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SCP 0430/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 1 de junio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
1 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
45739-2022-92-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante mediante su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la vida y la salud; toda vez que, encontrándose detenido preventivamente a consecuencia del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato, el Juez Primero de Instrucción Penal de El Alto del departamento de La Paz le concedió salida judicial para que se someta a un examen médico en COSSMIL. Sin embargo, pese a haberse notificado al Director del Centro Penitenciario de San Pedro del indicado departamento con la instrucción, hasta el momento de interposición de la presente acción de libertad no se cumplió lo dispuesto. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2022 de 4 de febrero, cursante de fs. 22 a 23 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos que el Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la protección del derecho a la vida a través de la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2 La acción de libertad traslativa como medio de defensa constitucional idóneo ante la dilación indebida que lesiona el derecho a la vida
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0430/2023-S2 Sucre, 1 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 45739-2022-92-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 06/2022 de 4 de febrero, cursante de fs. 22 a 23 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcia Teresa Nina Rodríguez en representación sin mandato de Moisés Orlando Mejía Heredia contra José Luís Morales Del Castillo, Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de febrero de 2022, cursante a fs. 4 y vta., el accionante a través de su representante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se encuentra detenido preventivamente a raíz del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato. Agregó que el galeno del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz recomendó su salida médica conforme al informe médico que emitió el 2 de febrero de 2022; en tal mérito, por memorial presentado el mismo día solicitó la autorización pertinente al Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del referido departamento, quien ordenó su salida para el día siguiente. Acusó que, pese a la urgencia, el Director del precitado Centro Penitenciario habiendo recibido la orden referida, no cumplió lo dispuesto poniendo en riesgo su vida.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló la lesión de sus derechos a la vida y a la salud; sin citar norma constitucional alguna que las contenga.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar su inmediato traslado a la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL) conforme a lo dispuesto en la orden judicial, así como el procesamiento penal por desobediencia a órdenes judiciales.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 4 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 18 a 21, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente el contenido de su memorial de acción tutelar; y ampliándola indicó que: a) Su vida se encuentra en peligro pues padece de una enfermedad crónica que ha originado otras enfermedades. La diabetes provocó la necesidad que deba acudir a médicos especialistas en Cardiología, Urología, Endocrinología y Oftalmología; por lo que, varias veces requirió la orden de salida judicial que siempre le fue conferida; b) Pese a encontrarse en tratamiento en dichas especialidades, la autoridad hoy demandada no dio curso a su solicitud de salida; c) El informe médico que originó su pedido, determinó que estaba expectorando sangre, que bajó de peso, no quería hablar ni caminar; además de tener otras molestias que requerían la atención especializada con la que no cuenta el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; y, d) El 2 de febrero de 2022 se programó la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva; acto que, tuvo que suspenderse a causa de su salud deteriorada. Finalmente reiteró su petitorio, enfatizando que en una situación similar a la suya no se atendió con prioridad y culminó con el fallecimiento de otro reo.

