda aperturar su competencia se exige la concurrencia de dos presupuestos; el primero, que los actos lesivos denunciados sean la causa directa para la restricción del derecho a la libertad física, y el segundo, que exista absoluto estado de indefensión; 5) De la revisión del Auto de Vista 414/2021, se observó que la autoridad judicial demandada analizó los argumentos expuestos por el recurrente para así declarar procedente en parte su impugnación. En el mismo sentido, explicó las razones para la concurrencia del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP; 6) Se evidenció que el 24 de agosto de 2021 tuvo lugar el acto lesivo denunciado y que el Auto de Vista 414/2021 -ahora impugnado- fue dictado el 24 de septiembre de idéntico año; y que posteriormente, después de cinco meses se formuló la presente acción tutelar, sin que en el transcurso de todo ese tiempo se haya realizado denuncia alguna sobre la supuesta lesión del derecho a la libertad física; y, 7) “…se tiene que si bien es cierto que la parte accionante alega que a momento de haberse resuelto la medida cautelar la juez a quo también hubiese infringido ese derecho, no ha sido reclamado mediante esta acción concluyendo que solo se ha accionado a la presidenta de la sala penal tercera del Tribunal Departamental de Justicia. Por todos estos antecedentes la acción de libertad interpuesta por José Luis Gómez Viracochea no cuenta con sustento legal” (sic).

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Al no existir consenso en Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Del acta de audiencia pública de aplicación de medidas cautelares de 24 de agosto de 2021, se evidenció que la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante Auto Interlocutorio de igual data dispuso que José Luis Gómez Viracochea -hoy accionante- cumpla las medidas cautelares personales establecidas en el art. 231 bis. parágrafo I numerales 2, 5 y 6 del CPP; ante la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.6 y 235.2 de la Norma Adjetiva Penal. Decisión que fue objeto de apelación por la defensa y el Ministerio Público (fs. 2 a 9). II.2. Por Auto de Vista 414/2021 de 24 de septiembre, María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba declaró: “…IMPROCEDENTE el recurso de apelación incidental interpuesto por Danilo Blanco Nogales; y PROCEDENTE EN PARTE el recurso de apelación opuesto por José Luis Gómez Viracochea, sea únicamente en relación al riesgo de fuga contenido en el num.6) del art. 234, determinándose la extracción del mismo de la situación jurídica del imputado…” (sic [fs. 17 a 20 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; y, la garantía del juez natural en su componente de imparcialidad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión de los delitos de lesiones graves y leves, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, por Auto Interlocutorio de 24 de agosto de 2021 dispuso el cumplimiento de las medidas cautelares personales previstas en el art. 231 bis. parágrafo I numerales 2, 5 y 6 del CPP, debido a la concurrencia de los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.6 y 235.2 del mismo cuerpo legal. Impugnada la decisión, la Vocal demandada por Auto de Vista 414/2021 de 24 de septiembre, si bien dio por enervado el peligro de fuga y concurrente el de obstaculización, mantuvo las medidas impuestas cuando correspondía la aplicación de otras menos gravosas. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El derecho a una decisión fundamentada, motivada y congruente

Sobre el particular la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre; estableció que la arbitrariedad de una decisión puede estar expresada en: “b.1) Una ‘decisión sin motivación’, o existiendo esta es b.2) Una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) Una ‘motivación insuficiente’. b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025- ‘Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales’. En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R de 2 de octubre), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. (…)

b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’. Si el órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir incurre en cualesquiera de esos tres supuestos: ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta, ‘motivación arbitraria’, o en su caso, ‘motivación insuficiente’, como base de la decisión o resolución asumida, entonces, es clara la visualización de la lesión del derecho a una resolución fundamentada o motivada, como elemento constitutivo del debido proceso.

(…)

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es (…). El principio de congruencia, ha sido desarrollado por varias sentencias constitucionales: La SC 1312/2003-R de 9 de septiembre, respecto al proceso como unidad; la SC 1009/2003-R de 18 de julio, con relación a la coherencia en la estructura de la decisión entre la parte motiva y la resolutiva. En ese sentido también está la SC 0157/2001-R y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0747/2012 y 0858/2012, referidos a la congruencia entre la parte motiva y resolutiva en acciones de defensa; la SC 1797/2003-R de 5 de diciembre, cuando se resuelven recursos, sobre la pertinencia entre lo apelado y lo resuelto” (el subrayado es nuestro).

