B.IA.LEGAL

SCP 0430/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 8 de mayo de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
8 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
71778-2025-144-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, al debido proceso, a la educación, a permanecer en el núcleo familiar y al principio de excepcionalidad de la detención; puesto que: i) El Juez ahora accionado no le hizo conocer en tiempo oportuno el día y hora de audiencia de su solicitud de cesación de su detención preventiva presentada el 20 de febrero de 2025, la referida audiencia se efectuó el 27 de ese mes y año a la que no le dejaron ingresar; y, ii) La “autoridad fiscal” no presentó acusación ni requerimiento conclusivo, a pesar que al ser menor de edad la etapa investigativa no debía ser mayor a cuarenta y cinco días. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La protección directa a través de la acción de libertad en el caso de adolescentes responsables penalmente; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; c) Cesación de la detención preventiva de adolescentes en conflicto con la ley; d) La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales; e) La cesación de la detención preventiva de adolescentes en conflicto con la ley en los casos de violencia hacia la mujer; y, f) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 077/2025 de 2 de marzo, cursante de fs. 30 a 31, pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz y al ex y actual Fiscal de Materia hoy coaccionados y con relación a los derechos a la libertad personal y al debido proceso; además, del principio de excepcionalidad de la detención, sin disponer su libertad.

a) Disponer que el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, lleve adelante la audiencia de cesación de la detención preventiva programada para el 6 de marzo de 2025 y resuelva la situación jurídica del accionante considerando lo manifestado en el presente fallo constitucional, si es que su situación no hubiese cambiado. b) Disponer que el Fiscal de Materia presente inmediatamente requerimiento conclusivo, si es que no lo hubiese hecho aún. 2º DENEGAR la tutela solicitada, con referencia a los derechos a la educación y a permanecer en el núcleo familiar conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La protección directa a través de la acción de libertad en el caso de adolescentes responsables penalmente
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Cesación de la detención preventiva de adolescentes en conflicto con la ley
  4. III.4. La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales
  5. III.5. La cesación de la detención preventiva de adolescentes en conflicto con la ley en los casos de violencia hacia la mujer
  6. III.6. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0430/2025-S1 Sucre, 8 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 71778-2025-144-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 077/2025 de 2 de marzo, cursante de fs. 30 a 31, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Ferrufino Castellón en representación sin mandato del menor de edad AA contra Guillermo Pongo Pongo, Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz; Luis Fernando Castro Delgado y Juan Rojas Apaza, ex y actual Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 1 de marzo de 2025, cursante de fs. 19 a 22 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP), fue denunciado el 4 de octubre de 2024, presentándose el inicio de investigaciones el “16” de ese mes y año y por Resolución 01/2025 -Auto Interlocutorio 01/2025- de 3 de enero se dispuso su detención preventiva por el termino de treinta días; asimismo, se mencionó que se debía presentar requerimiento conclusivo en aplicación a la Ley de Protección a las Victimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente y el Código Niña, Niño y Adolescente. El 13 de febrero de 2025, presento memorial solicitando la modificación de sus medidas cautelares para que pueda pasar clases en la unidad educativa donde se encuentra inscrito, recibiendo en respuesta el decreto de 14 de igual mes y año, por el cual, el Juez ahora accionado rechazo dicho pedido, es así que presentó el 20 de ese mes y año, la cesación de su detención preventiva, solicitud que supuestamente fue atendida señalándose fecha y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva; empero, fueron a preguntar todo el tiempo para conocer la fecha de la señalada audiencia; sin embargo, les indicaban que se encontraba en despacho para firma y al día siguiente les manifestaron que la referida audiencia se suspendió; porque, no se notificó, “…y con acta de nota marginal…” (sic) se dispuso que se celebre la citada audiencia el 27 del referido mes y año por plataforma zoom, encontrándose todos presentes; empero, no entiende por qué no le dejaron ingresar a dicha plataforma; ya que, en la misma salía rechazado. Asimismo, se puede advertir que no se dio cumplimiento a los arts. 291 inc. c), ni al 293.II del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA); es decir, que la “autoridad fiscal” no presentó acusación ni requerimiento conclusivo, a pesar de ser menor de edad de quince años y que la etapa investigativa no debía ser mayor a cuarenta y cinco días contados a partir de la presentación de la denuncia en sede policial o fiscal.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, al debido proceso, a la educación, a permanecer en el núcleo familiar y al principio de excepcionalidad de la detención; citando al efecto los arts. 17, 18.I, 23.I, 59.I, y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que cese su detención preventiva y en su lugar se imponga una salida alternativa de medidas socioeducativas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 2 de marzo de 2025 -se colige la fecha de la resolución emitida y del formulario de notificaciones de (fs. 32)-, según consta en el acta cursante de fs. 28 a 29 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de la acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) No se le permitió ingresar por plataforma zoom a la audiencia de cesación de la detención preventiva de 27 de febrero de 2022 y por esa situación se suspendió; y, b) Se cumplieron cuarenta y cinco días, es más transcurrieron once días más de lo dispuesto. El Juez de garantías, preguntó al accionante con relación a la audiencia de cesación de la detención preventiva que debió llevarse a cabo, la misma no se realizó porque no le permitieron conectarse y si existe nueva fecha señalada, a lo que respondió manifestando que eso era evidente, siendo que el 27 de febrero de 2025 no le dejaron contactarse a la citada audiencia al ser rechazado en varias ocasiones por el Secretario del Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz; asimismo, refirió que para el día “jueves”.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Guillermo Pongo Pongo, Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, mediante informe presentado en audiencia manifestó que: 1) Mediante Auto Interlocutorio 01/2025 dispuso la detención preventiva del adolescente con responsabilidad penal -accionante- en el Centro de Reintegración Social de Varones de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; 2) Evidentemente el accionante solicitó la modificación de sus medidas cautelares realizándose la observación respectiva al ser el Código Niña, Niño y Adolescente claro; por lo que, nuevamente solicitó la cesación de su detención preventiva en aplicación del art. 291 del CNNA, señalándose audiencia de cesación de la detención preventiva para el 27 de febrero de 2025, en la referida audiencia no se encontraba presente el accionante, tal como se tiene en el Acta de la indicada audiencia -se entiende de esa fecha- que se remitió; 3) En el presente caso la víctima se encuentra asistida por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del municipio de Irupana del departamento de La Paz y el accionante con responsabilidad penal se encuentra asistido por la DNA del municipio de Chulumani del referido departamento; y, 4) En la citada audiencia la indicada Defensoría solicitó reprogramar la señalada audiencia de tres a cinco días. Luis Fernando Castro Delgado, ex Fiscal de Materia, manifestó en audiencia que: i) El 14, 20 y 27 de febrero de 2025 se suspendió la audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante, porque el mismo no se conectó; y, ii) El suscrito desde el memorando de 14 de igual mes y año no se encuentra adscrito al municipio Chulumani del departamento de la Paz sino a la Fiscalía Especializada en delitos contra la vida de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; por lo que, los dos actos procesales que refiere el accionante no fueron de su conocimiento, siendo el actual Fiscal de Materia del señalado municipio Juan Rojas Apaza ahora coaccionado; por lo que, pide se deniegue la tutela solicitada con relación a su persona. Juan Rojas Apaza, actual Fiscal de Materia, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa ni remitió informe alguno; pese a su citación cursante a fs. 25.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 077/2025 de 2 de marzo, cursante de fs. 30 a 31, denegó la tutela solicitada, recomendando: a) Al Juez ahora accionado tome todas las previsiones y medidas para la audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante que se efectuara el “06 jueves” -se entiende 6 de marzo de 2025-, tomando en cuenta el art. 60 de la CPE, se realicen todas las diligencias para que dicho actuado procesal no se suspenda; y, b) Al “…señor fiscal que no está presente…” (sic) hoy coaccionado; asimismo, a Juan Rojas Apaza actual Fiscal de Materia ahora hoy coaccionado verifique el tiempo y evacue la resolución que corresponda de acuerdo a la norma; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) El hecho que no se hubiese permitido ingresar al accionante a la audiencia de cesación de la detención preventiva el 27 de febrero de ese año es una situación subjetiva; puesto que, pudo existir una situación en el sistema, lo que ocurre en muchas ocasiones; 2) Se pudo verificar del cuaderno de control jurisdiccional y de la documentación arrimada por el propio accionante, que por decreto de 14 de febrero de igual año se señaló la primera audiencia de cesación de la detención preventiva, que se notificó al “señor fiscal”, también se advierte que existe en el Acta de la citada audiencia suspendida la disposición de señalamiento del actuado procesal para el 3 de enero de ese año a las 21:30 horas; 3) Asimismo, se tiene el Acta de la referida audiencia del 27 de febrero de dicho año suspendida, donde estuvo presente Juan Rojas Apaza actual Fiscal de Materia ahora coaccionado, la parte denunciante, la DNA del municipio Irupana del indicado departamento y ausente el accionante, señalándose dicha audiencia para el 6 de marzo de igual año a las 10:00 horas; 4) El Juez hoy accionado arrimo el cuaderno de audiencias, siendo el primer día hábil luego de las fiestas el 5 de ese mes y año, fecha en la que existen varias audiencias programadas; por lo que, se fijó la indicada audiencia para el 6 de igual mes y año; y, 5) Sobre la emisión de la resolución conclusiva “(audio ineludible)”.