I.2.2. Informe del demandado

José Luís Morales Del Castillo, Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, en audiencia solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: 1) A horas 9:20 (no indica la fecha) se notificó la orden judicial emitida en favor del hoy accionante indicando a Graciela Lourdes Condori -funcionaria de la Gestora de Procesos 1 de El Alto del nombrado departamento -que se encontraba a destiempo pues la salida debió ser a horas 8:00; no obstante, se pegó la diligencia en el tablero; 2) Respecto al informe médico referido, su contenido se dirigió y fue conocido por la autoridad judicial que conoce el caso; por esa razón, desconocía sobre el “trámite médico”; 3) En caso de emergencia, como señaló el propio accionante, pudo habérsele informado al respecto, a efectos de aplicar el “art. 94” (no refirió de qué cuerpo legal) y ordenar su salida por la urgencia; y, 4) La orden de salida llegó extemporáneamente y no tuvo conocimiento de la gravedad de la situación, pues el médico del mencionado Recinto Penitenciario informó las circunstancias al Juez de la causa.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 06/2022 de 4 de febrero, cursante de fs. 22 a 23 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada efectivice la salida médica a la especialidad de medicina interna de COSSMIL en cumplimiento de la orden judicial que emitió el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del indicado departamento; con los siguientes fundamentos: i) Las diferentes instituciones del sistema de justicia en Bolivia, efectivamente contaban con un horario de atención, sin que los juzgados o la Oficina Gestora de Procesos sean una excepción. Por tal razón, las órdenes de salida de los privados de libertad deben emitirse un día antes junto al oficio correspondiente a efectos de viabilizar la misma; ii) Existía un problema de salud latente sin que el galeno del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz haya hecho referencia en su informe médico al riesgo de perder la vida del demandante de tutela. Sin embargo, debió llamar la atención que el accionante estaba expectorando sangre; y, ese cuadro que estaba presentando merecía inmediata atención, más cuando contaba con la autorización de salida judicial; y, iii) En consecuencia la autoridad demandada, debió tomar los recaudos necesarios para efectivizar la salida del prenombrado a la brevedad posible, tomando en cuenta que incluso en las acciones de libertad cuyas audiencias se realizan de forma presencial no se cumplen esos horarios y se efectivizan las salidas. Al no haber actuado así, el Director demandado lesionó los derechos del peticionante de tutela. Concluida la lectura de la precitada Resolución constitucional, la parte demandada solicitó enmienda y complementación haciendo énfasis en que no se negó a recibir “el documento”; y, que se dará cumplimiento a la salida dispuesta por el Juez de garantías; no obstante, al tratarse de una revisión especializada, requirió que se complemente lo dispuesto para que el abogado o algún familiar del accionante pueda coordinar “…que la especialidad este atendiendo en este momento, tomando en cuenta que es un seguro privado y nosotros no sabemos en qué horario atiende esa especialidad…” (sic). El Juez de garantías, a través de Auto de igual data complementó la Resolución 06/2022 disponiendo que: “…de nada serviría en este momento que lleven al accionante si no están atendiendo la especialidad, primero se coordine por parte de los familiares u abogados del accionante para ver si en este momento pueden recibirse al privado de libertad en la especialidad de medicina interna, si no fuera así, el día de mañana recién podría recibirse, entonces la orden debería cumplirse el día de mañana…” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa informe médico de 2 de febrero de 2022, emitido por el Médico del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, con la referencia solicitud de salida médica del paciente Moisés Orlando Mejía Heredia -hoy accionante-, con diagnóstico de: Diabetes Mellitus Tipo II, Neuropatía Diabética, Hipercolesteronemia; y, tos con escasa sangre. Dictamen por el cual se sugirió la salida médica del accionante al servicio de Medicina Interna de COSSMIL con custodios para el traslado, valoración conclusión y retorno al referido Centro Penitenciario por no contarse con la especialidad mencionada (fs. 12). II.2. El 2 de febrero de 2022, por Nota con Cite: 58/2022, el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz puso a conocimiento del Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz -ahora demandado- el decreto de igual fecha disponiendo la salida judicial con traslado de escoltas del accionante a COSSMIL, con el propósito que se efectué una revisión médica el 3 de idéntico mes y año, desde horas 8:00 hasta su conclusión. La orden fue notificada al mencionado Director el 3 de ese mes y año a horas 9:20 (fs. 16 y 17). II.3. El 3 de febrero de 2022, la Coordinadora de Gestión de Audiencias de la Oficina Gestora de Procesos del departamento de La Paz informó al precitado Juez que el oficio con la orden de salida judicial -anteriormente descrita- se recibió el 2 de ese mes y año a horas 15:55, inobservando, el Instructivo 02/2021 P-TDJLP de 14 de enero, que refiere que los oficios de salida, conducción o mandamientos debían ser remitidos hasta las horas 10:00 de cada día. Adicionalmente, hizo conocer que el Centro Penitenciario de San Pedro del indicado departamento, recibía documentación únicamente hasta las 15:30 horas de todos los días; por lo que, el personal de la señalada Oficina Gestora se presentó en dicho Centro Penitenciario el 3 de febrero de 2022 a horas 9:15; sin embargo, el oficio no fue recibido; circunstancia por la cual, la funcionaria de la Oficina Gestora de Procesos 1 de El Alto elaboró su informe solicitando se conmine al personal subalterno del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del referido departamento, cumplir el mencionado Instructivo con el fin de evitar dilaciones indebidas (fs. 13 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante mediante su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la vida y la salud; toda vez que, encontrándose detenido preventivamente a consecuencia del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato, el Juez Primero de Instrucción Penal de El Alto del departamento de La Paz le concedió salida judicial para que se someta a un examen médico en COSSMIL. Sin embargo, pese a haberse notificado al Director del Centro Penitenciario de San Pedro del indicado departamento con la instrucción, hasta el momento de interposición de la presente acción de libertad no se cumplió lo dispuesto. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Sobre la protección del derecho a la vida a través de la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada

La línea jurisprudencial sobre el ámbito de protección de la acción de libertad en cuanto a la protección del derecho a la vida, a partir del contenido de los arts. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo)estableció a través de la SCP 0813/2012 de 20 de agosto, que la tutela del derecho a la vida mediante la acción de libertad era viable siempre y cuando la lesión alegada se encuentre vinculada con la libertad física o de locomoción -entendimiento que guardó relación con el establecido por la SC 0044/2010-R de 20 de abril, emitida por el entonces Tribunal Constitucional-; sin embargo, la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre, moduló este razonamiento señalando que la acción de libertad protege el derecho a la vida con independencia de su vinculación o no con el derecho a la libertad física; en mérito al inmenso valor fundamental de la vida humana sobre el cual se construye la noción de Estado social; y, el principio de no formalismo, que además permiten que dicho derecho pueda ser “ultraprotegido” indistintamente por la mencionada acción o su similar de amparo constitucional. Adicionalmente y con base en el contenido de las SSCC 0008/2010-R, 0080/2010-R y 0589/2011-R, el aludido fallo constitucional estableció que cuando se denuncia la lesión del derecho a la vida, es posible flexibilizar la regla de subsidiariedad excepcional; este último entendimiento ha sido reiterado de forma uniforme por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1278/2013, 0575/2016-S3 y 1007/2019-S2, por mencionar algunas. El mencionado inmenso valor del derecho a la vida, puede verse reflejado en la configuración de la Norma Suprema no únicamente por ser el primer derecho fundamental enunciado; sino, en razón a que el Título II de la Constitución Política del Estado que titula “Derechos Fundamentales y garantías”, encierra en su interior seis capítulos, de los cuales el Segundo -que efectivamente enuncia como primer derecho la vida- se denomina “Derechos Fundamentales”. Con base en lo mencionado, el derecho a la vida resulta fundamental en un doble sentido revelando la trascendencia que el citado derecho tuvo para el Constituyente y tiene para para su protección por el Tribunal Constitucional Plurinacional -para ampliar sobre el tópico, puede consultarse la interpretación doctrinaria análoga desarrollada por Albert Noguera Fernández, que nace a partir de una explicación coyuntural de hechos acaecidos en la Asamblea Constituyente-, recordando siempre que el derecho a la vida es el bien jurídico más importante de los consagrados en el orden constitucional, siendo su principal característica que es base para el ejercicio de los demás derechos; es decir, la vida es el presupuesto indispensable para ser titular de derechos y obligaciones; por lo que, el Estado se encuentra obligado en doble sentido, en relación a: Su respeto y su 3 La SCP 2468/2012, determinó que: “…corresponde establecer la noción protectiva de la acción de libertad en relación al derecho a la vida, precisando que cualquier situación de vulneración del derecho a la vida será conocida a instancias de las acciones de amparo constitucional o de libertad indistintamente (…). De ahí, resulta inaceptable que cuando se solicita la protección del derecho a la vida ante la jurisdicción constitucional, ésta deniegue la tutela con el argumento procesal de la idoneidad recursiva; además de ello el art. 125 es claro al enumerar las condiciones de activación de la acción de libertad, pues en la primera frase señala: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro…’, de una interpretación literal de la norma constitucional se desprende que el Constituyente lejos de condicionar la activación de la acción de libertad por vulneración del derecho a la vida a la vinculación causal de privación previa del derecho a la libertad, se limitó a enumerarlo como causal independiente de activación de la acción de libertad en concordancia normativa con los arts. 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En esa dimensión argumentativa es que se establece que el derecho a la vida por la tutela inmediata que requiere puede ser protegido indistintamente por la acción de amparo constitucional o por la acción de libertad, pues una interpretación diferente afecta la noción básica de interpretación de los derechos humanos (así mismo de los derechos fundamentales), cual es la interpretación favorable al ser humano. En el mismo sentido ultraprotectivo de la acción de libertad antes glosada, es menester aclarar la inaplicabilidad bajo ninguna circunstancia de la regla de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad cuando se denuncia violación del derecho a la vida o integridad personal. Sobre el tema, es preciso citar la SC 0008/2010-R de 6 de abril, la SC 0080/2010-R y especialmente la SC 0589/2011-R de 3 de mayo, que fueron contundentes en señalar que no se aplica bajo ninguna circunstancia la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad cuando se denuncia violación del derecho a la vida” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos). 4 NOGUERA FERNÁNDEZ, Albert. ¿Derechos Fundamentales, Fundamentalísimos o, simplemente Derechos? El Principio de Indivisibilidad de los Derechos en el Viejo y el Nuevo Constitucionalismo en la Revista “Derechos y Libertades” N 21, Época II. 2009. pp. 117-147.