En este orden de ideas, en relación al derecho a una decisión congruente, la SCP 0160/2021-S2 de 21 de mayo, dispuso que: “…todo argumento contiene una justificación interna y externa, formal y material, la primera, se refiere a la logicidad del fallo, a la conexión lógica que debe existir entre las premisas fácticas y normativas con la conclusión, lo cual demuestra que el paso de unos enunciados (premisas) a otros (conclusión), fue válido y racional y en ese orden, que existió un razonamiento correctamente estructurado de la autoridad judicial; así, en el plano de la concepción formal de la argumentación, cobra relevancia la forma y no el contenido sustancial.

Así, Atienza, M, (2013). Curso de Argumentación Jurídica (Trotta), señala: ‘Todos los argumentos tienen una determinada forma, una estructura, y de ello es de lo que se ocupada la lógica en sentido estricto, que por eso se llama ‘lógica formal’. Conviene aclarar que aquí no se trata de la forma de una actividad (la estructura de un diálogo, por ejemplo), sino de la forma de producto o resultado de la misma, del argumento, que, como antes se ha visto, consta de tres elementos: las premisas, la conclusión y la relación que se establece entre esos dos elementos, la inferencia’. Por su parte, la dimensión material de la argumentación, es decir, la justificación externa, exige que las premisas de tipo fáctico y normativo, encuentren respaldo en material objetivo de prueba, a fin de demostrar que estas son correctas, probables y cumplen criterios de veracidad; al respecto, el referido autor, manifestó: ‘Desde la perspectiva que hemos llamado ‘material’, argumentar no consiste ya en presentar una serie de proposiciones estructuradas de una determinada manera, sino que es, más bien, la actividad de ofrecer razones (buenas razones) sobre cómo es el mundo (algún aspecto del mismo) o sobre cómo debe alguien actuar en él. El centro de sitúa, entonces, en las premisas (y en la conclusión), pero no entendidas en cuanto enunciados con una cierta forma, pues lo que interés aquí es, precisamente, su contenido de verdad y de corrección’”.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; y, la garantía del juez natural en su componente de imparcialidad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión de los delitos de lesiones graves y leves, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, por Auto Interlocutorio de 24 de agosto de 2021 dispuso el cumplimiento de las medidas cautelares personales previstas en el art. 231 bis. parágrafo I numerales 2, 5 y 6 del CPP, debido a la concurrencia de los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.6 y 235.2 del mismo cuerpo legal. Impugnada la decisión la Vocal demandada por Auto de Vista 414/2021 de 24 de septiembre, si bien dio por enervado el peligro de fuga y concurrente el de obstaculización, mantuvo las medidas impuestas cuando correspondía la aplicación de otras menos gravosas. En este contexto, evidentemente se advierte el inició de un proceso penal contra José Luis Gómez Viracochea, dentro del cual la Jueza de la causa dispuso el cumplimiento de las medidas establecidas en el art. 231 bis. parágrafo I numerales 2, 5 y 6 del CPP; ello, en razón a la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.6 y 235.2 del mismo Código; decisión que fue objeto de un recurso de apelación incidental por parte del imputado, la supuesta víctima y el Ministerio Público. En consecuencia, tal como acredita la Conclusión II.2, la Vocal demandada mediante Auto de Vista 414/2021 declaró improcedente la apelación incidental formulada por Danilo Blanco Nogales -víctima-; y procedente la interpuesta por el hoy accionante; en consecuencia, se tuvo por enervado el riesgo de fuga contenido en el art. 234.6 del CPP y vigentes las medidas impuestas por la Jueza de control jurisdiccional. En este escenario, se tiene que el accionante interpuso la presente acción tutelar denunciando que la autoridad judicial demandada emitió una decisión judicial desmotivada, infundada e incongruente, además de irrazonable; por tal motivo, se debe realizar un examen de fondo sobre el Auto de Vista 414/2021, correspondiendo en primer lugar, tomar conocimiento de los agravios expuestos por el accionante en la audiencia de apelación contra el Auto Interlocutorio de 24 de agosto de 2021, y lo resuelto por la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba mediante el precitado Auto de Vista; todo ello, a fin de verificar si hubo un quebrantamiento del debido proceso en los términos señalados por el peticionante de tutela. En ese entendido, en oportunidad de la audiencia de apelación de medidas cautelares, José Luis Gómez Viracochea, a través de su abogado manifestó: i) No hubo individualización ni motivación al momento de señalar como concurrente la probabilidad de autoría prevista en el art. 233.1 del CPP; es decir, no se realizó una descripción de conducta cada imputado de manera individual, sino de forma general. ii) Se dio por concurrente el peligro de fuga establecido en el art. 234.6 del CPP, lesionándose el principio de presunción de inocencia; toda vez, que el denunciante acompañó documental que acreditó que el único caso denunciado en su contra se encontraba cerrado; sin embargo, con base en dicho elemento se justificó el referido riesgo de fuga, bajo el argumento que el mencionado proceso podía ser reabierto. iii) El peligro de obstaculización establecido en el art. 235.2 del CPP, fue acreditado en vulneración de la “SC 583/2017” que señala que dicho riesgo no puede sustentarse con el mismo hecho; en el caso, el carácter violento que se le atribuye al encausado. Por otro lado, no se identificó quién y de qué forma estaba influyendo negativamente; por el contrario, se usó términos genéricos y meras presunciones.