I.3. Trámite procesal en el Tribual Constitucional Plurinacional

Mediante acuerdo jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de Niñas, Niños y Adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa informe de inicio de investigaciones presentado el 15 de octubre de 2024, emitido por Daniel Roberto Chávez Quispe, Fiscal de Materia presentado ante Guillermo Pongo Pongo, Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz -ahora accionado- en el proceso penal seguido contra el menor de edad AA -hoy accionante- por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del CP (fs. 2). II.2. Por memorial presentado el 3 de enero de 2025, ante el Juez ahora accionado, Luis Fernando Castro Delgado, entonces Fiscal de Materia -hoy coaccionado- remitió aprehendido, presentó Resolución de imputación formal y solicitó medidas cautelares contra el accionante por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del CP (fs. 3 a 7 vta.).

II.3. A través del Auto Interlocutorio 01/2025 de 3 de enero, el Juez ahora accionado dispuso la detención preventiva del accionante en el Centro de Reintegración Social de Varones de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz por el tiempo de treinta días, tiempo en el cual, Luis Fernando Castro Delgado ex Fiscal de Materia hoy coaccionado- debe presentar el requerimiento conclusivo correspondiente (fs. 9 a 13).

II.4. Mediante memorial presentado el 13 de febrero de 2025, ante el Juez ahora accionado, el accionante solicitó por vía incidental modificación de sus medidas cautelares (fs. 14 a 15), recibiendo en respuesta el decreto de 14 de igual mes y año, por el cual, el citado Juez señaló que no se especifica de manera clara y precisa el petitorio, al no saber si se solicita cesación de la detención preventiva o modificación de las medidas cautelares, siendo indispensable que sea formulada de manera expresa y fundamentada, extremo que debía ser aclarado por el accionante. Asimismo, dispuso la notificación al “fiscal de materia” para que se pronuncie respecto al adolescente con responsabilidad penal -accionante-, conforme dispuso el Auto Interlocutorio 01/2025 y las leyes aplicables, se observa que el requerimiento conclusivo no fue presentado hasta esa fecha, antes que se disponga la notificación al Fiscal Departamental de La Paz para que inicie proceso disciplinario por no pronunciarse dentro el plazo establecido (fs. 16).