protección (SC 1684/2003-R de 24 de noviembre).

III.2 La acción de libertad traslativa como medio de defensa constitucional idóneo ante la dilación indebida que lesiona el derecho a la vida

La doctrina constitucional desarrolló diferentes tipologías de la acción de libertad, entre las cuales se tiene la traslativa o de pronto despacho, que ha ido ampliándose respecto a sus supuestos de procedencia a partir de la clasificación del entonces denominado hábeas corpus. Así mismo se refleja en la jurisprudencia contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, cuya clasificación que fue retomada en vigencia de la actual Constitución Política del Estado por el Tribunal Constitucional de Transición, mediante la SC 0044/2010-R, que señaló que con este tipo de acción tutelar: “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos pertenecen). Posteriormente la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, estableció varios supuestos de procedencia -que han sido ulteriormente complementados y modulados- que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y se hallan vinculados al derecho a la libertad. Estos entendimientos además fueron sistematizados por fallos constitucionales como la SCP 0112/2012 de 27 de abril o su similar 2149/2013 de 21 de noviembre.

Sin embargo, es menester establecer que la protección que brinda la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, frente a dilaciones indebidas en trámites judiciales o administrativos fue extendida a los demás derechos tutelados vía acción de libertad (entre ellos el derecho a la vida) a través de la SCP 1624/2013 de 4 de octubre, que señaló que: “…el habeas corpus se caracteriza por proteger especialmente el derecho la libertad física y de locomoción; sin embargo, la característica de la acción de libertad prevista en la Constitución boliviana, es que su ámbito de acción se amplía además al derecho a la vida; consiguientemente, sobrada razón existe para sostener que la acción de libertad en su modalidad de traslativa y de pronto despacho, se constituye en mecanismo idóneo para denunciar la mora procesal o las dilaciones indebidas o injustificadas, cuando las mismas constituyen una afectación o amenaza, no sólo en desmedro del derecho a la libertad física y de locomoción, sino también contra el derecho a la vida. Bajo el contexto anterior, SC 0337/2010-R de 15 de junio, con relación a esta modalidad de acción de libertad, sostuvo que: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Bajo las premisas antedichas, cuando exista privación de libertad, las autoridades judiciales al realizar sus actuados procesales, deben aplicar los valores y principios constitucionales citados supra, en consecuencia, para el caso en los cuales las autoridades jurisdiccionales reciban una petición de la persona detenida o privada de libertad, tienen la obligación de tramitarla con celeridad, sin necesidad de esperar al último día del cumplimiento de los plazos legalmente previstos; y, para el supuesto en los cuales no se tenga un plazo previsto, la absolución de la petición debe realizarse dentro de un plazo razonable. Actuar de manera distinta a la descrita, provoca dilaciones indebidas y dilatorias sobre la definición jurídica de las personas privadas de libertad y corresponde activar el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…’. En mérito a las consideraciones anteriores, los servidores públicos, tanto del área judicial y administrativa, en el cumplimiento de sus específicas funciones, tratándose de derechos vinculados a la vida, la salud y la libertad física o personal, deben imprimir un trámite acelerado, otorgando respuestas prontas y eficaces” (énfasis agregado).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante mediante su representante, acusó la lesión de sus derechos a la vida y a la salud; toda vez que, encontrándose detenido preventivamente a raíz del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato, el galeno del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz recomendó su salida médica conforme al informe médico emitido el 2 de febrero de 2022 (Conclusión II.1). En tal mérito, por memorial del mismo día solicitó la autorización pertinente al Juez de la causa, quien ordenó su salida para el día siguiente (Conclusión II.2).

Acusa que, pese a la urgencia, el Director del precitado Centro Penitenciario -ahora demandado- habiendo recibido la orden referida, no cumplió lo dispuesto poniendo en riesgo su salud y vida. Agregó en audiencia, que la enfermedad de diabetes que padece provocó la necesidad que deba acudir a médicos especialistas en Cardiología, Urología, Endocrinología y Oftalmología; por lo que, varias veces requirió la orden de salida judicial que siempre le fue conferida. Extremo que en el caso, fue incumplido por el Director demandado, pese a encontrarse en tratamiento de diversas patologías y aunque su diagnóstico establecía que estaba expectorando sangre, además de tener otras molestias que requerían la atención especializada con la que no cuenta el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz -lo que coincide con el informe médico descrito en la Conclusión II.1 y la orden de salida emitida-. Con tales antecedentes, de forma previa a iniciar el presente análisis, debe considerarse que en el presente caso se ha activado la vía constitucional pese a ser evidente que existe una autoridad de control jurisdiccional que además emitió la orden judicial cuyo incumplimiento se reclama. Por lo que, resulta cierto que el accionante pudo acudir directamente ante dicha autoridad a efectos que haga cumplir su propia orden, resultando ésta una vía idónea. Sin embargo, al no activar dicho mecanismo en el caso de análisis y como adujo el Director demandado, se inobservó el principio de subsidiariedad que excepcionalmente rige ésta acción. No obstante, al advertirse un peligro cierto sobre la vida del impetrante de tutela que será descrito más adelante; debe precautelarse dicho derecho, en mérito a su inmenso valor -desglosado en el Fundamento Jurídico III.1-. Consecuentemente, en el caso de análisis y con base en el contenido de las SSCC 0008/2010-R, 0080/2010-R y 0589/2011-R reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1278/2013, 0575/2016-S3 y 1007/2019-S2 -por mencionar algunas-, se tiene que cuando se denuncia la lesión del derecho a la vida, es posible flexibilizar la regla de subsidiariedad excepcional; por lo que, se procede con el siguiente análisis del fondo de la problemática. Ahora bien, debe considerarse que la enfermedad diabetes ha sido definida por la Organización Mundial de Salud (OMS) como una enfermedad crónica progresiva y cuando “…no se atiende como es debido, sobrevienen complicaciones que son perjudiciales para la salud y ponen en peligro la vida…”(sic [las negrillas fueron añadidas]). De modo que si bien es cierto que por sí sola la mencionada enfermedad no genera riesgo de perder la vida; sin embargo, su falta de atención puede implicar complicaciones adicionales que si se prolongan en el tiempo causan dificultades que sí pueden generar el riesgo. En el caso de análisis, según se advierte del informe médico de 2 de febrero de 2022, el demandante de tutela tiene otras afecciones como la neuropatía diabética y la hipercolesteronemia; y, la tos con sangre escasa que advierten de complicaciones respecto a la salud del accionante que si no se tratan oportunamente generan una amenaza sobre la vida misma. En tal escenario y conforme se tiene desglosado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, el Director ahora demandado recibió una orden judicial de salida vinculada a la atención médica del accionante detenido preventivamente. En ese sentido, es evidente que -como sostuvo en audiencia-, no tenía facultad para conocer el informe médico y por lo mismo, debe tomarse en cuenta que la gravedad de la situación en éste caso fue determinada por el Juez de la causa, quien con base en dicho informe en el mismo día de presentación de la solicitud, dispuso la salida judicial; sin que el demandado tampoco cuente con competencia para observar o desobedecer la orden; por lo que, dicha razón no resulta suficiente para justificar su inacción. Por otra parte, alegó que el oficio fue notificado a destiempo por la servidora pública de la Oficina Gestora de Procesos. Extremo que, si bien resulta indudable conforme a las Conclusiones II.2 y II.