iv) El Auto Interlocutorio de 24 de agosto de 2021 no cumplió lo previsto por el art. 235 ter. párrafo sexto del CPP, al no haberse realizado un examen de proporcionalidad. Siguiendo este orden, mediante Auto de Vista 414/2021, María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dispuso lo siguiente: a) La SCP 0077/2012 de 16 de abril, respecto al alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP, dispuso que los tribunales de alzada solo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiera cuestionado con relación al Auto Interlocutorio impugnado. b) No se advirtió la alegada falta de individualización, por el contrario, en el Considerando Segundo del Auto Interlocutorio de 24 de agosto del referido año, se desarrolló específicamente y taxativamente el relato fáctico expuesto por el denunciante que de manera expresa mencionó la participación que tuvo José Luis Gómez Viracochea; antecedentes, innecesarios de transcribir al estar claramente descritos en la imputación formal. De igual forma se recabaron distintos elementos de convicción como un certificado médico forense, informe policial, actas de entrevistas de la víctima y testigos, que acreditaron la existencia del hecho y la participación del imputado. c) En lo relativo al peligro de fuga previsto en el art. 234.1 del CPP, su inconcurrencia obedece a la presentación del formulario de verificación domiciliaria y otros elementos que corroboran el mismo; razón por la cual, no se advirtió que el Jueza de primera instancia hubiera actuado alejada de las exigencias de la sana crítica y razonabilidad. d) Sobre el peligro procesal establecido en el art. 234.7 del CPP, no es suficiente mencionar el hecho objeto del proceso, siendo necesario que quien alegue su concurrencia acredite la vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima; razón por la cual, es menester ratificar la vigencia del referido riesgo de fuga. En relación a la concurrencia de la actividad delictiva reiterada -art. 234.6 de la Norma Adjetiva Penal-, los agravios expuestos por el imputado resultan evidentes; toda vez que, la construcción del citado riesgo de fuga fueron a partir de presunciones negativas e incluso condiciones suspensivas; como en efecto sucedió al momento de señalar la vigencia del mismo a partir de documental que acreditaba la existencia de un caso ya cerrado contra el encausado; motivo por el cual, correspondía enervar dicho riesgo procesal. e) La Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, estableció la concurrencia del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, a raíz que faltaba recibir las entrevistas de los testigos de cargo que observaron las agresiones del imputado, de la víctima que era el principal testigo y de otros que presenciaron las agresiones. Se evidenció que de manera concreta se individualizó a los sujetos de influencia negativa, y que el sindicado en calidad de Dirigente del Sindicato Primero de Mayo tiene la facilidad de ejercer influencia negativa sobre la víctima y otros testigos que trabajan en la misma institución; razón por la cual, se ratificó la vigencia de dicho riesgo. f) Sobre la falta de cumplimiento del art. 235 ter. párrafo sexto del CPP, la parte argumentativa no cumplió la carga argumentativa, a objeto que se ingrese a verificar la razonabilidad de las medidas cautelares impuestas. En este punto, conviene delimitar el accionar del presente examen de control tutelar; a cuyo efecto corresponde identificar cuáles son cada una de las cuestiones planteadas por el impetrante de tutela mediante la presente acción de libertad que hacen al fondo del problema y merecen una respuesta fundamentada por parte de la jurisdicción constitucional; en ese entendido, el prenombrado alega que la autoridad demandada: 1) Ratificó la concurrencia del riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, con base en meras presunciones y no en elementos objetivos; y, 2) Las medidas impuestas fueron ratificadas sin observar el principio de razonabilidad previsto en el art. 235 ter. párrafo sexto del CPP. Ahora bien, en antecedentes consta que la Vocal demandada efectivamente ratificó el riesgo de fuga previsto en el art. 235.2 de la Norma Adjetiva Penal, en dicha labor, alegó que la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba estableció que faltaba recibir las entrevistas de los testigos de cargo que presenciaron las