II.5. Por memorial presentado el 20 de febrero de 2025, ante el Juez ahora accionado, el accionante solicitó vía incidental la cesación de su detención preventiva conforme el art. 291 del CNNA, y se señale día y hora de audiencia (fs. 17 a 18 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, al debido proceso, a la educación, a permanecer en el núcleo familiar y al principio de excepcionalidad de la detención; puesto que: i) El Juez ahora accionado no le hizo conocer en tiempo oportuno el día y hora de audiencia de su solicitud de cesación de su detención preventiva presentada el 20 de febrero de 2025, la referida audiencia se efectuó el 27 de ese mes y año a la que no le dejaron ingresar; y, ii) La “autoridad fiscal” no presentó acusación ni requerimiento conclusivo, a pesar que al ser menor de edad la etapa investigativa no debía ser mayor a cuarenta y cinco días. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La protección directa a través de la acción de libertad en el caso de adolescentes responsables penalmente; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; c) Cesación de la detención preventiva de adolescentes en conflicto con la ley; d) La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales; e) La cesación de la detención preventiva de adolescentes en conflicto con la ley en los casos de violencia hacia la mujer; y, f) Análisis del caso concreto.

III.1. La protección directa a través de la acción de libertad en el caso de adolescentes responsables penalmente

La SCP 0156/2019-S2 de 24 de abril, establece que: “El texto constitucional boliviano, integra al catálogo de derechos fundamentales, los referidos a la niñez y adolescencia; así, el art. 58 de la CPE, dedica una sección especial a los mismos, denominada, derechos de la niñez, adolescencia y juventud; apartado en el que sostiene que:

Se considera niña, niño y adolescente, toda persona menor de edad, titular de derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ella, y de los derechos específicos inherentes a un proceso de desarrollo, a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones.

El art. 59 de la referida Norma Suprema, determina que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. Asimismo, el art. 60 de la CPE, prescribe que: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos…’. En tal sentido, la Constitución Política del Estado, protege de manera integral y progresiva a los niños y adolescentes, bajo el entendido que, de acuerdo a su crecimiento y desarrollo de su personalidad, asumen progresivamente derechos y obligaciones.

Al respecto este Tribunal, en la SC 0735/2010-R de 26 de julio, precisó que: ‘La protección a los niños, niñas y adolescentes se traduce en una constante que hace a la actividad del Estado como ente jurídico necesario, pues es trascendental para la preservación y continuidad de la sociedad para cuyo servicio existe…’.

Sobre la protección directa de los derechos de este grupo etario, niño, niña y adolescente, a través de este mecanismo de defensa, la SC 2378/2010-R de 19 de noviembre, modulando el entendimiento contenido en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, referido a los supuestos de subsidiariedad del habeas corpus - ahora acción de libertad-, estableció lo siguiente:

‘Resulta necesario determinar que la subsidiariedad con carácter excepcional del recurso de hábeas corpus, instituida en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, cuando existen medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, a los cuales el afectado deberá acudir en forma previa y solamente agotados tales medios de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus, no es aplicable a los supuestos en los que menores de 16 años, considerados menores infractores, se vean involucrados en la presunta comisión de delitos, por cuanto en correspondencia con el régimen especial de protección y atención que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña y adolescente, éstos se hallan bajo la protección y regulación de las disposiciones del Código Niño, Niña y Adolescencia, cuyas normas son de orden público y de aplicación preferente…’. Razonamiento jurisprudencial, enmarcado en las disposiciones del Código del Niño, Niña y Adolescente abrogado -Ley 2026 de 26 de octubre de 1999- que establecía una edad mínima de aplicación de la ‘responsabilidad social’ comprendida entre los doce hasta los dieciséis años. Actualmente, el Sistema Penal para adolescentes, contemplado en el Código Niña, Niño y Adolescente contempla la franja etaria de catorce a dieciocho años de edad; consecuentemente, el Estado otorga a los mismos una protección especial, a quienes no resulta aplicable el carácter excepcional que tiene la subsidiariedad referida en la indicada SC 0160/2005-R, al ser la acción de libertad de tramitación especial y sumarísima, reforzada por características como la inmediata protección de sus derechos. Consiguientemente, al Juez de garantías, le corresponde constatar si hubo lesión a derechos y garantías constitucionales; debiendo para ello, hacer una compulsa de fondo, dado que la protección de esos derechos fundamentales y garantías constitucionales, no puede subordinarse al cumplimiento o incumplimiento de requisitos formales, pero aun cuando la protección alcanza a un grupo vulnerable o de atención preferente que requiere la atención inmediata de sus derechos, teniendo en cuenta además que el interés superior del niño, de acuerdo al art. 60 de la CPE, comprende a su vez el acceso a una administración de justicia pronta y oportuna” (las negrillas son nuestras).

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, señala que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio-con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Cesación de la detención preventiva de adolescentes en conflicto con la ley

La SCP 0291/2019-S2 de 24 de mayo, señala que: “…el art. 291 del CNNA señala:

ARTÍCULO 291. (CESACIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA)

I. La detención preventiva cesará en los siguientes casos: a) Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida;

b) Cuando su duración exceda el mínimo legal del tiempo que podría corresponderle en régimen abierto, de acuerdo a la proporcionalidad por la pena establecida para el delito que se juzga;

c) Cuando su duración exceda de cuarenta y cinco (45)

días sin acusación Fiscal, o de noventa (90) días, en caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas, contados a partir de la notificación con la imputación a la persona adolescente; y d) Cuando su duración exceda de tres (3) meses sin sentencia en primera instancia, o de seis (6) meses en caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas, contados a partir de la notificación con la imputación a la persona adolescente.

II. Vencidos los plazos previstos en los incisos b) y c) del presente Artículo, la Jueza o el Juez aplicará otras medidas previstas en este Código.

La SCP 0437/2016-S1 de 21 de abril, sobre la base de la SCP 0827/2013 de 11 de junio, respecto a la aplicación de la previsión legal glosada, establece que el juez, cuando considere una solicitud de cesación de la detención preventiva, fundada en el art. 291 I. inc. c), únicamente deberá considerar el transcurso del tiempo, respecto al cómputo del plazo de la privación de libertad.

Sobre la misma norma, la SCP 0349/2017-S2 de 3 de abril, señala que no basta el transcurso del plazo de los noventa días de privación de libertad para otorgar la cesación de la detención preventiva a un adolescente, sino que vencido dicho plazo, el juez debía realizar la conminatoria, porque dicho plazo no opera de facto; añadiendo que el cómputo del mismo en la detención de los menores debía hacerse conforme lo dispone el art. 292 del CNNA -cómputo de los plazos procesales-, es decir computar solo los días hábiles, de ese modo la citada Sentencia, en su Fundamento Jurídico III.3, sostuvo:

Analizados los fundamentos precedentemente expuestos, inicialmente corresponde examinar la normativa que rige el procesamiento de los menores de edad, así el art. 291 inc. c) del CNNA, referido a la cesación de la detención preventiva, señala: “Cuando su duración exceda de cuarenta y cinco (45) días sin acusación Fiscal, o de noventa (90) días, en caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas, contados a partir de la notificación con la imputación a la persona adolescente”; entendiéndose que la detención preventiva no puede exceder de los noventa días, cuando se tratan de dos o más imputados infractores sin que exista acusación formal, siendo obligación de la autoridad jurisdiccional conminar al representante del Ministerio Público para que emita el correspondiente requerimiento conclusivo sea acusando, solicitando sobreseimiento o la aplicación de alguna salida alternativa antes del cumplimiento de dicho plazo, observando similar actuación con relación al querellante o acusador particular; ante el incumplimiento de la conminatoria, la autoridad proseguirá en base a la acusación particular y corresponderá determinar la cesación de la detención preventiva bajo responsabilidad del servidor del Ministerio Público, aplicando medidas sustitutivas para lograr la comparecencia de los menores imputados en el desarrollo del proceso.

A los efectos del cómputo de los noventa días, precedentemente referidos el art. 197 del CNNA señala: ‘Salvo disposición contraria, los plazos procesales establecidos en el presente Código se computan en días hábiles’; por su parte, el art. 292 señala: “(CÓMPUTO DE PLAZOS). I. Los plazos son improrrogables y perentorios, corren al día hábil siguiente de practicada la notificación y vencen el último día hábil señalado”, bajo tales parámetros normativos, se evidencia que en el caso concreto, el accionante fue notificado con la imputación el 7 de septiembre de 2016, fecha a partir de la cual debe computarse los noventa días hábiles durante los cuales guardó detención; de igual manera, debe tenerse presente que tal cómputo no puede considerarse como suspendido por efecto de la vacación colectiva anual del Órgano Judicial, en el entendido que la dirección de la investigación se halla a cargo del Ministerio Público que continúa realizando sus actividades regularmente; según los razonamientos expuestos en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la vacación colectiva anual afecta al órgano jurisdiccional, no así al Ministerio Público que es el ente encargado de dirigir la investigación, es por ello que esta etapa no puede ser considerada a los efectos de la suspensión del plazo para la cesación a la detención preventiva en el entendido que la investigación al estar a cargo del Ministerio Público debe proseguir con esta labor que no requiere de la participación activa del juzgador; en caso de existir o presentarse algún acto relacionado con medidas cautelares o lesión de derechos y garantías, los juzgados de turno están encargados de velar por el desarrollo de dicha etapa, conforme prevé el art. Único de la Ley de Modificación del art. 126 de la LOJ -Ley 810- que determinó la permanencia en funciones de los juzgados públicos de turno

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional no es estática, sino, dinámica, evolutiva y va mutando, se va complementando, modulando, cambiando o reconduciendo la línea, en busca de precautelar el respeto y la vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En este entendido, habiéndose realizado el examen de la línea jurisprudencial respecto a los motivos que prevé el CNNA para la cesación de la detención preventiva; a la luz de la Constitución Política del Estado y de conformidad con los arts. 8, 9, 12, 262 del CNNA y el bloque de constitucionalidad que establecen que la prisión preventiva de niños menores de 18 años debe cumplir requisitos especiales para precautelar su derecho a la protección especial en virtud a su edad, según lo establece el art. 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y el art. VI de la Declaración Americana de Derechos Humanos.

La Convención de los Derechos del Niño, en el art 37.b) y d), establece que los Estados partes velarán porque:

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda;

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.

En similar sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso ‘Instituto de Reeducación del Menor’ Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004, señala:

230. En el caso de privación de libertad de niños, la regla de la prisión preventiva se debe aplicar con mayor rigurosidad, ya que la norma debe ser la aplicación de medidas sustitutorias de la prisión preventiva.

Dichas medidas pueden ser, inter alia, la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a una familia, el traslado a un hogar o a una institución educativa, así como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, los programas de enseñanza y formación profesional, y otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones. La aplicación de estas medidas sustitutorias tiene la finalidad de asegurar que los niños sean tratados de manera adecuada y proporcional a sus circunstancias y a la infracción. Este precepto está regulado en diversos instrumentos y reglas internacionales.

231. Además, cuando se estime que la prisión preventiva es procedente en el caso de niños, ésta debe aplicarse siempre durante el plazo más breve posible, tal como lo establece el artículo 37.b) de la Convención sobre los Derechos del Niño que dispone que los Estados Partes velarán porque: Ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda.

En similar sentido Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013, entre otros.

Análogo razonamiento fue desarrollado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sostiene que toda medida cautelar privativa de libertad que se aplique a un adolescente acusado de infringir leyes penales, debe cumplir con el principio de excepcionalidad; es decir, debe ser aplicada cuando el niño represente un peligro inmediato y real para los demás; como último recurso cuando no exista otra alternativa; adicionalmente debe ser aplicada durante el plazo más breve posible y debe ser sometida a una revisión periódica; y finalmente, debe garantizar a los niños privados de libertad todos sus derechos y protecciones acordes a su edad, sexo y características individuales, y en particular deberá garantizarse su derecho a estar separados de los adultos; así como también de los niños que hayan recibido una condena.

Dichos parámetros fueron incorporados en el Código Niña, Niño y Adolescente, estableciendo plazos razonables de duración máxima de la detención preventiva y, en ese sentido, la disposición legal analizada -art. 291.I inc. c)- busca efectivizar el mandato de la excepcionalidad y plazo breve de la duración de la detención preventiva de los adolescentes; por ello, el plazo de noventa días previsto en dicha norma, debe ser entendido de la manera menos restrictiva a los derechos de las y los adolescentes, considerando la excepcionalidad de la detención preventiva y su aplicación breve, por lo que el cómputo de los plazos de privación de libertad debe ser realizado sin más condición que el transcurso del tiempo, no pudiendo añadirse exigencias que no están previstas en la Ley, como otorgar responsabilidad al adolescente de demostrar que la demora no le es atribuible y/o establecer como obligación del juez de la causa que una vez cumplido el plazo de los noventa días de la detención preventiva deba notificar al fiscal de materia, para que presente su requerimiento conclusivo, pues estas exigencias vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes y los estándares internacionales sobre la materia.

Tampoco puede aplicarse el cómputo de los plazos previsto por el art. 292 del CNNA, según el cual estos plazos se computan en días hábiles; pues esta norma está referida al cómputo de los plazos procesales, no vinculados a la afectación del derecho a la libertad de las y los adolescentes privados de libertad, es decir, con relación a los plazos previstos en el art. 291 del CNNA; pues en estos casos, se debe considerar la efectiva privación de libertad, que no diferencia entre días hábiles o inhábiles; un entendimiento en contrario es atentatorio a los derechos de los menores privados de libertad. Conforme a ello, corresponde mutar el entendimiento contenido en la SCP 349/2017-S2 en sentido que, por una parte, para la cesación a la detención preventiva por el transcurso del plazo previsto en el art. 291.I. c) del CNNA no se requiere que se efectúe la conminatoria al fiscal; y por otra, que el cómputo del plazo previsto en dicha norma, debe ser realizado en días calendario” (las negrillas nos corresponden).

III.4. La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales

Sobre la protección a víctimas niñas y adolescentes mujeres en proceso penales la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, establece que: “III.1.1. El enfoque interseccional

El enfoque interseccional se constituye en una herramienta útil para analizar la vulneración de los derechos, en especial de la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación que se entrecruzan y que influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. A partir de ello, es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación.

El enfoque interseccional, se está incorporando de manera gradual, permitiendo superar un análisis unidimensional, para introducir una interpretación múltiple de la discriminación y las interacciones entre los factores o categorías de discriminación, que se está materializando a través de informes de las instancias de seguimiento y aplicación de las recomendaciones de los instrumentos tanto en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), como en los Sistemas Regionales. Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), utilizaron el enfoque interseccional, cuando se presentaron varios factores de discriminación. Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: ‘…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...’.

La misma Sentencia, en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: ‘…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…’. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que:

La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres.

Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras (‘Campo Algodonero’) Vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad, indicando: 408. (…) el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable. 409. En el presente caso, la Corte considera que el Estado tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas. En concreto, el Estado tenía el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor brevedad, una vez los familiares reportaron su ausencia, especialmente debido a que el Estado tenía conocimiento de la existencia de un contexto específico en el que niñas estaban siendo desaparecidas.

En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra Vs. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, y Fernández Ortega y Otros Vs. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres.

También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre:

139. Al respecto, el Tribunal considera que dentro de la prohibición de discriminación por orientación sexual se deben incluir, como derechos protegidos, las conductas en el ejercicio de la homosexualidad. Además, si la orientación sexual es un componente esencial de identidad de la persona, no era razonable exigir a la señora Atala que pospusiera su proyecto de vida y de familia. No se puede considerar como “reprochable o reprobable jurídicamente”, bajo ninguna circunstancia, que la señora Atala haya tomado la decisión de rehacer su vida. Además, no se encontró probado un daño que haya perjudicado a las tres niñas.

140. En consecuencia, la Corte considera que exigirle a la madre que condicionara sus opciones de vida implica utilizar una concepción “tradicional” sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiera debido privilegiar la crianza de los niños y niñas renunciando a un aspecto esencial de su identidad. Por tanto, la Corte considera que bajo esta motivación del supuesto privilegio de los intereses personales de la señora Atala tampoco se cumplía con el objetivo de proteger el interés superior de las tres niñas. El enfoque interseccional antes descrito, debe ser utilizado en el presente caso, considerando por una parte, que la víctima es una mujer víctima de violencia sexual; y por otra, es una adolescente. Este enfoque, permitirá comprender de mejor manera la situación de vulnerabilidad de la misma, así como identificar los criterios reforzados de protección contenidos tanto en nuestra Constitución Política del Estado como en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos respecto a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, conforme se desarrollará en el siguiente punto.

III.1.2. El enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres

El art. 60 de la CPE, sostiene que:

Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.

Conforme a dicha norma, el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños; y, las y los adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles con la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, por la Policía Boliviana, entre otros.

Por su parte, los estándares de protección existentes en el ámbito internacional, que constituyen fuente de obligación para el Estado, y que a partir de los principios contenidos en los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de manera preferente, si son más favorables a las normas contenidas en nuestra Norma Suprema. En ese sentido, existen una serie de instrumentos que tienen especial relevancia para la solución del caso y que servirán como parámetro normativo y jurisprudencial para ese propósito.

Pues bien, en el ámbito interamericano, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes encuentra su sustento jurídico, en las disposiciones contenidas en el art. 19 de la CADH, que establece que los mismos, tienen derecho a las medidas de protección, que su condición de menores, requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En similar sentido, el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y mora. Asimismo, el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), por su parte hace referencia a la protección y cuidado especial del que gozan los niños; de igual modo, la Declaración de los Derechos del Niño incorpora entre sus principios, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y, el deber de ser siempre los primeros en recibir protección y socorro.

Ahora bien, un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de los niños, niñas y adolescentes, representa la adopción y ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Convención sobre los Derechos del Niño; a través de lo cual, se consolida la vigencia de sus preceptos dentro del derecho doméstico o interno de dichos Estados, cuyo ámbito personal de protección, se circunscribe a las personas menores de 18 años de edad.

La Convención sobre los Derechos del Niño, de la misma forma que los otros instrumentos de derechos humanos, orienta y limita los actos del Estado, sus instituciones y particulares, así como le impone deberes que suponen la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas, para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, entre ellas, la dispuesta en su art. 39, que señala: ‘Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso (…). Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño’.

En esta misma línea, la referida Convención incorpora entre los principios básicos de la protección integral, a los de protección especial y de efectividad. El principio de protección especial consignado a lo largo de todo el articulado de la Convención, acuerda medidas especiales de protección o adicionales, reafirmando en primer lugar, la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general; y en segundo lugar, establece normas que atañen exclusivamente a la niñez, que representa una protección adicional, basadas en una atención positiva y preferencial de los niños que se encuentran en situaciones de desprotección, para restituir esta condición a parámetros normales de protección. A su vez, a través del principio de efectividad que se halla inserto en la disposición del art. 4 del citado instrumento jurídico, se prescribe de manera imperativa la tarea de adoptar mecanismos de cualquier índole, tendientes a lograr la efectividad de los derechos de los niños y desarrollo de garantías, incluidas institucionales y administrativas. Descritas las normas internas e internacionales sobre la protección de niñas, niños y adolescentes, cabe hacer referencia a las similares normas vinculadas a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a violencia contra niñas y adolescentes. Así, el art. 15 de la CPE, señala:

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física,

psicológica y sexual. (…)

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.

I. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…),

tanto en el ámbito público como privado (las negrillas son nuestras).

De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva la obligación para el Estado, en todos sus niveles, no solo de investigar y sancionar actos de violencia contra la mujer, sino, de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable.

Asimismo, el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los Estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; es decir, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos. En tal sentido, las obligaciones consignadas en los instrumentos jurídicos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que fueron anotados precedentemente, se complementan y refuerzan para aquellos Estados Partes de los mismos, con las obligaciones de la Convención Belém Do Pará, dotando de contenido a la responsabilidad estatal de aplicar políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer con perspectiva de género. Así, el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable.

Ahora bien, entre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, cabe mencionar a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que es una de las más relevantes en temas de violencia; afirmándose en ella, que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. La Recomendación también señala que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal, no solamente, por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para protegerlas de este tipo de violencia; y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.

En la misma Recomendación, el Comité de la CEDAW señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención antes referida.

El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres.

En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.

El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.

Asimismo, la Decisión del Comité de la CEDAW, en el Caso, LC vs. Perú -octubre 2011- basado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, resulta un importante precedente en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres y niñas, por cuanto el Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual.

El mismo Comité, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examina las obligaciones de los Estados Partes para asegurar que las mujeres tengan acceso a la justicia, siendo una de ellas, el asegurar que las niñas cuenten con mecanismos independientes, seguros, eficaces, accesibles, tomando en cuenta su situación e interés superior.

Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de la Corte IDH, al tiempo de pronunciarse sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en el Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala -Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas-, sostiene en el párrafo 133, que: …en relación con niñas, los derechos y obligaciones antedichos deben observarse en el marco del acatamiento del artículo 19 de la Convención Americana y siendo pertinente, atendiendo a lo dispuesto en la Convención Belém do Pará. El artículo 19 de la Convención establece, como se ha dicho en otras oportunidades, el derecho de ‘los y las niñas a (…) medidas especiales de protección que deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto’. El Tribunal ha indicado, asimismo, que ‘…la adopción de tales medidas […] corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que el niño o niña pertenece”. Además, la Corte ha reiterado que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a derechos humanos son niñas y niños quienes en razón de su nivel de desarrollo y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado’. En ese sentido, ‘han de ceñirse al criterio del interés superior del niño las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos’. Por otra parte, el artículo 7 de la Convención de Belem do Para, sobre el que el Tribunal es competente (…) instituye deberes estatales para ‘prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como los establecidos en los artículos 4, 5 y 7.

En consecuencia, es de notar que estos instrumentos jurídicos visibilizan la vulnerabilidad a la que está expuesta la niñez, la cual se acentúa por la condición de mujer, ello exige por su importancia, mayor diligencia de parte de los actores políticos como el Estado y otros de carácter social como la familia y la sociedad, cuando se trata de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes, frente al hecho o posibilidad de vulneración de los mismos, en los que subyacen actos de violencia, con el fin de erradicarlos.

En el marco de dichas normas internacionales, el Estado boliviano promulgó el Código Niña, Niño y Adolescente, mediante Ley 548 de 17 de julio de 2014, cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; entre los cuales están: interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”.

Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece:

I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia.

El art. 15 de la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual -Ley 2033 de 29 de octubre de 1999-, indica: La víctima de delitos contra la libertad sexual tendrá, además de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, en el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, los siguientes derechos: (…)

10. A la seguridad, por lo que la autoridad investigadora y la jurisdiccional están obligadas a ordenar las medidas necesarias para la protección de la víctima, sus familiares, dependientes y testigos de cargo, de su domicilio y posesiones cuando se pongan en peligro por el probable responsable o sus cómplices mediante actos de intimidación o represalias;

11. A la renuncia del careo con el imputado. En caso de aceptación de la víctima este debe realizarse en presencia de su defensor (…). En esta misma línea, se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-con el objeto de establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia; en ella se indica, que su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma, debiendo ser utilizada de forma inmediata para salvaguardar la vida, las integridades física, psicológica y sexual de las mujeres en situación de violencia.

De la misma manera, la referida Ley implementó el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE), con el fin de garantizar a las mujeres, una vida digna en el ejercicio de sus derechos; de igual forma, modificó los artículos referentes a delitos que atentan la libertad sexual, contenidos en el Código Penal.

El art. 6.1 de la citada Ley, conceptualiza la violencia como: “…cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer”.

Por lo que, si dicha conducta omisiva o de abstención, causare sufrimiento psicológico para la mujer u otra persona, constituiría un acto de violencia, lo cual, puede darse en los distintos ámbitos en los que se desarrolla, incluidos el educativo y judicial. Dada la gravedad e intensidad de la violencia contra las mujeres, se visibiliza a la mujer como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia contra las mujeres:

ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL).

I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando recursos económicos y humanos suficientes, con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones nacionales e internacionales, define como tareas específicas, coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, tanto en el nivel central del Estado como en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad. En este entendido, el art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, establece que en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos.

Conforme a lo anotado, si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente.

En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar” (las negrillas son nuestras).

III.5. La cesación de la detención preventiva de adolescentes en conflicto con la ley en los casos de violencia hacia la mujer

La SCP 0540/2019-S2 de 15 de julio, señala que: ”Conforme los fundamentos jurídicos anteriores, en los casos donde se solicita la cesación de la detención preventiva de un adolescente al amparo del art. 291.I inc. c) del CNNA, el juez debe verificar si la duración de la privación de libertad excedió los cuarenta y cinco, o los noventa días en caso de pluralidad de adolescentes imputados, según el caso, sin que exista acusación fiscal; cómputo que se realiza en días calendario. Si el fiscal no cumplió con su obligación de presentar su requerimiento conclusivo dentro de esos plazos, el juez debe disponer la cesación de la detención preventiva, cumpliendo el mandato legal, no siendo relevante que el representante del Ministerio Público hubiera presentado su requerimiento conclusivo en forma posterior. En los casos donde la víctima es una mujer adolescente, por violencia en razón de género, el juez tiene también el deber de precautelar sus derechos, más aun cuando ésta goza de protección especial y reforzada, en ese ámbito debe dar aplicación al art. 86.13 de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, determinado las medidas cautelares necesaria para asegurar la protección de la adolescente víctima durante la investigación y en la sustanciación del proceso, sin perjuicio de aplicar las medidas de protección previstas en dicha Ley (art. 35), y el Código, Niño, Niña y Adolescente (art. 169)” (las negrillas nos corresponden).

III.6. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, al debido proceso, a la educación, a permanecer en el núcleo familiar y al principio de excepcionalidad de la detención; puesto que: 1) El Juez ahora accionado no le hizo conocer en tiempo oportuno el día y hora de audiencia de su solicitud de cesación de su detención preventiva presentada el 20 de febrero de 2025, la referida audiencia se efectuó el 27 de ese mes y año a la que no le dejaron ingresar; y, 2) La “autoridad fiscal” no presentó acusación ni requerimiento conclusivo, a pesar que al ser menor de edad la etapa investigativa no debía ser mayor a cuarenta y cinco días.

De la revisión de antecedentes, se tiene el informe de inicio de investigaciones con sello de recepción de 15 de octubre de 2024, emitido por Daniel Roberto Chávez Quispe ex Fiscal de Materia presentado ante el Juez ahora accionado en el proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de violación de infante, niño, niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del CP (Conclusión II.1.); por memorial presentado el 3 de enero de 2025, ante el Juez hoy accionado, el ex Fiscal de Materia ahora coaccionado remitió aprehendido, presentó Resolución de imputación formal y solicitó medidas cautelares contra el accionante por la presunta comisión del referido delito (Conclusión II.2.) y a través del Auto Interlocutorio 01/2025, el Juez hoy accionado dispuso la detención preventiva del accionante en el Centro de Reintegración Social de Varones de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz por el tiempo de treinta días, tiempo en el cual, el citado Fiscal de Materia debe presentar el requerimiento conclusivo correspondiente (Conclusión II.3.)

Asimismo, se tiene que mediante memorial presentado el 13 de febrero de 2025, ante el Juez ahora accionado, el accionante solicitó por vía incidental modificación de sus medidas cautelares, recibiendo en respuesta el decreto de 14 de igual mes y año, por el cual, el referido Juez señaló que no se especifica de manera clara y precisa el petitorio, al no saber si se solicita cesación de la detención preventiva o modificación de las medidas cautelares, siendo indispensable que sea formulada de manera expresa y fundamentada, extremo que debía ser aclarado por el accionante, también dispuso la notificación al “fiscal de materia” para que se pronuncie respecto al adolescente con responsabilidad penal -accionante-, conforme dispuso el Auto Interlocutorio 01/2025 y las leyes aplicables, se observa que el requerimiento conclusivo no fue presentado hasta esa fecha, antes que se disponga la notificación al Fiscal Departamental de la Paz para que inicie proceso disciplinario por no pronunciarse dentro el plazo establecido (Conclusión II.4.); por lo que, a través de memorial presentado el 20 de ese mes y año, ante el Juez hoy accionado, el accionante solicitó vía incidental la cesación de su detención preventiva conforme el art. 291 del CNNA, y se señale día y hora de audiencia (Conclusión II.5.).

Conforme se tiene citado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, todo trámite administrativo o judicial en el que se realice una solicitud en la que se encuentre involucrado la definición de la situación jurídica de una persona, tiene que ser tramitado con la mayor celeridad posible o dentro un plazo razonable para no provocar restricciones indebidas al derecho a la libertad. En ese entendido, se evidencia que el accionante solicitó la cesación de su detención preventiva el 20 de febrero de 2025, la audiencia de cesación de la detención preventiva fue señalada para el 27 de ese mes y año -conforme afirma el Juez ahora accionado y fue corroborado por el accionante-, luego de casi una semana, cuando debió ser señalado en el menor tiempo posible considerando que el -accionante- privado de libertad es un menor de edad, el actuado procesal que además no se llevó adelante; porque, el accionante se encontraba ausente, así se tiene de lo verificado por el Juez de garantías a momento de emitir resolución, quien tuvo acceso al cuaderno de control jurisdiccional de forma digital (fs. 28); si bien no se cuenta con documentales que den cuenta que no se puso a la vista del accionante el referido cuaderno o que no le permitieron que se conecte a la audiencia de cesación de la detención preventiva, como se alega; sin embargo, es evidente que la inasistencia del accionante a dicha audiencia que el mencionado solicitó no puede ser atribuido enteramente a su voluntad; toda vez que, el mismo se encuentra detenido preventivamente, por lo tanto, depende del hecho que, el personal del Centro de Reintegración Social de Varones de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz donde se encuentra privado de libertad lo conduzca al lugar, donde se cuente con los equipos necesarios para conectarse a la indicada audiencia programada que era virtual, así como que el sistema se encuentre en adecuado funcionamiento; por lo tanto, su asistencia o inasistencia depende de varios factores no atribuibles al accionante que debieron ser previstos con anterioridad; por lo que, el Juez ahora accionado tendría que haber gestionado y verificado dichas condiciones, para así evitar dilaciones innecesarias, al ser el Juez contralor de derechos y garantías constitucionales, más aún cuando la solicitud fue realizada para definir la situación jurídica de un adolescente en conflicto con la ley que se encuentra privado de su libertad, situación que exige celeridad al contar el nombrado con una especial protección y siendo que dichas solicitudes deben ser atendidas de forma rápida y sin demora, extremo que debe ser considerado por el Juez hoy accionado en la referida audiencia programada para el 6 de marzo de igual año -fijada dentro un término razonable considerando los feriados por carnaval- considerando que el accionante se encuentra detenido por un lapso de tiempo superior al dispuesto para su detención preventiva, así como fuera de los límites legales, tal como se analizarán más adelante.

Ahora bien, denuncia también el accionante que el Ministerio Público no presentó requerimiento conclusivo, cuando la etapa investigativa en casos de menores de edad no debía ser mayor a cuarenta y cinco días, extremo que es evidente, a sí se tiene de decreto de 14 de febrero de 2025 que dispuso la notificación al “fiscal de materia” para que se pronuncie respecto al adolescente con responsabilidad penal -accionante-, conforme dispuso el Auto Interlocutorio 01/2025 y las leyes aplicables, antes que se disponga la notificación al Fiscal Departamental de la Paz para que se inicie proceso disciplinario por no pronunciarse dentro el plazo establecido; de lo que se colige que no fue presentado ningún requerimiento conclusivo hasta esa fecha, incumpliendo así el art. 293.II del CNNA que dispone: “II. La etapa investigativa a cargo de la o el Fiscal, no deberá ser mayor a los cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de la presentación de la denuncia en sede policial o fiscal…”, tanto el ex Fiscal de Materia hoy coaccionado, al haber ejercido funciones en el municipio de Chulumani del departamento de La Paz hasta el 14 de febrero de 2025, cuando ya estaba vencido el plazo para la presentación del indicado requerimiento conclusivo, y el actual Fiscal de Materia ahora coaccionado, que hasta la presentación de esta acción de libertad -1 de marzo de dicho año- no presentó el señalado requerimiento conclusivo; por lo tanto, no cumplieron con su obligación establecida por el art. 296 del referido Código, de presentar a la finalización de la investigación su requerimiento conclusivo, debiendo por ello emitir el citado requerimiento conclusivo correspondiente omitido, independientemente de la modificación de las medidas cautelares del accionante.

Situaciones antes descritas que, cobran importancia, ante la mención del accionante sobre el incumplimiento del art. 291 inc. c) del CNNA -siendo lo correcto 291.I inc. c)-, el cual trata sobre la cesación de la detención preventiva cuando su duración exceda de cuarenta y cinco días sin acusación fiscal, más aun considerando que el art. 273 inc. a) del citado Código, determina que es responsabilidad del Juez a cargo del proceso el controlar la investigación; por lo que, el juez ahora accionado ante tal circunstancia, incluso de oficio debió llevar de manera inmediata audiencia de cesación de la detención preventiva, donde debió aplicar la disposición legal aplicable al caso, siendo que el accionante pertenece a un grupo etario vulnerable; por lo tanto, de atención preferente por parte del Estado; por lo que, debe atenderse inmediatamente cualquier situación que vulnere sus derechos, siendo que no debe ser privado de su libertad de forma ilegal, sino únicamente en el marco de las leyes especiales vigentes y por un periodo lo más breve posible.

De lo que se concluye, que el Juez ahora accionado y los Fiscales de Materia hoy coaccionados en su oportunidad generaron dilación indebida en la resolución de la situación jurídica del accionante; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada, sin disponer la libertad del nombrado, debiendo resolverse indefectiblemente la situación del mencionado en la audiencia de cesación de la detención preventiva programada para el 6 de marzo de 2025, conforme a lo analizado.

Asimismo, al ser el proceso que se sigue contra el accionante por un delito de violencia sexual contra una menor de edad mujer, al momento de resolver la situación jurídica del accionante, el Juez hoy accionado debe precautelar los derechos de la víctima, quien al presentar múltiples factores de discriminación debe aplicarse el enfoque interseccional Finalmente, en cuanto a la denuncia de vulneración de los derechos a la educación y a permanecer en el núcleo familiar, el accionante no realizó ninguna fundamentación con relación a los citados derechos; en consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada respecto a los mismos. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 077/2025 de 2 de marzo, cursante de fs. 30 a 31, pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz y al ex y actual Fiscal de Materia hoy coaccionados y con relación a los derechos a la libertad personal y al debido proceso; además, del principio de excepcionalidad de la detención, sin disponer su libertad.

a) Disponer que el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, lleve adelante la audiencia de cesación de la detención preventiva programada para el 6 de marzo de 2025 y resuelva la situación jurídica del accionante considerando lo manifestado en el presente fallo constitucional, si es que su situación no hubiese cambiado. b) Disponer que el Fiscal de Materia presente inmediatamente requerimiento conclusivo, si es que no lo hubiese hecho aún. 2º DENEGAR la tutela solicitada, con referencia a los derechos a la educación y a permanecer en el núcleo familiar conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0430_2025-S1.pdf · páginas 1 a 30.

Huella digital del PDF (SHA-256): c265907ef78f1f07d85494b6558bacfa4f80db7b3b924b8490a54a02c7383922

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