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que muestran de forma coincidente con la declaración, que la disposición de salida judicial médica se fijó para el 3 de febrero de 2022 a horas 8:00 y fue notificada el mismo día a las 9:15 horas, inobservando del art. 56 Bis.I.3 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- (con la aclaración de que los Instructivos no tienen jerarquía superior a la Ley conforme al art. 410 de la CPE) y causando un primer momento de dilación. Sin embargo, la inobservancia de deberes de terceras personas, no es una causal legal que justifique el incumplimiento del deber propio. Asimismo, se advierte que la inacción del Director demandado, agravó la situación del hoy accionante y materialmente fue lo que provocó que no se practique la revisión médica, al no cumplir la disposición de salida médica; pues si bien pretendió ampararse en la notificación extemporánea de la orden, no advirtió que la salida determinada debía prolongarse en el tiempo hasta la conclusión del examen médico; consecuentemente, la finalidad de la orden vinculada a precautelar la salud y vida del privado de libertad se mantuvo vigente respecto a su posible cumplimiento, pese a su comunicación a destiempo. Ergo, el inicio tardío del examen hubiera resultado menos lesivo que impedir en absoluto la salida -como ocurrió-; por lo que, tal alegato, tampoco resulta suficiente para justificar el incumplimiento de lo dispuesto por la autoridad judicial. En ese contexto, la acción de libertad en su modalidad traslativa y de pronto despacho, constituye un mecanismo idóneo para denunciar las dilaciones indebidas o injustificadas, cuando las mismas constituyen una afectación o amenaza al derecho a la vida. De lo antedicho, también es factible colegir que la dilación provocada por el Director demandado vinculada a la salida médica dispuesta por la autoridad judicial, en los hechos provocó que el hoy accionante no pueda ser sometido a ningún examen médico pese al diagnóstico y las complicaciones de salud descritas posiblemente relacionadas con la diabetes cuya falta de atención -conforme se ha descrito a partir del Informe Mundial Sobre la Diabetes de 2016, emitido por la OMS- pone en peligro la vida; por lo que, la dilación injustificada que causó respecto a la revisión médica generó una amenaza indebida e innecesaria sobre ese derecho; no obstante a que, como se tiene descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la solicitud vinculada a la vida del privado de libertad, genera la obligación en quien la conoce, de imprimir un trámite acelerado para otorgar respuestas prontas y eficaces; consecuentemente, corresponderá concederse la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2022 de 4 de febrero, cursante de fs. 22 a 23 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos que el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El art. 125 de la CPE, establece que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (las negrillas fueron añadidas).

2 El art. 46 del (CPCo) señala: “La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro” (el resaltado nos pertenece).

5 La SC 1684/2003-R de 24, estableció que: “El derecho a la vida, como lo ha proclamado la SC 687/2000-R, es el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional, de ahí que se encuentre encabezando el catálogo de los derechos fundamentales (…) es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos; es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones, es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección…” (las negrillas nos corresponden).

6 Organización Mundial de la Salud. Informe Mundial Sobre la Diabetes. 2016. Disponible en https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254649/9789243565255- spa.pdf;jsessionid=557BA88C28C6079735300D395A98DB92?sequence=1

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0430_2023-S2.pdf · páginas 1 a 12.

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