agresiones del imputado, de la víctima y de otros que vieron los hechos denunciados y que el sindicado en calidad de Dirigente del Sindicato Primero de Mayo tiene la facilidad de ejercer influencia negativa sobre la víctima y otros testigos que trabajan en la misma institución. Sin embargo, dichas razones no se adecuan a las exigencias de una decisión judicial fundamentada y motivada; siendo contrarias a lo previsto en la parte in fine del art. 235 del CPP, que señala que el peligro de obstaculización no se puede fundar en meras presunciones abstractas, sino que debe surgir de información precisa y circunstanciada. En este entendido, el hecho de manifestar que los testigos trabajan en el mismo lugar que el imputado para luego determinar la concurrencia del citado riesgo procesal; no es más que una probabilidad que no tiene respaldo ni justificación alguna; y que, en el caso se adecua a los supuestos de una decisión sin motivación y de un fallo incongruente en su dimensión externa, previstos en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; en razón que, no se dio razones de hecho y de derecho para sustentar lo decidido; y, la conclusión no está justificada en premisas válidas. Siguiendo este orden, se debió explicar y justificar con base en información precisa; de qué forma el hecho de no haberse recibido las declaraciones testificales -per se- implica actos presentes o futuros de amenaza o influencia negativa sobre los testigos. Dar curso a este errado razonamiento, supondría entender que al inicio de todo proceso penal (donde aún no se tomaron las declaraciones testificales) concurriría de manera automática en la conducta del imputado el referido riesgo de obstaculización, lo cual es contrario al sistema de garantías previsto en el Código de Procedimiento Penal. De igual forma, el hecho de ratificar la concurrencia del riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, mediante presunciones injustificadas, supone que el argumento no contiene una justificación externa o material; toda vez que, la dimensión material de la argumentación precisa que las premisas fácticas y normativas sean verdaderas; en otras palabras, si la premisa normativa dispondría que los riesgos procesales se pueden fundar en meras presunciones abstractas (cosa que no es cierto), la decisión objeto del presente análisis contendría una justificación material acorde a un debido proceso. Finalmente, sobre la falta de cumplimiento del art. 235 ter. párrafo sexto del CPP; la autoridad demandada señaló que no existe una suficiente carga argumentativa que amerite un análisis de razonabilidad sobre la decisión asumida. Sin embargo, ello no constituye un impedimento para dictar una decisión judicial fundamentada, motivada y congruente; razón por la cual, sobre este punto, debe emitir una respuesta acorde al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. Respecto a la supuesta lesión del derecho a la defensa y al juez natural en su componente de imparcialidad; los argumentos ofrecidos por el solicitante de tutela no son suficientes para formar convicción sobre los hechos denunciados. Por los motivos expuestos, la autoridad judicial demandada, al momento de la emisión del Auto de Vista 414/2021, lesionó el derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia; motivo por el cual, amerita conceder en parte la tutela peticionada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, actuó de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 4 de febrero de 2022, cursante de fs. 59 a 63, pronunciada por el Juez de Partido de Sentencia Penal y Liquidador Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; constituido en Juez de garantías, y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; 2° DENEGAR la tutela respecto a los derechos a la defensa y al juez natural en su componente de imparcialidad; y, 3° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 414/2021 de 24 de septiembre, ordenando que la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emita uno nuevo en atención a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Brigida Celia Vargas Bañarado, es de voto disidente.

Fdo. Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0432_2023-S2.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): c95141f8aea8e79bd9e3974867bf4ab0d7376e76e33e81b3b167292749d4cbd1

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →